Kitabı oku: «Fallos referentes en contratación estatal»

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Fallos referentes en contratación estatal / Sebastián Barreto Cifuentes [y otros] ; José Luis Benavides (editor). -- Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2020.

633 páginas ; 21 cm.

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 9789587904611

1. Derecho administrativo – Colombia 2. Derecho público – España 3. Derecho público – Alemania 4. Contratos públicos -- Aspectos jurídicos – Colombia 5. Contratos administrativos -- Aspectos jurídicos – Colombia 6. Colombia -- Administración pública I. Benavides, José Luis, editor II. Universidad Externado de Colombia III. Título

344 SCDD 15.

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP.

noviembre de 2020

ISBN 978-958-790-461-1

© 2020, JOSÉ LUIS BENAVIDES (EDITOR)

© 2020, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá

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Primera edición: noviembre de 2020

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones

Corrección de estilo: Néstor Clavijo

Composición: Álvaro Rodríguez

Impresión: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres

Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions


SEBASTIÁN BARRETO CIFUENTESJOSÉ LUIS BENAVIDESIVÁN CARVAJAL SÁNCHEZSEBASTIAN CONRADFREDDY M. CABARCAS GÓMEZJJUAN CARLOS EXPÓSITO VÉLEZAIDA PATRICIA HERNÁNDEZ SILVAMÓNICA LILIANA IBAGÓN IBAGÓNERNESTO MATALLANA CAMACHOMÓNICA SOFÍA SAFAR DÍAZJORGE ENRIQUE SANTOS RODRÍGUEZFRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ MATILLA

CONTENIDO

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

PRESENTACIÓN

José Luis Benavides

CAPÍTULO PRIMERO

LA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS EN DIÁLOGO DE LOS SISTEMAS: UNA COMPARACIÓN ENTRE EL DERECHO COLOMBIANO, EL ESPAÑOL Y EL ALEMÁN

Sebastian Conrad

Francisco Javier Vázquez Matilla

Mónica Liliana Ibagón Ibagón

CAPÍTULO SEGUNDO

LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DEL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ernesto Matallana Camacho

CAPÍTULO TERCERO

SUBSANABILIDAD DE LA OFERTA: ¿AMENAZA PARA LA IGUALDAD ENTRE OFERENTES O GARANTÍA INDISPENSABLE PARA LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN?

Iván Carvajal Sánchez

CAPÍTULO CUARTO

EL PAPEL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL EN LOS CONTRATOS ESTATALES

Mónica Sofía Safar Díaz

CAPÍTULO QUINTO

AUTORIZACIONES CONSTITUCIONALES PARA CONTRATAR

José Luis Benavides

CAPÍTULO SEXTO

LOS LÍMITES A LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES EN COLOMBIA

Sebastián Barreto Cifuentes

Jorge Enrique Santos Rodríguez

CAPÍTULO SÉPTIMO

LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES EN EL MARCO DE LA UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL DEL CONSEJO DE ESTADO

Juan Carlos Expósito Vélez

CAPÍTULO OCTAVO

LAS RESTITUCIONES MUTUAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Aida Patricia Hernández Silva

CAPÍTULO NOVENO

RESPONSABILIDAD POR EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DEFECTUOSA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Freddy M. Cabarcas Gómez

CONCLUSIONES GENERALES

NOTAS AL PIE

LOS AUTORES

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS


art.artículo
cas. civ.Casación Civil
conc.concepto
CCCorte Constitucional
CEConsejo de Estado
CE.fConsejo de Estado francés
conc.concepto
CPConstitución Política
CSJCorte Suprema de Justicia
CSJ.EUACorte Suprema de los Estados Unidos de América
dcto.decreto
exp.expediente
num.numeral
§parágrafo
rad.radicación
sec.sección
SCSala de Consulta y Servicio Civil
sent.sentencia

PRESENTACIÓN

La jurisprudencia del Consejo de Estado en materia contractual no ha sido muy estable, pues ha definido la caracterización de las diversas instituciones contractuales a partir de fallos puntuales sobre los cuales ha vuelto con posterioridad. Por su parte, el legislador suele reaccionar con más emotividad y premura que reflexión, amoldando la normatividad a las tendencias del momento, sin conciencia de la fragilidad y temporalidad de las nociones modificadas, que pronto son revaluadas por la misma jurisprudencia. La regulación positiva se apoya así, en ocasiones, en concepciones abandonadas.

Lejos de ser un problema teórico abstracto, la inestabilidad tiene repercusiones prácticas enormes que dejan al operador jurídico, llámese Administración, proponente, contratista, órgano de control o juez, en gran incertidumbre sobre el régimen concreto que debe retener y aplicar. Temas como la subsanabilidad de las ofertas, el perfeccionamiento de los contratos, las autorizaciones constitucionales para contratar, los plazos de liquidación de los contratos, la nulidad de estos derivada de problemas de planeación, o el sentido de las restituciones mutuas fruto de la anulación de contratos ilustran a la vez la dificultad de retener ideas claras sobre ellos y las graves consecuencias de la incertidumbre conceptual.

Definir líneas jurisprudenciales en este contexto no solo es una tarea compleja, sino, tal vez, en muchos casos, artificial y perjudicial, en la medida en que no se ha logrado aún la decantación de nociones. Los propósitos loables de la fuerza vinculante de los precedentes judiciales, que responden a la necesidad de seguridad jurídica e igualad de trato de parte de las instancias judiciales, se ven así diluidos en espejismos. La extensión de la concepción de la ley, único referente al que están sometidos los jueces (CP, art. 230), para incluir en ella la jurisprudencia, como lo forjó la Corte Constitucional, tan solo tiene sentido si la jurisprudencia tiene las condiciones de generalidad y estabilidad de la ley adoptada por el legislador. Por el contrario, si la jurisprudencia es inestable y la caracterización de la institución a la que se refiere poco fiable, no logrará los objetivos esenciales de seguridad jurídica e igualdad de trato.

Estas condiciones nos han incitado a concebir este libro a partir de fallos referentes en contratación estatal, con la pretensión de ir más allá de la caracterización de líneas jurisprudenciales o de identificación del alcance de sentencias de unificación, para estructurar la explicación de las instituciones contractuales vinculadas a las sentencias identificadas por los autores en los distintos capítulos de esta obra colectiva. En algunos casos, las sentencias definen aspectos esenciales de la caracterización, por tratarse de fallos de constitucionalidad, que por su naturaleza imponen de manera generalizada la concepción de la Corte Constitucional, como ocurre con las autorizaciones para contratar (cap. quinto), los límites a la modificación de los contratos (cap. sexto) y las restituciones mutuas fruto de la nulidad de los contratos (cap. octavo), o bien, por tratarse de sentencias de unificación, como en la liquidación de contratos (cap. séptimo). En otros casos, el carácter referente del fallo está determinado por la concepción estable fruto de la decisión adoptada por la jurisdicción después de haber tenido posiciones contradictorias, como en el caso del las condiciones de perfeccionamiento de los contratos (cap. cuarto) o incluso por la estabilidad y fuerza de un fallo extranjero que ha moldeado una institución internacionalmente, como en el caso de responsabilidad por la información técnica dada a los oferentes en los proyectos de construcción (cap. noveno). Pero el carácter referente del fallo puede derivarse también de decisiones polémicas que cambian la lectura tradicional de la jurisprudencia, sin constituir una concepción generalizada, como ocurre con el objeto ilícito de los contratos por fallas de planeación (cap. primero). El referente puede igualmente anclarse en las perspectivas abiertas a partir de un fallo en un caso cercano, como ocurre con el abuso del derecho en una conciliación (cap. segundo). El carácter referente puede derivarse incluso de la evolución posterior de la jurisprudencia frente a una decisión abandonada, en su estricto significado y alcance, como ocurrió con la subsanabilidad de las ofertas (cap. tercero).

Los aportes de los fallos referentes seleccionados en esta obra pueden ser entonces diversos, pero tienen el común denominador de haber determinado bases de las instituciones contractuales a los que se refieren. Los autores se apoyan así en los fallos identificados para exponer la caracterización de estas instituciones, indagando sobre las condiciones que generaron los fallos, la evolución posterior, jurisprudencial y legal, así como la influencia sobre los distintos aspectos de la institución tratada.

El resultado es un enriquecimiento en el tratamiento de cada uno de los temas objeto de los distintos capítulos de la obra, que desborda el alcance del análisis del fallo referente seleccionado. A partir del fallo, cada autor presenta la institución contractual relacionada, con el análisis de sus elementos y características, valorando de manera específica la evolución que ha tenido en la regulación legal y jurisprudencial, así como los problemas y dificultades conceptuales y prácticas que precedieron el fallo o, en ocasiones, que se generaron con él, y los problemas de fondo que se derivan, incluso implícitamente.

