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Responsabilidad extracontractual del Estado por actos de vandalismo: Responsabilidad por los daños materiales causados a terceros como consecuencia de los actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas / State liability for acts of vandalism: Liability for property damage caused to third parties as a result of acts of vandalism by students of public universities / Jaimes Reyes, Alba Marcela; Forero Guerrero, María Victoria. Tunja: Editorial UPTC, 2021. 222 p.ISBN 978-958-660-550-2ISBN Digital 978-958-660-551-91. Responsabilidad del Estado. 2. Daño antijurídico. 3. Vandalismo. 4. Imputación 5. Universidades Públicas. 6. Protesta pacífica. 7. Medios de control.(Dewey 342 /21) (Thema LA - Teoría general del derecho)


Primera Edición, 2021

200 ejemplares (impresos)

Responsabilidad extracontractual del estado por actos de vandalismo: Responsabilidad por los daños materiales causados a terceros como consecuencia de los actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas.

State liability for acts of vandalism: Liability for property damage caused to third parties as a result of acts of vandalism by students of public universities.

ISBN: 978-958-660-550-2

ISBN Digital: 978-958-660-551-9

Colección de Investigación UPTC No. 213

Proceso de arbitraje doble ciego

Recepción: julio de 2019

Aprobación: julio de 2020

© Alba Marcela Jaimes Reyes, 2021

© María Victoria Forero Guerrero, 2021

© Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2021

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Libro resultado de investigación con SGI-2509 – Grupo de Investigación GIGAS

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Jaimes Reyes, A. & Forero Guerrero, M. V. (2021). Responsabilidad extracontractual del estado por actos de vandalismo: Responsabilidad por los daños materiales causados a terceros como consecuencia de los actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas. Tunja: Editorial UPTC.

DOI: https://doi.org/10.19053/9789586605502

Resumen

Desde hace varias décadas, los actos de vandalismo ejecutados por estudiantes de las universidades públicas, como mecanismo de protesta contra el gobierno de turno, ha sido una práctica común, que se fortalece como consecuencia de los límites que enmarcan el ejercicio de fuerza por parte del Estado; cuando tiene ocurrencia la manifestación violenta, contraria a la protesta pacífica protegida constitucionalmente, acontecen daños tanto en bienes públicos como privados, dejando a ciudadanos ajenos a la protesta siendo víctimas de daños en su patrimonio, afectaciones que no tienen la obligación de soportar y que por ende, hace necesario el análisis del deber de reparación en sede de responsabilidad extracontractual del Estado, determinando el título de imputación que le sería aplicable y los elementos requeridos para llegar a su configuración.

Palabras clave: Responsabilidad del Estado, Daño Antijurídico, Vandalismo, Imputación, Universidades Públicas, Protesta Pacífica, Medios de Control.

Abstract

For several decades, acts of vandalism carried out by students of public universities, as a mechanism of protest against the government in power, has been a common practice, which is strengthened as a result of the limits that frame the exercise of force by the State; when the violent demonstration takes place, contrary to the constitutionally protected peaceful protest, damages occur to both public and private property, leaving citizens who are not involved in the protest are victims of damages to their property, damages that they are not obliged to bear and therefore, it is necessary to analyze the duty of reparation in tort liability of the State, determining the title of imputation that would be applicable and the elements required to reach its configuration.

Keywords: state liability, unlawful damage, vandalism, imputation, public universities, peaceful protest, legal actions.

Contenido

Introducción

Problema de investigación

a. Planteamiento

b. Delimitación del problema

c. Formulación del problema

d. Hipótesis

Objetivo general

Objetivos específicos

Justificación

Antecedentes

Metodología

Marco conceptual

Parte 1. El Estado: multiplicidad de personas, una obligación

Capítulo 1. Derecho a la protesta: el Estado garante

1.1 Derecho de reunión: manifestación pública de paz

1.1.1 Marco constitucional y legal

1.1.2 Marco jurisprudencial

1.2 Derecho a la protesta: libertad de expresión frente al sistema

1.2.1 Marco constitucional y legal

1.2.2 Marco jurisprudencial

1.3 Actos de vandalismo: ¿Libertad o liberalidad del pensamiento crítico?

Capítulo 2. El Estado organizado: autonomía de la responsabilidad

2.1 Aspectos previos: el Estado dinámico

2.2 Entes descentralizados: la autonomía como núcleo de la organización

2.2.2 Prestación de servicios como criterio organizador

2.3 Entidades de régimen especial: la conveniencia política, su razón de ser

2.3.1 De origen constitucional

2.3.2 De origen legal

2.4 Entes desconcentrados: matiz de la centralización más no de la autonomía

Capítulo 3. Las universidades públicas: entes base del sistema estatal

3.1.1 Naturaleza jurídica: entes de origen legal

3.1.2 Entes universitarios autónomos: la autonomía responsable en pro del pensamiento crítico

3.1.3 Autonomía universitaria: una forma de autogobierno

3.1.4 Patrimonio: gasto público social, recursos para indemnizar

3.1.5 Establecimientos públicos: inconveniencia de formar parte de la estructura de poder

3.2 Marco legal

3.3 Régimen de responsabilidad, ¿público o privado?

3.4 La doble naturaleza de la educación: derecho–servicio

Parte 2. Responsabilidad extracontractual del Estado por actos de vandalismo

Capítulo 1. La responsabilidad del Estado: un creciente fenómeno patrimonial

1.1 Antecedentes: de la irresponsabilidad absoluta a la responsabilidad creciente

1.2 Concepto: la indefinición de lo definido

1.3 Marco constitucional y legal

1.4 Clases: la actuación estatal como criterio de clasificación

1.4.1 Aspectos previos: responsabilidad contractual

1.4.2 Responsabilidad extracontractual: garantía integral del patrimonio, su núcleo esencial

Capítulo 2. Responsabilidad extracontractual del Estado por actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas. ¿Nuevo título de imputación?

2.1 Fundamento constitucional y legal: ¿encuentra sustento en el ordenamiento jurídico nacional?

2.2 Marco jurisprudencial: ¿ha tenido desarrollo jurisprudencial continuo?

2.3 Elementos y títulos de imputación: ¿requiere constituirse como nuevo título de imputación, con elementos propios, o se enmarca dentro de los existentes?

2.4 Medios de control jurisdiccional: la reparación directa como su mecanismo natural

CONCLUSIONES

Referencias

Normativas

Jurisprudenciales

Fuentes web

Introducción

El Estado colombiano se ha ido descentralizando en el ejercicio de sus funciones, atribuyendo a diferentes entidades la prestación de servicios −como el de la educación−, y dotándolas de elementos que les permiten desenvolverse con autonomía.

El servicio público de educación se presta a través de establecimientos públicos, entes autónomos o personas jurídicas privadas. En cuanto a los dos primeros, la ley ha establecido regímenes especiales, pero no por ello, dejan de pertenecer a la estructura del Estado; solo la necesidad de garantizar la independencia de la educación ha justificado la creación de entes autónomos, ubicados fuera del poder central, pero no de la estructura estatal.

Ahora bien, las universidades públicas se han convertido en el contexto apropiado para la expresión del pensamiento crítico de los estudiantes, quienes ven en la protesta, en la reunión y la manifestación, el mecanismo que les permite evidenciar sus inconformismos con el sistema educativo, con el funcionamiento del establecimiento o con la problemática política, entre otros aspectos.

Sin embargo, pese a que la Carta Política de 1991, contempla el derecho fundamental de reunión y manifestación, como forma del ejercicio de las libertades, exige que su ejercicio se haga de manera pacífica en armonía con el interés general, premisa vulnerada por quienes encuentran en la violencia el mecanismo propicio de expresión, despreciando el derecho ajeno, violencia que se ejerce a través de actos de vandalismo.

El creciente fenómeno del vandalismo, exige del Derecho su intervención, comoquiera que la finalidad de esta ciencia es ocuparse de aquellos fenómenos sociales que influyen en la convivencia pacífica, cuya regulación resulta necesaria para la construcción de una sociedad armónica, más siendo una creciente la violencia de hacer justicia por mano propia.

Siendo el Estado el entorno donde se desarrolla el grupo social y tiene lugar la convivencia, este se convierte en actor indispensable de los fenómenos sociales que en su interior surgen, adquiriendo la responsabilidad de salir a la defensa del interés general que persigue como fin constitucional, pudiendo incurrir en la obligación de reparar desde el punto de vista patrimonial a quien −como consecuencia de su acción u omisión−, reciba un daño que no está obligado a soportar.

La ocurrencia de estas protestas es cada vez más frecuente, llegando incluso a acarrear la muerte de estudiantes, miembros de la fuerza pública o particulares ajenos a la misma, convirtiéndose en una forma más de violencia, que requiere la total atención de esa entelequia que se llama Estado.

La presente investigación pretende analizar la posible responsabilidad del Estado, frente a los daños ocasionados a terceras personas, por los actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas −que incurren en esa práctica como forma de protesta−, en el entendido de que el establecimiento educativo no puede seguir observando un actuar pasivo frente a dichos actos.

