Kitabı oku: «Desaparecer en democracia»

Contents

1  PRÓLOGO

2  Desapariciones forzadas en democracia

3  PREFACIO

4  CAPÍTULO 1

5  Violencia institucional y represión estatal

6  CAPÍTULO 2

7  Raúl (1983-1989)

8  CAPÍTULO 3

9  Carlos (1989-1999)

10  CAPÍTULO 4

11  FERNANDO (1999-2001)

12  CAPÍTULO 5

13  Catorce desaparecidos para cuatro presidentes

14  CAPÍTULO 6

15  NÉSTOR (2003-2007)

16  CAPÍTULO 7

17  CRISTINA (2007-2015)

18  CAPÍTULO 8

19  MAURICIO (2015-2019)

20  CAPÍTULO 9

21  ALBERTO (2019-2021)

22  CAPÍTULO 10

23  Desaparecidos originarios

24  EPÍLOGO

25  Anexo

26  Distintas miradas sobre los desaparecidos en democracia

27  DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA (1983-2021)

28  Informe de Correpi

29  AGRADECIMIENTOS

30  Bibliografía

Landmarks

1  Cover

Meyer, Adriana

Desaparecer en democracia : cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina / Adriana Meyer ; prólogo de María del Carmen Verdú.

1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Marea, 2021.

Libro digital, EPUB - (Historia urgente / Constanza Brunet ; 88)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-8303-68-0

1. Desaparecidos. 2. Víctimas de Violación de los Derechos Humanos. 3. Democracia. I. Verdú, María del Carmen, prolog. II. Título.

CDD 323.044

Edición: Constanza Brunet

Coordinación editorial: Víctor Sabanes

Corrección: Brenda Wainer

Diseño gráfico de tapa e interiores: Hugo Pérez

Fotografía de tapa: Marcha por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, en Carmen de Patagones, Buenos Aires, julio de 2020. Foto de Vanesa Schwemmler.

© 2021 Adriana Meyer

© 2021 Editorial Marea SRL

Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Tel.: (5411) 4371-1511

marea@editorialmarea.com.ar

www.editorialmarea.com.ar

ISBN 978-987-8303-68-0

Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

A mis viejos, a mis hijos.

A Ani.

PRÓLOGO

Desapariciones forzadas en democracia

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, un crimen de Estado imprescriptible que se sigue cometiendo mientras las víctimas no aparecen, y se profundiza cuando la impunidad las vuelve a desaparecer.

El 24 de diciembre de 1983, José Luis Franco, de 23 años, fue visto cuando era detenido, en la ciudad de Rosario, por el comando radioeléctrico que lo trasladó a la comisaría 11ª. Un hábeas corpus que denunció su desaparición tuvo resultado negativo. Tiempo después, su cuerpo masacrado apareció en un descampado y la policía provincial comunicó que fue “muerto en un enfrentamiento”. Apenas catorce días después de la asunción del presidente Alfonsín, se inauguraba así la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia, que suma más de 200 casos.

En los años siguientes hubo una docena más de situaciones semejantes, es decir, personas que fueron vistas por última vez cuando eran detenidas o estaban bajo el poder de hecho de las fuerzas de seguridad, cuyos cuerpos fueron desaparecidos en la tortura u otra forma de asesinato bajo custodia. Sin embargo, no se hablaría públicamente de “desaparición de personas” hasta mucho tiempo después, y todavía sin admitir algún grado de sistematicidad de esa modalidad represiva en tiempos de gobiernos constitucionales.

Ni siquiera la desaparición, en enero de 1989, de Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Samojedny y Pancho Provenzano tras la represión en el Cuartel de La Tablada –cuidadosamente cajoneada por el secretario ad hoc del Juzgado Federal de Morón, un por entonces ignoto Alberto Nisman– logró ser reconocida como tal hasta hace muy poco tiempo, soslayando incluso las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la causa Abella v. Argentina el 18 de noviembre de 1997, que el Estado argentino incumplió. Fue necesario llegar al juicio oral, que tuvo sentencia en abril de 2019, para probar judicialmente que los cuatro fueron capturados con vida, asesinados y sus cuerpos desaparecidos. La condena a prisión perpetua del ex general del Ejército Alfredo Arrillaga, sin embargo, no fue por el delito de desaparición forzada seguida de muerte, sino por homicidio agravado por alevosía, y hasta hoy no se ha condenado a nadie por las otras tres desapariciones acreditadas.

Un puñado de desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad empezaron a taladrar el muro de invisibilización en los 90, en algunos casos a nivel nacional, en otros apenas si local, gracias al impulso de sus familias y de la creciente militancia antirrepresiva: Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Paulo Guardati en Mendoza; Héctor Gómez y Martín Basualdo en Entre Ríos; Andrés Núñez y Miguel Bru en La Plata; Diego Rodríguez Laguens en Jujuy; César Mansilla en Tucumán. Para 1997, cuando la policía mendocina desapareció a Sebastián Bordón en El Nihuil, Mendoza, algunos medios empezaron a desempolvar la palabra DESAPARECIDO, y se repitió, ya en el siglo xxi, con Iván Torres y muchos otros. Sin embargo, solo con la segunda desaparición de Jorge Julio López, en septiembre de 2006, y la de Luciano Arruga, en enero de 2009, se empezó a percibir de manera más masiva que también en democracia desaparecen personas, y fue más rápida la reacción popular cuando fueron desaparecidos Santiago Maldonado, Luis Armando Espinosa y Facundo Astudillo Castro.

El recorrido cronológico que propone este libro permite reconstruir no solo la historia de las desapariciones en democracia, sino la lucha por el reconocimiento de esa modalidad como sistemática también en democracia. Claro que, en esta etapa, hay características diferenciales, como la autoría por parte de las fuerzas de seguridad en lugar de las fuerzas armadas, y por supuesto su muy menor incidencia cuantitativa. Pero subsisten en todos estos casos los elementos centrales de la desaparición forzada de personas: la intervención activa del aparato estatal y el ocultamiento de los cuerpos.

De esos más de 200 casos registrados, a veces, sus cuerpos fueron hallados días o años después, pero en muchísimos otros seguimos reclamando saber dónde están. Hay un puñado de casos que sobresalen por sus particulares circunstancias, como Jorge Julio López –testigo y querellante de la emblemática causa Etchecolatz, desaparecido el día de los alegatos–; Daniel Solano –trabajador frutihortícola de Choele Choel que venía impulsando la organización sindical contra las condiciones de trabajo de híper explotación que imponía la empresa Agrocosecha– o Santiago Maldonado –primer desaparecido en el marco de la represión de una fuerza federal por un conflicto de tierras de una comunidad originaria–. Pero la enorme mayoría son jóvenes pobres, con una historia previa de hostigamiento, por denuncias que venían realizando, o personas que se resistían a ser reclutadas como mano de obra para alguna de las muchas variantes de la criminalidad policial que explotan a lxs más vulnerables.

Párrafo aparte para las mujeres. En casi todos los casos de desaparecidas con intervención las fuerzas de seguridad, igual que ocurre con los femicidios de uniforme, queda expuesto cómo se potencian, cuando se intersectan, la violencia machista y patriarcal con la represión estatal. La mayoría de las mujeres desaparecidas fueron también víctimas de ataques sexuales. Las hermanas González, Paula y María Emilia, y su amiga Verónica Villar en Cipolletti, Marita Verón, Natalia Melmann, Leyla Nazar y Patricia Villalba (el “crimen de la Dársena”), Otoño Uriarte, hasta llegar las casi 40 víctimas que así lo prueban.

Tampoco están ausentes del listado lxs niñxs, quizá con el caso de Alejandro Flores como paradigma. Alejandro, de 5 años, desapareció en 1990, cuando jugaba en una plaza de Río Cuarto, Córdoba, y se desató una tormenta. Su madre recorrió todos los caminos buscándolo. Seis años después, un policía “arrepentido” contó que, desorientado por el temporal, Alejandro había sido atropellado por un patrullero, en el que iban otros dos policías, que no lo llevaron a un hospital. Esperaron que muriera, buscaron un lugar descampado y lo enterraron. En 2009, un hecho casual permitió el hallazgo de sus restos. La causa se tuvo que reabrir, pero como se calificó el hecho como homicidio culposo, finalmente los policías fueron sobreseídos por la prescripción de la acción penal. Ninguna medida se tomó contra el comisario que, avisado por sus subordinados criminales de lo sucedido, les ordenó llevar el patrullero a arreglar en otra ciudad para no dejar rastros del hecho. El caso es particularmente ilustrativo de por qué hablamos de política de Estado, de sistematicidad, de impunidad para el aparato represivo estatal. Lo que inicialmente fue un accidente de tránsito, incluso con chance de sobrevida para el nene atropellado, fue convertido en una desaparición forzada porque sus autores eran policías. Nadie sin el monopolio de la fuerza pública podría haber concretado la desaparición del cuerpo, la cooperación del comisario para ocultar los daños en el patrullero, el silencio impuesto por la superioridad a toda la comisaría, que cuando fue roto por el “arrepentido” le valió la exoneración e imputación por falso testimonio. El accidente devino un crimen de Estado. Lo desaparecieron los policías, el Estado es responsable.

Este libro es de una importancia fundamental. El repaso de los casos permite sacar conclusiones, potenciadas porque no es un trabajo teórico desde la torre de marfil, sino un relato vivido en primera persona, a partir del profundo involucramiento de su autora, desde su lugar de trabajadora de prensa, con las luchas antirrepresivas. No es casualidad que haya conocido a Adriana Meyer allá por 1991, cuando todavía era estudiante de la carrera de Comunicación Social, y estaba cubriendo, en Congreso, una de las primeras marchas tras la detención ilegal, tortura y muerte de Walter Bulacio. Ahí nos vimos por primera vez, entre consignas y pancartas, y nos seguimos viendo y conociendo por los siguientes treinta años, siempre en la calle, nunca en un shopping.

Aquella piba estudiante creció hasta ser hoy referencia ineludible en su oficio, una cronista comprometida con la verdad y la justicia, la de veras, no la formal del aparato judicial. Una trabajadora de prensa que informa, con precisión y chequeo, y no permite que le hagan dejar sus ideas y principios en la puerta de la empresa editorial. Así le va a veces en este mundo, pero por lo mismo tiene, además de mi cariño, mi respeto, por lo que pueda valer.

Gracias a la autora por permitirme introducir este trabajo.

María del Carmen Verdú,

militante de Correpi

Marzo de 2021

PREFACIO

Tenemos una larga lista de desaparecidos en gobiernos

constitucionales y seguimos pidiendo la aparición con vida

de todos ellos. Que cada uno se haga cargo de los suyos,

las autoridades que participaron fueron todas cómplices.

Nora de Cortiñas,

12 de agosto de 2017, Plaza de Mayo,

acto por la aparición con vida de Santiago Maldonado

Aquella fría tarde terminó de hablar Andrea Antico, una de las cuñadas de Santiago, y una militante que ofició de locutora daba por terminado el encuentro cuando Norita empezó a moverse sobre el improvisado escenario hasta que logró acercar su pequeña humanidad a uno de los micrófonos, mientras desde abajo gritaban su nombre para que la dejaran hablar.

“Aparición con vida ya”, pidió que gritaran junto a ella, y siguió “aparición con vida de Jorge Julio López ya, de todos los desaparecidos durante los años de gobiernos constitucionales, le decimos al Gobierno que las desapariciones son responsabilidad del Estado y de cada gobierno que participó en ellas, es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, es un reclamo que no abandonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos, tienen que renunciar la Bullrich y Noceti, que aparezca ya Santiago”. El testimonio, subido a la red de redes, muestra el cierre del acto con el cartel que sostenía Vanesa Orieta –de pulóver rojo y crema, con el gesto adusto– al costado izquierdo del escenario. “Todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen en ‘democracia’”, podía leerse escrito con aerosol negro sobre una gran tela blanca. A su lado, el imprescindible Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA y militante por los derechos humanos.

Norita de Cortiñas, otro faro imprescindible, había estado en enero de 2017 en la Pu Lof de Cushamen, cuando la comunidad mapuche fue reprimida a balazos de plomo. Por eso, cuando desapareció Santiago ella ya sabía de qué hablaba. “Hay un desprecio hacia las comunidades por parte del Gobierno, hasta el presidente dio respuestas hirientes hacia la familia y todos nosotros. Basta de negacionismo, la desaparición de una persona es el crimen de crímenes, se priva a la persona de todos sus derechos, la familia no sabe nada, pensamos que estaba erradicado, pero a este Gobierno [de Mauricio Macri] le molestan las palabras derechos humanos, hay amenazas en los colegios y en las fábricas para que no se hable de Santiago. Yo personalmente vi el lugar donde levantaron a Santiago, es un lugar a la orilla del río donde él no pudo cruzar, lo arrinconaron y lo golpearon, no pudo hacer nada”, dijo un jueves en la tradicional ronda a la Pirámide de Plaza de Mayo. “En esta plaza pedimos cada jueves por López, por Iván Torres, porque Santiago no es el primer desaparecido, Argentina fue condenada por la desaparición de Iván en 2003, en un gobierno constitucional, y ahora en este caso no quieren acatar lo que dice la OEA y la CIDH, basta de hostigamiento a sus padres diciéndoles que está en tal o cual lado, como nos hacían a nosotras, la ministra se ofendió porque le dijeron que eran épocas parecidas a la dictadura, pero a nosotras esta metodología infame nos hace volver al pasado”.

La ministra era Patricia Bullrich, y vaya si se ofendió. “Váyanse a la mierda, les contesté a todos; lo tomé por un brazo a [el ex ministro de Justicia Germán] Garavano y le dije: ‘Terminemos con esto’. Y así nos fuimos a otro piso y dejamos la reunión”, describe Bullrich en su libro Guerra sin cuartel. Se refiere a una reunión con los organismos de derechos humanos, en los días más tensos por la desaparición de Maldonado.

“Lo único que buscaban eran dos palabras mágicas: ‘desaparición forzada’. La reunión se fue poniendo cada vez más caliente. En determinado momento, Lita Boitano, presidenta de la agrupación Familiares de Desaparecidos, dijo: ‘¡Ustedes tienen a Maldonado; entréguenlo!’”, sigue relatando en su libro la actual presidenta del PRO. El desplante de la eterna ex funcionaria resume buena parte de las respuestas estatales cuando en las calles se vuelve a escuchar “aparición con vida”. Este trabajo se propone recorrer las desapariciones forzadas en democracia, bajo la hipótesis de que las sucesivas administraciones han variado las formas, pero no lo sustancial, para evitar que sigan sucediendo.

Mientras escribo estas líneas hay otro pibe denunciado como desaparecido, cuyo caso permitirá hacer una radiografía de cómo reacciona el poder de turno y la sociedad, ambos desconociendo que suman más de doscientas las personas que ya no están según el listado elaborado tras décadas de recopilación de datos por parte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), tomado de base para este libro. Desde 1996 esa organización presenta su Archivo de Casos actualizado, acto que se convirtió en un hito anual de denuncia de la real extensión de la represión estatal.

La voz de Norita de Cortiñas podría ser la de Ariel Garzi, la de Sergio Maldonado, la de Vanesa Orieta, la de tantos y tantas familiares de víctimas de la denominada violencia institucional, eufemismo de represión estatal. (Algunas de esas voces tienen otro nombre porque pidieron permanecer anónimas). “A las víctimas se las escucha”, dicen condescendientes algunos panelistas expertos en policiales antes de despacharse en televisión con teorías opuestas a aquello que dicen las víctimas en los momentos más calientes de los casos resonantes. Si acaso hubiera un norte para quienes seguimos sintiendo un dolor en las tripas ante cada desaparición, ese sería que el periodismo haga un salto de calidad al abordar estos casos, porque en la definición misma de este complejo delito surge que los agentes del Estado despliegan su encubrimiento sobre lo sucedido, siempre. Así como hay una especialización en géneros, sería deseable una en “violencia institucional”. No pocos periodistas obtienen “primicias” de sus fuentes policiales, y así consolidan y legitiman el encubrimiento.

Con el paso de los años sigue ocurriendo, casi como un modus operandi, que la misma fuerza policial o de seguridad sospechada sigue interviniendo en las primeras horas de las investigaciones judiciales, y en todos los casos encubren de variadas maneras pero con un denominador común: tapar lo sucedido, distorsionar los hechos, desviar el eje lo más lejos posible del lugar, ensuciar al desaparecido. Otro elemento que se repite: las veces que aparecen cuerpos y pertenencias es en sitios ya rastrillados, es decir con la fuerte sospecha de haber sido plantados. Las estadísticas revelan un patrón común de víctimas, jóvenes varones pobres de barrios humildes.

“No existen los desaparecidos en democracia, eso era en dictadura...”, repetían de manera acrítica compañeros colegas fanáticos kirchneristas porque Néstor en privado había dado la orden de salir a decir eso. Pues vaya si existen, los hubo antes de aquel momento cuando el debate en los pasillos de una radio era sobre Jorge Julio López, y los hubo después. Bien informada, Cortiñas aludía al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitido en 2011 contra el Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres Millacura. Esa sentencia ordenó “iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar y en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido”. Cuatro años después, dieciséis policías fueron acusados y llevados a juicio, resultando condenados dos de ellos como partícipes necesarios, mientras que los demás fueron absueltos. Nunca encontraron a los autores. El caso llevó al Congreso argentino a tipificar el delito de desaparición forzada, incorporándose en el Código Penal (artículo 142 ter). Aquel fallo también ordenaba que el Estado debía elaborar un listado oficial (algo que nunca sucedió por lo cual las cifras son de la nómina de Correpi y otros organismos de derechos humanos). Tampoco cumplió el Estado argentino con la parte de la sentencia que indicaba la necesidad de elaborar un protocolo específico para la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad a la hora de abordar este delito. De hecho, el actual plan federal busca personas “desaparecidas y extraviadas”, como si fueran lo mismo.

Superado el inexistente debate sobre la pertinencia de la categoría de “desaparecido en democracia” –y con la certeza de que existe un hilo conductor en la lógica de Estado que subyace en cada una de las historias, desde las bandas residuales de la dictadura durante el alfonsinismo hasta el deshilachado pseudoprogresismo del trío Fernández, Kicillof, Berni– es posible establecer algunas diferencias, según si el hecho ocurrió en medio de un procedimiento represivo o no, si el desaparecido estuvo acusado de robar una bicicleta, se negó a delinquir para la policía o simplemente “molestaba y se les fue la mano”. Luego, como subcategorías posibles, están quienes aparecieron, pero sin vida, y solo dos que desaparecieron dos veces, en dictadura y en democracia: Jorge Julio López y Osvaldo Sivak.

Tanto Maldonado como los cuatro militantes del MTP que fueron desaparecidos, y siguen sin aparecer sus restos, durante la represión con que fue recuperado el cuartel de La Tablada, caso también con sentencia en la Corte IDH contra Argentina, ocurrieron en el contexto de la represión a la protesta. (Más allá de que fue instalada la idea de que Santiago no fue desaparecido sino que quedó atrapado en un pozo, la actividad estatal posterior negó que faltaba una persona, no la buscó sino que encubrió, por lo tanto técnicamente eso conforma una desaparición).

Un año después de la represión en el Cuartel de La Tablada, desapareció el albañil Andrés Núñez ya durante el inicio del menemismo y tres años más tarde el estudiante Miguel Bru. Pero la primera desaparición de este último período de democracia fue tan solo catorce días después de la asunción de Raúl Alfonsín: José Luis Franco, de 23 años, desapareció en la ciudad de Rosario.

Entre los “aparecidos”, es decir los casos de desaparición forzada seguida de muerte, están Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro (este último en curso con esa calificación legal).

Algunas mujeres desaparecidas por la trata de personas también integran el listado, como Marita Verón, cuando hay pruebas de connivencia de las fuerzas policiales o de seguridad.

Otros casos emblemáticos casi desconocidos son el del niño del basural del Ceamse, Diego Duarte, cuya historia fue plasmada en el libro de Alicia Dujovne Ortiz; Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje en Córdoba que tiene una obra de teatro protagonizada por Martín Slipak; Daniel Solano, el laburante golondrina salteño desaparecido en Río Negro cuyo padre Gualberto Solano, ya fallecido, se encadenó y acampó años frente a la policía igual que la madre de Iván Torres, María Millacura, en Comodoro Rivadavia; Sergio Ávila, el estudiante universitario desaparecido en Neuquén en una bailanta custodiada por personal en actividad del Ejército; Jonathan “Kiki” Lezcano, asesinado por policía de CABA, desaparecido dos meses, apareció como NN en Chacarita y César Monsalvez, un chico de 13 años desaparecido en 2013, cuyo cuerpo mutilado fue identificado seis años más tarde.

Las desapariciones en democracia no reconocen grieta ideológica o partidaria, esos remanentes del nunca desmantelado aparato represivo –aquella consigna de los años 80 incumplida– contaron con el poder suficiente a lo largo de 38 años para seguir perpetrando tal nefasta metodología aplicada de manera masiva durante la dictadura, con el efecto sobre el inconsciente colectivo de que podemos desaparecer aunque gobiernen funcionarios elegidos por el pueblo. Como dice el colega Ricardo “Patán” Ragendorfer al referirse a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por oficiales de uniforme, “es la única actividad ilícita no remunerada de las policías y fuerzas de seguridad de nuestro país”.

¿Hay que decirles a nuestros hijos que se cuiden de la policía? Este libro parte de la certeza de que en este país no existe la “policía del cuidado”, tal como la describieron durante los primeros días de la cuarentena de 2020 por la pandemia de covid-19 dos investigadores del Conicet,1 para quienes “a veces la vigilancia y el control son prácticas de cuidado, y no siempre las políticas que involucran a las fuerzas de seguridad son fascistas o suponen violencia institucional”. Para los autores del artículo de opinión, el coronavirus era una oportunidad y un desafío para la conducción política porque “es posible la apertura de una nueva forma de estatalidad que asuma un modelo policial centrado en el cuidado”. Luego de instar a “cuidar a quienes nos cuidan”, consideraron que era posible “crear un lazo social de cuidado que permita revertir el desprestigio social que tienen las fuerzas”. Los hechos demostraron que no sucedió esto sino todo lo contrario: según cifras de Correpi, hubo 411 muertes a manos de la policía, el 70% de ellas durante la primera fase del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio). La respuesta policial a tan idílica propuesta fueron balas, golpes, secuestros y desapariciones, acá cerquita en espacio y tiempo.

Una de las víctimas del control de la prohibición de circular durante la cuarentena fue el joven Astudillo Castro. Al finalizar el 2020, su madre Cristina Castro escribió un mensaje en las redes sociales dirigido al policía que detuvo a su hijo, sin nombrarlo. “La tristeza es causada por la inteligencia, cuando más entendés ciertas cosas más desearías no comprenderlas, yo estoy orgullosa del hijo que crié, siempre apostando a los derechos humanos, a la vida y la libertad, brindo por más personas como Facundo y menos como vos”.

Algunas desapariciones no llegan a la prensa, a la denuncia, no sabemos sus nombres y apellidos. El aparato represivo del Estado, tanto en dictadura como en democracia, suele estar al servicio del poder económico que detentan los grandes empresarios. Según la leyenda que circula hace siglos en las provincias del norte, “el Familiar era el perro del diablo, negro como la muerte y feroz como todo el mal del mundo. Sus ojos desprendían llamaradas de fuego y sus garras tenían la fuerza de mil hombres. Poseía un hambre que solo se saciaba con la entrega de un peón al año”. Así lo refleja el documental Diablo, familia y propiedad. Los crímenes del Ingenio Ledesma, del realizador Fernando Krichmar, basado en las muertes no esclarecidas en la empresa de la familia Blaquier. “El dueño del ingenio es todo poderoso y sus riquezas son ilimitadas porque tiene un trato con el ‘Familiar’, llamado así por el lazo de sangre que forma con el patrón y su filiación con el mismísimo diablo. El ‘Familiar’ le concede entonces fortuna, prosperidad y una gran producción de caña y azúcar siempre y cuando el patrón lo alimente con la vida de algún obrero, algunas zafras alcanza con una sola muerte, en otras para aplacar su hambre harán falta varias. Los obreros aparecen descuartizados en el campo como víctimas de un festín satánico en el imaginario de sus compañeros y en ocasiones desaparecen, siendo aplastados por un imparable trapiche, cayendo en una caldera o en un tacho de cocimiento lleno de miel en estado de ebullición sin dejar nada que enterrar del difunto”.2 A finales del siglo xix en Tucumán, los peones quedaban capturados de por vida por sus deudas, entonces la única forma que tenían de dejar el ingenio era fugándose. Los patrones tenían hombres armados que trataban de impedirlo; cuando agarraban algún fugitivo lo mataban para dar el ejemplo. Para que eso funcionase en la psicología de los peones se crea el mito, en las noches de luna llena sale el Familiar y hace desaparecer al peón más rebelde. “Durante los 70, el mito cobra peso no como una realidad, sino como una explicación metafórica a los sucesos que directamente afectaron a los trabajadores del azúcar. Así, la personificación terrenal del ‘Familiar’ pasó a ser la Triple A y sus agentes o las fuerzas militares de Videla en su Proceso de Reorganización Nacional secuestrando, torturando, asesinando y desapareciendo a los revoltosos que estaban en contra de la patronal”, explica el profesor de historia Sebastián Márquez.