La presentación de los distintos temas en los nueve capítulos de la obra sigue un orden cronológico respecto de la vida del contrato, comenzando con la planeación en los contratos hasta su liquidación, para abordar al final problemas derivados de la nulidad del contrato y la responsabilidad por información defectuosa. La concepción simplista que auspicia este orden esconde la riqueza de la interdependencia profunda de los temas que tienen vínculos transversales esenciales. Los problemas de planeación se proyectan no solo en la concepción del contrato, sino en su ejecución. No en vano se plantea en el capítulo respectivo (primero) la dualidad del tratamiento entre nulidad y responsabilidad contractual. Del mismo modo, la difícil y ambivalente concepción del registro presupuestal como elemento de existencia o de ejecución del contrato (cap. cuarto) plantea problemas de la autonomía del derecho presupuestal frente al derecho contractual, esencia del análisis sobre las autorizaciones constitucionales para contratar (cap. quinto). Las soluciones a la subsanabilidad de las ofertas (cap. tercero), problema propio de la fase de selección de los contratistas, no deja de tener vínculos e implicaciones trascendentes con las limitaciones a las modificaciones de los contratos (cap. sexto), reforzadas por las tendencias internacionales a preservar la esencia original del contrato surgido, no solo de la estructuración en la fase de planeación (cap. primero), sino también de la especificidad de las ofertas presentadas por los proponentes. En fin, las cargas reforzadas exigidas a los proponentes en las condiciones de planeación de los contratos (cap. primero) se proyectan también sobre la valoración de las restituciones mutuas en caso de nulidad (cap. octavo), así como sobre la valoración de la responsabilidad por información del proyecto (cap. noveno).

No obstante, una estructuración de la obra a partir de estas dinámicas e influencias cruzadas habría sido de compleja lectura, lo que ha auspiciado una presentación lineal sencilla, con la convicción de que el lector no dejará de entrever las profundas interdependencias entre los capítulos.

JOSÉ LUIS BENAVIDES

CAPÍTULO PRIMERO

LA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS EN DIÁLOGO DE LOS SISTEMAS: UNA COMPARACIÓN ENTRE EL DERECHO COLOMBIANO, EL ESPAÑOL Y EL ALEMÁN

SEBASTIAN CONRAD

FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ MATILLA

MÓNICA LILIANA IBAGÓN IBAGÓN

CE, sec. III. C, sent. 24/04/2013, exp. 27.315; sent. 13/06/2013, exp. 24.809; sent. 13/06/2013, exp. 26.637

SUMARIO: I. El principio de planeación y las consecuencias jurídicas de su vulneración en Colombia. A. Consagración normativa y función de la planeación contractual. B. Contenido del deber de planeación contractual. C. Consecuencias de vulnerar el deber de planeación. II. La planeación de la contratación pública en España. A. La obligación de programación de la contratación pública. B. La preparación del contrato. Aspectos determinantes. C. Las consultas preliminares del mercado. Un instrumento “nuevo” y útil. D. La disponibilidad de terrenos. E. El fraccionamiento del contrato. F. La ausencia de división en lotes. G. La inadecuación del procedimiento. Especial referencia al procedimiento negociado sin publicidad. H. La mala planeación del contrato y sus efectos en la ejecución del contrato. 1. Los riesgos de la modificación del contrato. 2. La regulación de las modificaciones contractuales en España y los efectos de su incumplimiento. a. Las modificaciones previstas. b. Las modificaciones no previstas. III. El mandato de vergabereife (maduración de proyectos) en el derecho de compras públicas alemán. A. Fundamentos del derecho de compras públicas. B. El origen del mandato de Vergabereife (maduración de contratos). C. Contenido del Vergabereife. 1. La maduración formal de los contratos públicos (Vergabereife). 2. La maduración material de los contratos públicos (Vergabereife). D. Consecuencias del incumplimiento.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo considera tres sentencias referentes pronunciadas por el Consejo de Estado colombiano: las decisiones jurisprudenciales de la Sección Tercera, Subsección C, de 24 de abril y de 13 de junio de 2013 (rads. 27.315, 24.809 y 26.637), con la finalidad de determinar su alcance y precisar si es posible identificar una línea jurisprudencial. Los tres casos, base de las sentencias, todos de obra pública, tienen en común falencias en la planificación del contrato, consistentes en que este fue celebrado sin que los terrenos, sobre los cuales se iban a ejecutar el objeto contractual, hubieran sido adquiridos. En el primer fallo se fundó el precedente según el cual la consecuencia de la vulneración del deber de planeación es la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. Dicha regla fue confirmada por las otras dos decisiones mencionadas.

Este capítulo no pretende limitarse, en su análisis, a las sentencias seleccionadas, a pesar de su relevancia de fallos referentes, sino que el objeto de estudio es, más bien, el tema de las providencias y el problema jurídico que se plantea en ellas; esto es, el principio de planeación y las consecuencias jurídicas de su transgresión (I). De igual manera, el capítulo tiene como objetivo realizar un aporte doctrinal crítico de la temática. Para ello se parte de una perspectiva que analiza los modelos español (II) y alemán (III), más que con la finalidad de presentar un estudio de derecho comparado, en su modelo teórico descriptivo1, que exige una comparación detallada de las semejanzas y diferencias de los sistemas jurídicos examinados; el objeto es, más bien, realizar reflexiones comparadas, guiadas por la perspectiva funcionalista aplicada que, después de la identificación de las reglas con las cuales se juzgan y solucionan problemas jurídicos concretos, se pregunta ¿qué propuestas e indicaciones son recomendables para el actuar político jurídico?; es decir, si el derecho aplicable debería ser modificado en cierto(s) punto (s) y cómo2. Este estudio se efectuará en el último acápite, que finaliza con la enunciación del modelo europeo de sistema efectivo de recursos especiales de contratos públicos, que puede servir de ejemplo para Colombia. El trabajo también se orienta en los lineamientos de las funciones de la comparación, determinadas en la teoría funcionalista, como lo afirma Zweigert3, por los trabajos de Lambert y Saleilles, que pretendían reducir en el análisis comparatista el acento sobre las diferencias entre las legislaciones, marcadas, las más de las veces, por circunstancias políticas, morales o sociales; acercar los sistemas mediante la búsqueda de los aspectos comunes y profundizar la idea de la existencia de principios válidos para todos los pueblos.

I. EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE SU VULNERACIÓN EN COLOMBIA

El Consejo de Estado ha derivado consecuencias de la falta al principio de planeación que van hasta la declaración de nulidad del contrato estatal (C). La exposición de la línea jurisprudencial, en la materia, exige primero un esbozo de las normas que fundamentan el principio de planeación (A) y de los rasgos esenciales del contenido de dicho principio (B).

A. Consagración normativa y función de la planeación contractual

De acuerdo con Aponte Díaz, las falencias en la planeación del contrato estatal surgen por la confusión, desde el punto de vista conceptual y practico, entre plan, planeación y planificación4. Esto motiva que, antes de comenzar el estudio de la planeación en la actividad contractual del Estado y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento, se deba primero hacer una distinción entre los términos “plan” y “planificación” o “planeación”, realizada por la dogmática alemana, que es válida para el derecho colombiano. En el ordenamiento jurídico alemán hay varias clases de plan: los presupuestos del Estado y de las entidades territoriales; los planes de ordenación del territorio, que pueden ser globales o sectoriales; los así denominados planes de necesidad, por ejemplo en el ámbito de carreteras o en el ámbito social; los planes alemanes en el ámbito del medio ambiente, etc.5. Esta diversidad de planes dificulta considerar una definición uniforme y omnicomprensiva del término plan6. El plan no representa una categoría jurídica independiente7, sino más bien una denominación general que abarca todos los fenómenos descritos8. A pesar de esta dificultad en la definición, sí puede hacerse una cierta distinción entre plan y planificación o planeación: “Planificación es la actividad que tiene por finalidad la adopción de un plan; el plan es producto de esta actividad”9.

En el ordenamiento jurídico colombiano no hay una norma expresa que tipifique un deber o un principio de planeación. La Ley 80 de 1993 consagra disposiciones que rigen la etapa preparatoria, pero ante su desatención, de parte de las entidades públicas, fueron reiteradas y desarrolladas por las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y los decretos reglamentarios10.

El “principio de planeación” ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado para ser aplicado a la actividad contractual del Estado. Este es, por lo demás, en su denominación acertado, no tanto porque la planeación, como tal, o algunos de los deberes que conforman su contenido puedan ser objeto de ponderación, como lo sugeriría su calificación como principio, sino, más bien, porque la planeación, en si misma considerada, implica11 un margen de actuación que se llena mediante la ponderación orientadora del proceso de elección de alternativas propias de la toma de decisión de planeación.

