Kitabı oku: «Activismo, diversidad y género», sayfa 3

Por la libre y por el derecho a la libre determinación: El Mezón. Una experiencia de comunidad emocional en el municipio de Ayutla de los Libres

Gema Tabares Merino*

SUMARIO: Introducción. Retenes comunitarios “para cuidar al pueblo y para las fotos de los antropólogos”. “Preparemos gente capaz de resolver el problema a su propio pueblo”: la universidad. El proceso de reeducación de los 54 resguardados. Primera Asamblea del Tribunal Popular. “Después de todo fue la UPOEG el punto de lanza para todo el proyecto de autonomía”. Conclusiones: repensar el trabajo colaborativo. Bibliografía.

A la valiente comunidad de El Mezón.

¡No nos levantamos para matar, nos levantamos para vivir!¹

INTRODUCCIÓN

Realizo un viaje por la carretera “libre” de Acapulco hacia Ayutla de los Libres para llegar a la comunidad de El Mezón, de la Costa Chica de Guerrero. En el transcurso de este viaje describo cómo opera la violencia estructural y cuál ha sido la respuesta de los pueblos indígenas frente a la ausencia del Estado en materias de seguridad, principalmente del municipio de Ayutla de los Libres. Expongo, a partir de la experiencia organizativa de esta comunidad, la configuración de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el surgimiento del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana-Policía Ciudadana (SSyJC-PC) y la instalación de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur); para ello retomo puntuales asambleas municipales y explico cómo El Mezón se configura en una “comunidad emocional” (Jimeno et al., 2019), que en defensa de la territorialidad y del desarrollo integral desde la visión de los pueblos indígenas y afromexicanos, denuncia políticamente múltiples violencias que decanta en la búsqueda del derecho a la libre determinación, plasmado en una nueva estructura de gobierno indígena, electa mediante sistemas normativos internos. Finalizo con un ejercicio metodológico, etnográfico y colaborativo desde mi experiencia como antropóloga situada en un contexto de violencias.

RETENES COMUNITARIOS “PARA CUIDAR AL PUEBLO Y PARA LAS FOTOS DE LOS ANTROPÓLOGOS”

Llego al sitio de taxis que salen desde Acapulco hacia Tierra Colorada. En el camino, el taxista insiste en que “las cosas ya están complicadas en el puerto”, y entre pláticas acerca de la seguridad, llegamos al primer retén del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) en Xaltianguis, en este retén comunitario se pueden observar a ocho policías ciudadanos que portan gorra, playeras color verde olivo con el logotipo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y también portan escopetas, “para cuidar al pueblo y para las fotos de los antropólogos”,² el chofer se detiene, uno de ellos pide cooperación voluntaria y los pasajeros cooperan, a velocidad lenta, el taxista reanuda el viaje; entonces aprovecho la pasada del retén para seguir conversando acerca de “la paz” en el estado de Guerrero. Todos los pasajeros dicen que se sienten “más seguros” con los policías ciudadanos que con los “policías del gobierno”.

Varios kilómetros después se encuentra el segundo retén comunitario del SSyJC con la misma dinámica de resguardar el territorio y nuevamente se pide cooperación voluntaria a los carros que transitan por esa ruta. Esta vez sólo cooperan dos pasajeros. “¿Saben qué significa Xaltianguis?” pregunto, y el taxista inmediatamente responde “es una palabra indígena [xalli, tianquiz] que quiere decir mercado de algo [de arena]”.

A partir de agosto de 2013, los habitantes de Xaltianguis, localidad rural del municipio de Acapulco, se organizan para incorporarse a la UPOEG y crear su propio Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, que en sus inicios fue protagonizado principalmente por mujeres. Este panorama demostró que en Guerrero “el rey estaba atrapado”.³ Desde una visión institucional, el gobierno ha argumentado que “Xaltianguis no era territorio comunitario”, esto se traducía en diversas disputas que durante su proceso de conformación y actualmente enfrenta la policía ciudadana con las autoridades gubernamentales, principalmente con Seguridad Pública. Los habitantes demuestran con hechos lo que es evidente: falla el sistema de seguridad de las policías municipal y estatal. Existe un posicionamiento axiomático por parte de la policía ciudadana hacia la defensa territorial; con ello, la persecución es constante, esto se puede ilustrar con los fallidos intentos de “desarmar” con operativos encabezados por la Secretaría de Marina y la policía federal a más de 100 policías ciudadanos de Xaltianguis, liderados por Ernesto Gallardo Grande, comandante regional de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