Suele decirse que Felipe Vallese fue el primer desaparecido en un gobierno civil, previamente a la dictadura que comenzó en 1976. Apenas llegaba a los 20 años, en 1959, cuando Vallese participó de una de las huelgas emblemáticas del movimiento obrero en la Argentina: la del frigorífico Lisandro de la Torre, con toma incluida. Como escribió el periodista Juan Pablo Csipka en una nota inédita donde entrevistó a Ítalo Vallese, “el sueño desarrollista de Arturo Frondizi empezaba a desmoronarse y el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) daba pie a la represión de los conflictos sociales. Así, varios de los líderes de la huelga fueron llevados al Buque Granaderos, donde hubo simulacros de fusilamiento. Había entre los detenidos dirigentes de la UOM como Augusto Vandor y Lorenzo Miguel; Susana, la hija del general Valle (líder del alzamiento de 1956), el sindicalista de la carne Sebastián Borro; Vallese (obrero metalúrgico) y un joven trabajador del frigorífico, quien años más tarde descollaría al frente del gremio cervecero: Saúl Ubaldini”. El 23 de agosto de 1962 el padre de Vallese cumplía años, pero los hermanos Felipe e Ítalo no llegaron al festejo porque fueron detenidos por la Policía Bonaerense. El relato de testigos indica que Felipe resistió con todas sus fuerzas la detención y se necesitaron varios hombres para desprenderlo de un árbol de la vereda de la calle Canalejas 1776, que hoy lleva una placa en recuerdo del episodio. “Los hermanos coincidieron en la comisaría 1ª de San Martín. Un par de celdas de por medio, pudieron dialogar. Felipe Vallese había sido picaneado y estaba maltrecho por la tortura. Ítalo fue liberado por el juez Luque, al igual que otros detenidos en el operativo del 23 de agosto. El joven metalúrgico no estaba entre ellos. Los testimonios recogidos permitieron comprobar que luego de su paso por la 1ª de San Martín, Vallese fue llevado a la comisaría de Villa Lynch. Allí también habrían seguido los apremios, y hasta ahí llegó su rastro. Fernando Torres, abogado de la CGT interpuso un hábeas corpus. Los responsables del operativo debían dar explicaciones, sobre todo por haber actuado fuera de jurisdicción. Juan Fiorillo fue señalado como el jefe del operativo de la calle Canalejas. Al parecer, los policías seguían la pista de Alberto Rearte, militante de la JP. En su búsqueda de testimonios hicieron el operativo del 23 de agosto”.

Nada más se supo de Felipe Vallese y su familia comenzaba el calvario de la búsqueda. “Nos llegaron muchas versiones, desde que estaba vivo en neuropsiquiátricos, fuimos a Open Door, en Córdoba, y ahí no estaba, hasta que su cuerpo se encontraba en un cementerio”, rememoró su hermano Ítalo. Hacia 1968 se hizo una exhumación en el cementerio de Merlo, donde para mayor seguridad, se hizo una vigilia de cinco días hasta que llegó la orden judicial (¿les suena Sergio Maldonado y su esposa custodiando el cadáver de Santiago porque no confiaban en nadie?). Pero ese cuerpo no era el de Vallese. En 1965 los abogados Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde detallaron los pormenores del caso en el libro Proceso al Sistema. El oficial Juan Fiorillo dirigió el operativo en el que, en jurisdicción de la Federal, la Policía Bonaerense tomó prisionero a Vallese. Fue uno de los 39 policías detenidos por el caso, pero siguió sirviendo en la fuerza. En los 70, el comisario Fiorillo integraría los “grupos de tareas” de los que él había sido un pionero. Revistó en la Triple A y, ya en la dictadura, fue ascendido, quedando como su superior inmediato Miguel Etchecolatz, mano derecha de Ramón Camps. En los momentos más duros de la represión estuvo a cargo de la Unidad Regional de La Plata. En la comisaría 5ª de la capital bonaerense habría supervisado las torturas. Además, habría estado implicado en la desaparición del periodista Edgardo Sajón, vocero de Alejandro Lanusse. Catorce años después, en noviembre de 1976, Fiorillo participó en el operativo de cuatro horas en el que la casa del matrimonio Mariani-Teruggi, en La Plata, fue rodeada, atacada y saqueada. Allí fueron asesinados Diana Teruggi y cuatro de sus compañeros de militancia, pero la menor Clara Anahí, de 5 meses, fue sustraída con vida de la casa e introducida en el auto de Fiorillo, según la declaración de un ex policía que fue parte del procedimiento. Daniel Mariani no estaba en la vivienda, pero fue secuestrado y asesinado meses después también en La Plata.

El comisario retirado, que ya había estado detenido por la desaparición de Vallese, volvió a estar preso en mayo de 2006 e iba a ser juzgado en 2008, junto con otros represores, militares y policías, por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en el centro clandestino que funcionó en la comisaría 5ª de La Plata. Estaba imputado también por el secuestro de Clara Anahí Mariani. Pero murió en mayo de ese año. En Fiorillo se encarna esa herencia represiva de los sicarios de Estado que hasta hoy persiste.

Sin embargo, con el equipo de investigación –que integran los periodistas Daniel Satur, Juan Pablo Csipka, Gioia Claro y Soledad Segade– encontramos antecedentes previos que demuestran que Vallese no fue el primero en ser “chupado”, palabra que usan las y los sobrevivientes de la última dictadura militar, por el aparato represivo del Estado.

El médico y político rosarino Juan Ingallinella, militante en el Partido Comunista, fue detenido por la policía el 17 de junio de 1955 y murió al ser torturado sin que nunca apareciera su cuerpo. Una foto de Lenin colgaba de un cuadro en su consultorio en Rosario, donde atendía en forma gratuita a pacientes sin recursos y los ayudaba también con medicamentos, ropa y calzado.3 A principios de 1944 la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas. Ingallinella manejaba una pequeña imprenta clandestina, de modo que denunció el hecho en un volante y señaló a los oficiales responsables. Un día después del intento de golpe contra Juan Domingo Perón, el 17 de junio de 1955, una comisión policial llegó a su domicilio y lo llevó a la División Investigaciones de la Jefatura de Policía junto a varias personas. Los detenidos fueron liberados, pero Ingallinella no volvió a su hogar. Sus camaradas y su esposa Rosa Trumper reclamaron por él, pero la policía afirmó que había salido por sus propios medios de la jefatura. El 27 de julio el ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, Rafael César Tabanera, informó: “[...] habiendo llegado a establecer, en el día de hoy, por manifestaciones de empleados policiales complicados en el encubrimiento del delito, y que se encontraban preventivamente detenidos e incomunicados, como así también por otros indicios, que desgraciadamente el doctor Juan Ingallinella habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio, en el que era violentado por empleados de la Sección Orden Social y Leyes Especiales”. La violencia había sido ejercida con una picana eléctrica, admitido por la propia fuerza que se negó a entregar el cuerpo.

En 1972 el escritor Osvaldo Soriano pasó una semana con los testigos y protagonistas del crimen. “Rosa Ingallinella ve pasar los días limpios de rencor para con los asesinos a los que de vez en cuando ve por la calle o en la ventanilla del banco donde cobra su jubilación de maestra. Tiene el rostro severo pero dulce, repudia pero comprende, sube a la tribuna del Partido Comunista y arenga con voz firme aunque a veces quebrada. Con ella está la hija que hace 17 años presenció el drama, las nietas que solo conocen la imagen de aquel médico de barrio dicharachero y nervioso”, escribió.4 Ingallinella ya había sido detenido e interrogado varias veces, aquella noche se preparaba para ocultarse cansado de la rutina represiva, pero tenía como paciente a una niña en grave estado. Cuando llegaron los cuatro policías, él se estaba bañando. Lo esperaron. “No lo torturen”, rogó su suegra mientras el médico se vestía. Al día siguiente cuando Rosa fue al Departamento Central a llevarle comida le dijeron que ya lo habían liberado, ella se enojó. “Se habrá ido con una amiga, ¿no le parece?”, la provocaron. El periódico Acción publicó la noticia “sobre la desaparición de un profesional”.

Francisco Lozón (hijo), Félix Monzón, Domingo Desimón y varios encubridores son los acusados por la Justicia. “Ellos se desahogaron con Ingallinella, lo golpearon y le aplicaron picana eléctrica según confesaron más tarde. No tenían intención de matarlo, ni de arrancarle confesión alguna. Era lo de siempre: el ensañamiento feroz de un grupo de psicópatas contra un hombre indefenso. Tan indefenso se sintió Ingallinella esa noche que su corazón no soportó la bajeza y la convirtió en crimen. La única manera de dar al absurdo una dimensión histórica”, concluye Soriano.

Se sabe que en los pasillos del departamento de policía hubo corridas y búsqueda de un médico. “Según relató más tarde el abogado Guillermo Kehoe, apoderado del Partido Comunista, detenido también esa noche, torturado con picana, los hombres que lo violentaron le dijeron: ‘Con vos no es la cosa. Lo peor es para Ingallinella’. Esa noche hubo sesenta detenidos en Rosario. Todos, menos Ingallinella, recuperaron la libertad. Nunca se supo dónde fue sepultado el cadáver del médico comunista”, reza la crónica de Soriano.

El caso repercutió políticamente, trascendió los límites de Rosario y los policías fueron condenados a penas que fueron de 2 a 20 años, cumplieron los dos tercios y salieron todos por buena conducta. El 28 de febrero de 1964 Kehoe fue baleado junto a Adolfo Trumper, cuñado de Ingallinella, al salir del palacio de Tribunales y murió.

En la prehistoria de estos sucesos encontramos al albañil anarquista español Joaquín Penina, fusilado en forma clandestina el 9 de septiembre de 1930 en las barrancas del arroyo Saladillo, también en Rosario. Había viajado a Argentina por presuntos problemas con la dictadura de Primo de Rivera, y según otra versión escapando del servicio militar obligatorio en su país. El cuerpo de Penina nunca apareció, aunque dos años después una investigación del diario Democracia averiguó dónde fue sepultado como cadáver NN. “Este secuestro inauguraría la tradición argentina de las desapariciones forzadas de personas, que alcanzaría su más brutal expresión en los años 70”, puede leerse en Wikipedia. Pero la enciclopedia libre ubica esta desaparición como ocurrida durante la dictadura del general José Félix Benito Uriburu, de 1930 a 1932. En cambio, las primeras desapariciones durante un gobierno elegido en las urnas, más allá del fraude patriótico consumado en ese comicio, tuvieron lugar siete años más tarde. Las historias del herrero Miguel Arcángel Roscigna y sus dos compañeros anarquistas, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini, fueron relatadas por el escritor Osvaldo Bayer en Los anarquistas expropiadores.5 “El 31 de diciembre de 1937 termina la pena que sufren Roscigna, Paredes y Malvicini. Esa fecha está subrayada en la agenda del comisario Víctor Fernández Bazán”, escribió Bayer sobre ese verdadero “pesado” de la policía federal. “Ya está todo arreglado, el Uruguay ha rechazado el pedido de extradición pero ya hay un arreglo tácito entre las dos policías. En Montevideo les aplicarán el edicto de ‘indeseables’ y los expulsarán hacia Buenos Aires [...] En el vapor de la carrera no los dejarán ni moverse. Y de la dársena, directamente al departamento central. Los jueces Lamarque y González Gowland que entienden en la causa del asalto al Rawson y del asalto a La Central van a tomarles interrogatorio al propio Departamento, porque de allí no los sacan. Cuando por falta de pruebas se los sobresee, empieza para Roscigna, Vázquez Paredes y Malvicini el camino sin retorno. Cuando el secretario de la Comisión Pro Presos, Donato Antonio Rizzo, y la hermana de Roscigna van a inquirir al departamento de policía sobre el paradero de los tres anarquistas, un oficial les responderá que han sido trasladados a La Plata; en La Plata les informarán que están en Avellaneda, en Avellaneda que están en Rosario, en Rosario que están en la comisaría de Tandil, y así sucesivamente [...] Hasta los grupos libertarios de Barcelona envían dinero para que se continúe con la búsqueda. Se tiene la certeza de que han sido asesinados pero no se quiere abandonar la esperanza. Hasta que –pasados varios meses de la desaparición– un oficial de Orden Social se sincera con la Comisión Pro Presos y les dice en tono confidencial: No se rompan más muchachos, a Roscigna, Vázquez Paredes y Malvicini les aplicaron la ley Bazán, los fondearon en el Río de la Plata”. Sigue el autor de La Patagonia trágica: “hasta hoy no ha podido ser dilucidado este oscuro episodio. Nunca fueron encontrados los cadáveres, tal vez tampoco nunca se conozca la verdad”. El comisario Bazán fue premiado por Juan Domingo Perón en 1947 al nombrarlo subjefe de la policía federal. “Fernández Bazán será el único funcionario peronista que a su muerte ha sido elogiado por La Prensa de Gainza Paz, que en la necrológica hará también el elogio de la ley Bazán”. Ayer como hoy, no es un policía en particular, es el manual oculto marcado con sangre en las entrañas de la institución, es el sistema y la estructura del aparato represivo del Estado, y no hay grieta. Como bien afirma Cortiñas, cada gobierno tuvo los suyos.

1 Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso: “Elogio de la policía del cuidado”, Página/12, 28 de marzo 2020.

2 Sebastián Márquez: “El ‘Familiar’ en los ingenios azucareros: El mito, su origen y vigencia”, La Historia en Disputa, 18 de noviembre de 2018.

3 Osvaldo Aguirre: “El crimen de Ingallinella”, Todo es Historia, junio de 2005, núm. 455.

4 Osvaldo Soriano: Artistas, locos y criminales, Buenos Aires, Norma, 1997.

5 Osvaldo Bayer: Los anarquistas expropiadores, Buenos Aires, Planeta, 2009.

CAPÍTULO 1

Violencia institucional y represión estatal

La policía es, en general, una institución

destinada a reprimir a la clase trabajadora

por el gobierno que la comanda.

Rodolfo Walsh,

“Vuelve la secta del gatillo y la picana”, CGT, 1969.

Desaparecer en democracia

El delito de desaparición forzada de personas consiste en el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad hecha por un agente del Estado, donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y esta se niega a dar información o reconocer esa privación de libertad. Si la persona aparece muerta se agrava la pena a prisión perpetua, es decir que el hallazgo del cuerpo no cancela el crimen. Es un delito federal y en el país de los 30 000 desaparecidos de la dictadura llevamos más de 200 desapariciones en democracia.

La “existencia” de desaparecidos a partir del período institucional abierto en 1983 tomó visibilidad pública como consecuencia de la desaparición de Jorge Julio López en 2006.6 Sabemos que la dictadura asesinaba, torturaba, robaba bebés y desaparecía personas. Se los busca, se juzga a sus victimarios, se transita el camino de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Y las desapariciones forzadas en democracia? No hay registros oficiales de ellas, aparecen junto a personas extraviadas y poco conocemos sus historias. “Todos los presidentes desde 1983 hasta ahora tienen varios desaparecidos sobre sus espaldas”, dice el documentalista Patricio Escobar, quien durante la investigación para el film Antón Pirulero descubrió que había “desaparecidos en democracia por todos lados”.7 Cuando fueron anuladas las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos, el presidente Néstor Kirchner anunció el “fin de la impunidad”, pero la continuidad de este tipo de prácticas represivas puso en crisis tal afirmación. La cantidad de casos en períodos constitucionales replantea la consigna Nunca Más, porque además el Estado propicia con sus recursos su invisibilización, para que pasen a ser desaparecidos sociales. Más grave aún, sus agentes encubren, se niegan a investigar, entorpecen y generan consenso para naturalizar esas prácticas represivas, vuelven a instalar el “algo habrá hecho”: el pibe chorro, la prostituta, el terrorista. Claro está, con algunas pocas excepciones. Para la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), “si bien la desaparición forzada de personas en la dictadura fue una herramienta de aniquilamiento hacia un sector social y político organizado, en democracia estas prácticas son una forma de propiciar el disciplinamiento social de sectores populares que ya padecen políticas de hambre, miseria y exclusión”. Muchos sectores, incluidos algunos organismos de derechos humanos, sostenían que López era el primero en desaparecer en democracia. Sin embargo, no fue ni es una excepción o un crimen aislado, hubo casos previos y los sigue habiendo con diversas características cuya descripción y análisis quedarán en evidencia tras el repaso exhaustivo de cada historia de vida y muerte. Podría decirse que son un subgrupo dentro del listado de asesinados por las fuerzas represivas del Estado, donde muchísimos desaparecieron antes de que sus cuerpos mutilados, torturados y fusilados fueran encontrados.8

“La representación procesal de la familia Walter Bulacio fue asumida por un grupo de militantes independientes que, desde bastante tiempo antes, venía pugnando por instalar la cuestión de la represión policial en la ‘agenda’ del movimiento de derechos humanos y de las organizaciones populares [...] el demonio anatemizado por las organizaciones políticas vestía de verde, no de azul, y los organismos de derechos humanos no se ocupaban de ‘casos policiales’”.9 Estos militantes consideraban que “la represión explícita de la dictadura, cumplida su función de exterminio y ‘limpieza contrainsurgente’, cedía el paso a más sutiles métodos orientados preventivamente al control social”. En 1992 solo faltaba elegir el nombre.10 La abogada María del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi, coincide con Vanesa Orieta –hermana de Luciano Arruga– en hablar de represión estatal sistemática y planificada, en lugar de “violencia institucional”. Ella considera que si es institucional no es violencia, es lisa y llana represión. “Violencia institucional es que tu vieja se tenga que levantar a las cuatro de la mañana para poder conseguir turno en el hospital porque si va más tarde no la atienden. Si a todo lo llamas violencia institucional, en realidad, estás desdibujando una responsabilidad directa e intencional como lo es la de la política represiva”, dice.11 Por su parte, Daniel Satur, periodista especializado en la materia coincide, aunque con algún matiz. “Hay un uso equivocado del concepto de la violencia institucional, ya que en el Estado capitalista todas las instituciones ejercen alguna forma de violencia, incluso la escuela y el hospital, aunque al estar naturalizado no se dimensiona. Violencia institucional le viene de perillas al Estado, para circunscribir el término a los hechos extremos de criminalidad de policías o penitenciarios. Pero deja afuera al poder judicial, a las secretarías y ministerios cómplices. Tampoco tenemos un término preciso, el de represión estatal está bien en general pero a su vez no es lo mismo la represión tipo dictadura o a piquetes que un ‘suicidio’ creado en una comisaría. Es como un campo que está abierto”, reflexiona.

Desde el punto de vista jurídico, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –incorporada a nuestra legislación el 14 de noviembre de 2007 con la aprobación de la ley 26 298– define que “se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Es decir, la piedra fundamental es la participación directa del Estado, ya sea a través de sus uniformados o de bandas que cuenten con apoyo o complicidad de las instituciones estatales. Los casos desarrollados a continuación tienen estas características, con toda la perversidad que implican, y demuestran que son parte de una metodología específica que articula la desaparición, el encubrimiento, el silencio, las amenazas y las trabas a cualquier investigación con tal de garantizar la impunidad de sus perpetradores, sus superiores y sus mandantes políticos.

El mensaje siniestro que esparcen las desapariciones es la incertidumbre por la falta del cuerpo, la ausencia del derecho al duelo, el desasosiego permanente. “Es una incógnita… no tiene entidad. No está. Ni vivo ni muerto, está desaparecido”, dijo el dictador Jorge Rafael Videla, mientras se acomodaba el traje gris y movía sus manos en el aire gesticulando exageradamente.12 El impacto de la desaparición del testigo Jorge Julio López hizo admitir al ex presidente Néstor Kirchner que “aún sigue existiendo la oscuridad, porque evidentemente continúan los procesos de complicidad y porque evidentemente hay fuerzas que siguen actuando corporativamente de alguna manera, a nuestras espaldas”. Por eso los organismos de derechos humanos “críticos” con su gobierno le presentaron un pliego de reclamos. Un comunicado del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) denunciaba en febrero de 2007 las amenazas que estaban recibiendo querellantes, testigos y abogados de las causas contra los genocidas. “El presidente ha tenido que reconocer que existen grupos paramilitares y parapoliciales organizados, vinculados con las fuerzas regulares, que siguen actuando en busca de la impunidad y la amnistía. Pero no anunció ninguna medida para enfrentar esa situación. Por eso cabe preguntar, ¿cuáles son esos grupos y dónde están? ¿Por qué no los investiga, los desmantela, los enjuicia y los castiga? ¿Por qué no exonera ni investiga a los 9026 efectivos de la Policía Bonaerense que actuaron durante la dictadura? ¿Por qué no hace lo mismo con los efectivos de las fuerzas armadas, la Prefectura, la SIDE, la Gendarmería y las demás policías vinculadas al genocidio?”. Un mes después fue el turno de Daniel Scioli, cuando en una reunión los y las militantes de derechos humanos le pidieron que echara a los efectivos que habían revistado en centros clandestinos de detención (CCD) de 1976 a 1983, que se revisaran los nombramientos de los nuevos jefes departamentales, 12 de ellos formados en dictadura, que fueran inhabilitadas las agencias de seguridad que tuvieran represores en sus filas y que se prohibiera a exonerados formar parte de nuevas agencias porque consideraban que era un ejército de 120 000 hombres. “La lucha de ustedes es nuestra lucha, estamos por la memoria, la verdad y la justicia”, respondió Scioli. Tampoco pasó nada. En noviembre de 2006 en La Plata más de 3000 personas habían marchado para exigir que “no haya un solo desaparecido más en democracia”. Diez años antes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya había denunciado que la práctica de desaparición de los cuerpos venía siendo aplicada en reiterados casos por la Bonaerense y otras fuerzas policiales.13

¿Resabios o continuidad?

A partir del 10 de diciembre de 1983 las únicas tareas democráticas pendientes aparentaban ser el reclamo de juicio y castigo a los represores, y la pelea por la libertad de los presos políticos. Sin embargo, ensombrecidas tras el esplendor de las “libertades democráticas” recuperadas, se sucedían cotidianas violaciones a los derechos humanos.14 Las razzias policiales en barrios y villas o durante actividades populares como partidos de fútbol, bailes o recitales eran algo de todos los días, pero sus víctimas no eran militantes gremiales, políticos o estudiantiles sino pibes jóvenes, pobres y morochos, desertores del secundario y con dificultades para conseguir trabajo, que se juntaban con amigos a compartir una cerveza y quizás un porro, y que se convirtieron en blanco de la presencia policial en las calles con el recurso del gatillo fácil con la excusa de “prevenir el delito”. La otra categoría, los “pibes chorros”, servían para engrosar estadísticas con el objetivo de reclamar más atribuciones para la policía y leyes penales más severas. Ya no había CCD donde detenidos-desaparecidos fueron sistemáticamente torturados y eliminados. Pero los presos comunes en las cárceles y los detenidos y demorados en comisarías eran objeto permanente de aplicación de tormentos. “Los golpes, el submarino, la ‘bolsita’ [submarino seco], la picana y otros suplicios no desaparecieron sino que se replegaron a sus orígenes, las cárceles y las comisarías, desde donde habían salido una década atrás junto con sus custodios históricos, policías y servicios penitenciarios, que oficiaron de instructores de sus jefes militares”.15 Diferentes vertientes teóricas adjudicaban estos “excesos” a algún “loco suelto, manzana podrida o psicópata reclutado por error”, o directamente a la “herencia” de la dictadura. “Presentar al gatillo fácil16 o las torturas como un resabio de la dictadura que la democracia no ha sabido resolver aprovecha alguna verdad a medias, y fundamentalmente despega de la responsabilidad directa al gobierno de turno como autor de una política de Estado”.17 Aunque subordinadas a los mandos militares, las fuerzas policiales fueron actores represivos durante la dictadura, y muchos cuadros policiales de esa época sobrevivieron durante décadas en sus instituciones. Rubén Lofiego, Antonio Musa Azar, Jorge Tejerina, Osvaldo Somohano, Mario Mijín son algunos de ellos. Parecía algo más que una herencia. “El discurso de Eduardo Luis Duhalde18 parte de una verdad, estas cosas sucedían durante la dictadura, pero lo que niega al omitirlo es que siguieron ocurriendo después de 1983 no por simple transmisión de una cultura autoritaria, sino por una necesidad represiva del estado burgués, en democracia o en dictadura”.19

Sin embargo, un amplio sector de organizaciones no gubernamentales se enfocó en la necesidad de “democratizar” la institución policial para evitar “abusos” de “individuos contaminados”, en la tesis de Guillermo O’Donnell de que Estado e instituciones son cosas diferentes. Así se trataría tan solo de un autoritarismo naturalizado por rutinas burocráticas.20 Consultada por los documentalistas Escobar y Finvarb, Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Cels, manifestó que “no es la misma práctica de la dictadura, es distinta, con consecuencias similares de desaparición forzada con otros números, pero el Estado tiene que hacerse cargo de que existe, aun en democracia, porque esa práctica está explicada no por el plan centralizado de cinco tipos que arriba dijeron hay que salir a desaparecer pibes sino por las propias dificultades, déficit, mal funcionamiento, problemas estructurales de las policías y los poderes judiciales”.