El Consejo de Estado ha deducido el principio de planeación del artículo 209, del artículo 339 —modificado por el Acto Legislativo 3 de 2011—, del artículo 340 y del artículo 341 de la Constitución. El principio de planeación ha sido derivado también de fuentes legales, específicamente de manifestaciones del principio de economía, establecidas en los numerales 6, 7 y del 11 al 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. De acuerdo con el numeral 6, las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. La conveniencia o inconveniencia del objeto para contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello se analizarán o impartirán con antelación al comienzo del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso (num. 7). Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios (num. 13). Además, el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), preceptúa deberes precontractuales que denominó de “maduración de proyectos”:

Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro [sic] del objeto el diseño.

El deber de planeación ha sido deducido igualmente del principio de responsabilidad prescrito en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual

[...] las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos.

Además, el deber de planeación tiene su fuente normativa en los numerales 1 y 2 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, conforme a los cuales el jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado. La resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso, que de ser necesario, “deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad” (num. 1). De igual manera, la entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas (num. 2).

El principio de planeación está determinado, además, por el Estatuto Orgánico de Presupuesto; por los artículos 20 y 15 del Decreto 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015; por el Manual de buenas prácticas para la gestión contractual pública, expedido por el Departamento Nacional de Planeación; por documentos dictados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como el 3045 de 1999, que establece el “Programa de concesiones viales 1998-2000”; el 3107 de 2001 y el 3133 de 2001, que fijan la política en manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de participación privada en infraestructura; el 3714 de 2011, sobre el “riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”; el 3186 de 2002, que determina “una política de Estado para la eficiencia y la transparencia en la contratación pública”; y el 3249 de 2003, que dispone la “política de contratación pública para un Estado general”; y por guías elaboradas por Colombia Compra Eficiente, que orientan la actividad contractual de las entidades estatales, como el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, la Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y la Guía para la elaboración de estudios del sector.

El marco normativo enunciado establece parámetros “técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de referencia”12 que forman parte del principio de legalidad de los contratos para la adopción de las decisiones precontractuales, de tal forma que cuando estén listos y completos los requerimientos indispensables para que el proceso de selección cumpla sus cometidos, el contrato pueda ser ejecutado tan pronto finalice el procedimiento de selección del contratista, evitando así demoras en su ejecución por la ausencia de requisitos o condiciones necesarios para el cumplimiento de su objeto13.

Los componentes normativos del “principio de planeación, que establecen el orden y la priorización en la adopción de decisiones en el proceso contractual, tienen la función, como lo obligan los artículos 1 y 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que se haga uso eficiente de los recursos públicos y que se desempeñen de forma adecuada las funciones públicas para el manejo de forma correcta de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales”14. Y es que, como lo afirma Santofimio Gamboa:

[...] la ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no solo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también para el patrimonio público, que en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal. Se trata de exigirles perentoriamente a las Administraciones públicas una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos por medio de los negocios estatales15.

En palabras del Consejo de Estado: “[...] de acuerdo con la normatividad, se persigue que los contratos del Estado deben ser ‘debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público’ […]”.

La extensión del principio de planeación va más allá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco jurídico (como los que se esbozarán ut infra), ya que su finalidad tiene fundamento superior en la atención de los fines esenciales consagrados en el artículo 2.º de la Constitución y en el logro de los intereses generales, como lo manda el artículo 209 superior16. El principio de planeación contractual exige un entendimiento que abarca las etapas precontractual, contractual y poscontractual y que se inscribe incluso en conceptos más generales, como el de actividad administrativa de planificación, que es ámbito de estudio del derecho administrativo económico y el del “Sistema Nacional de Planeación”, consagrado en el artículo 340, inciso 4.º de la Constitución17. El objeto contractual es el que se necesita en atención a los planes de desarrollo y el plan de inversiones, configurados con anterioridad conforme a lo mandado por el artículo 339 de la carta magna, y exige también acciones concretas durante todo el proceso contractual que incluyen el seguimiento técnico a la ejecución contractual y la garantía por el tiempo conforme a su funcionalidad, una vez que el objeto contractual sea terminado y entregado18.

B. Contenido del deber de planeación contractual

En la fase previa de la apertura del proceso de selección o de la firma del contrato, en el caso de que la modalidad de contratación sea contratación directa, las entidades estatales y los particulares están obligados a desarrollar una serie de acciones que constituyen el contenido del principio de planeación. Se reconoce que la entidad y los particulares, en aplicación del principio de buena fe, deben observar un comportamiento leal y diligente en el procedimiento precontractual, contractual y poscontractual. Esto los obliga a “realizar todo aquello que conduzca al nacimiento del contrato […] y a abstenerse de lo que pueda frustrar este resultado conforme a la exigencia de la mutua confianza”19.

Para la entidad pública, el principio de planeación opera sobre todo en la fase de selección del contratista, que debe ser observado en la fase precontractual, así como el principio de buena fe, que se concreta en garantías y deberes como el de lealtad, diligencia, información, probidad y la prohibición de atentar contra los actos propios20.

Una vez que se ha determinado la oportunidad y conveniencia del proyecto por su incorporación en el Plan Anual de Adquisiciones21 (art. 2.2.1.1.1.3.1 del Dcto. 1082 de 2015) y en el presupuesto, las entidades públicas deben elaborar estudios, diseños y proyectos serios y completos.

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos constituyen el soporte para el análisis sobre la conveniencia y oportunidad de la contratación y para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, los pliegos de condiciones del contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: en primer lugar, la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer, que debe “corresponder a las necesidades de la entidad, la satisfacción del interés general y la observancia de los postulados que rigen la función administrativa”22. Esto implica, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el análisis de las alternativas que existen en el mercado para cumplir dicha necesidad; la precisión de la opción más favorable desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico para satisfacer la necesidad (por ejemplo, outsourcing, leasing, arrendamiento, etc.); la verificación de la previsión de la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad o la inclusión de esta mediante el ajuste respectivo; y el establecimiento de la relación que existe entre la contratación que se va a efectuar y el rubro presupuestal previsto para su financiamiento23.

CAPÍTULO SEGUNDO

LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DEL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

ERNESTO MATALLANA CAMACHO

CE, sec. III, sent. 28/04/2014, exp. 41.834 (SU)

SUMARIO: I. Concepto de abuso de posición dominante. A. El abuso de posición dominante. B. Doctrina extranjera sobre el abuso de posición dominante. C. La normatividad sobre libre competencia económica y el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio en el contrato estatal. II. La vulneración del principio de proporcionalidad genera la violación de las normas de competencia. A. Licitación pública. B. El concepto de interés general en la contratación estatal. C. El concepto de pliegos de condiciones y la regulación de los requisitos de participación de los proponentes. D. La libre competencia económica como derecho constitucional en conexidad con el derecho de igualdad. E. El principio de proporcionalidad como insumo para calificar un abuso de posición dominante de las entidades estatales en la fase de selección de contratistas.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo trata de la aplicación de la institución del “abuso de posición dominante” en la contratación pública. Su propósito principal es desarrollarla utilizando la doctrina que surge de la jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de abril de 2014, expediente 41.834[1], que reconoce dicha institución para los casos en los cuales el Estado y un particular resuelven una controversia mediante una conciliación prejudicial que luego se somete al control de legalidad cuya competencia está a cargo del juez de lo contencioso-administrativo. Es decir, tiene cabida cuando la Administración, en uso de su posición frente a la víctima, la somete a un acuerdo cuya legalidad le corresponde revisar al juez, pues la entidad estatal puede imponer el acuerdo conciliatorio dejando por fuera de la decisión a la parte más débil en la relación. Nuestra pretensión es extenderlo a otras hipótesis, como la presencia de dicha institución en aquellos casos en los cuales la entidad estatal diseña pliegos de condiciones y en estos incluye requisitos de participación que pudieran implicar una restricción de la competencia por una actitud abusiva en el diseño de estas reglas.

En esta sentencia se plantea que dentro del agotamiento de principio de autonomía de la voluntad se encuentra el abuso de posición de dominio, que se entiende como la posibilidad para una de las partes de predisponer de forma abusiva de las condiciones del acuerdo y, por ende, de la presencia de desequilibrio entre las partes y en perjuicio de la parte más débil. El deber ser supone para el tribunal que la razonabilidad, la conmutabilidad, la equivalencia y la proporcionalidad se convierten en criterios que deben servir de parámetros para determinar el equilibrio mínimo que debe caracterizar la relación negocial. Este último aspecto, la proporcionalidad, se presenta con la prohibición de una desproporción excesiva e injustificada entre las obligaciones acordadas, y en la cual se requiere la protección de la parte más débil en la relación.