Para efecto de lo anterior y a través del método empírico analítico, se desarrollará en el capítulo primero lo concerniente al derecho de reunión y manifestación, entendiendo que es su ejercicio el que encierra la protesta; en el capítulo segundo, la organización estructural del Estado colombiano; lo concerniente a las universidades públicas a fin de establecer su naturaleza jurídica, régimen de responsabilidad y conformación de su patrimonio, será abordado en el capítulo tercero.

La parte dos del capítulo primero, abordará el tema de la responsabilidad del Estado y los diferentes títulos de imputación aplicables en el ordenamiento jurídico colombiano para, finalmente en el capítulo quinto, analizar la posibilidad de establecer un sistema de responsabilidad del Estado por actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas.

En criterio de las autoras de la presente investigación, el Estado, bien sea adoptando leyes, desarrollos jurisprudenciales, tomando medidas administrativas o de otra índole, debe empezar a ocuparse de un fenómeno social como el del vandalismo, más aún, cuando se presenta en el marco del sistema educativo y afecta los derechos de los particulares que no participan en las protestas, pero que están recibiendo un daño en su patrimonio que no deberían o no están obligados a soportar.

Una de las finalidades perseguidas, no es otra que invitar a la reflexión propia de quienes se encuentran en la formación y construcción del pensamiento crítico, en aras de encontrar mecanismos de expresión de inconformismo con el establecimiento, distintos a la violencia y que, produzcan los efectos y los cambios que se pretenden generar.

Problema de investigación

Son varios los ítems que implica el problema de investigación, a continuación se desarrollan cada uno de ellos en procura de que haya total claridad al respecto.

a. Planteamiento

En Colombia, la protesta como forma de ejercicio del derecho de reunión y manifestación consagrado en el Artículo 37 de la Constitución Política de 1991, ha sido utilizada por los estudiantes universitarios para participar de forma activa en la realidad del país con una visión crítica de lo social, lo político y lo jurídico.

Uno de los límites consagrados en la carta política −para el ejercicio del derecho mencionado−, es el relativo a que la reunión o manifestación deben ser pacíficas, es decir, no perturbar el orden público o afectar en manera alguna los derechos de los demás.

Sin embargo, la mayoría de las protestas estudiantiles de las universidades públicas han ido degenerándose en actos violentos, perpetrados contra las personas y los bienes públicos y privados, llegando incluso a resultados fatales no solo dentro del personal estudiantil, sino también, de la fuerza pública.

Se ha vuelto común ver a personas encapuchadas dentro y fuera del establecimiento estudiantil público, lanzando “papas” explosivas, granadas y empleando otro tipo de armas que causan daños masivos, y que entrañan la violencia encaminada a la destrucción de lo público y lo privado, so pretexto del descontento con el sistema.

Teniendo en cuenta que, desde el punto de vista constitucional y legal, este tipo de protesta implica un ejercicio ilegal del derecho de reunión y manifestación y que, además, ha implicado consecuencias dañosas que los asociados no deben soportar, se hace necesario un análisis referente a sobre quién recae la responsabilidad de indemnizar esos daños.

La imposibilidad, en la mayoría de los casos, de individualizar a los autores o ejecutores de la conducta dañosa, sustrae de la órbita del Derecho Penal la sanción de la misma y deja en otras ramas del Derecho la tarea de determinar responsabilidades al respecto.

La conducta ejecutada de manera anónima, contraria al ordenamiento jurídico, pero dañosa en sus consecuencias, implica el deber de indemnizar y reparar patrimonialmente el menoscabo sufrido por quien, ajeno a la protesta, ve lesionada su integridad física o sus bienes por cuenta de dichos actos.

Lo anónimo de estos actos violentos, los ubica en lo que la doctrina se ha dado en denominar actos de vandalismo, caracterizados por la violencia sobre las cosas muebles o inmuebles ajenas, con la sola intención de destruir lo ajeno.

La presente investigación se enfocará en el análisis de la responsabilidad del Estado en relación con los actos de vandalismo ejecutados por los estudiantes de las universidades públicas que acuden a dicha práctica, desde el punto de vista de la reparación patrimonial a los terceros afectados.

b. Delimitación del problema

Para efectos del análisis propio de esta investigación, se tomará como base −en aras del cumplimiento al objetivo general y los objetivos específicos−, la ley, la jurisprudencia y la doctrina existentes en relación con la responsabilidad del Estado, los estudios realizados en países como España atinentes al fenómeno del vandalismo, así como los desarrollos del concepto de daño antijurídico y la estructura del Estado, por ser el concepto propio del surgimiento de las relaciones involucradas.

c. Formulación del problema

¿Cuáles serían los elementos propios de la responsabilidad del Estado por los daños materiales causados a terceros, como consecuencia de los actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas que acuden a dicha práctica como forma de protesta?

d. Hipótesis

La responsabilidad del Estado por actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas que acuden a dicha práctica como forma de protesta, supone la existencia de un daño antijurídico y la protección del principio de garantía integral del patrimonio.

Objetivo general

Identificar cuáles serían los elementos propios de la responsabilidad del Estado, por los daños materiales causados a terceros como consecuencia de los actos de vandalismo de los estudiantes de las universidades públicas, que acuden a dicha práctica como forma de protesta.

Objetivos específicos

1 Determinar los elementos característicos del ejercicio constitucional del derecho de reunión y manifestación.

2 Analizar la estructura de la organización del Estado alrededor de los entes universitarios autónomos.

3 Establecer los elementos integrantes del concepto de vandalismo.

4 Enunciar los elementos característicos de la responsabilidad del Estado en sus regímenes subjetivo y objetivo, desde su evolución histórica.

5 Delimitar la posición jurisprudencial del Consejo de Estado en relación con la responsabilidad estatal por los actos vandálicos de los estudiantes de las universidades públicas, que acuden a dicha práctica como forma de protesta, partiendo de las posturas estructuradas históricamente por la Corte Suprema de Justicia.

Justificación

La universidad pública forma parte de la estructura del Estado prestador de servicios públicos, como el de la educación; en el interior de aquella se forma el pensamiento crítico que, dentro del Estado social de derecho encuentra, como una de sus expresiones, la protesta.

Sin embargo, esta forma de expresión válida y constitucional, se ha visto deslegitimada por los actos de vandalismo gestados dentro de los muros de la universidad, escenario en donde se originan ataques armados contra la fuerza pública y la sociedad civil.

Ante los acontecimientos que han tenido lugar recientemente, tales como la muerte, lesiones a estudiantes y el hallazgo de material explosivo en las instalaciones universitarias, se hace necesario reevaluar la posición de las universidades públicas frente al fenómeno de los actos vandálicos, en términos de generar un sistema de responsabilidad patrimonial que involucre, no solo al Estado de manera genérica, sino al establecimiento educativo, en específico.

Se trata de que el papel pasivo que hasta ahora ha desempeñado la universidad pública frente a las protestas vandálicas de sus estudiantes se transforme en actuación; se requiere entonces que las obligaciones legales de los entes educativos frente a su cuerpo estudiantil y frente a los particulares, tenga total claridad con miras a desarrollar mecanismos en cabeza del establecimiento que modifiquen su posición de simple espectador.

La consideración legal de las universidades públicas como personas jurídicas autónomas con patrimonio propio, no puede restringirse a facultarlas para que se procuren su propia organización y políticas, sino que debe ser fuente de obligaciones y responsabilidades frente a la sociedad, dotándolas de los medios necesarios para el ejercicio de aquellas.

Antecedentes

La doctrina se ha dado a la tarea de desarrollar el tema de la responsabilidad del Estado y lo correspondiente al daño antijurídico, concepto adoptado en el Artículo 90 de la Constitución Política de 1991, advirtiendo su desarrollo anterior a nivel jurisprudencial, por lo que la referencia obligada en toda obra sobre responsabilidad son las decisiones judiciales, en principio de la Corte Suprema de Justicia y con posterioridad del Consejo de Estado como máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa.

El tema de la responsabilidad del Estado ha sido abordado por varios doctrinantes a nivel nacional; tratadistas como Jaime Vidal Perdomo (2010), Jaime Orlando Santofimio, quien de su “Tratado de Derecho Administrativo” (Santofimio, 1997), dedica uno de sus tomos a la responsabilidad estatal, o Libardo Rodríguez (2011), han desarrollado en sus obras completos estudios sobre todos los tópicos que implica el fenómeno del Estado moderno.

El Dr. Jaime Vidal Perdomo, en el Capítulo XIV de su obra “Derecho Administrativo” (Vidal, 2010), aborda el tema de la responsabilidad del Estado de manera general, destacando los elementos que se han mantenido como una constante desde la fundamentación jurídica, a partir del Derecho Civil hasta su autonomía dentro del Derecho Administrativo, siempre aludiendo a decisiones de las Altas Cortes como base del análisis; se constituye en una muy útil y clara introducción que sitúa al lector en lo relacionado con la responsabilidad estatal.