Otra mirada tiene la abogada Verónica Heredia, que intervino en los casos de las desapariciones de Iván Torres y Santiago Maldonado, entre otros. “De un lado es la misma franja de la sociedad que queda atrapada en la desaparición forzada, chicos pobres de barrios marginales, y del otro lado es el Estado, toda la gente que comete desaparición forzada en Argentina cobra un sueldo en blanco, acá no hay paramilitares. Entonces empezamos a pensar que había algo de sistemático. Viene un policía y deja una carpeta sobre el escritorio de la fiscal, que tiene despacho con aire acondicionado y anda llena de oro. La causa está resuelta por la policía. Entonces pasa de largo, nadie se molesta en verificar nada. En cambio, si viene un muchacho alto de dos metros, colorado como un vikingo, ahí sí se para todo. El policía cuando está torturando sabe que hay un fiscal que lo va a avalar, y ese fiscal sabe que hay un juez que lo va a avalar, y ese juez sabe que hay un poder ejecutivo que lo va a avalar, y ese poder ejecutivo sabe que hay una Cámara de Senadores y de Diputados que lo va a avalar, ese es el Estado. Entonces ante una desaparición forzada todos están sospechados”, dice con énfasis en cada palabra. En el mencionado documental, la ex jueza Marisa Bosco, que intervino en el caso por la desaparición de Daniel Solano en Río Negro, admitió que “si desaparece mi hijo de clase media habrá mucha más atención”. Y agrega: “Hago el mea culpa, no nos comprometemos lo suficiente, miramos para el costado, meterse en este tema trae problemas, no es gratis”. Del mismo modo, la jueza Irma Lima dijo que ella conocía a los menores a su cargo y sabía cuándo decían la verdad. “Pibes que vienen golpeados de la cabeza a los pies, en eso tengo puesta la camiseta contra la policía, hay tipos que tienen el cachetazo libre, que se creen que tienen total impunidad”.21

Una breve mirada histórica permite ver que la brutalidad policial no comenzó con la dictadura de 1976. A finales de los años 50 los uniformados en territorio bonaerense conformaron brigadas especiales para combatir a una nueva generación de maleantes, que usaban una media de nylon en la cabeza y usaban un apodo antes de su apellido. Así, empezaron a aparecer cadáveres en los pajonales, con las muñecas atadas y un tiro en la nuca. En esos días ya habían convertido a una red de negocios, pactos y extorsiones en su modo de supervivencia. Los ensayos de intervención civil fallaron. En 1965 la revista Siete Días publicaba que “la policía de la provincia de Buenos Aires mata por la espalda, sus hombres aparentemente disciplinados entran en componendas con la delincuencia, se ensañan con los débiles y han llegado a la perfección del matonismo. Incomprensiblemente no sienten vergüenza de ser señalados como ladrones, cobardes y asesinos por la población”. Esa cultura incluye salir de fierros, en otras palabras, lanzarse a la cacería de gente sospechable de algún delito, lo que el penalista Elías Neuman definió como pena de muerte extrajudicial. Ya por entonces surgía como un problema la norma que los obliga a ir armados fuera de servicio, son muchos los hechos fatales provocados por policías solitarios y de franco. También eran, y siguen siendo, femicidios agravados los que son cometidos con sus armas reglamentarias.

Ese perfil se intensificó hasta un límite satánico en la década siguiente, durante el paso del general Ramón Camps por la fuerza porque “los Patas Negras [como llamaban a los policías bonaerenses] tenían asignado un papel preponderante en el organigrama de la represión ilegal”. Y el regreso a la democracia los liberó de la perturbadora tutela militar para tener vía libre en sus negocios y para perfeccionarlos. “El poder corporativo de los uniformados siguió en alza, pese a ciertos quijotescos intentos de ponerlos en caja, como fue a fines de los 80 la trunca purga policial impulsada por el ministro de Gobierno Luis Brunatti”.22 Del mismo modo fracasaron los intentos posteriores, quizás porque estuvieron signados solo por urgencias electorales, pero sobre todo por su ligazón con la política. Cuando fue el turno de las reformas de León Arslanián, en un solo día recibieron 74 llamadas de jueces e intendentes que pedían que no se expulsara a determinados policías. Poco antes, el ex subsecretario de Seguridad Marcelo Saín había pateado el tablero al declarar que “buena parte de la política de la provincia se financia con la corrupción policial”. Difícil entonces ponerle el cascabel a semejante gato. Sin embargo, esto no escandalizaba a las mayorías, algo así como “roba pero hace” con uniforme. De hecho, en territorio bonaerense algunos personajes de uniforme llegaron incluso a ser intendentes por el voto popular, como Luis Patti y Aldo Rico. Para la socióloga y especialista en criminología Alejandra Vallespir no hay una policía buena y una mala, sino una institución que tiene una doble adscripción, un dispositivo corrompido porque “esta corrupción fue funcional al poder político desde tiempos inmemoriales, sin importar a quién le tocó ser bueno o malo, al interior de la fuerza esos roles se intercambian todo el tiempo”.23 Según el Cels, la corrupción policial se apropia de recursos en provecho personal pero también implica “la fabricación, ocultamiento y destrucción de pruebas, la brutalidad y el amedrentamiento de testigos”.24 Las sucesivas depuraciones fallidas no impidieron que los cuadros de la Bonaerense hundan sus raíces en los años del terrorismo de Estado.

Para la segunda mitad de 1993 el espionaje ideológico realizado por la policía en toda la provincia expuso los lineamientos profundos de la política del gobernador Eduardo Duhalde; la desaparición de personas a manos de los Patas Negras, denunciadas en el informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, era apenas la punta del iceberg, dicen los periodistas Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil, porque luego vendría el atentado contra la AMIA y el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. En febrero de 1996 se produjo una feroz represión a estudiantes en La Plata, que repercutió en los medios por el pañuelo de Hebe de Bonafini manchado de sangre tras haber sido herida por un cascotazo. La brutalidad policial parecía crecer sin freno: disparar indiscriminadamente contra la multitud, reprimir desde las sombras, confundir a un inocente con un ladrón, paralizar de un tiro a modo de persecución eran cosa diaria.25

De manera más reciente, en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de covid-19 fue desaparecido Facundo Astudillo Castro. “El carácter relevante que tomaron las fuerzas de seguridad debió ejercerse con el eje focalizado en el cuidado de las personas y de la salud pública, que tenían encomendados tanto las policías como la propia justicia federal”, dijo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en esa causa, en la cual pueden verse todas las actas por infracción del artículo 205 del Código Penal en el marco de la pandemia, “las que arrojan la presencia de una fuerte selectividad policial [...] y exponen que el control fue selectivo, clasista y racista, se aplicó a personas humildes, la mayoría de nacionalidad boliviana o paraguaya, pero también jornaleros de otras provincias (misioneros, correntinos, salteños, jujeños, santiagueños, mendocinos) y en una ínfima proporción a las personas nacidas y criadas en Mayor Buratovich y de clase social media o media alta”.26

Desde lo estrictamente normativo, las reglas de la Policía Federal datan de la Revolución Libertadora de 1955 y del Proceso de Reorganización Nacional de 1979.27 En tanto, el Estatuto de la Policía Bonaerense data de la época del genocida Ramón Camps. El bautismo de fuego de esa fuerza, paradójicamente creada por Juan Domingo Perón una década antes, habían sido los fusilamientos de José León Suárez en 1956. Ya con el golpe del general Juan Carlos Onganía “los Pata Negra quedarían al servicio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuya aplicación estrictamente policial fueron el gatillo fácil indiscriminado, la picana, la rapiña y el abuso de poder como sistema”.28

Desde el punto de vista político, el jurista del alfonsinismo Carlos Nino afirma que “la herencia que suponen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado es uno de los obstáculos más grandes de los procesos de democratización. Estas violaciones suponen el mal absoluto, o lo que [Immanuel] Kant llamó ‘mal radical’ [...] Hannah Arendt afirma que es muy poco lo que sabemos acerca de la naturaleza del mal radical [...] sustancialmente muestra la dificultad de responder al mal radical con las medidas ordinarias que aplicamos a los criminales comunes”.29 Sobreviviente de los campos de exterminio y politóloga, Pilar Calveiro analizó de manera profunda y sin caer en el panfleto que “la tradición castrense traía consigo una cultura basada en el castigo físico, el miedo y la obediencia a través de la cadena de mandos”. Fue esta la matriz que engendró, según Calveiro, al campo de concentración. El interrogante que planteamos al abordar las desapariciones que se siguieron produciendo tiene que ver con esa matriz. “Una de las estrategias del terror consiste en que este se mantenga oculto pero dejando entrever una porción de su horrible rostro. El efecto: la parálisis, ya no solo del prisionero en el campo de concentración, sino de toda la sociedad. La parálisis ‘compromete’ al ciudadano y el aparato represivo rápidamente lo convierte en cómplice que termina reproduciendo la dinámica del terror”. ¿Cuánto de aquello persiste cuando las violaciones a los derechos humanos desplegadas por aquel terror han dejado de ser masivas? ¿Si fue posible juzgar y seguir juzgando a represores y genocidas, por qué aún el Estado no sabe, no quiere o no puede impedir nuevas desapariciones y buscar de manera eficaz a sus desaparecidos?

Una vez más la respuesta está en las palabras de la abogada Heredia, a días de la desaparición de Maldonado. “Acá estoy, llena de impotencia, acompañando otra vez a familiares y viendo que no han hecho nada en todos estos años para que no pase una nueva desaparición forzada, o para que si sucede haya instrumentos para dar respuesta, no hay ninguno luego de la condena del país ante la Corte IDH en el caso de Iván Torres, no se estableció ningún mecanismo ante este delito, tomaron medidas ineficaces como la recompensa, un alerta de persona extraviada o una recompensa, no hay banco de datos ni registros. Habíamos pedido que se estableciera una base de datos de desaparecidos en democracia en Argentina, y nada. Santiago no es ni el segundo ni el tercero, el Estado no asume la desaparición forzada en democracia, desde aquella condena no se tomó ni una sola medida. Cuando me preguntan si Santiago puede estar vivo digo lo mismo que con Iván, con Sergio Ávalos, con Luciano Arruga, con César Monsalvez… no puedo creer estar haciendo todo esto una vez más”.

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El 2 de abril de 2013 hubo una impresionante inundación en La Plata, con gran cantidad de muertos, que finalmente fueron muchos más de lo que se informó oficialmente. Una investigación de María Soledad Escobar, experta en informática, determinó que hubo entierros de cuerpos con falsa identidad. “La investigación nos llevó mucho más allá y dejó expuesto el procedimiento de la policía para deshacerse de un cadáver, matan un pibe en un patrullero, lo entierran con falsa identidad y no lo ves más. Un cuerpo tirado al río, el río lo devuelve, en lugares expuestos en general terminan apareciendo, en un cementerio no lo encontrás más”, dice Escobar. “Uno de los métodos es a través de un pedido de exhumación judicial, llevan el cuerpo a la morgue y después para volver a enterrarlo piden inscribir la defunción de nuevo. Algo absurdo porque ya está inscripta. La policía así obtiene licencias de inhumación. ¿Para qué les sirve? Para entrar a un cementerio con un cajón y enterrar cualquier persona con cualquier identidad. Encontré más procedimientos para lograr lo mismo, hacer desaparecer un cadáver. Esto se realizó en la morgue policial el 10 de abril estando presentes el juez de garantías Guillermo Atencio, por orden de Ricardo Casal. Estaba el fiscal de la causa. Había Corte, procuración, poder político y policía. Mientras se labraba el acta en una computadora, en otra crearon otro archivo llamado ‘archivo fantasma’ donde pusieron un listado de 16 cuerpos que en la morgue no estaban para tramitar estas inscripciones falsas y enterrar cadáveres con falsa identidad. ¿Qué obtiene la policía con estas maniobras? Licencias de inhumación para cuerpos que no tiene. ¿Por qué hay una morgue en un cementerio? ¿Por qué las morgues las maneja la policía?”, se pregunta azorada la experta. Semejante escenario no solo deja vía libre a la desaparición intencional de una persona sino también a la imposibilidad de encontrar a alguien que muere sin sus datos de identidad.

El antropólogo Alejandro Incháurregui dijo a la periodista Mona Moncalvillo, en una entrevista de junio de 1992 en la revista Humor que “los cementerios fueron los primeros sitios donde pretendieron hacer desaparecer cadáveres durante la dictadura, implicaba no solo enterrar un cuerpo sino enterrar un pedazo de nuestra historia, en muchísimos cementerios hubo inhumaciones irregulares de N.N.”. Con toda esta intensa historia como experiencia, resulta increíble que aún no haya un registro único nacional de personas fallecidas sin identificar, es decir N.N. “La parte administrativa del Estado, que depende de los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales, es una burocracia ramificada de dependencias, circuitos y archivos incapaz de garantizar que una persona que muere en la calle, o en las vías del tren, o que fue asesinada y descartada en un baldío pueda reencontrarse con su identidad”.30 La abogada Natalia Federman trabajaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación y fue quien rescató las huellas de Luciano Arruga que nadie encontraba o buscaba. Según su experiencia, “las burocracias que gestionan la información sobre las muertes de personas no identificadas no valoran esos documentos como portadores de la historia de alguien que falta, como portadores de la certeza de una muerte que alguien llorará”.

Nunca pudo ser identificado el cadáver N.N. que apareció en Punta Lara, un día después de la desaparición de Jorge Julio López y a la misma hora que se dictaba la condena al genocida Miguel Etchecolatz. Era un cuerpo calcinado que apareció boca abajo, con un cable en el cuello, cerca de un arroyo sobre Camino Negro. “Igual que hacía la Triple A”, dijeron los sobrevivientes. Cuando desapareció Diego Duarte en el basural del Ceamse, al poco tiempo apareció un cráneo que tampoco logró ser identificado. Días después del hallazgo de los restos de Facundo Astudillo Castro aparecieron huesos de otra persona no identificada. Dentro del calvario que padecen las familias de los desaparecidos una constante es correr ante cada hallazgo de huesos, tolerar que la falta de la sistematización profundice su incertidumbre, como si hubiera una dimensión de cuerpos sin identificar que alimentan sus esperanzas.

El encubrimiento como constante

Tapar las propias huellas, negar, distorsionar, omitir, interferir, destruir evidencia son todas las acciones que despliegan los agentes del Estado inmediatamente después de una desaparición. Y suelen actuar en bloque el poder ejecutivo y el judicial en esta misión de hacer “desaparecer la desaparición”. El modo en que funciona el Estado, de facto o en democracia, hace que no pueda responder ante una desaparición, cualquiera sea su ideología. “El encubrimiento forma parte del tipo penal de desaparición forzada, que es ocultamiento de la información, la autoridad es el Ministerio de Seguridad, es el poder federal. Es la complejidad de un crimen de Estado donde hay que ver todo en conjunto, no dividir en decenas de expedientes. En Inglaterra o Estados Unidos hay ‘jurados de investigación’, juzgan el hecho como una muerte en una comisaría, determinan si debe ser juzgado como crimen en lugar de que sea una decisión administrativa. Tendría que haber jurados populares de investigación para este tipo de crímenes, una comisión investigadora independiente, aunque no parlamentaria”, apunta la abogada Heredia. La desaparición estuvo presente en el menú represivo desplegado durante la recuperación del cuartel de La Tablada, asaltado por un grupo del MTP en enero de 1989, a finales del gobierno de Raúl Alfonsín.31 “La desaparición forzada en democracia cobra un significado distinto. ¿Qué esferas de poder operan para hacerla posible? ¿Cuáles mecanismos se ponen en funcionamiento cuando la responsabilidad militar queda, incluso, fotografiada? El encubrimiento es la palabra clave de este proceso, político, judicial, mediático y policial”, dijo el periodista y escritor Hugo Montero.32

Viviana Alegre, la madre del desaparecido cordobés Facundo Rivera Alegre, es clara al mencionar las similitudes entre las historias: “Que nos hayan investigado a nosotros, las víctimas. O que lo busquen donde no está, como en España, porque el padre vivió ahí, como cuando de Santiago decían que estaba en Chile. Como dice el abogado Leandro Aparicio, tienen un manual, que ya va a aparecer porque se fue de joda”. El fallo de la Corte IDH que condenó a Argentina por la muerte de Walter Bulacio marcó la importancia de que no se produzca la impunidad en estos casos porque esta genera “la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos”.

Aunque cada fuerza tiene alguna variante específica, el “manual del represor reciclado y sus amigos judiciales” podría contener esta síntesis de acciones:

• En las comisarías no toman la denuncia a los familiares de la persona desaparecida.

• Siempre afirman que la víctima estaba en otro lado.

• Los libros de guardia suelen estar adulterados y con hojas arrancadas.

• Los secuestros y detenciones arbitrarias son justificados a posteriori con denuncias falsas.

• Amenazan a familiares, abogados y testigos, incluso asesinan testigos.

• La primera investigación del hecho siempre la hace la fuerza sospechada.

• Los policías involucrados son trasladados a otras dependencias durante la etapa de instrucción. Si llegan a juicio casi nunca reciben inhabilitación perpetua absoluta, siguen cobrando sueldo y conservan su arma.

• El porcentaje de condenas es bajísimo, al igual que el número de superiores afectados. Lo único que les impide volver a su fuerza es la exoneración originada en condena penal con inhabilitación perpetua para cargos públicos. Sobran los dedos de una mano para contarlas.

• Cuando aparecen los cuerpos casi siempre son hallados en lugares que habían sido rastrillados previamente.

• Las versiones falsas salen de las entrañas de la fuerza.33

• Suelen ensañarse con quienes los hayan desafiado, así sucedió con Bru, Balbuena, Torres y Arruga.

• Otra táctica de las defensas de los policías o miembros de fuerzas de seguridad acusados es desmembrar las causas para que queden en el laberinto burocrático de fueros y jurisdicciones.34

• Así como se reciclan policías represores, también lo hacen funcionarios con antecedentes poco democráticos, como el camarista Alberto Durán, –empleado en la Subsecretaría de Justicia en la dictadura y profesor de la Escuela Superior de Policía, impugnado por Justicia Ya! por sus estrechos vínculos con la Policía Bonaerense–, el comisario Hugo Matkin, premiado por Scioli como jefe de la Bonaerense cuando fue el responsable de enturbiar la primera parte del caso López; el represor Héctor Vergez y sus vínculos con la SIDE y la Bonaerense.

• El engaño a los familiares de las víctimas, como cuando la secretaria del fiscal Santiago Ulpiano Martínez se hizo pasar por integrante de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y le sugirió a Cristina Castro que dejara a sus abogados porque ellos tenían para asistirla, o en Paraná en 1994 cuando Isabel Vergara, la madre del desaparecido Martín Basualdo, iba a desahogar su dolor con la secretaria de Derechos Humanos y luego supo que había sido personal civil de Inteligencia.

Funcionarios que operan e inoperantes

El 22 de agosto de 2017 los representantes de los organismos de derechos humanos fueron recibidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sentados en la larga mesa, los ánimos se fueron caldeando porque Santiago Maldonado seguía desaparecido desde el 1° de ese mes. “Lo están torturando y ustedes saben dónde”, le dijeron en voz bien alta al ministro Germán Garavano. “No voy a aceptar esa acusación”, respondió el funcionario macrista, y levantó la reunión, arrastrando consigo a Patricia Bullrich y a Claudio Avruj, secretarios de Seguridad y de Derechos Humanos respectivamente. Minutos antes en el baño de hombres había ocurrido una escena reveladora. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), se cruzó con Daniel Barberis, secretario de Violencia Institucional de la cartera que conducía Bullrich. “Maldonado es oficial de las FARC, volvió de Colombia y está en Chile”, le dijo a Schulman sin que nadie le hubiera preguntado nada. El dirigente de Derechos Humanos lo miró sorprendido, le sonó ridículo. La muestra más cabal de que el Estado está detrás es cuando sobreactúa la negación de la misma. Y opera por debajo o en forma explícita. No todas las desapariciones tienen un trasfondo político. Pero es de una alta ingenuidad pretender tratar a las que sí lo tienen como si fueran crímenes comunes.

Además de operadores, hay funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial inoperantes. Otra constante, la mezcla fatal de mala fe con incompetencia. “Muchas veces los funcionarios judiciales no saben investigar desapariciones: parten de hipótesis preconcebidas que condicionan la indagación en forma irreparable; acumulan datos que serían útiles si fueran bien leídos; no tienen una estrategia, se estancan. Y con frecuencia simplemente no investigan. No saben por qué caminos es posible encontrar la identidad de alguien: no conocen cómo funcionan las burocracias que la registran, preguntan de un modo que solo pueden obtener respuestas inútiles. O no se consideran obligados a informar el hallazgo para que pueda ser cruzado con una búsqueda. Los meses transcurren hasta que firman una orden de inhumación que entierra a una persona sin haber averiguado su nombre”.35

El problema burocrático es tan grave que incluso cuando se encuentran cuerpos que se buscan puede ser imposible identificarlos, funciona más la casualidad que un plan sistemático de búsqueda. Maco Somigliana es antropólogo, integra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja a pedido de jueces y fiscales. “El síntoma más claro de la inexistencia de un sistema se ve todo el tiempo en los casos conocidos. En la medida en que se recolecta a una persona que apareció en determinadas circunstancias, y esto ya es azaroso, se define que no es López, o no es Cash, y queda ahí porque el funcionario que lleva ese caso no tiene forma de decir si no es López, entonces quién es. Hay que hacer un trabajo que no se hace: hacer un sistema en el que la pregunta no sea ‘¿es Julio López?’, ‘¿es María Cash?’, sino que la pregunta sea ‘¿Quién es?’”.36

Falla el sistema

“El sistema de identificación de personas falla”, asegura el antropólogo Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF hasta mayo de 2021 cuando partió a Suiza para unirse a la Unidad de Antropología de la Cruz Roja. Esa institución científica buscó formar una mesa de diálogo con el Gobierno para la unificación de protocolos y la creación de una base de datos única, porque, como quedó expuesto, en Argentina la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres sin identidad son dos universos que corren por vías separadas. “A eso se suma que cada jurisdicción tiene sus propias formas y la comunicación entre los actores que intervienen, judiciales, civiles y fuerzas, es casi nula, tanto a nivel provincial como nacional”.37 El EAAF, de probada trayectoria en casos de lesa humanidad, comenzó a ser consultado por fiscales a partir de los años 90, ante la nula o incompleta respuesta del Estado. “Desde que alguien desaparece, el Estado va dejando rastros de cómo procesó a esa persona, hasta que no aparece o que se perdió en la maraña burocrática”. El experto diferencia los casos de los años 70, cuando esa pérdida del cuerpo de la persona era intencional, de algunos ocurridos en democracia donde la desaparición es producto del “desorden que tiene el Estado para este tipo de investigaciones”. Y enuncia algunas sugerencias. “El sistema de identificaciones en Argentina se basa fundamentalmente en huellas dactilares, lo que limita mucho la respuesta del Estado. Sería mucho más simple que cuando llega un cadáver sin identificación a una morgue no se le tomen solamente huellas dactilares, que se le haga una batería de análisis y esa información, además de ir al expediente de ese caso, vaya a una base de datos. Entonces, cualquier investigador puede consultar cuántos hombres de entre 20 y 30 años tienen un tatuaje en el brazo derecho, y no tiene que mirar miles de expedientes que están desperdigados en diferentes jurisdicciones. Si una persona desaparece hoy en Chubut y aparece un cadáver en Tucumán, no hay una forma rápida y correcta de relacionarlos. Todo se basa en esfuerzos individuales, en llamados. Debería haber una base de datos de todo el país donde mirar cuántos cuerpos aparecieron en los últimos tres meses y contrastarlos con la información de la persona desaparecida. Por otro lado, en los cementerios de Argentina, como en todo el mundo, después de unos cinco años, si nadie reclama ese cadáver sin identidad, se lo remueve y se lo pasa a un osario común, donde se pierde. No sabemos cuántos casos de cadáveres sin identificación que han pasado por una autopsia han seguido ese destino. Tampoco las provincias tienen un sistema único de procesamiento. Cada una tiene su gobierno, su sistema forense y sus protocolos, cuando los tienen”. A criterio de Fondebrider, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad “es un buen intento de una gran base de datos, pero es insuficiente, porque falta sentar a la gente con capacidad política de decisión y ponerse de acuerdo para que haya procedimientos específicos, que todo el mundo colecte los datos de la misma manera y que las denuncias de cada familiar sean consolidadas en una base de datos única, como hay en Colombia”. Una vez unificada la información es necesario que haya acuerdos con cada provincia para que esto sea consolidado. “Tiene que ser una política que vaya más allá del gobierno de turno, tiene que ser una política de Estado”. Fondebrider cuenta que hace doce años que trabajan con funcionarios de los sucesivos gobiernos pero “hasta ahora fue imposible sentar a los que manejan cada ministerio a una misma mesa”. Y plantea dos caminos posibles. “Lo óptimo sería contar con una ley nacional de cementerios que establezca que un porcentaje de estos debe estar destinado a personas sin identidad hasta tanto se identifiquen”. Y una opción intermedia sería “una acordada entre fiscales” para que en las causas donde haya cadáveres sin identificar pongan “orden de no innovar en la sepultura”. Cuando los cadáveres están putrefactos, quemados, esqueletizados o las huellas fueron mal tomadas es fundamental extraer una muestra y contar con un “banco nacional de datos forenses que incluya datos genéticos”. Pero el ADN no es todo, hay otras evidencias que conducen a la identificación. La larga lista de errores pone en evidencia el problema de base: la falta de un sistema de identificación”.38

Desaparición forzada como crimen de Estado

Está dicho, un grupo de agentes del Estado comete una desaparición forzada y al mismo tiempo comienza el operativo de encubrimiento. El jurista Raúl Zaffaroni afirma que “ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante, siempre pretende estar justificado [...] En el crimen de Estado suele negarse el hecho mismo, como en el caso de negación turca del genocidio armenio o del holocausto por parte del nazismo, es decir, directamente afirmar que los hechos no ocurrieron o no fueron como se los describe. La negación de la víctima es la técnica de neutralización más usual. Eran terroristas, traidores a la nación, fueron los verdaderos agresores, no hubo crimen de Estado sino la legítima defensa necesaria”.39

El caso Maldonado demostró que aun en tiempos de vigencia del estado de derecho y gobiernos electos por el voto, la desaparición es uno de los métodos que las fuerzas de seguridad utilizan como forma de ocultamiento de un crimen, así como para generar un especial terror entre quienes rodean al desaparecido.40 La Gendarmería y Patricia Bullrich siempre supieron el destino de Santiago, que estuvo en la protesta social que ellos reprimieron, pero plantaron pistas falsas hasta el infinito, dejando en vilo a toda una sociedad que se movilizó por su aparición. El Estado y Gendarmería41 son los responsables de negar su destino durante todo el tiempo en que estuvo desaparecido, y también de su muerte. Myriam Bregman, abogada de derechos humanos, legisladora y dirigente trotskista, afirma que “el aparato represivo de la dictadura se recicló en los gobiernos constitucionales y siguió en funciones. Sólo algunos rindieron cuentas, los demás quedaron en las comisarías y unidades de las fuerzas de seguridad. Y eso tiene que ver con la impunidad de los hechos de la dictadura, no es un dato histórico. La desaparición de personas fue juzgada respecto de unos mil represores, un porcentaje ínfimo, entonces la señal hacia el aparato represivo es que esos crímenes los podés realizar desde el Estado en democracia en forma más restringida, y en dictadura con vía libre”. A criterio de Bregman, los funcionarios judiciales son cómplices del poder político, “por eso con este poder judicial no se puede hacer nada, la reforma real y democrática tiene que ser con jueces y fiscales elegidos por el pueblo, para empezar, con jurados que evalúen las sentencias, que digan si creen las versiones disparatadas de los casos López, Castro o Maldonado. Desde la constitución de Estados Unidos el Poder Judicial en esencia es contra mayoritario. Está pensado para que si quizás se cuela un atisbo de reclamo popular de parte de los otros poderes elegidos por el voto, el judicial los pueda corregir; son un cuerpo de élite, sobre todo la Justicia federal. Cuando recorría los juzgados pude observar que los abogados de los genocidas eran amigos y vecinos de los jueces”.

