Kitabı oku: «Madrid cautivo»

I. UN OSCURO OBJETO DE DESEO

1.1 ÁFRICA EN LA METRÓPOLI

28 de noviembre de 1936, día de San Gregorio III. Quizá ese dato aparecía en el calendario del despacho del general Emilio Mola, en Navalcarnero. Quizá no, o acaso el militar no reparó en ese detalle. Desde mediados de verano las hojas habían pasado rápidamente, la misma velocidad que las columnas militares habían demostrado para aproximarse a Madrid. Pero, una vez en la ciudad, todo se había detenido. Y el general parecía tener una explicación para lo ocurrido: «Se carece de líneas de comunicaciones por las que se pueda atender cómodamente al abastecimiento de las unidades». «No amenazándose por este frente su línea de comunicaciones, se precisa sostener un combate frontal en el que el enemigo recibe constantemente refuerzos». «La ocupación de la Capital en nuestras condiciones resultaría extremadamente costosa en hombres y material y requeriría bastante tiempo». Las reflexiones fueron remitidas al «Generalísimo» desde la Séptima División.¹

Seis meses y tres días antes, el 25 de mayo de 1936, Madrid aparecía por primera vez citada en las «Instrucciones generales» con las que el general Mola preparó el golpe de Estado contra la II República. El documento, titulado «El objetivo, los medios y los itinerarios», fijaba una acción desde la periferia al centro del Estado. Tomar pronto el control de la capital era el objetivo fundamental para el grupo de conspiradores, puesto que

La capital de la nación ejerce en nuestra Patria una influencia decisiva sobre el resto del territorio, a tal extremo que puede asegurarse que todo hecho que se realice en ella se acepta como cosa consumada por la inmensa mayoría de los españoles. […] El éxito es tanto más difícil cuantas menos asistencias se encuentren dentro del casco de Madrid. Es indudable que un hombre que pudiera arrastrar esta guarnición por entero, o en su mayor parte, con la neutralidad efectiva del resto, sería el dueño de la situación, y sin grandes violencias podría asaltar el Poder e imponer su voluntad (Sánchez Pérez, 2013: 347. Las cursivas son mías).

El primer párrafo de la segunda instrucción de Mola mostraba su concepto de sublevación militar, la intención que perseguía y la importancia que otorgaba a lo que ocurría en Madrid, donde había que conquistar el poder. La capital no era solo el lugar donde residían las más altas instituciones del Estado, era algo más: un símbolo. Un objeto de deseo. «Todo hecho que se realice en ella se acepta como cosa consumada», continuaba su pensamiento puesto por escrito. A la presencia de las instituciones políticas, los ministerios y los edificios oficiales, se unía al número de cuarteles militares que habitaban la periferia de la ciudad: Carabanchel, Cuatro Vientos, Getafe, Leganés, El Pardo o Vicálvaro. Pero la Primera División Orgánica también contaba con guarniciones en el interior, como los cuarteles de Conde Duque, Pacífico, María Cristina o el Cuartel de la Montaña. Cuando los acontecimientos se precipitaron entre el 17 y el 18 de julio, y el golpe de Estado fue conocido en la capital, las centrales sindicales y los partidos del Frente Popular derrotaron la sublevación y evitaron su intención de converger hacia el interior. El grueso del Ejército alzado, con las experimentadas tropas de legionarios y regulares como principal fuerza de choque, tuvo que comenzar su camino hacia Madrid desde Sevilla (Aróstegui, 2006: 48-54; Espinosa Maestre, 2007).

Si el verano de 1936 fue el momento de progresión hacia la capital, el mes de octubre fue el del acercamiento definitivo. La decisión de ocupar la ciudad está fechada el día 7. Ávila, desde el norte, y Talavera de la Reina, desde el sur, fueron las bases de progresión elegidas, una operación militar en la que se puso el máximo cuidado. A ella estaban subordinadas todas las demás.² A este objetivo principal debían subordinarse los futuros planes de operaciones, y para ello era preciso sacrificar unidades de algunos frentes, de cara a conformar una reserva de maniobra. El frente de Asturias era el elegido para ello, mientras que el de la sierra tenía la misión de fijar las tropas republicanas en ese punto, para evitar así su traslado «a los frentes principales». En el resto del país los frentes se habían estabilizado, lo que ayudó a convertir el escenario del centro en protagonista. Unas semanas más tarde, tras algunos avances de líneas en el frente, se redactaron las primeras instrucciones para la ocupación de Madrid. Una vez más, el encargado de hacerlo fue Mola. Con siete puntos básicos, estas instrucciones pretendían tener todos los aspectos de la ocupación bajo control. La presencia de paisanos o periodistas no estaba permitida, salvo con autorización del propio Mola o del «Generalísimo» Franco. El funcionamiento de las comisarías de distrito y de las comunicaciones en el interior de la ciudad quedaba asegurado por «el número necesario» de guardias civiles, milicias auxiliares y equipos de transmisiones. Para cada comisaría se nombró un jefe del Ejército sin destino en filas, que debía conocer de antemano el destino y fuerzas asignadas. Su cometido era la gestión de la ciudad en los primeros momentos de la ocupación, lo que incluía desarmar a las fuerzas enemigas, expulsar del Cuerpo de Policía a «todos los funcionarios que hayan prestado servicio a los rojos», detener al personal sospechoso del Cuerpo de Correos y Telégrafos y del Consejo de Administración del Banco de España, con especial interés en el personal encargado de custodiar el oro. También se hacía hincapié en las incautaciones de periódicos, con una salvedad: «cuantos hayan sido siempre de ideas de orden podrán aparecer en cuanto de (sic.) hagan cargo de ellos sus respectivas empresas y las antiguas redacciones».³