No es posible aludir al tema sin adentrarse en quien o quienes son pasibles de la titularidad de la misma, es decir, en quien recae la personería jurídica, asunto de especial relevancia en materia de lo público porque la variedad de entes dificulta la atribución de la responsabilidad, abriendo el abanico de posibilidades pese a que la afectación patrimonial es finalmente al erario público.

Uno de los estudios más destacados sobre este aspecto, y de necesaria referencia, es la obra del Dr. Libardo Rodríguez. En su libro “Derecho Administrativo: General y Colombiano” (Rodríguez, 2011), ajustado en su decimoséptima edición al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ofrece un completo estudio a lo que es la infraestructura del Estado colombiano, con los diferentes criterios de organización para luego, en el Título Tercero, tratar, también de forma muy completa, el tema de la “Responsabilidad administrativa”, desde su evolución histórica hasta llegar a la responsabilidad de los servidores públicos, sin dejar de lado, el desarrollo jurisprudencial del tema.

Por su parte el Dr. Juan Carlos Henao, quien ofrece un completo estudio sobre uno de los elementos esenciales de la responsabilidad, sino el central, en su obra “El Daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés” (Henao, 2007), explica el concepto, las clases de daño, el daño antijurídico como eje de la responsabilidad estatal; no llega al análisis de este aspecto, sin haber abordado el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La conferencia del Dr. Henao, en el “Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado” −organizado por la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM en octubre de 1999−, deja por escrito su intervención en el documento titulado “La Responsabilidad Patrimonial del Estado en Colombia”, donde puede destacarse el señalamiento de Colombia como “un país privilegiado en derecho comparado cuando de responsabilidad del Estado se trata”, señalando, además, que el principio de legalidad y de responsabilidad son ejes centrales del Estado social de derecho, sin olvidar el eminente tratamiento jurisprudencial del tema.

Otra de las obras destacadas en materia de responsabilidad extracontractual es la obra del Dr. Álvaro Bustamante Ledesma “La Responsabilidad Extracontractual del Estado” (Bustamante L., 2003), en donde se aborda el tema desde la evolución de la teoría de la responsabilidad del Estado, hasta dedicar el Capítulo décimo primero, a tratar jurisprudencias, en su criterio, determinantes, para los diferentes regímenes de responsabilidad, objetivo y subjetivo, incluyendo como novedad para la época, sentencia sobre responsabilidad por atentados terroristas.

Por su parte, el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, decide elaborar un completo “Tratado de Derecho Administrativo” (1997), desarrollando en varios tomos un estudio específico de cada uno de los temas macro que comprende el Derecho Administrativo; en el primero plantea los conceptos básicos del Derecho Administrativo, que marcan la organización del Estado, determinante en su facultad de responder. También ha sido ponente en innumerables jurisprudencias sobre responsabilidad, emanadas del Consejo de Estado.

Merece especial mención en la producción bibliográfica del Dr. Santofimio la conferencia titulada “Convencionalidad y responsabilidad del Estado” (Santofimio Gamboa, 2015), emitida mediante videoconferencia del Consejo de Estado en línea, el día veinticinco de mayo de 2019, en la que se destaca en relación con la responsabilidad, el señalamiento de la función del Estado como determinante de su responsabilidad, la visión de la causalidad ya no como elemento, sino como criterio auxiliar en la atribución de la responsabilidad, indicando, además, que los títulos de imputación no se constituyen como “camisas de fuerza” para el operador jurídico, en los que necesariamente deba ubicar una atribución en casos concretos, sino como una metodología de imputación de responsabilidad.

Otro de los autores que se ha dado al estudio de la responsabilidad del Estado es el Dr. Javier Tamayo, en su obra “La responsabilidad del Estado: El daño antijurídico, el riesgo excepcional y las actividades peligrosas” (Tamayo, 2012); hace un estudio doctrinal y jurisprudencial de lo que podría agruparse dentro del llamado régimen objetivo de responsabilidad estatal, desentrañando las características de cada uno de estos títulos de imputación.

Dentro de la copiosidad bibliográfica en el tema de responsabilidad del Estado, se destacan especialmente las obras que han determinado el rumbo en temas puntuales como la responsabilidad por actos terroristas o la responsabilidad médica que, si bien deben acudir a la fuente indispensable de la jurisprudencia y el análisis en instancia del Derecho comparado, introducen en los elementos ya existentes nuevas propuestas en la materia.

El Dr. Ciro Nolberto Güechá Medina, aborda la responsabilidad del Estado desde la óptica de los actos de terrorismo; en la “Responsabilidad del Estado por actos de terrorismo” (Güechá, 2012), haciendo un estudio histórico del tema de la responsabilidad y un análisis del fenómeno del terrorismo que ha permeado la realidad colombiana, advirtiendo sobre la necesidad de que el Estado asuma la carga de los daños ocasionados como consecuencia de los actos terroristas, determinando los elementos que integran tal responsabilidad.

De otra parte el Dr. Wilson Ruiz Orejuela, en su libro “Responsabilidad del Estado y sus regímenes” (Ruiz, 2010), se adentra en el mundo de los sistemas de imputación de la responsabilidad extracontractual del Estado, haciendo especial énfasis en la responsabilidad por falla en el servicio relativo a la responsabilidad médica, tema álgido en la realidad colombiana, generador de cuantiosas condenas patrimoniales al Estado por deficiencias en la prestación del servicio; de igual forma, hace un análisis en instancias menos comunes de responsabilidad como la generada por el Estado legislador, por actos terroristas, por privación injusta de la libertad, por daños a los conscriptos, por daños a los reclusos, de los servidores públicos, entre otros.

Estas dos últimas obras señaladas marcan una especial pauta para la presente investigación, pues abren las posibilidades de que el Estado asuma el deber reparador dentro de las diferentes funciones o actividades que le son propias, toda vez que se produzca un daño antijurídico en el marco de las mismas, tomando solidez la postura ya enseñada por otros autores, en el sentido de que la causalidad pasa a ser un criterio auxiliar y ya no un elemento de la responsabilidad.

Como elementos comunes se encuentran el desarrollo de lo que se han dado en llamar responsabilidad subjetiva, entendida como la falla en el servicio y la responsabilidad objetiva, cuyos títulos de imputación son el riesgo excepcional, las actividades peligrosas, la desigualdad de las cargas públicas, el mismo daño antijurídico, entre otros, que ha venido imponiendo la dinámica del Derecho y que son de desarrollo esencialmente pretoriano.

Una vez se produjo la emisión del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (2011), autores como el Dr. Carlos Enrique Pinzón Muñoz, en su obra “La prueba en la responsabilidad extracontractual del Estado” (Pinzón Muñoz, 2015), se dio a la tarea de analizar los cambios que se produjeron, desde el punto de vista probatorio con la entrada en vigencia del Código General del Proceso y su necesaria aplicación en materia contencioso administrativa; instituciones como el juramento estimatorio, entre otras, se introducen en el mundo de lo contencioso administrativo.

La responsabilidad del Estado ha tenido un desarrollo primordialmente jurisprudencial; ha sido el caso concreto el que ha determinado que el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se dé a la tarea de desarrollar a qué título puede atribuir la responsabilidad por el daño antijurídico ocasionado a los asociados.

De otro lado, la inclusión del daño antijurídico como elemento de la responsabilidad del Estado, generó que doctrinariamente se desentrañe su sentido, tarea a la que se ha dado el tratadista Juan Carlos Henao, cuya obra goza de prestigio en el tratamiento del tema señalado y que será el parámetro a seguir para la presente investigación.

Como es de esperarse, tanto la Constitución, como la ley, han aportado las reglas fundamentales, mínimas y básicas del Derecho Administrativo que, dada su creación y desarrollo reciente como disciplina jurídica independiente, ha encontrado en la jurisprudencia su complemento ideal en temas de gran relevancia; es el caso de los títulos de imputación de la responsabilidad, conceptos generados en la experiencia y experticia, inicialmente, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, de los Consejeros de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, con gran influencia del Derecho francés.

En lo relacionado con el servicio público y al derecho fundamental de educación, la Ley 30 de 1992, se ha encargado de regular lo concerniente a la educación en Colombia, bien sea prestado este servicio público por entes universitarios autónomos o por establecimientos públicos.

Para la Corte Constitucional, el tema no ha sido ajeno en manera alguna y sus aportes en materia de autonomía universitaria o de la educación como servicio público, son de gran importancia como marco de interpretación de las diversas normas y de la funcionalidad de la educación como elemento indispensable para el desarrollo armónico de la sociedad; sin embargo, pese a la magnitud del fenómeno del vandalismo en sede de las universidades públicas, no ha merecido pronunciamiento reciente alguno; sería de gran utilidad que además de ser garante de los derechos constitucionales, la Corte Constitucional hiciese énfasis en los deberes constitucionales de los asociados que se convierten en límites razonables del ejercicio de las prerrogativas fundamentales.

