Kitabı oku: «Economía política desde Estambul a Potosí»

EL SECRETO DEL ÉXITO DE VENECIA:

UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO

BASADA EN LA REPUTACIÓN¹

Yadira González de Lara²

Universitat de Valencia

El hecho fundamental en la historia económica de Europa desde el siglo xi en adelante fue la movilización de los ahorros hacia fines productivos en un grado impensable durante los siglos anteriores.

Cipolla (1993: p. 164)

1. INTRODUCCIÓN

La expansión del comercio veneciano durante la Baja Edad Media (1050-1350) tuvo un impacto sempiterno en la historia de Europa (Luzzatto, 1962; De Roover, 1963; Lane, 1973; Lopez, 1976; Cipolla, 1993). Crucial para esta expansión fue el desarrollo de un mercado financiero activo, bajo el cual venecianos de diversos recursos, rangos y ocupaciones movilizaron sus ahorros hacia arriesgadas inversiones en el comercio de ultramar (Luzzatto, 1952, pp. 59-80, 89-115; Lane, 1966, pp. 56-7).³ Dicha movilización, sin embargo, requería que los mercaderes fueran capaces de comprometerse ex-ante a no cometer fraude ex-post. ¿Qué acuerdos institucionales posibilitaron tal compromiso? ¿Cuáles fueron los fundamentos institucionales del mercado financiero veneciano?

Algunos eruditos, como Raymond de Roover (1963), Roberto S. Lopez (1976) y Douglass C. North (1981, 1990), han sostenido que el sistema legal –una institución de orden público basada en el poder coercitivo del Estado– respaldó la aparición de una economía de mercado durante este período. Sin embargo, sabemos que la capacidad de dicha institución para hacer cumplir los contratos financieros relativos al comercio de ultramar se vio restringida tanto por la existencia de información asimétrica como por los límites jurisdiccionales de los tribunales (Cipolla, 1993, p. 164; North, 1990, p. 57).⁴ Otros eruditos, particularmente Avner Greif (1989, 1993, 1994a, 1998, 2006), han puesto de relieve cómo, en ausencia de un sistema legal efectivo, la supervisión informal de los mercaderes por parte de los propios inversores junto al interés económico de los primeros por mantener su buena reputación frente a los segundos facilitó el comercio a larga distancia durante el Bajo Medievo.⁵ No obstante, el sistema legal con frecuencia reforzó este tipo de instituciones de orden privado basadas en la reputación. Con respecto a Génova, por ejemplo, Greif ha observado cómo el sistema legal, al penalizar las infracciones fácilmente verificables, tales como el total desfalco del capital de un inversor, y considerar a todos los miembros de la familia del infractor legalmente responsables por sus acciones, robusteció el mecanismo de reputación bilateral vigente en Génova. Este mecanismo capacitaba a los inversores a premiar la honradez de un mercader otorgándole una renta suficientemente alta y a castigar el fraude privándole de dicha renta de origen privado. El sistema institucional de Génova, al que nos referiremos con el término institución genovesa, de este modo combinó la coerción pública con la reputación privada.⁶

Este trabajo, por el contrario, sostiene que el sistema institucional veneciano, es decir, la institución para el cumplimiento de los contratos que prevaleció en Venecia no era ni de orden público basada en la coerción ni de orden privado basada en la reputación. En Venecia una institución de orden público basada en la reputación sustentó el mercado financiero. Era de orden público puesto que el Estado generaba las rentas que motivaban a los mercaderes a mantener su afiliación con Venecia, reunía la información necesaria para detectar una infracción de contrato y castigaba a los mercaderes si éstos cometían fraude. Estaba basada en la reputación puesto que los mercaderes se sometían voluntariamente a las autoridades venecianas y cumplían con sus obligaciones contractuales por miedo a perder su buena reputación ante el Estado y, consiguientemente, acceso a las rentas económicas que el propio Estado generaba, amén de enfrentarse a posibles sanciones legales si decidían volver a Venecia. De esta forma los mercaderes venecianos pudieron comprometerse de forma creíble a no apropiarse indebidamente de todo o parte de los fondos ajenos, huyendo de Venecia o falseando la contabilidad.

La institución veneciana, siendo de orden público pero basándose en la reputación, se distingue de otras instituciones consideradas previamente en la Literatura. En las instituciones de orden público a la North, el cumplimiento de los contratos depende del poder coercitivo del Estado pero está limitado por la información que, de manera exógena, se proporciona a los tribunales. En la Venecia de la Baja Edad Media, sin embargo, el Estado era incapaz de ejercer ningún tipo de coerción sobre un mercader que huyera con fondos ajenos y con todas sus posesiones pero podía generar y, de hecho, generó la información necesaria para hacer cumplir cierto tipo de contratos que, de otra manera, habrían estado sujetos a información asimétrica. En instituciones basadas en la reputación a la Greif, son las propias partes contratantes las que crean rentas a través de su asociación, tanto bilateral como multilateral, las que supervisan a los mercaderes y las que castigan a los estafadores interrumpiendo su lucrativa asociación con ellos. En la Venecia de la Baja Edad Media, sin embargo, el Estado generó rentas económicas de las que sólo los venecianos con una buena reputación frente al Estado podían disfrutar, supervisó a los mercaderes y castigó el fraude mediante la aplicación de sanciones legales y administrativas (exclusión de rentas). En instituciones mixtas como la de Génova, las relaciones de intercambio se ven facilitadas por un sistema que combina la coerción pública y la reputación privada: los mercaderes logran comprometerse creíblemente a respetar sus obligaciones contractuales puesto que es sabido que, de no hacerlo, sufrirán sanciones legales y la pérdida de las rentas privadas que generan las propias partes contratantes. El sistema institucional veneciano también combinó la coerción con la reputación pero fue en todos sus aspectos un sistema de orden público. El desarrollo de los mercados financieros venecianos se sustentó en el poder coercitivo del Estado para imponer sanciones legales y excluir a los mercaderes fraudulentos de las rentas económicas que el propio Estado creó.⁷ La institución para el cumplimiento de los contratos que prevaleció en Venecia fue, por tanto, una institución de orden público.

Aunque la Literatura haya identificado cada uno de los elementos del sistema institucional veneciano, no ha reconocido hasta qué punto estos elementos conforman un sistema. Frederic C. Lane (1967, pp. 45-52, 78, 133-5; 1973, pp. 23-43, 58-63, 73-85, 125, 145-6), por ejemplo, ha subrayado cómo el Estado, al circunscribir su comercio de ultramar al puerto de Venecia, al organizar convoyes mercantiles con escolta armada y al obtener excepcionales privilegios comerciales en ultramar, consiguió que el comercio veneciano fuera más seguro y rentable que el de otras ciudades- estado pero en ningún momento ha vinculado las rentas resultantes con la capacidad del Estado para hacer cumplir los contratos financieros relativos a dicho comercio.⁸ Lane (1967, pp. 95-111; 1977, pp. 182-4) y Reinhold C. Mueller (1997, pp. 493, 502) han enfatizado también la habilidad del Estado para verificar los derechos de aduana pagados en ultramar, los fletes e incluso los precios durante el siglo xv pero no han estudiado los acuerdos institucionales que permitieron verificar dicha información previamente. Finalmente, varios expertos legales, como Alessandro Lattes (1880, pp. 8-13) y Giovanni I. Cassandro (1936, pp. 75-91; 1938, pp. 98-127), han observado que, desde el siglo xiv, el Estado combinó las sanciones legales con la exclusión pero no han explicado ni por qué era preciso penalizar a los mercaderes fraudulentos excluyéndoles del comercio veneciano ni hasta qué punto la efectividad de tales penas dependía de la existencia de rentas comerciales.⁹

Este trabajo, al examinar el sistema institucional veneciano como tal y datar su aparición a finales del siglo xi, esclarece una serie de fenómenos bien conocidos pero pobremente explicados hasta la fecha, tales como la exclusión de los extranjeros del comercio veneciano, la severidad del proceso de naturalización, las fluctuaciones de la política comercial con restricciones esporádicas a la importación, el papel de las licencias comerciales como instrumento de disciplina de los mercados y la transición desde el préstamo marítimo al contrato de comenda.

Si bien ignoramos hasta qué punto otras instituciones de orden público basadas en la reputación han prevalecido en la historia, la evidencia nos sugiere que el éxito comercial de Venecia se basó precisamente en la idiosincrasia de su sistema institucional. Con frecuencia este éxito ha sido atribuido a la capacidad de su sistema político para incentivar a los ciudadanos a cooperar, suministrando los recursos necesarios para crear las infraestructuras navales y mercantiles de las que dependía el comercio (Byrne, 1917, pp. 129; Epstein, 1996, pp. 195-9, 229; Greif, 1994b; 2006, pp. 170-7; Lane 1967, pp. 45-52; 1973, pp. 175-9; 1979; Lopez, 1938, pp. 261, 738; 1982, p. 393). Aunque este trabajo toma el sistema político como dado, contribuye a esta línea de investigación en tanto cuanto explica cómo las rentas económicas resultantes de tal cooperación permitieron a los venecianos participar activamente en el mercado financiero asociado al comercio de ultramar y, de esta manera, movilizar grandes sumas de capital.

Metodológicamente, este trabajo hace uso tanto de evidencia histórica proveniente de fuentes primarias y secundarias como de la teoría de juegos. La evidencia proporciona las bases para especificar un marco teórico específico a su contexto histórico y evaluar varias predicciones que de él derivan bajo el supuesto que una institución de orden público basada en la reputación garantiza el cumplimiento de los contratos. La confirmación empírica de estas predicciones sustenta la hipótesis que este tipo de institución prevaleció en Venecia. Esta hipótesis se ve adicionalmente respaldada por la debilidad de sus alternativas: los patrones de intercambio financiero que se observan son teóricamente inconsistentes con el funcionamiento de instituciones de orden privado basadas en la reputación bilateral o multilateral, en la lealtad entre miembros de una familia y en la ética.

En particular, este análisis histórico de las instituciones se inspira en los trabajos de generaciones previas de historiadores económicos y medievalistas y, especialmente, en los trabajos de Raimondo Morozzo della Rocca y Antonio Lombardo, de ahora en adelante MRL (1940; 1953), quienes transcribieron todos los documentos privados relativos al comercio de ultramar que se han conservado del período 1021-1261.¹⁰ En total disponemos de 969 actas notariales en las que podemos identificar un total de 435 contratos financieros en los que participan 547 individuos. Puesto que estas actas se redactaron en varios puertos del Mediterráneo y del Mar Negro por un sin fin de notarios, la evidencia, aunque escasísima, parece representativa. No obstante, no debemos olvidar la proveniencia notarial de las fuentes y, por tanto, el posible sesgo hacia contratos legalmente vinculantes.¹¹ Para interpretar mejor los datos, fragmentarios y posiblemente sesgados, este trabajo comparara la evidencia veneciana con varios estudios secundarios basados sobre los registros notariales genoveses del siglo xii, siendo de especial relevancia los trabajos de Greif (1994a; 1998, caps. 8-10; 2006, caps. 3, 9) sobre el entero protocolo del notario Giovanni Scriba (1155-64) en el que se mencionan 612 contratos formalizados por 479 individuos. Adicionalmente, también se comparan los Estatutos de ambas ciudades.

