Kitabı oku: «Información, participación ciudadana y democracia»

Información, participación ciudadana y democracia

Morales Campos, Estela

DR ©Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información

ISBN: 978-607-30-2702-1

Primera edición 2019

Colección: Información y Sociedad

Publicación dictaminada

La presente obra está bajo una licencia de Creative Commons by nc sa 4.0

Presentación

La relación de la información con la sociedad es fundamental, ya que tanto los diferentes grupos como los actores individuales son quienes producen esa información, y el destinatario siempre será la propia sociedad, en su conjunto o en grupos específicos, de acuerdo con la temática de oferta y de solicitud.

En consecuencia, los profesionales de la información y las instituciones que se especializan en crear, construir, organizar y ofrecer información —como la biblioteca— tienen como reto participar con la ciudadanía. El objetivo al respecto es construir espacios, programas, servicios, productos y actividades que permitan a los ciudadanos de todas las edades, los estratos sociales y actividades, tener acceso a una información que desarrolle una actitud crítica, propositiva y constructiva que vaya formando ciudadanos que construyan ambientes de vida bajo principios y condiciones que fortalezcan dinámicas democráticas para disfrutar, trabajar, estudiar y convivir entre individuos y gobiernos, y entre fenómenos y circunstancias sociales, políticas, culturales y económicas.

En el campo de la información, sea académica, social, popular, científica, política, histórica, etcétera, entre el que genera la información, el que la ofrece y el que la demanda y la utiliza, se establecen compromisos éticos o de convivencia consensuada a fin de vigilar, procurar y cuidar la imparcialidad y veracidad de la información.

En nuestros días, existe una preocupación especial en estos aspectos dada la facilidad con la que proliferan las noticias falsas o parcialmente falsas que se generan en todas las esferas que envuelven el desarrollo del ser humano. Así, los especialistas de la información, la biblioteca y todos sus similares se convierten en actores activos, enfocados en diseñar servicios atractivos que inviten al ciudadano a usar información, a verificar no sólo su utilidad sino su veracidad, y aprender a interpretarla en contexto, y no fuera de él, circunstancia que facilita su manipulación.

La información, en nuestros días, es un insumo fundamental de toda actividad, consciente o inconsciente, que realiza el ser humano; es parte inseparable de cualquier desarrollo tecnológico que se ofrece para las tareas sofisticadas o cotidianas que realiza “el gran público”: todos los usuarios que, de acuerdo con legislaciones políticas de cada país, en un momento dado actúan como ciudadanos y participan en diferentes actividades políticas, económicas, culturales e históricas, entre otras, que les permiten formar parte de la vida pública de su entorno para construir la vida en comunidad y seleccionar el entorno normativo de vida privada y los lazos de interacción con la esfera pública.

Relacionar la información con los ciudadanos y la ciudadanía es fundamental tanto en nuestro entorno local como global, considerando que la categoría de ciudadano se refiere a un hombre o una mujer que pertenece a un grupo social estructurado políticamente, lo que le permite participar en asuntos económicos, sociales o de gobierno, entre otros, de su Estado o de su país, y para lograrlo de forma asertiva necesitamos informarnos y tener los conocimientos requeridos.

La ciudadanía generalmente tiene especificados sus derechos, pero también sus obligaciones. Normalmente hay una edad establecida en la que, de acuerdo a su madurez, puede ejercer sus derechos y ser responsable de sus obligaciones. Estas cualidades se desarrollan de forma plena sobre todo en sociedades democráticas. Tener un gobierno democrático y vivir en una sociedad que facilite la participación de todos sus habitantes —donde se pueda elegir a gobernantes, órganos de gobierno y formas de vida en comunidad, y donde se tomen decisiones en cualquiera de los asuntos al respecto— requiere de información de todo tipo: académica, social, pública, cultural y popular, entre otras. Se trata de una información registrada en medios formales como libros, revistas, medios digitales o soportes más populares, como las redes sociales y otros de gran popularidad entre jóvenes y no tan jóvenes. Lo importante es que el usuario encuentre de manera fácil y expedita la información, los datos que le resuelvan sus dudas, su curiosidad, sus necesidades.

Dadas las innovaciones cotidianas que superan la velocidad, la capacidad y la especificidad que nos ofrecen las TIC, siempre hay que diseñar un menú de servicios de información. Buena parte de éstos los ofrecen medios comerciales y redes al alcance de un teléfono móvil o de softwares que le permiten a un niño o un joven penetrar a datos muy específicos y a la combinación de algoritmos que resuelven problemas de investigación o de operación práctica.

Conviviendo con esa realidad tecnológica y comercial está la biblioteca, institución social que debe ofrecer a sus usuarios todas las facilidades que optimicen la accesibilidad a la información pertinente para una solicitud específica, con un plus de calidad, pertinencia y veracidad; es decir, la biblioteca, además de la tecnología, cuenta con colecciones de primer y segundo nivel que le permiten llegar a la especificidad que requiere un ciudadano, un usuario y, de ese modo, autentificar la veracidad y actualidad de las fuentes ofrecidas y evitar y eliminar lo más posible las noticias falsas o parcialmente verdaderas. La biblioteca y el bibliotecario siguen siendo elementos fundamentales para relacionar a los habitantes de un país con el uso de información a fin de evitar la improvisación en la toma de decisiones y propiciar su participación en resoluciones que afectarán su vida en lo individual y en lo colectivo.

En la obra que hoy presentamos, hemos buscado relacionar el uso del espacio, el tiempo y las características de vida con la información como elemento fundamental para tener una ciudadanía informada con acceso al conocimiento que construya una sociedad en un ambiente democrático. Dicho entorno permitirá establecer una forma de vida que le garantice principios básicos de respeto al ser humano; un ambiente de libertad de pensamiento y de acción que incluya y admita las diferencias y que, al potenciar las coincidencias, logre una convivencia donde la pluralidad, la diversidad y la inclusión construyan democracias que definan normas que faciliten una vida en armonía.

La relación entre información y ciudadanía fue abordada desde una perspectiva teórica y focalizó el tema en la ciudadanía digital, ya que tanto los jóvenes como los ciudadanos con más experiencia y facilidades de acceso a un equipo tecnológico (móvil o de escritorio, con posibilidades tecnológicas más elaboradas) ven como primera opción acceder a la información de manera digital. Por otro lado, se tiene especial interés en ofrecer una mirada del tratamiento de la información y la conceptualización de ciudadanía en América Latina. Se ha considerado como un complemento importante para la participación activa de un grupo social mencionar algunos aspectos que impactan el uso de la información por la ciudadanía, sobre todo cuando la oferta en aspectos políticos no es cuidadosa ni comprometida con la veracidad, la objetividad y la imparcialidad. Otros elementos considerados que enriquecen la participación ciudadana, presencial y digital son la desinformación, la censura y la infodiversidad.

Estas variantes son analizadas en un primer apartado, “Información y ciudadanía”, y son abordadas desde enfoques y experiencia diferentes por Alejandro Ramos, Graciela Técuatl, Estela Morales y Jonathan Hernández.

En la actualidad, un medio proveedor de información que permite una relación interactiva de retroalimentación casi inmediata entre proveedor y receptor son las redes sociales, aunque no necesariamente sean la vía más confiable en cuanto a información verificada, contenido y calidad de sus fuentes. Los ciudadanos demandan información para apoyar su toma de decisiones en aspectos políticos o para fortalecer su actuación en un ambiente democrático, o para reforzar un gobierno sobre bases democráticas que propicien la participación ciudadana en libertad, con bases de igualdad y de inclusión. Por lo tanto, las plataformas de tecnología digital, que cada día son más poderosas y sofisticadas, deberán estar comprometidas con los contenidos y facilitar que la información que compañías comerciales, instituciones educativas y de investigación puedan ofrecer al ciudadano y lo ayuden a construir su entorno local y cercano, así como sus interrelaciones con el mundo global.

El segundo apartado, “Redes sociales”, responde a la actualidad de diferentes aspectos del tema, como pueden ser los movimientos sociales que han generado los usuarios a partir del uso y la comunicación apoyados en estructuras tecnológicas. También es tema de estudio la relación de las redes sociales con la libertad de expresión, y la relación de esas redes con las bibliotecas como proveedoras de información. Asimismo, se ofrece un análisis de cómo el uso masivo de las redes sociales por los usuarios ha obligado a una reconfiguración de algunos servicios de las bibliotecas. Un tema que va a conjuntar las redes sociales con los flujos de información, sobre todo cuando se trata de información política o de crítica social, son las caricaturas y los memes. Se complementan estos aspectos con un trabajo de campo, un análisis del uso de las redes sociales por las bibliotecas que forman un subgrupo de bibliotecas universitarias. Aquí participan Hugo Alberto Figueroa, José Alfredo Verdugo, Johann Pirela, Jesús Francisco García, Celia Mireles y Eugenia de los Ángeles Ortega.

“Información pública”, la tercera sección del libro, es un aspecto obligado cuando estudiamos la información como un insumo que alimenta la democracia como gobierno, como participación del pueblo, de niños, jóvenes y adultos. La información pública es analizada desde su organización, su disponibilidad y, por supuesto, su uso. Por ello, le dedicamos un espacio a algunos casos que nos ilustran este tema, como la infodiversidad en la construcción de programas públicos para diferentes necesidades, como en nuestros días pueden ser la violencia y la delincuencia; la información pública para estimular la inclusión social a partir de los ciudadanos. Esta información en nuestros días también usa los canales que le son más cercanos a la ciudadanía por su facilidad de uso y cotidianidad. En este apartado contamos con la participación tanto de colegas colombianos como de miembros del Seminario que enriquecieron el trabajo académico de esta obra: Fidel González, Nelson Pulido, John Abril, Diana González y Alfredo Menéndez.

Cerramos esta obra con un tema que no puede estar fuera cuando trabajamos con información: “Bibliotecas y democracia”, donde se abordan capítulos sobre el bibliotecario como influencer; la cooperación entre bibliotecas, las bibliotecas académicas como discriminadores de la ciencia e información falsa y la biblioteca e información de calidad. Las participaciones de esta sección estuvieron a cargo de Rosa María Martínez, José de Jesús Hernández, Javier Tarango, Daniel Machin-Mastromatteo, José Romo y Jaime Ríos.

Como es característico y obligado en nuestro Seminario, el presente libro es producto de un trabajo colectivo que se construye día a día en reuniones cerradas donde se discuten los temas que cada miembro desarrolla, así como el grado de avance que nos permita llegar a su presentación final. Además, se logró retroalimentación de cada uno de los participantes en dos reuniones abiertas a todo público en 2018: una en la Universidad Autónoma de Chihuahua, dentro de la XL Semana del Humanismo, y la otra en Bogotá, en el marco del XVI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Sobre América Latina y el Caribe (SOLAR), en la Universidad Nacional de Colombia. Agradecemos al doctor Javier Tarango Ortiz, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y al maestro Rubén Ruiz, director del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe (CIALC-UNAM) por las facilidades y el apoyo otorgado en dichas reuniones.

Estela Morales Campos

Información y ciudadanía

Información y ciudadanía
Obtención de información y participación política: una perspectiva de la ciudadanía digital

Alejandro Ramos Chávez

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

La información resulta esencial para una correcta participación política en dos vías distintas de análisis; por un lado, nos puede servir para una mayor y mejor vinculación con los asuntos de interés público; por otro, con información la ciudadanía puede guiar de mejor forma su razonamiento para, entre otras cosas, la elección de representantes públicos. Lo anterior, que de cierta forma pudiera parecer evidente, se complejiza si se toman en consideración los canales por los que con mayor frecuencia los ciudadanos están obteniendo información para la formación de su participación social y política.

En este sentido, el uso de Internet y, de forma específica, las redes sociales digitales, se están consolidando como lugares comunes tanto para la obtención, como para el enriquecimiento e intercambio de información que va generando posturas políticas en la ciudadanía y opinión pública. Esto, que de cierta forma es positivo desde la perspectiva de la facilidad de acceso a la información relevante por un gran número de ciudadanos, también tiene un aspecto que resulta conveniente analizar de forma más cautelosa. Este aspecto es el relacionado con la calidad y la veracidad de la información que la ciudadanía está obteniendo y utilizando para llevar a cabo su ejercicio ciudadano.

En este contexto, resulta cada vez más común escuchar términos como “posverdad”, “fake news” o “verdades alternativas”, que, con diferentes matices, se refieren tanto a los discursos políticos como al contenido noticioso no apegado a la verdad, sino a contenidos dudosos o definitivamente desapegados de ésta. El riesgo más importante es que gran parte de la ciudadanía se está formando una opinión pública a partir de esa información no apegada directamente a la verdad, por lo que su propia participación también resulta sesgada, manipulada y hasta cierto punto desvinculada de la información verificada.

Tomando en consideración este contexto, el presente documento estará dividido en tres apartados generales. En el primero, se intenta asentar una definición general de ciudadanía con el objeto de tener un mejor entendimiento de un aspecto específico de ella: la ciudadanía digital. Posteriormente, se analizan algunos estudios a nivel nacional e internacional que han abordado el tema de los usos de internet y de las redes sociales para la formación de opinión pública y participación política. Finalmente, se elaboran algunas reflexiones finales a manera de conclusión.

Aspectos sobre la ciudadanía y la ciudadanía digital

Entrando al primer apartado es oportuno rescatar algunas nociones generales de la idea de ciudadanía que nos permitan sentar las bases con las cuales construiremos el concepto de ciudadanía digital. En primer momento, podemos relacionar a la idea de ciudadanía tanto con los derechos, así como con las obligaciones de las personas por habitar en un Estado-Nación. Esta visión que predominó por muchos años la idea clásica de ciudadanía (Marshall 1997) avanzó hacia el entendimiento de la misma en función no solo de los aspectos atribuidos por los Estados a los individuos, sino por aspectos relacionados con la injerencia de los propios individuos para con el Estado. En este sentido, se concibió a la ciudadanía como un actor participativo y de peso para la toma de decisiones públicas no exclusivas con la elección de representantes públicos (O’Donnell 1993, 1994; Vieira 1998).