Según el Consejo de Estado, la conciliación es un mecanismo de autocomposición que se soporta en la voluntad de las partes en un plano de igualdad para ponerle fin a la controversia, pero que se puede ver afectado por el ejercicio abusivo del poder de negociación que genere una ventaja excesiva e injustificada de quien se encuentra en posición de dominio y en perjuicio de la parte débil de la relación. En otros términos: la corporación considera que la víctima se ve enfrentada a aceptar la fórmula de conciliación al no tener margen de negociación, así que debe aceptar un arreglo económico en el cual no tuvo capacidad de participación y cuyo monto resulta inferior a lo que debería recibir en el proceso judicial por medio de la sentencia. Por tanto, propone que en aplicación de principios como la buena fe y establecida la prohibición del “abuso del derecho” se ejerza el poder de negociación de forma razonable, equilibrada y proporcional, y que atendiendo al interés público se evite obtener ventajas cuando sean excesivas o irrazonables en perjuicio de la víctima. Reitera que es reprochable el aprovechamiento de la posición de dominio cuando el deber de la entidad estatal es reparar los daños que la misma Administración ha ocasionado.

Por consiguiente, con esta investigación se trata de demostrar si es posible aplicar la institución del abuso de posición dominante en la contratación pública en otros ámbitos distintos del planteado en la jurisprudencia analizada, en la que, como vimos, el juez del contrato reconoce el abuso de posición dominante frente al contratista, a quien considera la víctima sometida a los atropellos y, válgalo decir y reiterar, de los abusos de la autoridad estatal. Y en esos términos, nuestro planteamiento buscaría reconocer este abuso de posición dominante, pero en un supuesto en el que las víctimas serían múltiples, es decir, todos los interesados en presentarle un ofrecimiento al Estado en un proceso de convocatoria pública como una licitación pública, en el cual el Estado en una actitud de abuso de posición dominante formula reglas de participación que restringen la posibilidad de presentar oferta y sin ninguna justificación. En otras palabras: si bien la jurisprudencia actual reconoce la institución en la contratación pública, vemos que solo en un aspecto relacionado con el acuerdo de voluntades y más exactamente cuando se está conciliando un litigio.

De acuerdo con lo expuesto por la sentencia analizada, el reconocimiento del Consejo de Estado frente a las conductas de la Administración cuando en su posición de dominio afecta los intereses de la parte débil de la relación le permite al juez administrativo revisar y no aprobar la legalidad del pacto o acuerdo conciliatorio cuando lo encuentra desproporcionado en detrimento del contratista. En conclusión, nuestra propuesta sería aplicar la prohibición del abuso de posición dominante en la elaboración de pliegos de condiciones que son el reglamento para seleccionar a los contratistas.

Por lo demás, debemos advertir de entrada que cuando las entidades estatales elaboran pliegos de condiciones y dentro de ellos las reglas de participación que definen los criterios con los cuales se selecciona a un contratista, la Administración pública establece unos requisitos que solo unos pocos interesados o uno solo de ellos puede cumplir cuando dentro del mercado de interesados puede haber proponentes que están en capacidad técnica, financiera y jurídica para poder desarrollar el objeto del contrato definido por la Administración pero que ante las reglas de participación no podrían presentar propuestas. La pregunta que surge es si esta conducta desplegada por las entidades estatales al momento de formular pliegos de condiciones para seleccionar al contratista constituye un abuso de posición dominante, que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 del Decreto 2153 del 30 de diciembre de 1992 se considera como la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que pongan a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro en condiciones análogas.

De acuerdo con la doctrina colombiana, el abuso de posición dominante o la conducta abusiva se presenta preponderantemente en el mercado en prácticas como disminución de precios para excluir la competencia (precios predatorios), condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes (discriminación vertical), cláusulas de amarre, diferente tratamiento de compradores con el fin de excluir la competencia (discriminación horizontal), la venta o prestación de servicios por debajo del costo para excluir competencia y la obstrucción a terceros de su acceso al mercado o a los canales de comercialización.

Creemos que cuando las entidades estatales desarrollan sus competencias en la fase precontractual para seleccionar contratistas expidiendo un acto administrativo denominado pliegos de condiciones, establecen entre otros asuntos las reglas de participación que deben cumplir los interesados en presentar ofertas, y estos se pueden ver enfrentados a reglas abusivas, arbitrarias y desproporcionales que se apartan de las condiciones que deberían surgir del objeto del contrato para garantizar su racionalidad, y por el contrario, sin tener una relación directa determinan los requisitos mínimos que deben cumplir los interesados. Por tanto, se puede preguntar si es posible señalar que habría una violación a la libre competencia y se podría acusar a la Administración pública de abuso de posición dominante porque la entidad estatal, al regular los pliegos de condiciones y específicamente los requisitos de participación, aplica condiciones discriminatorias que ponen a proveedores, constructores o prestadores de servicios en una situación desventajosa frente a otros proveedores en condiciones similares.

No parece tan claro que la doctrina admita la aplicación del abuso de posición dominante en el supuesto que nos proponemos analizar, en la etapa precontractual para seleccionar a contratistas. Por consiguiente, consideramos oportuno definir si de la interpretación del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 surge ese control que debería ejercer la Superintendencia de Industria y Comercio como abogado de la competencia.

En esos términos, nuestra propuesta de investigación abordará el concepto de abuso de posición dominante, la licitación pública y su relación con el concepto de interés general y las bases para adelantar procesos de selección mediante la elaboración de pliegos de condiciones, el concepto de la libre competencia económica y el juicio integrado de igualdad, y finalmente planteará la aplicación del principio de proporcionalidad como insumo para demostrar el abuso de posición dominante. Para esto haremos uso de algunos casos extraídos de nuestra investigación doctoral El principio de proporcionalidad en la contratación pública referentes a licitaciones públicas que tuvieron baja o nula concurrencia para adjudicar un contrato de obra.

I. CONCEPTO DE ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

En la legislación colombiana se encuentra una práctica que atenta contra la libre competencia económica, como es el abuso de posición dominante. Se encuentra regulada en el Decreto 2153 de 1992, que en el artículo 50 reconoce la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio como un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, el cual goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y que le otorgó dentro de sus competencias (art. 50) lo relativo a lo que considera la norma abuso de posición dominante, como la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que pongan a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas. Este capítulo tiene como propósito ilustrar sobre este concepto a partir de la doctrina nacional y extranjera y luego proceder a interpretarlo dentro de las normas que rigen la contratación pública. Intenta demostrar que en Colombia la normatividad considera no solo el abuso de posición dominante de manera horizontal, sino vertical, cuando el Estado obra como cliente y al buscar sus proveedores, prestadores de servicios o constructores, limita mediante sus competencias discrecionales para elaborar las reglas de participación los requisitos que aquellos deben cumplir, y de esta forma restringe a algunos que también tienen las capacidades técnicas, financieras y jurídicas para presentar un ofrecimiento y competir en igualdad de condiciones para que la entidad pueda elegir la oferta más conveniente.

A. El abuso de posición dominante

Consultando una parte de la doctrina2, esta nos habla sobre la obligación de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica, y es competencia del legislador impedir la obstrucción o restricción de la libertad económica donde se conciban normas para la defensa de la libertad frente a amenazas de los demás particulares, y que así mismo no se disponga de tratos desiguales que afecten la libre concurrencia. Ya en concreto, Ernesto Rengifo nos ilustra ahora sobre las prácticas restrictivas3 propendiendo a que no existan acuerdos o actos contrarios a la libre competencia, porque su finalidad es que se evite lo que el artículo 333 de la Constitución Política denomina “abuso de posición dominante”, definida como un abuso del derecho en el mercado o sobre este, es decir, un abuso del derecho de la libertad de iniciativa privada en el lugar donde concurren los competidores.

De acuerdo con este autor, el régimen de prácticas restrictivas de la competencia tiene por objeto proteger el mercado, los intereses de los competidores y de los usuarios o consumidores. La ley4 prohíbe las conductas que afectan la libre competencia en el mercado configurándose como objeto ilícito5, en el que además de los actos y acuerdos que atentan contra la libre competencia se encuentra el abuso de la posición dominante. Sostiene Ernesto Rengifo que el abuso de posición dominante es otra forma de modalidad de actuación en contra de los principios que guían el derecho de la competencia y se presenta cuando el titular de una situación jurídica subjetiva obtiene una ventaja significativa y abusiva en el mercado en detrimento de la libre competencia. Dentro de las prácticas que se consideran abuso de posición dominante se encuentra la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que pongan a un consumidor o proveedor en situaciones desventajosas frente a otro en condiciones análogas.

Nos aclara el autor que la doctrina y la jurisprudencia asimilan el abuso del derecho y el abuso de posición dominante, y señala que en el abuso del derecho hay un abuso en el ejercicio de un derecho respecto de otro sujeto o de la comunidad en general, en tanto que en el abuso de posición dominante la conducta abusiva se mira preponderadamente respecto del mercado, con el perjuicio al interés económico en general, aunque resulten afectados intereses jurídicos particulares o haya disminución de precios para excluir la competencia (precios predatorios); condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes (discriminación vertical); cláusulas de amarre o de corbata (cláusulas tying, como se les conoce en la jurisprudencia anglosajona); diferente tratamiento a compradores con el fin de excluir la competencia (discriminación horizontal); la venta o prestación de servicios por debajo del costo también para excluir la competencia (precios predatorios regionales), y la obstrucción a terceros de su acceso al mercado o a los canales de comercialización.