Otra es la situación de la noción de vandalismo; pese a que el fenómeno es un problema social latente, en crecimiento, no ha sido desarrollada por vía jurisprudencial o doctrinaria a nivel nacional, lo que implica acudir a doctrinantes extranjeros para la adopción y aplicación de dicho concepto en Colombia, que si bien por disposición contenida en el Código Civil, bastaría con adoptar la definición de un diccionario, no resultaría suficiente para el desarrollo del tema que ocupa la presente investigación, pues se requiere caracterizar sus elementos esenciales. Por lo antes mencionado, para desentrañar el concepto de vandalismo se acudirá a fuentes extranjeras tales como artículos elaborados por doctrinantes españoles.

Sin embargo −y he ahí la razón de ser de la presente investigación−, lo relacionado con la responsabilidad de la universidad pública y del Estado en general, frente a los daños ocasionados durante las protestas estudiantiles como consecuencia de actos de vandalismo, está esperando por un pronunciamiento jurisprudencial y el análisis de sus alcances jurídicos en términos de justicia y equidad para los asociados.

Lo árido e inexplorado del tema a nivel nacional pese a su relevancia social, el impacto público y la creciente respuesta de hacer justicia por mano propia ante la “inoperancia” de las autoridades, demanda con prontitud, un estudio que vislumbre formas de responder ante sus consecuencias desde el punto de vista jurídico.

Metodología

Pese a que la investigación jurídica ha desarrollado unas ciertas particularidades, ello no implica que la metodología a utilizar escape a los métodos científicos existentes. En la presente investigación, se empleará el método empírico analítico, para el estudio de las fuentes que le servirán de base, el cual consiste en la observación de fenómenos y su análisis basado en la experimentación y la lógica empírica, ocupándose esta última de la observación de la relación entre los objetos, que permite a través de la prueba-error sustraer los datos empíricos, mediante procesos inductivos-deductivos.

Refiriéndose al método inductivo-deductivo en el marco de la investigación jurídica, señala la doctrina:

(...) [sic] ciencia se inicia con observaciones individuales y a partir de ellas se formulan generalizaciones para explicar un todo. La generalización permite hacer predicciones cuya confirmación las refuerza y cuyo fracaso las debilita y puede obligar a modificarlas o hasta rechazarlas. (Clavijo, D., Guerra, D. y Yáñez, D. 2014, p. 21)

Y es precisamente que, a través del análisis, se desentrañan los elementos del fenómeno investigado, se descompone ese todo para entenderlo, para explicar la realidad que hace parte del devenir social, y que merece ser abordada por el Derecho, para regularla y proteger al ciudadano común de las vulneraciones o puesta en riesgo de sus derechos.

Este método de investigación se muestra como punto de partida de la ciencia para construir sus postulados, como lugar común para el inicio del proceso del conocimiento; la siguiente frase, lo explica de forma sucinta, clara y concreta: “El empirismo es una teoría epistemológica que considera la experiencia sensorial como única fuente del saber. Afirma que todo conocimiento se fundamenta en la experiencia y se adquiere a través de la experiencia” (Cerda, H., 2005, p. 35).

Bajo esta perspectiva de la experiencia y su análisis a fin de desentrañar e identificar los elementos que le son propios, es que se estudiarán las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales, en que se fundará el desarrollo del presente escrito, sin dejar de lado otros métodos de investigación que se adviertan como complementarios.

Una postura ecléctica frente a los métodos de investigación resulta adecuada para abordar el estudio de diferentes fenómenos:

El enfoque empírico-analítico como metodología de investigación fundamentada en la realidad; en el estudio y análisis de los acontecimientos y los fenómenos (...) se podría advertir como uno de los enfoques más adecuados para implementarlo en estudios de esta disciplina; no obstante, se considera pertinente combinarlos con otros enfoques investigativos que amplíen su visión, para evitar el simplismo y la creencia de que en un solo enfoque se puede delegar la explicación de la totalidad de una realidad o que es una visión investigativa lo que explica un fenómeno (...). (Pino, 2015, p. 195)

Marco conceptual

Figura 1. Marco conceptual del texto


Fuente: Elaboración propia de las autoras

Parte 1.

El Estado: multiplicidad de personas, una obligación


Uno de los primeros retos del Derecho Administrativo fue el de encontrar en el Estado una persona susceptible de responsabilidad. La ficción que implica su existencia, tan real y tan abstracta al mismo tiempo, conllevó a una primera postura de irresponsabilidad, superada desde el icónico Fallo Blanco emitido por el Tribunal de Conflictos de Francia (1872) y que ha ido in crescendo, en cuanto a un Estado pasible de responsabilidad.

El respeto a los derechos fundamentales y el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, han sido unos de los temas más álgidos y conflictivos en la relación Estado–asociado, generadores de acciones violentas de uno y otro lado; por ello se advierte la necesidad de una armonización en la interpretación de las libertades fundamentales y la legitimación de la Administración, en la determinación de límites a las mismas.

En principio, la nación englobaba, como persona jurídica, todo lo relacionado con la responsabilidad estatal; sin embargo, con la disminución de la estructura de lo público, y atendiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional, se ha ampliado el espectro de entes dotados de personería jurídica, con atributos que permiten, en caso de reclamación patrimonial, acudir directamente sin necesidad de demandar a la nación.

Por ello, cobra especial importancia para abordar las cuestiones de la responsabilidad del Estado, el tema de la titularidad de las obligaciones o funciones administrativas, para determinar el deber de reparación ante una eventual reclamación judicial; por ello, no puede dejarse de lado una breve contextualización de la organización del Estado desde el punto de vista estructural, en el marco de los derechos constitucionales.

Capítulo 1.

Derecho a la protesta: el Estado garante

Una de las expresiones más importantes dentro del Estado social y democrático de derecho, es la protesta. Dado que el Estado no es un ente estático, sino en constante evolución, formación y adaptación, dentro de ese proceso dinámico es muy importante la retroalimentación que ofrece la expresión del pensamiento crítico de los asociados. Si se tiene en cuenta que la democracia colombiana es de carácter representativo, esa representación solo se hará efectiva en la medida en que se conozcan las verdaderas necesidades de quienes son representados.

La protesta es usualmente un acto colectivo, por lo que usualmente va de la mano del derecho de reunión; sin embargo, puede ocurrir que esta reunión con fines de protesta se torne en actos violentos que afectan el derecho de terceros, que se encuentran por fuera del contexto de personas inconformes, deviniendo en lo que comúnmente se denominan actos de vandalismo.

En Colombia, el derecho a la protesta se encuentra consagrado como derecho de reunión y manifestación, contemplado en el Art. 37 de la Carta Política, formando parte además del bloque de constitucionalidad, en razón a su consagración en instrumentos internacionales.

1.1 Derecho de reunión: manifestación pública de paz

Uno de los derechos fundamentales de mayor ejercicio en las democracias actuales es el de reunión; adquiere gran relevancia en el tema de las libertades porque permite su concreción frente al sistema, posibilitando la expresión del pensamiento crítico en torno a algún tema común dentro de un sector social en particular que, de manera pacífica, procura un cambio en torno a un fenómeno que afecta sus derechos.

1.1.1 Marco constitucional y legal

El Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia aborda el derecho fundamental de reunión y manifestación en los siguientes términos: “Art. 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Las limitaciones que pueden aplicarse a este derecho solo pueden provenir de la ley, en virtud de esa facultad genérica dada al legislador en el presente artículo.

En razón del denominado bloque de constitucionalidad resulta adecuado y necesario, aludir en este aparte a la consagración hecha del derecho de reunión en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Comenzando con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), este documento preceptúa en su Artículo 20:

1 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2 Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), consagró en su Artículo 15:

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, regula en su Artículo 21:

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Es claro que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de reunión se ha considerado como fundamental al ser humano y propio de un régimen democrático. Su primera consagración es simple y clara, es derecho de todas las personas la libertad de reunión dentro de un marco pacífico. El Pacto de San José adiciona un elemento del específico mandato de reunirse sin armas; reconoce, además, la posibilidad de limitarlo por vía de la ley, lo cual es acogido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en iguales términos.

En la Figura 2 se aprecian las consagraciones normativas anteriores se coligen como criterios para fijar límites legales al derecho de reunión.

Figura 2. Criterios para fijar límites legales al derecho de reunión


Fuente: Elaboración propia de las autoras.

El hecho de haber agrupado en el ordenamiento constitucional colombiano el derecho de reunión y el derecho a la manifestación en una misma norma ha requerido de desarrollos jurisprudenciales para evitar que sean confundidos; aun cuando comportan el ejercicio de la libertad propia del ser humano, la reunión no implica manifestación y la manifestación no implica necesariamente reunión o concertación para su realización; basta con pretender la reivindicación de un derecho de manera pacífica y pública para que se trate de una protesta.