Bregman habla de responsabilidad estatal y no solamente gubernamental, y pone de ejemplo al caso Maldonado. “El juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila fueron la cobertura de impunidad necesaria, los que habilitaron el plan para desviar la búsqueda de Santiago y de las responsabilidades por su desaparición. Hablamos de ‘crimen de Estado’ no solo por las características del hecho mismo, sino por el marco discursivo y mediático que lo rodea, de cómo los medios de comunicación, voceros estatales, naturalizan un determinado uso del lenguaje para neutralizar el crimen. La negación, el empañamiento de la realidad y la erradicación de los restos y vestigios de la absoluta verdad son parte integral del crimen perpetrado por el Estado. Sembrar pistas falsas, demonizar a la víctima y a su familia, a los organismos de derechos humanos y pretender configurar a un ‘enemigo’ en la figura de los mapuches forma parte del manual para encubrir la desaparición y muerte de Santiago. El enorme sistema de espionaje desplegado contra la familia Maldonado y todos los que se involucraron en el caso demuestra que el Gobierno tenía mucho que perder si la verdad de los hechos salía a la luz. Y lo hicieron ante los ojos de la Justicia, que no hizo para impedirlo”.42

En abril de 2021, al cumplirse un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la CPM expresó que “en un país signado por la desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico-militar y habiendo atravesado un costoso proceso de verdad y justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad, se torna fundamental prestar extrema atención a todo hecho que en democracia resuene como un eco de nuestro pasado reciente”. Este organismo público autónomo y autárquico que es querellante en la causa, destacó que “el caso de Facundo no resulta ajeno a las dificultades para el esclarecimiento de este tipo de hechos ocurridos en democracia, tanto respecto a la efectividad de la búsqueda de las víctimas en los primeros momentos como a la posterior investigación y juzgamiento”. La CPM dejó en claro que la hipótesis policial es la dominante en la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de la víctima, “por la gran cantidad de elementos que dan cuenta de la actuación irregular e ilegal de la Policía Bonaerense. De contar con una policía preventiva y de cara a las necesidades de la comunidad, en el caso de Facundo se debió evitar que continuara su camino en vez de seguir interceptándolo de modo persecutorio en diversos tramos de su recorrido. Llevar a Facundo a su domicilio sin violentar su integridad física hubiera sido la conducta correspondiente”.

Máster en resiliencia

No lo pidieron ni buscaron, y sin embargo algunos se reinventan, se vuelven maestros, faros. “Qué puede ser justo cuando se ha hecho tanto daño”, dicen los familiares de las víctimas resignificando la palabra justicia. Hace algunos años ellos decían de sí mismos que eran apolíticos. Sergio Maldonado43 y Cristina Castro, por mencionar dos de tantos ejemplos, se convirtieron en militantes con conmovedora lucidez para analizar cualquier coyuntura. Como si Santiago y Facundo les estuvieran diciendo “es por acá”, y ellos asintieran. Como si les dijeran “no te quedes llorando, seguí la lucha, si no hay justicia, que haya escrache”.

Los familiares de las víctimas toman inspiración de las Madres de Plaza de Mayo, de las experiencias de los familiares de desaparecidos durante la dictadura y tejen sus propias redes de contención, ensayan formas y respuestas políticas (a veces incluso partidarias) ante la violencia policial. Tras la experiencia de la dictadura, la categoría “desaparecido” tiene peso específico. Las fuerzas de seguridad ya no son observadas ingenuamente, pasó a ser imposible pensar la relación de esos uniformados con los ciudadanos frente a situaciones de violencia sin una referencia o lazo con la década del 70.

En junio de 1999, cinco jóvenes de la provincia de Buenos Aires fueron arrestados como sospechosos del robo del arma de un policía, y sometidos a submarino seco. Sergio, de 26 años, estudiante de derecho, recuerda: “Me llevaron los brazos para atrás, entre tres me pusieron la bolsa, de la desesperación me zafé y otra vez me la pusieron. Terminé llorando arrodillado en el piso. En ese momento me acordé de la década del 70 y de los desaparecidos. Pensé que me mataban”. Ante este tipo de violencia policial, los organismos de derechos humanos se vieron obligados a tender “un puente que resignifica aquellos elementos usados por los familiares de los desaparecidos, ligando la violencia actual al pasado y aprovechando elementos ya legitimados, como el uso de la categoría familiar o los escraches como estrategia para ampliar aliados en las protestas y denuncias.44

Los familiares de las víctimas se ponen al hombro las investigaciones, aportan datos, aprenden conceptos de derecho y criminología, se vuelven “detectives”. Junto a sus abogados y abogadas reciben presiones y amenazas, son perseguidos e intimidados, les hacen sonar la sirena a la noche, les ponen los autos a la par mientras caminan por la calle, reciben llamadas anónimas diciendo dónde puede estar el cuerpo, los detienen y los golpean, son sometidos a versiones horribles e inverosímiles de su ser querido ausente; pero siguen. Se organizan, convierten la bronca y la desesperación en una lucha, incluso por todos. Buscan blindarse, aprenden a hablar con los medios.

La brasileña Ludmila da Silva Catela, doctora en Antropología Cultural, afirma que “la desaparición provoca una acción inversa a la concentración de espacio-tiempo requerida socialmente para enfrentar la muerte. Los familiares de desaparecidos por muchos años esperan, buscan, abren espacios. Esperan la vuelta del ser querido vivo, buscan pistas, información precisa sobre el lugar, modo y fecha de la muerte, esperan el reconocimiento de los cuerpos, exigen respuestas del Estado, desean puniciones. La desaparición puede ser pensada como una muerte inconclusa”.45 En las desapariciones en democracia también se priva a la familia de la posibilidad del duelo: falta un cuerpo, una sepultura y un momento de luto. Sin embargo, Madres y Abuelas revirtieron su trágica situación límite en un empuje de lucha incansable. “Había un momento de crisis, uno de desesperación, otro de acción seguido de uno de falta, de gran vacío con la paulatina aceptación de que el familiar está desaparecido; finalmente un momento de desilusión, el final de las esperanzas que en general coincidía con el retorno de la democracia”, dice Da Silva Catela, sobre este proceso en dictadura. Las consignas de entonces fueron tan variadas como las formas de duelo: afirmar que están muertos o exigir “aparición con vida y castigo a los culpables”; “adonde vayan los iremos a buscar [a los represores]”; “con vida los llevaron, con vida los queremos”.

“En el ritual fúnebre el locus de culto es el cuerpo. Sobre él se habla, se llora, se colocan flores, se pronuncian discursos, se da el último adiós. El cuerpo condensa y domestica la muerte, la torna concreta, definitiva, presente, individual e identificada. El familiar necesita esos huesos y la búsqueda del cuerpo es un motor, que análogamente a la denuncia necesita sostenerse, mantenerse como un referente hacia el futuro, para poder transmitir la memoria y quebrar los silencios. Así la solicitud a los especialistas es fundamental (EAAF) ya que ellos podrán transformar esos huesos N.N. como fueron denominados por las Fuerzas Armadas, en alguien con identidad, nombre e historia”.46 La idea de huesos amontonados en fosas comunes es insoportable, por eso la recuperación del cuerpo permite sanar algo de ese dolor absurdo e inefable. En definitiva, los rituales puestos en escena para dar cuenta de la desaparición de un individuo transforman la ausencia del cuerpo en un capital de fuerza política y cultural que se expresa en clave de denuncia, es la desaparición de cuerpos y su búsqueda como el locus del dolor, como centro común creador de solidaridades y acciones entre los que sufren.

6 Detalles del caso en el Capítulo 8.

7 Escobar lo define así: “Todos chicos de barrios marginados, vulnerables. La policía los usa como mano de obra esclava para robar o transar drogas. Si se niegan padecen un ‘verdugueo’ constante, usan la excusa de averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones para meterlos en las comisarías y molerlos a palos. Otras veces, directamente van a las casas y se los llevan. Una vez desaparecidos, se modifican los libros de actas. La ‘justicia’ en los primeros días investiga con los mismos policías implicados en la desaparición. Entonces plantan testigos falsos, modifican y limpian evidencias. Los testigos que aseguran haberlos visto por última vez en un patrullero o comisaría, son perseguidos o mueren de formas dudosas. La principal línea de investigación de los jueces y fiscales es la versión de la policía; la otra, que proviene de las familias, queda desestimada. Rechazan hábeas corpus. Se niegan a declarar la causa como desaparición forzada. Investigan a los familiares. Si el caso toma estado público, los medios hegemónicos de comunicación instalan versiones falsas que apuntan a que las víctimas están con vida. Es la Máquina de desaparecer personas en democracia. Puede parecer una cadena de ineptitudes, pero eso solo dejaría tranquilo al más ingenuo. La Máquina se pone en marcha y es sistemática. A veces nos pueden hacer pensar que tiene fallas, y de repente escupe un cuerpo. Pero estos cuerpos que aparecen no son más que la confirmación de lo bien y aceitada que funciona. ¿Entonces? En cualquier momento este Estado ‘democrático’ se chupa a otro. Escuché a periodistas de trayectoria poniendo en duda el término ‘desaparición forzada en democracia’”. La Vereda Digital, 5 de agosto de 2020.

8 Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos: “Edición especial Julio López”, Tantas Voces, Tantas Vidas, 20 de septiembre de 2011.

9 María del Carmen Verdú: Represión en democracia. De la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos, Buenos Aires, Herramienta, 2009.

10 “Las palabras Coordinadora y Represión Policial e Institucional eran imprescindibles, pero la sigla sonaba horrible. Uno de los militantes más jóvenes resolvió el problema, mientras preparaba el mate desde la cocina gritó: ‘¡Corré, pibe, que viene la yuta!’... ¡Es Correpi!”.

11 Giuliana Sordo: “En materia represiva el macrismo ha pegado un salto fenomenal”, La Primera Piedra, 28 de agosto de 2017.

12 “La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa, pero su pregunta no es sobre esa visión a la que hizo referencia el Papa en forma genérica sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, que es uno, o al desaparecido, que es otro. Es una incógnita el desaparecido, si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, no tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido”. Esta fue la respuesta completa del dictador en una conferencia de prensa en la Casa Rosada en 1979, a la pregunta del periodista José Ignacio López. Esta cruda definición otras veces cedió paso a “los desaparecidos están en Europa”, y ya en democracia el desaparecido estaba “en Chile” o “tomando el té en casa de la tía”, o “de putas en Bahía Blanca” o “se fue con el novio”.

13 CELS: La inseguridad policial, Buenos Aires, Eudeba, 1997.

14 Las historias de las desapariciones de ese período así lo reflejan en el Capítulo 2.

15 Verdú: O. cit., p. 29.

16 Uno de los primeros en popularizar un concepto similar al gatillo fácil fue Rodolfo Walsh en artículos que escribió en el Semanario de la CGT, “La secta del gatillo alegre y la picana” fue uno de ellos, el 27 de marzo de 1969. Ya en la década de 1930 el inspector general de policía Víctor Fernández Bazán instaba a sus subordinados a “disparar primero, preguntar después”.

17 Verdú: O. cit., p. 35.

18 Abogado de presos políticos y ex secretario de Derechos Humanos.

19 Verdú: O. cit., p. 38.

20 Ib., p. 47.

21 Cristian Alarcón: “Cuando la ejecución es usada como política”, Página/12, 26 de diciembre de 2001.

22 Ricardo Ragendorfer: La secta del gatillo. Historia sucia de la Policía Bonaerense, Buenos Aires, Planeta, 2002, p. 44.

23 Alejandra Vallespir: La policía que supimos conseguir, Buenos Aires, Planeta, 2002, p. 11.

24 Ib., p. 72.

25 Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil: La Bonaerense. Historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Planeta, 1997.

26 Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, abril 2021. Disponible en comisionporlamemoria.org

27 Según Luciana Cepeda, “son elementos no exclusivos pero sí claves para comprender el despliegue del uso de la violencia estatal, en tanto se aprueban durante los últimos espasmos de regímenes dictatoriales y operan para la conformación de democracias sitiadas, es decir, como un instrumento heredado del gobierno de facto para la gobernabilidad democrática”. En Alcira Daroqui (Comp.): Muertes silenciadas. La eliminación de los “delincuentes”, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, 2009.

28 Ricardo Ragendorfer: La secta del gatillo: historia sucia de la policía bonaerense, Buenos Aires, Planeta, 2002, p. 43.

29 Carlos Nino: Juicio al mal absoluto, Buenos Aires, Ariel, 2006, pp. 33, 34 y 36.

30 Ximena Tordini: “La persona que amas puede desaparecer”, Crisis, 14 de octubre de 2020. “Así, una persona puede ser buscada y al mismo tiempo estar atravesando un túnel de instituciones en donde nadie la ve”, escribió la periodista.

31 Tratado en el Capítulo 2.

32 Hugo Montero: De Nicaragua a La Tablada. Una historia del Movimiento Todos por la Patria, Buenos Aires, Ediciones Continente, 2015.

33 “Las versiones falsas sirvieron para avivar las brasas de las internas policiales porque el rumor que más recorrió las calles de la ciudad fue el de que Aníbal era amante de la mujer del jefe de policía. Cuando apareció el cuerpo la táctica cambió y todos soltaron la mano del asesino”, dijo Norma Ríos en el caso de la desaparición de su sobrino Aníbal Pellegrini. Ella está convencida de que cuando se trata de la policía es imposible esclarecer estos casos porque “siempre tapan, son cómplices o ejecutores o cómplices de silencio”.

34 Eso sucedió con la causa de Santiago Maldonado y también con la de Jorge Julio López. Mientras los kilos de expedientes iban en carretilla de un piso a otro en los tribunales de La Plata, la abogada Guadalupe Godoy lloraba.

35 X. Tordini: O. cit.

36 Ib.

37 Gabriela Naso: “Cómo es la búsqueda de desaparecidos en la actualidad”, Página/12, 28 de enero de 2021.

38 Gabriela Naso: “Cuáles son los errores que hoy impiden la identificación de personas desaparecidas o restos sin identidad”, Página/12, 28 de enero de 2021.

39 Raúl Zaffaroni: “El crimen de Estado como objeto de la criminología”, exposición en el Congreso Internacional de Derecho Penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en junio de 2006.

40 “La presión venía de todos lados. Un día vino Bono a Casa de Gobierno y me reclamó por Santiago Maldonado. Le expliqué qué sabíamos, qué no sabíamos y por qué era injusto sancionar a los gendarmes. Se fue más tranquilo y, por suerte, al otro día, en el recital de U2 en La Plata, no dijo nada sobre el tema”. (Mauricio Macri: Primer tiempo, Buenos Aires, Planeta, 2021). Sergio Maldonado salió al cruce al publicar en sus redes sociales la carta que le envió Bono luego del recital en la que le agradecía por haber ido a escucharlo y lo instaba a no rendirse jamás en la búsqueda de saber qué le sucedió a Santiago.

41 Dice Mario Wainfeld que “el voluminoso prontuario represivo de la Prefectura multiplica ‘n’ veces el de Gendarmería, acredita una participación más intensa en el terrorismo de Estado durante la dictadura, y más episodios de violencia institucional desde 1983. Por esos motivos el kirchnerismo confió en esa fuerza, hizo crecer su cantidad de efectivos, mejoró algo sus remuneraciones, los derivó a tareas de seguridad interior. Presumía que estaban menos contaminados que la Federal, la Bonaerense u otras policías provinciales. Colocaba un parche para un problema sistémico. La solución, eficaz al principio, se enturbiaría con el paso del tiempo”. En Mario Wainfeld: Estallidos argentinos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019, p. 253. El periodista menciona que dialogó con la antropóloga y ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien estudió el devenir de Gendarmería.

42 Myriam Bregman y Gloria Pagés: “La muerte de Santiago, un crimen de Estado”, Ideas de Izquierda, noviembre 2017.

43 Sergio pasó de “capitalista burgués”, como le decía su hermano Santiago, a militante por los derechos humanos. “Así como están los 30 000, en democracia pasa exactamente lo mismo, son personas de diferentes sectores, clases sociales y ocupaciones. Pero la metodología que aplican para desaparecer y después para hacerlo aparecer es la misma, en dictadura, en democracia, sea un caso de gatillo fácil, sea alguien comprometido con los derechos humanos, sea alguien que estaba colaborando con una causa como era Santiago, o Rafael Nahuel. También hay otras personas que corren la misma desgracia y no estaban haciendo absolutamente nada, como Luis Espinoza, que andaba por la vida pero fue víctima de abuso de la fuerza de seguridad. Hay que empezar a unificar un solo reclamo, es una misma lucha”, dice desde su casa en Bariloche, donde trata de continuar su negocio de fabricación de té artesanal. “Si no hubiera conocido a las Madres estaría con más bronca acumulada. Ellas tienen un único reclamo, pero cada una tiene su manera, tomo algo de cada una de ellas. Antes del 1° de agosto de 2017, me preguntabas qué era una desaparición forzada y no tenía ni idea, tuve que aprender y estudiar”, agrega.

44 Ludmila da Silva Catela: No habrá flores en la tumba del pasado, La Plata, Al Margen, 2001, p. 280.

45 Ib., p. 115.

46 Ib., p. 122.

CAPÍTULO 2

Raúl (1983-1989)

La humanidad toda, en una tarea constante, debe

transformarse en maza para golpear una y otra vez el huevo

de una serpiente con infinitas formas de mutación.

Jorge Caterbetti,

Jorge Julio López. Memoria escrita, 2012.

El gobierno de Raúl Alfonsín tuvo su “primavera democrática” con políticas progresistas, como el decreto que impulsó el juicio a los nueve jefes militares de las tres primeras Juntas de la dictadura, por sus graves y masivas violaciones de derechos humanos, desde el 24 de marzo hasta la guerra de Malvinas. Fue la emblemática “causa 13/84”. Luego de que el fiscal de aquel histórico proceso, Julio César Strassera, finalizara su alegato diciendo “señores jueces, nunca más”, pasaron muy pocos años hasta que las corporaciones aliadas a los sicarios de uniforme del terrorismo de Estado buscaran consolidar su impunidad. Era imperativo frenar la continuidad de los juicios por los delitos de lesa humanidad que habían cometido en forma sistemática sobre un grupo de población, a partir del intento de destruir su identidad, y del intento de su destrucción total o parcial como grupo.47 Era el turno de los que ejecutaron las órdenes genocidas. Las asonadas carapintadas propiciaron las dos leyes que buscaron consagrar la impunidad, de Obediencia Debida y de Punto Final. Pero algunos pensaban que irían por más. El fantasma de un inminente golpe cívico-militar encabezado por el coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín y el menemismo fue un motor para Enrique Gorriarán Merlo, autor intelectual del asalto del Movimiento Todos por la Patria (MTP) al cuartel de La Tablada, la acción bélica que frenaría una nueva intentona golpista. En sus elucubraciones ese golpe buscaba desplazar a Alfonsín por el entonces vicepresidente Víctor Martínez, para garantizar una transición ordenada a un futuro gobierno justicialista que indultara a los militares. El ejército pudo dar una aplastante demostración de fuerza, que culminó con el aniquilamiento casi total del grupo, cuya referencia pública era la revista Entre Todos, los que queremos la liberación.

Con el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en Rosario en mayo de 198348 los represores marcaban la cancha antes de dejarla. Una vez asumido el gobierno democrático siguió habiendo desapariciones, antes, durante y después del asalto a La Tablada.

José Luis Franco, Rosario, Santa Fe

José Luis Franco fue detenido la noche del 24 de diciembre de 1983 por el Comando Radioeléctrico y trasladado a la comisaría 11ª de la ciudad de Rosario. Horas más tarde la Justicia rechazó un hábeas corpus presentado en su nombre. Tiempo después, la policía provincial comunicó que el joven de 23 años resultó “muerto en un enfrentamiento con la policía”. Es el primer caso del que se tiene registro en el inicio de la era democrática postdictadura.

Habían pasado apenas dos semanas de la asunción de Alfonsín y en la ciudad de Rosario ya había un desaparecido, que luego fue hallado sin vida. El asesinato de José Luis anticipaba de lo que vendría: desde aquella Nochebuena hasta diciembre de 2020 los muertos a manos de miembros de distintas fuerzas de seguridad del Estado superaron los 7500, según el relevamiento anual de los archivos que elabora la Correpi.

Néstor Lito Gutiérrez, Neuquén

Tenía 23 años y desapareció el 26 de diciembre de 1984. A “Lito”, como lo llamaban, lo detuvieron y subieron a su auto, un Fiat 127 celeste, que hicieron arrancar flanqueado por dos patrulleros. Había salido de madrugada tras el brindis navideño con su vehículo, que fue encontrado abandonado en Colonia Valentina Sur, camino a Balsa Las Perlas. Tenía los vidrios bajos y le faltaba el pasacasete. Al día siguiente, Héctor Gutiérrez radicó la denuncia por la desaparición de su hijo, que no había vuelto al hogar y no estaba en ninguna comisaría ni hospital de la zona. Lito había salido con dos amigos. Luego de pasar por el balneario municipal, se dirigió por la ruta 22 hacia el oeste y se detuvo a la altura del Barrio Jardín para orinar bajo unos árboles. Estaban los tres lejos del auto cuando llegaron al lugar dos móviles policiales, un Renault 18 y un Falcon, con varios efectivos a bordo. Uno de sus amigos atestiguó que vio cómo se abalanzaron contra Lito, le dieron una paliza, lo metieron al patrullero y salieron en dirección a Valentina Sur.

En Neuquén gobernaba Felipe Sapag, reelecto en ese cargo desde 1962, y su ministro de Gobierno era Aldo Robiglio, quien había nombrado jefe de policía a Luis Marcelo Jaureguiberry.