2. EL MERCADO FINANCIERO VENECIANO PARA EL COMERCIO DE ULTRAMAR

Tras un período de dominación bizantina, Venecia se estableció como una unidad política autónoma en el siglo viii. A la cabeza de su gobierno se encontraba el dogo, quien en un principio asumió poderes dictatoriales pero quien, siguiendo una serie de reformas constitucionales iniciadas en 1032, se convirtió a partir de finales del siglo xii en un simple magistrado electo de por vida. El poder político estaba distribuido entre un largo número de consejos y magistraturas con jurisdicciones superpuestas, cuyos miembros eran elegidos por breves períodos de tiempo y no podían sucederse a sí mismos. Para limitar adicionalmente la capacidad de cualquier individuo o facción para abusar del poder del Estado, se prohibieron las campañas electorales y se delegó la designación de todos los cargos políticos a varios comités cuyos miembros eran elegidos por sorteo con la restricción de que ninguna familia podía estar representada en dichos comités con más de un miembro.¹² Este sistema singular de gobierno, que convirtió a Venecia en un Estado de derecho, sobrevivió con una atónita estabilidad hasta la invasión de Napoleón en 1797.¹³ Asimismo, Venecia, con un crecimiento continuo de su población desde aproximadamente 45.000 habitantes en 1050 hasta 110.000 en 1330, se convirtió en la ciudad más grande y, probablemente, más rica del norte de Italia durante la Baja Edad Media y, eventualmente derrotó a su principal competidor, Génova, en 1381.¹⁴

La principal fuente de su riqueza fue el comercio de ultramar.¹⁵ Las mercancías orientales más lucrativas podían comprarse en Romanía –término usado por los venecianos para designar el territorio que pertenecía o una vez había pertenecido al Imperio de Bizancio– en los Estados Cruzados y en Alejandría. Este comercio, sin embargo, requería grandes sumas de capital e implicaba grandes riesgos.¹⁶ Una expedición comercial desde Venecia hasta el Levante llevaba de seis a nueve meses y no podía financiarse con los beneficios del viaje anterior debido a que las temporadas denavegación se solapaban entre ellas.¹⁷ Los costes de partida eran inmensos puesto que también era necesario fletar una tripulación numerosa y bien armada, navegar en convoyes con escolta y garantizar la protección de los derechos de propiedad de los mercaderes en ultramar.¹⁸ A pesar de todas estas medidas de protección, el «riesgo del mar y las gentes» –es decir, la posibilidad de sufrir pérdidas ocasionadas por un naufragio, la piratería o la confiscación de las mercancías en el extranjero– era altísima.¹⁹ El riesgo comercial también era considerable puesto que el beneficio de una expedición variaba enormemente dependiendo, por ejemplo, de los aranceles y sobornos pagados en las aduanas, los costes de transporte y almacenaje, las fluctuaciones de los precios y las condiciones en las que las mercancías llegaban a su destino tras un largo y azaroso viaje.

Para recaudar los fondos requeridos y diversificar los riesgos propios del comercio de ultramar, los mercaderes se sirvieron de préstamos marítimos y contratos de comenda. El préstamo marítimo, también conocido como contrato a la gruesa, era un contrato de deuda con la peculiaridad que el inversor corría con el riesgo de las pérdidas del mar y las gentes y, por tanto, obtenía un alto tipo de interés. La comenda (collegantia) era un tipo de contrato con reparto de ganancias y, por tanto, con reparto del riego entre el mercader y el inversor, quien además asumía cualquier pérdida en proporción al capital invertido.

De acuerdo con Gino Luzzatto (1952, pp. 59-115), la expansión del comercio veneciano se vio ampliamente beneficiada por la existencia de un mercado financiero vibrante a través del cual venecianos de las más variadas condiciones económicas, sociales y profesionales invirtieron grandes sumas y mantuvieron carteras más o menos diversificadas.²⁰ La amplia participación de los venecianos en el mercado financiero queda patente en los 435 préstamos marítimos y contratos de comenda publicados por MRL. A pesar de que estos contratos constituyen una mínima muestra de la actividad comercial veneciana (véase Gráfico 1), descubren un sinfín de inversiones realizadas tanto por ricos y poderos individuos como por pequeños inversores, por nobles y por plebeyos, por mercaderes y por gente sin experiencia comercial, tales como monjas, sacerdotes, artesanos y notarios.²¹

GRÁFICO 1

Préstamos marítimos y contratos de comenda y su distribución a través del tiempo en Venecia

Fuentes: La autora, basándose en Morozzo della Rocca y Lombardo (1940, 1953). Para el periodo 1021-1121 se pueden documentar un préstamo marítimos y once contratos de comenda. Para el periodo 1122-1261 se pueden documentar otros 38 contratos cuya clasificación es cuestionable, por lo que no se han incluido en el gráfico.

Sabemos, por ejemplo, que en 1226 los nobles Tommaso Agadi y Tommaso Gradenigo respectivamente invirtieron 400 y 100 libras venecianas; el mismo año una mujer llamada Soria confió 8 libras y 4 peniques en comenda a un mercader con el que, al parecer, no tenía ningún vínculo familiar (MRL, 1940, nos. 638, 633, 627).²² Aunque la mayor parte de los inversores que aparecen en los documentos que se han preservado eran nobles y aproximadamente la mitad de ellos pertenecían a la clase dirigente, la verdadera aristocracia veneciana, un tercio de los inversores provenían de familias plebeyas (véase el Cuadro 1).²³

De estos contratos no podemos deducir la proporción de la riqueza invertida en el comercio, pero los testamentos conservados indican que los venecianos más insignes invirtieron grandes sumas, probablemente debido a que podían diversificar sus inversiones. Por ejemplo, al tiempo de su muerte en 1268 el dogo Rainero Zeno tenía invertida aproximadamente la mitad de su fortuna en 132 contratos de comenda (Luzzatto, 1952, pp. 81- 7).²⁴ Análogamente, en 1281 Lazzaro Mercadante, un próspero mercader plebeyo, tenía casi toda su riqueza invertida en varios proyectos relacionados con en el comercio de ultramar (Ibid., pp. 61-5).²⁵

CUADRO 1

Diferencias entre Venecia y Génova

Fuentes: Para Génova, Greif (1993, 1994a, 2006). Para Venecia, la autora, basándose en Morozzo della Rocca y Lombardo (1940, 1953). * El número de total de inversores y mercaderes no corresponde a la suma de inversores y de mercaderes porque 21 individuos venecianos y 36 genoveses actuaron como inversores y como mercaderes, y por ello están contado dos veces. En términos de sus familias, 60 familias venecianas (sobre un total de 306) tuvieron miembros que actuaron como inversores y miembros que lo hicieron como mercaderes. ** Excluyendo a los inversores/mercaderes que aparecen sólo una vez.

El mercado financiero veneciano, de hecho, ofrecía amplias oportunidades para diversificar, invirtiendo en distinto centros comerciales, confiando fondos a varios mercaderes y dilatando las inversiones en el tiempo. Por ejemplo, sabemos que en 1235 Gabriel Marignoni invirtió en dos expediciones marítimas, una dirigida a Fermo (en la costa occidental del Adriático) y la otra al Mediterráneo Oriental, y que en 1238 financió otros dos viajes comerciales, uno a Ancona en Italia y el otro a Zara en Dalmacia. En total, aparece nueve veces como inversor en los documentos transcritos por MRL y cada vez confió sus fondos en comenda a un mercader distinto (MRL, 1940, nos. 694, 701, 707, 709, 711, 715, 745, 809, 820, 842). Giovanni Serzi también aparece invirtiendo a través de un nuevo mercader en cada uno de los ocho préstamos marítimos que se han conservado. En 1169 financió a cuatro mercaderes que navegaron en tres barcos diferentes desde Armiro (Peloponeso) a Constantinopla y en 1170 financió otros cuatro mercaderes bajo condiciones similares (MRL, 1940, nos. 214-17, 219-23). Como hemos visto, los mercaderes también diversificaban sus carteras confiando parte de sus fondos a otros mercaderes. Lazzaro Mercadante, por ejemplo, suministró capital mediante ocho contratos de comenda a siete mercaderes diferentes durante el período 1242-58 y en un momento dado durante 1281 mantuvo al menos 25 créditos de comenda (MRL, 1940, nos. 746, 759, 764, 771, 793, 839-40, 843; Luzzatto, 1952, pp. 61-5). De forma más general, observamos que casi un tercio de los mercaderes que aparecen al menos dos veces en los documentos de MRL, invirtieron en las empresas comerciales de otros mercaderes (véase el Cuadro 2).

Por el contrario, Greif (1993, p. 541; 1994a, p. 929; 1998, cap. 8, p. 22) ha hallado que las inversiones comerciales genovesas durante el siglo xii estuvieron concentradas en manos de unas pocas familias nobles, las cuales invirtieron una proporción significativa de su capital en actividades no relacionadas con el comercio y se vieron limitadas en su habilidad para diversificar.²⁶ Dadas las fuertes diferencias de las fuentes de datos en Venecia y Génova –varios contratos formalizados a lo largo y ancho del Mediterráneo durante dos siglos y medio en el caso veneciano y el protocolo de un único notario durante once años en el caso genovés– cualquier comparación debe ser sometida a escrutinio. No obstante, resulta interesante destacar que mientras los 435 préstamos marítimos y contratos de commenda publicados por MRL hacen mención a 333 inversores provenientes de 214 familias, de los cuales aproximadamente la mitad eran plebeyas, en los 612 contratos redactados y certificados por Giovanni Scriba sólo aparecen 180 inversores y 37 familias nobles contribuyeron 90% del capital (Greif, 1993, p. 540; 1998, cap. 9, p. 20; 2006, p. 287).²⁷ En promedio, los inversores genoveses contrataron con 1,57 mercaderes cada uno. Como la inmensa mayoría de los inversores venecianos aparecen sólo una vez, el promedio veneciano es menor, pero, sobre la base de los inversores que aparecen al menos dos veces, los inversores venecianos financiaron, en promedio, 2,25 mercaderes cada uno y un 44% de ellos contrataron con un mercader distinto cada vez que invirtieron (véase el Cuadro 1).

CUADRO 2

Frecuencia de aparición de los mercaderes venecianos

Fuente: La autora, basándose en Morozzo della Rocca y Lombardo (1940, 1953).