De otro lado, el ejercicio del derecho de reunión se encuentra regulado por el Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, que en sus artículos 53 y ss., los cuales establecen una serie de requisitos que deben ser cumplidos por los participantes para llevar a cabo lo que dicha normativa menciona como reunión o manifestación en espacio público.

ARTÍCULO 53. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo.

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas.

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta (…).

El Artículo 56 del Código en mención, en su inciso 3o, ordena la intervención de la fuerza pública, no las Fuerzas Militares, solo cuando sea necesario para salvaguardar los derechos de los manifestantes y de los demás habitantes para controlar graves amenazas a los mismos, por lo que se advierte que el ejercicio del derecho no es irrestricto, sino que ve en el interés común uno de sus límites.

Dispone la norma en comento:

ARTÍCULO 56. Inciso 3o. Los cuerpos de Policía intervendrán solo cuando se considere que su actuación es necesaria. Atendiendo al principio de proporcionalidad y a la garantía de los derechos de los manifestantes y de los demás habitantes que puedan verse afectados por su actuación. Los escuadrones móviles antimotines solo serán enviados cuando no sea posible por otro medio controlar graves e inminentes amenazas a los derechos (...).

Así mismo, quien infrinja las leyes penales o de policía en el marco del ejercicio del derecho de reunión, será conducido ante las autoridades competentes.

De lo anterior se colige que el ordenamiento jurídico mismo es otro de los límites que se imponen al derecho fundamental de reunión y manifestación y que implican que no se trate de una prerrogativa absoluta, que pueda ser ejercida bajo las condiciones que imponga cada individuo.

1.1.2 Marco jurisprudencial

En Sentencias de tutela 456 de 1992 y 219 de 1993, la Corte Constitucional comenzó el desarrollo jurisprudencial sobre la materia, aclarando, en primer término, que se trata de dos derechos conexos, pero distintos los consagrados en el Artículo 37 de la Carta Política, el derecho de reunión y el derecho de manifestación pacífica. Señala la Sentencia T – 456 de 1992, que el derecho de reunión es más amplio y que no siempre implica protesta: “El derecho de reunión no puede establecerse exclusivamente para la protesta. Es mucho más amplio y supone que una democracia participativa no puede entenderse sin este derecho de reunión (…)” (Sentencia T – 456 de 1992, MM. PP. Jaime Sanín Greiffenstein y Eduardo Cifuentes Muñoz).

Es a través del derecho fundamental de reunión que se posibilita la realización de las manifestaciones culturales más importantes y representativas de Colombia, como son los desfiles en las diferentes ferias y fiestas, expresiones que en ningún momento implican protesta ni reivindicación de derecho alguno, sino ejercer derechos como la libertad de expresión, cuando se trata de prácticas propias de la cultura de una región determinada.

Pese a que el bloque de constitucionalidad obliga a la aplicación en el ordenamiento interno de los convenios o tratados internacionales ratificados por Colombia, el Alto Tribunal Constitucional, y teniendo en cuenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen criterios para fijar legalmente límites al derecho de reunión, en la sentencia de tutela ya mencionada, radicó en cabeza de los jueces:

(…) estudiar las limitaciones constitucionalmente aceptables, mediante la creación de fórmulas de equilibrio que permitan conciliar el libre ejercicio del derecho y el orden público, así como armonizar los conflictos del derecho de reunión y manifestación de ciertas personas con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás. (Sentencia T – 456 de 1992, MM. PP. Jaime Sanín Greiffenstein y Eduardo Cifuentes Muñoz)

Lo anterior, so pretexto de que se trata de una facultad general otorgada al legislador.

En Sentencia T – 219 de 1993, con ponencia del Dr. Antonio Barrera Carbonell, el derecho de reunión ha sido definido como la libertad de los asociados para congregarse con un propósito definido, teniendo como base que se trata de un derecho de carácter fundamental. La congregación puede ser pública o privada, pero siempre debe haber una concertación previa, por lo que no puede tratarse de una simple agrupación espontánea de personas con intereses comunes.

1.2 Derecho a la protesta: libertad de expresión frente al sistema

Uno de los derechos más caros dentro del Estado social de derecho es el de la libertad de expresión y la protesta, como forma de concreción del mismo, se convierte en elemento fundante de la democracia, donde tanto las mayorías como las minorías adquieren “voz” dentro de la organización estatal, susceptible de modificaciones por decisión del pueblo que finalmente es su razón de ser.

1.2.1 Marco constitucional y legal

El derecho a la protesta se encuentra regulado en el Artículo 37 de la Carta Política: “Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Si bien, se hizo normativamente una unión entre el derecho de reunión y el de manifestación, la Corte Constitucional ha aclarado que no se trata de un solo y único derecho, sino de dos prerrogativas fundamentales conexas.

Contrario a lo que ocurre con el derecho de reunión, el derecho a la protesta o manifestación, no se encuentra consagrado como tal en normas internacionales; sin embargo, su núcleo esencial lo constituye la libertad de expresión, es decir, que el sustento, lo que fundamenta la potestad de manifestarse o protestar, es la inherente al ser humano, libertad de expresión, básica en un Estado democrático y participativo, respetuoso de la dignidad humana.

Así las cosas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, estatuto fundamental en relación con los derechos y libertades humanas, en su Artículo 19, establece: “Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reguló de manera más compleja la libertad de expresión, consagrando:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

En esta disposición normativa se le da un mayor alcance a la libertad de expresión y de pensamiento, poniendo de presente la restricción en el poder que tiene el Estado para la limitación de esta libertad, la cual solo puede ser legalmente condicionada en su ejercicio por razones de seguridad nacional, orden público, salud o moral pública o por el respeto al derecho ajeno, siempre que los condicionamientos estén previamente determinados en la ley y fundados en estos criterios. Luego, no es posible la censura previa, salvo cuando se trate de espectáculos públicos.

Finalmente, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece en relación con la libertad de expresión:

Artículo 19.

Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Reitera esta norma los criterios restrictivos mencionados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los aspectos esenciales de la libertad de expresión, otorgándole al ser humano la potestad de difundir su pensamiento, opiniones e ideas por el medio que le resulte más efectivo a su finalidad, la cual no puede atentar contra el derecho de otro; el derecho a la protesta se legitima en la medida en que, la expresión del pensamiento crítico se realice en un contexto de paz y de respeto por los derechos fundamentales.

En cuanto a disposiciones legales, comparte las señaladas en el Código de Policía para el derecho de reunión, por cuanto no presenta un marco jurídico autónomo.

1.2.2 Marco jurisprudencial

Contrario a lo que podría pensarse, el derecho a la manifestación pacífica, no ha tenido una copiosa producción jurisprudencial; lo que usualmente motiva la intervención del Alto Tribunal, es la determinación de límites legales, como sucede con la promulgación de la Ley 1453 de 2011, cuyos artículos 44 y 45 fueron demandados en acción pública de inconstitucionalidad. El Artículo 44 adiciona a la Ley 599 de 2000, Código Penal, el Artículo 353A, estableciendo un nuevo tipo penal bajo la denominación, “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”.

Mediante Sentencia C – 742 de 2012, con ponencia de la Dra. María Victoria Calle Correa, la Corte Constitucional decidió la demanda, pero no lo hizo de manera pacífica. Varios de los magistrados salvaron voto, entendiendo que contrario a la decisión, debió haberse declarado la inexequibilidad de la disposición por no considerar la medida proporcional en virtud de la restricción que impone al derecho a la manifestación pacífica.

En relación con el derecho de manifestación, la Corte precisó:

La Corte resaltó que la Constitución Política no protege las manifestaciones violentas, como un derecho constitucional fundamental. Solo tienen tal condición las reuniones y manifestaciones públicas que sean pacíficas, tal como lo señala el Artículo 37 de la Carta. El tipo penal contemplado en el Artículo 44 de la Ley acusada no pone en riesgo las manifestaciones pacíficas. De hecho, las excluye de su ámbito de aplicación, tal como se establece en el parágrafo de la norma, al indicar que las movilizaciones realizadas en el marco del orden constitucional vigente (concretamente, el Artículo 37 de la Constitución Política) no son objeto de reproche penal. Cuando se recurre a medios ilícitos que conllevan violencia, se está ante una manifestación no pacífica. (Sentencia C- 742 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa)

En sus salvamentos de voto, los magistrados Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas, reconocen el estrecho vínculo existente entre la protesta y la libertad de expresión y el derecho a la reunión, constituyéndose en un mecanismo para la materialización de la democracia:

La protesta permite el cumplimiento de los valores adscritos a la soberanía popular y asegura la existencia y goce de los demás derechos fundamentales. Dada la complejidad y conflictividad existente, la protesta se ha constituido en la válvula de escape que encuentran diversos sectores vulnerables de la población para dar visibilidad a los reclamos que se relacionan con la violación de sus garantías básicas. En esa medida, indicaron que la respuesta de la sociedad y el Estado deben traducirse en términos de supertolerancia hacia la crítica y el reconocimiento de derechos. (Sentencia C – 742 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa)

Para ambos magistrados, el campo penal no es el indicado para la limitación del derecho a la protesta; los poderes de policía y demás instrumentos administrativos con que cuentan las autoridades son suficientes para que las manifestaciones no se tornen en actos violentos que atenten contra el derecho ajeno, la seguridad o la moral pública o el orden público. Luego, se prefiere la efectiva ejecución de esos medios, a la restricción del derecho a la protesta, dada su gran importancia en el modelo de Estado colombiano.