“Estos hechos, las desapariciones de personas, pasan en todo el país”, dijo el ministro Robiglio cuando el caso tomó estado público. En tanto, su jefe de policía Jaureguiberry se apresuró a negar cualquier posibilidad de que policías a su cargo hubieran participado de semejante operativo ilegal. El juez de Instrucción Ricardo Mendaña indagó a decenas de uniformados y procesó a ocho, mientras trató de encontrar a Gutiérrez. Los propios imputados confesaron que Lito murió por los golpes y que su cadáver fue arrojado al río Limay a la altura de Balsa Las Perlas. Uno de los policías lo habría rematado de un disparo. En el juicio oral fueron condenados los policías Francisco Cárdenas, Rubén Jara, Carlos Pena, Félix Varela, Carlos Quilapi, Raúl Curinam, Omar Ramírez a penas de 2 a 13 años de prisión. En julio de 1988 la Cámara en lo Criminal confirmó la sentencia.49

“Otra Navidad pasó, otro año más tu silla en la mesa está vacía. Se cumple otro aniversario de tu ausencia y ya son 35 años que sigo esperando que golpeen a mi puerta o suene el teléfono para decirme que encontraron el cuerpo de mi hijo Néstor Gutiérrez, quien, en la noche del 25 de diciembre de 1984, a pocos días de la vuelta de mi adorada democracia, fue víctima de la represión policial neuquina, reproductora de las prácticas de la dictadura militar, convirtiéndolo en un desaparecido más”. Con estas palabras comienza una carta pública de su padre, Héctor Gutiérrez. El papá de Lito dijo que sus vidas jamás volvieron a ser las mismas, que fueron víctimas de la “desidia investigativa y el encubrimiento policial”, y que necesitaba respuestas para encontrar su cuerpo. “¿Por qué el juez de la causa nunca me hizo ninguna prueba para saber si el cuerpo desmembrado hallado en el río era mi hijo? ¿Por qué nadie lo siguió buscando? Solo cuando encuentre respuestas y podamos llevarte una flor a tu tumba habrá un poco de paz y alivio para el corazón de mi señora y el mío”.

En junio de 2013 el nombre del segundo desaparecido en democracia fue pronunciado en la presentación de un libro en Buenos Aires. “El caso tuvo mucha resonancia por la proximidad con la dictadura y porque la forma en la que las fuerzas de seguridad actuaron era igual a la de los grupos de tareas”, relató el periodista Walter Pérez50 en esa oportunidad. El autor abordó el asesinato y desaparición de Lito, y también los de Pablo Ramírez, Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba.51 “Lo terrible es que dentro de las fuerzas de seguridad siguen existiendo estas prácticas propias de la dictadura, donde hay jóvenes que son formados desconociendo lo que establece la Constitución, los derechos de los demás. Y las manifiestan no solo en protestas sociales, sino que es una conducta diaria de la policía para con los jóvenes, en particular con los más humildes, que son todos los días golpeados y maltratados”, consideró.

Osvaldo Sivak, Lanús, Buenos Aires

“Quedará en la historia policial argentina la ronda macabra que se inició con el descubrimiento del cadáver del ingeniero Osvaldo Fabio Sivak, siguió con los hallazgos del cuerpo del empresario Federico Benjamín Neuman y unos huesos calcinados que pertenecieron a Eduardo Tomás Oxenford, asesinado cuando tenía solo 26 años. En los tres casos se trató de secuestrados por los que se pagó rescate. Así, Sivak, Neuman y Oxenford dejaron de formar parte de la trágica nómina de desaparecidos que soporta la sociedad argentina. Pero, no se dude, esta secuencia de cadáveres enterrados es una de las tantas herencias que dejó el Proceso. Es que los hombres que debían custodiar la seguridad y la vida de los habitantes secuestraban y mataban”.52 Con estas palabras trazó el claro nexo entre los métodos de los genocidas de la dictadura y la democracia en pañales de los años 80 el periodista Carlos Juvenal, en su libro sobre el segundo secuestro de Sivak, ocurrido el 25 de julio de 1985 en pleno centro de la capital, a manos de una banda de policías federales. Fue la primera vez que Martín Sivak, su sobrino escritor y periodista, vio llorar a su padre, Jorge. Osvaldo tenía 44 años y estuvo desaparecido hasta el 5 de noviembre de 1987, cuando los hombres al mando del jefe de la policía federal Juan Pirker, del juez Martín Irurzun y su secretario Mario Filozof encontraron su cadáver en un club de campo a unos cincuenta kilómetros al sur de Buenos Aires y cerca de la ruta nacional 2. La familia había pagado el rescate de un millón cien mil dólares, pero lo asesinaron días después.

“La investigación, que implicaba a los servicios de espionaje del Estado y salpicó a funcionarios del gobierno democrático, se aclaró al fin cuando el nuevo ministro del Interior, Enrique Nosiglia, ordenó al jefe de la policía federal que detuviera a los oficiales acusados. El inspector Héctor Salcano fue interrogado por una brigada especial y confesó la participación de un grupo de tareas –tal como se denominaba a las bandas paramilitares que actuaron durante la dictadura en la represión ilegal de la guerrilla– en ese y en otros secuestros de empresarios para exigir rescate. Su declaración permitió descubrir el lugar donde había sido enterrado el cadáver de Osvaldo Sivak, presidente de Buenos Aires Building, la más importante compañía inmobiliaria de Argentina”. Así reflejaba el diario El País el hallazgo que conmovía a la nación. El ex ministro del Interior Antonio Tróccoli había negado ante los diputados, que lo interpelaron en 1986, la responsabilidad de la policía y acusó a la familia del empresario de querer actuar por su cuenta. Su hermano Jorge Sivak, que asistía como invitado a la sesión, se levantó enfurecido de su asiento y gritó al ministro: “¡Miente, miente!”.53 Los policías Ignacio Báez, Roberto Buletti, Héctor Galeano, José Lorea, Carlos Lorenzatti y Félix Roque Miera fueron condenados a prisión perpetua en 1994, por este y otros secuestros. En 2016 se les dio por cumplida la pena. El primer secuestro sufrido por Sivak en 1979 fue declarado delito de lesa humanidad por la Cámara Federal porteña, que en 2012 condenó a 10 años de prisión a uno de los ex policías detenidos por el hecho. La pena recayó en el ex oficial de la policía federal Ricardo Taddei, en cuya casa de Remedios de Escalada estuvo secuestrado Sivak entre el 7 y 9 de agosto de 1979 por la “banda de los comisarios”, como titularon los diarios. El empresario sobrevivió a ese secuestro en el que se pedía un rescate de dos millones de dólares, efectuado por un grupo de tareas del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército integrado mayoritariamente por policías federales que reunía dinero para la llamada “lucha antisubversiva” o para provecho propio al amparo de las autoridades dictatoriales. El rescate no llegó a ser pagado. Cuando estaba a punto de concretarse apareció otro grupo de policías que detuvo a los cobradores y logró la liberación de Sivak. Entre quienes lo liberaron estaba Roberto Buletti, a quien Sivak en reconocimiento empleó como jefe de seguridad de su empresa. Sin saberlo, llevó a su círculo íntimo a quien armaría la banda para su segundo secuestro. “Me animo a suponer que esta banda, y alguna otra que puede aparecer, no hizo sino copiar lo que cada uno de sus miembros vio e investigó durante el proceso militar. Todos se enteraron cómo se organizaba un secuestro, de qué forma se negociaba el pago de un rescate, y cómo se cobraba el dinero. En esos tiempos los secuestros se organizaban en Seguridad Federal [antes Coordinación Federal], primero con la excusa de formar un pozo para la lucha contra los subversivos, y luego directamente para hacerse millonarios. La policía federal sabe perfectamente lo que ocurrió cuando esa superintendencia respondía más a [Carlos “Pajarito”] Suárez Mason que a sus mandos naturales. Solo resta tirar de la punta del ovillo, investigar. Al Capone cayó por evasión de impuestos”, resumía Juvenal.54

La familia Sivak, sus hermanos y su mujer, Marta Oyhanarte, insistieron desde el inicio con el carácter político del secuestro. La mujer, que forjaría su carrera política desde aquellos días, denunció “la impunidad de ciertos grupos vinculados con la extrema derecha”. Este señalamiento se volvió más tangible cuando apareció el cadáver y con él los nombres de los culpables. El tiempo les daría la razón. “Una madeja de personajes vinculados de manera directa con el aparato del Estado entró en escena. Los nueve involucrados directos integraban o habían pertenecido a la Policía Federal Argentina. Este ensamble evidenciaba el poder mortífero de las fuerzas represivas y la continuidad, sin variantes en sus prácticas e integrantes, de la policía de la dictadura en democracia. Se trataba de un viaje al pasado que no solo permitía comprobar su persistencia, ahora intolerable, sino también significaba para algunos periodistas y medios de comunicación una oportunidad para intentar ‘rehabilitarse’, a través de la firme condena de este accionar, de su apoyo previo al gobierno militar”.55

Los cuatro del Movimiento Todos por la Patria, La Tablada, Buenos Aires

Carlos “Sordo” Samojedny, José “Maradona” Díaz, Iván Ruiz y Francisco “Pancho’’ Provenzano desaparecieron el 24 de enero de 1989 en medio del operativo represivo desplegado por el gobierno de Raúl Alfonsín para recuperar el Regimiento de Infantería Mecanizado (RIM) 3 General Belgrano, en La Tablada, que horas antes había sido asaltado por un grupo del MTP. En el curso de los días 23 y 24 los que quedaban vivos negociaron su rendición. Cuatro de ellos, que se entregaron con vida, fueron desaparecidos.

Aquella madrugada un camión de gaseosas embistió los portones principales del Regimiento y quienes ingresaron lo hicieron al grito de “¡Viva Rico! ¡Viva Seineldín!”. La idea era confundir a la guardia con un supuesto levantamiento carapintada y así ocupar el cuartel. Durante las primeras horas hubo desconcierto en el Gobierno, el ejército y la policía, sobre quién había perpetrado el ataque, pero a medida que el combate fue recrudeciendo se confirmó que los protagonistas eran 46 militantes del MTP, liderados por el ex dirigente del PRT-ERP, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. Todo debió finalizar a media mañana, pero los militares resistieron en el casino de suboficiales. Hubo también un cerco de la Policía Bonaerense y el ejército, junto a militares y policías que se sumaron sin encuadramiento, que les impidieron replegarse. “No querían que ninguno saliera vivo”, dijo José D’Angelo Rodríguez, ex teniente dado de baja por carapintada, que se sumó ese día a la acción.56 2000 efectivos de las fuerzas de seguridad los reprimieron a sangre y fuego durante treinta y seis horas con morteros, ametralladoras antiaéreas, tanquetas, e incluso bombas de fósforo, prohibidas por convenciones internacionales. La reacción había sido rápida porque el ejército contaba con información sobre un presunto ataque guerrillero a uno de sus cuarteles. El entonces general Francisco Gassino reforzó la seguridad de las principales unidades del ejército. El combate de La Tablada dejó un saldo de 33 militantes, 7 miembros del ejército y 2 policías muertos. 2 de los miembros del ejército cayeron producto del fuego cruzado, mientras que del lado del MTP no hubo un solo herido, únicamente muertos y desaparecidos. Entre los 33 militantes del MTP muertos están los 4 que no aparecieron nunca más. Ruiz y Díaz fueron capturados con vida el 23, aparecen rindiéndose en la secuencia fotográfica tomada por Eduardo Longoni y en imágenes de la Televisión Española. Caminan hacia los fondos del cuartel con los brazos en alto, escoltados por un soldado. Es el último registro de ambos. Después fueron torturados y desaparecidos. Berta Calvo y Pablo Ramos fueron fusilados con tiros a quemarropa.57 La recuperación del cuartel fue un condensado de todos los métodos represivos utilizados por los genocidas durante la dictadura.

Más allá de las hipótesis sobre el origen del dato sobre el supuesto inminente golpe, el MTP consideraba que la toma del cuartel iba a impulsar tanto al gobierno radical como a las masas populares a detenerlo y a salir a defender la democracia. “Con La Tablada se armaron varios mitos. Que teníamos un vínculo con el radicalismo, que estábamos infiltrados, que los militares nos estaban esperando. Nunca pudimos confirmar ninguna de esas situaciones. Puedo asegurar que no estábamos infiltrados y, en cuanto a que nos estaban esperando, de ninguna manera. Entramos, los sorprendimos, ocupamos el cuartel y si no cumplimos con nuestra misión fue por errores nuestros”, dice Miguel Aguirre.58 Otros dos periodistas que profundizaron en la investigación de funcionarios de la época destacan el vínculo personal entre Provenzano y el ministro del Interior Enrique Nosiglia, en línea con ubicar la toma de Tablada como un hecho generado para mancillar al justicialismo y reforzar la imagen del ya desgastado gobierno radical. Y plantean una conclusión. “¿Quién ganó y quién perdió con el ataque? Más allá de las víctimas de uno y otro sector que pusieron el cuerpo, el Ejército se robusteció tras el bombardeo exagerado que teatralizó con la recuperación del cuartel”.59

Tras el expeditivo juicio que se les hizo ese mismo 1989,60 los presos de La Tablada estuvieron privados de su libertad por más de 12 años. Hicieron dos huelgas de hambre. La última, de 116 días, fue en 2000, y tuvo amplia repercusión internacional, lo que significó una fuerte presión para el gobierno de Fernando de la Rúa, quien finalmente les conmutó las penas.

José Díaz

Era un militante internacionalista que había nacido en Santiago del Estero, participó de la lucha revolucionaria en Nicaragua desde 1982, y en ese país nació su hijo Daniel. Luego fue parte de la guerrilla en Guatemala, en contra de la dictadura de José Efraín Ríos Montt. En 1987 regresó a la Argentina y se sumó al MTP. El 23 de enero de 1989 ingresó al regimiento de La Tablada, lo detuvieron junto a Iván Ruiz. José fue torturado y fusilado.61 “Díaz era de acá, de Ingeniero Budge. Nos habíamos conocido en Brasil y viajamos juntos a Nicaragua, estuvimos en el Ejército Sandinista y también en la guerrilla de Guatemala. En la selva a veces a la noche conversábamos de los libros que leíamos. Él se casó y se quedó allá, donde vive su hijo. Nos reencontramos el día que fuimos a La Tablada”, cuenta José Moreira, militante del MTP que sobrevivió al operativo represivo. “Era una persona muy tranquila, vivía con su mamá en el barrio tomado de San José Obrero. Le decíamos Maradona por el pelo, tenía rulos negros”. Andaban los tres juntos, con José e Iván Ruiz, solían practicar tiro con una moneda y un rifle de aire comprimido. Moreira se fue a Nicaragua en 1983, poco antes de la formación del MTP. “Lamento no haber triunfado en la lucha armada y en Tablada, era lo único que podía cambiar algo en este país, ahí se jugaba la última carta de hacer la revolución por las armas, el Pelado lo vio así. Ahora la derecha en lugar de milicos usa a los jueces y a los medios”, dice al sintetizar el pasado y el presente.

Iván Ruiz

“A Iván le decíamos ‘Chumpipe’, como les dicen allá a los pavos, porque era colorado”, recuerda Moreira sobre Ruiz en su paso por la Nicaragua revolucionaria. A los 13 años se alistó como voluntario para integrarse a los batallones de la frontera norte de ese país. Al momento del asalto al cuartel de La Tablada tenía 20 años. Roberto “Gato” Felicetti, dirigente del MTP que sobrevivió a la represión de La Tablada y ahora trabaja en una cooperativa de reciclaje de residuos electrónicos, habla con respeto y cariño de sus compañeros. “Con Roberto Sánchez, el tío de Iván Ruiz, que era militante del ERP-PRT, estuvimos presos en 1975 en Sierra Chica. Aurora, mamá de Iván y hermana de Roberto, iba de visita a la cárcel. Luego él en el 78 se va a Europa, sale con la opción por pedido de Francia,62 tenía la ciudadanía francesa. Y en los 80 volví a ver a Iván, pero lo conocía desde chiquito”, cuenta sobre Ruiz y su tío. A Sánchez le decían “el Che Gordo”. Para su hermana Aurora Sánchez Nadal –mamá de Iván, militante, fotógrafa y escritora, además de protagonista del documental Los Indalos–,63 ambos “dieron su vida por lo que creían era justo”. En el film, Maira Ruiz Sánchez dice que le llevó un tiempo comprender que la muerte de su hermano en La Tablada “fue su destino y su decisión, su manera de liberar a los demás”. Ella no cree que lo encuentren, pero confiesa que “sería algo que me daría mucha paz”. Aurora recuerda: “Roberto era su ídolo, su Che Guevara”. A los 14 años Iván ya estaba peleando en un batallón de reserva del ejército sandinista. Tres años después ya era aviador. “Cuando yo le decía algo, él me decía, ‘nos hubiéramos quedado en España, me trajiste acá y acá hay que luchar’”, recuerda su madre. En 1988 Iván decide volver a Argentina junto con su tío para sumarse al MTP. Aurora lo llevó al aeropuerto de Managua para tomarse un avión rumbo a Cuba. Él le aseguró que se encontraría con Roberto allí y luego volvería. Cuando sucedió el intento de copamiento de La Tablada se dio cuenta de que le había mentido. “No sé por qué volvieron. ¿Qué se yo? Querían salvar a la Argentina. No lo sé”, dice Aurora. Sin embargo, no hay reproches hacia ellos, en su mirada fueron personas valientes que mantuvieron la dignidad, sus ideales y tuvieron el coraje de enfrentarse al mayor ejército de América Latina. “Al margen de si La Tablada fue o no fue un acierto, ellos entregaron su vida”, afirma.64

“Era alegre, juguetón, servicial, la personificación de un revolucionario, y un día me robó un beso”, dice Ana Carrión Mejía, su esposa nicaragüense. Aurora menciona la fundación del MTP en ese país en 1986. Tres años más tarde durante el asalto a La Tablada, Ruiz es herido por la mañana del 23 en la guardia de Prevención, y se comunica con su compañera, Claudia Acosta, a través de un handy. Ese día él y Díaz se entregan ante los militares, tal como quedó reflejado en las fotos de Longoni, que en ese momento trabajaba freelance. El reportero gráfico se había subido a una terraza, y pudo captar “el pasaje entre la vida y la muerte”, como dice en el documental. “Aurora quería que esa secuencia siguiera, era la desesperación de una mamá que quiere saber, porque no sabe, es lo que pasa con esta maldita palabra, desaparecido, es más terrible que saber que a alguien lo matan”, evoca.

Carlos Samojedny

Arrancó muy joven su militancia estudiantil, integró el PRT-Córdoba y, un poco más tarde, la guerrilla rural del ERP en Tucumán. Estuvo preso durante más de diez años, en la cárcel escribió Psicología y dialéctica del represor y el reprimido,65 sobre la supervivencia de los presos políticos en la dictadura. Quedó en libertad en junio de 1984 y se sumó al proyecto de los fundadores del MTP en Managua. Fue uno de los principales dirigentes del MTP y daba cursos de filosofía y marxismo a los compañeros más jóvenes en el conurbano bonaerense. Sobre Samojedny lo primero que menciona Felicetti es su vasta formación teórica. “Él cayó con la Compañía de Monte, era militante desde chico, trabajó para organizar a los psicólogos de Córdoba, muy comprometido y acompañó por todo el país a Fray Antonio Puigjané, era un marxista dogmático”. El “Gato” se ríe cuando recuerda que además de “Sordo” le decían “Beethoven”, por cierta dificultad para oír. El periodista y escritor Hugo Montero66 afirmó que al día 24, cuando se entrega el resto de los sobrevivientes, “separan al Sordo y a Pancho, porque los conocían por su nombre, habían estado presos durante la dictadura, querían fusilar a los dirigentes, se cebaron en aniquilar al grupo”.

Francisco Provenzano

Hijo de una familia radical de médicos, Pancho, como le decían, fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde comenzó su militancia en plena dictadura de Onganía. Dejó de lado la práctica del rugby y se sumó al PRT-ERP. Distribuía Estrella Roja y los boletines fabriles entre operarios y vecinos. Fue preso político por primera vez en 1975 en la cárcel de Devoto, luego en enero de 1976, durante el gobierno de Isabel Perón, y permaneció detenido durante toda la dictadura. En 1986 nació Irene, hija de Pancho y Claudia Lareu, militante a quien había conocido en la organización. Por esos años se sumó al grupo que fundó el MTP. Ese año participó de la tarea de pensar un diario de izquierda que atendiera la problemática de derechos humanos, y en 1987 salió a la calle Página/12. La mañana del 24 de enero, agitando un trapo blanco, habló con el jefe del operativo militar, el general Alfredo Arrillaga. Su reclamo de garantías había sido “aceptado”. Con las manos en la nuca, y una herida de bala en un brazo, Pancho cerraba la fila de compañeros que se entregaban. Minutos más tarde los militares lo apartaron del resto. Fue fusilado y su cuerpo habría sido quemado. Aún sigue desaparecido.

“Con mis viejos era una vida vinculada a la militancia y a las reuniones, la vida con compañeros y compañeras, mis amigos de chica eran los hijos de los compañeros del MTP, me acuerdo de reuniones en barrios populares, de viajes por política de ellos, recuerdos pequeños y fragmentados porque era muy chiquita, pero me acuerdo de esa vida. Para mí hubo un gran cambio cuando pasé a vivir con otra familia, con otras profesiones, de escuelas privadas y otra inscripción política. Pero el cambio más significativo tenía que ver con que ellos no estaban. Esa vida tan distinta que le proponían a su hija cambió totalmente cuando no estuvieron. Pasé a vivir con un hermano de mi papá, Sergio Provenzano, de militancia radical. Si bien era una persona politizada, la militancia en los partidos tradicionales es muy diferente a la vida del militante en una familia de izquierda”. Irene Provenzano habla dulce y pausadamente sobre su papá, en un cuarto intermedio del juicio contra Arrillaga.

Felicetti estuvo detenido con Provenzano en Sierra Chica, después en Rawson, y en los 80 fue uno de los primeros compañeros con quien retomó relación. “Él tenía un profundo sentido de empatía con las personas, una gran capacidad de diálogo, era el coordinador del secretariado del MTP, no confrontaba. Y era muy obsesivo con cumplir con las tareas. Y era muy distraído, me acuerdo que en el 79 ponían un celador que en cualquier momento ordenaba que nos metiéramos en las celdas, y siempre él estaba despistado, o no se daba cuenta de que estaban pasando lista. Viajamos juntos a Cuba y a Nicaragua, era muy cariñoso con su hija y su compañera Claudia Lareu”. Provenzano tuvo un hermano que murió durante la dictadura, tras un atentado al edificio Libertad. “Pancho fue el que organizó Página/12, esa es la verdad, lo fundamos nosotros y no era por dinero como dice [Jorge] Lanata, todos los que entraron después nos puteaban de arriba a abajo, pero los hicimos famosos, les cambiamos la vida, ahora me los encuentro y los saludo a todos. El problema fue que se asustaron muchísimo, y sin un control ideológico y político suceden los vaivenes que vinieron después. La experiencia en Página es muy ilustrativa de la capacidad de diálogo de Pancho, logró trabajar ahí con Lanata, con [Gerardo] Sokolowicz, con el ‘Biafra’ [Hugo Soriani], con [Horacio] Verbitsky, y todos los que se fueron incorporando. Tuvo mucho empuje para construir un diario desde la nada, su sentido de unidad y empatía fue un pilar para semejante tarea”. Joaquín Ramos, otro ex MTP, ratifica las palabras de Felicetti. “Era un diario para que se generara cierta conciencia, un espacio donde íbamos a estar nosotros, no nos servía tener un diario sectario; fue un gran aporte de Pancho Provenzano que fue el que lo convenció al Pelado”, dijo en alusión a Enrique Gorriarán Merlo.67

Treinta años de largo camino

Las ocho fotos de la secuencia del reportero Longoni fueron a la Comisión IDH, que en 1997 determinó que había que investigar qué sucedió en La Tablada, que podía ser falso que los cuatro militantes desaparecidos se habían fugado como dijo el ejército para cubrir esos asesinatos y los demás crímenes que cometió. El organismo internacional emitió un informe negativo para el Estado, recomendando una investigación seria para determinar las responsabilidades respectivas. En 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos. Y así se llegó al juicio al genocida Arrillaga, aunque los sobrevivientes y familiares aspiraban más. Luego de la rendición, las violaciones a los derechos humanos fueron ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas y torturas. Las habían denunciado ante el juez Gerardo Larrambebere y ante uno de sus secretarios, Alberto Nisman, sin ser escuchados. También las ratificaron en el juicio oral en el que fueron condenados por el ataque. “El actual proceso contra Arrillaga nos da fuerzas para perseguir a los otros responsables que intervinieron ese 23 y 24 de enero, y por los demás militantes que sufrieron las más aberrantes prácticas en democracia, tal cual se ejecutaron en la dictadura que precedió a la instauración del estado de derecho”, dijo la querellante abogada Liliana Mazea en ese juicio en 2019, junto a Pablo Llonto y Ernesto Lombardi, contra el general retirado, de 85 años. “Como aseveración de los dichos de los testigos de lo ocurrido, un sargento que ese día 23 actuó al mando de una ambulancia recogiendo heridos militares, reconoció que lo obligaron a firmar un acta junto al secretario Nisman y Larrambebere, y a decir que entregó a los dos desaparecidos, Díaz y Ruiz, al mayor Jorge Varando, cuando en realidad no los conocía. Se quebró en ese momento el encubrimiento judicial y político que pretendía acusar a los dos militantes malheridos de matar a la persona a la que Varando confió su guarda. Como querellante en delitos de lesa humanidad, nunca escuché un reconocimiento de los hechos como el del testigo [César Ariel] Quiroga, por lo que el testimonio de las víctimas reafirma la eficacia y valor en todos estos juicios”, agregó Mazea, militante de derechos humanos. Se refería al testimonio del ambulanciero que declaró que Larrambebere y Nisman le hicieron firmar una declaración de hechos que no vio, y que nunca transportó a “ningún subversivo”. El relato oficial sostuvo siempre que Quiroga entregó a Ruiz y Díaz al suboficial Raúl Esquivel, quien luego apareció muerto. Así, los atacantes lo habrían asesinado y luego se habrían fugado. Pero se cayó ese discurso oficial que el ejército había sostenido durante tres décadas.