Sin embargo, las instrucciones se referían de manera reiterada al instrumento sobre el que se apoyaba la planificación de la ocupación: el bando de guerra. La intención de Mola era declarar el estado de guerra en la ciudad, que conminaba a deponer las armas y prestar apoyo a las tropas ocupantes, y reservaba las mayores penas para quienes fueran definidos como hostiles a la ocupación. La declaración del estado de guerra en la plaza y provincia de Madrid hacía que todos los delitos fueran juzgados siempre en juicio sumarísimo, como afirmaba el artículo dos. El siguiente especificaba el delito de rebelión militar para los insultos y las agresiones, el desacato o la provocación a los militares ocupantes; la propagación de rumores o noticias falsas; la confección, publicación, ocultación, tenencia y reparto de escritos clandestinos o sin someter a censura previa y el funcionamiento de emisoras sin la expresa autorización del general Mola, el único encargado de autorizar cualquier reunión.⁴ Por tanto, fue él, y no Franco, quien proyectó la ocupación de Madrid en octubre de 1936. Unos días más tarde, el 27 y el 29, añadió unas instrucciones complementarias para ocuparse de servicios como la higiene urbana y los abastecimientos.

En tres meses y medio, las tropas sublevadas habían conseguido llegar a las afueras de la capital, y su ocupación se dibujaba inminente. Así, parecía necesario cuidar el más mínimo detalle, para lo cual Mola hizo uso de su experiencia como director general de Seguridad a principios de década. Fue el Cuartel General del Ejército del Norte quien mencionó primero la necesidad de establecer unos Servicios de Orden y Policía de Madrid, divididos en la propia fuerza de ocupación, los servicios de higiene, los de Telégrafos y Correos, Teléfonos, Electricidad, Agua, Radiotelefonía e Información (tabla 1.1). Su preocupación incluía los organismos de gestión cotidiana, aunque la principal reflexión se centraba en la propia fuerza de ocupación, que descansaba sobre la fuerza del número y la labor de un cuerpo tradicionalmente encargado del control rural como la Guardia Civil, auxiliado por las milicias (imagen 1.1).

TABLA 1.1

Fuente: AGMAV, Caja 2584, Carpeta 4. Elaboración propia.

IMAGEN 1.1

Fuente: AGMAV, Caja 2584, Carpeta 4. Elaboración propia.

El «sello personal» de Mola alcanzó a los encargados de controlar los distritos de la ciudad. Aunque los nombramientos provenían del Estado Mayor de Burgos, la elección de la Policía Gubernativa y la coordinación de un servicio de Investigación demuestran la insistencia en la seguridad de la calle. En este caso, militarizada. Bajo el mando del comandante de infantería Luis Boix Ferrer, jefe de Orden y Policía de Madrid, iban a servir trece responsables de distrito más uno encargado de la Brigada Especial de Información (tabla 1.2). Para coordinar la actuación en la ciudad, el Cuartel General de Franco tomó el mando de las operaciones militares, de acuerdo a los planes de Mola, con tres escenarios posibles: rendición sin defensa, defensa en el perímetro o resistencia a ultranza tanto en el exterior como en el interior. En caso de rendición sin defensa, la columna debía dislocarse en puntos determinados para que las fuerzas asignadas a cada distrito ocuparan las comisarías correspondientes, mientras que la Jefatura reclamaba para sí la sede de la Dirección General de Seguridad. Una vez más, la influencia de Mola era palpable. Por su parte, la comisaría de la Casa de Campo tenía encargada la crucial misión de vigilar las entradas y salidas de Madrid en su sector, que incluía las carreteras de Aranjuez, Toledo, Extremadura y Coruña.⁵

TABLA 1.2

Fuente: AGMAV, Caja 2584, Carpeta 1. Elaboración propia.

Ante las puertas de Madrid, los asaltantes no reunían más de 15.000 efectivos, con escaso apoyo de la artillería y la aviación. Aun así, su confianza estaba intacta, como habían demostrado entre la toma de Talavera y el acercamiento a la ciudad a través de sus arrabales. ¿Qué esperaban encontrar en su interior? Las últimas instrucciones dictadas por el propio Franco antes de comenzar la batalla de Madrid permiten adentrarse en las expectativas que manejaban:

La población civil de Madrid lleva tanto tiempo sufriendo los desmanes del Gobierno rojo y de las hordas que le siguen, que por los constantes asesinatos sufridos han llegado a un grado de terror que puede hacer aparecer como desafectos o tibios a los que en realidad ansían la llegada de las fuerzas nacionales. […]

Una gran parte de los milicianos que nos combatirán en Madrid son ciudadanos pacíficos que ante las amenazas y ejecución de los que se niegan, han cogido las armas deseando entregarlas al primer encuentro⁶ (las cursivas son mías).

Para Franco y su Estado Mayor, la ocupación de Madrid aparecía en el horizonte como una continuación del tipo de guerra que habían desarrollado en Andalucía y Extremadura, y antes aún, en las kábilas rifeñas donde los militares africanistas habían ganado rápidos ascensos. Sus experiencias se proyectaron sobre el mundo urbano, donde imaginaban un escenario similar al de los milicianos abandonando las armas ante el empuje de los soldados profesionales. Pero la imagen que el Cuartel General de Franco tenía del enemigo no se había ajustado ni a su composición ni al espacio que ocupaba. A pesar de tener la ocupación planificada con un mes de antelación, la ciudad resistió. Aunque el ataque superó el río Manzanares, a finales de noviembre el frente se había estabilizado. El 23 de noviembre, Franco decidió suspender los asaltos frontales. La guerra de columnas, propia de la guerra de Marruecos, verdadera escuela del africanismo, se estrelló en Madrid. A pesar del cuidado de Mola en la preparación de los instantes posteriores a la ocupación, esta no llegó a hacerse efectiva. Y, es más, el estilo de guerra influyó en algunos de sus elementos. La primacía de la Guardia Civil y el alto número de falangistas y requetés entre el personal de base o la escasa importancia otorgada a los equipos de gestión de la ciudad muestran una escasa reflexión sobre las características del mundo urbano. El servicio más detallado, el de higiene, apenas contaba con una quincena de hombres, y otros servicios importantes para controlar la complejidad de una metrópoli como Madrid, como el de radiotelefonía, no tenían un jefe al cargo. La escasa precisión en el perfil de los equipos, el protagonismo otorgado a la columna como base de la ocupación o las exiguas instrucciones de los Servicios de Orden y Policía, que «únicamente» debían ocupar las comisarías asignadas, hacen pensar en una simple adaptación del modelo de ocupación de los pueblos andaluces y extremeños a Madrid, en vez de elaborar una planificación autónoma para la ciudad. Pero el fracaso ante la que se erigió como «capital de la resistencia» demostró que la diferencia entre el mundo urbano y el rural no era una mera cuestión de escala.