Estos antecedentes no resultan menores, sino que significaron un cambio de paradigma en el cual el gobierno era el único actor facultado, capacitado o responsabilizado del desarrollo de los asuntos públicos; por el contrario, con este cambio la ciudadanía se aprecia como un actor más vinculado con la toma de decisiones (Fleury 2005; Lechner 2000). Lo anterior está más relacionado con la idea de gobernanza en cuanto a la coordinación de actores para la toma de decisiones públicas (Aguilar-Villanueva 2006, 2007; Dasí 2005; Farinós 2005; Natera Peral 2004). En este sentido, podemos definir a la gobernanza como:

[…] una dirección descentralizada en redes horizontales de organizaciones mixtas público-privadas […] La gobernanza en esta vertiente, consistió en considerarla como la construcción de un consenso horizontal crítico de las jerarquías. Lo anterior permitió concebir las instituciones como redes de decisiones horizontales que pusieron en cuestión las instituciones y organismos centralizados (Torres y Ramos 2008, 78).

Sin embargo, es oportuno mencionar que para que estos dos enfoques de la idea de ciudadanía (tanto el apegado a derechos y obligaciones como el participativo) funcionen correctamente, resulta esencial la información, pues con base en ella la ciudadanía tendrá los elementos fundamentales para que la participación resulte congruente con la dimensión y el peso de las decisiones. En este sentido, se puede vincular la idea de la calidad de la información con la calidad participativa de la ciudadanía y en general con la democracia.

Ahora bien, si se parte del supuesto de que a lo largo de la historia ha existido de cierta forma una manipulación de la información tanto en los discursos políticos como en los medios tradicionales de la información, estos fenómenos se han visto fuertemente acentuados con la utilización de internet y de las redes sociales digitales para la formación de opinión pública.

Por tanto, conviene en un primer momento hacer una pausa para intentar definir los conceptos que son utilizados constantemente en este trabajo: ciudadanía y ciudadanía digital. Esta tarea no sencilla pues son conceptos que se encuentran en constante cambio y evolución, como lo puede ser en un primer momento la evolución y masificación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es por esto por lo que algunos autores (Bernete 2013) han argumentado, por ejemplo, que:

[…] el concepto de ciudadanía digital dista de ser inequívoco. El mismo concepto de ciudadanía tampoco lo es del todo, en tanto que remite a una condición legal, en sentido estricto, pero también al hecho de vivir en una comunidad de personas […] En cuanto al término digital se ha popularizado tanto y ha adquirido tantas acepciones que ya resulta difícil reconocerle un significado (Bernete 2013, 167-68).

En este contexto, se considera pertinente rescatar la definición de ciudadanía que la define como:

[…] la condición de reconocimiento de los individuos en su carácter público que, por su pertenencia a una comunidad determinada, les permite ejercer derechos políticos, sociales y económicos, así como la capacidad de intervenir en el desarrollo e incidir en el rumbo de la política de esa comunidad. Se debe también advertir de las desigualdades y las situaciones de vulnerabilidad y atraso de una parte importante de la sociedad y cómo ésta lleva a cabo los elementos atribuidos a la idea del ejercicio ciudadano (Ramos 2019, 147-48).

Por otro lado, la idea de ciudadanía digital podría partir de esta definición general de ciudadanía haciendo énfasis en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente el Internet, para llevar a cabo esos procesos de ejercicio de sus derechos, obligaciones y participaciones utilizando las herramientas digitales. En este punto podemos diferenciar al ciudadano digital del que no lo es tomando en consideración si se utilizan estas tecnologías para llevar a cabo los procesos ciudadanos o no. Por tanto, una definición de ciudadanía digital sería la que la describe como el:

[…] conjunto de prácticas políticas y ciudadanas que de una forma u otra tratan de modificar y/o incidir en las instituciones, a través del uso de medios y tecnologías que tienen como característica la digitalización de sus mensajes y contenidos, como por ejemplo internet, pero también con otras tecnologías de información y comunicación (las llamadas TIC) (Natal, Benítez y Ortiz 2014, 9).

Bajo esta última definición, la noción de ciudadanía no sólo se quedaría supeditada a los espacios democráticos establecidos gubernamentalmente para su participación, sino que se aprecia una capacidad propia de ciudadanía de poder modificar el rumbo de las instancias públicas mediante la información y organización de acción colectiva que le ofrecen las posibilidades del uso de las tecnologías digitales.

Por tanto, una de las cuestiones interesantes de conocer sobre estos nuevos escenarios en los que se puede llevar a cabo la vida política de la ciudadanía sería la relacionada con ubicar “los indicadores, variables y tipos de procesos (que) inciden en la apertura de dinámicas de desenvolvimiento con participación de la población a través de las nuevas tecnologías” (Sierra 2013, 30). Es decir, de ubicar las potencialidades de la acción colectiva generada con la utilización de las tecnologías en principalmente cuatro vertientes:

 - Las formas de apropiación social por las comunidades locales de estos nevos equipamientos tecnológicos.

 - Las estrategias y buenas prácticas de producción y generación de contenidos compartidos en el ciberespacio.

 - Los usos y la aplicación productiva de las nuevas tecnologías de la información en procesos de desarrollo comunitario.

 - Las tipologías y experiencias creativas de participación ciudadana en el entorno digital (Sierra 2013, 31).

Un punto más que se podría incluir a estas grandes vertientes, sería la calidad de la información que se está generando, reproduciendo y consumiendo desde estos espacios digitales para la creación de opinión pública y participación social. En este sentido, se ubica a la propia información, y su calidad, como un pilar esencial en el conocimiento de las potencialidades y oportunidades, pero también de las problemáticas y limitaciones que ofrecen los medios virtuales para la oportunidad de generar cambios sociales amplios.

En términos generales, con el uso ciudadano de las tecnologías de la información y comunicación se abre hoy un espacio de inclusión de un sector de la población que utiliza constantemente esos medios digitales para llevar a cabo diversos aspectos de su vida diaria. Lo anterior no se refiere a que cualquier persona que utilice esas tecnologías es en automático un ciudadano digital, pues para serlo se necesitaría que la misma persona llevara a cabo procesos ciudadanos a través de esos canales (informarse, intercambiar opiniones, organizarse, emitir puntos de vista, generar acción colectiva, etcétera). De lo que se trata es más de la posibilidad de inclusión que representa para todas aquellas personas que, aun no usando las tecnologías para estos propósitos, puedan llevarlos a cabo a corto o mediano plazo.

Por tanto, las principales ventajas de la utilización de estas tecnologías digitales para el fomento de las actividades ciudadanas radican principalmente en tres aspectos. El primero de ellos está relacionado con la amplia ventana de oportunidades para informarse, intercambiar y enriquecer información tanto para el conocimiento de las problemáticas locales, nacionales o mundiales, como para la generación de opinión pública. Las otras dos están muy bien ubicadas por Contreras (2013) y son relativas a los procesos deliberativos que se pueden dar mediante la creación y promoción de espacios públicos en línea que revitalicen el enriquecimiento de la opinión pública desde un contexto de convivencia virtual; así como el relacionado con los valores de la propia participación, que puede incitar directamente a la movilización y acción de los ciudadanos en el mundo real.

Lo anterior es relevante al entender que la participación y acción colectiva que se puede gestar desde estos espacios virtuales puede quedarse en el plano meramente digital online, pero también puede trascender el mundo digital y tener expresiones en escenarios no virtuales o reales offline. Con ello no se pretende decir que alguna de esas manifestaciones, la online y la offline, sea más o menos importante que la otra, sino de ubicar las posibilidades y potencialidades de la participación que se puede dar con la utilización de las tecnologías. Ejemplos muy claros de las potencialidades de uno y otro de estos espacios pueden verse tanto en la viralización de contenidos que hacen insostenible una determinada situación política y que siendo ejercidos únicamente desde el espacio virtual, impactan las trasformaciones o los cambios en el comportamiento político; o las movilizaciones que teniendo en un primer momento el encuentro y la organización en Internet, puedan gestar movilizaciones sociales reales, como las acontecidas en México con el movimiento Yo Soy 132, del año 2012, o el caso del movimiento estudiantil chileno y su marcha más emblemática, conocida como “la marcha de los paraguas”, del año 2011.

Tomando en consideración estas perspectivas teóricas, resulta pertinente conocer con mayor detalle los usos que la ciudadanía está haciendo de las tecnologías digitales, el Internet y las redes sociales digitales. En este sentido, conviene analizar algunos estudios que brinden luces acerca de las potencialidades que de estas tecnologías se están desprendiendo para un mejor involucramiento ciudadano con el acontecer de los asuntos públicos. Estos elementos serán considerados en el siguiente apartado de este trabajo.

Obtención y uso de información en internet para la participación política

En este apartado del trabajo, se analizan algunos estudios de distintos países que han intentado medir el uso de las tecnologías por parte de la ciudadanía. Estos estudios, a la par de brindar un contexto más general de la situación del uso de las tecnologías digitales por parte de la ciudadanía, pueden mostrar las grandes asimetrías aún existentes entre las naciones en esta temática.

En algunas latitudes incluso se ha llegado a demostrar la saturación en la adaptación de los medios digitales por parte de la ciudadanía. Este es el caso de Estados Unidos de América, donde aunque en el pasado reciente se hablaba aún de un crecimiento exponencial en el número de usuarios de las tecnologías digitales, ahora se mantienen cifras que demuestran una estabilidad, e incluso retroceso, en el número de usuarios de computadoras, portátiles, tabletas y teléfonos celulares. Ejemplo de ello es que los adultos usuarios de internet, redes sociales, o dueños de un dispositivo para conectarse, ha sido casi idéntico entre el 2016 y el 2018; los individuos que poseen conexión de banda ancha han cambiado apenas del 65 por ciento en 2016 a un 67 por ciento en 2018, y finalmente, los dueños de algún dispositivo para conectarse se han mantenido muy parejos, e inclusive en el rubro de poseer una computadora de escritorio o portátil ha bajado de un 78 por ciento en 2016 a un 73 por ciento en 2018, mientras que la posesión de tabletas ha crecido de un 51 por ciento en 2016 a un 53 por ciento en 2018 (Hintlin 2018).

Ejemplos como el anterior pueden demostrar que en algunos países se ha llegado a una cobertura muy amplia en la adopción de los medios digitales por parte de la ciudadanía, por lo que inclusive se podría sostener la existencia de una saturación en cuanto la adopción de esas tecnologías, aunque también debemos considerar que el simple hecho de conectarse no implicaría directamente de conectarse con fines políticos o sociales. Lo que parece ser verdad es que en algunos casos ya no quedan márgenes para ampliar el número de usuarios. Ejemplo de ello es que nueve de cada diez adultos menores de cincuenta años menciona que ya se conecta a Internet, tiene o frecuenta alguna red social y además es dueño de algún dispositivo para conectarse (Horrigan y Duggan 2015).

En este contexto, también resulta pertinente mencionar que, para el caso también de los Estados Unidos de América, las personas que no se conectan no lo hacen necesariamente por estar en situaciones de marginalidad o pobreza. Estudios demostraron que gran parte de esas personas que no utilizan el Internet no lo hacen por causas de funcionabilidad en sus vidas; en este sentido, un estudio liderado por Zickuhr (2013) demostró que:

 El 34% de los no usuarios de Internet piensan simplemente que no es relevante su uso para ellos, argumentan su no interés a utilizarlo por simplemente no necesitarlo.

 El 32% de los no usuarios mencionan que no lo usan por razones relacionadas con ideas de que internet no es muy fácil de utilizar. Este grupo de no usuarios mencionan lo difícil y en algunos casos lo frustrante que resulta el estar en línea, simplemente porque no pueden físicamente hacer uso de las tecnologías o por las problemáticas de seguridad asociadas a su uso, como lo son los problemas de spam, software espía y los piratas informáticos.

 El 19% de los no usuarios de internet mencionaron el costo elevado ya sea para adquirir algún dispositivo para conectarse, o bien, por el elevado costo de la conexión a internet.

 Finalmente, el 7% de los no usuarios de internet hicieron referencia a una falta física de disponibilidad o acceso a internet (Zickuhr 2013, s.p.).

Lo anterior contrasta con otros países en los cuales sí se puede apreciar una brecha de acceso y capacidades para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y más aún si nos enfocamos en regiones como Latinoamérica, la cual ha sido descrita por algunos estudios como la región más desigual del mundo (Burchardt 2012; Fleury 2005; Organización de las Naciones Unidas 2012; Organización de los Estados Americanos 2014).

Otro caso interesante para tomar en cuenta es el de España, en donde estudios (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 2017; Navarro y Juárez 2011) han intentado mostrar la importancia del uso de Internet como una herramienta fundamental tanto para la búsqueda como para la obtención de información por parte de los jóvenes en la actualidad para la búsqueda y obtención de información en ese país.

Otros estudios de España (Navarro y Juárez 2011) en los cuales se ha tomado en consideración a principalmente tres dimensiones de análisis (1. usos, 2. percepciones y 3. uso específico de redes sociales) han demostrado, siguiendo una entrevista a jóvenes que utilizan internet, que un 69.7 por ciento de los jóvenes entrevistados utilizan Internet para obtener información para sus estudios o su trabajo, y un 59.2 por ciento lo utilizan como fuente de información sobre algún tema de interés, incluido el político. Con relación a las percepciones sobre la importancia del uso de Internet, el 81.8 por ciento mencionaron que el Internet los ayuda fundamentalmente a estar enterados sobre los acontecimientos que ocurren; un 80.2 por ciento mencionó que Internet les permite obtener información necesaria para sortear muchas actividades de su vida diaria. Finalmente, relacionado con el tema específico del uso de las redes sociales digitales, ha quedado de manifiesto que la principal actividad que le dan a éstas los jóvenes españoles es comunicarse con amigos y conocidos, con un 79.5 por ciento de las menciones.