Es evidente la trascendencia del derecho de manifestación en la vida de una nación pues el reconocimiento de este derecho como una expresión de la soberanía popular, del pensamiento crítico, lo convierte en uno de los pilares del Estado democrático y participativo que es Colombia; sin embargo, una visión radical de este derecho fundamental puede dar al traste con la seguridad y demás derechos de los ciudadanos. Como bien lo indica la sentencia, lo que la Constitución protege es la manifestación pacífica, pues es ese elemento el que la legitima como derecho fundamental.

El empleo de medios ilícitos para protestar, el irrespeto al derecho ajeno, la afectación de la seguridad pública o del orden público, sustraen de la órbita constitucional el ejercicio de la manifestación y la incluyen en el ámbito de la responsabilidad por los daños ocasionados fruto de la vulneración de los derechos que se enmarque en el contexto de la protesta, de manera tal que genera en el vulnerador la obligación directa de reparación de los perjuicios, siempre y cuando el autor del acto sea individualizable e identificable.

1.3 Actos de vandalismo: ¿Libertad o liberalidad del pensamiento crítico?

Ni la legislación colombiana, ni la jurisprudencia o la doctrina, se han ocupado de definir para el ordenamiento jurídico nacional, el concepto de vandalismo. Por ende, y en aplicación del Artículo 28 del Código Civil que se refiere al sentido corriente de las palabras, será este el tratamiento que se le dé al concepto de actos de vandalismo, comoquiera que el legislador colombiano no ha fijado sentido específico alguno en cuanto a la delimitación de la definición.

Sea del caso mencionar, en primer término, que el vandalismo es un fenómeno social que ha venido en crecimiento en la sociedad actual, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, como mecanismo para expresar el descontento y el desacuerdo con algunas actuaciones del gobierno imperante y de situaciones propias de la realidad nacional.

La palabra vandalismo, en principio, ha sido relacionada con el pueblo Vándalo, pueblo Bárbaro de origen germánico que se caracterizaban por sus actos salvajes carentes de civilidad. En palabras muy simples el vandalismo o actos de vandalismo, puede definirse como: “La hostilidad hacia la propiedad ajena” (Definición.DE., 2010) y “1.m. Devastación propia de los antiguos vándalos; 2.m. Espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana” (DefiniciónABC., 2011).

Sin embargo, para algunos historiadores, no se compadece con la realidad, la relación del término vandalismo con los Vándalos, pues las actuaciones de ellos no se dirigían hacia la simple destrucción; señala la doctrina que el primero en emplear el término fue el obispo de Blois, en el marco de la Revolución francesa, en informe leído ante la Convención de 1º de enero de 1794, utilizado para referirse a la destrucción del patrimonio eclesiástico, monárquico o nobiliario (Álvarez J., 2008, p. 112).

Sin embargo, autores como Christian Courtois, señala que el término vándalo fue usado en Inglaterra desde el siglo XVI y en Francia desde el siglo XVIII por Voltaire, en sentido peyorativo.

Un concepto más reciente, designa al vandalismo como: “Aquellos actos de extrema violencia que suponen agresiones especialmente contra mobiliario o inmobiliario que puede ser propio o no (…) El vandalismo es por lo general llevado a cabo por personas anónimas que actúan de manera encubierta (…)” (Definición ABC., 2011)

Como fenómeno creciente que es, el vandalismo fue objeto de estudio en España, en donde se explicó: “Encarnándose como actos de sabotaje y agresión a bienes públicos y privados, el vandalismo representa una forma de desafecto a los bienes y a la comunidad que los representa” (Gracia y Sánchez, 2009, p. 4).

En el mismo estudio, advierten sus autores que las causas del creciente vandalismo en las ciudades (Andaluzas, en específico), son la exclusión social y el desprecio por lo común y lo privado, por el derecho ajeno, fruto de la falta de sentido de pertenencia con el mismo conglomerado social del que son parte.

Pese a que desde un punto de vista político pudiese resultar legítimo el acto vandálico como forma de protesta contra la organización estatal y sus instituciones, la destrucción que entraña resulta contraria al interés general que la Carta Política de 1991 privilegia.

Vale la pena mencionar, una definición jurídica del término encontrada en el Código Penal del estado de California, que delimita el concepto en la sección 594 – 625 c:

Toda persona que de forma maliciosa cometa cualquiera de los siguientes actos, con respecto a una propiedad inmueble o mueble que no sea de su propiedad, (…) es culpable de vandalismo:

1 Deteriore con grafitos o con cualquier material para escribir o rayar.

2 Dañe.

3  Destruya (…)

A fin de concretar el concepto de vandalismo extraíble de los elementos presentes en esta tipificación legal, es posible afirmar que: “Se conoce como vandalismo al daño o destrucción deliberada de la propiedad de terceros, ya sea pública o privada, sin permiso de su propietario” (ADDC, s.f.).

De las definiciones anteriores se coligen como elementos de los actos de vandalismo los siguientes:

Figura 3. Elementos de los actos de vandalismo


Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Se observa una motivación destructora como forma de oposición al establecimiento, al orden social y al principio de autoridad que cohesiona las relaciones asociado–Estado, que ocurre por fuera de todos los parámetros legales, desconociendo los principios, derechos y deberes constitucionales, que genera una afectación a los asociados de índole patrimonial.

Llama la atención la indiferencia con que las autoridades estatales han estado observando pasivamente el vandalismo que ya permea no solo la actividad académica, sino también deportiva, escolar y, en general, la vida social en el Estado; preocupa que el derecho como ciencia va a una velocidad más lenta que la vida misma, y se muestra ajeno a los fenómenos crecientes de violencia que cada vez generan una reacción de justicia por mano propia entre los asociados.

Como toda conducta, los actos de vandalismo tienen grados en términos de gravedad, por lo que para la presente investigación, solo aquellos actos de vandalismo que entrañan violencia como vehículo para la destrucción del patrimonio ajeno, serán los que interesen como pasibles de responsabilidad por parte del Estado.

Capítulo 2.

El Estado organizado: autonomía de la responsabilidad

La existencia de pluralidad de personas públicas con personería jurídica, fundamentada en el criterio de descentralización, ha implicado que, en términos de responsabilidad, cada entidad con atributos propios incurra en responsabilidad individual con independencia de la nación, debiendo responder con su propio patrimonio, también de origen público, lo que conlleva una descentralización de la responsabilidad estatal.

2.1 Aspectos previos: el Estado dinámico

La organización del Estado, desde el punto de vista de su estructura y de sus relaciones de poder, no ha sido un asunto estático. El Estado es una construcción social, política, jurídica y dinámica que va adaptándose a las necesidades que genera la constante evolución del ser humano. Los cambios económicos, políticos, los fenómenos sociales, la integración cultural, entre otros aspectos, van marcando modificaciones al interior de la estructura estatal.

Desde hace varias décadas, entes internacionales como el Banco Mundial, han solicitado a países como Colombia, adecuar la estructura de aparato estatal, minimizando las entidades que lo componen como una forma de disminuir cargas económicas y hacer viable su funcionamiento, en el entendido de que el gasto fiscal superaba por mucho los activos que no resultaban suficientes para sostener una organización estatal compleja.

El Estado colombiano ha estado presto al proceso de reestructuración y, en lo que se ha denominado como el fenómeno de la privatización, ha ido sustrayendo del ámbito puramente estatal la prestación de determinados servicios públicos que, en la actualidad, son llevados a la ciudadanía tanto por entidades públicas como privadas. La salud, la educación, el servicio de aseo, acueducto, alcantarillado, etc., pasaron de ser monopolio exclusivo del Estado, para ser prestados por empresas privadas sobre las cuales aquel ejerce el control y vigilancia ordenado en la Constitución Política de 1991.

Se observa entonces la existencia de un sistema mixto en el que coexisten entidades públicas y privadas en el control y en la prestación de servicios públicos; lo que antes era impensable, como la posibilidad de un particular administrando justicia, es hoy una realidad con la creación de figuras como los conciliadores, los árbitros o los jueces de paz. Así, no solo los servicios públicos, sino también algunas funciones públicas han sido confiadas a los particulares bajo la vigilancia del Estado.

Pese a esta tendencia de minimizar el aparato estatal, este continúa siendo complejo en cuanto a su estructura y sus interrelaciones; el establecimiento de un sistema mixto en cuanto a la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de funciones públicas, ha implicado dificultades a la hora de atribuir responsabilidad ante la ocurrencia de un daño antijurídico. La clara identificación del ente, órgano o persona jurídica que ejerce una función pública o presta un servicio público, determina el régimen legal aplicable y la autoridad competente para resolver los conflictos.