3. EL PROBLEMA DE UN COMPROMISO CREÍBLE

Resulta sorprendente la profundidad, amplitud y diversificación del mercado financiero veneciano dadas los oportunidades que los mercaderes tenían de defraudar a los inversores que financiaban sus aventuras comerciales en ultramar. En primer lugar, un mercader podía simplemente no regresar a Venecia, apropiándose de todo el capital recibido. En segundo lugar, incluso si regresaba, podía falsificar la contabilidad y apropiarse indebidamente de una parte de las ganancias del inversor.²⁸ En ausencia de una institución que permitiera al mercader comprometerse de forma creíble a no cometer fraude, ningún inversor le habría financiado, renunciando así a intercambios financieros potencialmente beneficiosos para ambas partes. Sin embargo, sabemos que un sinfín de venecianos movilizó grandes sumas y diversificó los riesgos asociados al comercio de ultramar a través del mercado financiero ¿Cuáles fueron los fundamentos institucionales de este mercado?

Las consideraciones éticas, como el temor a Dios o el altruismo, y la lealtad entre los miembros de una familia pueden mitigar los problemas de un mercader para comprometerse creíblemente a respetar sus obligaciones contractuales (Lane, 1966, p. 36; North, 1990, p. 55; Cipolla, 1993, p. 164). Aunque estos factores muy probablemente contribuyeron al desarrollo del mercado financiero veneciano, la evidencia sugiere que ninguno de ellos desempeño un papel central. En primer lugar, la propia fraseología de las actas notariales indica que los mercaderes no temían suficientemente los castigos divinos. Por ejemplo, la fórmula mediante la cuál un mercader se comprometía en el lecho de muerte de un compañero en ultramar a hacer llegar las mercancías de éste a sus legítimos herederos en Venecia apelaba al temor de Dios, pero no por ello dejaba de establecer una cuantiosa sanción monetaria en caso el mercader quebrantara su compromiso: «si infringes tu compromiso o te muestras corrupto, Dios Padre Todopoderoso y su Hijo Nuestro Señor y el Espíritu Santo se volverán contra ti... y arderás eternamente en el Infierno con Judas el traidor... y, además, tendrás que pagar cinco libras de oro a mi albacea» (MRL, 1940, no. 362).²⁹ Por otra parte, no observamos diferencias sustanciales entre los contratos con mercaderes experimentados y los contratos con mercaderes más jóvenes.³⁰ Sin embargo, de haber prevalecido una institución para el cumplimiento de los contratos basada en la ética, cabría esperar que los mercaderes con mayor experiencia que hubieran probado su honradez en el pasado recibieran mejores condiciones contractuales que los mercaderes más jóvenes, que aún no habían tenido oportunidad de revelar sus valores éticos.

En segundo lugar, la evidencia también sugiere que la importancia de la familia en las relaciones financieras fue cada vez más limitada. Tan sólo encontramos vínculos familiares entre las partes en un 8,97% de los 435 préstamos marítimos y contratos de comenda referentes al periodo 1021-1261 (véase cuadro 1)³¹. Asimismo, el peso de las relaciones intrafamiliares descendió drásticamente, desde el 37,50% durante el siglo xi al 7,23% y al 9,20% durante los siglos xii y xiii, respectivamente. Obviamente, existe un sesgo en la muestra: una familia que confiase en la lealtad de todos sus miembros podría haberse ahorrado los costes de un notario; igualmente, la formalización de las relaciones financieras entre hermanos no requería los servicios de un notario, a menos que estos hubiesen rescindido su asociación fraternal (fraterna). Sin embargo, sabemos que los venecianos usaron los servicios de los notarios para registrar tanto sus relaciones intrafamiliares como sus relaciones interfamiliares. Encontramos así evidencia notarial de un préstamo concedido por una mujer a su nieta «para satisfacer las necesidades de su casa», una inversión por parte de una monja viuda en el viaje comercial de su hijo y varios contratos de comenda entre hermanos (MRL, 1940, nos. 146, 356, 785).³² De hecho, era habitual durante este período de tiempo que los mercaderes disolvieran sus asociaciones fraternales poco después de que el padre falleciera y las hermanas recibieran sus dotes.³³ Además, no toda la riqueza de una familia pertenecía a la fraterna. El documento de disolución de la sociedad fraternal entre el noble mercader Domenico Gradenigo y su hermano Marco de 1215 muestra que Domenico había pedido prestadas dos sumas –350 liras en 1210 provenientes de la dote valorada en 1200 liras de la esposa de Marco y 170 liras en 1213 provenientes del patrimonio personal de Marco– que se contabilizaron en cuentas separadas a las de la fraterna y que Domenico había recibido con la certificación de una acta notarial (MRL, 1940, no. 563; Robbert, 1999, pp. 31-2, 44).³⁴

Cuando la ética y la lealtad entre los miembros de una familia fallan, las instituciones de orden privado basadas en la reputación pueden garantizar el buen comportamiento de los mercaderes. Estas instituciones permiten a un mercader comprometerse creíblemente a respetar sus obligaciones contractuales a través de un sistema de premios y castigos que supedita las relaciones futuras del mercader con un inversor o un grupo de inversores a su buena conducta en el pasado. En una institución basada en la reputación bilateral de orden privado, el premio consiste en mantener las relaciones contractuales con un inversor en concreto durante un periodo de tiempo suficientemente largo y con un beneficio suficientemente alto para el mercader en cada periodo; el castigo consiste en interrumpir dichas relaciones si el inversor descubre que el mercader le está engañando. Una institución basada en la reputación multilateral de orden privado se diferencia de la anterior en que las relaciones contractuales, largas y prolíferas, se establecen entre un mercader y un grupo de inversores y se castiga colectivamente al mercader, interrumpiendo todas y cada una de sus relaciones con el grupo si se descubre que éste ha engañado a cualquiera de sus miembros (Greif, 1993, p. 530, y las referencias que allí se especifican).

Este tipo de instituciones de orden privado basadas en la reputación prevalecieron entre los mercaderes genoveses y los magrebíes (Greif, 1989; 1993; 1994a; 1998, caps. 8-10; 2006, caps. 3, 9). Distinto fue el caso de Venecia.³⁵ La evidencia, en efecto, refuta la prevalencia de una institución basada en la reputación bilateral. El hecho de que gente relativamente humilde invirtiera pequeñas sumas de manera esporádica y que la gente más acaudalada diversificara ampliamente sus inversiones sugiere que un mercader podía comprometerse creíblemente a respetar sus obligaciones contractuales con un inversor incluso cuando se esperaba que sus relaciones bilaterales duraran sólo un período corto de tiempo y fueran de escaso valor.³⁶ Efectivamente, los mercaderes venecianos mantenían relaciones contractuales con una multitud de inversores. Por ejemplo, sabemos que Romano Mairano –quien aparece 49 veces como mercader y 3 como inversor en la documentación– obtuvo fondos de al menos 43 inversores pertenecientes a 35 familias.³⁷ Domenico Gradenigo intervino en 28 contratos de comenda con varios miembros de su familia y con otros 14 inversores, de los cuales sólo dos (el 14,2%) le financiaron repetidamente.³⁸ En media, los mercaderes venecianos que aparecen como tales en los datos dos o más veces recibieron fondos de 4,57 inversores, lo cual resulta en fuerte contraposición con la practica genovesa de contratar con un único inversor (véanse cuadros 1 y 2).³⁹

Asimismo, la evidencia refuta la prevalencia de una institución basada en la reputación multilateral. Los venecianos, a diferencia de los mercaderes magrebíes, formalizaron ante notario sus acuerdos contractuales, codificaron sus costumbres mercantiles y dirimieron sus disputas ante los tribunales. Este tipo de formalización es ajena a las disposiciones informales propias de una institución basada en la reputación entre un grupo de inversores.⁴⁰ Además, los venecianos no formaron una coalición entre iguales que les permitiera transmitir información fácilmente. De hecho, la mayoría de los inversores venecianos no eran mercaderes y algunos de ellos parecen no haber tenido ningún tipo de experiencia comercial.⁴¹ Es más, no tenemos noticia que los inversores se comunicaran con los mercaderes en ultramar.⁴² Pero, sin un mecanismo esencialmente gratuito para la transmisión de la información, los inversores no habrían ejercido la supervisión, beneficiosa para el grupo pero costosa para ellos, necesaria para sostener un sistema de castigo colectivo.

Las relaciones formales de corta duración y escaso valor entre individuos interesados en su propio bienestar que observamos en los datos son consistentes con el funcionamiento de una institución de orden público basada en la coerción, es decir, con el sistema legal. Sin embrago, el sistema legal, que garantiza el cumplimiento de los contratos mediante la amenaza de prisión y la confiscación de bienes, no pudo por sí mismo haber dado sostén al mercado financiero veneciano y esto por dos motivos.⁴³ En primer lugar, si un mercader huía con todo el capital a él confiado y se refugiaba en otra jurisdicción, los tribunales venecianos no podían obligarle a restituir el capital defraudado. Averiguar el paradero del mercader resultaba prohibitivamente costoso e, incluso, si se le conseguía localizar, la resolución judicial de un pleito entre distintas jurisdicciones era prácticamente inviable, a menos que Venecia pudiera tomar represalias contra el Estado que albergara al estafador, por ejemplo, interrumpiendo su comercio.⁴⁴ Obviamente, a la hora de elegir dónde fugarse, ningún estafador habría elegido un Estado sobre el que Venecia pudiera ejercer tal presión. Los bienes del mercader que permanecían en Venecia podrían haber servido como garantía de pago, pero los mercaderes venecianos dejaban muy pocos bienes en la ciudad. La documentación disponible muestra que aproximadamente el 40% de los mercaderes eran plebeyos, algunos de ellos con muy escasas posesiones, como Dobramiro Stagnario, un esclavo liberto, y Romano Mairano, cuya mujer recibió una humilde dote (Luzzatto, 1952, pp. 98-9, 108-16; Lane, 1973, p. 52; Robbert, 1999, p. 34). Los mercaderes acaudalados mantenían la mayor parte de su riqueza en bienes muebles, que podían llevar consigo, y sus bienes inmuebles se encontraban a menudo fuera de los dominios de Venecia.⁴⁵ Otra posible solución habría sido penalizar a los garantes del contrato o a los parientes de los estafadores, pero ni los contratos venecianos nombraban garantes ni la Ley retenía a la familia del mercader responsable por sus infracciones.⁴⁶

El segundo motivo por el que el sistema legal falló fue su incapacidad de producir, por sí mismo, información verificable sobre la actuación de los mercaderes. Dado que tanto los jueces como los inversores permanecían en Venecia, no podían proporcionar a los tribunales la información ne- cesaría para verificar si un mercader había cometido fraude, falsificando la contabilidad y apropiándose indebidamente de una parte de las ganancias del inversor. En ausencia de una institución que generase y transmitiese tal información verificable, los tribunales no podrían haber garantizado el cumplimiento de los contratos financieros que observamos.