Lo anterior ejemplifica con claridad que el simple hecho de usar las redes digitales no necesariamente está vinculado con su uso para la información o participación política, sino que en muchos de los casos se queda en el mero encuentro de contactos sociales. En segundo lugar, con un 66.6 por ciento de las menciones, se encuentra una actividad de actualización sobre las actividades de sus contactos, sin que necesariamente medie por ello la necesidad de intercambiar mensajes con ellos. Finalmente, con un alejado 27.8 por ciento de las menciones, se encuentra una parte de jóvenes que sí están interesados y utilizan las redes sociales digitales con el objeto de obtener, consultar o enriquecer información sobre un tema en específico. En este último rubro de análisis se encuentra el grupo de sujetos que interesa más para este trabajo, pues el uso de las redes no se circunscribe con exclusividad a las actividades de amistad y de contacto, sino que sobrepasa éstas y se acerca más a actividades de información para, en un determinado momento, actuar o estar más informado sobre un tema o cuestión específica.

Los resultados de este estudio pueden disentir de cierta forma con los resultados de la investigación llevada a cabo por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (aimc 2017), que tenía el objetivo de conocer los principales usos que se les está dando a las redes sociales en España. En este contexto, en un estudio que tomó en consideración una muestra de 15252 usuarios de Internet, se encontró que un 44.1 por ciento de la muestra sólo revisaba información de la prensa en versión electrónica, sobre un 7.5 por ciento que sólo lo hacía en versiones impresas o por otros medios tradicionales; además de un 35.2 por ciento que lo hacía por ambos medios y un 12.9 por ciento que mencionó que no consultaba la prensa por ningún medio. Estos datos muestran la gran importancia que están adquiriendo las redes sociales digitales para informarse en aquel país, pues a grandes rasgos muestran que ocho de cada diez personas están consultando Internet, y de forma específica las redes sociales digitales, con objeto de obtener información para estar al día de los asuntos públicos en España.

Este último estudio también destacó el considerable aumento de la importancia que las personas le dan al teléfono celular, pues mostró que mientras en 2011 un 21.7 por ciento de los entrevistados argumentó “no poder vivir sin móvil”, la cifra aumento a un 47.1 por ciento para el año 2017. Finalmente, otro elemento a destacar del estudio del aimc es que dio cuenta de que un 80.3 por ciento de los entrevistados revisan constantemente sus redes sociales, lo que evidencia una constante interacción con las mismas.

Como se puede apreciar hasta el momento, existen grandes esfuerzos en varios países para conocer con mayor claridad el uso que los individuos están haciendo de estas tecnologías en diferentes aspectos de sus vidas. México no ha sido la excepción y se han llevado a cabo estudios muy interesantes que han intentado ilustrar las características y formas en las que los individuos están usando las tecnologías y, de forma específica, conocer los procesos específicos de información a través de estas. Un ejemplo de ello es el trabajo denominado “Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México”, que en su edición más reciente (2018) también proporciona datos interesantes sobre el tema particular de la relación que los individuos consideran que existe entre el Internet y la democracia.

En este sentido, el estudio comienza brindando datos del considerable crecimiento en el número de usuarios de Internet en el país, el cual ha pasado de 20.2 millones de usuarios en el año 2006, a 70 millones diez años después; es decir, para el 2016 (Asociación de Internet.mx 2018). Esto significó un incremento del 246 por ciento de usuarios en diez años, con un 63 por ciento de penetración en población mayor a seis años. Estos datos, que fueron obtenidos aplicando una muestra de 1626 entrevistas, arrojaron datos interesantes en cuanto al tiempo de utilización y los principales usos que se le da al Internet en nuestro país. El estudio demostró que los usuarios de Internet en el país lo utilizan un promedio de ocho horas con un minuto al día, y quedan muy atrás otras actividades que en el pasado ocupaban gran parte del tiempo de información y ocio de las personas, como ver la televisión, que en la actualidad se hace en un promedio de tres horas con tres minutos al día, o escuchar la radio, con dos horas con cincuenta minutos.

Un elemento que también fue abordado en este estudio y que resulta pertinente destacar en este trabajo, es el relacionado con el vínculo entre el uso de Internet y la profundización de los valores democráticos en el país. En este sentido, un 60 por ciento de la muestra indicó estar de acuerdo en que el Internet acerca a los individuos con los procesos electorales, democráticos y políticos del país. Lo anterior se traduce en que seis de cada diez entrevistados mencionó estar de acuerdo en que en definitiva el Internet los ha acercado de alguna forma con los procesos electorales del país, ya sea mediante información de procesos electorales para conocer sus derechos, como por medio de plataformas políticas de los partidos políticos y los candidatos a ocupar puestos de representación social. En términos generales, un 92 por ciento de las personas entrevistadas en este estudio argumentó sobre la importancia de la información que se puede obtener por estos medios, relacionada con temas políticos y de forma específica electorales; misma información que les ha servido en gran medida para llevar a cabo los procesos ciudadanos relacionados con el conocimiento de sus deberes y sus derechos democráticos.

También en este estudio resulta interesante el apartado destinado a entender las problemáticas a los que se enfrentan los individuos para una mayor utilización de estas herramientas digitales. En este sentido, las problemáticas relacionadas con las barreras de acceso al Internet se relacionan con la relativa poca oferta del servicio en algunas zonas del país; con los costos de los servicios, que aún resultan muy elevados, así como con la falta de capacidades y conocimientos individuales que frenan las potencialidades de uso las tecnologías.

Tomando en consideración todas estas cifras, parece revelador lo que ya predestinaba Rubio (2000) hace casi dos décadas, cuando argumentaba que:

[…] son tantas las posibilidades que la red ofrece desde la óptica de su utilización política, que hacen previsible para la misma un prometedor futuro. Desde su uso como mecanismo de publicidad, dirigida a un número cada vez más creciente de usuarios, o su empleo como mecanismo de obtención de fondos y movilización de voluntarios, hasta las enormes potencialidades derivadas de las notas definidoras de la misma -universalidad, instantaneidad, gratuidad e interactividad-, son muchos los argumentos que se brindan a los analistas en prospectiva y a los futurólogos, para que puedan presentar a la red como el gran descubrimiento llamado a revolucionar el mundo de la política (Rubio 2000, 288).

Sin bien es cierto que estas visiones futuristas de lo que hoy ha llegado a convertirse la utilización de internet con fines políticos son altamente positivas, pues vislumbran mejores escenarios tanto para la obtención de información, como de participación directa de los individuos en los asuntos públicos, también en esos años había algunos autores críticos y un tanto escépticos a las bondades del uso de la red con fines políticos. Tal es el caso de Calvo Poch, quien persuadía mencionando que:

[…] algunos pregoneros del nuevo mundo han querido ver en el uso de Internet y las nuevas tecnologías una posible ventana al directismo o ciberasamblearismo. ¡Qué error! Se puede y se debe ser crítico con nuestro sistema de gobierno, la democracia representativa, con el objetivo de mejorarla y perfeccionarla, pero no para combatirla. Quien predice que son las nuevas tecnologías las que permiten fórmulas de participación directa se arriesgan en exceso al abismo de lo desconocido. Por otro lado, no era necesario esperar a Internet para poseer instrumentos que permitieran la proliferación de consultas o refrendos. Tampoco el ejercicio de imaginación, que nos obliga a realizar la aplicación de las nuevas tecnologías a la democracia, nos debe llevar a la política-ficción. Por gratificante que nos resulte. Tenemos que contener el impulso de emprender acciones apresuradas, aunque sea importante que empecemos a pensar en el futuro. No sería difícil hacer un ejercicio de política-ficción sobre cómo la democracia directa en una sociedad altamente tecnificada podría derivar en una tecnocracia totalitaria. La democracia directa de la ciudad ateniense no es extrapolable a la ciudad, aldea, global, entre otras muchas razones porque el acceso a la información y, sobre todo, su control y difusión, no se producen de la misma manera (Calvo Poch 1999, s.p.).

Efectivamente, el acceso, el control, la difusión y la producción de la información no se llevan a cabo de la misma forma. En la actualidad, los medios digitales con la utilización de las redes sociales digitales alcanzan más rápido a las audiencias de la información que los canales tradicionales que se utilizaban hace años. En este contexto, estos canales digitales están más relacionados con la formación de opinión pública que los medios tradicionales como la radio o la televisión.

Por lo anterior es muy pertinente preguntarnos cómo mejorar la calidad y veracidad de la información que los individuos están obteniendo de internet, y que les permite tanto formarse una opinión pública, como participar de forma directa en el devenir de los asuntos de interés de lo público. En este sentido, no resulta ocioso rescatar algunas de las iniciativas que han surgido con objeto de intentar brindar certeza sobre la información que se está “consumiendo” de la red. De forma específica, se pueden rescatar los esfuerzos de verificación que, para el caso nacional, tienen una reciente fecha de existencia.

Un primer ejercicio de verificación de información fue llevado a cabo en nuestro país a partir de los efectos de los sismos de septiembre del año 2017. Verificados19S surgió, según sus propias palabras

[…] ante la emergencia humanitaria provocada por el terremoto del 19 de septiembre, un grupo de activistas, periodistas y programadores decidieron reunirse en el Centro Cultural Horizontal para buscar formas de verificar la información que aparecía en medios de comunicación y redes sociales. Con la colaboración inicial de programadores, desarrollamos un mapa y una base de datos colaborativa que actualmente es la plataforma más certera, más actualizada y más visitada de datos sobre el terremoto.(https://verificado19s.org/sobre-v19s/)

Esto lo llevan a cabo implementando una estrategia que intentó corroborar sobre el terreno la información que iba surgiendo después del desastre natural, lo que generaba una especie de veracidad de la información que aparecía de forma masiva en las redes sociales digitales.

Lo anterior tuvo una réplica en cuanto a la información que aparecía en las redes sociales sobre el proceso electoral a la presidencia de la República en las elecciones de junio de 2018. “Verificado2018” inició una comprobación de la información, así como en la identificación de información directamente falsa. El grupo creador definió las noticias falsas como

[…] un hecho que nunca ocurrió, pero que se distribuye como noticia verdadera para generar confusión o engañar al lector. Es la información que ha sido sacada de contexto: el protagonista no dijo lo que se interpretó en la noticia publicada. Es material manipulado. El hecho ocurrió, pero se distorsionó el mensaje original, las imágenes del evento o la declaración del protagonista para dar un mensaje particular (https://verificado.mx/que-es-verificado-2018/).

El proceso de verificación de la información de esta plataforma consistió en revisar la fuente de la publicación; es decir, identificar a su autor, la fecha de su publicación, las características específicas de los hechos y la relación que guardaba esa información con otros medios de información. Posteriormente, se contrastaba la información con otros datos y hechos; se buscaban otras fuentes sobre la noticia, se revisaba la información estadística y se consultaba a especialistas sobre la temática. Con lo anterior se clasificaba las noticias como “verdadera”, “falsa”, “engañosa” o “no se puede probar”. Esta clasificación aparecía incluso en las páginas electrónicas de los diarios de mayor circulación del país.

Con todas las problemáticas que se le pueden asociar a este tipo de movimientos, se considera que fueron pertinentes y sirvieron como una herramienta que validaba la información que circulaba por Internet y las redes sociales. En este sentido, se considera que son dos las principales virtudes que tuvieron en su origen este tipo de movimientos “verificadores”. En primer lugar, se constituyeron como espacios de consulta sobre la información política del proceso electoral de ese año, lo que de cierta forma ayudó a la ciudadanía (o por lo menos a aquella parte de la ciudadanía interesada en conocer la veracidad o falsedad de la información que consultaba en Internet) a formarse opinión pública sobre los acontecimientos políticos de la elección. En segundo lugar, representó un esfuerzo de la organización civil y ciudadana, mediante la generación de acción colectiva con miras a mejorar la calidad de la información de la información.

En definitiva, este tipo de esfuerzos no deberían quedarse en temas tan puntuales, aunque sin lugar a duda coyunturales como la información para la ayuda y el riesgo en el caso del año 2017 y la información para el proceso político electoral de 2018, sino que esta cultura de la verificación de la información debería ser una práctica cotidiana sobre cualquier tema sobre el cual nos estemos informando a través de estos medios tecnológicos. En este escenario, tanto los especialistas en estudios de la información, como la biblioteca misma, deberían jugar un papel más proactivo en este tema, pues son los especialistas en el tratamiento de la información, los que podrían brindar muchas luces al respecto de las posibles alternativas, mediante el desarrollo de servicios, procesos y aplicación de tecnologías en bibliotecas virtuales o físicas que permitan a la ciudadanía a verificar la veracidad de la información que están obteniendo a través de los medios digitales.

Conclusiones

En el presente trabajo se realizó una definición general sobre el concepto de ciudadanía retrotrayendo el análisis a las visiones clásicas del propio término, hasta incorporar nociones más actuales como la visión participativa de la ciudadanía con objeto de poder construir posteriormente el concepto de ciudadanía digital. En este sentido, aun advirtiendo la dificultad para generar definiciones claras sobre los conceptos debido a su constante evolución, se definió a la ciudadanía en términos de la pertenencia a los individuos a una comunidad determinada, lo que les genera tanto derechos como obligaciones ante la misma comunidad.

Por otro lado, se propuso la idea de ciudadanía participativa para enriquecer los planteamientos básicos del concepto de ciudadanía. Así, la participación ciudadana puede estar mediada o no por las autoridades públicas o gubernamentales, lo que abre un abanico muy amplio de capacidad de injerencia de los individuos con relación al gobierno y a los asuntos públicos. Esto deja de lado visiones conservadoras que veían al gobierno como único actor encargado y capacitado, para atender los asuntos públicos. Con ello, además de reconocimiento ciudadano se abre la posibilidad de incluir a más actores en la gestión de políticas bajo un enfoque que corre más por las vías de la coordinación y consenso de la gobernanza.

Se evidenció la importancia de la información para la construcción de la idea de ciudadanía. La información resulta necesaria desde una visión mínima en el entendimiento de ciudadanía al hacer posibles el cumplimiento, en primera instancia por el conocimiento de ellos, de los derechos y las obligaciones ciudadanas. En el plano de la ciudadanía participativa, la información se vuelve aún más importante, pues resulta esencial que los ciudadanos estén informados para que su participación resulte de interés, de oportunidad y con conocimiento de causa de los fenómenos sociales a los que se dirija la propia participación.