“Que a treinta años estemos en esta instancia tiene que ver con el aparato judicial al servicio de garantizar la impunidad de los milicos. Los testimonios fueron esclarecedores de las demás responsabilidades militares que empiezan a aparecer, permiten desentrañar un poco cómo fue el operativo de violación a los derechos humanos que se activó una vez que se consumó la rendición de los compañeros, quedó bien claro que se rindieron 16 el 24, que Berta Calvo fue asfixiada, que mi viejo y Carlos Samojedny fueron separados del resto”, declaró la hija de Provenzano.68 El 12 de abril de 2019 el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín emitió la condena contra Arrillaga, y la sala de audiencias estalló en aplausos. El veterano represor ya tenía prisión perpetua por cinco casos de delitos de lesa humanidad, y gozaba de arresto domiciliario. “Lo esperábamos, tenemos la verdad de nuestro lado”, dijo Daniel Díaz, hijo de la víctima desaparecida, que había viajado desde Nicaragua, levantando el cartel con la foto de su padre. Atrás había quedado la angustia de los relatos de las eternas sesiones de tortura, que incluyeron la violación de algunos militantes por parte de los represores del ejército.

En 2009 intervino el EAAF con la hipótesis de que el cuerpo de Provenzano había sido mal identificado por su familia. Luego de hacer un análisis de todos los cuerpos que todavía estaban sin reconocer, los expertos llegaron a la conclusión antropológica y genética de que había militantes de los cuales no había ningún rastro. En 2013 ese Equipo identificó los cuerpos de Roberto Sánchez, Carlos Burgos, Roberto Vital Gaguine, Juan Manuel Murúa y José Mendoza, y se estaba en proceso de certificar la identidad de un sexto combatiente. “Habían sido enterrados como N.N. en el cementerio de la Chacarita y no se había permitido exhumarlos hasta 1997, después del informe de la CIDH”.69 Sus familiares habían tenido que esperar más de seis meses para inhumar los cuerpos y los restos rescatados luego del combate, que permanecieron en la morgue judicial. Había amanecido algo nublado el 2 de junio de 2013. “Veinticuatro años más tarde de la desaparición de Roberto e Iván en el copamiento de La Tablada durante el gobierno democrático de Alfonsín me entregaron los restos de mi hermano, pero sigo buscando a mi hijo”, se escucha a Aurora en la película sobre su familia de revolucionarios. Ese día había ido junto a otros familiares, amigos y compañeros de militancia a Plaza de Mayo para dejar en la tierra debajo de un pino las cenizas del Che Gordo. “No han muerto, siguen vivos”, dijo ella levantando en alto una botella de ron traída especialmente de Nicaragua para despedirlo. Mientras la bebida añejada circulaba entre quienes quisieran un trago, hablaron otras mujeres. “Compañeros caídos en La Tablada, presentes, ahora y siempre”, gritaron todos juntos.

Raquel Laguna y Sergio Sorbellini, Río Colorado, Río Negro

Se acercaba el otoño, podía olerse en el aire. Sergio y Raquel terminaron de almorzar y salieron hacia el campo en una bicicleta tándem. Sus conejos se habían quedado sin alimento y buscaban pasto fresco para darles de comer. Al no regresar, sus padres y familiares comenzaron a buscarlos. Luego de 24 horas los hallaron muertos a balazos, detrás del predio de la Sociedad Rural de Río Colorado. Raquel murió de un tiro en la nuca y su cuerpo tenía rastros de tortura –quemaduras de cigarrillos–, y el de Sergio un balazo en las costillas, disparado a quemarropa. Además, los cuerpos habían sido orinados. El doble homicidio de Sorbellini, de 19 años, y Laguna, de 17, desaparecidos y asesinados el 12 de marzo de 1989, sacudió a toda la provincia de Río Negro. Sergio y Raquel se habían recibido un año antes. Él estudiaba en la Escuela Agrotécnica de Guatraché y ese mismo marzo tenía que ir a retirar el diploma de técnico agrónomo. Raquel había terminado el secundario.

La precaria investigación policial y judicial avanzó sin proteger y resguardar el lugar donde estaban los cadáveres. Se borraron huellas del lugar, fue sustituida la ropa interior de Raquel, la pericia balística fue fraguada, las autopsias descritas no fueron realizadas. Funcionarios policiales adulteraron las declaraciones testimoniales, varios elementos secuestrados por la policía desaparecieron, hubo actas de procedimiento alteradas y otras irregularidades que se comprobarían años más tarde. La investigación sobre el aberrante crimen de la pareja tuvo de todo: inocentes detenidos, varias hipótesis del hecho que hablan de contrabando de ganado y hasta de droga, sugestivos suicidios, cadenas de encubrimientos, nombres de personas influyentes y ligadas a la política formaron parte del caso que sigue impune. Ese largo recorrido de impunidad arrojó policías detenidos y acusados de destruir pruebas, un juez destituido por juicio político, dos personas condenadas y poco después absueltas, y un par de testigos que se suicidaron. Hubo un primer juicio al comisario Héctor Almendra, a los subcomisarios Juan Carlos Moyano y Rodolfo Bohlman, y a los suboficiales Viterbo Castro y Raúl Pérez. Fueron procesados y con prisión preventiva como partícipes y autores del doble homicidio, además de falsificación de pruebas. Años más tarde la decisión fue apelada y el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de lo actuado. En 1995, el gobernador Pablo Verani puso en marcha a una comisión policial dependiente del nuevo juez de la causa, Juan Torres, con el fin de iniciar una investigación seria. Sin embargo, el propio juez se habría negado a recabar judicialmente lo aportado por dicha comisión policial. En marzo 1997, luego de una manifestación popular, la Legislatura creó otra comisión especial para investigar la cadena de encubrimientos. En septiembre del mismo año se realizó la exhumación de los cuerpos, que había sido solicitada por los padres de las víctimas para esclarecer la causa de las muertes. Con la nueva autopsia se comprobaron numerosas irregularidades. Con el programa de recompensas y testigos protegidos, se incorporaron nuevas pruebas y testimonios. Fueron procesados por falso testimonio policías y peritos involucrados, fue condenando el perito balístico Julio Arriola, y el primer juez de Instrucción, Fernando Bajos, fue destituido mediante un juicio político. Con el informe de la Comisión Legislativa se iniciaron causas por el delito de asociación ilícita en contra de policías, aunque en 2003 fue declarado el sobreseimiento de todos los funcionarios policiales.

La mamá de Sergio, Irma Girolami, mantuvo viva la presión sobre la causa y el recuerdo de los jóvenes. “Los chicos vieron algo raro”, decía Irma en alguna oportunidad. “Un tema de droga, quizás. Desde el principio yo dije que los mataron porque los chicos vieron algo”. Otra sospecha fue que lo “raro” que vio la pareja fue alguna operación relacionada con contrabando de ganado: en aquella época, una barrera sanitaria impedía el ingreso de carne con hueso a Río Negro. La operación consistía en ingresar ganado a través del río y venderlo como si fuera de producción local, lo que duplicaba su valor. El padre de Raquel dijo a un medio nacional que tres personas tuvieron que ver con la muerte de los jóvenes. Llegó a esa conclusión luego de que una testigo declarara que en la escena del crimen hubo un Renault 18 perteneciente a la Legislatura, donde iban tres personas. Esta hipótesis se vio reforzada luego que Eustaquio Lezcano, uno de los testigos muertos, dejara una carta con datos sobre un campo ubicado cerca de donde aparecieron los cuerpos. La otra persona que se quitó la vida disparándose con un rifle fue Adalberto Dante Carrasco, quien tomó la drástica decisión luego que trascendiera públicamente su supuesta relación con los crímenes.

Semejante enchastre en la causa motivó que, el 6 de septiembre de 2001, los padres decidieran llegar hasta la CIDH. Ellos consideraron que, a partir del hallazgo de los cuerpos sin vida de sus hijos, en lugar de realizarse una investigación eficaz se había desplegado una actividad policial con el fin de encubrir el hecho y borrar o tergiversar las pruebas. El gobierno rionegrino reconoció su responsabilidad por las deficiencias en la investigación del hecho y sus consecuencias jurídicas, por lo que le abonó 100 000 dólares a cada una de las familias, en el marco de un acuerdo en el que los damnificados se comprometieron a renunciar a iniciar otro reclamo por el tema.

Horacio Héctor Guerrero y Gloria Echenique, El Rincón, Neuquén

El 20 de febrero de 1988 el matrimonio integrado por Gloria Echenique y Horacio Guerrero regresaba de Chile en su auto. El gendarme Gustavo Sánchez Decker se les acercó en el puesto fronterizo y les agilizó los trámites, a cambio de que lo llevaran hasta Neuquén. En el camino hacia La Angostura atacó primero a Horacio, lo golpeó y finalmente le disparó en la nuca. Amordazó y ató a Gloria, la violó, y le disparó dos veces, y una tercera con el arma apoyada en el cráneo. Esa misma noche mostró a su novia y amigos el auto del matrimonio, diciendo que lo había comprado, y se fue de viaje 26 días. Él mismo dirigió el operativo que encontró los cadáveres el 28 de marzo. Cuando lo detuvieron exhibió un boleto de compraventa del auto con la firma falsa de Gloria, fechado al día siguiente del doble asesinato. Una de las pruebas fundamentales para esclarecer el hecho fue que la mano del gendarme tenía marcas de una mordida que coincidía con la impronta maxilar de Gloria, en su desesperado intento de defenderse. Fue condenado a reclusión perpetua. A finales de 2008 salió de la Unidad 9 de Neuquén con libertad condicional.

Tres N.N. masculinos, La Matanza, Buenos Aires

Tres pibes –de 16, 17 y 18 años, sospechados de ser “rateritos”– aparecieron ejecutados en un baldío, con balazos en la nuca, amordazados con sus medias y las manos y pies atados con sus propios cordones. Hubo sospechas de la intervención de un “escuadrón de la muerte” liderado por el sargento Guillermo Eduardo Monteiro, alias Rambo, pero la causa fue archivada.

47 Daniel Feierstein: Los dos demonios (recargados), Buenos Aires, Marea, 2018, p. 222.

48 El caso Cambiaso y Pereyra Rossi se sumó a una treintena de hechos intimidatorios que se habían registrado en los primeros meses de 1983, en perjuicio de militantes populares, magistrados y hasta exfuncionarios del propio gobierno militar que se atrevieron a formular críticas. Dirigentes de distintas tendencias políticas hicieron responsable “a un sector del Ejército” y agregaron que el Gobierno “se transforma en cómplice de este asesinato al pretender que los militantes peronistas murieron en un enfrentamiento. ‘El Viejo’ Cambiaso y ‘Carlón’ Pereyra fueron secuestrados en el bar Magnum de Rosario por un grupo parapolicial comandado por Luis Patti. Sus cuerpos aparecieron baleados en Zárate. Los peritajes demostraron que ambos fueron golpeados y torturados antes de morir.

49 Marcelo Castro: “A 35 años de la desaparición de Néstor ‘Lito’ Gutiérrez”, Mejor Informado, 26 de diciembre de 2019.

50 Pérez trabaja en la agencia Télam, cubrió periodísticamente el crimen de Gutiérrez y escribió un libro con esa y otras historias, Desaparecido en democracia. Es parte de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y fue dirigente del Sindicato de Prensa.

51 Pablo Ramírez era un joven que fue asesinado en 1993 por un cabo de la policía, Teresa Rodríguez murió en 1997 durante la represión a las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul, y Carlos Fuentealba fue el docente asesinado en 2007 durante una represión en una marcha de docentes en Arroyito.

52 Carlos Juvenal: Sivak, Buenos Aires, Editorial IGI, 1987, p. 8.

53 Carlos Ares: “Hallado el cadáver de un empresario secuestrado hace 28 meses en Argentina”, El País, 6 de noviembre de 1987.

54 Ib., p. 9.

55 Sandra Gayol y Gabriel Kessler: Muertes que importan. Una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, pp. 66 y 67.

56 Guido Braslavsky: “Hace 30 años el MTP atacaba La Tablada, la última batalla de la izquierda militarista”, Clarín, 23 de enero de 2019.

57 Felipe Celesia y Pablo Waisberg: La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina, Buenos Aires, Aguilar, 2013. En ocasión de la publicación del libro, sus autores dieron una entrevista a Clarín donde afirmaron que “los que entraron a La Tablada eran revolucionarios, no una secta de dementes”.

58 Eduardo Anguita y Daniel Cecchini: “Hablan dos ex militantes del MTP que participaron del intento de copamiento del cuartel de La Tablada”, Infobae, 23 de enero de 2019.

59 Darío Gallo y Gonzalo Álvarez Guerrero: El Coti. Biografía no autorizada de Enrique Nosiglia, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

60 Fueron pocos los abogados que se animaron a tomar la defensa de los militantes enjuiciados por el ataque, entre ellos Marta Fernández, Eduardo Salerno y Rodolfo Yanzón.

61 Entre fines de 2019 y enero de 2020 el grupo periodístico La Retaguardia, junto a la Agencia Paco Urondo y FM La Caterva, realizó El Diario del Juicio por los desaparecidos de La Tablada, en el que publicaron el seguimiento de las audiencias del proceso en el cual fue condenado el general Alfredo Arrillaga, jefe de la represión para recuperar el cuartel, a prisión perpetua por el homicidio y desaparición de José Díaz. Allí hicieron conocer también breves biografías de los cuatro militantes desaparecidos.

62 En septiembre de 1978 Francia exigió a Argentina el envío de presos políticos por la falta de esclarecimiento del crimen de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

63 Aurora Sánchez reivindica una estirpe de militantes que lucharon en momentos cruciales del siglo xx, desde la Guerra Civil Española a la Nicaragua sandinista de los 80. En 1989, su hermano Roberto y su sobrino Iván tuvieron un final trágico en el asalto a La Tablada por el MTP, uno murió y el otro sigue desaparecido. “Mis indalos, que son mi hermano Roberto y mi hijo Iván, son los que me protegen ahora”, cuenta Aurora. Y explica que el indalo es un símbolo de la era neolítica encontrado en Mojácar, España. Las personas que viven allí sostienen que esta figura te protege de las personas que tienen mal ángel. Es por eso que ella tiene uno dibujado en la puerta de su casa y otro como colgante.

64 Gonzalo Magliano: “Familia de revolucionarios”, Haroldo, 2 de octubre de 2019.

65 Carlos Samojedny: Psicología y dialéctica del represor y el reprimido, Buenos Aires, Roblanco, 1986.

66 Autor de De Nicaragua a La Tablada, Una historia del Movimiento Todos por la Patria (Buenos Aires, Peña Lillo-Ediciones Continente, 2010) y cofundador de la revista Sudestada. Falleció en marzo de 2021. “Este no es un libro neutral, decíamos. En el combate librado entre un grupo de militantes que apostó por un cambio revolucionario a través de una acción guerrillera y un ejército genocida que fusiló a detenidos, carbonizó y mutiló cadáveres y torturó a los presos; no hay neutralidad posible”, escribió.

67 F. Celesia y P. Waisberg: O. cit., p. 152.

68 Adriana Meyer: “El proceso judicial está siendo muy reparador”, Página/12, 21 de enero de 2019.

69 F. Celesia y P. Waisberg: O. cit., p. 300.

CAPÍTULO 3

Carlos (1989-1999)

El cuaderno de notas estaba abierto, en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas dos páginas que quedaban a la vista. Decía “¿a partir de qué edad se puede empesar a torturar a un niño”.

Martín Kohan,

Dos veces junio, 2002.

Durante esa década interminable que fue el menemato hubo 61 desapariciones. En el año 1996 el entonces presidente Carlos Menem intentó explicar a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, escupió sin remordimientos.70 En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la policía federal, el comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz del dictador Jorge Rafael Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional se encargaría de aportar desde entonces esos nombres.

Baigorria y Garrido, Mendoza

“De vuelta a la paliza me llevan, no aguanto más”, dijo Garrido cuando los policías abrieron la puerta de la celda donde lo habían ingresado. Estaba muy golpeado. “A la celda 1 no me lleven”, imploró, según contó otro preso. Se refería a una sala donde lo habían interrogado bajo tortura. Dos agentes lo llevaron a rastras, casi no podía caminar.

La última vez que se supo de Adolfo Garrido y de Raúl Baigorria fue en la tarde del sábado 28 de abril de 1990, cuando personal de la policía de Mendoza los detuvo en la capital provincial. Pasaron tres décadas de encubrimientos, entorpecimiento de la investigación, ocultamiento y desidia por parte de jueces. Hasta hoy no se sabe dónde están sus cuerpos, y no hay un solo culpable identificado por su desaparición. Eran albañiles, Garrido tenía 29 años y su amigo Baigorria 31. Aquel sábado entre las 14 y las 16 horas circulaban en un Fiat 1500 azul, tipo rural. Personal policial de la Compañía Motorizada detuvo su marcha en la rotonda Monseñor Orzali, ubicada en el interior del Parque General San Martín. Luego de identificarlos y cachearlos, los subieron al móvil y se los llevaron detenidos, sin motivos y sin registro alguno en ninguna de las dependencias policiales. Desde aquel día nada se supo de ellos. Sus familiares hicieron la denuncia por desaparición dos días más tarde. Antes de esto, habían consultado en comisarías y en hospitales para tratar de encontrarlos, era muy extraño que llevaran tanto tiempo sin dar señales de vida.

El juez de instrucción Enrique Knoll comenzó la investigación el 14 de mayo con algunas testimoniales y averiguaciones para saber si Garrido y Baigorria habían pasado por alguna comisaría, algún hospital o morgue, o si habían salido de la provincia o incluso del país. El jefe de policía de aquel momento en Mendoza, Carlos Alberto Marcos durante en el gobierno peronista de José Octavio Bordón, dispuso la creación de una comisión con personal de la Dirección de Investigaciones para que averiguara qué había pasado con los dos albañiles. Pero una de las primeras medidas que tomaron fue allanar la casa de los familiares de las víctimas, con resultados negativos como era esperable.

En septiembre de 1990, otro policía se presentó voluntariamente ante el juez Knoll, aseguró que los había visto con vida. Desde ese momento y hasta septiembre de 1992 la causa quedó completamente estancada, sin ningún avance, ni medidas nuevas, nada de nada. El juez Knoll fue ascendido y el expediente pasó por las manos de varios magistrados, hasta que en marzo de 1993 quedó a cargo el juez Adelmo Argüello. Las esperanzas de los familiares volvieron, pero los resultados nunca llegaron. Luego la comisión ad hoc comenzó a hacer lo que nadie había hecho: pidió el expediente que seguía bajo secreto de sumario, los libros de novedades policiales de las distintas divisiones que pudieron haber intervenido ese 28 de abril para conseguir los nombres de los efectivos policiales que trabajaron ese día, y de las personas que estuvieron detenidas. Hubo 84 declaraciones testimoniales, todas en base a la información que habían reunido las familias de Garrido y Baigorria en esos seis años. Lo más relevante fue lo que detallaron los ex presos. Varios de los testigos clave habían cambiado su domicilio o habían fallecido. Otros tenían miedo de hablar por temor a represalias policiales y pedían reserva de su identidad. Además, las zonas donde podían estar los cuerpos habían cambiado y esto complicaba los rastrillajes.

Con todo, varios testigos coincidieron en que vieron el momento en que policías con boinas detuvieron a los dos albañiles en la rotonda Orzali. La descripción de esos uniformes confirmaba que se trataba de efectivos de la División Motorizada. En el móvil que usaron iba el sargento primero Carlos Sosa, el agente Miguel Muñoz y el agente Lucio Sosa. Garrido y Bagorria estuvieron en la Dirección de Investigaciones, donde habían llegado muy heridos. Uno de ellos describió la vestimenta de Garrido, que coincidía con la que tenía puesta cuando había sido apresado, y dijo que tenía la cara ensangrentada. En tanto Baigorria fue reconocido por otro hombre que estuvo detenido esa noche. “Pidió agua o un cigarrillo por la mirilla de los calabozos, y vi que estaba muy herido en su cara, lo habían hecho bosta”. Esa noche estaban de guardia el oficial Francisco Bullones y el agente Oscar Vega. Más allá de estas precisiones, nunca se supo dónde fueron llevados después, no hubo registro de lo que hicieron con ellos. Algunas declaraciones mencionaron que un policía reconoció que ellos habían matado a los dos hombres, mientras se burlaba diciendo que nunca los iban a descubrir. También se dijo que los calabozos se habían modificado luego de “lo ocurrido con Garrido y Baigorria”. Incluso antes de la desaparición de los albañiles, un hombre habría escuchado a un policía decir que tenían que “boletear a un tal Garrido”.

Pasaron años y hubo cambios en la Justicia mendocina, la causa pasó a manos de Claudia Ríos, de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional.

Luego de desestimar una gran cantidad de datos falsos, en 2010 una nueva pista tomó fuerza y reactivó la causa. Dos testigos, sin vinculación entre sí, indicaron que los cuerpos habían sido arrojados en una quebrada de la zona de El Challao, de Las Heras, a pocos minutos de la capital de Mendoza. Ríos ordenó la remoción de un tramo de hormigón que tapaba un cauce natural en la zona indicada, donde años antes hubo un aluvión. Pero los investigadores no encontraron ningún rastro de los albañiles.

El 2 de febrero de 1996 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que concluyó que Garrido y Baigorria fueron detenidos por una comisión policial, sometidos a torturas y muertos por sus captores.71 En 2017, finalmente, un grupo de abogados logró que la causa pasara a manos de la Justicia federal bajo la carátula de desaparición forzada seguida de muerte.

“Son los pobres deseos de investigar que ha mostrado la Justicia provincial después de casi treinta años, a pesar de que fue removido el juez Knoll, el poder judicial debe dar una respuesta a la impunidad en este caso que ya tuvo una sentencia condenatoria de la Corte IDH”, dijo Lucas Lecour, presidente de la organización mendocina Xumek (Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos).

“Fueron interceptados por un móvil de la Dirección Motorizada del que descendieron cuatro funcionarios uniformados y con boinas que cubrían sus cabezas. Luego de hacerlos descender del vehículo y ‘cacharlos’ los trasladaron a dependencias policiales, desconociéndose su paradero hasta el día de la fecha”, dice el texto difundido por el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic que ofrece dos recompensas de 500 000 pesos a cambio de datos sobre ellos, en el expediente que está en la Fiscalía Federal 2 a cargo de Fernando Alcaraz. “Hubo una presentación de los abogados ante instancia internacional, y nos dieron intervención ahora. Una de las medidas propuestas fue poner una recompensa y comenzar un relevamiento de N.N. en toda la provincia”, dijo Leticia Risco, a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Andrés Núñez, La Plata, Buenos Aires

Mirna Gómez lleva tres décadas buscando a su compañero, pateando pasillos y recorriendo despachos, caminando bajo sol y lluvia. “Tengo mucha bronca porque hay un policía que sigue prófugo, pero en Argentina siempre amparan a la policía, y también estamos empantanados con los cuatro policías que están procesados por el encubrimiento de las torturas seguidas de muerte de Andrés, desde hace dos años esperamos que pongan la fecha al juicio oral”, resume sobre la investigación judicial.

Mirna es solidaria con otras luchas. Menudita, siempre con su pelo lacio con flequillo, a veces flaquea y entonces se refugia en el abrazo contenedor de los familiares de víctimas de la represión estatal.

Andrés Núñez vivía en Villa Elvira y trabajaba arreglando electrodomésticos, aunque las crónicas instalaron que era albañil. Tampoco fue el primer desaparecido en democracia, como se suele consignar. Le gustaba jugar al fútbol y había probado suerte en Defensores de Cambaceres y en Estudiantes de Mar del Plata como marcador lateral derecho. Tenía 32 años, le decían Gallego y solía andar en bicicleta. El 27 de septiembre de 1990 fue visto por última vez. Ese día, efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata salieron en un operativo de cinco hombres en un auto. El objetivo: investigar el robo de una bicicleta. El subcomisario Luis Raúl Ponce, al mando del grupo, se había formado en la comisaría 5ª de La Plata, uno de los trece centros clandestinos de detención de la dictadura militar en esa ciudad. Junto a Ponce estaban el oficial Pablo Martín Gerez y tres agentes: Víctor Dos Santos, José Daniel Ramos y Jorge Alfredo González. Este último solía ser el chofer del Fiat 147 gris que usaban en los operativos. Ese 27 era jueves. Los policías se llevaron primero a Jorge David Guebara, de 16 años. Estaba cortando el pasto en la vereda, en el barrio El Dique, cuando apareció el auto con los policías. Guebara era amigo de Núñez, andaban siempre juntos. El Gallego llamaba la atención por su costumbre de moverse pedaleando, así que los policías lo asociaron al robo y fueron a buscarlo a su casa. Su bicicleta era una Olmo de carrera profesional, color gris con detalles en rojo. El Gallego y la bicicleta eran una unidad indivisible. Al momento de su desaparición vivía con Mirna, con quien había tenido una hija un año antes. Cuando se conocieron, en el boliche Macondo, él la encaró con la frase: “Te llevo en mi móvil”. Ella pensó que la llevaría en auto a su casa. El “móvil” era la bici gris que tenía atada a un poste junto a una estación de servicio.

