Kitabı oku: «La Fuerza Pública colombiana en el posacuerdo»

CONTENIDO

Lista de siglas y acrónimos

Lista de tablas

Lista de figuras

Introducción

Alejo Vargas Velásquez

El Estado, las fuerzas armadas y el control territorial

Alejo Vargas Velásquez

Sobre el Estado

Acerca de las fuerzas armadas

La naturaleza de la guerra

La democracia y las fuerzas armadas

Referencias

Las Fuerzas Armadas colombianas en el posacuerdo: repensando modelos de fuerza pública en América Latina

Héctor Luis Saint-Pierre

Matías Ferreyra Wachholtz

Consideraciones iniciales

Posconflicto y modernización militar

Defensa, seguridad interna y modelos de fuerzas

Tres niveles de gestión e imagen de las Fuerzas Armadas colombianas en el posacuerdo

Consideraciones finales

Referencias

La doctrina de la Policía Nacional de Colombia (1991-2017). Aproximaciones a la seguridad ciudadana ante los desafíos que plantea un escenario de posacuerdo

Farid Camilo Rondón Raigoza

Excursus introductorio al entendimiento de la doctrina en la fuerza pública

Introducción a la doctrina policial

Definición y aspectos generales de la doctrina policial colombiana: bases analíticas

El caso colombiano: una historia de inamovibles

Doctrina policial colombiana en el 2019: un proceso en paralelo

Propuestas desde la doctrina para la consolidación de la Policía Nacional de Colombia en el posacuerdo

Conclusiones: tesis principales

Referencias

Doctrina militar colombiana (1991-2017): un seguimiento a los procesos de modernización y transformación de cara a los nuevos escenarios

Aurora Yezzenia Ávila Quintero

Kelly Tatiana Paloma Culma

Ronal Iván Murcia Páez

Introducción

Aspectos conceptuales: doctrina militar

Antecedentes de la doctrina militar en Colombia

Trayectoria de la doctrina militar en Colombia 1991-2017

Principales transformaciones de la doctrina militar en Colombia, siglo XXI

¿Hacia dónde va la doctrina actual? Retos y proyecciones

Algunas reflexiones finales

Referencias

La transformación de la Armada Nacional de cara al posconflicto

cc Andrea del Pilar Escobar Gómez

Introducción

El impacto del conflicto armado en la Armada Nacional

El proceso de transformación en el interior de la Armada Nacional

A manera de reflexión

Referencias

La organización de la Policía Nacional en el posacuerdo: una institución hacia la paz

Farid Camilo Rondón Raigoza

Introducción: demarcaciones del análisis policial

De la seguridad rural hacia la convivencia: un cambio en la orientación de la Dicar

Seguridad ciudadana y la importancia del MNVCC

Inteligencia policial y la investigación criminal

La orientación internacional de la Policía Nacional de Colombia

Aspectos por resaltar de la organización policial en el posacuerdo

Conclusión

Referencias

¿Es necesaria una reforma a la Fuerza Pública?

Camilo Andrés Rodríguez Coneo

Gabriel Ricardo López Lozano

David Mauricio Martín Espitia

Introducción

Unas primeras precisiones sobre seguridad para el contexto colombiano

Proyección y balance oficiales en torno a una eventual reforma al sector seguridad

Colombia y la reforma al sector seguridad: propuestas desde la academia

Epílogo

Referencias

Los retos de la educación para la paz de la Fuerza Pública en el escenario de construcción de paz: los casos del Ejército Nacional y la Policía Nacional

Alexander Emilio Madrigal Garzón

Lina Facio Lince Betancourt

Manuel José Huertas Guevara

María Alejandra Ronchaquira Gamboa

Introducción

Contexto general: los retos en seguridad y defensa de la construcción de paz

La educación para la paz: un enfoque de análisis en cuatro dimensiones

Experiencias internacionales en reforma de la educación militar y policial: lecciones para la Colombia del posconflicto

El caso colombiano: un análisis crítico del discurso (ACD) de las dimensiones de la educación para la paz

Consideraciones finales

Referencias

Participación internacional en reforma al sector de seguridad en el posacuerdo

Rocío del Pilar Pachón Pinzón

Introducción

El rol de la comunidad internacional en la reforma al sector seguridad en escenarios posacuerdo