Magdalena Correa6 nos indica que una acción positiva del Estado es la posición jurídica de derecho a que aquel restrinja, persiga y sancione el ejercicio abusivo de la posición de dominio en el mercado, así que el empresario que pretende competir tenga el derecho a que se establezca un sistema normativo que vea por reprimir una posición antijurídica, la del “abuso” de parte de una categoría de empresas con posición de poder frente a los demás que compiten con ellas. Por ello respalda que el derecho constitucional de la libertad económica, y dentro de ella la libre competencia, excluya el abuso del derecho de tal modo que el propio legislador imponga configurarlo. Agrega que la acción positiva del Estado solo procede cuando el ejercicio de la posición dominante sea abusivo, fraudulento, de mala fe, excesivo, desleal, colusorio, contrario a las prácticas comerciales y a los principios de comportamientos de los empresarios en el mercado ante la concurrencia y frente a los consumidores, conforme a las normas legales y los criterios de subsunción de conductas establecidos por las disciplinas que integran el derecho de la competencia.

Ernesto Rengifo7, por su parte, nos indica que el abuso de posición dominante es una variable o modalidad del clásico abuso del derecho, y agrega que la posición dominante es ausencia de competencia efectiva; en otros términos: “[...] el ejercicio abusivo del poder que se tiene en el mercado”. La posición dominante entonces opera en nuestra legislación entre otras razones “en relación con el mercado”, pues de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución Política, el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica.

Luego nos trae la referencia del derecho comunitario andino8 con la Decisión 285 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la cual se considera el abuso de posición dominante como una práctica restrictiva de la libre competencia. En el artículo 5 se consagran hipótesis de explotación abusiva de la posición de dominio que se tiene en el mercado, dentro de las cuales se encuentra, “la aplicación de las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros”, y los efectos jurídicos los fija la Junta del Acuerdo de Cartagena, la cual podrá determinar las medidas que tiendan a eliminar o atenuar las distorsiones que ocasionan prácticas restrictivas de libre competencia en la Comunidad Andina9.

Si traemos esta postura a la contratación estatal, encontramos que una entidad oficial que ordena la apertura de una licitación pública o cualquier otro proceso de selección en el que haya competencia se encuentra obligada a garantizar la libertad económica, o en otras palabras, se encuentra obligada a garantizar que todo aquel que quiera presentar un ofrecimiento (competidor) pueda presentar oferta siempre y cuando tenga la idoneidad y experiencia mínimas que garanticen la ejecución de lo que el Estado piense contratar; por tanto, no puede impedir que restrinja el potencial de posibles proveedores, prestadores de servicios o constructores. Eso significa que cuando la entidad estatal ordena la apertura de un licitación pública con un objeto para contratar, las especificaciones técnicas y las condiciones que deben cumplir quienes pretendan presentar un ofrecimiento deberán tener una relación directa con el objeto que se va a contratar. Por ende, cuando un licitante pueda ejecutar el objeto del contrato y no puede cumplir las condiciones porque son superiores a su capacidad técnica y financiera, entonces decimos que se le pone en una posición de desventaja ante el que si puede cumplir con las condiciones abusivas, lo cual genera una práctica restrictiva propiciada por la misma entidad estatal al encontrarse en abuso de su posición dominante. De lo que se trata es de identificar las condiciones desiguales (reglas que favorecen a un grupo determinado de proveedores, prestadores de servicios o constructores) frente a prestaciones equivalentes (tanto el grupo de proponentes que pueden presentar oferta como los que están excluidos pero que tienen la capacidad técnica, financiera y legal para cumplir con el objeto del contrato).

Más adelante, Rengifo10 presenta el análisis de la Constitución Política, en el que referencia el artículo 333, que dispone que el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que persona o empresa hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Y agrega que en esos términos, cualquier acto, acuerdo o conducta que tenga como efecto limitar o hacer desaparecer la libre competencia o cualquier conducta que implique el abuso de posición dominante va en contra de este principio constitucional11.

El autor12 analiza el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, indicando que se siguió el derecho comunitario europeo, en el cual existe abuso de posición dominante por “la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas”. En el abuso de posición dominante la conducta abusiva se mira respecto del mercado por condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, entre otros aspectos, que considera el autor consultado como “discriminación vertical”13.

Entonces, al analizar la Constitución Política y la legislación, lo que prohíben la norma constitucional (art. 333) y el Decreto 2153 no es la posición dominante per se, sino su abuso, entendiendo el concepto de abuso de posición dominante como un concepto jurídico indeterminado14 que requiere determinación y precisión de parte de la jurisprudencia o del organismo encargado de velar por la observancia de las normas sobre promoción de competencia. Y aquí15 precisa, frente a la relación entre la competencia desleal y el de las prácticas restrictivas de la competencia, que pueden hallar un punto de encuentro en el principio de abuso de posición dominante. Agrega que el abuso de posición dominante es una aplicación del abuso del derecho pero con criterio más amplio, en la medida en que la referida posición se tiene en el mercado respecto de competidores, proveedores o consumidores.

Rengifo16 consulta finalmente jurisprudencia, y nos parece prudente extraer la más interesante para el objeto de esta investigación. El primer caso nos introduce respecto de la naturaleza del principio de abuso de posición dominante, que es bifronte porque se puede expresar en relaciones jurídicas provenientes de un negocio jurídico de un mercado, en referencia a que tiene o puede tener incidencia entre competidores, pero que involucra el interés general de la libre competencia económica y cuya violación tiene control especializado del sector público o de jueces en una acción de estirpe constitucional. Creemos que pueden ser la Superintendencia de Industria y Comercio y el juez popular en Colombia, en aplicación del artículo 88 de la Constitución Política y la Ley 472 de 1998, que regulan las acciones populares o de grupo.

Luego nos plantea17 que en las investigaciones sobre abuso de posición dominante, las tareas deben ser: 1) definir el mercado relevante, 2) explicar cómo el acto que se alega como abusivo afecta la competencia y 3) explorar los posibles beneficios de eficiencia que se derivan de la práctica. Y concluye en este punto que en la mayoría de las hipótesis previstas en el artículo 50 del Decreto 2153 se exige que se afecte la competencia, es decir, se debe probar una relación de causalidad entre la práctica calificada potencialmente como abusiva y la efectiva eliminación o disminución de la competencia, como cuando tenga por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir su entrada o expansión (num. 1), o se ponga a un proveedor en situación desventajosa frente a otro proveedor en condiciones desventajosas (num. 2).

Nos proponemos entonces revisar las tareas que debe adelantar una investigación de abuso de posición dominante cuando se trata de la selección objetiva de contratistas en la contratación pública.

1) Definir el mercado relevante. De conformidad con las normas que regulan la contratación estatal, en la fase de elaboración de estudios previos o aplicación del principio de planeación, en complemento con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal se encuentra obligada a revisar el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.

2) Explicar cómo el acto que se alega como abusivo afecta la competencia. En este caso la entidad estatal en la licitación pública se encuentra obligada a elaborar un acto administrativo de carácter general denominado pliegos de condiciones, en cuyo contenido se encuentran las reglas de participación tales como las condiciones que deben cumplir los proponentes para participar, como experiencia, capacidad financiera y capacidad legal (art. 5.º Ley 1150/2007). La norma establece que estos requisitos deben ser “adecuados” y “proporcionales” a la naturaleza del contrato y su valor. Por otra parte, en la definición de la licitación pública la norma señala que se trata de una convocatoria pública para que los interesados en “igualdad de oportunidades” puedan presentar un ofrecimiento y así la entidad estatal pueda escoger entre ellos la oferta más conveniente. Se presenta el acto abusivo que afecta la competencia cuando la entidad estatal al regular las condiciones de acceso al proceso de convocatoria establece unos requisitos que uno o unos pocos pueden cumplir, dejando por fuera o discriminando otros posibles interesados que tienen las capacidades técnicas, financieras y jurídicas para cumplir eventualmente con el objeto del contrato18. Calificamos esta conducta discriminatoria frente a un mercado como un acto abusivo que afecta la competencia.