De igual forma, la definición de la ciudadanía digital haría referencia a estas temáticas generales concentradas en la definición de ciudadanía con la incorporación de la mediación de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente Internet, para el ejercicio y participación ciudadanas. Así como en la visión clásica de ciudadanía, la ciudadanía digital necesita estar constantemente informada sobre los asuntos de interés público, pero esa información tendrá que ser verídica con el objeto de que la participación en los procesos sea adecuada.

En este punto se tocó, mediante el análisis de estudios nacionales e internacionales, la temática del aumento de los usuarios tanto de Internet como de las redes sociales digitales para informarse y formarse una opinión de los temas públicos, además de la importancia que los individuos le dan ahora a las tecnologías digitales y a la conectividad en sus vidas.

En definitiva, aún existen asimetrías muy marcadas entre los porcentajes de conectividad y capacidad de uso entre diversas regiones del orbe, pero una constante fue el significativo aumento en el número de usuarios en países como México y España. Para el caso de México, resultó particularmente interesante el aumento tanto de usuarios de redes sociales digitales, como de individuos que se informan y forman una opinión pública; un amplio porcentaje de ellos de forma exclusiva mediante la utilización de sus redes sociales digitales. Un número muy elevado de usuarios de Internet en nuestro país considera que le ha sido de gran utilidad para acercarse a los procesos políticos y democráticos del país, ya sea mediante la información del contexto público nacional o mediante el acercamiento a procesos políticos que anteriormente consideraban muy alejados de sus vidas.

A la par de estas ventajas reconocidas en el uso de estas tecnologías para la participación social, surgen problemáticas particulares que los especialistas de la información, así como los tomadores de decisiones públicas, deberían tomar en consideración en sus análisis. Algunas de estas problemáticas pasan por la calidad de la información que se está consumiendo a través de Internet y las redes sociales digitales con temas específicos como los de las noticias falsas, los hechos alternativos, la posverdad e inclusive la seguridad (o vulnerabilidad) de los datos personales de las personas en el ámbito digital. En este punto, se pusieron en consideración algunos esfuerzos que han surgido en los últimos años en México, los cuales han tenido por objetivo verificar la veracidad de las noticias que circulan en internet. Aún existe un reto mayúsculo en el tema de fomentar la cultura de la verificación de la información, y en general mejorar la calidad de la información con la que la ciudadanía digital se está informando y formando opinión pública; tanto los especialistas de la información como las bibliotecas tienen un papel central en las discusiones.

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Democracia e información en América Latina

María Graciela Martha Técuatl Quechol

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía-IPN

Introducción

A lo largo de la evolución humana, la información ha facilitado recrear ideas que han trascendido como una fuerza constitutiva de la sociedad, lo que ha permitido que el humano tenga permanencia, evolución e innovación. La información en tanto clara y comprensible, apropiadamente gestionada y orientada hacia el usuario indicado, propicia habilidades cognitivas, de análisis y de toma de decisiones.

En el transcurso del siglo XXI, la información se confirma como un insumo indispensable en todos los ámbitos del ser humano en la ciencia, la investigación, lo económico, social, cultural, político y lo educativo. La información relacionada con la democracia genera un gran impacto en la sociedad puesto que permite establecer la organización y la participación de los ciudadanos en la vida política.

El término democracia surgió en la cultura griega y en el devenir histórico ha sido impulsada en 167 países¹ con diferentes grados de desarrollo democrático. La forma de democracia que conocemos actualmente es producto del siglo XX. A finales del siglo XIX, los países democráticos representaban el 14 por ciento de todos los países y a lo largo del siglo XX, pasó al 33 por ciento en 1950; al final del siglo era el 34 por ciento (Dahl 2012, 11).

En Estado de la democracia en el mundo, se menciona que el número y porcentaje de países que se consideran democracias electorales ha crecido. En 2016, la cifra aumentó a 132 países, 68 por ciento (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 1).

La democracia ha sido uno de los temas mundiales abordados abundantemente por la ONU. Las Naciones Unidas en su resolución A/62/7 reafirmó su valor universal (Naciones Unidas 2007, 2).

También reafirmó que:

[…] si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia y que ésta no pertenece a ningún país o región, y reafirmando además la necesidad de respetar debidamente la soberanía, el derecho a la libre determinación y la integridad territorial (Naciones Unidas 2007, 2).

La democracia quedó implícita en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 en el artículo 21 (Naciones Unidas 1948) y se precisó en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas 1966), donde se enmarcan los derechos políticos y las libertades civiles en los que se basa la democracia, y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976. En 1997, los Parlamentos miembros de la Unión Interparlamentaria adoptaron la Declaración Universal sobre la Democracia (Unión Interparlamentaria 1997).

En la Cumbre Mundial de las NU del 2005, los Estados Miembros expresaron que “la democracia es un valor universal basado en la libertad libremente expresada del pueblo para determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y su plena participación en todos los aspectos de su vida” (Naciones Unidas Cumbre Mundial 2005, 32-33).

En 2008, las NU determinaron celebrar el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia como recordatorio de la importancia de que los ciudadanos sean los soberanos de su estado y para que elijan libremente a sus representantes y dirigentes políticos.

La Unión Interparlamentaria hizo consideraciones para presentar en el Fórum Mundial para la Democracia en Estrasburgo, en 2012, la Declaración Universal de la Democracia (Fundación Cultura de Paz) e incluir las diferentes dimensiones de la Democracia y propone:

Artículo 1. La democracia es un régimen político, económico, social, cultural e internacional, fundado en el respeto de la persona humana, cuyos derechos y deberes son indivisibles, en la supremacía y la independencia de la justicia y del derecho, así como en la posibilidad de toda persona de participar en la vida y en el desarrollo de la sociedad, en libertad y paz, siendo plenamente consciente de la igual dignidad y de la interdependencia de los seres humanos, en un medio cultural y natural favorable. Todos los derechos humanos deben ser promovidos y protegidos.

Bobbio dice:

[…] que la única manera de entenderse cuando se habla de democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno autocrático, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos (Bobbio 2001, 24).

Dahl anota que la democracia ofrece oportunidades para:

 1. Participación efectiva.

 2. Igualdad de voto.

 3. Alcanzar una comprensión ilustrada.²

 4. Ejercitar el control final sobre la agenda.³

 5. Inclusión de los adultos (Dahl 2012, 44).

El mismo autor menciona que “desde el momento en que se incumple cualquiera de estos requisitos, los miembros no serán iguales políticamente” (Dahl 2012, 45). Dahl establece que la democracia moderna produce las siguientes ventajas:

1 Evita la tiranía

2 Derechos esenciales

3 Libertad general

4 Autodeterminación

5 Autonomía moral

6 Desarrollo humano

7 Protección de intereses personales esenciales

8 Igualdad política

9 Búsqueda de la paz

10 Prosperidad (Dahl 2012, 54)

La autora Rodriguez Burgos (2015, 49-56) describe diferentes tipos de democracia y menciona a la democracia liberal: social y económica; la democracia participativa; la democracia directa y otros tipos, entre los que anota a la democracia deliberativa, la consensual, la procedimental y la constitucional.

Para fines de este capítulo, se ha considerado a la democracia directa, que tiene como elementos esenciales los valores de libertad y respeto a los derechos humanos y como principio el celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal, donde los ciudadanos votan directamente.

A la democracia se le ha definido, teorizado e idealizado. Está en la opinión pública, está presente en la participación electoral en la mayoría de los países y, como información digital, está disponible en Internet, uno de los recursos más utilizados por la disponibilidad de la información, por su posibilidad de difundirla y compartirla de forma abierta.

Abordar la democracia en América Latina abre senderos que ofrecen ópticas desde diferentes puntos de vista y permite acercarse a uno de los temas que está siempre presente en la vida de cualquier ciudadano, que cuando ejerce su voto con plena conciencia informativa apuesta al pluralismo, a que su voto es importante para el futuro gobierno, a que es participe de toma de decisiones, y a que aporta a las libertades civiles y cultiva su cultura política.

Sartori, uno de los teóricos sobre la democracia, para establecer lo que es y lo que no es democracia realiza la pregunta ¿Cuánta democracia?, para precisar el grado o nivel de democracia (G. Sartori 2015, 54), tal pregunta se dilucidará para América Latina.

La Democracia en América Latina

El desarrollo de la democracia en América Latina constituye una experiencia histórica única, caracterizada por especificidades íntimamente relacionadas con los procesos de construcción de cada Nación y de las sociedades latinoamericanas, incluyendo sus diversas identidades culturales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2004, 54).

En los países de América Latina, uno de los desafíos de las sociedades es detener las tendencias negativas que se han manifestado a nivel global, tales como gobiernos autocráticos, coerción, violencia y hambruna. Ante ello, los países que integran las Naciones Unidas han resuelto ponerles fin a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocida como Agenda 2030 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). La Agenda en su objetivo 16 afronta directamente la democracia, y se centra en la promoción de sociedades pacíficas, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces a todos los niveles.

Las aspiraciones de la Agenda, como lo afirma la Unión Interparlamentaria (UI), “solo se lograrán si existe más democracia en todo el mundo” (Centro de Información de las Naciones Unidas 2016).

Resolver la pregunta ¿cuánta democracia? llevó a localizar tres fuentes que permitieran tener un diagnóstico sobre la democracia en América Latina. Se analizaron Democracy Index 2017 (Economist Intelligence Unit s.f.), el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (Fundación Konrad Adenauer 2016) y el Latinobarómetro (Corporación Latinobarómetro 2017). En cada uno se analizó la información para dieciocho países de América Latina. Los resultados revelan a través de indicadores y a manera de diagnóstico la situación que prevalece en cada país.

1. Democracy Index 2017

El índice de la Democracia ofrece anualmente una imagen sobre la democracia en 165 países y dos territorios. El Índice inició desde 2006 y se publica en inglés. Los resultados mostrados tiene como base un cuestionario con sesenta indicadores en las siguientes cinco categorías, lo que permite realizar un análisis de la situación, y para valorarla se asignan puntuaciones en rangos de 1 a 10.

A continuación se describen las categorías utilizadas y en la tabla siguiente el significado del rango de puntuación para cada tipo de democracia. Se agregan cuadros con resultados de los indicadores aplicados y sus resultados para los países analizados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Tabla 1. Categorías de análisis del Democracy Index
CATEGORÍAS	PROPÓSITO
Proceso electoral y pluralismo	Se establece a través de doce preguntas: si las elecciones son libres y justas; si votan todos los adultos; si son seguras; si se realizan en igualdad de condiciones; si el financiamiento es transparente; si la transferencia de poder es transparente; si los ciudadanos pueden formar partidos políticos independientes del gobierno; si hay posibilidades que la oposición pueda gobernar; si hay acceso abierto de oficinas públicas a todos los ciudadanos, y si los ciudadanos pueden formar organizaciones políticas y cívicas libres de la vigilancia e intervención del estado.
Funcionamiento del gobierno	Hay catorce preguntas tendientes a conocer: si los representantes libremente elegidos son los que determinan la política del gobierno; si es la legislatura el cuerpo político supremo; si hay un sistema eficaz de controles y equilibrios en el ejercicio de la autoridad del gobierno; si el Gobierno está libre de la influencia indebida de los militares o los servicios de seguridad; si las organizaciones y las naciones extranjeras no determinan funciones importantes del gobierno o la políticas; si hay grupos económicos, religiosos o de otra índole paralelos a las instituciones democráticas; si existen mecanismos e instituciones suficientes para asegurar la responsabilidad del gobierno ante el electorado; si la autoridad del gobierno se extiende en todo el país; si el funcionamiento del gobierno es abierto y transparente y con acceso a la información pública; cuán generalizada es la corrupción; si el servicio civil dispuesto y capaz de implementar la política del gobierno; percepción popular de que los ciudadanos tienen libertad de elección y control sobre sus vidas; confianza pública en el gobierno, y confianza pública en los partidos políticos.
Participación política	Se establecen nueve preguntas referentes a la participación política: participación de los votantes en las elecciones nacionales; grado de autonomía y voz de minorías étnicas, religiosa u otras en los procesos políticos; mujeres en el parlamento; grado de participación política de miembros de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales; participación ciudadana en la política; preparación de la población en tomar parte en manifestaciones legales; alfabetización de adultos; medida en que la población adulta muestra interés y sigue la política en las noticias, y si las autoridades hacen un esfuerzo serio para promover la participación política.
Cultura política	Se plantearon ocho preguntas para conocer si hay un suficiente consenso social y cohesión para sostener un funcionamiento estable de la democracia: percepción del liderazgo; percepción de la proporción de militares en el gobierno; percepción de decisiones de expertos o tecnócratas, no el gobierno, en las decisiones del país; percepción de la democracia y el orden; percepción de la democracia y el sistema económico; grado de soporte popular por la democracia; fuerte tradición por la separación de la iglesia y el estado.
Libertades civiles	Se estructuran diecisiete preguntas sobre medios electrónicos libres; medios impresos libres; libertad de expresión y protesta; una robusta cobertura de medios; restricciones políticas sobre el acceso a internet; libertad de los ciudadanos para formar organizaciones profesionales o sindicales; las instituciones proveen a los ciudadanos con la oportunidad para pedir al gobierno reparación de agravios; uso de la tortura por el estado; grado en que el poder judicial es independiente de la influencia del gobierno; grado de tolerancia religiosa y libertad de expresión religiosa; grado de trato igualitario de los ciudadanos ante la ley; disfrute de los ciudadanos por seguridad básica; medida en que los derechos de propiedad están protegidos y la empresa privada es libre de influencia del gobierno; medida en que los ciudadanos disfrutan de libertades personales como igualdad de género, derecho a viajes, trabajo y estudio; percepción sobre la protección a los derechos humanos; discriminación por motivos de raza, color o creencias religiosas; medida en que el gobierno invoca nuevos riesgos, y amenazas como excusa para limitar las libertades civiles.
Fuente: Democracy Index 20 (Economist Intelligence Unit s.f., 66-75)