El rol de la comunidad internacional en la transformación militar y policial en Colombia

La transformación del Ejército en Colombia

Conclusiones

Referencias

Autores

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACD: análisis crítico del discurso

Alcopaz: Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia

CEA: Conferencias de Ejércitos Americanos

CCO: Comisión Colombiana del Océano

Cedoe: Centro de Doctrina del Ejército

Cenpo: Centro de Pensamiento y Doctrina Policial

Cetin: círculos estratégicos de transformación institucional

CDS: Consejo de Defensa Sudamericano

CAB: Comprehensive Agreement on the Bangsamoro

CCFADM: Comisión Conjunta para la Formación de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique

Cotecmar: Corporación de Ciencia y Tecnología del Mar para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial

Cotef: Comando de Transformación para el Ejército del Futuro

CPN: Partido Comunista del Nepal

CRE-I: Comité de Revisión Estratégica e Innovación

Creic: Comité de Revisión Estratégica e Innovación para la Investigación Criminal

DACF: Geneva Centre for Security Sector Governance

DD. HH.: derechos humanos

DDR: desarme, desmovilización y reintegración

DIH: derecho internacional humanitario

Dijín: Dirección de Investigación Criminal e Interpol

Dimar: Dirección General Marítima

Dinae: Dirección Nacional de Escuelas

Disec: Dirección de Seguridad Ciudadana

DNP: Departamento Nacional de Planeación

DOT: delincuencia organizada transnacional

Dicar: Dirección de Carabineros y Seguridad Rural

Diged: Dirección de Gestión, Estandarización y Difusión de la Doctrina

Dipoe: Dirección de Producción y Doctrina

DPKO: Department of Peacekeeping Operations

ELN: Ejército de Liberación Nacional

Encor: Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado

EPL: Ejército Popular de Liberación

EE. UU.: Estados Unidos

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo

FF. AA.: Fuerzas Armadas

FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

Frelimo: Frente de Liberación de Mozambique

Fudra: Fuerza de Despliegue Rápido

FRU: Frente Revolucionario Unido

GAO: grupos armados organizados

GDO: grupos de delincuencia organizada

ICGL: International Contact Group on Liberia

ICTJ: Centro Internacional para la Justicia Transicional

Iepades: Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible

IEPRI: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

IMATT: Military Advisory and Training Team

IPCP: Individual Partnership Cooperation Program

IPTF: Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas

IRA: Ejército Republicano Irlandés Auténtico

ISAF: Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad

ISSAT: International Security Sector Advisory Team

JEP: Justicia Especial de Paz

LGBTI: lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales

LURD: Liberians United for Reconciliation and Democracy

MCPPN: Modelo de Construcción de Paz de la Policía Nacional

MDN: Ministerio de Defensa Nacional

MFE: manuales fundamentales del Ejército

MFO: Fuerza Multinacional de Paz y Observadores

MFRE: manuales fundamentales de referencia

MNVCC: Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes

MINUSTAH: Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití

M-19: Movimiento 19 de abril

ONU: Organización de Naciones Unidas

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

ONG: organizaciones no gubernamentales

Onumoz: Misión de Naciones Unidas en Mozambique

OTÁN: Organización del Tratado del Atlántico Norte

RSD: reforma al sector seguridad y defensa

RSS: reforma del sector de seguridad

PES: Plataforma Estratégica de Superficie

PNN: Parques Nacionales Naturales

PNOEC: Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros

Ponec: Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros

PSD: Política de Seguridad Democrática

Petef: Plan de Transformación del Ejército de Futuro

Renamo: Resistencia Nacional Mozambiqueña

Secco: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano

Siser: Sistema Integrado de Seguridad Rural

UE: Unión Europea

Unasur: Unión de Naciones Sudamericanas

UNDPO: United Nations Department Peacekeeping Operations

Unipep: Unidad Policial para la Edificación de la Paz

Unomsil: Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona

Unsas: Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz

URNG: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

LISTA DE TABLAS

La doctrina de la Policía Nacional de Colombia (1991-2017). Aproximaciones a la seguridad ciudadana ante los desafíos que plantea un escenario de posacuerdo

La transformación de la Armada Nacional de cara al posconflicto

Los retos de la educación para la paz de la Fuerza Pública en el escenario de construcción de paz: los casos del Ejército Nacional y la Policía Nacional