Fue el propio general Mola quien aclaró los motivos del fracaso, reconociendo que el máximo error había consistido en no cortar el aprovisionamiento de Madrid, algo básico para una ciudad de esas dimensiones. Era necesario, también, operar con una masa de maniobra mayor, formar grandes unidades que pudieran llevar a cabo otro tipo de guerra. Y en relación con la cantidad de población urbana, se establecieron ocho tribunales militares que se harían cargo de la represión dentro de la ciudad a través de una nueva figura: el consejo sumarísimo de urgencia (Aróstegui, 1996). En noviembre de 1936 África se encontró con la metrópoli, y a raíz de ese encuentro cambió la forma de dirigir la guerra. Un hecho que tuvo importantes consecuencias en el segundo año del conflicto.

1.2 MADRID, LABORATORIO DEL ORDEN

11 de febrero de 1937, Estado Mayor de la División reforzada de Madrid. Luis Orgaz acababa de firmar, como general al mando, un nuevo bando de guerra para la entrada en la ciudad. Su ubicación en Navalcarnero, el mismo lugar desde el que el general Mola explicó las dificultades del asalto frontal a Madrid, no era casual. Su texto era completamente continuista con el que su compañero de armas había preparado el control de la ciudad tan solo unos meses antes, en octubre. Por supuesto, todos los delitos considerados en el bando iban a ser tramitados por el procedimiento sumarísimo de urgencia, con los tribunales ya formados desde el año anterior. En líneas generales, se penaba la resistencia a las nuevas autoridades, cualquier posible boicot al abastecimiento de la ciudad y toda reunión no autorizada. El bando extendía la sospecha al comportamiento de cualquier madrileño, por lo que debe entenderse como la voluntad de controlar el espacio público, no solo como una herramienta de castigo. Orgaz, igual que Mola meses antes, no hacía sino proyectar su propia experiencia, en este caso como gobernador militar de Las Palmas después del golpe de Estado en julio de 1936.⁷ Por supuesto, había algunas diferencias con el año anterior. En plena batalla del Jarama, el intento de conquistar Madrid cortando sus comunicaciones, el Ejército del Sur asumía el protagonismo en la posible ocupación, y la organización en columnas desaparecía por completo del esquema. Seguía sin existir, sin embargo, una reflexión sobre cómo hacerse cargo de la complejidad de una ciudad moderna.

La reorganización de los planes de asalto a Madrid debe enmarcarse en un contexto más amplio, donde entraron en escena otros factores. Por ejemplo, la progresiva inserción de las milicias en unidades plenamente militares, para lo que fueron indispensables las escuelas de alféreces provisionales, el mejor aprovechamiento del material alemán e italiano y la formación de un ejército de mayores dimensiones (Casas de la Vega, 1974; Blanco Escolá, 2000: 349-384). Pero, por encima de todo, la primera mitad de 1937 fue el contexto en que se llevó a cabo la reorganización de los servicios de inteligencia franquistas, puesto que la sublevación se había convertido en un conflicto prolongado. Desde septiembre de 1936, cuando se creó, el Servicio de Información Militar (SIM) compitió con otros organismos como el Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España (SIFNE), con sede en Biarritz, el Servicio de Información Naval (SIN) o las propias segundas secciones de los Estados Mayores, encargadas de las labores de inteligencia de las operaciones militares. El SIM, que operaba sobre todo en la zona centro a través de guardias civiles con contactos personales, había nacido bajo los auspicios del propio general Orgaz, por lo que su nombramiento para la División reforzada en Madrid también se explica en el marco de esta reorientación. Que fuera Orgaz el autor del nuevo bando de guerra no era, pues, inocente (Heiberg y Ros Agudo, 2006: 15-22 y 48-50; Cervera, 1998: 213-217).

En este contexto, hubo una persona que pronto destacó por su importancia para comprender la forma de operar de los servicios de información y la relación con la retaguardia de Madrid. José Ungría Jiménez contaba con nueve años de experiencia africanista cuando, en 1925 y como comandante, se convirtió en el jefe de enlace entre el Ejército español y el francés en Marruecos. Desde entonces, su particular currículum se desarrolló entre el Ministerio de la Guerra y la Academia General Militar, orientado hacia la teorización y enseñanza de la inteligencia y contrainteligencia en los conflictos. Su carrera entró en contacto con las enseñanzas de la I Guerra Mundial cuando, a partir de 1930, fue agregado militar en las embajadas de Francia y Bélgica y en las legaciones de Holanda y Suiza. Durante la II República su carrera se desarrolló en el Estado Mayor Central, y a partir de 1935 su relación con el uso de la información se estrechó en la práctica, pues fue nombrado representante del Ministerio en la Compañía Telefónica Nacional. Fue en ese puesto donde le sorprendió el golpe de Estado y en el otoño de 1936 consiguió refugiarse en la Embajada de Francia, haciendo uso de sus contactos previos. En abril de 1937 logró salir del Madrid republicano, y tan solo un mes después, en mayo, ya dirigía el SIM tras denunciar el exceso de servicios de inteligencia y su escasa coordinación tan solo un mes después de su evasión, se hizo con las riendas del SIM tras denunciar el excesivo número de servicios existentes y su escasa coordinación.⁸