3) Explorar los posibles beneficios de eficiencia que se derivan de la práctica. Consideramos que el único beneficio de eficiencia que se puede derivar del acto abusivo de competencia es la mitigación del riesgo frente al incumplimiento del contrato de parte del proveedor, prestador de servicios o constructor que se seleccione, pues en cuanto la entidad defina unos requisitos más altos en experiencia y capacidad financiera, obtendrá un proponente cuyo perfil otorgará más tranquilidad a la Administración en el cumplimiento del objeto del contrato y por ende en el cumplimiento de los fines estatales, que es el interés general. Y dicha eficiencia va en detrimento de la competencia porque la restringe y la limita al excluir a otros oferentes que sin tener ese perfil podrían eventualmente cumplir con el objeto del contrato.

Hay un caso que refiere Ernesto Rengifo19 y que involucra a una entidad estatal en la adjudicación de un contrato por licitación pública, que es la concesión a particulares de un servicio de comunicación personalizado conocido internacionalmente con el nombre de personal communications service (PCS), que puede ser una fuerte competencia a la telefonía móvil celular. En este caso, afirma el autor, el Gobierno nacional no ha querido dar acceso al valor mínimo de adjudicación del servicio, y los particulares han cuestionado tal comportamiento porque en esencia han considerado que la conducta del Estado constituye un abuso de posición dominante al no fijar públicamente el valor mínimo de la concesión. Tal como reza la denuncia, el abuso del Ministerio se encuentra en que, como agente económico, pretende disminuir el precio de entrada al mercado a los operadores del PCS, afectando a los operadores de telefonía celular que operan actualmente en el mercado, vulnerando así el numeral 1 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 (cuando se tenga por objeto eliminar uno a varios competidores o prevenir la entrada o expansión de estos), al pretender fijar precios diferenciales entre el costo de entrada de un operador de PCS frente a un operador de telefonía celular, disminuyendo de esta manera la competencia, con lo cual incurriría en la causal quinta del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 (cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país). Por consiguiente, con su comportamiento busca otorgar mayores beneficios a un particular que entra a competir en el mercado de telefonía no domiciliaria, lo cual crea desigualdades para operaciones equivalentes entre competidores de condiciones análogas e incurre en vulneración del numeral 2 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 (poner a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas).

Infortunadamente la Superintendencia de Industria y Comercio desestimó la demanda, pues según su criterio, el Estado no puede incurrir en abuso de posición dominante, ya que en la prestación de servicios de telefonía celular y de comunicación personal (PCS), la intervención del Ministerio de Comunicaciones se enmarca en la función de regulación y control que le corresponde al Estado, mas no como prestador de la actividad20.

Lo anterior hace suponer que en aquellos casos en los cuales la entidad estatal que representa al Estado no interviene en el mercado como un órgano que ejerce la función de regulación y control y ejerce una actividad económica en el mercado, podría de presentarse las causales que trae el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, incurrir en una conducta de abuso de posición dominante, y así, como concluye Rengifo este aparte: “Así pues, el Estado puede ser objeto de investigación por violación de normas de promoción de la competencia y prácticas restrictivas cuando ejerce actividades económicas, mas no cuando actúa como regulador o controlador de un servicio público”.

Sobre este punto, el autor asegura que el precedente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es importante, porque el Estado desempeña una actividad económica mediante empresas industriales y comerciales y establecimientos públicos o sociedades de economía mixta, y se hace destinatario de las normas de competencia y sobre las prácticas comerciales restrictivas.

En una sentencia la Corte Constitucional21, nos indica que la libre competencia es un principio rector de la actividad económica y que es la ley la que debe evitar que las personas o empresas que tengan una posición dominante en el mercado abusen de ella. Define entonces la posición dominante como la posibilidad de ejercer en el mercado un comportamiento de manera independiente respecto de precios, condiciones de venta, sistemas de distribución, etc.22.

Magdalena Correa23 nos habla de las obligaciones frente al abuso de la posición dominante en el mercado nacional y trata de la atribución que tiene el titular del derecho constitucional a la libre empresa para que el Estado restrinja, persiga y sancione el ejercicio abusivo de la posición de dominio en el mercado, de acuerdo con lo establecido en la ley. De acuerdo con la doctrinante, es definitivo que el derecho constitucional de la libertad económica, y dentro de ella la libre competencia, excluya el abuso del derecho de un modo que imponga no al juez, sino al propio legislador, siempre con la previsión de que el ejercicio de esa libertad y de ese dominio económico se mantenga dentro del límite justo y correcto. Y refiriéndose de nuevo al abuso de posición dominante por ella reconocido, indica que la acción positiva procederá contra el empresario que ejercite su posición dominante de manera abusiva, fraudulenta, de mala fe, excesiva, desleal, con colusión, contrario a las prácticas comerciales y a los principios de comportamiento de los empresarios en el mercado ante la concurrencia y ante los consumidores, conforme a las normas legales y los criterios de subsunción de conductas establecidas por las disciplinas que integran las competencias.

Por tanto, consideramos que cuando los pliegos de condiciones contienen reglas de participación abusivas, desproporcionadas e irracionales por no superar los subprincipios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, vulneran entre otras las normas de competencia. De esta manera se puede calificar esta conducta como abuso de posición dominante porque privilegia a unos proveedores, constructores o prestadores de servicios frente a otros, a quienes se les pone en condiciones desventajosas.

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CAPÍTULO TERCERO

SUBSANABILIDAD DE LA OFERTA: ¿AMENAZA PARA LA IGUALDAD ENTRE OFERENTES O GARANTÍA INDISPENSABLE PARA LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN?

IVÁN CARVAJAL SÁNCHEZ

CE, sec. III, sent. 26/02/2014, exp. 25.804

SUMARIO: I. El panorama de la subsanabilidad con la Ley 80 de 1993: discrecionalidad de la Administración en la determinación de los requisitos subsanables. II. El cambio de paradigma: del criterio subjetivo de necesidad para la comparación de ofertas al criterio objetivo de asignación de puntaje. III. La jurisprudencia posterior. El criterio de asignación de puntaje, los requisitos esenciales no calificables y los formalismos sustanciales. IV. La Ley 1882 de 2018: continuación de la procesalización del principio de eficacia en la contratación.

INTRODUCCIÓN

LA EFICACIA COMO FUENTE DE LA SUBSANABILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

La Constitución Política de 1991 incorporó cambios trascendentales en materia de principios y valores que fundan la base de nuestro actual Estado, modulando el comportamiento de los particulares y de las autoridades administrativas. Estas premisas, pilares hermenéuticos de nuestro ordenamiento jurídico, llevaron a la construcción de una visión para la Administración pública: la que debe dirigir todo su actuar a cumplir con sus finalidades, removiendo y obviando obstáculos insustanciales o formales, lo que implica su transformación en una Administración eficaz.

Para lograr este propósito, el constituyente y, con posterioridad, el legislador, intervinieron el ejercicio de la función administrativa, como espacio recurrente de sacrificio del interés general en prevalencia de formalidades; por ello, el artículo 209 de la Constitución incluyó como principios de la función administrativa la “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. [...]”.

De igual forma, el entonces Código Contencioso Administrativo (Dcto. 1 de 1984) y el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) reconocieron estos principios como propios de la actuación administrativa. Esta última legislación no solo integró los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, sino que les atribuyó, de forma expresa, el carácter de reglas de interpretación y aplicación de las normas1. Además, la referida ley también dispuso que no solo regirían en las actuaciones los principios señalados en la Constitución o en el Código, sino en las demás leyes especiales para cada materia.

Por su parte, la Ley 489 de 1998 en el artículo 3.º incorporó los principios señalados en la Constitución a la función administrativa, y en el artículo 4.º subrayó que la finalidad de esta actividad era la satisfacción de las necesidades generales.

De esta manera, la eficacia se erige como el principio que “impone el carácter material que debe prevalecer en la interpretación de las normas procedimentales”2 y aquel bajo el cual “es responsabilidad de la Administración adoptar las medidas para lograr que el trámite del procedimiento no impida lograr la efectividad del derecho material discutido dentro de la actuación”3. Esto incluye el impulso oficioso de la eficacia y la titularidad de poderes de instrucción que permitan superar “vicios de puro procedimiento que no incidan en aspectos fundamentales de la decisión a adoptar”4.

Es necesario aquí precisar que la eficacia consiste entonces en “un principio que impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades que se confían a los organismos del Estado”5, mientras que “la eficiencia es un criterio que relaciona la productividad de las operaciones o actividades con una medida, criterio o estándar de desempeño”6 y “cuando se apunta al término eficiencia se busca hacer énfasis más en la acción dirigida a producir el resultado que en el resultado mismo”7.

Así, con el advenimiento de esta nueva visión constitucional para el ejercicio de la función administrativa, el legislador pretendió que la escogencia de un contratista del Estado, como una especie de procedimiento administrativo8, fuera flexible y eficaz para la satisfacción del interés general, al ser caracterizado por su rigidez, ritualidad e inmutabilidad.