Llego al crucero de Tierra Colorada. A pocos metros, y en dirección hacia Chilpancingo, se encuentra una base y un retén comunitario del SSyJC de la UPOEG. Aquí realizo una breve parada: las señoras venden atole, los taxistas gritan “¡Las Mesas, falta uno, vámonos!”, los negocios se encuentran abiertos, “no como en Acapulco”⁴ y los trabajos carreteros aturden con un ruido de maquinaria pesada. Continúo el viaje hacia la comunidad El Mezón, que queda a 42 kilómetros de la cabecera municipal de Ayutla y donde nacen los ideales de la estructura para el orden de seguridad y la conformación del SSyJC, principalmente por la violencia estructural que operaba en los pueblos.

A lo largo de este viaje explico los procesos que han permitido la construcción de un proyecto político de largo aliento: la constitución de la UPOEG (2011), la conformación de la policía ciudadana y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (2012), la fundación de la Universidad de los Pueblos del Sur (2012), para dar cuenta de la raíz del proyecto autonómico relacionado con el ejercicio del derecho a la libre determinación: el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres (2018-2021), electo a mano alzada por la vía de los sistemas normativos internos y no por la de partidos políticos.

Continúo por la carretera “libre”, a 17 kilómetros del crucero de Tierra Colorada se encuentra el primer retén del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Ellos visten una playera de camuflaje militar color azul, la mayoría trae gafas de sol y portan el “fusil de asalto soviético”: AK-47. A partir de 2014, el FUSDEG se desprende de la UPOEG y formaliza su consolidación el 24 de enero de 2015 en Ocotito, municipio de Chilpancingo. Las fracciones se han dado por “fracturas internas” (Plácido, 2018) que se generaron en el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.

Desde sus comienzos, el FUSDEG y la UPOEG han mantenido “conflictos de carácter político”⁵ y caminos bifurcados. Los señalamientos entre las dos organizaciones, tal como lo demuestra la información etnográfica, están vinculados a acusaciones de supuestos nexos con los poderes fácticos que participan en el control del territorio; como consecuencia, se han desatado diversos enfrentamientos, como aquellos sangrientos que ocurrieron el 6 de julio de 2015 en la comunidad de Xolapa (municipio de Acapulco) y el 24 de octubre de 2016 en la comunidad Tlayolapa (municipio de Juan R. Escudero). Desde entonces, ambas organizaciones han sostenido reuniones con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, con el objetivo de dialogar y “pactar una tregua”, sin llegar a acuerdo alguno.

Sin embargo, a partir de este camino escindido, las tácticas gubernamentales para confrontar a ambos grupos han sido variables e indelebles. Ambas organizaciones han sido cuestionadas por parte de las autoridades gubernamentales por portación de armas de uso exclusivo del ejército, fuera de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, aprobada el 15 de febrero de 2011; durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, y que entró en vigor el 8 de abril de 2011; justamente en la víspera de que Ángel Aguirre Rivero asumiera el cargo de gobernador.

El viaje continúa por la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, ruta 198; enseguida, en el kilómetro 24, en el entronque a San Juan del Reparo, se encuentra un segundo retén, también del FUSDEG. El coordinador de este frente, Salvador Alanís Trujillo, menciona que ha tenido acciones conjuntas con el gobierno y que, en caso de ser necesario, “se van a replegar a sus bases de operación para que las autoridades hagan su trabajo” (Ocampo, 2016); desde marzo de 2014 ha sido reconocida, en términos simbólicos, como policía comunitaria por parte del secretario general de gobierno, David Cienfuegos (Noticieros Televisa, 2018), a cambio de la instalación de retenes militares en la zona: “Nos dijeron que van a tomar el control de la seguridad, mediante una estrategia conjunta con todas las instituciones de gobierno” (Ocampo, 2016). El FUSDEG tiene sus bases comunitarias principalmente en los municipios de Juan R. Escudero, Mochitlán y Quelchutenango de la Región Centro de Guerrero.