La conversión del golpe en una guerra y la consideración del papel de la contrainteligencia en ella condujeron a otro tipo de reflexiones y a la creación de otro tipo de organismos en la primavera de 1937. Quizá el más importante de ellos fue la OIPA, la Oficina de Propaganda Anticomunista, dirigida por Marcelino de Ulibarri, un carlista muy próximo al conde de Rodezno que había sido miembro de la Oficina de Prensa y Propaganda en Pamplona en los primeros instantes de la sublevación. Como ya se ha demostrado, la oficina cumplió un destacado papel en la captación de rumores y opiniones y en el seguimiento de la prensa extranjera para conocer lo que ocurría en la retaguardia republicana. Informaciones que ayudaron a desarrollar una efectiva labor de represión tras la ocupación del territorio enemigo (Ollaquindía, 1995; Mikelarena, 2015: 251-262). Esta fue la experiencia que aportó Ulibarri cuando llegó a Burgos, donde influyó en el perfeccionamiento de los servicios de investigación a través de decretos reservados en el marco del ecuador de la guerra.

En ese contexto, la OIPA tuvo un protagonismo innegable, creada el 20 de abril como una agencia de contrainformación que dependía de la Secretaría General del jefe del Estado. El vínculo casi personal con Franco y su desempeño en la recogida y análisis de material propagandístico explican la progresiva preocupación del «Estado campamental» franquista por conocer y definir al «enemigo». A finales de mes Franco nombró a Marcelino de Ulibarri jefe de la Delegación de Servicios Especiales, encargada específicamente de la recogida de documentación. A diferencia de la OIPA, compuesta de personal militar y voluntarios, Servicios Especiales estaba íntegramente formada por guardias civiles que se habían destacado en diferentes servicios durante la guerra.⁹ La creación de Servicios Especiales hizo que desde entonces la recopilación de material fuera una prioridad, y la toma de Bilbao en julio de 1937 constituyó la primera oportunidad para su actuación en un núcleo urbano de importancia. El día 14, Ulibarri y el conjunto de mandos militares recibieron un documento desde el Cuartel General del Generalísimo que dejaba clara la nueva orientación de la guerra:

Son frecuentes las ocasiones en que nuestro Ejército, por sus continuos y victoriosos avances, ha de actuar en plan de ocupación militar de territorios conquistados durante cuyo período, entre las múltiples misiones que se presentan, es una importante la de salvar toda clase de documentación de centros oficiales (militares y civiles), políticos y sociales, que han de proporcionar una interesantísima información, en primer lugar para el inmediato desarrollo de las operaciones, en otro aspecto para el descubrimiento de responsabilidades por el movimiento disolvente que puso a la nación al borde de su ruina y siempre como material precioso para facilitar el juicio de la Historia¹⁰ (las cursivas son mías).

El cambio de rumbo iniciado en noviembre de 1936 ante las puertas de Madrid, unido a la reorganización del espionaje y la creación de la OIPA, cristalizó después en una forma concreta de concebir la guerra, más allá de las maniobras militares. Mediado el año de 1937, la preocupación por la gestión de la información en la persecución del enemigo y el control de las ciudades aún en poder de la República se concretó en una planificación más específica. El paso «de las balas al expediente» en la represión franquista, como se ha denominado de manera metafórica este proceso, tuvo mucho que ver con la experiencia acumulada en los núcleos urbanos durante ese año. En agosto el Estado Mayor del Ejército del Centro procedió a reformular los Servicios de Orden y Policía de Madrid. Su jerarquía se reforzó a través de la jefatura de un teniente coronel a cargo de 100 agentes de policía distribuidos en las comisarías y la Brigada Especial. También se amplió el resto de fuerzas, integradas por varias compañías de la Guardia Civil y unos 3.000 voluntarios militarizados. Se detallaban, asimismo, las funciones de los comisarios de distrito, encargados de labores de vigilancia e investigación, registros, precintos de edificios y, por supuesto, detenciones, en rigurosa coordinación con la Auditoría de Ocupación, que ya había dictado la orden de captura de quienes se habían destacado en la defensa de Madrid en el otoño-invierno anterior. Respecto a la gestión de Madrid, destacaban las funciones de abastecimiento y justicia por la importancia que se les otorgaba. En el caso de la primera, llama la atención el cambio de mentalidad respecto al volumen de mercancías que debían movilizarse: 300 vagones de tren diarios para alimentar a 200.000 familias, para lo que se hacía necesario una mayor intendencia con diferentes bases de partida en las provincias próximas a Madrid. En cuanto a la justicia, había 16 juzgados militares permanentes esperando a instruir actuaciones.¹¹ Aunque el grueso de la estructura y las funciones de la columna seguían intactas, quedaba claro que los mecanismos de control y la forma de gestionar la futura ciudad ocupada, con el protagonismo indiscutible de la justicia militar, sí habían sido objeto de reflexión por parte de las autoridades franquistas (Pérez-Olivares, 2015).

El desarrollo más relevante fue, sin embargo, el del Servicio de Recuperación. La caída de Santander el mismo mes de agosto fue la demostración de que, en una ciudad grande, la recopilación de información debía hacerse en los primeros instantes tras la ocupación. Allí los servicios de inteligencia italianos se habían adelantado en el registro de instituciones tan importantes como el Socorro Rojo Internacional o el Estado Mayor de los efectivos soviéticos (Gómez Bravo y Marco, 2011). Era necesario reforzar el servicio, sobre todo teniendo el deseo de entrar en Madrid siempre en el horizonte:

En la actualidad el Servicio de Recuperación de Documentos cuenta con unos cinco equipos compuestos de 4 personas cada uno, incluyendo a los chóferes que son de confianza del Servicio.