Participación internacional en reforma al sector de seguridad en el posacuerdo

LISTA DE FIGURAS

La transformación de la Armada Nacional de cara al posconflicto

Participación internacional en reforma al sector de seguridad en el posacuerdo

INTRODUCCIÓN

La Fuerza Pública colombiana (compuesta por las Fuerzas Militares —Armada Nacional, Fuerza Aérea y Ejército Nacional— y la Policía Nacional) tuvo a lo largo del último medio siglo el mayor desafío que hayan tenido unas fuerzas militares y policiales en la región: enfrentar un conflicto armado interno de larga duración, con la presencia de diversos actores de violencia —guerrillas heterogéneas, grupos de paramilitares, bandas de crimen organizado— y, adicionalmente, la presencia de cultivos de uso ilícito —marihuana, coca, amapola— que complejizaron el escenario. Esto llevó a que, progresivamente y para enfrentar esos grandes desafíos, tanto en las Fuerzas Militares como en la Policía Nacional se fuera dando una orientación hacia fuerzas de tipo contrainsurgente —reflejado esto en la movilidad, la flexibilidad, la inteligencia y el armamento—. Una vez que comienza a otearse en el horizonte la terminación del conflicto interno armado, es obvio que en el interior de las mismas Fuerzas Militares y Policiales se comience a plantear la necesidad de adecuarse a las nuevas realidades.

Históricamente, y en especial en el último decalustro, la Fuerza Pública colombiana, su desarrollo y su contexto, ha estado permeada, en sus relaciones, por diversas contingencias. Estos deben ser reevaluados en unas nuevas circunstancias, dado que la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) supone un parteaguas en la historia de las Fuerzas Armadas colombianas.

El presente texto del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde) de la Universidad Nacional de Colombia, La Fuerza Pública colombiana en el posacuerdo. Reflexiones acerca de su proceso de adecuación, pretende contribuir a la reflexión y al debate actual en nuestro país acerca de qué tipo de Fuerza Pública es la que requerimos en este periodo de posacuerdo con las FARC y cuando las posibilidades de avanzar en conversaciones serias con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) no parecen claras.

En el interior del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa hemos compartido la preocupación académica acerca de qué tipo de fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) requiere nuestro país una vez que se logre cerrar definitivamente el conflicto interno armado, y cuál debe ser el camino más adecuado para avanzar en esa dirección, seguros, como estamos, de que esas transformaciones deben ser más incrementales que rápidas, pero, sobre todo, ser lo más consensuadas posibles; para ello, es fundamental estimular no solo la información dentro de la sociedad (con puntos de vista argumentados y diversos), sino también el debate respetuoso. Nuestro libro pretende ser una contribución en esa dirección.

A lo largo del texto se encuentra una columna conceptual (concretada en el primer capítulo, a partir de las discusiones entre diferentes autores) construida con los preceptos históricos que contextualizan las discusiones sobre las fuerzas públicas.

En ese orden de ideas, el primer concepto es el de Estado, considerado como una figura histórica específica. Dentro de sus características se cuenta la atribución de una soberanía y, por lo tanto, de un control sobre determinado territorio y población; asimismo, busca ser el campo de monopolios tales como el de la coerción, la producción de la moneda y del derecho. Este se reclama como expresión de un “interés general”, sustentando principios institucionales como la igualdad y la libertad y garantizando las relaciones de mercado para el bienestar social (por lo menos en el marco normativo).

El segundo concepto de relevancia es el de fuerzas armadas. Este se encuentra ligado con el anterior, dado que dichas fuerzas son el reflejo de la pretensión estatal por el monopolio de la coerción. Al respecto se tienen que señalar dos aspectos: primero, esta pretensión tiene como fin último el sustento de las decisiones estatales, es decir, la fuerza termina siendo eficaz en el momento de imponer cualquier tipo de agenda en el ámbito nacional. No obstante, lo anterior no implica que el uso de esta sea eficiente, por el contrario, es costoso; así, el segundo aspecto a considerar es la relación de la fuerza legítima con otros ámbitos, a partir de dos acepciones: 1) existe una aceptación por parte de la sociedad y 2) está limitada por un marco normativo.