Mientras observo por la ventana del carro las imponentes montañas y los puestos improvisados de flor de jamaica,⁶ tamarindo, miel y mamey, voy reflexionando lo que hace algunos años señalaba Héctor Díaz Polanco de que el fenómeno general de la llamada globalización contribuía, sin duda, al surgimiento de una nueva identidad sobre bases étnicas y, por lo tanto, surgía una toma de conciencia colectiva de los pueblos indígenas en el sur mexicano.

Después de una breve parada en la comunidad productora de queso Las Mesas (municipio de San Marco), el trayecto continúa. Ahora, a 29 kilómetros en Chacalapa se encuentra el tercer retén y una comandancia, esta vez del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) de la UPOEG. Esta organización se da a conocer ante los medios de comunicación y ante la sociedad civil el 5 de enero de 2013 en la Costa Chica, principalmente en los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa. A partir de su surgimiento, la relación entre Estado y los pueblos indígenas ha colocado a debate no sólo el exclamado respeto a las culturas, sino también el derecho a la autodeterminación en Guerrero.

Continuando por la “libre”, en el kilómetro 35 se encuentra el cuarto retén comunitario, igual que el anterior, resguardado por policías ciudadanos del SSyJC de la UPOEG: “todo empezó por el cobro obligatorio a los ganaderos y por el hostigamiento si no pagabas el derecho de piso”.⁷ La dinámica de este retén consiste, también, en pedir cooperación voluntaria a las personas que transitan con vehículos por esta vía.

Pasando Las Mesas, a la salida de Tecoanapa (municipio del mismo nombre), justo después del Puente Mecatepec se encuentra la “Casa de los 43”, una casa de cemento pintada con murales: “Exigimos justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y esta reivindicación remite a la historia de Guerrero que puede remontarse, según Cirino Plácido, al “hartazgo de los pueblos indígenas ante la negación sistemática de la historia oficial”, hartazgo reflejado en la fundación del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencias Indígenas (Plácido, 2018). Como breve contexto, señalo que a partir de la década de 1990, en Guerrero surgen grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (escisión del EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); desde entonces, la criminalización por parte del Estado hacia las luchas del sur guerrerense ha sido perpetua, tal como ocurrió en las comunidades del municipio de Ayutla con la matanza de El Charco⁸ o con las esterilizaciones forzadas en el Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán.⁹

En esta senda, Guerrero ha sido un estado en el que sistemáticamente se han violado de forma constante los derechos humanos, económicos, culturales y sociales a causa de un deficiente ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de autoridades municipales y estatales (CNDH, 2014); no es casual la premisa de Boaventura de Sousa cuando dice: “sabemos que nos quieren amedrentar, que quieren que el miedo predomine, pero nosotros debemos tener la posibilidad de una esperanza” (Santos, 2018); esta esperanza se reflejó en la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (1995) en la región de la Montaña Alta, así como la creación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (2012) en las regiones de la Costa Chica y Centro encabezada por los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio y el párroco Mario Ocampo.

Quiero enfatizar que pocos días después de registrar en términos etnográficos este recorrido, el 7 de mayo del 2019, en el mismo corredor del viaje de Acapulco-Xaltianguis no sólo se complicaba sino que cambiaba el escenario, debido a que se instalaba una base de operaciones mixtas, conformadas por elementos del ejército, la armada, agentes de la Fiscalía General de Estado, de la policía estatal y de Seguridad Pública del municipio de Acapulco con el objetivo de realizar “recorridos con vehículos blindados y sobrevuelos con helicópteros artillados, para el reforzamiento de la seguridad y la protección de los pobladores de Xaltianguis” (Chávez, 2019), esto después de la irrupción de un nuevo Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) que atacó la comandancia de la UPOEG, y que devino en un enfrentamiento que dejó “tres muertos, cuatro heridos, un automóvil siniestrado y un bloqueo a la carretera” (Chávez, 2019). La UPOEG se retiraba del corredor, de acuerdo con su promotor Bruno Plácido para “evitar confrontaciones” (Plácido, 2019).