Con las puntuaciones obtenidas en cada categoría, en una escala entre 1 a 10, donde el valor más bajo corresponde a 1, y el más alto a 10, se clasifican los países en cuatro tipos de democracia:

Tabla 2. Tipos de democracia del Democracy Index
Fuente: Democracy Index 2017 (Economist Intelligence Unit s.f., 64).	TIPO DE DEMOCRACIA
GRADO DE PUNTUACIÓN	Democracia plena
Se otorga a los países que obtienen puntuaciones mayores a 8. Se otorga a los países en los que no solo se respetan las libertades políticas fundamentales y las libertades civiles, sino que también tiendan a estar avalados por una cultura política propicia para el auge de la democracia. El funcionamiento del gobierno es satisfactorio. Los medios de comunicación son independientes y diversos. Hay un sistema eficaz de controles y equilibrios. El poder judicial es independiente y se aplican las decisiones judiciales. Existen sólo problemas limitados en el funcionamiento de las democracias.	Democracia imperfecta
Se asigna a países con puntuación mayor a 6 y menor a 8. Los países con democracia imperfecta también tienen elecciones libres y justas, e incluso si hay problemas; por ejemplo, las infracciones a la libertad de los medios de comunicación, se respetan las libertades civiles básicas. Sin embargo, hay debilidades significativas en otros aspectos de la democracia, incluyendo problemas de gobernanza, una cultura política poco desarrollada y bajos niveles de participación política.	Régimen híbrido
Se da a países con puntuación mayor a 4 pero menor a 6. Las elecciones tienen irregularidades sustanciales que impiden a menudo que sean libres y justas. Presión del gobierno sobre los candidatos y partidos de oposición pueden ser comunes. Las deficiencias graves son más frecuentes que en las democracias imperfectas, en la cultura política, funcionamiento del gobierno y de la participación política. La corrupción tiende a ser generalizada y el estado de derecho es débil. La sociedad civil es débil. Por lo general, hay acoso y presión sobre los periodistas y el poder judicial no es independiente.	Régimen autoritario
Se otorga a países con puntuación igual o menor a 4. En estos estados, el pluralismo político del estado está ausente o muy circunscrito. Muchos países en esta categoría son dictaduras absolutas. Pueden existir algunas instituciones formales de la democracia, pero estos tienen poca sustancia. Las elecciones, si ocurren, no son libres y justas. Hay desprecio por los abusos y violaciones de las libertades civiles. Los medios de comunicación son típicamente estatales o controlados por grupos conectados al régimen gobernante. Hay represión de la crítica al gobierno y censura omnipresente. No hay ninguna independencia del poder judicial.

Con base en este Índice, la democracia se expresa con los siguientes resultados en los dieciocho países de América Latina enunciados.

Países con democracia plena

En el Democracy Index 2017, Uruguay se incluye entre los veinte países con democracia plena con un puntaje general de 8.12 y se ubica en el lugar 18 entre los 167 países indizados. Obtuvo un puntaje de 10 en el Proceso electoral y pluralismo y su puntaje más bajo (4.44) en Participación Política.

Se verificó también la primera información correspondiente al 2018, donde Costa Rica pasó de una democracia imperfecta (7.88) en 2017 a democracia plena con una puntuación de (8.07). Ahora son dos los países de América Latina con democracia plena.

Cuadro 1. País con democracia plena
		*CATEGORÍAS					RANKIN
PAÍS	PUNTAJE GENERAL	1	2	3	4	5	GLOBAL	REGIÓN
Uruguay 2017	8.12	10	8.9	4.4	7.5	9.7	18	1
Uruguay 2018	8.38						15
Costa Rica 2017	7.88	9.5	7.1	6.6	6.8	9.1	23	2
Costa Rica 2018	8.07						20	2
Fuente: Democracy Index 2017. (Economist Intelligence Unit, 24).*1.Proceso electoral y pluralismo 2. Funcionamiento del gobierno3.Participación política 4.Cultura política 5.Libertades civiles

Se considera que Uruguay tiene esa posición por ser el país que ha vivido un mayor tiempo en la democracia en América Latina y que aun cuando en 1933 tuvo un golpe civil, y dos gobiernos electos (1934 y 1938), fue capaz de superarse en 1942 a través de reformas constitucionales y legales. En 1973, otro golpe de estado derivó en una dictadura militar que finalizó en 1984, después Uruguay retornó a la democracia a través de reinstitucionalizar tanto los derechos políticos como las libertades civiles. Estos hechos han permitido tejer un entramado sólido para dar consistencia al sistema democrático.

Otra característica de su democracia es la alta autonomía de la política a lo largo de su historia, lo que la diferencia de los otros países latinoamericanos. También tiene como característica su alta participación en las urnas, superiores al 90 por ciento (Chasquetti 2004).

Duverger establece en su definición de la democracia “régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los gobernados, por medio de elecciones sinceras y libres” (Duverger 1957, 378); sin embargo, el gobernante antes de ser escogido por sus electores, es nombrado por un partido y por tanto los electores ratifican esta selección, así −el elegido recibe un doble mandato: del partido y de sus electores.

A continuación se anota para cada bloque de países, la fecha de las últimas elecciones para elegir presidente o elecciones generales; el tipo de elecciones y el periodo que asume, nombre del presidente electo y la participación electoral en el proceso.

Uruguay

Elecciones presidenciales: 26 de octubre de 2014, primera vuelta. Domingo 30 de noviembre de 2014, segunda vuelta (Presidencia de la República de Uruguay). Participación electoral 88.57% Periodo 1 de marzo 2015 al 1 de marzo 2020. Presidente Tabaré Vázquez. Frente Amplio.

Costa Rica

Elecciones presidenciales: 4 de febrero de 2018, primera vuelta.1 de abril de 2018, segunda vuelta. (Presidencia del Gobierno de Costa Rica). Participación electoral 65.71%. Periodo 8 de mayo 2018 al 8 de mayo de 2022. Presidente Carlos Andrés Alvarado Quesada. Partido Acción Ciudadana.

Países con democracia imperfecta y calificación de siete

En 2017, los países de América Latina que se incluían como democracia imperfecta eran doce (del total de 55 a nivel mundial). De ellos, sólo Costa Rica pasó a formar parte de países con democracia plena en 2018. En el siguiente cuadro se presenta a tres países que tienen puntaje arriba de 7.0.

En el promedio de las categorías, el mejor puntaje está en la categoría del proceso electoral y pluralismo; el más bajo corresponde a la participación política. Las libertades civiles obtuvieron un puntaje arriba de 9.0 en Chile, país que avanzó en el 2018 y muy próximo a pasar al grupo de países con democracia plena.

Cuadro 2. Países con democracia imperfecta con puntaje general de siete
		*CATEGORÍAS					RANKIN
PAÍS	PUNTAJE GENERAL	1	2	3	4	5	GLOBAL	REGIÓN
Chile 2017	7.84	9.58	8.57	4.44	7.5	9.12	26	3
Chile 2018	7.97						23
Panamá 2017	7.08	9.58	6.79	6.11	5	7.94	45	5
Panamá 2018	7.5						45
Argentina 2017	6.96	9.17	5	6.11	6.88	7.65	48	7
Argentina 2018	7.02						47
Promedio 2017	7.2	9.4	6.7	5.5	6.46	8.2
Fuente: Democracy Index 2017 (Economist Intelligence Unit, 24)*1.Proceso electoral y pluralismo 2. Funcionamiento del gobierno 3.Participación política 4.Cultura política 5.Libertades civiles

Se anotan a continuación algunas características de las elecciones de los países de bloque descrito.

Chile

Elecciones presidenciales: 19 de noviembre, 2017, primera vuelta. 17 de diciembre, segunda vuelta (Gobierno de Chile). Participación electoral, 54.57%. Periodo 11 de marzo de 2018 a 11 de marzo de 2022. Presidente Sebastián Piñera Echenique. Independiente.

Panamá

Elecciones generales: 4 de mayo de 2014. (Santos). Participación electoral 76.76%; periodo 1 de julio de 2014 a 2019. Presidente actual Juan Carlos Varela Rodríguez. Partido Panameñista.

Argentina

Elecciones presidenciales: 25 de octubre 2015, primera vuelta. 22 de noviembre de 2015, segunda vuelta (Casa Rosada. Presidencia de la nación.). Participación electoral, 80.77%. Periodo 10 de diciembre 2015-10 de diciembre 2019. Presidente, Mauricio Macri. Cambiemos.

Chile y Argentina resolvieron su última elección en una segunda vuelta electoral. Chile completa su séptimo proceso desde su vuelta a la democracia en 1990.

Países con democracia imperfecta y calificación de seis

Los siguientes ocho países con democracia imperfecta obtuvieron un puntaje de 6

Cuadro 2.1 Países con Democracia Imperfecta con puntaje general arriba de seis
		*CATEGORÍAS					RANKIN
PAÍS	PUNTAJE GENERAL	1	2	3	4	5	GLOBAL	REGIÓN
Brasil	6.86	9.58	5.36	6.11	5	8.24	49	8
Colombia	6.67	9.17	6.79	4.44	5	7.94	53	10
Rep. Dominicana	6.66	9.17	5.36	6.11	5.63	7.06	55	11
Perú	6.49	9.17	5.36	5.56	5	7.35	61	12
El Salvador 2017	6.43	9.17	5.36	5.56	5	7.06	65	14
2018	5.76						77
México	6.41	7.83	6.43	7.22	4.38	6.18	66	15
Paraguay	6.31	8.75	6.07	5	4.38	7.35	71	16
Ecuador	6.02	8.75	4.64	5.56	4.38	6.76	76	17
Promedio 2017	6.4	7.9	5.04	5.06	4.3	6.43
Fuente: Democracy Index 2017 (Economist Intelligence Unit, 24)*1.Proceso electoral y pluralismo 2. Funcionamiento del gobierno 3.Participación política 4.Cultura política 5.Libertades civiles

El único país que bajo su puntaje en 2018 fue El Salvador. En promedio, el proceso electoral y pluralismo fue el mejor evaluado. Brasil obtuvo el mejor resultado (9.58). México, Paraguay y Ecuador obtuvieron puntajes debajo de 9.

En cuanto al funcionamiento del gobierno, el puntaje más alto correspondió a Colombia (6.79) y el más bajo a Ecuador (4.64).

En participación política, el mejor resultado lo obtuvo México (7.22) y el más bajo Colombia (4.44).

En cultura política el mejor puntaje es de Argentina (6.88). México, Paraguay y Ecuador obtuvieron el más bajo (4.38). En promedio, este rubro es el más bajo en el bloque de países.

En libertades civiles, el mejor puntaje lo tiene Brasil (8.24) y el más bajo México (6.18).

Para 2018, el bloque de países anotados en el cuadro mejoró levemente su puntuación; salvo México, que retrocedió ligeramente y El Salvador que dejó este bloque para pasar al de países con régimen híbrido.

A continuación se presentan las características de las últimas elecciones de los países con democracia imperfecta y con puntaje general de seis.

Brasil

Elecciones generales: 7 de octubre de 2018, primera vuelta. Participación electoral: 1ª. Vuelta, 46.10%. El 28 de octubre de 2018, Participación electoral en la segunda vuelta 55.21% (Elecciones generales de Brasil del 2018). Periodo, 1 de enero 2019 al 1 de enero 2023. Presidente, Jair Bolsonaro. Partido Social Liberal.

Colombia

Elecciones presidenciales 2018: El 27 de mayo de 2018, primera vuelta. El 17 de junio de 2018, segunda vuelta (República de Colombia. Presidencia de la República ). Participación electoral, 53.93%. Periodo 7 de agosto 2018 al 7 de agosto 2022. Presidente electo Iván Duque Márquez. Centro Democrático.

República Dominicana

Elecciones generales, 15 de mayo de 2016 (Portal Oficial del Estado Dominicano). Participación electoral 69.60%. Ejerce el cargo desde el 2012. Reelecto en 2016 al 2020. Presidente reelecto Danilo Medina Sánchez. Partido de la Liberación Dominicana.

Perú

Elecciones 2016. Kuczynski tomó el cargo de presidente el 28 de julio de 2016 y renuncia el 23 de marzo de 2018. Participación electoral 80.06%. El Vicepresidente Vizcarra cubre el periodo faltante de su antecesor en la presidencia del 23 de marzo de 2018 al 28 julio 2021 (Presidente del Perú). Presidente actual Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Peruanos Por el Kambio.

El Salvador

Elección presidencial 3 de febrero de 2019. (Presidencia de la República de El Salvador 2018). Periodo 1 de junio 2019 al 1 de junio 2024. Participación electoral 53.02% Presidente Nayib Bukele. Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

México

Elecciones federales, 1 de julio 2018 (México. Presidencia de la República). Elección presidencial para el periodo 1 de diciembre 2018 al 1 de septiembre 2024. Participación electoral 63.42% (Instituto Nacional Electoral 2018). Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Paraguay

Elecciones generales, 22 de abril de 2018 (Presidencia de la República de Paraguay). Periodo, 15 de agosto 2018 a agosto 2023. Participación electoral 61.40%. Presidente Mario Abdo Benitez. Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado.

Ecuador

19 de febrero, 2017, primera vuelta. 2 de abril, segunda vuelta (Presidencia de la República del Ecuador). Periodo 24 de mayo 2017-24 de mayo 2021. Participación electoral, 82.91%. Presidente, Lenin B. Moreno Garcés. Alianza País.

Brasil, Colombia y Ecuador son los países que resolvieron su elección en una segunda vuelta electoral. Cabe señalar que algunos países cambiaron su Constitución para incluir la democracia participativa, entre ellos Brasil (1988). Colombia con su Constitución de 1991 creó nuevos espacios de participación ciudadana. La constitución de Venezuela fue adoptada mediante un referéndum popular en 1999. Ecuador cambió en 2008 su Constitución mediante referéndum constitucional.

Perales (Perales Arretxe, s.f.) anota que la democracia participativa es un concepto no antagónico sino complementario a la democracia representativa, y dice que requiere de una sociedad civil participativa en los procesos de decisión que conllevarán a las decisiones definitivas, lo que presume voces propositivas y garantías para ejercer tales oportunidades. “La participación ciudadana tiene como objeto la democratización del espacio público, y no se limita al ámbito de las instituciones políticas sino que se extiende asimismo al campo de la sociedad civil” (Perales Arretxe s.f., 5).