El tercer concepto base que el lector debe tener en cuenta en el momento de comenzar la lectura de este texto es el de guerra, asumida (un debate desarrollado con mayor amplitud en el capítulo primero) como la continuación de la política por otros medios —bajo una concepción derivada del autor alemán Clausewitz—. La guerra es un ámbito de violencia en el cual se busca la definición de una determinada agenda, en un contexto específico, con actores intervinientes y capacitados. Este concepto termina haciendo referencia al contacto entre dos grupos definidos y legitimados en el ámbito social desde la perspectiva de las fuerzas armadas.

El cuarto concepto es el de democracia, fundamental para cualquier estudio de las fuerzas armadas de un determinado país. En este caso, la democracia se toma como una forma de relacionamiento entre la sociedad y el Estado (específicamente, el gobierno). Este se define a partir de la libertad y participación de los ciudadanos como sujetos de derechos y deberes, los cuales se articulan buscando un interés nacional. Al respecto, las fuerzas armadas se encuentran subordinadas en términos teóricos a las elecciones que se realicen de forma democrática, dado que estas deben perseguir y proteger el interés común.

Las anteriores aproximaciones son conceptos base que permiten ubicar al lector en el momento de abordar cualquier parte del texto. No obstante, los debates y la profundidad de los conceptos serán desarrollados a profundidad en el primer capítulo.

Sin embargo, es necesario adicionar al anterior marco conceptual supuestos (sustentados en hechos que serán expuestos a lo largo del texto) que unan la columna conceptual. Estos se encuentran centrados en torno a la especificidad del caso de estudio y, dado que son básicos para el entendimiento del lector, son desarrollados y profundizados a partir del objeto de cada artículo.

El primero de ellos es la falta de presencia y control territorial por parte del Estado colombiano, que ha sido uno de los problemas estructurales en términos de la definición de la seguridad en Colombia. Esto llevó a que la Fuerza Pública tuviera misiones, organización, doctrina y, en sí, características diferenciales respecto a sus pares latinoamericanas. Asimismo, el contexto de relación social con y el surgimiento de las amenazas para las Fuerzas se vería de manera diferente.

El segundo supuesto es el de una “militarización” histórica de la Policía Nacional, así como el “policiamiento” de las Fuerzas Militares. Este es uno de los puntos centrales derivados de las características del conflicto armado colombiano, en el cual hay un proceso de adaptación de las fuerzas que se tenían disponibles para hacer frente a los aspectos que se consideraban una amenaza. De este modo, el hecho de que se vislumbre una terminación del conflicto lleva a que se deba pensar una nueva caracterización de la Fuerza Pública en diferentes frentes.

El tercer punto de partida es la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, el cual se da en un escenario de violencia interna (de guerra entre fuerzas beligerantes). Esta va a ser uno de los puntos desarrollados a lo largo del texto y del cual dependen las transformaciones de las Fuerzas Militares y Policiales.

El cuarto aspecto es la existencia de una correlación directa entre lo militar y la democracia del país. La configuración específica de las instituciones militares y civiles colombianas va a conllevar que se den dinámicas concretas en torno a la definición de la democracia en el país. De igual manera, se da una especificación en cuanto a aspectos como la definición de la agenda política, de políticas, de demandas y resultados en torno a la seguridad y defensa, derivados de este contexto.

Con esta base conceptual, se ahonda en que una de las características definitorias del libro es la atención que le presta al periodo posterior al año 1991, dado que en el grupo se considera que con la última Constitución Política (1991) se da una transformación relevante en las Fuerzas a partir de tres factores: primero, un cambio contextual que se encontraba permeado por la violencia del narcotráfico, el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley, la creciente relevancia de la seguridad ciudadana y la necesidad de una transformación institucional que permitiera responder al contexto.

Segundo, como ya se ha señalado, existe una configuración histórica en las últimas décadas de las Fuerzas Armadas bajo dinámicas predominantemente contrainsurgentes. No obstante, 1991 va a significar una transformación en esta concepción (por lo menos en los preceptos políticos básicos), dado que a nivel internacional se da la caída de la Unión Soviética. Con este hecho histórico se marca la agenda internacional, siendo afectada dentro de ella Colombia, dado que desaparece el comunismo internacional dando fin a la Guerra Fría; no obstante, las guerrillas serán la materialización de la continuación de este conflicto a nivel interno en el país. Esto es relevante dado que deja espacio para que se dé posteriormente la guerra contra las drogas, de la cual el país va a ser uno de los mayores exponentes.