Para actuar en el Frente de Aragón, o bien en el de Madrid, estos equipos junto con los 6 coches de que dispone el Servicio, son completamente suficientes para seguir con éxito la marcha de las operaciones.

Ahora bien, en el caso de una caída vertical de unos de estos frentes tenemos el ejemplo de Gijón, al ocuparse ciudades de la importancia de Madrid, Valencia y Barcelona […] es una cosa harto segura que el Servicio fracasaría por falta de elementos. Y precisamente fracasaría en aquellos centros donde los enemigos han actuado con mayor intensidad y más cantidad de elementos extranjeros rusos y de las brigadas internacionales¹² (la cursiva es mía).

La necesidad de anticipar cómo se llevaría a cabo la ocupación de una ciudad llevó a Ulibarri a perfilar el diseño del Servicio de Recuperación. Para ello, se ultimaron dos documentos internos de decisiva importancia: el propio reglamento del servicio y las «Normas para la entrada en una ciudad ocupada». El primero era un estudio de cuatro páginas donde el delegado Ulibarri expresaba que la jerarquía de mando y la flexibilidad de ejecución debían ser las dos líneas de acción para asegurar un trabajo exitoso. Cada equipo de recuperación estaba formado por un jefe, dos auxiliares y un conductor, un equipo que a través de su jefe debía contactar diariamente con el jefe del Servicio de Recuperación, al que tenía que enviar un informe semanal sobre el curso de las actividades. Las oficinas de clasificación quedaban encargadas de centralizar la labor de los equipos y realizarían una primera labor de clasificación, que habrían de remitir a la Oficina Central. Los equipos de clasificación eran los encargados de recoger la documentación de los jefes de equipo, que debían entregársela en mano.¹³ Solo la disciplina era aval del éxito del Servicio de Recuperación, que debía entrar junto con las tropas de ocupación. Esto era crucial porque «el trabajo que no se realiza dentro de los cuatro primeros días, deja de tener eficacia», como se afirmaba en el primer párrafo de las «Normas para la entrada en una ciudad ocupada». Las experiencias en Santander y Gijón habían demostrado que era imposible registrar todos los locales en un plazo de tiempo tan exiguo, así que la primera y principal labor de los equipos debía ser la de precintar los domicilios que previamente habían sido seleccionados. Se hacía necesario, además, un servicio de guardia en la puerta de los edificios, con el Servicio de Recuperación de Documentos como el único autorizado para manejarla.¹⁴

También se concretaron los recintos que iban a ser registrados. Por supuesto, los edificios oficiales y de organizaciones políticas, los espacios ocupados por el Ejército Popular o sus asesores eran los principales objetivos, pero también se prestaba una cuidada atención a centros culturales, cines, casas de fotografía, editoriales o librerías, así como a redacciones de periódicos o a las casas particulares de líderes políticos.¹⁵ Cualquier información sobre los frentes militares, el estado de la retaguardia, la movilización de la población o su compromiso político era de sumo interés para la búsqueda de responsabilidades, como ya había expresado Franco meses atrás. La identificación de los futuros retos y del volumen de trabajo confirmaba la importancia de gestionar la información capturada al enemigo, lo que condujo a Ulibarri a pensar en la necesaria coordinación con otros organismos. En otro documento reservado, titulado únicamente «Recuperación de Documentos», el delegado explicaba que el servicio estaba encargado de proporcionar todos aquellos datos que pudieran ser de interés a todos los organismos del nuevo Estado; en particular para aprovecharlos en relación con la función privativa, es decir, la policía. Por eso el mayor interés estaba puesto en la coordinación con la Auditoría del Ejército de Ocupación, el principal organismo que iba a impartir justicia en los territorios conquistados, «como quiera que la citada Auditoría prepara su sección de información con vistas a actuaciones futuras, es útil el servicio de recuperación ensanchando sus medios de adquisición de datos interesantes».¹⁶

El momento de ocupar las grandes ciudades que todavía permanecían en poder de la República había llegado. En el caso particular de Madrid, los dos últimos meses de 1937 son un buen ejemplo de la complejidad de la ocupación que proyectaban en relación con los proyectos anteriores. Fue un momento de máxima complicidad entre la labor reglamentista de Ulibarri y la presión de Ungría por reorganizar los servicios de inteligencia. Había que centralizar, en su opinión, la labor de los diferentes organismos y otorgar al SIM una dimensión política y militar, lo que aumentaría su nivel de trabajo. Para coordinarse mejor con el Cuartel General de Franco, la oficina debía trasladarse a Burgos. Después de los intentos de Ungría durante el verano por convencerle, el Generalísimo aceptó en octubre su propuesta y le dio instrucciones para promulgar toda una serie de medidas secretas que culminaron en la creación, el 30 de noviembre de 1937, del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM).¹⁷ Entre los 17 artículos de la orden de creación, destacan por encima del resto los que llamaban la atención sobre la necesidad de homogeneizar todas las secciones de contrainteligencia, de mantener separadas las funciones de los servicios secretos respecto de las que llevaban a cabo las grandes unidades militares, y de proveer de mejores medios económicos y humanos el servicio «para la consecución de los objetivos de sus funciones especiales». Este último punto coincidía plenamente con los temores de Ulibarri como delegado de Recuperación de Documentos, como ya se ha visto. Además, para asegurar el dominio sobre el territorio enemigo, dentro del SIPM existía un Servicio de Vigilancia, Seguridad y Orden Público, que debía controlar la zona de la retaguardia enemiga con unos 30 kilómetros de profundidad. Ocupación y orden público aparecían más estrechamente unidos que nunca, lo que se reafirmaba a través de la responsabilidad exclusiva del SIPM de la retaguardia del enemigo (Heiberg y Ros Agudo, 2006: 93-96).