Si, como parece, ni la ética, ni los vínculos familiares, ni la reputación privada, ni el sistema legal fueron esenciales para el desarrollo del mercado financiero veneciano, ¿cuáles fueron sus fundamentos institucionales? ¿Cómo pudieron los inversores confiar en que los mercaderes no se apropiarían indebidamente de todo o parte de su capital? Tanto la teoría como la evidencia sugieren que la confianza observada refleja el funcionamiento de una institución de orden público basada en la reputación.

4. UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO BASADA EN LA REPUTACIÓN

El Estado veneciano generó las rentas económicas, la información verificable y la justicia punitiva que se requerían para que un mercader pudiera comprometerse de forma creíble a no apropiarse indebidamente de todo o parte del capital ajeno, huyendo de Venecia o falsificando la contabilidad. En primer lugar, los exclusivos privilegios comerciales que Venecia obtuvo para sus ciudadanos en ultramar, los convoyes con escolta armada que organizó y los derechos de staple que garantizó en el golfo de Venecia hicieron que el comercio veneciano fuera más rentable y seguro que el de otras ciudades, lo que a su vez creo los incentivos necesarios para que los venecianos conservaran su afiliación con Venecia, sometiéndose voluntariamente a las autoridades. Para preservar estas rentas económicas fue necesario excluir del lucrativo comercio veneciano a los extranjeros y dificultar su naturalización. En segundo lugar, los cónsules y demás gobernadores en las colonias, los escribas del buque durante el viaje y una serie de oficiales públicos en Venecia supervisaron la actividad comercial de los mercaderes en todas y cada una de sus fases, reuniendo así la información necesaria para poder verificar su contabilidad. Por último, la aplicación de estrictos controles administrativos sobre el comercio de ultramar y de sanciones legales permitió recompensar a los mercaderes honestos y castigar a los fraudulentos.

Puesto que las ganancias futuras (es decir, la utilidad esperada descontada) de un mercader que mantuviese su afiliación y buena reputación con en el Estado eran mayores que lo que podía ganar huyendo de Venecia con todo el capital o falsificando la contabilidad, redundaba en el propio interés del mercader abstenerse ex post de hacerlo. Puesto que esto era sabido ex ante, el mercader podía comprometerse creíblemente a cumplir sus obligaciones contractuales y el inversor confiar en él. De este modo, se consiguió movilizar el capital de los inversores hacia proyectos altamente arriesgados, lo que benefició tanto a los mercaderes como a los inversores.

Para justificar la validez de la tesis que semejante institución de orden público basada en la reputación sustentó el mercado financiero veneciano, esta sección presenta exactamente cómo el Estado creó y mantuvo las rentas necesarias para que los mercaderes se sometiesen voluntariamente a las autoridades; cómo generó y transmitió la información necesaria para detectar una violación de contrato y cómo desarrolló la capacidad de castigar a los mercaderes fraudulentos. Adicionalmente, esta sección corrobora la validez de dicha tesis confirmando con los datos varias predicciones teóricas que de ella se derivan sobre la naturaleza contractual y legal de las relaciones financieras.

4.1. Creando un sistema de reputación: las rentas económicas

Venecia desarrolló tres políticas que aumentaran la rentabilidad esperada de sus mercaderes más allá de lo que podían ganar como residentes de otras ciudades. En primer lugar, estableció derechos de staple en el norte del Adriático: todas las mercancías orientales allí intercambiadas habían de ser transportadas primero a Venecia, donde pasaban aduanas y se vendían al por mayor. De este modo, los venecianos obtuvieron grandes beneficios como intermediarios en el comercio de tránsito entre Europa y el Levante (Lane, 1973, pp. 58-63). En segundo lugar, Venecia organizó convoyes comerciales con escolta para proteger a sus mercaderes, lo que les proporcionó mayor seguridad en sus viajes a menor coste respecto a sus competidores (Ibid., pp. 125, 145-6).⁴⁷ Por último, pero no por ello menos importante, Venecia obtuvo excepcionales privilegios comerciales para sus mercaderes en Romanía, los Estados Cruzados y Alejandría.⁴⁸ Además, la estabilidad política de Venecia fortaleció la creencia de los mercaderes de que tanto ellos como sus descendientes continuarían obteniendo rentas del comercio. Por el contrario, las numerosas guerras civiles y los periodos de dominación extranjera que experimentaron Génova y otras ciudades rivales comprometieron la sostenibilidad de su comercio en el largo plazo.⁴⁹

En Romanía, los venecianos disfrutaron de una amplia ventaja competitiva desde 1082. En compensación por la ayuda naval prestada contra los normandos, Venecia obtuvo un barrio en Constantinopla y en Durazzo y el privilegio de comerciar sin ninguna restricción administrativa en todo el Imperio bizantino y sin pagar impuestos, lo que favoreció a los mercaderes venecianos incluso respecto a la población local, que estaba sujeta a una fiscalidad del 10% sobre el valor de sus transacciones (Lane, 1973, pp. 23-36; Jacoby, 1994, pp. 349-57; Ravegnani, 1995b). Según las fuentes bizantinas del siglo xii, «los venecianos se enriquecieron a costa de todos los demás debido a sus privilegios comerciales» (Stone, 2007, basado en Nicetas Choniates, Jefe de la Secretaría de Palacio en Constantinopla). Para contrarrestar el dominio comercial veneciano y aumentar su recaudación fiscal, los emperadores bizantinos repetidamente intentaron reemplazar a los venecianos con los pisanos y los genoveses bajo términos menos favorables (Lopez, 1938, pp. 117, 136-40; Jacoby, 1994; Epstein, 1996, pp. 70- 80).⁵⁰ Sin embargo, Venecia utilizó su poder naval para proteger e incluso ampliar sus privilegios (Lane, 1973, pp. 23-36; Jacoby, 1994).⁵¹ Fue capaz incluso de instaurar el Imperio Latino de Constantinopla y así conseguir que sus mercaderes disfrutaran de derechos de extraterritorialidad y de un monopolio comercial desde 1204 a 1261 (Lopez, 1938, p. 170; Lane, 1973, pp. 36-43; Ravegnani, 1995a; Rösch, 1995b; Epstein, 1996, pp. 91-110).⁵²

En los Estados Cruzados Venecia obtuvo las mayores posesiones y las concesiones más generosas otorgadas a ningún grupo de mercaderes (La Monte, 1932, p. 230; Prawer, 1973, p. 636-7; véase también Lane, 1973, pp. 31-6). Puesto que los venecianos gozaban ya de vastos privilegios comerciales en Romanía, Venecia se mostró inicialmente reacia a unirse a la Primera Cruzada, pero eventualmente apoyó a los cruzados a cambio de privilegios.⁵³ En 1123 una flota veneciana derrotó a la armada fatimita y ayudó a capturar Tiro a cambio del privilegio de establecer colonias permanentes con extraterritorialidad en todos y cada uno de los principados cristianos a lo largo de la costa levantina, un privilegio que no se concedió ni a los pisanos ni a los genoveses. La neutralidad de Venecia en las Segunda y Tercera Cruzadas permitió a los venecianos conservar sus privilegios a pesar de haber limitado su participación al transporte remunerado de los cruzados.⁵⁴

Finalmente, la posición privilegiada de Venecia en Alejandría desde aproximadamente 1200 permitió a los venecianos dominar el comercio europeo allí durante la primera mitad del siglo xii (Jacoby, 1995b; Rösch, 1995b).⁵⁵ Más tarde, los venecianos, a diferencia de los genoveses y los catalanes, se abstuvieron de asaltar los barcos y los puertos musulmanes, lo que permitió a la diplomacia veneciana obtener privilegios exclusivos de los mamelucos, quienes gobernaron Egipto y después Siria desde 1250-1517. Como resultado, el comercio veneciano prosperó mientras que el comercio genovés y el catalán cayeron en declive (Lane, 1973, pp. 130-1; Asthor, 1983, pp. 125-36, 218-21; Jacoby, 1995a, pp. 274-7; Epstein, 1996, pp. 180, 258-9).⁵⁶

4.2. Manteniendo el valor de la reputación: las barreras de entrada

Gracias a los derechos de staple, los convoyes mercantiles con escolta armada y los excepcionales privilegios comerciales que Venecia facilitó a sus mercaderes, el comercio veneciano resultó más lucrativo que el de sus competidores. Para que las rentas resultantes desalentaran el fraude, sin embargo, era preciso que la renta que cada mercader esperaba obtener se mantuviese en el tiempo, lo cual no habría sido posible de haberse permitido a los extranjeros participar en dicho comercio. Es más, la reputación de un mercader frente al Estado habría carecido de valor si éste hubiera podido continuar invirtiendo en el lucrativo comercio veneciano tras cometer fraude y fugarse de Venecia para así evitar posibles sanciones legales.

De hecho, Venecia promulgó una serie de normas que derivaron en la efectiva exclusión comercial de los extranjeros. Específicamente, se prohibió a todos aquellos que no fueran ciudadanos de Venecia transportar mercancías desde la ciudad y comerciar en sus colonias (Lane, 1973, pp. 7, 61).⁵⁷ También se les denegó el acceso al sistema legal, desincentivando así sus inversiones: «nadie que no fuera veneciano [podía] testificar contra un veneciano» (Roberti, 1906, p. 23).⁵⁸ Esta medida, sin embargo, era ineficaz contra las inversiones extranjeras basadas en un sistema de reputación bilateral. Siempre y cuando un inversor extranjero pudiera garantizar a un mercader veneciano que sus relaciones bilaterales se prolongarían suficientemente en el tiempo y serían suficientemente rentables para el mercader, el extranjero podía contar con que el veneciano estaría dispuestos a hacer negocios con él y satisfaría sus deudas. Conforme a la necesidad de excluir el capital extranjero, el Estado ilegalizó los contratos comerciales entre un inversor extranjero y un mercader veneciano y prohibió a los extranjeros participar de cualquier otra manera en los negocios reservados a los ciudadanos de Venecia durante la década de 1270. El cumplimiento de tales normas cayó bajo la responsabilidad de los Cónsules de los Mercaderes en Venecia y de los distintos gobernadores de las colonias en ultramar (Sacerdoti, 1899, pp. 17, 44; Lane, 1973, p. 140; Jacoby, 1995a, p. 291).