Tercero, como un factor derivado de los anteriores, está la limitación desde el orden normativo de las instituciones de la Fuerza Pública. El hecho de que se señale de manera expresa la relación de las Fuerzas Armadas, su composición, las funciones de cada una y el papel que desempeñan en el orden institucional colombiano es fundamental para comprender el trasegar posterior que va a tener cada una de ellas. Hay todo un cambio en el aparataje institucional estatal y eso no deja por fuera la necesidad de trasmutar esas transformaciones a las nuevas dinámicas.

En ese orden de ideas, en el orden metodológico el año de 1991 se toma como fundamental en todos los capítulos del texto, dado que marca un punto de inflexión respecto a las dinámicas militares y policiales que se van a desarrollar con posterioridad, tanto por factores internos como externos.

Este es un texto polifónico. Reúne reflexiones diversas de miembros del grupo de investigación y de investigadores asociados extranjeros y nacionales, con los cuales de manera permanente mantenemos un intercambio y una reflexión acerca de esta temática y, en general, sobre todas las que tienen que ver con la seguridad y la defensa. Pero, a pesar de la diversidad de miradas, todos los textos tienen unos referentes comunes que les permiten dialogar y ser una contribución desde los matices diferenciadores que los definen.

Dentro de estos, en el componente metodológico se debe señalar que los textos fueron desarrollados bajo el marco de revisión documental, tomando fuentes primarias y secundarias necesarias en el momento de analizar cualquier tipo de asunto referente a la seguridad. Para ello se parte de los documentos oficiales de las instituciones colombianas, documentos académicos, revisión de prensa y, en los casos que sean necesarias, entrevistas para hallar más formas de analizar el fenómeno. Este proceso se da por el objeto de estudio específico de la Fuerza Pública, en cuyas instituciones la obtención de información y la aplicación de estudios plantean dificultades técnicas.

No obstante, como forma de análisis se recurre a dos métodos diferentes, aunque complementarios: por un lado, se parte de una posición historiográfica, por medio de la cual se analiza el trasegar histórico de un determinado objeto de estudio, dependiendo del fenómeno en el que el autor se ubique. Por otro, se usa el método comparado como alternativa para encontrar características en común —y por lo tanto formas de análisis— en el momento en que la información sea limitada o acotada respecto a lo que se quiere estudiar.

Cabe resaltar que uno de los supuestos metodológicos es la necesidad de evaluar de maneras diferenciales la Policía y las Fuerzas Militares, dadas las características propias de cada una de ellas. Esto se hace con la salvedad de que se reconocen las conexiones históricas y operativas de ambas estructuras armadas, pero para hacer un estudio diferencial al respecto es necesario que se vean a partir de su singularidad.

En lo relacionado con el contenido del texto, podríamos diferenciarlo en tres bloques. El primero inicia con unas breves reflexiones conceptuales del profesor Alejo Vargas Velásquez acerca de cómo entender el Estado, las fuerzas armadas y el control territorial dentro de la perspectiva conceptual que ha acompañado las reflexiones e investigaciones de nuestro grupo de investigación, desde sus inicios, como un referente para las demás contribuciones. Este capítulo resulta ser una de las piedras angulares para la comprensión del texto en su conjunto, dado que se abordan los debates que se dan en el campo teórico a trabajar.

Posteriormente, se da una reflexión del profesor brasilero-argentino Héctor Luis Saint-Pierre y de Matías Ferrey Wachholtz, desde la perspectiva internacional, en la cual, además de dar también algunos elementos conceptuales, se proporciona una mirada comparada teniendo como referente modelos de fuerza pública en la región latinoamericana. Lo interesante de esta disertación es que otorga al lector una posición para comenzar a mirar las transformaciones de las Fuerzas Armadas colombianas desde la posición de su caso especial, y ver así las posibles salidas en medio de su especificidad.

En el segundo bloque contamos con dos capítulos elaborados por jóvenes investigadores del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa: el primero elaborado por Farid Camilo Rondón Raigoza sobre la doctrina de la Policía Nacional de Colombia en el periodo 1991-2017, en el cual analiza cómo se ha evolucionado de una doctrina policial influida por la doctrina de seguridad nacional, que tenía como centro la seguridad del Estado, a una influenciada por la doctrina de seguridad ciudadana, en la cual la centralidad de la seguridad está en el ciudadano, planteando también cuáles son los desafíos del posacuerdo. Este artículo busca entender el actuar policial y las dinámicas en el interior de la institución, así como reconocer las prácticas que se presentan en sus contextos.