Núñez no estaba cuando los policías llegaron a las 11 de la noche a la casa ubicada en 119 y 78. Gerez comandó al grupo. Al acercarse, vieron llegar a Walter Di Pietro, la pareja de Isabel Olguín, la madre del Gallego. Lo confundieron con Núñez, lo subieron al auto y lo golpearon. Al comprobar que no era quien pensaban, lo dejaron ir. Los policías Gerez y Ramos se acomodaron dentro de la casa y pidieron café, mientras Dos Santos y González esperaban afuera. Al rato Núñez llegó con su equipo deportivo, venía de jugar al fútbol. Lo llevaron al fondo y lo golpearon. Su campera quedó manchada con la pintura de esas paredes. Fue la última imagen de él con vida. Mirna y la madre de Andrés salieron a recorrer hospitales y comisarías. Obtuvieron el dato de que podría estar en la Brigada de Investigaciones, de 61 entre 12 y 13, pero allí les negaron la detención de Núñez. En el lugar estaba la madre del joven Guebara, Norma Ordáz que buscaba a su hijo, y les dijo que había visto cómo entraban al Gallego a la rastra. Fue el dato clave para comprobar que Andrés sí había estado allí. Los oficiales presentes quedarían procesados por encubrimiento. Eran el jefe de la dependencia, Pedro Costilla, su segundo, Juan Kadluwoski, y los policías Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Ernesto Zavala, Oscar Silva, César Carrizo y Gustavo Veiga.

Con Núñez, Mirna y su pequeña hija vivía el hijo más grande de ella, Matías. “El día que se llevaron a Andrés yo estaba en casa de mi papá, en La Matanza. Mi mamá me contó lo que había pasado, yo tenía 12 años y me instalé con ella en enero del 91”, recuerda. “Andrés era un tipo piola, laburante, futbolista. Pasaba mucho tiempo con él. Me llevaba a los entrenamientos. Aunque el fútbol no me gustaba, lo acompañaba. En 7 y 66 tenía el local donde arreglaba electrodomésticos”.

El derrotero judicial se inició con el hábeas corpus ante el juzgado en lo Penal 7, y el 12 de octubre saltó a las páginas del diario El Día. La causa cayó en manos de un juez surgido del radicalismo y con buenas relaciones con los comisarios, Amílcar Benigno Vara, quien llegó a decirle a Mirna que Andrés podría haberse ido con otra mujer. Núñez había muerto en la tortura; Guebara llegó a presenciar cómo le practicaban submarino seco, es decir, la asfixia con una bolsa de nylon. El encubrimiento se inició de inmediato. El libro de guardias en el que se consignó el ingreso de Núñez fue cambiado por uno nuevo que omitía su nombre y los presos fueron presionados para que no hablaran con los investigadores. Sin embargo, cinco de ellos pudieron hacer su relato por escrito. Encabezados por los hermanos José y Miguel Décima, hicieron copias y sus familiares sacaron las declaraciones en sus ropas. Los reclusos querían usar el testimonio como salvoconducto. Firmaron con sus nombres y número de documento. “Vimos al menor [Guebara] y nos comentó que lo levantaron a él y a otro apodado el ‘Gallego’ o ‘Gaita’, al menor lo traen el día 27/09 de 1990, lo sacan el 28/09 del 90 a la madrugada después que nos habían dicho que habían traído al cómplice acusado de violación. Y luego de esto, y desde 40 minutos antes hasta una hora después, se oían golpes y gritos. Lo traen al menor golpeado y no podía caminar. Veinte minutos antes se escuchaban risas y pasa un policía de calle y nos dice que todavía no traen al sospechoso de violación porque se había cagado y meado encima y se estaba bañando”. El juez Vara demoró cuatro años en incorporar ese documento a la causa. Por su parte, Guebara hizo una denuncia por apremios ilegales: sus lesiones fueron constatadas por los peritos. El libro de guardia consigna que en la madrugada del 28 de septiembre Vara estuvo allí, y persiste la sospecha de que podría haber sido el ideólogo de la desaparición. Los policías se llevaron el cadáver a El Roble, un campo de General Belgrano, sobre la ruta 41. La Justicia pudo reconstruir que subieron el cuerpo al baúl de un Ford Falcon azul. En el auto iban Gerez, Dos Santos, González y Ramos, cuatro de los cinco hombres que se habían llevado a Núñez de su casa. En El Roble quemaron el cadáver sobre una base de dos chapones, leños y cubiertas de auto. Era lo que se conocía como “capacha”, un sistema usado por los policías de Camps y Etchecolatz durante la dictadura para eliminar rastros de sus víctimas. También se utilizaba en la ESMA, donde lo denominaban “el asadito”. El Roble tenía como encargado a Edgardo Gerez, primo de Pablo. Este reconocería que su pariente policía solía visitar el lugar para prácticas de tiro.

“El segundo apellido de Pablo Martín Gerez es Duhalde, su madre se llama Nelly Esther Duhalde y es prima del ex gobernador y ex presidente. Cuando desapareció Andrés, el gobernador era Antonio Cafiero, pero quien generó a la Maldita Policía fue el propio Duhalde. Ragendorfer y Dutil investigaron la cobertura que les dio el comisario Mario ‘Chorizo’ Rodríguez a esta gente, a través del agente Pedro Avio”,72 refiere Julio Avinceto, de Espacio de Lucha Nilda Eloy, fiel ladero de Mirna. “La propiedad del campo donde enterraron a Andrés se dijo que era de Chorizo Rodríguez, pero resultó que no. Lo que sí, quien cuidaba ese campo era primo de Gerez. La señora Nelly Duhalde es conocida en General Belgrano, Gerez nació ahí, su primo dijo que iba asiduamente a tirar tiros a ese campo. Llevaron el cuerpo de Andrés ahí, no queda cerca de La Plata pero ahí tenían manejo del lugar”, agrega.

Mientras tanto, la causa dormía el sueño de los justos en el escritorio de Vara, pero los testimonios de otros detenidos aquella noche de septiembre que compartieron cautiverio con Núñez y Guebara obligaron al juez a encausar como “imputados no procesados” a trece policías. La familia de Núñez se movió en esos tiempos con el apoyo de grupos de derechos humanos y pedidos de informes en el Concejo Deliberante. “Den respuesta, den repuesta. Seguimos en la plaza hasta que Andrés aparezca”. Fue la consigna que se impuso en las marchas por Núñez desde octubre de 1990. El nombre de Núñez se pronunció en la Marcha de la Resistencia que organizaron las Madres en Plaza de Mayo el 5 y 6 de diciembre de 1990, en la que se alertó sobre el inminente indulto que Carlos Menem daría a los comandantes de la dictadura. El 23 de diciembre, víctima de una profunda depresión, murió Isabel Olguín, la madre de Núñez.

“Se trata de un caso complejo, que sigue abierto por la lucha de Mirna y de los organismos de derechos humanos, fue una desaparición forzada, ya hubo dos juicios orales por torturas seguidas de muerte”, expresa Avinceto.

Vara cerró el expediente en febrero de 1993. La medida fue apelada por los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. En septiembre de ese año, el juez obtuvo fama por otro caso de desaparición forzada y con mayor impacto mediático, el estudiante de periodismo Miguel Bru. Además del mismo juez, ambos casos tenían en común al policía Walter Abrigo, que revistaba en la comisaría 9ª de La Plata y declaró en el caso Núñez que el menor Guebara había sido arrestado varias veces por su “participación en diferentes delitos”. Y una tercera coincidencia, los policías acusados por las desapariciones de Bru y Núñez tenían abogado en común: Alejandro Casal, de quien también se decía que habría distribuido dinero de la Bonaerense para sostener a los efectivos prófugos.

“Se les fue”

El testigo Roberto Díaz era chofer de un camión recolector de basura, con varias entradas en comisarías. En 1992 acusó a policías bonaerenses de haberlo secuestrado en la comisaría 5ª y sometido a torturas. Díaz aseguró que efectivos de la Brigada se habían llevado a Núñez y Guebara por su presunta participación en un robo y que ambos fueron torturados. Afirmó que el subcomisario Ponce ordenó el submarino seco, que el suboficial González llevó a cabo, y la consecuencia fue la muerte de Núñez. Luego, afirmaba Díaz, el comisario Pedro Costilla, a cargo de la Brigada, había ordenado el encubrimiento. Si esto era explosivo, aún faltaban los testimonios de los otros presos. No se les tomó declaración delante de un instructor policial, sino en los Tribunales de La Plata, y fueron demoledoras: afirmaron haber visto a Guebara y Núñez en la Brigada y percibido que los habían torturado. Resultó clave el testimonio de los hermanos Décima, que escucharon gritos desde su celda, corridas y la certeza de que “se les había ido la mano con alguien y que se les fue”. Guebara también declaró a instancias de la abogada Elba Tempera y confirmó los tormentos de asfixia que sufrieron su amigo y él. Vara no tuvo más remedio, el 10 de diciembre de 1993, que procesar a los cinco policías que se llevaron a Núñez de su casa y a otros ocho efectivos encubridores. Los abogados defensores interpusieron pedidos de hábeas corpus. La sala II de la Cámara de Apelaciones los rechazó y allí comenzó una secuencia estremecedora: la condición de prófugos de los policías procesados, que llega hasta nuestros días en el caso específico de Pablo Gerez.

Amigos de uniforme

En las sombras, movía influencias uno de los hombres más fuertes de la Bonaerense: el comisario Mario “Chorizo” Rodríguez. Pocos años después, ya cuando la fuerza estaba al mando de Pedro Klodczyk durante el duhaldismo y pasó a ser la “Maldita Policía”, Rodríguez era virtualmente el segundo de la policía provincial. Era “padrino” en la policía del oficial Gerez, sus compañeros lo señalaban como su tío. En abril del 96, Pedro Avio, un policía que había revistado a las órdenes de Rodríguez en la Brigada de Investigaciones de La Matanza, declaró como testigo protegido y aseguró que a fines de 1993 Rodríguez le encomendó esconder en una quinta de Pontevedra, partido de Merlo, a los prófugos del caso Núñez.73 Rodríguez desmintió los dichos de Avio, pero en julio de 1996 el propio comisario Pedro Costilla y los suboficiales Dos Santos y Fraga corroboraron las declaraciones de Avio acerca de la protección brindada por Rodríguez a los prófugos del caso Núñez, dieron detalles sobre el dinero supuestamente pagado por él al juez Vara y el rol del magistrado en la desaparición de Andrés.74

Cajita de metal

“Ya me tiene seco y va terminar cagándome la carrera”, dijo el juez Vara en marzo de 1994 durante un asado en la brigada, luego de haber increpado a los policías por no tener coraje para “eliminar” a la abogada Tempera. La letrada lo denunció en abril de 1995, y un mes más tarde Vara se inhibió. La causa pasó a manos del juez Ricardo Szelagowski, quien aún no había terminado de leer los cuerpos del expediente cuando el 8 de agosto de ese año apareció el sargento primero José Daniel Ramos en el juzgado, acompañado por la abogada a la que Vara quería quitar del medio. Ramos declaró qué habían hecho con el cuerpo de Andrés y apuntó hacia el campo El Roble. Así, el 10 de agosto de 1995 partió hacia el terreno ubicado en General Belgrano, a 110 kilómetros de La Plata, una comitiva integrada por el juez, el “arrepentido” Ramos y miembros del EAAF. Dentro de un deteriorado tanque australiano encontraron restos de carbón y combustión. Al excavar aparecieron restos óseos y retazos de una mochila, junto a jirones de prendas de vestir y calzado. Omar Núñez, hermano de Andrés, los reconoció: eran del Gallego. “Hubo semiplena prueba de que era Núñez porque ese día estaba presente Omar, su hermano, y cuando sacaron los restos del tanque reconoció la cajita de metal que llevaba Andrés con parche y solución por si pinchaba la bicicleta”, explica Avinceto, al lado de Mirna. El peritaje del EAAF concluyó que Núñez fue cremado allí donde lo enterraron, por la presencia de capas de tierra quemada, carbón vegetal, cenizas, restos óseos humanos tiznados, calcinados e incinerados. También, que el cuerpo estaba desnudo y que las prendas fueron colocadas debajo de Andrés, lo que explicaba su buena conservación. Las muestras de ADN obtenidas se compararon con la sangre de la hija de Andrés y Mirna y con la de Omar Núñez. El porcentaje de certeza era de 91,99%. “Fue muy fuerte el hallazgo, se sintió como un alivio, dentro de tanta oscuridad, saber dónde está, tener un lugar en el cementerio. Habían pasado cinco años”, dice Matías, el hijo de Mirna.

Doce sobres

“Cuando apareció el cuerpo no me avisaron porque estaba enferma, salió el anuncio en un diario, me lo trajo mi sobrino, no lo podía creer. Cada vez que iba al juzgado me mostraban, tenían las cenizas en doce sobres. La última vez que fui se cayeron al piso –hace una pausa– en ese momento quise patear todo. ‘Pongan al menos una cinta al sobre’, les dije”. Una semana después las pusieron en una bolsa de nylon negra, Mirna pidió una urna y le respondieron que la tenía que comprar ella.

El fin de la incertidumbre respecto del destino de Núñez trajo una mala nueva: Szelagowski desligó de la causa al policía arrepentido Ramos. “Ramos estaba casado con una mujer policía, Alicia Visconti, ella es la primera que va a declarar porque no quería verse implicada. Aquella noche el policía llegó lleno de barro y sangre, borracho, confesó que se habían mandado una cagada y que la resolvieron con el grupo operativo de Gerez. Se separaron, ella se refugió en San Luis. Él negoció su situación procesal al dar el dato, encontramos el cuerpo de Andrés, y lo apartaron de la investigación con la excusa de que estaba insano y consumía cocaína. Para nosotros es responsable, pero el juez negoció con él”, dice Avinceto masticando bronca.

Espionaje a las víctimas

En 2015 se desclasificó material de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) sobre la Masacre de Budge, un emblemático caso de gatillo fácil ocurrido en 1987. La CPM difundió el informe. La Dippba había funcionado entre 1956 y 1998, cuando se la desarticuló en base a la reforma iniciada por León Arslanian, lo cual no quería decir que no hubiera inteligencia policial desde la disolución del organismo. La clave pasaba por infiltrarse entre familiares, denunciantes y grupos de derechos humanos.

Mirna Gómez quiso saber si en esos archivos había algo sobre la desaparición de Andrés, y desde la CPM le remitieron una carpeta de 147 fojas y 2 CDs con 300 páginas digitalizadas. Había una ficha personal referida a Andrés, fechada en marzo de 1992. “Desaparecido”, rezaba el legajo iniciado con un memorándum fechado el 13 de octubre de 1990, con la firma del subcomisario Carlos Bonanni, titular de la Dirección de Reunión de Información (DRI), quien informaba que en el caso Núñez “estaría involucrado personal policial”, aunque “no se ha podido establecer la veracidad de lo acontecido”. En un segundo informe se notaba el interés de la Bonaerense en saber cómo era la reacción popular por la desaparición, con material obtenido por la infiltración en las marchas. Un tercer informe aludía a la “intensa actividad panfletaria en el radio céntrico de nuestra ciudad” por parte de organismos de derechos humanos y la “adhesión de fracciones de izquierda”. Un nuevo memorándum informaba que “se estaría ante la posibilidad de que el mencionado Núñez perteneciera al grupo denominado Brigada Che Guevara, de reciente conformación y actividad en nuestro medio”. “Nunca existió esa agrupación o fue muy minúscula. Andrés no tuvo nada que ver, lo hicieron para mancharlo. En esos informes aparece el nombre del policía Costilla, que está imputado de encubrimiento”, aporta Avinceto.

Hacer justicia

A finales de 2010 tuvo lugar el primer juicio, con 65 testigos citados a declarar entre el 23 y el 30 de noviembre de ese año. En el banquillo de los acusados estaban dos de los policías que habían participado del operativo: González y Dos Santos. El primero fue encontrado en Córdoba; el otro, en Almirante Brown. Declararon los familiares de Andrés, otros torturados en la Brigada y los integrantes del EAAF, además del primo de Gerez encargado del campo donde aparecieron los restos. Era la segunda vez en La Plata que se llevaba a cabo un juicio contra policías por torturas seguidas de muerte, tras el proceso por la desaparición de Miguel Bru. Ante los jueces María Elia Riusech, Laura Lasaga y Raúl Dalto se reconstruyó lo sucedido en 1990. Los dos policías fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua: González por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada en concurso ideal con torturas seguidas de muerte, y Dos Santos como autor de los tormentos que causaron la muerte a Andrés. En el fallo, los magistrados recordaron que ambos policías habían admitido la existencia del crimen en sus declaraciones indagatorias, lo cual no atenuaba sus responsabilidades, sino que coincidía con la gran cantidad de prueba recolectada en el juicio.

Dos Santos, que murió en prisión, contó en el juicio con el patrocinio legal de Claudio Ritter, quien sostuvo que los castigos recibidos por Núñez no eran torturas. “Colocar una bolsa plástica en la cabeza de modo de hacer faltar el aire, y producir la sensación de ahogo, contrariamente a lo sostenido por el defensor, tal sensación, colocada la víctima en total indefensión, constituye un acto que intencionalmente causó sufrimiento físico y psíquico grave”, contestó la jueza Riusech en el fallo. En un apartado se dispuso lo que la familia de Núñez había esperado desde 1995: la entrega de los restos hallados en la estancia El Roble. “Por suerte hemos podido recuperar las cenizas de Andrés, después de mucho trámite. Mi mamá las llevó al cementerio de La Plata”, apunta Matías.

Caminos que se cruzan

El segundo juicio tendría como protagonista a Luis Raúl Ponce, el policía que estaba al frente del operativo la noche que se llevaron a Núñez. El nombre de Ponce apareció en 2006, durante el juicio contra el ex jefe de la Bonaerense durante la dictadura, Miguel Etchecolatz. Un testigo contó que Ponce manejaba el móvil policial en el que se lo llevaron la noche del 27 de octubre de 1976, cuando irrumpieron en su casa de Los Hornos. El testigo afirmó que reconoció a Ponce porque lo ubicaba del barrio. Para cuando el testigo declaró, Ponce llevaba más de una década prófugo por su rol en la desaparición de Núñez. Aquel testigo que lo mencionó en el juicio contra Etchecolatz desapareció por segunda vez el 18 de septiembre de 2006. Se llamaba Jorge Julio López.

La caída de Ponce fue fortuita. Lo encontró la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y no porque lo buscaran en relación a lo sucedido en 1990. Lo confundieron con otro represor de la dictadura. Ocurrió que Ponce se escondió en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Las autoridades estaban en la búsqueda de César Heriberto Peralta, reclamado por la Justicia de Santa Fe en una causa de lesa humanidad. El segundo apellido de Ponce era Peralta. Sin demasiada astucia, fraguó su identidad usando el apellido materno y su segundo nombre, con lo que pasó a ser Raúl Peralta. Se resistió a los tiros ante los efectivos de la PSA que lo interceptaron en la ruta 63, camino a Bariloche, el 7 de agosto de 2012. Ponce fue condenado a reclusión perpetua.

Para Avinceto, “llevarlos a juicio no fue fácil, la causa se instruyó con el viejo Código Penal, estuvo abierta tanto tiempo que un montón de funcionarios pasaron por la instrucción, con lo que resultó complejo armar un tribunal: con Ponce se armó un tribunal con jueces de cámara y se lo enjuició por torturas seguidas de muerte, donde además del hecho se consideró que tenía mando”.

Destituido como juez en 1998 por irregularidades en 27 casos, entre ellos los de Bru y Núñez, Amílcar Vara murió en 2014. “Vara fue parte del Estado. Tuvo una historia oscura dentro del Estado que secuestró y torturó. Él fue una continuidad de esa línea en democracia”, cuenta Matías.

En el medio, Eduardo Hortel, abogado de Mirna Gómez, logró la imprescriptibilidad del caso Núñez. Fue en 2013, cuando se presentó ante la Corte Suprema bonaerense con el pedido de que el caso fuera considerado de lesa humanidad, una desaparición forzada de persona. Los jueces del máximo tribunal provincial negaron esa carátula, pero consideraron que la acción judicial contra los policías involucrados no estaba prescripta. Se basaron en la doctrina de los casos Bulacio y Bueno Alves y estimaron que lo ocurrido con el futbolista Andrés Núñez era una “grave vulneración de los derechos humanos”, y que era imprescindible “extremar la diligencia judicial” para llevar a los responsables a juicio. La Corte Suprema de la Nación se pronunció en el mismo sentido.

Falta uno

Fue después de esa acordada que se juzgó a Ponce. Sin embargo, hay un nombre esquivo: Gerez. Pasadas más de tres décadas, el Estado no pudo (¿no quiso?) dar con él. Se sabe que tiene 60 años y que nació en General Belgrano, donde aparecieron los restos de Núñez. El policía prófugo visitaría con cierta regularidad a su madre en General Belgrano, Nelly Esther Duhalde, prima del ex gobernador y ex presidente. En tiempos de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Justicia Julio Alak –que fue intendente de La Plata a partir de 1991, durante la búsqueda de Núñez y cuando se produjo la desaparición de Bru– no incluyó a Gerez en el Programa Buscar, incluso cuando se trataba de uno de los prófugos más antiguos. Por si fuera poco, Natalia Nosenzo, abogada de Gerez, pidió la prescripción en 2009, cuatro años antes del fallo contrario de la Corte provincial. Aquella presentación ofreció un detalle llamativo. El escrito de Nosenzo, en favor de un prófugo de más de quince años, tenía la firma de puño y letra de Gerez. Se sabe que la madre integra una ONG de ayuda oncológica, y que el prófugo asistió al cumpleaños de un primo. “Hemos pedido un grupo de búsqueda específica y designaron a dos integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para buscar a Gerez, pero no tenían ni siquiera la información que hay de su madre en Internet, y cuando se mandaron a General Belgrano encubiertos los paró la Bonaerense y les dijo ‘ustedes quiénes son, qué están haciendo’. Esa es la manera de operar de la nueva fuerza y mejor entrenada”, recrimina y se lamenta Avinceto. “Fuimos con HIJOS y con colectivos contra el gatillo fácil, presentamos testimonios de vecinos sobre cómo ubicar a Gerez y no pasó nada”, dice Matías.

Mirna tiene la asistencia de los abogados de la Defensoría 1 de La Plata Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira, y siguen trabajando con Eduardo Hortel. “Se acusó a trece policías y hoy están procesados nada más que cuatro: Gustavo Veiga, César Carrizo, Ernesto Zabala y Pedro Costilla, por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, resalta Avinceto. “El juicio por el encubrimiento está demorado por la pandemia. Los jueces ya están designados: Emir Caputo Tártara, Ezequiel Medrano y Juan José Ruiz. Había un comisario Silva procesado, pero ya falleció. El tiempo juega en contra”, reflexiona Matías.

Alejandro Flores, Río Cuarto, Córdoba

Un niño, una tormenta, una pesadilla

Ni Moria Casán, ni Franco Bagnato, que la llevó al programa televisivo Gente que busca gente, ni tampoco el ministro de Justicia Carlos Iribarne pudieron ayudarla. Rosa Arias tiene esa tristeza perenne en la mirada cuando habla de su hijo, Víctor Alejandro Flores, desaparecido el 16 de marzo de 1991 en Río Cuarto, Córdoba, cuando tenía apenas 5 años. “Ale desaparece un sábado, vivíamos en el barrio Buena Vista y teníamos que ir a San Antonio de Padua, ahí vive su tía. Fuimos para allá a comer, él me pide permiso para ir a ver dibujitos a la casa de su otra tía que vivía ahí nomás de donde estábamos”. Era un día de calor, pero de pronto se desató una tormenta. Rosa dice que sintió algo en el pecho y salió a buscarlo, para llevarle un buzo. “Ale no fue a la casa de su tía, fue a lo de su abuela, le dicen que vuelva conmigo, entonces él cruza la calle volviendo adonde estaba yo. Llegando a la esquina del hospital, un patrullero manejado por Gaumet y Funes, que traía droga al barrio, lo atropella quebrándole la caderita. Lo ven en el piso, lo levantan y se lo llevan hasta encontrar a la enfermera Norma Nieto, que estaba esperando el colectivo. Cuando ella abre la puerta del móvil, lo ve a Ale y le dicen que no diga nada, sube y lo llevan a la calle Deán Funes, ahí vivía la Rosana Maraceno, otra enfermera. Reciben a Ale y Norma se viene caminando a su casa amenazada por la policía. Nosotros lo seguimos buscando durante 17 años, hasta que encontramos sus restos”.75

Aquel día Rosa estaba amamantando a su beba de cuatro meses, se había separado del padre de Ale cuando el niño tenía la edad de su hermanita. Medio centenar de vecinos la ayudaron a buscarlo esa noche, sin apoyo policial, con la batería de un camión y unas luces cubiertas con plásticos llegaron a rastrillar el cauce del río.76 Cuando fue al hospital a preguntar, justo en ese momento salía un patrullero. Ella les recriminó que no habían acudido a la búsqueda, y los policías adujeron que tenían fuera de funcionamiento el sistema de comunicaciones. Alejandro estaba en el hospital, escondido en el pabellón de salud mental, pero los policías lo llevaron luego a casa de las enfermeras que no lograron contener las hemorragias internas que le arrebataron la vida.