La inmigración inducida por una mayor tasa de retorno de las inversiones comerciales en Venecia constituyó un problema similar. Conforme a la necesidad de mantener las rentas que sustentaban el sistema de reputación vigente en Venecia, el Estado introdujo barreras a la inmigración. El proceso de naturalización en Venecia fue más restrictivo que en ninguna otra ciudad y lo fue aún más durante el siglo xiv, cuando la competencia entre los venecianos empezó a erosionar las rentas de su comercio.⁵⁹ Durante los siglos xii y xiii, los inmigrantes tuvieron que residir y pagar impuestos en Venecia durante diez años antes de poder solicitar la ciudadanía, lo que resulta en fuerte contraste con la práctica habitual en otras ciudades de exigir tan sólo un año de residencia, sin necesidad de pagar impuestos. En 1305, Venecia exigió 25 años de residencia pagando los correspondientes impuestos. Durante el mismo tiempo, Génova concedía la ciudadanía después de tres años de residencia en la ciudad (Lane, 1973, pp. 151-2; Lopez, 1982, pp. 333; Caravale, 1997, pp. 304-12).⁶⁰

Asimismo, en varias ocasiones durante el siglo xiv en las que un exceso de oferta presionó a la baja los precios de las mercancías orientales en Venecia y, por tanto, los beneficios de los mercaderes, el Estado prohibió la importación de bienes de lujo orientales por un valor superior a la estimación del patrimonio de cada mercader en el catastro, sobre la base del cual se contribuía a los prestamos obligatorios al Estado.⁶¹ Es más, la evidencia indica que el Officium de Navigantibus –la magistratura que se creó para garantizar el cumplimiento de esta nueva ley– no restringió el crédito comercial entre los ciudadanos que lo eran por nacimiento, sino que persiguió las inversiones ilegales llevadas a cabo por extranjeros o por ciudadanos recientemente naturalizados (Luzzatto, 1962, pp. 123-4; Lane, 1963, p. 138; Mueller, 1997, p. 503). De hecho, ya en 1318 se había impuesto un límite a las inversiones por parte de los ciudadanos de reciente naturalización y la prohibición de que estos importaran mercancías orientales por un valor superior a su patrimonio estimado permaneció en vigor tras la desaparición del Officium de Navigantibus en 1363 y la consiguiente eliminación de las cuotas a la importación para los ciudadanos originales (Hocquet, 1997, pp. 573, 595-6; Mueller, 1997, pp. 151, 265, 503, 616).

La identificación de estas barreras de entrada como elementos esenciales de la institución para el cumplimiento de los contrato de Venecia nos ayuda a entender su legislación. Gobernados por el Estado, los venecianos necesitaban reservar para sí mismos las rentas provenientes de su lucrativo comercio y mantener el nivel de dichas rentas, lo que lograron restringiendo el número de ciudadanos que tenían acceso a ellas y coordinando prácticas monopolísticas cuando la superabundancia de mercancías presionaba a la baja los precios.⁶²

4.3 Generando información verificable: los controles administrativos

Las rentas económicas y las restricciones de entrada motivaron a los mercaderes a mantener sus afiliaciones con Venecia. Sin embargo, para garantizar el cumplimiento de las cláusulas contingentes propias de los préstamos marítimos y los contratos de comenda, las autoridades venecianas necesitaban saber cuándo y en qué medida se había quebrantado un contrato. Detectar un fraude en un préstamo marítimo era relativamente sencillo puesto que había testigos, tanto públicos como privados, que con su testimonio podían confirmar o desmentir las reivindicaciones de los mercaderes relativas a las pérdidas ocasionadas por un naufragio, por la piratería o por la confiscación de mercancías en ultramar.⁶³ En 1219, por ejemplo, el capitán del barco Lo Carello y varios mercaderes que viajaban en él declararon que el barco había naufragado cerca de Negroponte y que el mercader Domenico Gradenigo había perdido mercancías por valor de 110 hyperpyron (MRL, 1940, no. 582).⁶⁴ Detectar una violación de contrato en una comenda, por el contrario, requería la verificación de información relativa a los sobornos que un mercader en concreto había pagado para pasar la aduana, los costes de transporte y almacenamiento en los que había incurrido, el precio al que había comprado y luego vendido sus mercancías, si éstas habían sufrido daños durante el viaje, etc.⁶⁵ Para poder garantizar el cumplimiento de los contratos de comenda, el Estado necesitaba poder verificar estos costes, precios y acontecimientos.

Venecia, de hecho, desarrolló las normas y estructuras administrativas necesarias para verificar dicha información. Los gobernadores coloniales en ultramar, varios oficiales públicos en Venecia y los escribas del buque durante el viaje llegaron a ejercer la supervisón necesaria. Este proceso de generación de información fue cumulativo. Se inició durante la década de 1180 y se completó en la década de 1220, después de que Venecia consolidase su imperio colonial en Oriente y organizase su comercio a través de convoyes estatales de ida y vuelta a sus colonias. Desde 1186 Venecia mantuvo casi ininterrumpidamente un magistrado residente en Constantinopla y en 1205 adquirió la extraterritorialidad jurídica en toda Romania. A diferencia de las antiguas colonias de Venecia, los territorios adquiridos tras la Cuarta Cruzada fueron inmediatamente puestos bajo el control de un gobernador público enviado desde Venecia: un podestà se instaló en Constantinopla en 1205, un castellano en Coron y Modon en 1208, un bailo en Negroponte en 1216 y un duque en Creta en 1219. En los Estados Cruzados, Venecia había obtenido grandes extensiones con plena extraterritorialidad en los primeros años del siglo xii, pero los colonos mantuvieron un gobierno prácticamente autónomo hasta 1192, cuando un bailo fue enviado por primera vez desde Venecia para gobernar la colonia veneciana en Acre. A partir de 1208 Venecia también tuvo representación consular en Alejandría. Estos gobernadores coloniales supervisaron el pago de los aranceles, administraron las dependencias coloniales en las que los mercaderes se alojaban y almacenaban sus mercancías, e incluso mantuvieron registros de los precios del algodón y la pimienta en Acre y Alejandría mientras que Venecia mantuvo monopsonios en sendas ciudades. A partir de 1225 los Sensali dellla Messetteria –un grupo de oficiales públicos con responsabilidades fiscales y de intermediación– registraron todas las compraventas realizadas legalmente en Venecia (Luzzatto, 1952, pp. 62-6; Lane, 1973, pp. 99, 144; Day, 1984; Ferluga, 1992; Ravegnani, 1995a; Rösch, 1995c, p. 453).

Por otra parte, las expediciones comerciales fueron progresivamente organizadas como «empresas comunitarias sujetas a aprobación gubernamental» (Lane, 1973, p. 49). Desde principios del siglo xiii el Estado organizó convoyes de ida y vuelta desde Venecia a sus colonias en Oriente. Por lo tanto, los mercaderes que viajan en ellos quedaban bajo supervisión estatal. Pagaban además tarifas públicas de transporte, que varios funcionarios de aduanas en Venecia y el capitano a cargo de toda la flota fuera de Venecia se encargaban de recolectar (Lane, 1973, pp. 68-70, 129-31, 145-6).

Adicionalmente, los Estatutos Marítimos de 1229 exigieron que un escriba semipúblico registrase el número, peso y propiedad de cualquier mercancía que se cargase o descargase de un barco (navis), que certificase todos los contratos mercantiles realizados durante el viaje e informase de cualquier fraude. Los Estatutos también hicieron al capitán del navío responsable de la mercancía registrada con el escriba, con exclusión de las pérdidas sufridas en el mar o manos de gentes hostiles que escapaban a su control (Predelli y Sacerdoti, 1902, San Tiep., c. 17; St. Zeno, cc. 41-3, 51, 53, pp. 132-6).

El desarrollo de estructuras administrativas permanentes tanto en el extranjero como en Venecia, la organización de convoyes gubernamentales y la regulación de la actividad comercial facilitaron así la verificación de la contabilidad de un mercader en relación con los costes, precios y eventos a los que había estado expuesto. La mayor capacidad del Estado para hacer cumplir los contratos de comenda a lo largo del tiempo queda patente en las distintas compilaciones de los Estatutos Civiles de Venecia. En ausencia de información verificable sobre los beneficios de una expedición comercial, los Estatutos de circa 1195, que por primera vez codificaron las costumbres venecianas, simplemente requirieron que el mercader rindiese cuentas al inversor tras finalizar el viaje y admitieron su juramento como prueba legal de su veracidad (Besta y Predelli, 1901, p. 24; St. Enr. Dand., cc. 30-2; ver también St. Enr. Dand., c. 35).⁶⁶ Los Estatutos de 1229, por el contrario, exigieron una contabilidad detallada de todas y cada una de las operaciones hechas con el capital recibido en comenda, una por una en secuencia, y la revisión de 1233 reconoció la obligación de los tribunales a verificar dicha contabilidad en caso de litigio (Ibid., St. Tiep., 1229, c.16, St. Tiep, IIIA, c.2.). La Estatutos definitivos de 1242 otorgaron al inversor el derecho a presentar testigos fiables y decretaron la obligación del mercader de compensarle por lo que pudiese probar que le debía (Cessi, 1938, St. Nov., III.2, glos. 3).

4.4. Castigando el fraude: las sanciones legales y las exclusiones administrativas

Estos controles administrativos proporcionaron a las autoridades la información necesaria para verificar una violación de contrato. Sin embargo, para garantizar el cumplimiento de los contratos, el Estado necesitaba sostener la amenaza de que el fraude sería debidamente castigado. El Estado, en efecto, impuso sanciones legales y administrativas a los mercaderes que, regresando voluntariamente a Venecia, eran condenados por fraude. Por una parte, los mercaderes fraudulentos se enfrentaron a penas de prisión y al embargo de sus propiedades, tanto en Venecia como en sus colonias. Estas sanciones legales se contemplan ya en los Estatutos c. 1195 (Besta y Predelli, 1901; St. Enr. Dand., cc.7-14, 36, 66, 73; ver también Cessi, 1938; St. Nov., I, 51, 63.). Si un mercader en mora no efectuaba el pago correspondiente o de otro modo llegaba a un acuerdo con sus acreedores en los ocho días siguientes a su sentencia, el tribunal debía retenerle durante un mes, después del cual, si perseveraba en su morosidad, sería encarcelado durante otro mes. Tras estos dos meses, el tribunal proseguiría con el embargo de sus bienes.⁶⁷ Efectivamente, varios procesos judiciales sobre contratos de comenda desembocaron en la venta forzosa de los inmuebles de un mercader y en la incautación de algunas de sus propiedades en 1195 y 1226, respectivamente (MRL, 1940, nos. 424, 626). En 1241 un tribunal veneciano subastó los bienes personales de un mercader fallecido y, al no recaudar suficientes fondos para compensar a todos sus acreedores, subastó su casa (MRL, 1940, no. 743).⁶⁸ Las propiedades coloniales también estaban sujetas a embargo por incumplimiento de contrato. En 1178, por ejemplo, Leone Falier otorgó poderes para actuar contra las propiedades de uno de sus deudores en la colonia veneciana de Tiro (MRL, 1940, no. 295).⁶⁹

Los tribunales resolvieron disputas comerciales incluso entre miembros de una misma familia. Por ejemplo, en 1224 Andrea Donato, el «amado» suegro de Giovanni Badoer, interpuso una demanda contra su yerno por incumplimiento de contrato en una comenda. Solicitó la pena habitual del doble de la suma debida más intereses por mora y obtuvo una casa que había sido propiedad de Giovanni como pago. Entonces Andrea traspasó parte de sus derechos sobre la casa a uno de sus nietos quien, a su vez, los vendió al hijo de Giovanni, Pietro Badoer. Pietro, que se había emancipado en 1218 con el consentimiento de su «amado» padre, formuló cargos contra su progenitor en 1230 sobre la propiedad que había adquirido en 1226 (MRL, nos. 625, 844).⁷⁰

Sin embargo, estas sanciones legales parecen no haber disuadido por sí mismas el fraude. La propia legislación veneciana reconocía la posibilidad de que un mercader huyese de Venecia para evitar el encarcelamiento y que los tribunales fueran incapaces de embargar sus bienes (Besta y Predelli, 1901; St. Enr. Dand., c. 36; Cassandro, 1936, pp. 76-7; 1937, p. 98).⁷¹ Además, Venecia no hizo uso ni de las penas severas ni de los rituales públicos de infamia que se aplicaban habitualmente en otras ciudades para castigar a los mercaderes, un indicio de que el cumplimiento de los contratos no se sustentaba exclusivamente en el sistema legal (Lattes, 1880, pp. 9-13; Mueller, 1997, p. 125). Como hemos visto, las rentas económicas venecianas hicieron que los mercaderes regresaran de forma voluntaria a la ciudad. Una vez en Venecia, las autoridades pudieron verificar si un mercader había cometido fraude y, en su caso, castigarle con sanciones legales y administrativas.