El segundo, escrito por los jóvenes investigadores Kelly Tatiana Paloma Culma, Aurora Yezzenia Ávila Quintero y Ronal Iván Murcia Páez, trata sobre la evolución de la doctrina militar; además de hacer un rápido recorrido histórico, analiza los cambios a partir de la reforma militar del gobierno Pastrana y los últimos desarrollos en el contexto en que se desarrollaron las conversaciones de La Habana entre el gobierno Santos y las FARC. Este texto acerca al lector a las miradas de la doctrina en las Fuerzas Militares, aportando herramientas de análisis y deduciendo conclusiones respecto a los retos que tiene la institución castrense.

A continuación, se ofrece una reflexión del proceso de cambio y adecuación derivado del acuerdo entre el Gobierno y las FARC y otras transformaciones vividas en el interior de las Fuerzas Militares, vista desde la Armada Nacional y realizada por la teniente de navío Andrea del Pilar Escobar Gómez, politóloga de la Universidad Nacional y una de las fundadoras del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. Esta mirada es importante y enriquecedora, dado que expone cómo la Armada contribuye de maneras diferentes a la defensa de la soberanía nacional y plantea cuál ha de ser su preparación para responder a nuevos retos en un escenario de posacuerdo.

Igualmente, se incluye un capítulo sobre organización policial, derivado de los cambios en el campo doctrinal, elaborado por Farid Camilo Rondón Raigoza. En este se reconstruyen las principales evoluciones que ha tenido la Policía Nacional, enfocándose en las estructuras y en la búsqueda de una consolidación para la construcción de la paz. Este capítulo busca enfocar a los lectores en las discusiones actuales y en los retos de la institución policial, de modo que llega a conclusiones derivadas de esas transformaciones que se han dado en los últimos años.

Cierra este bloque el análisis realizado por los jóvenes investigadores Camilo Andrés Rodríguez Coneo, Gabriel Ricardo López Lozano y David Mauricio Martín Espitia acerca de la pertinencia de la reforma en la Fuerza Pública. En este capítulo se aborda la discusión desde el sector de la seguridad, en el cual existen diversas concepciones respecto a si es necesario y cómo efectuar transformaciones. Los investigadores contribuyen en este debate identificando puntos clave que se requieren en esta discusión.

El tercer bloque lo componen dos artículos. El primero, elaborado por los jóvenes investigadores del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, la internacionalista Lina Facio Lince Betancourt y el politólogo Alexander Emilio Madrigal Garzón, junto con los estudiantes auxiliares María Alejandra Ronchaquira Gamboa y Manuel José Huertas Guevara, a propósito de los desafíos de educación para la paz de la Fuerza Pública colombiana dentro de un escenario de construcción de paz.

El segundo, con el cual nuestro libro concluye, es una importante contribución de la internacionalista, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, especialista en Estudios Europeos y en Gerencia de Proyectos, Rocío del Pilar Pachón Pinzón, quien hace un análisis de las contribuciones internacionales que ha vivido y tenido el proceso de transformación de las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército, hacia lo que el actual comandante de las Fuerzas Militares denomina un “ejército multimisión”.

No hay duda de que la diversidad de miradas que contiene este libro, que combina análisis de investigadores con amplia experiencia en el campo y las contribuciones de jóvenes —pero muy serios— investigadores, es no solo un gran aporte a la comprensión del proceso de adecuación y cambio de la Fuerza Pública colombiana, sino, de igual forma, un insumo para el necesario debate que nuestra sociedad, en particular en el mundo académico y de los especialistas, debe entablar al respecto. Especialmente porque, como se señala en varios de los textos, con la firma de los acuerdos de terminación del conflicto armado no se termina con los riesgos y las amenazas a la seguridad —ciudadana o nacional—, más bien se esperan procesos de mutación de algunos de ellos y, por consiguiente, la Fuerza Pública, que tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los colombianos y sus instituciones, debe estar preparada para dar la respuesta adecuada a dichos desafíos.