En esos años la incertidumbre sobre dónde se encontraba Alejandro atormentaba a su madre. Hubo mensajes y llamadas erróneas, incluso bromas de mal gusto que la llevaron a viajar hasta Punta Arenas, en Chile. “Vendí lo que tenía, salí a pedir”, recordó. Le decían que se lo había llevado el padre, Víctor Flores, de quien estaba separada, o que lo habían raptado los gitanos. Su nueva pareja fue golpeada por desconocidos que le dijeron que se hiciera cargo de la muerte de Ale.

Rosa juntaba información igual, y organizaba marchas y se contactaba con la Correpi. Hasta que en 1996 un policía, Jorge Muo, comentó que había escuchado que dos colegas andaban patrullando la zona esa tarde, que habían atropellado un niño y que lo habían trasladado en su vehículo todavía vivo hacia la casa de dos enfermeras amigas que no pudieron salvarlo. A Muo le terminaron haciendo una causa por falso testimonio, le abrieron una carpeta psiquiátrica y lo sacaron del cargo. Las enfermeras que querían dar un aporte a la causa fueron sacadas de sus puestos. Se dijo también que los dos policías responsables fueron ascendidos. Según Rosa, el fiscal Luis Cerioni le decía que no le creyera a Muo porque estaba loco. El sistema judicial-policial no se privó de maltratar a Rosa, como a tantas otras víctimas. “¿Qué hace usted acá? Vaya. Si hay alguna novedad, ya le vamos a avisar”, le decían cuando iba a preguntar por su hijo. “Ni cuando encontraron los huesitos me avisaron. Yo estaba planchando, trabajando en casa de familia, y una vecina me avisó porque lo escuchó por radio”. Según la periodista Denise Audrito, “especialistas lamentan que en la excavación no actuaron peritos especializados para determinar si los restos siempre estuvieron ahí o fueron trasladados”, porque “tal circunstancia podría haber revelado otro delito y acaso evitado la prescripción”.77

En julio de 2008, Horacio Zorzini, un verdulero que trabajaba cerca de donde desapareció el joven, encontró accidentalmente en una acequia unos restos óseos que corresponderían al cráneo y demás huesos de un niño, a tan solo 300 metros de donde desapareció Alejandro. Luego de la autopsia se reveló finalmente que era él. El cadáver presentaba fractura de cadera y de los miembros superiores e inferiores. La acción penal por homicidio culposo y abandono de persona justo había prescripto por el paso del tiempo. El cuerpo de Alejandro Flores, luego de ser atropellado por un móvil policial, había sido echado a una alcantarilla donde permaneció oculto por diecisiete años. En el 2009, el fiscal Javier Di Santo logró determinar que los policías del comando radioeléctrico Mario Gaumet y Gustavo Funes habrían sido quienes atropellaron al niño, entre las 14 y las 16 horas del 16 de marzo de 1991 en el cruce de Carlos Rodríguez y Pedro Zanni con un móvil del Comando Radioeléctrico, omitieron llevarlo a un hospital y, cuando murió, ocultaron el cuerpo. En una misma resolución los imputó por homicidio culposo, pero al mismo tiempo los sobreseyó por prescripción.

En 2014 un fallo de la Corte Suprema ordenó profundizar la investigación para esclarecer la muerte de Alejandro y pidió que se investigaran “los acontecimientos que pudieran haber entorpecido la marcha del proceso y dilatado la pesquisa”. En la sentencia, los cortesanos expresaron que “la extinción de la pretensión penal no implica desentenderse de la obligación del Estado de asegurar el derecho de los padres de la víctima a conocer la verdad de los hechos”. Sin embargo, la causa permanece impune.

Paulo Cristian Guardati, Godoy Cruz, Mendoza

“No me voy a morir hasta encontrar a mi hijo”. Son las palabras que repite desde hace 29 años Hilda Lavizzari, madre de Paulo Cristian Guardati. El joven de 21 años fue visto por última vez cuando caminaba esposado y custodiado por un policía de civil por un boulevard del barrio La Estanzuela, del departamento Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Hasta hoy no se sabe dónde está su cuerpo.

Decenas de jueces tuvieron en sus manos esta causa, varias fojas del extensísimo expediente se perdieron con cada cambio de magistrado, y no hay ningún imputado ni condenado por esta desaparición forzada. El principal sospechoso y tres cómplices, todos policías, que estuvieron implicados y acusados desde el primer momento de la investigación, fueron sobreseídos. Aunque uno de ellos fue señalado nuevamente por un ex compañero, y los pesquisas pusieron la mirada sobre él una vez más.

“Ni siquiera tengo una lápida donde llevar una flor”, dice la madre de Guardati, quien, a sus 77 años, ya con su pelo completamente blanco y con una difícil enfermedad que padece hace tiempo, jamás dejó de buscar a su hijo. Cualquier indicio o pista que lleve a encontrar algo de la humanidad de Cristian es una luz de esperanza para ella. Siempre recuerda las últimas palabras que escuchó de la boca de su hijo: “Vieja, voy al baile. No me esperes levantada”.

Guardati trabajaba de albañil. Había ido a un baile en la escuela Atilio Anastasi, en barrio La Estanzuela, de Godoy Cruz, en la noche del 23 de mayo de 1992 junto a sus amigos César Altamiranda, Ricardo Andrade, Roberto Ramírez y Cristian Reinoso. Cuando regresaban a sus casas, entre las 4.30 y las 5 de la madrugada del domingo 24 de mayo, tuvieron un problema con un policía de civil que caminaba por la vereda de enfrente. Según la declaración de Andrade y Ramírez, Guardati le habría lanzado una piedra al hombre que parecía seguirlos, y esto provocó que el policía disparara hacia el aire y corriera detrás de ellos. Los jóvenes escaparon hacia diferentes direcciones para no ser alcanzados, pero el policía eligió ir detrás de Guardati. Su amigo Andrade vio cuando el hombre lo alcanzó y lo tiró al suelo. Ramírez relató en su declaración el momento en que le puso las esposas. Los vecinos se asomaron a ver qué pasaba, luego algunos dirían que escucharon un disparo, otros que las detonaciones fueron ocho, pero sus relatos coincidieron en que un hombre joven, alto, de pelo corto –con un arma de fuego en una de sus manos “como la reglamentaria que usa la Policía”, vestido de civil con un jogging azul oscuro–, llevaba por el medio del boulevard de la calle 38 hacia el sur a Guardati, quien iba esposado. Por el camino en el que iban se dirigían al Destacamento de La Estanzuela. Su amigo Ramírez siguió a Guardati y a su captor hasta que llegaron hasta la vereda de esa dependencia policial, y se fue.

Nadie puso en tela de juicio que el hombre armado era un agente, más allá de su aspecto, porque portaba un arma. De lo contrario no se hubiese expuesto a llevar a un joven por el medio de la calle, esposado y apuntándole con un arma de fuego a la vista de potenciales testigos. De hecho, un vecino declaró que vio desde la ventana de su casa cuando el chico estaba tirado sobre un montículo de arena y cerca de él había una persona armada. Para ver mejor lo que pasaba, salió y el sujeto le pidió que llamara al Comando Radioeléctrico, es decir, a la policía. Los amigos de Guardati creyeron que pasaría la noche detenido, especialmente por lanzarle un piedrazo a un efectivo, y que al día siguiente saldría en libertad, pero eso no ocurrió.

La madre de Guardati esperó algunas horas y al no tener noticias de su hijo, y no saber dónde había sido llevado, el 25 de mayo hizo la denuncia en la comisaría 7ª de Godoy Cruz. Nada sería regular, los policías comenzaron la investigación sin informar a un juez de Instrucción, tal como lo establece el código de procedimientos penales de Mendoza. En febrero de 1993, la jueza Estela Garritano de Cejas procesó e imputó a los policías Walter Godoy, Oscar Luffi, Walter Páez y José Aracena por privación ilegítima de la libertad y por homicidio calificado. La magistrada llegó a la conclusión de que Paulo fue capturado por Godoy debido al testimonio de los amigos del joven y de los vecinos. Los otros tres efectivos, que estaban de guardia esa noche, fueron partícipes necesarios de la desaparición. Además, una veintena de personas fueron imputadas por falso testimonio y encubrimiento. Sin embargo, en abril de 1993, la Quinta Cámara del Crimen dictaminó en forma dividida la falta de mérito a favor de los cuatro policías acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado, por lo que recuperaron la libertad.

En julio de ese año la causa pasó a manos del juez Pedro Funes, quien procesó al agente Godoy como autor de la privación ilegítima de la libertad, pero sobre Luffi, Páez y Aracena sostuvo que su participación en la detención no estaba suficientemente acreditada. A fines de noviembre, el mismo juez Funes dictó el sobreseimiento de los policías que estaban de guardia la madrugada del 24 de mayo de 1992, mientras que a Godoy, sospechado de ser el captor, lo sobreseyó del delito de homicidio calificado. En marzo de 1994 nuevamente la Quinta Cámara del Crimen anuló el procesamiento de Godoy por el delito de privación ilegítima de la libertad por la detención de Guardati, y ordenó el sobreseimiento del agente. Sin embargo, la Corte IDH consideró que los cuatro policías tuvieron responsabilidad en el hecho.

El cuerpo que no era

El 26 de mayo de 1992, dos días después de la desaparición de Guardati, el cuerpo de un hombre ingresó a la morgue del Hospital Lagomaggiore. Meses después, hallaron otro cuerpo en el crematorio del Cementerio de la Capital de Mendoza. En base a la descripción física y la ropa que llevaba el cuerpo, la jueza Estela Garritano de Cejas indicó que se trataba de Guardati. La magistrada se basó en este dato para imputar a los cuatro policías por el delito de homicidio calificado. Pero la Cámara del Crimen indicó que las pruebas señalaban que el cadáver encontrado no era el del joven Guardati, basados en la revisión que hizo un médico del Cuerpo Médico Forense de la Nación en la capilla ardiente del crematorio del Cementerio de la Capital. Además, cotejaron el ADN del cadáver con muestras del padre, Mario Juan Guardati, y de su madre con resultado negativo.

El cuerpo de Paulo fue buscado por varios lugares, en especial en el piedemonte mendocino como también en el Destacamento de La Estanzuela, de Godoy Cruz. En 2012, un llamado anónimo aseguró que el cuerpo de Guardati fue enterrado en el cuadro 34 del Cementerio de la Capital de Mendoza, junto al cuadro 33, donde sepultaron los cuerpos de personas no reconocidas, o N.N., y también a desaparecidos durante la última dictadura militar. Los investigadores precintaron la zona y el EAAF trabajó en ese sector durante 36 horas, bajo la mirada de Hilda. Levantaron varios restos óseos, pero luego de analizarlos determinó que ninguno pertenecía a Guardati. La ilusión de la madre de Paulo se apagaba una vez más.

Mendoza pidió perdón

La desaparición de Guardati ocurrió cuando Mendoza era gobernada por el peronista Rodolfo Gabrielli. Su ministro de Gobierno era Alfredo Porras, quien en aquel momento se hacía cargo del accionar policial y penitenciario. Pero en 1998, en el gobierno de Arturo Lafalla, Mendoza tomó una decisión sin antecedentes: la provincia reconoció su responsabilidad y culpa en la desaparición forzada de Paulo Cristian Guardati, e intentó resarcir económicamente a su madre con una indemnización de 136 000 pesos. Sus abogados habían acudido a la Corte IDH y cuando esa instancia estaba por condenar a Argentina por violar el derecho de vida y libertad de Guardati, la Cancillería pactó una “solución amistosa”. De tal acuerdo surgieron dos comisiones, una de ellas encargada de fallar y obligar al Estado provincial a pagarle a Lavizzari una indemnización por la desaparición forzada de su hijo, lo que contó además con el aval de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La otra comisión se dedicó a investigar desde cero lo ocurrido con Guardati, y concluyeron que la decisión de la Cámara del Crimen fue equivocada al sobreseer a los cuatro policías. Los investigadores encontraron culpables a los cuatro acusados, pero ya no podían ser juzgados nuevamente por el mismo delito, por lo que pidieron que fueran expulsados de la fuerza policial. También denunciaron una extensa red de complicidades, pero no se identificó a nadie de la cadena de encubrimientos.

Noticias de ayer

En agosto del 2020, en plena pandemia de coronavirus, un ex policía que está preso pidió hablar con la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, a cargo del caso. En su declaración insistió con el abuso policial ocurrido hace 28 años y aseguró que el autor fue un efectivo que en ese momento integraba la Brigada Nocturna de Investigaciones. Sostuvo que el joven nunca entró al destacamento de La Estanzuela, sino que fue subido a una camioneta que usaba la Brigada y se lo llevaron. También dijo que el policía al que se refería había estado procesado en el inicio de la investigación, pero terminó sobreseído. Los abogados de Hilda prefirieron ser cautos porque no era la primera vez que un ex miembro de la fuerza brindaba datos incorrectos sobre el hecho. La fiscal Ríos pidió al Ministerio de Seguridad que subiera el monto de la recompensa a 300 000 pesos, algo que se repite en este tipo de casos, a pesar de las recomendaciones de los expertos en su contra. El ofrecimiento de dinero suele ser la vía de ingreso de casi todas las pistas que desvían las investigaciones lo más lejos posible del lugar donde habrían cometido el crimen los agentes que usan uniformes pagados por el Estado.

Miguel Bru, La Plata, Buenos Aires

Néstor Miguel Bru nació en Pigüé el 16 de julio de 1970. Siempre lo llamaron por su segundo nombre. Fue el mayor de los cinco hijos de Néstor Bru y Rosa Schönfeld. Rosa había nacido en Coronel Suárez y se crio en Espartillar, un pueblo cercano a Pigüé. Era la menor de nueve hermanos y por la muerte de su padre tuvo que salir a trabajar al campo, cuando tenía 11 años. Esa infancia dura forjó su carácter y la volvió imparable en la lucha por esclarecer lo sucedido con Miguel el 17 de agosto de 1993.

La familia Bru se instaló en La Plata después del nacimiento de Miguel. En la ciudad de las diagonales nacieron los otros cuatro hijos del matrimonio, después de Miguel vinieron un varón y una niña, y luego las mellizas, y ahí él se convirtió en “el papá joven” de todos. Rosa se ocupaba de las tareas domésticas y vendía ollas. Néstor Bru trabajó en la policía de la provincia de Buenos Aires. Llegó a ser suboficial y nunca imaginó que la fuerza a la que dedicó su vida devoraría al mayor de sus hijos, que su apellido se convertiría en sinónimo de uno de los casos emblemáticos de desaparición forzada en democracia.

“Era muy compañero, amigo de sus amigos, desapegado del dinero, era un loco lindo, un libro abierto, te contaba todo”, recuerda Rosa en la charla por videoconferencia, asistida por una de sus nietas. “Amaba a sus animales, y era solidario con sus amigos. Vos hablás con otras mamás y te dicen cosas parecidas de sus hijos desaparecidos”. Comenzó a estudiar en la Escuela Superior de Periodismo de La Plata.

Miguel tenía “antecedentes”. Una vez lo llevaron detenido por orinar en el jardín de una vecina, y fue preso una segunda oportunidad, un domingo, recuerda Rosa, porque la policía quería llevarse a una amiga y él dijo que lo detuvieran a él. Fue el 4 octubre de 1992, es decir que ya había pisado las baldosas de la comisaría 9ª antes de la paliza que le quitó la vida. En esos días andaba en bicicleta con sus dos perros, casi siempre desaliñado. Sus victimarios habrán supuesto que nadie lo iba a buscar, porque parecía un linyera, pero sus amigos y familiares salieron con uñas y dientes.

“Lo recuerdo con sus ponchos entrando a la facultad, delgado y hermoso, con sus perros atrás”, dice uno de sus compañeros de cursada, el periodista y escritor, Cristian Alarcón. Junto a Pablo Morosi, fueron los primeros en hacer la cobertura periodística de la desaparición de Miguel. “Fue un chico punk, un músico punk que no se dejó avasallar por la época, por el sentido común, por el statu quo de una ciudad conservadora, y no permitió que nadie le pasara por encima”, recuerda Alarcón. Probablemente por eso denunció el atropello policial que había sufrido.

El hostigamiento

Miguel vivía en una casa de la calle 69, entre 1 y 115, con tres amigos. El lugar era propiedad de un hombre con problemas psiquiátricos, internado en Melchor Romero, y del que se ocupaba un pariente sin permiso. La casa había sido habitada por unos estudiantes que fueron estafados por esa persona. Miguel y los amigos –Quique, el Mono y el Chino– se instalaron y al tiempo consiguieron una autorización para quedarse por parte de la curaduría del titular del inmueble. Los pibes habían formado un grupo de punk, al que bautizaron Chempes 69,78 y en el que Miguel era cantante.

En aquellos días de agite cultural, alguien se quejó por ruidos molestos y hubo un allanamiento. Los policías Walter Abrigo y Justo José López, de la comisaría 9ª, requisaron la vivienda. No se informó quién había hecho la denuncia. Jorge “Mono” Barrera estaba en la puerta de la vivienda cuando llegaron los policías, la noche del 13 de abril de 1993. “Cuando me negué a que entren me tiró contra la pared y me puso la pistola en la cabeza”, contó en el juicio por la desaparición de Bru, en 1999, respecto de uno de los efectivos, que ese día estaba en el banquillo de los acusados: el sargento primero López. Los uniformados dieron vuelta todo en busca de drogas y amenazaron con quemarles los instrumentos. Los habitantes de la casa discutieron qué hacer. Bru quería denunciar a los policías ante la Brigada de Investigaciones. Se encontró con un abogado amigo, Oscar Rodríguez, que lo persuadió de radicar la denuncia ante la Fiscalía de Cámara. Fue acompañado por Carlos “Chino” Vázquez, que vivía en la casa y tocaba la batería en la banda, y firmó con su nombre la denuncia por allanamiento ilegal y abuso de autoridad. Esto hizo que lo marcaran y dio inició al hostigamiento. “Él lo contaba todo eso, y me duele porque yo pensaba que el problema era la batería, yo quería que se dejaran de joder con eso por los ruidos molestos”, lamenta Rosa.

Días más tarde, el Chino estaba en la vereda junto a Enrique Núñez, el cuarto habitante de la vivienda, la novia de Miguel, Carolina Villanueva, y otros amigos. Abrigo y López llegaron en un Chevy azul. Arma en mano, el oficial Abrigo detuvo a los jóvenes, que pasaron las siguientes dos horas en una celda de la comisaría 9ª. Después de eso se produjo el segundo allanamiento, al parecer, en busca de objetos robados a un kiosco. Ni Bru ni sus amigos tenían antecedentes. Una hipótesis que rondaría más tarde señala que la propiedad que habitaban se encontraba en un limbo legal por la incapacidad del dueño, y que buscaban desalojar el inmueble para dárselo a un policía.

Los amigos de Bru detectaron que, a bordo del Chevy azul, el oficial Abrigo merodeaba la cuadra. Detenía el auto en la esquina y miraba a los jóvenes en la vereda de enfrente. “Los seguían a paso de hombre, con la excusa de que estaban cerca de la zona roja, y una vez le cruzaron el auto”, recuerda Rosa.

Fueron los años de auge de la “Maldita Policía”. Pedro Klodczyk se hallaba al frente de la Bonaerense desde diciembre de 1991, con el comienzo de la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador. El gatillo fácil y la represión policial iban en aumento en la provincia más importante del país. La Bonaerense enfrentaba múltiples acusaciones para cuando ocurrió el caso Bru y ya se había producido un hecho en particular, de enorme gravedad, y que tendría varios puntos en común con lo sucedido al estudiante de periodismo: la desaparición de Andrés Núñez. Eran tiempos de Osvaldo Somohano al frente de la fuerza, cuyo hijo policía federal, Gastón, sería condenado a perpetua por el crimen de Ezequiel Demonty, un joven al que un grupo de efectivos obligó a tirarse al Riachuelo en 2002. Los policías del caso Núñez gozaron de la inoperancia del juez de la causa, Amílcar Vara. También de la displicencia del fiscal Octavio Sequeiros, responsable de que no se entregaran los restos de Núñez a su familia cuando se hallaron en 1995, bajo el argumento de que podían ser útiles para el juicio oral, que recién se realizó en 2010. El caso Bru tendría el mismo juez, el mismo fiscal y, en un momento dado, la misma abogada querellante, Elba Tempera.

La desaparición

El 15 de agosto de 1993 fue domingo. Miguel estaba en la casa de sus padres, pero no quiso quedarse a comer y se fue. Hacían un asado en la casa en la que vivía con sus amigos. Rosa le dio una bolsa con algunas prendas de sus hermano. Fue la última vez que vio a su hijo. Al día siguiente, Néstor Bru cambió el auto, y el martes 17 una de sus hijas, Silvina, quiso ir hasta la casa de Miguel para que viera el nuevo vehículo de la familia. “Fuimos y me llamó la atención que la puerta de la cocina, por donde entrábamos, y que siempre estaba abierta, tenía candado. Ahí me preocupé, porque ellos tenían que avisar siempre dónde estaban, no era como ahora que hay celulares y redes sociales, no teníamos ni teléfono en casa”, rememora Rosa. En eso apareció el Chino Vázquez y comentó que Miguel se había ido a cuidar la casa de unos amigos, Lorena y Santiago, en un campo de General Bavio. Para el miércoles 18 estaba previsto el regreso de Carolina, la novia de Bru, que había dejado los estudios de periodismo en La Plata para volver a su ciudad natal, Mar del Plata. Habían quedado en que le avisarían para que ella se reuniera con Miguel. Carolina halló la puerta abierta, no había nadie. El jueves, y por su cuenta, Guillermo, el segundo hijo de los Bru, fue a buscar a su hermano. Regresó y avisó a Rosa que la ropa y la bicicleta de Miguel habían aparecido tirados cerca de un río. Aunque Miguel no tenía ningún indicio de depresión, llegaron a pensar en un suicidio. No sospechaban que se lo podía haber llevado la policía. Comenzó la recorrida por varias comisarías. El titular de la 4ª, donde trabajaba el padre, tomó la denuncia por la desaparición del estudiante. El juez Vara ordenó el primer rastrillaje, al que Rosa define como “una parodia”. Quisieron dar a entender que Bru se había sacado la ropa para tirarse al río. Rosa dudó. En la casa de los amigos de Miguel, que el joven había ido a cuidar, apareció la ropa que ella le había dado el 15 de agosto. “Si Miguel se quiso tirar al río en pleno agosto, lo natural era sacarse la ropa y dejarla toda junta en un montoncito, no desparramada. Pero ¿quién se va en pleno invierno en bolas?”. Rosa no dudó: las prendas encontradas en el río no eran de su hijo.

¿Dónde está Miguel?

La familia comenzó a ir todos los días a la zona, con la ayuda de los compañeros de Miguel, que fueron los primeros en difundir el caso en los medios. Había que ir por ruta y luego internarse unos 7 u 8 kilómetros. La desaparición llegó a las páginas del diario La Nación. Rosa fue citada a la Unidad Regional. “El comisario Raffo me mostró un volante que hablaba de ‘policía asesina’ y tuve que decirle que esos eran los amigos de Miguel. Salí y me fui directo a la Escuela de Periodismo y me reafirmaron su compromiso por llegar a la verdad. Ellos organizaron todo, las pintadas, las volanteadas, las marchas, se fue sumando gente”. A través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) buscaron asistencia legal. “Al principio dudé en que llamáramos a un abogado, si ya estaba interviniendo un juez y la policía, pero resulta que el juez encubría y la policía era la que había matado a Miguel”. Al poco tiempo conocieron a Omar, el hermano de Andrés Núñez, que les contó el calvario de su familia desde que la Brigada de Investigaciones se lo llevó, y aportó el inquietante dato de que el juez Vara no movía la causa y encubría a los policías. “Tomamos la mano de Andrés Núñez para darle veracidad a lo que estábamos denunciando”. El método encubridor de ensuciar a la víctima se repitió con Miguel. “Que se había quedado con un vuelto de la droga, que traficaba, que tenía mala relación con su papá y se había ido con una pareja homosexual, que su padre como era milico no iba a aceptar esa relación; pero cuando los amigos escuchaban eso se reían”, dice Rosa. El juez que debía buscarlo lo estigmatizaba. “Mirá lo que parece en esta foto, seguro que era homosexual y drogadicto”, decía Vara en privado.