Las sanciones administrativas consistieron en denegar a un mercader fraudulento acceso al lucrativo comercio veneciano y, por tanto, a las rentas económicas que se derivaban de él. Desde principios del siglo xiii, el Estado controló el personal que se embarcaba en los convoyes que partían de Venecia y pudo, por tanto, excluir a los mercaderes fraudulentos. Observamos así que más de la mitad de los 261 contratos venecianos que se han conservado para el periodo 1200-61 condicionaron el suministro de fondos por parte de los inversores a la obtención de la correspondiente licencia comercial por parte de los mercaderes, una costumbre que se convirtió en ley en 1266 (Sacerdoti, 1899, pp.43-4).⁷²

Un documento de 1242 refleja que los venecianos temían tal exclusión. Omobone Barbo había recibido cierta suma en comenda con la que debía viajar en uno de los convoyes que Venecia organizaba a sus colonias para comerciar allí y era, por tanto, responsable de cualquier pérdida sobre el capital que no llevara consigo, incluyendo un menor beneficio del que habría podido obtener viajando en el convoy. Siendo consciente de la alta tasa de retorno esperada en tales expediciones y temiendo no obtener la licencia para unirse al convoy, quiso limitar su responsabilidad al caso que él fuese «uno de aquellos hombre elegidos a los que el dogo y su consejo ducal conceden la licencia [para navegar en convoy]» y especificando que «si [él] no estaba entre los elegidos, podría confiar, ante testigos fiables o con un acta notarial, todo o parte del capital a alguno de los mercaderes elegidos» (MRL, 1940, núm. 752, 753).⁷³ El documento no especifica por qué Omobone temía ser descalificado, pero bien podría haberse debido a que una sentencia estuviera pendiente contra él. La igualitaria normativa de los venecianos y su amplia participación en el comercio indican que, efectivamente, no se elegía a los mercaderes en función de su poder político o el de sus financieros.⁷⁴

Adicionalmente, en 1331 Venecia prohibió que los mercaderes insolventes entrasen en la plaza del mercado de Rialto y en el recinto adyacente a San Marco donde se encontraban las magistraturas comerciales. Esta exclusión impedía de facto el ejercicio del comercio. Como sugieren tanto el preámbulo de la ley como su aplicación, tal prohibición tenía como objetivo combatir el «fraude», sin penalizar a los mercaderes que dejaban de pagar «por necesidad o mala suerte» (Cassandro, 1938, p. 99; ver también 1936, pp. 77-8; Lane, 1973, p. 143; Castagneti, 1995, P. 101; Mueller, 1997, pp. 124-5).⁷⁵

4.5. La estructura del mercado financiero veneciano

La tesis de que una institución de orden público basada en la reputación garantizó el cumplimiento de los contratos entre venecianos de manera imparcial también genera varias predicciones sobre las propias relaciones contractuales. Si Venecia efectivamente suministró «una justicia responsable e igual para todos [sus ciudadanos]» pero sólo para ellos, sería natural observar prevalentemente relaciones contractuales entre venecianos, incluso antes de que las inversiones extrajeras fuesen ilegalizadas en 1270.⁷⁶ También sería de esperar que las relaciones financieras fueran flexibles, al menos antes de 1305, cuando nuevas regulaciones impidieron que la mayor parte de los residentes en Venecia que no eran ciudadanos participaran en su comercio marítimo. Los datos venecianos para el período 1021-1261 confirman estas predicciones.

En primer lugar, el 96,5% de los contratos se firmaron entre venecianos y esto a pesar de que un número importante de ellos provienen de varias plazas a las orillas del Adriático, las islas Egeas, Grecia, Asia Menor, Egipto e incluso Túnez. Específicamente, el 95,1% de los 229 mercaderes venecianos (sobre un total de 235 mercaderes) se financiaron exclusivamente con capital veneciano y el 98,1% de los 322 inversores venecianos (sobre un total de 333 inversores) financiaron sólo a mercaderes venecianos (cuadros 1 y 3).⁷⁷ Además, la gran mayoría de los mercaderes y de los inversores venecianos residía en Rialto, la ciudad que hoy en día conocemos como Venecia, donde el Estado podía más fácilmente castigar a los mercaderes fraudulentos y donde los inversores podían acceder a los tribunales a un menor coste.

CUADRO 3

Contratos venecianos clasificados según la residencia de los mercaderes

Fuente: La autora, basada en Morozzo della Rocca y Lombardo (1940, 1953).

La constatación de que los venecianos contrataron principalmente entre ellos es sorprendente dado que no sucedió así en Génova. Los protocolos genoveses (que se redactaron en Génova y por ello es más probable que reflejen contratos entre genoveses) revelan la importancia de las relaciones financieras entre genoveses y no genoveses. Al menos un 18,4% del valor total de los contratos registrados por Giovanni Scriba (1155-64) se relaciona con inversores o mercaderes no genoveses (Greif, 1994a, p. 931; ver cuadro 1). De forma más general, del 12 al 15% de los 1345 mercaderes que aparecen en los protocolos genoveses del período 1155-1200 no eran genoveses (Krueger, 1962, p. 268). La evidencia, por tanto, sostiene la conjetura de que una institución de orden público basada en la reputación prevaleció en Venecia pero no así en Génova, su principal rival.⁷⁸

En segundo lugar, los datos venecianos también muestran relaciones financieras muy flexibles. El comercio veneciano, a diferencia del genovés, no se caracterizaba por una «clase» de ricos inversores y una «clase» de pobres mercaderes que rara vez, si a caso, funcionaban como inversores (Luzzato, 1962, pp. 59-80, 89-116; Greif, 1994a, p. 928). La mayoría de los mercaderes venecianos (59,4%) fueron nobles y 60 de las 82 familias de mercaderes que aparecen dos veces o más tuvieron miembros que actuaron como mercaderes y otros que actuaron como inversores. Asimismo, tanto los mercaderes ricos como los pobres recibieron fondos indistintamente de inversores económica y políticamente influyentes y de pequeños inversores. Por ejemplo, para financiar una expedición desde Venecia a Constantinopla en 1223, Domenico Gradenigo, quien provenía de una antigua y acaudalada familia aristocrática, recaudó 81 libras de Pietro Ziani, el dogo de Venecia y probablemente el hombre más rico de la ciudad, y 50 libras de una viuda a la que, como era habitual, se le había restituido su dote tras la muerte del esposo (MRL, nos. 605, 604; Robert, 1999).⁷⁹ A finales del siglo xii Pangrazio Stagnario, el hijo de un esclavo liberto, recaudó 300 libras del futuro dogo Pietro Ziani y dieciocho libras de un inversor de origen humilde (MRL, 1940, nos. 301, 265). En total, el 38,57% de los contratos entre venecianos se suscribieron entre nobles, el 19,31% entre plebeyos y el 41, 42% entre nobles y plebeyos.

El hecho que no observemos intermediación financiera refuerza la tesis de que el Estado hizo cumplir los contratos entre venecianos sin tener en cuenta el estatus económico y político de cada una de las parte durante el periodo 1021-1261. Los venecianos, efectivamente, operaron por cuenta propia, invirtiendo directamente su capital. Incluso las mujeres invirtieron de forma separada de sus maridos (MRL, 1940, nos. 475, 495, 506, 588, 602, 604).⁸⁰ Por el contrario, algunos inversores genoveses formaron asociaciones con otros inversores que regularmente financiaban a un mercader para conjuntamente proveerle de fondos (Greif, 1998, cap. 9, p. 20). De manera parecida, algunos inversores genoveses invirtieron en nombre de sus familias (Ibid., cap. 8, p. 26). La evidencia muestra, por tanto, que mientras que los venecianos operaron a través de un mercado impersonal, los genoveses invirtieron a través de individuos con quienes los mercaderes tenían relaciones bilaterales de alto valor y larga duración.

La constatación de que una institución de orden público basada en la reputación prevaleció en Venecia, pero no así en Génova, también nos permite entender varias diferencias legales y contractuales entre ambas ciudades. La legislación veneciana permitió que los mercaderes combinaran fondos de varios inversores, una prerrogativa que los venecianos supieron aprovechar. Por ejemplo, Rodolfo Suligo redujo el coste per lira de una empresa marítima que emprendió en 1234 recaudando capital de al menos quince inversores (MRL, 1940, nos. 675-90, 804; ver también cuadro 1). Por el contrario, la legislación genovesa impidió que los mercaderes recaudasen fondos de más de un inversor simultáneamente. Específicamente, el primer inversor que contratase con un mercader en Génova tenía derecho a determinar la cantidad que aquel podía recaudar de otros inversores y a una parte del beneficio sobre las sumas adicionales que le permitiera recaudar (Pryor, 1983, pp. 142-3; Greif, 1998, cap. 8, p. 25). Al limitar lo que un mercader podía ganar fuera de su primera relación, es decir, al reducir su utilidad de reserva, la legislación genovesa incrementó el valor de su reputación bilateral frente al primer inversor, permitiéndole así comprometerse creíblemente a respetar su primer contrato. En Venecia la capacidad de un mercader para comprometerse a respetar sus obligaciones contractuales se basaba en el valor de su reputación frente al estado (y en las sanciones legales) y, por tanto, dicha ley resultaba inútil.