Por consiguiente, la Ley 80 de 1993 incorporó en el artículo 3.º como principios propios de la actividad contractual a cargo del Estado la transparencia, la economía y la responsabilidad, constituyéndose en preceptos esenciales para la formación, manejo y conclusión del contrato, además de ser criterios de ejecución contractual9.

Ahora, si bien la Ley no consagró de manera expresa el principio de eficacia, puede evidenciarse que el texto normativo exhibe sus alcances como manifestaciones del principio de economía, el cual, pese a guardar estrecha relación con el primero, recae en un propósito diferente; mientras la eficacia, como se indicó, se dirige a la consecución de los resultados esperados de la función administrativa, la economía se enfoca en la racionalización del trámite, supresión de formalidades innecesarias, optimización en el uso de recursos y austeridad en la gestión de lo público. Bajo esta premisa, “El principio de economía en los procedimientos contractuales es distinto de la economía del contrato, como que aquel tiende a contener la voluntad de simplificar el proceso contractual, agilizando la labor administrativa”10 y además “pretende la aplicación de procedimientos ágiles y eficaces, de tal manera que surtan sus fines en el menor tiempo posible y con la mínima implicación pecuniaria para los intervinientes en tales procesos, con el fin de excluir la exigencia de documentos y copias que no sean estrictamente necesarios”11.

Pese a esta fusión legal que resulta en una especie de principio dual de economía-eficacia, no cabe duda de que este tiene una aplicación propia, autónoma y directa en la contratación administrativa por disposición del artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 3.º de la Ley 489 de 1998 y el artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993[12].

En el anterior contexto, de aplicación de reglas de eficacia contenidas en los mandatos del principio de economía en la contratación pública, se emite el pronunciamiento judicial a partir del cual se estudiará la institución de la subsanabilidad de las ofertas, y que constituye un referente de especial atención en nuestro ordenamiento jurídico, porque señaló la necesidad de aplicación de esa visión de la actual Constitución Política en el ejercicio de la función administrativa contractual. Esa perspectiva, apoyada en la primacía de lo sustancial sobre lo formal, y bajo la cual la Administración está dotada de la facultad de adoptar medidas para sanear irregularidades o vicios que le impidan lograr sus objetivos, se apreciaba lejana al ámbito de la contratación pública, sobre todo en la fase precontractual, en la cual, aún en vigencia de la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, la Administración mantuvo la tendencia a dar prevalencia a aspectos formales que no resultaban definitivos o imperiosos para determinar la mejor oferta y la elección del contratista.

En este sentido, la decisión judicial objeto de análisis, fundamentada en los principios de la contratación estatal (economía-eficacia), interpretó las reglas contenidas en distintas disposiciones de la Ley 80 de 1993 e incluso de la Ley 1150 de 2007, explicando así que este cambio de mentalidad y nueva visión no era ajena a las actuaciones administrativas precontractuales, sino parte indispensable de estas, hasta el punto de concebir la subsanabilidad como un derecho del oferente, un deber de la Administración y una garantía para el debido proceso.

La situación fáctica de estudio y decisión del Consejo de Estado recayó en la demanda de nulidad y consecuente restablecimiento del derecho sobre un acto de declaratoria de desierta de una licitación para contratar una obra pública. En dicho proceso de selección se recibieron siete propuestas, y la que presentó el actor no fue evaluada al calificarse como incompleta por no encontrarse firmados los estados financieros por un contador público.

Entre tanto, es necesario advertir que si bien además de la ilegalidad derivada del rechazo de la oferta por la ausencia de firma del contador público en los estados financieros el demandante presentó otros hechos y argumentos referidos a aspectos técnicos y de violación del debido proceso13, es el primero de los motivos el que ocupa nuestro estudio, porque su análisis de parte de la corporación sentó la tesis de la subsanabilidad, hoy replicada en esencia con la Ley 1882 de 2018.

Hecha la precisión anterior, encontramos que la sentencia frente al rechazo de la oferta por la ausencia de firma de contador público en los estados financieros abordó los siguientes problemas jurídicos que se exponen en el cuadro 2.

CUADRO 2. PROBLEMAS JURÍDICOS QUE ABORDÓ LA SENTENCIA


ProblemaTesis
En vigencia de la Ley 80 de 1993, ¿está facultada la Administración para solicitar la corrección de la oferta ante omisión o defecto de requisitos?Los numerales 7a y 8b del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 deben interpretarse en forma armónica y sistemática con el numeral 15c del artículo 25 de la misma ley, bajo el principio de economía, que implica el valor de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.Esta interpretación muestra que sí es posible solicitar las aclaraciones o explicaciones que la entidad requiera, y el proponente puede completar, adicionar o modificar la oferta con el fin de corregirla en aspectos no necesarios para la comparación de las propuestas.Además, es un deber de la Administración requerir estas explicaciones o aclaraciones ante omisiones o defectos de las ofertas y un derecho del proponente subsanar o corregirlas.
¿Qué se entiende por requisito o documento no necesario para la comparación de propuesta?Bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993 (sin sus modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007), se encontraba en el inciso 2.º del numeral 15 de su artículo 25 un concepto jurídico indeterminado, consistente en que eran subsanables los documentos o requisitos no necesarios para la comparación de propuestas.Este concepto indeterminado, que implicaba un criterio subjetivo de las autoridades administrativas, fue sustituido por un criterio objetivo contenido en el parágrafo 1.º del artículo 5.º de la Ley 1150 de 2011d, bajo el cual, un documento o requisito necesario para la comparación de propuestas es el que otorga puntaje. En consecuencia, si lo otorga e incide en la ponderacióne de la oferta, no es subsanable; en caso contrario, sí lo es.
¿Constituye la firma del contador público sobre los estados financieros un requisito no susceptible de subsanarse?Bajo la Ley 43 de 1990 y la reglamentación vigente, los estados financieros requieren ser firmados y avalados por un contador público; aunque no lo indique el pliego de manera expresa, la exigencia debe cumplirse en virtud de las normas especiales en la materia.No obstante, si los estados financieros no son evaluables ni se relacionan con factores de evaluación, son subsanables; por tanto, la Administración debe conceder la oportunidad para ello.

a “[...] 7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables”.

b “8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Secretaría de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas”.

c [...] 15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos” (cita del texto original de la ley; el inciso 2.º fue después modificado por el artículo 5.º de la Ley 1150 de 2007).

d “Parágrafo 1.º— La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización” (cita del texto original de la ley, sin la posterior modificación hecha por el artículo 5.º de la Ley 1882 de 2018).

e Se considera pertinente aquí diferenciar los conceptos de evaluación y ponderación, pese a que la legislación y parte de la jurisprudencia suele emplear dichos términos como sinónimos, como lo señala ÉDGAR GONZÁLEZ: “La evaluación de una propuesta corresponde al análisis de su contenido comparado con las prescripciones del pliego de condiciones, con el fin, en primer lugar, de determinar si la propuesta cumple con los requisitos esenciales (denominados habilitantes), y, en segundo lugar, para aquellas ofertas que cumplan, asignarles puntaje, según los criterios de ponderación igualmente señalados en los pliegos de condiciones. La ponderación corresponde solo a una de las etapas de la evaluación, pero no se confunde con esta, y busca otorgar el puntaje que debe tener una propuesta, según lo señalado en el pliego”. ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ, El pliego de condiciones en la contratación estatal, op. cit. p. 126.

Fuente: elaboración propia.

La tesis sostenida por la sentencia, en particular al abordar el alcance del artículo 5.º de la Ley 1150 de 2007 sobre la definición de cuáles son los documentos subsanables, no ha resultado a la fecha suficiente para dar una verdadera seguridad jurídica a los operadores en materia de contratación. En efecto, pese a la confianza que deberían brindar el detalle y la exégesis tanto del texto inicial del artículo 5.º, ya mencionado, como de su modificación mediante la Ley 1882 de 2018, que mantuvo igualmente el criterio de otorgamiento de puntaje como factor clave en la subsanabilidad, aún surgen y se mantienen cuestionamientos frente a la posibilidad de subsanar o no requisitos o documentos, por ejemplo, cuando se trata de aquellos que no responden a circunstancias subjetivas del oferente, sino a circunstancias objetivas14 pero que no están sujetas a calificación o ponderación (p. ej., las fichas técnicas en los procesos de selección abreviada con subasta inversa)15.

Piénsese, a manera de ejemplo, que en determinado proceso de selección se exijan unas características o especificaciones técnicas de equipos para adquirir, como mínimos habilitantes, que deben acreditarse con fichas técnicas, catálogos o documentación propia de ellos; un proponente cumple con todo desde el comienzo, por lo que no debe ni puede ser requerido por la entidad para que modifique o corrija su propuesta, pero otro oferente allega documentación de uno de sus equipos que no soporta las características mínimas exigidas por la entidad. Siendo claro en el pliego que estos mínimos no otorgan puntaje, sino que habilitan a la oferta que se ha de evaluar, bajo la concepción simple de la tesis jurisprudencial expuesta y la exégesis de la norma legal, se consideraría la posibilidad de corregir la oferta técnica no puntuable o incluso modificarla, con el fin de habilitarse para ser evaluada.