La preocupación por el orden público se concretó en la delegación de Madrid del Servicio de Recuperación de Documentos, que a la altura de noviembre estaba ya preparada para actuar. Es decir, en el imaginario de los militares, la ocupación de Madrid era un horizonte que alcanzar, si no en 1937, sí para el año siguiente. Con siete equipos de clasificación, parece que las presiones de Ulibarri por aumentar los efectivos dieron sus frutos. La delegación estaba compuesta por cinco secciones, con sus responsables nombrados, más los jefes de Clasificación y de Servicios, encargados del conjunto (tabla 1.3). Y hay que añadir una cuestión importante: el servicio se denominaba «Delegación de Servicios Especiales y Recuperación de Documentos».¹⁸

TABLA 1.3

Fuente: CDMH, DNSD, Recuperación, Secretaría, Delegación de Madrid, Caja 11, Expediente 7. Elaboración propia.

La colaboración entre los servicios de recuperación e inteligencia con la justicia militar dio lugar a una reflexión original sobre el orden público que debía imponerse tras la ocupación. El jefe de los servicios era un auditor militar, por lo que la recuperación de documentos se encaminaba definitivamente a la búsqueda de antecedentes y la impartición de justicia en los territorios «liberados». El material recuperado debía ser clasificado en cinco secciones independientes: Político-social, Prensa y Propaganda, Sectas Secretas, Justicia y Militar. De las cinco, tres se destinaban a la creación de un fichero de antecedentes políticos, otra se encaminaba a la puesta en funcionamiento de la justicia de ocupación y tan solo la última estaba en consonancia con las operaciones militares. No fue casual, por tanto, que a mediados de noviembre se elaborase también el «Plan de Orden y Policía para Madrid, Barcelona y Valencia», donde las tres capitales de la República recibían el mismo trato, aunque estaba firmado por los Servicios de Orden y Policía de Madrid (Ejército del Centro). Es un documento importante porque adelanta ocho meses la fecha que se conocía hasta ahora para esta planificación (Gómez Bravo y Marco, 2011: 165-169). En este caso la consigna estaba clara: nadie podía salir o entrar de la ciudad ocupada a menos que dispusiera de un salvoconducto expedido por Franco, el general jefe del Ejército de Ocupación o el jefe de la propia Columna de Orden y Policía. Así la ciudad iba a ser convertida en un espacio cerrado y prácticamente inaccesible, de cara a facilitar la labor de la Auditoría de Guerra y del Servicio de Recuperación, ya que el objetivo principal era la elaboración de un censo provisional de la ciudad. Para ello, todos los ocupantes de pisos, habitaciones y locales estaban obligados a presentarse en las comisarías de distrito y ofrecer una relación jurada de los habitantes, en un plazo máximo de 24 horas. Dentro del mismo plazo había que ofrecer otra relación, esta vez con los bienes muebles existentes en cada casa. Los cambios de residencia y los traslados de muebles estaban prohibidos hasta completar los censos. Los militares también pretendían controlar el movimiento dentro de la ciudad mediante cédulas de transeúnte y reforzar las labores de vigilancia con cédulas de policía, destinadas únicamente a los residentes en la ciudad con anterioridad al 18 de julio de 1936. De esta forma se reforzaba el celo sobre los atentados contra la propiedad acudiendo a las propias casas y los espacios mínimos de sociabilidad: los barrios.¹⁹

A finales de 1937, la experiencia de las ocupaciones de Málaga, Bilbao, Santander o Gijón modificó el sentido y la forma en que los sublevados pretendían emplear la violencia. El primer año de guerra había demostrado la importancia de la gestión de la información y documentación del enemigo para convertirse en un instrumento adecuado a un nuevo contexto: el de la ocupación de grandes ciudades. La inserción de algunos organismos como Recuperación de Documentos y Servicios Especiales en un esquema de orden público revelaba una preocupación muy diferente a la del comienzo de la guerra, cuando la limpieza política tras el paso de las columnas de legionarios y regulares tenía como efecto la paralización de la población a través del miedo. En el ecuador de la guerra, la maquinaria punitiva franquista se distanciaba de una serie de prácticas definidas únicamente como exterministas para abordar la compleja cuestión de la ocupación de grandes áreas.²⁰ Ocurría también que las ciudades no permitían las mismas tácticas punitivas: el anonimato, el desconocimiento y la propia escala jugaban en contra de las formas represivas empleadas en 1936. Las últimas instrucciones sobre Madrid, Barcelona y Valencia confirmaban la identidad específica del espacio urbano. Por tanto, tanto el uso de la violencia como su intención se vieron influidos por la contingencia de los retos del ecuador de la guerra, que hicieron más complejas las lógicas de la violencia sublevada (Marco, 2015; Browning, 2004).

La gestión que el incipiente «Estado campamental» franquista desarrolló en las áreas conquistadas fue, asimismo, un campo de prueba para orientar la preocupación por el orden público en diferentes direcciones. Entre las opciones que se barajaron, una era volver los ojos hacia la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera y continuar su gestión del orden. Para ello, en octubre, poco después del derrumbamiento del frente de Gijón, nombró a Martínez Anido jefe de los servicios de Seguridad Interior, Orden Público y Fronteras, dependiente directamente de la Jefatura del Estado. Franco pensó que su perfil era el adecuado para «dar unidad a los servicios de Orden Público y vigilancia de fronteras, toda vez que los resortes de la tranquilidad del país atribuidos a los Gobernadores militares […] impiden en su actual funcionamiento su centralización en un organismo rector».²¹ Sin embargo, no hay que suponer que la gestión del antiguo gobernador de Barcelona en la década de 1920 fuera completamente plácida. El 20 de diciembre de 1937, la Jefatura de Seguridad Interior, dependiente del Ministerio de Orden Público, envió esta carta a Franco:

Excmo. Sr:

Viene observándose que los Comandantes Militares de las diferentes plazas entienden en los asuntos relacionados con el Orden Público, como una de las atribuciones que les están conferidas; y si ello es lógico en aquellas poblaciones guarnecidas por diferentes unidades militares sí, en cambio, pueden entorpecer la labor del Delegado Gubernativo correspondiente en aquellos puntos donde no haya guarnición.