Este sistema que incluye una pluralidad de entes, órganos o personas jurídicas en la realización de actividades estatales, puede llevar a la existencia de una responsabilidad compartida, es decir, que atendiendo a la posición en que se encuentre el ente estatal y la persona jurídica en relación con la función o servicio público, es posible que deba demandarse conjuntamente al Estado (nación) y a una persona jurídica para obtener la reparación de un daño antijurídico determinado.

Como fundamento de lo anterior, tanto la Constitución Política de 1991 como el actualmente vigente Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aluden al principio de coordinación que obliga a que:

Las actuaciones y acciones administrativas de los distintos organismos y entidades se hagan de manera ordenada. En general la Carta menciona este principio como uno de los ejes de las relaciones entre la Nación [sic] y las entidades territoriales, y entre aquella y los órganos autónomos (…). (Arboleda P., E., 2011, p. 15.)

Para el desarrollo del presente capítulo se abordará, en primer término, lo relacionado con los modelos de Estado, para luego profundizar en cuál es el modelo colombiano y la estructura del aparato administrativo, en el entendido de que aquel determina esta y su funcionamiento.

Históricamente el Estado se organizó principalmente en torno a dos grandes modelos: el modelo federalista y el centralista. El criterio principal que distingue uno de otro es el poder; mientras que en el primero no es posible referir un centro de poder determinado, sino más bien difuso, el segundo debe su nombre precisamente a la centralización del poder; las diferentes ramas del poder público tienen titulares únicos y determinados en términos de las autoridades que las ejercen.

Lo que caracteriza al modelo federal es que cada uno de los Estados que conforma la federación tiene un núcleo de poder, cuenta con un órgano legislativo, un ejecutivo y un poder judicial con jurisdicción en su territorio. Se fundamenta precisamente en un concepto de independencia pues los Estados coexisten en un conjunto, que se explica de la siguiente manera: “El sistema federal resulta de un movimiento de varios Estados independientes que se vinculan por medio de un pacto federal (…)” (Vidal, 2010, p. 46).

Al sistema centralista le es propio el centro de poder, es decir, la existencia de un poder u órgano legislativo, ejecutivo y judicial, que cobija a la totalidad del territorio y de los asociados, de manera tal que la autoridad se ejerce desde el centro hacia la periferia, fijando parámetros dentro de los cuales funciona la totalidad del Estado, lo que se manifiesta en un ordenamiento jurídico único que rige y enmarca tanto la actividad del Estado como la de los particulares. Sin embargo, esta centralización no es absoluta, existen fenómenos que la atemperan, los cuales se analizarán más adelante.

En términos generales, la doctrina ha definido el Estado federal, como aquel conjunto de Estados que, conservando su independencia, están sometidos a un poder único en aspectos determinados. En América Latina se acogieron a este modelo países como Venezuela, México, Argentina y Brasil que, más allá del pacto federal, se unieron por razones de debilitamiento del poder central con los territorios que los integran, a diferencia de países como Estados Unidos cuya organización federal se origina en el mencionado pacto.

Pueden colegirse como elementos característicos del modelo federal, los siguientes:

1 El Estado federal es una única persona jurídica internacional.

2 El Estado federal ejerce las funciones estatales legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, así como la constituyente, que enmarcan pero no subordinan la actividad de los Estados que lo componen.

3 Los Estados federados también ejercen las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, a través de órganos propios no subordinados a los órganos federales que las ejercen. En algunos casos también pueden ejercer poder constituyente.

4 Hay un reparto de funciones entre el Estado federal y los Estados federados.

5 Pluralidad de poder político.

El Estado unitario, se ha definido como:

(…) aquella forma de organización estatal en la cual existen unas autoridades centrales muy fuertes, frente a unas autoridades locales con escasa autonomía, de manera que la mayoría de las funciones públicas las desempeña directamente la persona jurídica Estado, mientras que a las colectividades locales solo se les permite el ejercicio autónomo de unas cuantas tareas. (Rodríguez, 2011, p. 62).

Sin embargo, no parece ser este un concepto objetivo, pues al tildar a las autoridades centrales como “muy fuertes” este criterio se sujeta a interpretaciones subjetivas. Tal vez, para limitar las interpretaciones, podría referirse a autoridades centrales que concentran el ejercicio del poder político y gubernamental como criterio objetivo que las dota de tal fortaleza. Es precisamente el conjunto de funciones atribuidas a las autoridades centrales por vía constitucional la que las fortalece frente a la periferia y las jerarquiza en aras de la cohesión estatal.

Son características del Estado unitario:

1 La concentración de poder en las autoridades centrales.

2 Autonomía limitada de las autoridades locales.

3 El Estado es persona jurídica responsable frente a los asociados.

4 El Estado ejerce la mayoría de las funciones públicas.

5 Lo que determina la existencia de autoridades territoriales es la efectividad en términos de administración y no de ejercicio de poder.

6 Un sistema legal único aplicable en todo el territorio y a los asociados.

Se puede colegir entonces que en el Estado unitario existe un eje que es la Administración central que desarrolla los fines y ejerce la mayoría de las funciones del Estado como tal, pero que dada su complejidad, se comparten con las autoridades locales dentro de las directrices establecidas en la ley y guardando plena concordancia con los fines constitucionales del Estado.

Por definición constitucional Colombia es, según el Artículo 1º de la Constitución Política de 1991: “Un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (…)”. Según la norma transcrita, el modelo adoptado por Colombia es el unitario, pero no en sentido estricto; se ha desarrollado el modelo con diferentes particularidades en procura de agilizar y facilitar las relaciones centro-periferia y, específicamente, efectivizar el manejo e inversión de los dineros públicos.

Pretender hoy en día un modelo unitario absoluto es ir en contravía de las necesidades de los asociados comoquiera que se han requerido diversos cambios a fin de adaptar la estructura estatal a las exigencias internas y externas. La concepción unitaria pura riñe con el proceso de minimización del Estado, pues el poder centralizado necesita un aparato administrativo complejo en el que puedan confluir todas las funciones que le son propias, entre las cuales se encuentra el manejo presupuestal que se ve afectado por el fenómeno de la corrupción en mayor medida, cuando se concentra en pocas manos.

Aunado a lo anterior, en Colombia, la diversidad cultural, climática, geográfica, etc., ha sido otro factor determinante en cuanto a la elaboración de un modelo particular de Estado unitario. En el entendido de que cada región del país presenta necesidades distintas que requieren políticas especiales para su atención, el municipio, como unidad político administrativa ha ido adquiriendo mayor relevancia. Así se colige de la redacción del Artículo 311 constitucional: “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio (…).

Así las cosas, el modelo unitario que planteaba la Constitución de 1886, si bien se mantiene en la Constitución Política de 1991, no lo hace en las mismas condiciones, pues las entidades territoriales han alcanzado una mayor relevancia y el ejercicio del poder de sus entidades adquiere un régimen diferente al porvenir, como regla general, del voto popular, lo que no ocurría en el contexto de la Carta fundamental de 1886, en el cual eran las autoridades centrales nacionales las que designaban las autoridades del nivel territorial.

Ahora bien, los principales fenómenos que rigen las relaciones entre el nivel nacional, seccional y local son la descentralización, la desconcentración y la delegación; pero estos fenómenos no solo han influido dichas relaciones en lo que se refiere al ejercicio del poder, también han determinado el desarrollo de unos criterios que permitan la atribución de responsabilidad en las autoridades de cada nivel, pues, a manera de ejemplo, en el ejercicio de actividades como la contratación estatal, los alcaldes municipales suelen delegar en sus secretarios respectivos, la suscripción de los contratos que deben celebrar.

El primer fenómeno que se definirá es el de la descentralización; para entenderlo resulta apropiado delimitar su opuesto, el concepto de centralización. En sentido estricto, la centralización se ha definido como: “El fenómeno jurídico–político que consiste en que todas las tareas y funciones públicas se radican en la persona jurídica Estado (…) el Estado monopoliza todas las tareas y funciones públicas” (Rodríguez, 2011, p. 62).

Luego, podría afirmarse que existe una relación de subordinación entre el centro y la periferia, y que siendo Estado la única persona jurídica de Derecho Público, ello facilita en gran medida la atribución de responsabilidad.

Pero la centralización no se presenta, en la actualidad, de manera absoluta. El crecimiento de la población, la polarización de clases, la diversidad de condiciones económicas de cada región, han ido generando necesidades distintas que requieren un manejo específico en cada una de ellas, por lo que paulatinamente se le han dado mayores atribuciones a los entes territoriales en un marco de autonomía que comienza con la posibilidad misma de elección popular de las autoridades, lo que permite la participación directa de la comunidad en la dirección de sus destinos.