Países con régimen híbrido

Para 2017, los países con Régimen híbrido de América Latina eran Guatemala, Honduras, Bolivia y Nicaragua (del total de 39 países a nivel mundial), quienes obtuvieron un puntaje general entre 5.86 el primero y 4.66 el último. En los resultados del 2018, Nicaragua abandonó este bloque y pasó a países con régimen autoritario.

Cuadro 3. Países con régimen híbrido con puntaje general de cuatro y cinco
		*CATEGORÍAS					RANKIN
PAÍS	PUNTAJE GENERAL	1	2	3	4	5	GLOBAL	REGIÓN
Guatemala	5.86	7.92	5.71	3.89	5	6.76	80	18
Honduras	5.72	8.25	5.36	4.44	4.38	6.18	82	19
Bolivia	5.49	7	4.64	5	3.75	7.06	89	20
Promedio 2017	5.4	6.6	4.7	4.3	4.6	6.7
Fuente: Democracy Index 2017 (Economist Intelligence Unit, 24)*1.Proceso electoral y pluralismo 2. Funcionamiento del gobierno3.Participación política 4.Cultura política 5.Libertades civiles

En el promedio de las categorías, el rubro de Proceso electoral y pluralismo, obtuvo el mejor resultado. El mejor puntaje lo obtuvo Honduras con 8.25 y el más bajo Nicaragua (3.42).

En el ámbito de funcionamiento del gobierno (2), el puntaje más alto fue de (5.71), para Guatemala y el más bajo de (3.29) de Nicaragua. En participación política (3), Bolivia obtuvo el puntaje más alto, y Guatemala y Nicaragua, el más bajo (3,89). Este rubro obtuvo en promedio del bloque, el valor más bajo. Nicaragua obtuvo el puntaje más alto (5.63) en cultura política (4) y Bolivia el más bajo (3.75). En cuanto a libertades civiles (5), Bolivia y Nicaragua obtuvieron el puntaje más alto, y el más bajo Honduras (6.18). Para 2018, salvo Nicaragua, que cambió a régimen autoritario, el resto de los países tuvo una ligera mejoría. Se presenta a continuación las características de sus últimas elecciones.

Guatemala

Elecciones generales, junio de 2019. Primera vuelta, agosto de 2019, (Gobierno de la República de Guatemala) Electo para el periodo 2016-2020. Participación electoral 56.32%. Presidente actual, James Ernesto Morales Cabrera. Frente de Convergencia Nacional.

Honduras

Elecciones presidenciales: 26 de noviembre 2017 (Gobierno de la República de Honduras). Periodo 27 de enero del 2018 - 27 de enero del 2022. Reelección. Participación electoral 59.52%. Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Partido Nacional.

Bolivia

Elecciones presidenciales, 18 de diciembre 2005 (Unión Interparlamentaria). Periodo 2005-2009. Participación electoral, 84.5%. Reelección y reasunción presidencia el 22 enero de 2010. El 12 de octubre de 2014 ganó las elecciones presidenciales, con lo cual gobernará hasta el 22 de enero de 2020. Participación electoral, 64.22%. Presidente Evo Morales Ayma. Movimiento al Socialismo MAS.

Países con régimen autoritario

En 2017, el único país con Régimen autoritario en América Latina fue Venezuela (uno del total de 53 países a nivel mundial, con tal tipo). Su puntaje general es de 3.87. Su mejor puntaje es en participación política (6.11) y el más bajo es en proceso electoral y pluralismo (2.17). Se ubica en el lugar 117 del Democracy Index 2017. Para el 2018, su calificación bajó 0.71 puntos y pasó al lugar 134. Para el 2018, Nicaragua pasó a este segmento al retroceder 1.03 puntos.

Cuadro 4. País con régimen autoritario, con puntaje general de tres
		*CATEGORÍAS					RANKIN
PAÍS	PUNTAJE GENERAL	1	2	3	4	5	GLOBAL	REGIÓN
Venezuela	3.87	2.17	2.86	6.11	4.38	3.82	117	23
2018	3.16						134
Nicaragua	4.66	3.42	3.29	3.89	5.63	7.06	105	21
2018	3.63						122
Fuente: Democracy Index 2017 (Economist Intelligence Unit, 24)*1.Proceso electoral y pluralismo 2. Funcionamiento del gobierno 3.Participación política 4.Cultura política 5.Libertades civiles

Se presentan las características de su última elección, aunque se hace notar que en Venezuela Juan Guaidó Márquez, del Partido Voluntad Popular, el 26 de enero del presente año (10 de marzo 2019) se autoproclamó presidente y el país está en grave crisis.

Venezuela

Elecciones presidenciales: 20 de mayo de 2018. Periodo, 2019-2025. Participación electoral, 46.07%. Presidente Nicolás Maduro Moros. Partido Socialista Unido de Venezuela.

Nicaragua

Elecciones generales: 6 de noviembre de 2016 (Presidentes de los países de Latinoamérica 2018). Participación electoral, 68.20%. Presidente reelecto, Daniel Ortega Saavedra. Frente Sandinista de Liberación Nacional.

En Nicaragua, el gobierno de Ortega atenta contra los derechos civiles al considerar como terrorismo a cualquier acción en contra de su gobierno.

El Democracy Índex señala que 76 de los 167 países analizados (45.5%) de todos los países pueden ser considerados democracias; 49.3% de la población mundial vive en alguno de los tipos de la democracia, aunque solo el 4.5% vive en democracia plena (Economist Intelligence Unit s.f., 3).

En los años recientes, la práctica de la democracia se ha deteriorado y se le ha denominado “recesión de la democracia”, cuyas principales manifestaciones son las siguientes (Fundación Konrad Adenauer 2016, 3):

 La participación popular en elecciones y política está en declive.

 Existe debilidad en el funcionamiento de los gobiernos.

 La confianza en las instituciones está debilitada.

 El interés de las mayorías en los partidos representativos es escaso.

 La influencia de instituciones sin responsabilidad y grupos de expertos no elegidos es creciente.

 La brecha entre élites políticas y el electorado se ha ampliado.

 Las libertades de los medios han disminuido.

 Las libertades civiles se han erosionado.

 Se han deteriorado las libertades civiles incluyendo restricciones a la libertad de expresión.

Otra visión sobre la democracia en América Latina la ofrece el IDD.

2. Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2016

El IDD aborda desde el 2002 las condiciones de base para considerar democrático un país: elecciones libres, sufragio universal y participación plena.

El Índice compara el desarrollo democrático real de los dieciocho países de América Latina desde 2002 con el último publicado en 2016. Se consideran las cuatro dimensiones y diecinueve indicadores señalados en el cuadro 5 que marca situaciones que promueven el desarrollo y las evidencias de aquellas que provocan retroceso.

En el IDD, las dimensiones I y II miden los aspectos centrales del desempeño del sistema democrático. Las dimensiones III y IV miden el buen funcionamiento de la democracia. En términos de Sartori, dan cuenta de “la consecución de los fines democráticos socialmente identificados como necesarios”, es decir, aquellos que dan sentido a la democracia (Fundación Konrad Adenauer 2016, 228).

Tabla 3. Dimensiones del Índice de desarrollo democrático de América Latina
Dimensión	Indicador
I La democracia de los ciudadanos	Mide el clima de respeto de derechos y libertades en cada país e incluye:1. Voto de adhesión política.2. Puntaje en el índice de derechos políticos.3. Puntaje en el índice de libertades civiles.4. Género en el gobierno.5. Condicionamiento de las libertades y derechos por hechos de inseguridad.
II La democracia de las instituciones	Evalúa el comportamiento de las instituciones y del sistema político en relación con los principios republicanos:1. Puntaje en el índice de percepción de la corrupción.2. Partidos políticos en el poder legislativo (número efectivo de partidos políticos e índice de fragmentación.3. Accountability; 3.1. Accountability legal (elección de los jueces de la Corte Suprema, actuación del Ombudsman y actuación de las entidades de fiscalización superior); 3.2. Accountability política (mecanismos de democracia directa); 3.3. Accountability social: (condiciones para el ejercicio de una prensa libre, acceso a la información pública y existencia de institutos reguladores). 4. Desestabilización de la democracia (existencia de minorías/mayorías organizadas sin representación política, víctimas de la violencia política y presencia de organizaciones armadas). 5. Factor de anormalidad democrática.
III La democracia social y humana	Analiza la gestión de gobierno en la generación de mejores condiciones para el desarrollo humano:1. Desempeño en salud (mortalidad infantil y gasto en salud como porcentaje del PIB).2. Desempeño en educación (matriculación secundaria, tasa de egreso del nivel secundario y gasto en educación como porcentaje del PIB).3. Desempleo urbano.4. Población bajo la línea de pobreza.
IV La democracia económica	Determina la evolución de la gestión de la economía en beneficio de la sociedad de los individuos (Fundación Konrad Adenauer, 7) e incluye:1. Puntaje en el índice de libertad económica. 2. PIB per cápita PPA precios.3. Brecha de ingresos.4. Inversión: inversión bruta fija sobre PIB.5. Endeudamiento: porcentaje de deuda sobre el PIB.
Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2016.Disponible en http://idd-lat.org/2016/downloads/idd-lat-2016.pdf, 11-12.

Los componentes de cada dimensión se ponderan en un rango entre 0 y 10, donde el valor considerado óptimo es igual a 10 (Fundación Konrad Adenauer 2016, 229).

En el cuadro 6, se anota en la columna 1 los dieciocho países; en la columna 2, los puntajes obtenidos por los países en 2002 y en la columna 3, en el año 2016. En la columna 4, se anota el ranking del año 2016. En la columna 5 se anota la diferencia de los resultados de 2002 y 2016. Los números en negrita indican resultados de avance, y con signo negativo aquellos en los que hubo retroceso. En la columna 6 se anota el promedio de los puntajes obtenidos en las 2002, 2005, 2008, 2010, 2012, 2015 y 2016, años en los que se realizaron mediciones. En la columna 7, se anota el tipo de desarrollo, de acuerdo con el resultado del análisis de los 19 indicadores que mide.

 - Desarrollo democrático alto

 - Desarrollo democrático medio

 - Desarrollo democrático bajo

 - Desarrollo democrático mínimo

Cuadro 5. Comparativo de Puntajes 2002 y 2016 de Países de América Latina
País	2002	2016	Ranking 2016	Diferencia de 2002 y 2016	IDD promedio 2002 a 2016	Tipo de desarrollo democrático promedio 2002 a 2016
Chile	8.757	10	1	1.243	9.658	alto
Uruguay	10	9.353	2	-0.647	9.267	alto
Costa Rica	8.575	8.539	3	-0.036	9.067	alto
Perú	4.352	6.495	4	2.143	5.01	medio
Panamá	8.309	6.342	5	-1.967	6.526	medio
Ecuador	1.694	5.339	6	3.645	3.225	bajo
Bolivia	4.15	5.218	7	1.068	3.432	bajo
Argentina	5.247	5.159	8	-0.088	5.327	medio
México	6.34	4.454	9	-1.886	5,562	medio
El Salvador	5.544	4.019	10	-1.525	4.439	bajo
Rep. Dominicana	3.823 (2005)*	3.639	11	-0.184	2.896	mínimo
Paraguay	2.255	3.251	12	0.996	3.413	bajo
Colombia	5.254	2.982	13	-2.272	3.908	bajo
Brasil	3.932	2.776	14	-1.156	4.367	bajo
Nicaragua	2.963	2.74	15	-0.223	3.203	bajo
Venezuela	2.243	2.003	16	-0.24	2.57	mínimo
Honduras	3.107	1.589	17	-1.518	3.398	bajo
Guatemala	3.992	0.888	18	-3.104	2.696	mínimo
Promedio	5.101	4.71		-0.391
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD 2002-2016 (Fundación Konrad Adenauer 2016, 15, 24) *No se consideró en el promedio del 2002.

En este índice y para 2016 (columna 2), Chile obtiene el primer lugar por mejoras en cuanto a la calidad de las instituciones y la eficiencia social y económica en el desarrollo democrático (Fundación Konrad Adenauer 2016, 14). En contraste, en el análisis del Democratic Index el país más democrático es Uruguay.

En la columna 5, se observa que el país con mayor grado de retroceso democrático fue Guatemala (-3.104). El país que perdió más de 2 puntos es Colombia (-2.272). En un lapso de quince años (2002-2016), la democracia retrocedió de 5.101 a 4.710 (-0.391) puntos.

Los resultados, en la misma columna, señalan que son cinco los países en los que hubo un incremento en su puntaje: Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay (números en negrita). Ecuador fue el país que avanzó en mayor medida, 3.645 puntos, entre 2002 a 2016. Perú avanzó 2.143 puntos. En los otros trece países hubo retroceso.

En la columna seis se aprecia que Chile pasó en el lapso de 2002 a 2016 de un rango menor a uno mayor y tiene el lugar uno en la medición de la Democracia. El país con el puntaje más bajo es Venezuela (2.57). En la columna 7 se observa que Chile, Uruguay y Costa Rica han mantenido un promedio alto de 2002 a 2016, con valores arriba de 9 puntos, por lo que se consideran países con desarrollo alto. Son cuatro países (Panamá, México, Argentina, Perú) los que tienen desarrollo medio, con valores por arriba del promedio regional, y que han mantenido un puntaje arriba de 5 y 6 en el mismo periodo. Ocho países son considerados con bajo desarrollo por tener un puntaje abajo del promedio de 4.925, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Colombia, Brasil, Nicaragua y Honduras. Se ubicaron tres países con desarrollo mínimo, República Dominicana, Guatemala y Venezuela.

Los resultados representan la evolución de los países en los quince años de medición del desarrollo democrático en la región, y determinan el grado de desarrollo democrático promedio del 2002 al 2016. El proceso del desarrollo democrático es complejo e involucra todo un conjunto de situaciones, por lo que no es suficiente solo un buen resultado en algún indicador y así se evidencia en los casos de Guatemala, Paraguay y Venezuela, entre otros.