Por ello, y atendiendo a evitar tales entorpecimientos, motivados por la dualidad de atribuciones, sería conveniente –y así me permito proponer-lo a VE – se dictase una disposición por la cual cesaran en su cometido, por lo que se refiere a los asuntos de Orden Público, los Comandantes Militares pertenecientes a lugares donde no haya guarnición²² (las cursivas son mías).

El «Generalísimo» respondió, lápiz en mano, de manera clara y contundente: «No lo considero conveniente, pues en estado de guerra el Orden Público lo tiene a cargo la Autoridad Militar». 1937, el año de la ocupación de las grandes ciudades del frente norte por el ejército franquista, el del estreno de la Auditoría de Guerra en Málaga, terminaba con la afirmación de un orden público militarizado. La entrada en contacto con el mundo urbano, con sus retos y exigencias, iba a promover nuevas reflexiones en el año siguiente. Madrid había formado parte importante del laboratorio del orden público franquista, pero la planificación de la ocupación debía adaptarse a los espacios de la ciudad.

1.3 ESPECIES DE ESPACIOS

Palacio de la Isla, Burgos. Cuartel General del «Generalísimo». Abril de 1938. Las tropas franquistas acababan de llegar al Mediterráneo, dividiendo el territorio republicano en dos. Entonces, el alto mando militar creyó llegado el momento de completar la ocupación más allá del río Ebro y también en el centro de la península. Para ello, desde este palacio se diseñaron las órdenes más depuradas hasta el momento para concretar la confluencia entre las grandes unidades militares, el servicio de Recuperación de Documentos y la Columna de Orden y Ocupación de Madrid. Y las reflexiones del año anterior, acerca de la necesidad de garantizar el mantenimiento del orden público, siguieron de alguna manera presentes en el Estado Mayor de Franco, que decidió reforzar los criterios de jerarquía. El mando de la Columna de Orden y Policía, dependiente directamente de la Jefatura de Servicios Especiales del Ministerio de Orden Público, pasó a depender de un coronel designado personalmente por Franco. Como había quedado patente en la campaña del frente norte, ahora las autoridades militares se anticipaban a los instantes posteriores a la conquista militar para

proyectar y preparar todos los trabajos de restablecimiento de la normalidad y funcionamiento de los servicios públicos y de investigación y vigilancia en todas las localidades de la Península, a medida que se vayan liberando de la dominación rojo-marxista e intervenir directamente con sus fuerzas, elementos y servicios²³ (las cursivas son mías).

Las dudas expresadas en diciembre del año anterior también quedaban saldadas. Salvo para los enlaces, que podían ser paisanos militarizados, todas las demás funciones eran desempeñadas por el Ejército, protagonista absoluto en el control y la vigilancia de las ciudades que debían ser ocupadas. Para asegurar el éxito de las acciones, la Columna disponía de efectivos de la Guardia Civil, Carabineros, Milicias y Batallones de Orden Público, así como de los de Investigación y Vigilancia, Correos y Telégrafos, Abastecimiento, Beneficencia, Sanidad, Electricidad, Agua y Transportes. Asimismo, el casco urbano de las ciudades debía ser dividido en sectores en proporción al número de habitantes para favorecer la efectividad de la acción, coordinada a través de los jefes de sector. La complejidad de las grandes ciudades era, así, asumida por los ocupantes, de dos maneras. Por un lado, el control de las infraestructuras claves en las grandes ciudades pretendía asegurar el mantenimiento del orden en los instantes posteriores a la ocupación; por otro, se hacían con los resortes del control en el espacio urbano, donde el tamaño de las tres grandes capitales que quedaban por ocupar (Madrid, Barcelona, Valencia) favorecía la extensión del anonimato. Para dejarlo claro, se insistía en que «las fuerzas militares y de los servicios de Investigación y Vigilancia quedarán a las órdenes de los jefes de Sector, para ser empleadas en el mantenimiento del orden y los servicios propios de la profesión».

A nivel operativo, la Columna de Orden reproducía los dos frentes activos con grandes ciudades a ocupar y estaba dividida en dos agrupaciones: Centro y Levante. Los mandos de cada una debían designar y distribuir los jefes de sector y una vez decididos tener informado al jefe de la columna de orden y este a la Jefatura de Servicios Especiales, para su aprobación. En el caso de Madrid, y para no restar efectivos a otros cuerpos de Ejército, la intención era aprovechar los nombramientos efectuados para la antigua Columna de Orden y Policía del año 1936 para la agrupación Centro. Los cuadros de mando tenían orden de situarse próximos a los frentes para incorporarse a los puntos donde se necesitaran sus servicios. Una vez más, la rapidez en la adquisición de «datos y antecedentes» era la preocupación central de las autoridades militares, y tanto la jerarquía como la flexibilidad volvían a ser cualidades a valorar. El coronel de infantería Emilio Mayoral Fernández fue el designado para el mando en la agrupación Centro quien, a través de reuniones diarias con los jefes de Unidad y Servicios y sus respectivos enlaces, debía elaborar diversas iniciativas de actuación. De esta forma, toda la Columna, desde el jefe a quien tenía que transmitir las órdenes, conocería los planes y los sectores donde operar. La formación heterogénea de la Columna (Milicias, Guardia Civil, Ejército, personal de Correos…) obligaba a que los efectivos adquirieran una doble instrucción, militar y técnica, para ser competentes llegado el momento de entrar en la ciudad.