El Derecho de Familia también difirió. Mientras la legislación veneciana estableció que sólo los hijos bajo autoridad paterna eran responsables de las deudas de sus padres, los tribunales genoveses consideraron a todos los miembros de la familia de un mercader legalmente responsables por las transgresiones que éste pudiese cometer y los tribunales verificar, tales como el total desfalco del capital de un inversor (Besta y Predelli, 1901, St.Enr. Dand., c.68, St. Ran. Dand., cc. 11-12, pp. 45-6, 57-8; Cessi, 1938; St. Nov., 1.40; Greif, 1998, cap. 8, p. 4, cap. 9, p. 10).⁸¹ En Venecia fue posible mantener un sistema de responsabilidad individual puesto que los mercaderes tenían un interés económico en respetar sus obligaciones contractuales y así acceder a las rentas económicas que les proporcionaba el Estado, amén de evitar posibles sanciones legales si decidían volver a la ciudad o a sus colonias. En Génova, sin embargo, un mercader que se apropiase del capital de un inversor podía comerciar con él o invertirlo bajo las mismas condiciones que el inversor al que había estafado. Por lo tanto, en ausencia de restricciones legales, los mercaderes genoveses habrían ineludiblemente optado por apropiarse de todo el capital de los inversores (Greif, 2006, p. 295). Puesto que la institución genovesa de orden privado era incapaz de evitar el total desfalco del capital de un inversor, los genoveses complementaron esta institución con un sistema legal que penalizaba colectivamente al mercader y a su familia.⁸²

La dependencia genovesa de este tipo de sistema legal cuando las posibles violaciones de contrato eran fácilmente verificables queda patente en los préstamos simples y los préstamos marítimos, que invariablemente especificaron una pena igual al doble de la suma debida por mora. La incapacidad del sistema legal genovés para verificar la contabilidad de un mercader también se hace manifiesto, puesto que ningún contrato de comenda estableció tal pena (Greif, 1998, cap. 8, p. 4, cap. 9, p. 10). En Venecia, tanto los préstamos marítimos como los contratos de comenda castigaron la morosidad con una pena par al doble de la cantidad debida más un 20% de intereses al año y, lo que es más, los tribunales ejecutaron la pena. La evidencia, por tanto, indica la distintiva capacidad de los tribunales venecianos para garantizar el cumplimiento de contratos contingentes como la comenda.⁸³

La capacidad del sistema legal para garantizar el cumplimiento de los contratos de comenda en Veneciano, pero no así en Génova, también se refleja en los procedimientos contables de cancelación de una deuda. En Venecia un mercader bajo un contrato de comenda estaba autorizado a «remitir los beneficios del [inversor] a través de una tercera parte... sin necesariamente regresar en persona para rendir cuentas» y «a mantener posesión sobre su propia parte de los beneficios» (e.g. MRL, 1940, no. 522). En Génova, sin embargo, a un mercader se le exigía volver a la ciudad y depositar todas las ganancias de la comenda en manos del inversor, quien después repartiría los beneficios con la ayuda del mercader (Pryor, 1983, pp. 175-6).⁸⁴ Como los tribunales genoveses carecían de la información necesaria para verificar los beneficios comerciales de una expedición, los contratos de comenda genoveses tuvieron que imponer restricciones a los mercaderes para ayudar a los inversores a evaluar sus cuentas. Estas restricciones fueron innecesarias en Venecia, puesto que sus estrictos controles administrativos sobre el comercio proporcionaban a los tribunales la información necesaria para verificar la contabilidad de los mercaderes.

Como ya se señaló, los gobernadores coloniales en ultramar, varios oficiales públicos en Venecia y los escribas del buque durante el viaje llegaron a supervisar todas y cada una de las fases del comercio marítimo. La capacidad del Estado para verificar la contabilidad de los mercaderes se desarrolló, por tanto, gradualmente a medida que Venecia consolidaba su imperio comercial en el Levante y organizaba convoyes de ida y vuelta a sus colonias. Conforme a la tesis de que el Estado garantizó el cumplimiento de los contratos mercantiles, observamos cómo el contrato de comenda sustituyó progresivamente al préstamo marítimo, desde más o menos 1180, cuando Venecia comenzó a regular su comercio, hasta aproximadamente en 1220, cuando Venecia completó el proceso de supervisión a través de la organización de su comercio en convoyes desde Venecia a sus enclaves coloniales (Gráfico 1).⁸⁵

Finalmente, la naturaleza legal del contrato de comenda también refleja las diferencias institucionales entre Venecia y Génova. La institución veneciana permitió a los mercaderes comprometerse creíblemente a cumplir sus obligaciones contractuales frente a cualquier ciudadano veneciano. Así, los Estatutos de Venecia definieron el préstamos marítimo y el contrato de comenda como instrumentos de crédito (Besta y Predelli, 1901, St. Enr. Dand., c.30-33; St. Ran. Dand., c. 16; St. Tiep., 1229, c. 16; Cessi, 1938; St. Nov. III, 1-3; ver también Luzzatto, 1952, pp.71-2; 1962, pp. 82-4). El sistema legal genovés limitó el fraude pero fue incapaz de sostener relaciones comerciales caracterizadas por la información asimétrica. Tales relaciones, no obstante, fueron posibles gracias a una institución complementaria de orden privado basada en la reputación, la cual sostuvo relaciones bilaterales de gran valor y larga duración. El contrato de comenda en Génova formalizó así una sociedad mercantil entre un inversor y un mercader que gestionaba los negocios del primero en ultramar (De Roover, 1963, p.50; Pryor, 1983, pp. 144, 155; Greif, 1994a, 2006, p.286).

5. CONCLUSIONES

En la Venecia de la Baja Edad Media una institución de orden público basada en la reputación garantizó el cumplimiento de los contratos financieros para el comercio de ultramar. El Estado sostuvo la creencia entre los venecianos de que el cumplimiento de sus contratos sería recompensado con una renta económica proveniente del comercio, mientras que una violación sería detectada y castigada con la exclusión del comercio y, posiblemente, con sanciones legales. De este modo, el Estado hizo posible que los mercaderes se comprometiesen de forma creíble a no apropiarse indebidamente de todo o parte del capital de otros venecianos y así sustentó el mercado financiero del que dependía el éxito comercial de la ciudad.

El Estado veneciano no puede identificarse con los Estados premodernos y modernos tal y como los han caracterizado los historiadores económicos y los economistas. El Estado ha sido modelado como un gobierno negligente, incapaz de mantener la ley y el orden, como un gobierno depredador, que abusa de su poder, o como un gobierno benevolente, que proporciona un sistema legal imparcial basado en su poder coercitivo (Shleifer y Vishny, 1998). El Estado veneciano no fue ni negligente, ni depredador con respecto a sus ciudadanos. Al igual que un gobierno benevolente, contribuyó al desarrollo del comercio garantizando el cumplimiento de los contratos. Sin embargo, no se limitó a ejercer el poder coercitivo propio del sistema legal, a saber, «forzar a los prestatarios solventes a pagar si no lo hacían espontáneamente» (Bianco, Japelli y Pagano, 2005, p. 225).

El sistema legal veneciano era incapaz de ejercer su poder coercitivo sobre un mercader que se apropiase del capital de un inversor y huyera con él. Para motivarle a someterse a las autoridades, el Estado veneciano necesitaba generar y mantener rentas económicas y esto requería que interviniese más allá de lo que tradicionalmente se piensa deba intervenir un gobierno benevolente. Venecia tomó la iniciativa militar y diplomática necesaria para obtener privilegios comerciales en ultramar e imponer derechos de staple en la ciudad, organizó convoyes mercantiles con escolta armada, y estableció barreras de entrada. Adicionalmente, el Estado veneciano reguló escrupulosamente la actividad comercial de manera que fuera más fácil verificar un posible fraude, lo que incentivó el cumplimiento de los contratos y redujo los costes judiciales de verificación en caso de incumplimiento. Específicamente, varios funcionarios públicos supervisaron a los mercaderes en Venecia, durante el viaje y en ultramar. Finalmente, el Estado usó sanciones tanto legales como administrativas para castigar a los mercaderes si cometían fraude.

Como en Venecia, los estados actuales combinan las sanciones legales y las administrativas para disciplinar los mercados financieros. Podría argumentarse que un intermediario financiero supervisa a los emisores de valores y les impide apropiarse del capital de los inversores por la responsabilidad legal de sus funciones como guardianes del mercado (gate-keeper), así como por el miedo a perder su licencia (Kraakman, 1986; Glaesser, Jonson y Shleifer, 2001; ver también La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer, 2006). Es posible que el valor de una licencia (y el miedo a perderla) se deba a un coste irrecuperable, tal como el coste de adquirir el capital humano suficiente para practicar una profesión en un mercado competitivo, pero es igualmente posible que se sustente en un privilegio de monopolio concedido por el Estado.⁸⁶ Restringiendo el número de licencias, el Estado puede garantizar a los titulares de las mismas una parte del excedente generado a través de la interacción privada entre los emisores de valores y los inversores, garantizándoles así una renta. En Venecia, sin embargo, el Estado creó rentas consiguiendo que el comercio veneciano fuese más lucrativo de lo que lo hubiese sido de otra forma. Para preservar estas rentas, Venecia excluyó a los no ciudadanos de su comercio, pero, a diferencia de la Unión Soviética y de otros estados comunistas, no limitó la competencia entre sus ciudadanos. De acuerdo con Lane (1967, pp. 82-4; p. 58; ver también Bullard et al, 2004, pp. 102-4), el secreto del éxito de Venecia fue precisamente esta mezcla de intervención pública y de iniciativa privada, una mezcla que –como argumenta este artículo– fue posible gracias a una institución de orden público basada en la reputación.

Esta institución tuvo sus pros y sus contras. Sustentó relaciones de intercambio más amplias que las que otras instituciones de orden privado basadas en la reputación permitieron durante el mismo periodo. Por una parte, la institución veneciana, a diferencia del mecanismo de reputación bilateral genovés, sustentó relaciones financieras que se esperaba fuesen de corta duración y escaso valor. Esto permitió la inversión de legados, pequeñas sumas y ahorros personales en el comercio de ultramar, así como la diversificación de las grandes carteras, lo que, probablemente, repercutiera positivamente sobre el volumen de las inversiones. Por otra parte, la institución veneciana, a diferencia del mecanismo de reputación multilateral de los magrebíes, no exigió que los inversores supervisaran informalmente a los mercaderes ni que les sancionasen colectivamente. Esto permitió la inversión de capitales provenientes tanto de los propios mercaderes como de inversores sin experiencia comercial. La institución de orden público basada en la reputación que prevaleció en Venecia sustentó, por tanto, un mercado financiero amplio y diversificado. Esta institución, sin embargo, precisó una administración costosa y la exclusión de los extranjeros.