3. Latinobarómetro 2018

Desde 1995, la ONG Corporación Latinobarómetro de Santiago de Chile realizó las primeras encuestas de opinión pública a ocho países. De 1996 a 2003 a diecisiete países, y a partir de 2004 a la actualidad se ha extendido a dieciocho países de América Latina (Corporación Latinobarómetro 2018). A la fecha, se han realizado veintiún mediciones de opinión pública sobre el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad a través de indicadores de opinión pública que miden tanto valores como actitudes y comportamientos referentes a veintiún aspectos:

Para la edición de 2018, se realizaron 20 204 entrevistas en dieciocho países con un margen de error del 3 por ciento por país (Corporación Latinobarómetro 2018, 3). Se hace un recuento de algunos aspectos que se consideraron relevantes en el informe 2018.

La agenda de América Latina

En 2018 se registran menos ocho puntos porcentuales de “progreso neto” (diferencia entre progreso menos retroceso). En las veintitrés mediciones anteriores, no se había tenido esta percepción de retroceso tan grande (Corporación Latinobarómetro 2018, 4).

Economía

Se señaló con un 35% los problemas económicos como más importantes en los países de América Latina. Con 19% la delincuencia y la corrupción con 9% (5-7). Los países con mayor satisfacción con su economía son Chile y Ecuador con 30% y los menos satisfechos son Venezuela, 3%, Brasil, 6%, Argentina 7%, y Perú 9% (13).

La situación económica futura, expectativas

Los datos muestran que las expectativas son independientes de la situación del presente. En el 2018, el 45 por ciento de los ciudadanos de la región creen que su futuro económico será mejor (Corporación Latinobarómetro 2018, 10).

La satisfacción con la economía

Los ciudadanos de la región que han abandonado el apoyo al régimen democrático prefieren ser indiferentes al tipo de régimen alejándose de la política, la democracia y sus instituciones (Corporación Latinobarómetro 2018, 14).

Evaluación de la democracia

Sólo un 5% de los ciudadanos dice que hay plena democracia. Un 23% dice que presenta pequeños problemas, mientras que un 45% dice que hay grandes problemas y un 14% la califica explícitamente como no democracia. Un 13% no sabe o no responde (Corporación Latinobarómetro 2018, 31).

La satisfacción con la democracia

En diez años, los insatisfechos con la democracia aumentaron a 71 por ciento (Corporación Latinobarómetro 2018, 34). En 2018, se muestra un desplome de la imagen de la democracia como el gobierno de las mayorías en América Latina, lo que explica el desencanto con la democracia (Corporación Latinobarómetro 2018, 43).

La distribución de la riqueza

Un indicador relacionado con el malestar de la población es la percepción de distribución de la riqueza, que indica que “no importa la riqueza, ni el crecimiento económico, sino cómo se reparte en la población” (Corporación Latinobarómetro 2018, 44). Los únicos países que alcanzan más del 50 por ciento de aprobación de gobierno son República Dominicana y Costa Rica, y la más baja Brasil con 6 por ciento (Corporación Latinobarómetro 2018, 44).

Confianza

La confianza hacia las instituciones (iglesia, fuerzas armadas y policía, poder judicial, congreso, partidos políticos, institución electoral, gobierno, instituciones privadas) no registra aumentos y sobre la confianza interpersonal hay un mínimo histórico (Corporación Latinobarómetro 2018, 46).

Violencia

La caravana de miles de centroamericanos que caminó hacia las fronteras de Estados Unidos en octubre pasado se originó en una de las ciudades con más homicidio en el mundo (Corporación Latinobarómetro 2018, 57).

Corrupción

La corrupción es el problema más importante a nivel regional. Hay siete países donde la corrupción está en primero y segundo lugar como problema principal: Colombia, Perú, Brasil, México, Paraguay, República Dominicana y Bolivia.

Satisfacción de vida

América Latina es una de las regiones más felices de la tierra, sus grados de satisfacción de vida en promedio se mantienen altos a lo largo de las décadas e independiente de los acontecimientos con un índice del 73 por ciento (Corporación Latinobarómetro 2018, 67).

Uso de redes sociales

En el 2018, se aprecia que el uso de redes sociales es propicio para la democracia. “[…] las redes sociales permiten que la ciudadanía ejerza su libertad de expresión con toda amplitud, la gente se atreve a decir cosas por las redes sociales que no diría nunca en una conversación cara a cara” (Corporación Latinobarómetro 2018, 78-79). En las redes sociales se permiten protestar, tomar partido en algún asunto y se contacta a líderes de opinión o personajes inaccesibles.

Las redes sociales han permitido nuevas formas de participación entre los ciudadanos, y han sido canales de comunicación entre el gobierno y la sociedad, si bien, también han dado lugar a noticias falsas y se ha mencionado que “La mayor amenaza para la democracia es la avalancha de posverdades y mentiras” (Santos 2018).

Apoyo a la Democracia

Con los resultados del 2018, se observó que sólo tres países, Costa Rica, Chile y Nicaragua no tuvieron retroceso. El resto de los países tuvo saldo negativo y México cero. Al comparar los países con mejor ranking desde 1995 a 2018, los mejor posicionados son Uruguay, Venezuela y Costa Rica.

Paraguay y Ecuador son los países que retrocedieron de 2017 a 2018 con mayor puntaje, 19 en cada caso. La caída de Argentina y República Dominicana fue de 10 puntos, seguidos de Brasil y Uruguay que perdieron 9 puntos.

Nicaragua fue el país que mejor se posicionó del 2017 al 2018 con once puntos arriba. La democracia subió en promedio tres puntos. El género que prevalece en la democracia es el masculino, más que el femenino, y a medida que aumenta la edad, aumenta el apoyo (Corporación Latinobarómetro 2018, 21).Se determinó en esta edición que a mayor educación, mayor apoyo a la democracia, y a menor educación más indiferencia al tipo de régimen (Corporación Latinobarómetro 2018, 22).

El indicador de clase social muestra que es la clase media (media y media baja) la que sostiene el apoyo a la democracia en los países de América Latina; por tanto, afecta la democracia en la medida que disminuye. “Hay países que han “perdido” parte sustantiva de su clase media en los últimos años” (Corporación Latinobarómetro 2018, 27).

Conclusiones

La información sobre la democracia permite conocer cuánta democracia existe en dieciocho países y percibir los fenómenos más relevantes que impactan a la democracia en América Latina. Por otra parte, la información sobre los resultados de las últimas elecciones de cada país ratifica la democracia existente en cada país.

El análisis sobre la democracia en los países de América Latina permitió apreciar que son ocho los países que han resuelto tener una segunda vuelta electoral, consistente en que el proceso electoral se realice en dos etapas o vueltas. en los casos en que ninguno de los candidatos hubiese obtenido un porcentaje predeterminado de votos en la primera: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala y Uruguay. Son dos los países cuyos presidentes no terminaron su periodo, Perú y Brasil.

La democracia es un tema permanente en la vida social, cultural, económica y política de todos los países y de manera específica en los países Latinoamericanos por sus características multiculturales y de infodiversidad.

Un tema tan relevante como la democracia requiere de información accesible, oportuna, relevante, precisa, veraz, compartible, abierta, en distintos formatos, por diferentes medios y de diversas fuentes.

La democracia en América Latina se ve desde distintas ópticas. Por tipo de democracia; por categorías de proceso electoral; funcionamiento de gobierno; participación política; cultura política; libertades cívicas (Democracy Index), o desde diferentes tipos de democracia: de los ciudadanos, de las instituciones, de lo social y humano, de lo económico (IDD), o bien de opinión pública sobre la democracia (Latinobarómetro).

Desde estas miradas, Uruguay y Costa Rica (2018) son los únicos países con democracia plena. Hay una coincidencia entre el Índice de Desarrollo Democrático, donde ambos países, junto con Chile, están considerados con desarrollo alto, y el Latinobarómetro, para el cual a lo largo de veintiún mediciones Uruguay ha mantenido el promedio más alto en el Apoyo a la democracia, seguido por Venezuela y Costa Rica. Salta a la vista el resultado de Venezuela; sin embargo, una calificación alta en un solo indicador contrasta con la realidad que subsiste en el país.

Se aprecia en los índices consultados que como sistema de gobierno, la democracia tiene una importante base social, aunque presenta estancamiento y deterioro en la actual década. Se revela desconfianza en el funcionamiento de las instituciones y en los actores, así como altos niveles de corrupción. Se percibe a la violencia, corrupción, pobreza y desigualdad como los fenómenos que han retrocedido a la democracia en los últimos tiempos a los países de América Latina.

El desarrollo democrático de América Latina es complejo e involucra a todo un conjunto de situaciones, por lo que necesario tener una evaluación global a través de indicadores que permitan un seguimiento para ver el panorama que prevalece en distintos momentos. La democracia requiere de largos procesos en donde la cultura democrática tiene un papel preponderante para configurar una ciudadanía analítica y propositiva que construya el país que cada sociedad requiere. La construcción de tal ciudadanía requiere de la información.

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Notas

¹ Número de países que corresponden a los indizados en el Democracy Index 2017. La ONU reconoce a 193 países.[regresar]

² Refiriéndose a que “todo miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles”.[regresar]

³ “Los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo y, si así lo eligen, qué asuntos deben ser incorporados a la agenda”.[regresar]

La imparcialidad y la veracidad en la oferta de información en temas políticos

Estela Morales Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Las bibliotecas y las solicitudes de información sobre temas políticos

Toda biblioteca tiene como razón de existir un compromiso social con su comunidad y con la institución que la crea, ya sea el Estado, una oficina gubernamental, una universidad, una empresa, una fundación, etcétera. Tal compromiso se traduce en atender de la mejor manera posible en cuanto a oportunidad, calidad y especificidad de los materiales, así como en brindar calidez, eficiencia y puntualidad en el trato al usuario. Estas características son válidas para toda biblioteca, además de que se da una especial atención a la veracidad de la información y a la imparcialidad de la oferta.

Las bibliotecas públicas, podríamos decir, pueden recibir demandas de información política en cualquier momento por el usuario general, pero quizá con más intensidad en momentos en lo que los contextos políticos impactan a una población o a una región, como las elecciones presidenciales, las denuncias de corrupción de empresas que afectan las finanzas y la vida pública de un país.

También se puede solicitar información sobre manipulación de datos y leyes que afecten recursos naturales en beneficio de políticos o ciudadanos privilegiados, y así podríamos enumerar una gran cantidad de temas y situaciones. Estos ejemplos y otros más específicos se podrían encontrar en una biblioteca universitaria especializada, que se tendrán que abordar con más detalle, de acuerdo a los proyectos de investigación que están desarrollando los profesores, investigadores o alumnos. Podría ser, también, información más casuística de fechas, candidatos, discursos, notas de comparecencias públicas, estadísticas gubernamentales o alguna otra curiosidad del usuario sobre temas relacionados.

Por lo tanto, podríamos decir que las solicitudes de información política o sociopolítica pueden ser para:

1 Proyectos académicos-científicos.

2 Proyectos de aplicación casi inmediata.

3 Temas coyunturales de interés público o para sectores específicos.

En América Latina, en 2018, hemos presenciado algunos acontecimientos que han impactado al grueso de la población tanto local, como a radios de acción más amplios por la posición geopolítica estratégica del país y sucesos como las elecciones presidenciales de Chile, Colombia y México, o hechos como los prelectorales de Brasil, los relacionados como el denominado “caso Odebrecht”, el “TLC de América del Norte” o el “CCTTP sin los Estados Unidos”. Todos estos temas aparentemente generales demandan información tanto general como específica, además de subtemas derivados o de influencia concurrente.

Ya sea para satisfacer nuestra curiosidad o para manejar datos duros que permitan hacer análisis, proyecciones, críticas y sugerencias, se necesita información. En ese entorno, la biblioteca es la institución que ha sido creada para utilizar todos los medios donde, en la actualidad, se registra, distribuye, circula y se comunica la información al usuario que la requiere. Lo anterior quiere decir que la biblioteca debe facilitar el acceso a medios impresos en papel, como libros, revistas y prensa, así como a los registros en medios digitales, como Internet y redes sociales, ya sea con servicios generales o personalizados. El bibliotecario especializado generalmente tiene definido el perfil de su usuario y puede proveerle una gama amplia de información proveniente de fuentes validadas. Si es un servicio de información de tipo general, se tendría que auscultar al usuario para conocer la especificidad de su interés.

La libertad de expresión y el derecho a la información

En nuestros días, en pleno siglo XXI, los ciudadanos no siempre se cuestionan que la posibilidad de expresarse de manera libre y abierta del ser humano sea un derecho fundamental y vital. Lamentablemente, no sucede así en todos los países ni tampoco se ha considerado un derecho natural en todas las épocas de la historia.

En un breve recuento histórico sobre los derechos humanos civiles y políticos, los vemos expresados como tales desde 1948, cuando se oficializó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 19 se dice:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (onu 1948, s.p.).

Este derecho ha sido recogido en las legislaciones supremas de muchos países. En algunos desde el siglo XIX, y otros a partir de décadas más recientes. Sin embargo, hay países que no contemplan esta posibilidad o limitan en mayor o menor medida su ejercicio y el respeto al pensamiento y expresión de las personas.

En México y muchos otros países, se recibió la influencia de movimientos liberales del siglo XIX y del pensamiento de la Ilustración del siglo XVIII. Como producto de la Revolución Francesa (1789), se halla la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que en su artículo 11 señala:

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley (Asamblea Nacional Francesa 1789, s.p.).

Esta declaración es uno de los grandes logros como antecedente a la concepción contemporánea de los Derechos Humanos.

Otro antecedente muy importante en la cultura occidental es la Constitución de Estados Unidos (1791), que establece: “El Congreso no hará ley alguna por la que se establezca una religión, o se prohíba ejercerla, o se limite la libertad de palabra, o la prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno la reparación de sus agravios” (Enmienda I. Declaración de Derechos (Bill of Rigths) de los Estados Unidos de América 1791, s.p. en línea).