2.2 Entes descentralizados: la autonomía como núcleo de la organización

Para entrar a identificar los entes descentralizados dentro de la estructura del Estado colombiano, es necesario definir el concepto de descentralización, pues entendiendo en qué consiste se encuentran las razones por las cuales uno y no otro de los entes, órganos o entidades estatales, deben ser objeto del fenómeno, atendiendo a los criterios propios de descentralización administrativa como son el territorial y por servicios, los cuales se analizarán más adelante.

La necesidad de responder a requerimientos específicos, dio origen al desarrollo de la figura de la descentralización. Algunos doctrinantes la definen como el fenómeno mediante el cual:

(…) el Estado se desprende de específicas funciones, asignándolas a las entidades periféricas para que estas las ejerzan autónomamente, mediante la toma de decisiones necesarias para su planteamiento y ejecución (…) el ente adquiere no solo la posibilidad de administrarse, sino también de gobernarse. (Santofimio, 1997, p. 433).

Otros la definen como: “(…) la facultad que se otorga a las entidades públicas diferentes del Estado para gobernarse por sí mismas, mediante la radicación de funciones en sus manos para que las ejerzan autónomamente” (Rodríguez, 2011, p. 67).

Existe entonces una necesaria distribución de las funciones entre el centro y la periferia, requiriendo esta última de un elemento de autonomía que elimina la subordinación a la que se hacía alusión en párrafos anteriores.

De estas dos acepciones de descentralización, pueden colegirse los siguientes elementos comunes:

1 Lo que se descentraliza son funciones específicas y propias del poder central.

2 Las autoridades locales pasan a ejercer estas funciones de manera autónoma.

3 La descentralización les permite gobernarse por sí mismas.

4 Las autoridades deben actuar de manera coordinada y no subordinada como le era propio a la centralización.

Se observa en los conceptos transcritos una diferencia sutil, pero sustancial; mientras en el primero la descentralización se reconoce como fenómeno, en el segundo se le denomina facultad; como fenómeno parece generarse del devenir social, pero como facultad obedecería a una prerrogativa del poder central que depende de la voluntad de la Administración para tener ocurrencia. Al respecto establece la Constitución Política de 1991, en su Artículo 1º. “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (…)”.

Partiendo de la misma disposición constitucional, resulta más adecuado reconocerle como fenómeno y no como facultad, pues precisamente las consagraciones normativas obedecen a que la evolución social va determinando el nacimiento de diferentes figuras cuya presencia se demanda para disminuir la brecha entre en ser y el deber ser que ha estado presente a lo largo de la historia del Derecho y que se requiere para alcanzar la pretendida finalidad de esta disciplina como lo es la armonía social. Si fuese facultad no se contemplaría constitucionalmente, sino que la voluntad central se manifestaría por medio de su facultad reglamentaria.

La categorización de un determinado ente como descentralizado, depende del criterio empleado para tal fin, es decir, no puede haber simultáneamente un ente descentralizado por territorio y por servicios, en cada una de estas categorías se encontrarán personas de Derecho Público diferentes, que cuentan con un régimen jurídico específico, una estructura determinada y unas funciones específicas que permiten al Estado realizar sus fines constitucionales, ejerciendo las funciones que le son propias y prestando los servicios a los que está obligado.

2.2.1 La infraestructura territorial determina la organización del Estado

La descentralización por el factor territorial se define por la doctrina como: “(…) el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las colectividades regionales o locales, para que las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad (…)” (Rodríguez, 2011, p. 67).

Cuando se lee en el concepto transcrito que las funciones se ejercen “en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad”, debe entenderse que hay un elemento de autonomía otorgado a estas entidades para que sea posible llevar a cabo las funciones que le fueron otorgadas, por vía constitucional o legal.

En virtud de la descentralización por el factor territorial, Colombia se organizó en departamentos, distritos y municipios que se agrupan en un concepto común como lo es el de entidades territoriales; sin embargo, existe la posibilidad de añadir otras formas que también son entidades territoriales, que no existen en la actualidad, pero que fueron previstas por la Constitución Política de 1991 en el Artículo 286: las regiones, las provincias y los territorios indígenas, que al parecer tienen más una justificación de índole económica que estructural. Los elementos que determinan la existencia de descentralización por el factor territorial, según la doctrina, son:

1 La existencia de necesidades locales diferentes a las de la nación.

2 Estar dotado de personería jurídica de manera tal que sea sujeto de derechos y obligaciones.

3 Tener patrimonio y presupuesto propios, diferentes a los de la nación, manejado conforme a las necesidades de cada entidad territorial.

4 Organización administrativa autónoma, contando con sus propias dependencias y funcionarios.

5 Contar con autoridades propias, elegidas por los miembros de la comunidad respectiva o designadas por sus representantes.

6 Autonomía controlada por el poder central, que obedece al carácter unitario del modelo.

2.2.2 Prestación de servicios como criterio organizador

El concepto doctrinal de la descentralización administrativa por servicios “Es el otorgamiento de competencias o funciones de la Administración a entidades que se crean para ejercer una actividad especializada” (Rodríguez, 2011, p. 70).

A diferencia de lo establecido en relación con el criterio territorial, lo fundamental para este factor de organización, no es la existencia de necesidades específicas, sino el ejercicio de actividades especializadas. Con fundamento en este criterio de descentralización se han creado las siguientes personas jurídicas de Derecho Público:

1 Establecimientos públicos.

2 Empresas industriales y comerciales del Estado.

3 Sociedades públicas.

4 Sociedades de economía mixta.

5 Superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica.

6 Empresas sociales del Estado.

7 Empresas oficiales de servicios públicos.

Esta clasificación no es taxativa, pues por ley o con autorización de esta pueden crearse más entidades, de acuerdo con los requerimientos que las funciones administrativas, la prestación de los servicios públicos o la ejecución de actividades industriales y comerciales, demanden.

Los elementos que permiten la existencia de la descentralización administrativa por servicios son, en esencia, los mismos que los requeridos para la descentralización territorial, con la diferencia de que, en este caso, no se hace referencia a la existencia de necesidades locales, sino a la presencia de una actividad especial que requiera de ser ejercida con autonomía para optimizarla, partiendo de la base que ello solo es posible si se desprende del ámbito global, es decir, de lo nacional.

2.3 Entidades de régimen especial: la conveniencia política, su razón de ser

Lo que caracteriza a estas entidades es que no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público, pero forman parte de la estructura del Estado; su exclusión de las ramas del poder obedece a razones de conveniencia, que hace indispensable su funcionamiento autónomo frente a los órganos de poder. Como su nombre lo indica están sujetas a una normatividad propia, establecida para esa entidad en particular, sin compartir las normas existentes en relación con entidades que lleven a cabo la misma actividad. La sumisión a un régimen propio les permite funcionar de manera independiente, dándose su propio reglamento y proporcionándose su propia estructura.

Cabe anotar, que el hecho que da origen a la estipulación de entidades de régimen especial, es la consagración del Banco de la República como establecimiento público ordinario, a partir de la reforma de 1968. La contemplación del Banco como ente totalmente estatal presentó una serie de inconvenientes para el ejercicio de sus funciones, por lo que en la Constitución Política de 1991, se advirtió la necesidad de categorizar en forma diferente entidades como esta.

2.3.1 De origen constitucional

El Artículo 113 de la Constitución Política de 1991, abrió la puerta a la existencia de entidades de régimen especial:

Artículo 113. Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.

Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

De la lectura del Artículo 113 superior, se colige que pese a no estar incluidas en las ramas del poder público, estas y aquellas deben funcionar como un sistema en pro de la consecución de los fines del Estado.

Por disposición constitucional, son entidades de régimen especial:

1 El Banco de la República.

2 Los entes universitarios autónomos.

3 Las corporaciones autónomas regionales.

4 La Comisión Nacional del Servicio Civil.

2.3.2 De origen legal

El origen de estas entidades de régimen especial se encuentra en la ley y no ya en la Constitución. Es la ley la que las crea y les da el régimen especial que les otorga la naturaleza jurídica referida. De igual manera hacen parte de la Administración nacional y están sometidas al principio de colaboración armónica que estipula el inciso final del Artículo 113 consagrado en la Constitución, lo que sistematiza la organización estructural del Estado, en procura de la realización de sus fines constitucionales como elemento de cohesión.

Como entidades de régimen especial de origen legal, se encuentran las siguientes:

1 Las empresas sociales del Estado.

2 Las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios.

3 Los institutos científicos y tecnológicos.

4 El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).

5 El Fondo de Garantías de las Entidades Cooperativas (FOGACOOP).

6 El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).

7 El Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (Icfes).

2.4 Entes desconcentrados: matiz de la centralización más no de la autonomía

Otro de los fenómenos que permea la centralización, que la matiza e impide su presencia como criterio de organización absoluto, es el de la desconcentración administrativa. Este se encuentra definido en el Artículo 8º de la Ley 489 de 1998, así:

Desconcentración administrativa. La desconcentración es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones (…)

PARÁGRAFO. […]

Los actos cumplidos por las autoridades en virtud de desconcentración administrativa solo serán susceptibles del recurso de reposición en los términos establecidos en las normas pertinentes.

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