Podría aquí sostenerse que precisamente ese es el fin de la modificación que contiene el artículo 5.º de la Ley 1882 de 2018 y el sentir de la postura jurisprudencial reseñada: todo lo que no otorgue puntaje puede ser enmendado, corregido, aportado o modificado, con el fin de habilitar ofertas, garantizar pluralidad de partícipes y evitar que se declare desierto el proceso. No se estaría mejorando la oferta porque la mejora se predicaría solo de los factores de comparación, es decir, de los que otorgan puntaje.

Visto desde otra perspectiva, puede sostenerse que si bien se comparte la finalidad de habilitar el mayor número de propuestas para lograr el cometido del proceso de selección, es decir, que en efecto haya contrato estatal, este propósito no puede desbordar ni quebrantar otras garantías mínimas ni los demás principios de la contratación y de las actuaciones administrativas, como es el de igualdad, imparcialidad y la selección objetiva; permitir la modificación de aspectos, ítems o componentes técnicos de la oferta por el solo hecho de no ser sometidos a puntaje constituiría una ventaja para el oferente que no fue diligente en el estudio y acreditación de las exigencias del pliego de condiciones.

Las anteriores situaciones, sumadas a la inseguridad jurídica que presenta la configuración de responsabilidades (penal, disciplinaria y fiscal) de los intervinientes en la contratación por la violación de principios16 y a la dinámica propia de los procesos de selección, en la que los proponentes participan de forma activa e insistente para lograr que su oferta sea la mejor y descartar las demás, hacen que los operadores jurídicos apliquen la institución de la subsanabilidad con timidez, mantengan en discusión su alcance y den así un trato diferenciado a las mismas situaciones en distintos procesos de contratación, todo ello en desmedro de alcanzar el objeto del procedimiento.

Todo lo expuesto lleva a plantear el interrogante que se pretende responder, mediante el estudio de la sentencia del 26 de febrero de 2014, el desarrollo jurisprudencial posterior y los cambios normativos introducidos en la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1882 de 2018: ¿aplicar el criterio de subsanabilidad de la decisión judicial y de la Ley 1882 de 2018 es base para la desigualdad y desventajas entre los participantes? ¿O es una garantía para la satisfacción de los fines de la contratación?

I. EL PANORAMA DE LA SUBSANABILIDAD CON LA LEY 80 DE 1993: DISCRECIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS SUBSANABLES

En la sentencia del 26 de febrero de 2014, el Consejo de Estado comienza exponiendo lo que denomina una “ruptura ideológica” que se presenta entre lo señalado en su momento por el Decreto Ley 222 de 1983 con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, acerca de la posibilidad de enmendar, subsanar o corregir errores de las ofertas, principalmente como consecuencia de la mentalidad formalista característica de la época.

Así, la corporación sostuvo que el cambio de reglamentación legal tuvo origen en la dificultad que el régimen anterior presentaba para estas situaciones, llegando al punto de que el Estado se privaba de ofertas técnica y sustancialmente idóneas por el incumplimiento de formalismos insustanciales u otros aspectos adjetivos (p. ej., copias de la propuesta y presentación de documentos en orden distinto del señalado en el pliego, entre otros)17.

En este sentido, la decisión explica la filosofía detrás del numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 sobre el principio de economía y, sobre todo, de la regla prevista en ese entonces en su inciso 2.º, bajo la premisa de primacía de lo sustancial sobre lo formal, establecida en el artículo 228 de la Constitución Política18 y lo señalado en el artículo 209 de la carta. De este modo, se transformó “la perspectiva y la mirada del derecho, en cuanto a la aproximación a los problemas jurídicos y a su solución, y también en el abordaje de las tensiones entre los derechos y las actuaciones del Estado”19.

Subraya entonces el Consejo de Estado la incorporación de esta visión en materia contractual, en los siguientes términos:

Concretamente, en 1993, con la expedición de la Ley 80, en materia contractual, se incorporó esta filosofía a la normativa de los negocios jurídicos del Estado. De manera declarada, en franca oposición a la cultura jurídica formalista que antes aplicaba la Administración pública a los procesos de selección de contratistas, que sacrificaron las ofertas so pretexto de hacer prevalecer una legalidad insulsa —no la legalidad sustancial y protectora de los derechos y las garantías—, la nueva normativa incorporó un valor diferente, incluso bajo la forma de principio del derecho contractual, que debía invertir o reversar la lógica que regía los procesos de contratación. En virtud de ese nuevo pensamiento rector de los procedimientos administrativos, en adelante las ofertas no podrían desestimarse por irregularidades, insuficiencias o incumplimientos frívolos y triviales, en relación con las exigencias que hiciera el ordenamiento jurídico y sobre todo el pliego de condiciones para cada proceso de contratación20.

En este contexto, el tribunal judicial señaló que el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y los numerales 7 y 8 del artículo 30 de la misma ley son expresiones de este nuevo pensamiento, y por ello debían interpretarse de manera armónica. La primera de las disposiciones enunciadas (hoy derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y cuyo supuesto de hecho está reglado en el parágrafo 1.º del artículo 5.º del mismo texto legal21) fue considerada el centro de gravedad de la lógica de la subsanabilidad, que estableció como criterio de definición de lo subsanable un concepto jurídico indeterminado. En este sentido, sentenció la corporación:

La nueva filosofía del derecho constitucional, recibida ahora como filosofía del derecho contractual, dispuso con total claridad que las ofertas incompletas —por falta de requisitos o documentos— no se rechazarán automáticamente por cualquier tipo de deficiencia; es necesario que la entidad estatal pondere la decisión alrededor de un concepto jurídico indeterminado, que la conducirá a la decisión correcta: le corresponde valorar si lo que falta es “necesario para la comparación de propuestas”, si concluye que es indispensable debe rechazarla, pero si no lo es debe concederle al proponente la oportunidad de subsanarla, para luego admitirla y evaluarla. [Bastardilla fuera de texto].

Entonces, según el texto inicial de la Ley 80 de 1993, correspondía a cada entidad contratante definir qué se entendía, para cada uno de sus procesos, por documentos o requisitos no necesarios para la comparación de propuestas22, lo que llevó a la arbitrariedad y ambigüedad, más aún cuando la determinación de los requisitos se confiaba por entero a la entidad y no existía diferenciación legal, existiendo incluso requisitos definidos como mínimos que podían tener al tiempo asignación de puntaje23.

Ahora bien, sobre el numeral 7 del artículo 30 de la mencionada ley, la corporación lo entendió como un medio para hacer efectivo el principio de economía (economía-eficacia) y una consecuencia de la prohibición de rechazar propuestas por aspectos no sustanciales, de la siguiente manera:

[...] para evitar el rechazo in limine de las ofertas, las entidades estatales tienen la carga de buscar claridad a los aspectos dudosos que surjan durante la evaluación de las ofertas. Por tanto, si no comprende algo, si existe contradicción, si un requisito fue omitido, etc., la entidad solicitará “a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables”, comportamiento que realiza el principio de economía vertido en el art. 25.15, de manera que la entidad no puede rechazar de plano la propuesta sin solicitar previamente que se aclare.

De esta manera, cabe advertirle a la Administración que la posibilidad de aclarar y corregir la oferta no es un derecho que tiene la entidad, sino un derecho que tiene el contratista; así que para aquellas se trata de un deber, de una obligación, para que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos de selección, para bien del interés general. Por tanto, si las entidades no conceden a los proponentes la oportunidad de corregir la oferta incompleta o que no se comprende —solo en aquellos aspectos susceptibles de corregirse—, violan el derecho del oferente a hacerlo e incumplirán la obligación que les asigna la ley.

En conclusión, que las ofertas se pueden corregir y aclarar lo confirma el art. 30.7 de la Ley 80. Si no se pudiera, ¿para qué “solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables”, si lo que respondieran no se pudiera tener en cuenta?24. [Bastardilla fuera de texto].

Es necesario subrayar de lo transcrito que el Consejo de Estado, acudiendo a una interpretación de la norma bajo el efecto útil25, optó de forma clara por incluir en la posibilidad de aclarar o explicar aspectos de la oferta el corregirla, lo que es un supuesto del todo diferente. Este alcance, incluso, difiere de posteriores pronunciamientos de la misma corporación, en los que sostuvo que antes de la Ley 1150 de 2007 no había posibilidad de corregir la oferta o enmendarla aportando incluso documentos, ya que la subsanabilidad no prevalece sobre la prohibición de modificar, adicionar o mejorar propuestas, como se observa en decisión del 5 de diciembre de 2016, así:

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9789587904864
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