En nuestro país hay antecedentes formales tanto en la Constitución de 1824, en el artículo 50, como en la de 1857 y en la de 1917, en sus artículos 6º y 7º. De manera resumida, su espíritu es muy ilustrativo: “art. 6º- “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial y administrativa […]” (Diario Oficial. Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, 1917: 49). “Art. 7º.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia […] Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura […] ni coartar la libertad de imprenta […]” (Diario Oficial. Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana 1917, 49).

En la actualidad, estos artículos mantienen su espíritu y actualizan la casuística y lo medios que facilitan el registro, la difusión y el uso de la información; del mismo modo, amplían la libertad de expresión al derecho a la información, por lo que ahora el derecho a la información implica la obligación a informar, así como el derecho a informar e informarse sobre las ideas, pensamientos y expresiones de todo ser humano, consagrados en los artículos 6° y 7°.

El artículo 6º dice:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuesto por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión […] [el énfasis es mío] (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, s.p.).

El artículo 7º dice:

Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios y tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir la trasmisión y circulación de ideas y opiniones […] (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, s.p.).

Como se puede apreciar en estas citas de normas constitucionales y a declaraciones internacionales, el acceso a la información tiene como objetivo ser considerado un derecho fundamental y humano y, a la vez, socializar, sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre su ejercicio, además de conocer el apoyo del Estado para que los flujos y medios de acceso a la información funcionen “eficientemente” (aunque ya conocemos que circunstancias políticas y culturales influyen en el ejercicio y logros del derecho a la información).

En la práctica, en la vida real, hay muchos canales de comunicación de la información:

a) Ya sea por medios formales y técnicos —como las bibliotecas, los sistemas de información y algunas redes académico-científicas, redes económico-políticas que ofrecen información sistematizada, probada, proveniente de fuentes serias y fidedignas—.

b) O por medios informales que penetran el mercado tanto individual como corporativo de una forma natural, insistente, atractiva y de fácil interacción con muchos usuarios que se acercan a estos servicios para temas personales, pero también para consultas de temas más profundos y formales, como las redes sociales. Por lo general, la información que se trasmite en estas redes puede ser informal y reflejar un punto de vista personal —no necesariamente la descripción de un hecho probado y comprobado—; puede ser también una percepción o un deseo personal, un rumor “callejero” de la ciudad o del grupo social al que se pertenece, o de las diferentes rutas o canales cibernéticos que se consultan.

Las fuentes consultadas o los “espacios” que ofrecen información visitada arrojan diferencias entre la información obtenida sobre temas que no son de carácter personal, familiar o amistoso, sino búsquedas e interrogantes que reflejan una inquietud más formal, lo cual puede responder a demandas sociales, académicas o laborales. La situación derivada de para qué se usa la información que se busca determina la fuente que debería ser consultada, las formales y las informales.

Las fuentes deben garantizar certeza, veracidad y originalidad, y el servicio y la oferta de estas fuentes no se deben contaminar con las predilecciones, creencias e ideologías del bibliotecario. Por consiguiente, hay que evitar lastimar a terceros con plagios, alteración de textos y presentación de datos no comprobables, ya que si bien existen leyes que protegen la expresión de las ideas sin censura, así como la difusión de información producto de una investigación o un hecho, también existen otras leyes y derechos que deben respetarse, como el derecho de autor, la protección a datos personales, la protección del usuario de información o lector ante las noticias falsas y la manipulación de los datos, ya sea por diversión o para conseguir beneficios extras no necesariamente lícitos en la economía, la ciencia, la política y la sociedad.

Los datos abiertos, el Open Access y las políticas públicas

Dada la irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en casi todas las actividades de los procesos científicos, académicos, administrativos y de la vida cotidiana, es muy importante analizar con atención este fenómeno, ya que las TIC como receptores de información en grandes volúmenes, con una capacidad de procesamiento en instantes y posibilidades de trasmisión y comunicación casi sin límites, se vuelven fundamentales para todos los que trabajamos con información, ya sea como bibliotecarios o cualquier otro especialista de esta área, o como usuario de este insumo. Recordemos que la información es el registro de los conocimientos generados en diferentes áreas, así como los sentimientos, las creencias y las ideas de todo ser humano.

Los progresos e innovaciones de estas tecnologías ponen a nuestro alcance un cúmulo de datos y de información de forma inmediata con una cobertura general o con una especificidad de acuerdo a la precisión de la búsqueda. La oferta de múltiples medios para obtener información es muy variada y, a la vez, muy accesible, desde las grandes supercomputadoras hasta unidades móviles para proyectos de sofisticadas ecuaciones y precisos cálculos o de mensajes y comentarios más ligeros que se pueden manipular en la calle, el hogar o el aula. Los especialistas han aprovechado estos adelantos para facilitar los registros de la información y la búsqueda de datos con sólo una palabra o partes de ella, a través de plataformas globales y públicas como Google, Yahoo! Bing, Ask y otras especializadas y científicas, así como redes sociales de todo tipo. De manera paralela, muchos autores colocan sus escritos en estas redes y correos electrónicos, y así como se hacen accesibles casi sin límites y todavía más, se pueden intervenir con mucha facilidad gracias también a la oferta libre de softwares que facilitan usar estos textos para fines personales o comerciales, ya sea copia fiel del original o con intervenciones parciales del original.

Si bien los avances de la tecnología permiten trasmitir cada vez más ideas sin límites ni fronteras, también permiten compartir, algunas veces de forma totalmente libre y otras con ciertos controles o reglas y compromisos el uso de los textos ajenos que circulan en la red. A veces, la emoción de encontrar un mar de información útil para el trabajo, nos anima a “tomar prestados” los datos o la pieza informativa total o parcial, sin darle crédito al autor original o cumplir con los requisitos a los que nos obligan leyes que protegen la creación de cada autor, de cada científico, de cada escritor; nos referimos a leyes como la de “derecho de autor”, la de “propiedad Intelectual”, el registro de patentes o las citaciones específicas que marcan ciertas disciplinas o medios productivos.

Estas facilidades permiten “repetir dichos” sobre temas políticos sin dar la fuente de donde se han tomado, y si bien “nos ahorran tiempo” en los temas políticos y en otras áreas, nos exponen a la falta de comprobación de la veracidad de la información que circula en los medios formales.

Nuevas formas de producir información y nuevas prácticas de consumo

En la industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los cambios en la última década son muchos. Algunas innovaciones en los procesadores de información se ofrecen al consumidor casi cada semestre (aunque los cambios en los laboratorios y en la industria son más frecuentes) y los usuarios-clientes responden con entusiasmo para ostentar la compra de la última oferta de las diferentes compañías que aparecen en el mercado.

Muchos de los cambios se manifiestan en velocidad, almacenaje y capacidad de procesamiento, más nuevas posibilidades de interactuar entre varias bases de datos para personalizar las respuestas y ubicarlas en tiempo y espacio.

Para ilustrar estos cambios, tomaré como ejemplo un objeto emblemático en la cultura y la ciencia para registrar y trasmitir los saberes de la humanidad, los conocimientos creados en el mundo, los sentimientos y sensibilidades: el libro. El libro, desde el siglo XV, se multiplicó con la imprenta. A través de los siglos, ha variado y las opciones de registro de información son múltiples, ya que aparecieron las revistas, los registros audiovisuales y diferentes expresiones digitales.

Muchas de las temáticas de las humanidades y las ciencias sociales todavía usan al libro como el medio representativo del registro de los productos de su creación y de conocimiento que descubren y recrean; no así las ciencias físicas, las biológicas y las tecnologías, que desde el siglo XIX tuvieron como medio de comunicación la revista científica y, de forma paralela a los avances tecnológicos, fue depreciándose en un sinnúmero de medios digitales.

En 1981 apareció el primer libro digital conocido como e-book, que en un principio se leía en una PC de escritorio o portátil. Poco después, apareció la posibilidad de leerlo en aditamentos más pequeños, casi de bolsillo, y con una comercialización global que unía al proveedor con el hogar, el aula, la oficina o el laboratorio. Al ser portátiles, se podían llevar también al café, al parque, al autobús o al avión. Amazon, una de las compañías comercializadoras de este “lector de libros electrónicos” proveyó una versión más moderna en 2007, el Kindle (Stephen 2014, s.p.), cuya primera emisión se agotó en cinco horas, y que se fue acrecentando en las diferentes versiones de dispositivos e-readers. Hay que aclarar que el e-book no ha desplazado al libro impreso, que sigue exitoso en el mercado, pero es una muestra la oferta de nuevas modalidades de acercarse a la información. Este mercado está lleno de innovaciones que, aunque conviven con la tradición, y las habilidades tecnológicas desarrolladas por los jóvenes y los adultos, permiten leer y obtener datos específicos de la información de formas muy específicas y personalizadas (Bañales 2018, 22-23).

Aunado a este ejemplo, que compite y convive con una tradición, hay un sinnúmero de avances de la tecnología que permite que el trabajo con la información logre avances que revolucionan su registro, proceso y uso como el trabajo con la robótica, los drones, los 3D o todas las modalidades de realidad aumentada (Vega 2018, 60).

Desde 1981, cuando partió oficialmente el ejemplo que presentamos del e-book, hasta el 2018, se han vuelto cotidianos los drones y sus múltiples usos en el comercio, el transporte, la agricultura, los procesos del cambio climático y hasta como actores de atentados políticos (como fue el caso Nicolás Maduro en Venezuela o de la guerra Siria-Iraq-Israel-Palestina) (Vega 2018, 60). De igual manera, ya son logros y ejercicios comunes los adelantos de la robótica como auxiliares fundamentales en la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales y en robots casi humanos, convertidos en actores de tareas específicas que pueden enriquecer la ciencia actual por la información que acumulan y que propician la innovación en manos de personas cada vez más jóvenes, como lo muestra el más reciente torneo mundial de robótica (Notimex y López 2018, 6).

Otra modalidad de cambio que se representa en muchas áreas, laboratorios, talleres, aulas y hasta espacios culinarios y de producción de utensilios y órganos humanos son las 3D y las realidades virtuales de apoyo y plena expansión.

Este acercamiento profundo de los jóvenes con las tecnologías y la información ha sido un motor fundamental para el avance de las TIC, además de la demanda que este sector de la población impone a los investigadores en lo individual y como parte de los corporativos que lideran este sector (EFE 2017). En conjunto, se busca un acceso universal a la información y sus derivados, como el acceso a Internet. Este acceso lleva consigo la posibilidad de potenciar el ejercicio de los derechos humanos; entre ellos, la diversidad cultural, lingüística, étnica, religiosa e ideológica, lo que también favorece la democracia como medio de convivencia en la sociedad (Brandão 2010, 66-67).

Esta pluralidad de medios y contenidos facilita y enriquece el acceso a todo tipo de información, en especial la política, que tiene un importante nicho de consumidores que conviven con las facilidades y, al mismo tiempo, los riesgos de acceder a información de origen dudoso en cuanto a la veracidad e imparcialidad de sus fuentes.

En la actualidad, las ofertas de medios para procesar información son tan variadas, con respuestas a cada necesidad expresada, que también hacen que las prácticas de consumo sean diferenciadas por edad, área de interés, medio socioeconómico y espacio geográfico local o global. Esto permite al usuario interactuar con servicios de información generales y abiertos, especializados y controlados por suscripción, así como en servicios corporativos, institucionales, grupos sociales de amigos, socios o colegas.

Estos servicios de información pueden ser diseñados con datos duros comprobables, aprobados y verificados por comunidades reconocidas por pares académicos y científicos, pero al mismo tiempo pueden ofrecerse servicios de información elaborados con el rigor de la veracidad por grupos sociales a los que solo les interesa trasmitir de manera informal información cotidiana de hechos comunes políticos, económicos o personales.

Gran parte de la información que se ofrece es de validez por un momento específico, muchas veces responde a un periodo determinado, a un instante, por lo que con frecuencia su caducidad está programada en relación con el interés que pueda despertar en algún grupo social. En otras ocasiones, este tipo de noticias o información puede padecer de obsolescencia social porque se refiere a un hecho de moda que mantiene el interés de los usuarios por breves periodos, ya que están en espera de otro acontecimiento que despierte su interés, ya sea en el arte, las modas, hechos catastróficos o de específica representatividad para una comunidad. Estas cualidades tienen un valor importante y destacable tanto en la información política como en las acciones y decisiones que la provocan.

La caducidad y obsolescencia de la información corresponden a nuevas exigencias de los jóvenes (sean millennials o más jóvenes o más viejos); el propio ritmo de la producción tecnológica se los imprime, de modo que estos jóvenes valoran más el instante y muchos productos. Entre éstos, la información es considerada desechable y prefieren las soluciones prácticas e inmediatas. No se involucran, además, en asuntos personales o grupales, salvo de manera momentánea, pues el futuro cuenta más que el pasado, sobre todo el futuro inmediato.

Estas conductas y “valores” entre los jóvenes van determinando, entre otras cosas, los usos de la información y las exigencias respecto a ella como un insumo fundamental para cualquier proyecto. El usuario todo lo quiere rápido y, en el caso de la información, quiere únicamente la necesaria y que corresponda exactamente al aspecto requerido. Busca un match, como un botón a un ojal, por lo que empieza a consultar fuentes y sistemas de información que correspondan exactamente a sus intereses para no “distraerse” con otros enfoques sobre un problema u objeto de estudio, con sus ideas, corrientes políticas, preferencias culturales , etcétera, que poco a poco se van excluyendo para incluir a grupos sociales, políticos, académicos o científicos que producen una zona de confort para el individuo, pero que limita sus visiones, lo cual no favorece su crecimiento personal y académico.

La discriminación o exclusión a veces no se hace a partir de la raza, el color de piel, las ideologías o las creencias; muchas veces esta situación está relacionada con aspectos digitales, con un mayor o menor acceso a la red, con los equipos de última generación y los servicios digitales de moda. Las relaciones no necesariamente tienen lugar cara a cara, sino que se establecen y se valoran por el tipo de equipo, las variadas aplicaciones que utilizamos y los aditamentos que poseemos y utilizamos; nos incluyen o nos separan de grupos de trabajo o sociales.