Aunque no disponemos de datos precisos sobre el volumen y el valor del comercio veneciano, existe un consenso en que Venecia movilizó más capital en el comercio a larga distancia que sus rivales europeos. No sabemos, sin embargo, si esto provocó un aumento global del comercio en el Mediterráneo o simplemente reflejó un cambio en la importancia relativa de Occidente frente a los países musulmanes. En cualquier caso, la experiencia de Venecia sugiere la importancia de las políticas de cooperación judicial entre distintos Estados o su integración política. Estas políticas, al someter a los agentes al poder coercitivo del Estado, hacen innecesarias las limitaciones al comercio propias de una institución basada en la reputación en la que la buena conducta de los mercaderes se sustenta en la obtención de una renta económica.

Asimismo, la cuestión de por qué Venecia fue un Estado benevolente permanece abierta a debate. Aunque no haya dudas sobre la relativa benevolencia del Estado Veneciano, una explicación completa del sistema requiere comprender por qué los funcionarios públicos de Venecia persiguieron, por lo general, el beneficio de todos los ciudadanos. Un análisis futuro de la conducta endógena del Estado veneciano podría mejorar nuestro conocimiento tanto sobre la propia historia de Venecia como sobre las condiciones bajo las cuales el Estado en otros contextos podría garantizar el cumplimiento de los contratos, a un coste suficientemente bajo, mediante una institución de orden público basada en la reputación.

Por último, sería conveniente estudiar el proceso a través del cual Venecia desarrolló esta institución en concreto. ¿Se debió ello, en última instancia, a su experiencia histórica única, su posición geográfica o su herencia cultural? Y si así fue, ¿de qué maneras estos factores impidieron que otras ciudades-estado italianas adoptasen instituciones igualmente exitosas? Un análisis comparativo e histórico de las instituciones que dé respuesta a estas preguntas podría ampliar tanto nuestro conocimiento sobre los hechos económicos del pasado como nuestra comprensión de los impedimentos políticos para el crecimiento económico en los países en vías de desarrollo contemporáneos.

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1. González de Lara, Yadira. «The Secret of Venetian Success: A Public-order, Reputation-based Institution». The European Review of Economic History 12 (2008): 247-85. La autora agradece a la Revista el permiso para reproducir una traducción revisada del artículo. Traducción de Ana González de Lara Parra.

2. La autora desea mostrar su más profundo agradecimiento a Avner Greif por su constante apoyo e inteligentes comentarios. También desea agradecer a Gavin Wright y dos evaluadores anónimos sus valiosas sugerencias. Agradece también los comentarios de R. Abramitzky, L. M. Arias, B. Arruñada, L. Boerner, M. Botticini, A. Carlos, S. R. Epstein, R. Marimon, G. C. Moriguchi, J. Mokyr, R. Mueller, L. Prados de la Escosura, C. Rei, J. Reis, J. L. Rosenthal, K. Sokoloff, F. Stephen, G. Toniolo y otros participantes en el Seminario de Historia Económica de UCLA, la conferencia ASSA de 2006, el taller organizado por O. Gelderblom y R. Grafe en la Universidad de Amberes y financiado por la Netherlands Organization for Scientific Research, la conferencia del CEPR-ESF sobre «Long-Run Growth and Development of the World Economy», el seminario de Historia Económica en la Universidad de Valencia, la conferencia EAEPE de 2004,el 64° encuentro anual de la EHA, el 5° Congreso mundial de Cliometrics, el 4° taller sobre análisis institucional de la Universidad Pompeu Fabra, y la 7^a Conferencia ISNIE. Esta investigación ha sido posible gracias a la Generalitat Valenciana (GV PROMETEO/2008/106), el Ministerio Español de Ciencia y Tecnología (CICYT: SEJ 2004-02172/ECON y SEJ 2007/62656) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE-031). Mi grato reconocimiento al Instituto Universitario Europeo, el Social Science History Institute de la Universidad de Stanford y al Ente Einaudi por su ayuda intelectual y financiera en los albores de esta investigación. Muchas gracias a Andrea Drago por su paciencia. La autora asume la responsabilidad de cualquier error en este trabajo. La versión original en inglés se completó cuando la autora trabajaba conjuntamente para la Universidad de Stanford y la Universidad de Alicante.

3. Sobre la importancia general del crédito para el crecimiento económico en la Baja Edad Media, véase Byrne (1917, pp. 135, 169); Lopez (1976, p. 72); Pryor (1984, p. 438); y Cipolla (1993, p. 164).

4. Otros trabajos en el área del Derecho y la Economía han enfatizado el coste fijo de los juicios (Posner, 1973), los alto costes de transacción asociados al cumplimiento legal de los contratos incompletos (Williamson, 1975), la incapacidad de los deudores para pagar en ausencia de garantías (Shavell, 1984), la larga duración de los procedimientos judiciales (Djankov et al., 2003; Bianco, Japelli y Pagano, 2005) y la posible subversión de la justicia (Glaeser y Schleifer, 2003).

5. Para otras instituciones de orden privado basadas en la reputación, véase, por ejemplo, Clay (1997); Fafchamps (2004); Greif (1994b); Guinnane (2001); Hickson y Thompson (1991); Hoffman, Postel-Vinay y Rosenthal (2000); Moriguchi (2003); Rauch (2001) y Yang (2000). Las creencias ideológicas sobre las virtudes intrínsecas de la honestidad y la lealtad entre los miembros de una familia pudieron haber jugado también un papel importante. Estas cuestiones se tratan en la Sección 3.

6. Greif (1994a, pp. 937-8; 1998, cap. 8, p. 4, cap. 9, p. 10; 2006, p. 295). Las instituciones que combinan lo público y lo privado pueden tomar varias formas. Sobre otras instituciones que combinan la coerción pública y la reputación privada, véase, por ejemplo, Greif (1998, cap. 10; 2004); Greif, Milgrom y Wingast (1994); Johnson, McMillan y Woodruf (2002). Sobre el papel coordinador del sistema legal para la activación de un castigo colectivo, véase Greif (2006, p. 93); Greif, Milgrom y Weingast (1994); y Milgrom, North y Weingast (1990). Sobre la interacción entre un sistema legal disfuncional con poder coercitivo y varias instituciones de orden privado no basadas en la reputación, véase, entre otros, Dixit (2004); North (1990, pp. 35-40) y Williamson (2000).

7. Obsérvese que la institución de orden público basada en la reputación que prevaleció en Venecia se diferencia también de otras instituciones mixtas que combinan la coerción pública y la reputación privada en las que el poder coercitivo del Estado sostiene la amenaza de exclusión sobre rentas que los agentes privados genera mediante su interacción. Para una comparación entre la institución veneciana y el actual sistema de disciplina de mercado trámite la concesión/revocación de licencias pública, véase la Sección 5.

8. Sobre la tesis de Lane relativa a las rentas de protección, véase Lane (1979) y Bullard et al. (2004).

9. Véase también Lane (1967, pp. 97-8; 1973, pp. 143 y 251) y Mueller (1997, pp. 124-5).

10. Véase también Luzzatto (1952, 1962); Cessi (1963, 1965); and Lane (1966, 1973). Norwich (1989) ofrece una amena lectura sobre la Historia de Venecia.

11. Para más detalles sobre las virtudes y los sesgos de los datos, véase MRL (1940, pp. i- xxx) y Luzzato (1952, pp. 60-116).

12. Para una concisa descripción de los órganos de gobierno de Venecia y su evolución a lo largo del tiempo, véase Gasparini (2007). Véase también Cessi (1963); Lane (1973, pp. 88-117); Gaspari (1992) y Castagnetti (1995). Para una comparación con el sistema político genovés, véase Greif (1994b; 2006, cap. 6).

13. Durante más de ocho siglos Venecia sufrió tan sólo dos revueltas. Ambas ocurrieron en tiempos de excepcional malestar durante el siglo xiv y fracasaron (Lane, 1973, pp. 114-17, 173-83). Por el contrario, Génova se precipitó en recurrentes guerras civiles y en épocas cayó bajo dominación extranjera (Epstein, 1996, pp. 80-91, 325-7). Otros rivales comerciales de Venecia también padecieron varias guerras civiles o perdieron su independencia política (Lopez, 1982).

14. Para datos de población, véase Lane (1973, pp. 18-19, 73); Bairoch et al. (1988); y Epstein (1996, p. 213). Para estimaciones relativas a la riqueza, véase Lopez (1976, p. 101; 1982, pp. 326, 386). El pueblo veneciano estaba relativamente bien alimentado y disfrutaba de paz interior, sanidad pública y un sistema legal más o menos imparcial (Lane, 1973, pp. 201, 215-16, 251; Robbert, 1983, pp. 390-3 y Gasparini, 2007). Para datos sobre la distribución de la riqueza, véase Lane (1973, pp. 151-2, 332-4). Sobre las guerras entre Venecia y Génova, véase Lane (1973, pp. 73-85, 174-196). Después de la guerra de Chioggia, en la cual los venecianos emergieron victoriosos en 1381, tanto Venecia como Génova quedaron exhaustas. Sin embargo, Venecia se recuperó rápidamente, mientras que Génova cayó en el declive, probablemente a causa de las luchas entre facciones (Lopez, 1938, p. 385; 1982, p. 393; Epstein, 1996, pp. 272-3, 310).

15. Sobre los patrones y rutas comerciales venecianas, véase Luzzatto (1952, pp. 90-3); Lane (1973, pp. 68-73); Lopez (1976, p. 95; 1982, pp. 314, 389, 393) y González de Lara (2004).

16. El comercio de mercancías ordinarias dentro de Europa o en el Levante no precisaba de tan altas sumas de capital, pero era menos rentable y aún así implicaba altos riesgos (Byrne, 1917, p. 131; Lopez, 1976, p. 95 y Pryor, 1984, p. 413).

17. La apertura de los mares en invierno siguiendo la revolución náutica y una mejor organización de los mercados en ultramar permitieron realizar dos viajes comerciales al año a partir de 1290 (Lane, 1973, pp. 119-123).

18. Un barco medieval típico con una capacidad aproximada de 200 toneladas en peso- muerto (navis) requería una tripulación de 60 personas para que se considerara «armado» (Lane, 1973, pp. 46-8). Los buques de casco redondo más grandes, con una capacidad de carga de hasta 500 toneladas, llevaban una tripulación de unas 100 personas en un normal viaje comercial y de varios cientos si se armaban para la batalla (Ibid., pp. 48-9). Una galera veneciana, durante los siglos xii y xiii, normalmente llevaba de 140 a 180 hombres y, durante el siglo xiv, aproximadamente 200 (Ibid., p. 122). Un convoy típico del siglo xiii navegando de Venecia al Levante constaba de 10 a 20 navis o de otros pequeños barcos e iba acompañado de uno o dos navíos más grandes o varias galeras para su protección (Ibid., pp. 68-70, 124-131). Los barcos genoveses eran normalmente más pequeños (Byrne, 1917, pp. 131-3). Para garantizar que los mercaderes venecianos gozaran de ciertos privilegios en ultramar era preciso incurrir en ciertos costes de protección asociados a la acción naval y diplomática de Venecia (Lane 1973, pp. 23-43, 73-85; véase también la Sección 4 en este trabajo).