Me interesa ilustrar que la violencia estructural se expresa en Guerrero en el conjunto de prácticas violentas protagonizadas por el crimen organizado, que fragmenta el tejido social comunitario y amenaza con el control de los recursos naturales; no es gratuito, por ello, entender el surgimiento en el ámbito estatal de aproximadamente 25 sistemas de seguridad creados bajo lógicas comunitarias para hacer frente a la violencia fabricada por instituciones, así como por las relaciones y campos de fuerza identificables, tales como el crimen organizado, los sistemas políticos, el racismo, la inequidad de género y los concomitantes sistemas de opresiones (Bourgois, 2009:2).

Si bien mayoritariamente los sistemas de seguridad ciudadana y comunitaria son protagonizados por la UPOEG y la CRAC, también existen otros, como la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC), el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero (GRUG), el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan y el grupo de autodefensa de Ajuchitlán del Progreso (Comandantes, 2019); es decir, existen otros “grupos de autodefensas” o “grupos civiles armados”, en términos del gobierno actual, que batallan en el campo de la negación del acceso a la justicia y que demuestran la descomposición del Estado mexicano y su complicidad con los poderes fácticos. El reto de construir procesos políticos y simbólicos respetuosos de las luchas colectivas, no compete de manera exclusiva a las y los actores de los pueblos indígenas, sino al conjunto de actores de la sociedad con el fin de establecer las pautas de un aprendizaje mutuo en materias de derechos humanos. ¿Qué puede existir detrás de un proyecto político donde la estructura de seguridad se encuentra mandatada a la máxima autoridad: la asamblea comunitaria?

Con el surgimiento de estos sistemas comunitarios de seguridad, la institucionalidad gubernamental ha operado para inmovilizar la capacidad de acción de la policía conformada por los respectivos pueblos indígenas, mestizos y afromexicanos, esto se ilustra con la última iniciativa de reforma al artículo 14 constitucional del estado de Guerrero, que rige a la Ley 701 y que presentó la LXI Legislatura en 2018 con 40 votos a favor y uno en contra (Ramírez, Téllez y Ruiz, 2018), donde explícitamente “desaparece la figura de policías comunitarias y rurales”. De igual modo, la misma legislatura, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública Estatal incorporó la creación de un “Sistema de Seguridad Comunitario” que “estará delimitado dentro del territorio de sus respectivas comunidades” y la creación de un Comité de la Policía Comunitaria Indígena como órgano de dirección y organización operativa, lo que significa que las policías comunitarias fungirán como organizaciones auxiliares de la seguridad pública estatal. Esta reforma que carece de una perspectiva intercultural, excluye y omite el marco normativo no escrito que regulan la vida comunitaria de los pueblos y que funciona con legitimidad desde la oralidad para resolver sus propios conflictos.

En el camino se pueden observar los platanales, las altas palmeras y los nanchales.¹⁰ Enseguida se encuentra el crucero del Zapote que lleva directo a la comunidad de Atocutla, a El Mezón Chico y finalmente a El Mezón.

¿Cuándo llegué por primera vez a esta comunidad? Por cuestiones académicas, en 2012 me acerqué al equipo docente de la Unisur¹¹ y de manera precisa me invitaron a que asumiera una responsabilidad en una próxima sede que se abriría en El Mezón, así que previamente a su apertura, en ocasiones y junto con autoridades y fundadores de esa universidad asistí a reuniones y asambleas en comunidades de las regiones de la Costa Chica, Centro y Montaña, fue en este contexto que conocí a los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio, y a diversos intelectuales indígenas.

La metodología que prioricé para elaborar este artículo consistió en una etnografía que denomino “pensar entre dos”,¹² es decir, en la inves tigación incorporo mi experiencia de campo en la comunidad desde el año 2012 hasta la actualidad y las perspectivas de los intelectuales indígenas, de las mujeres y de las autoridades locales, mediante talleres comunitarios que me han implicado explorar dimensiones analíticas nuevas, en un principio impensadas. Con ello, referiré a tres asambleas puntuales: la de Cuanacaxtitlan (municipio de San Luis Acatlán), la de Potrerillo (municipio de Malinaltepec) y la Primera Asamblea del Tribunal Popular (municipio de Ayutla). También ha sido trascendental retomar la dinámica activa de las mujeres mezoneñas y la participación de estudiantes de la Unisur. “Pensar entre dos” implicó una dirección diferente a la etnografía tradicional porque me permitió comprender desde otros ángulos “cómo el pueblo agarraba al toro por los cuernos”, no debido a causas accidentales sino estructurales.