La línea de actuación fundamental se basaba en la unidad de mando, donde residía la eficacia del servicio, tal y como había demostrado la ocupación de la zona norte (imagen 1.2). Para evitar esta situación, la estructura de actuación partía tanto de la jerarquía como de una detallada preparación previa: la división de la ciudad en distritos, señalando las calles que limitarían cada uno de ellos, evitaría duplicidades y abandonos. Dentro de cada sector debía haber un jefe, dependiente directamente del jefe de la agrupación «Centro». En cada sector o distrito debían actuar una compañía de la Guardia Civil y otra de asalto, junto a las milicias de los Servicios de Orden y Policía designadas para tareas de enlace, oficinas, custodia de prisioneros y un batallón de orden público. Además, se destacaba en cada distrito un jefe de Investigación y Vigilancia, asesorado por un personal técnico, a las órdenes directas del jefe de Sector (tabla 1.4). Finalmente, las tropas de la Columna tenían que entrar inmediatamente después de que las columnas de ocupación y obligatoriamente antes que ningún otro servicio para controlar todos los edificios y centros de importancia.

IMAGEN 1.2

Fuente: AGMAV, Caja 2552, Carpeta 44. Elaboración propia.

TABLA 1.4

Fuente: AGMAV, Caja 2552, Carpeta 44. Elaboración propia.

Las reflexiones del año anterior se volcaron directamente en la planificación de 1938. En primer lugar, porque el propio personal de la Columna acumulaba una importante experiencia en el control de la ciudad. Quienes iban a liderar la ocupación de Madrid habían sido destinados previamente «a Bilbao a prestar servicios por unos días, estando siempre preparados para regresar a su destino cuando se ordene».²⁴ Y, en segundo lugar, porque es posible apreciar un trasvase de funciones desde Recuperación de Documentos a la Columna de Orden. De hecho, los Servicios Especiales ya aparecían incrustados en un esquema puramente de orden público, guiado exclusivamente por militares, en una decisión del SIPM que tenía por objetivo vincular la ocupación del espacio con el control de este.²⁵ Por si no era suficiente, los jefes de sector también estaban implicados en el mantenimiento del orden público y el desarrollo de políticas activas de control en el espacio, pues eran responsables de los nombramientos de los jefes de barrio y casa:

Dependientes del Jefe de Sector, se nombrará en cada barrio una persona de reconocida solvencia a la cual quedarán subordinados los Jefes de casa (uno debidamente garantizado por cada edificio) siendo la única misión de unos y otros suministrar datos para confeccionar con toda rapidez el fichero policíaco de la Capital²⁶ (las cursivas son mías).

La estructura de control era, por tanto, un diseño militar aplicado a la ciudad y organizado jerárquicamente, que tenía planeado contar con personas de la retaguardia republicana, por lo que la colaboración del SIPM se antoja fundamental en este proceso. Esto conllevaba la posibilidad de informar sobre los antecedentes de sus vecinos con rapidez y colaborar con las autoridades en la elaboración de un fichero policial. Para evitar fugas, se proyectaron cordones de patrullas en las carreteras de entrada y salida para exigir autorizaciones firmadas por el Generalísimo o el ministro de Orden Público para transitar por los accesos a la ciudad. La división de la ciudad en sectores requería un trabajo previo para asimilar los retos no solo de ocupar el mundo urbano, también de controlarlo. Ese fue el verdadero salto cualitativo respecto a las planificaciones anteriores:

En aquellas poblaciones que por su importancia merezcan especial atención y muy particularmente en las de Madrid, Barcelona y Valencia, se procurará dividirlas en tantos Distritos como, para efectos de Censo, estuvieran ya divididas con antelación, encargándose de cada Distrito un Jefe. Para facilitar su labor al tiempo de hacerse cargo de su cometido, convendrá realizar con anterioridad un trabajo preparatorio con planos dividiendo las poblaciones en sus Distritos respectivos, y estos en barrios o zonas, para que llegado el momento, cada Jefe de Sector pueda conocer perfectamente la parte que le corresponde […].

Más allá de su representación espacial, los planos extendían una representación de las raíces de la violencia franquista a partir del ecuador de la guerra, al vincular el conocimiento del espacio con su posterior dominio. Planos que definían, por otro lado, el poder que iba a ser ejercido tras la ocupación. Una cuestión si cabe más importante al pensar el contexto de 1938 como el de un Estado en formación, en el que se estaban dirimiendo los fundamentos del orden que se iba a imponer en la posguerra.²⁷ Los sectores en que quedaban divididas las ciudades coincidían con los distritos, las divisiones administrativas tradicionales para facilitar las labores de control y coordinación (imagen 1.3).

De este modo, el cambio que se aprecia al comparar estas instrucciones con las de 1936 es fundamental. La comisaría, un espacio del poder puramente civil, dejaba de ser el eje del control urbano en favor del sector, dirigido por un militar. Antes de comenzar el asedio de Madrid la estrategia básica de control era desembarcar en las instituciones existentes. Dos años después habían cambiado muchas cosas, entre otras, el tipo de guerra que se llevaba a cabo y su finalidad. Las grandes ciudades pasarían a ser grandes núcleos militarizados a efectos de diseño e iniciativa, en los cuales los jefes de sector eran militares y a su cargo tenían un batallón de orden público (tabla 1.5). Este paisaje urbano militarizado era la expresión en el espacio del modelo de orden público pensado entre 1937 y 1938 por las autoridades franquistas. Desde el exterior de la ciudad, con los controles de carretera, al interior de esta, con los distritos controlados por batallones de orden público, la capital quedaría completamente en manos del Ejército.