Alejo Vargas Velásquez

Bogotá, segundo semestre de 2020

EL ESTADO, LAS FUERZAS ARMADAS Y EL CONTROL TERRITORIAL

Alejo Vargas Velásquez

En este texto se exponen algunos elementos conceptuales acerca del Estado, los monopolios a los que aspira, incluido el de control territorial, y el papel fundamental que desempeñan las fuerzas armadas en las dinámicas coercitivas estatales. A partir de este análisis, se presentan algunas consideraciones acerca de la guerra como un elemento históricamente constitutivo de los Estados y una de las razones de ser de las fuerzas armadas. Por último, se presentan algunas reflexiones sobre la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil como una característica inherente a la democracia. En esta reflexión, y en concordancia con la producción académica del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, se utilizan elementos conceptuales que se han planteado en anteriores producciones¹.

SOBRE EL ESTADO

Partimos de entender el Estado —en la perspectiva weberiana— como el aspecto político de las relaciones de dominación social, pero también como el agente de unificación de la sociedad y detentador, a ese título, del monopolio de la violencia física legítima, lugar de integración y de represión, pero igualmente de cambio: integrando, reprimiendo o asegurando el cambio, el Estado se define por su modo de intervención en relación con la sociedad y con un sistema político (Vargas, 1999).

Max Weber (1998) afirmaba que,

[…] sociológicamente el Estado moderno solo puede definirse en última instancia a partir de un medio específico que, lo mismo que a toda asociación política, le es propio, a saber: el de la coacción física. “Todo Estado se basa en la fuerza”, dijo en su día Trotsky en Brest- Litowsk. Y esto efectivamente es así […]. Por supuesto, la coacción no es en modo alguno el medio normal o único del Estado —nada de esto— pero sí su medio específico. En el pasado, las asociaciones más diversas —empezando por la familia— emplearon la coacción física como medio perfectamente normal. Hoy, en cambio, habremos de decir: el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio —el concepto de “territorio” es esencial a la definición— reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima. Porque lo específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o personas individuales solo se les concede el derecho de la coacción física en la medida en que el Estado lo permite. Este se considera, pues, como fuente única del “derecho” de coacción. (p. 201)

Al Estado, de esta manera, se le adjudica el primer elemento fundamental para cualquier tipo de análisis al interior de su estructura: la coacción legítima. El uso de la fuerza legítima por parte del Estado permite que las decisiones tomadas dentro de su entorno sean respetadas en el marco general que lo rodea. De esta manera, la sociedad reconoce —desde la mirada weberiana— este monopolio estatal, permitiendo la definición de su seguridad.

Asimismo, el Estado es una construcción histórica; en ese sentido, compartimos lo afirmado por Ernst Wolfgang Böckenförde cuando anota:

El concepto de Estado no es un concepto universal, sino que sirve solamente para indicar y describir una forma de ordenamiento político que se dio en Europa a partir del siglo XIII y hasta fines del siglo XVIII o hasta los inicios del XIX, sobre la base de presupuestos y motivos específicos de la historia europea, y que desde aquel momento en adelante se ha extendido —liberándose en cierta medida de sus condiciones originarias concretas de nacimiento— al mundo civilizado todo. (Böckenförde, citado en Bobbio, Mateucci y Pasquino, 1998, p. 563)

De esta manera, el Estado no es algo que se haya presentado de manera histórica a lo largo del desarrollo de la humanidad; por el contrario, responde a las configuraciones políticas de un momento determinado, teniendo su nacimiento en la Europa moderna. Esta estructura de poder político sigue permeando la actualidad como la institución fundamental en respuesta a las demandas sociales; no obstante, no deben eludirse las características históricas que, si bien han cambiado en forma, no hay cambiado en el fondo. Dentro de las principales se puede encontrar y concatenar la primera referida, el monopolio legítimo de la fuerza, que le confiere al Estado una posición de autoridad que permanece en la actualidad.

A propósito de lo fundamental del elemento coercitivo en la conformación del Estado, Roger Caillois (1975), en su sugerente trabajo acerca de la guerra, escribe que Hegel considera que:

[…] la guerra se convierte en el motor principal de la Historia, es decir, de la realización del Espíritu. Es ella la que forma los Estados en los que se encarna la Idea. En ella la mantiene su cohesión y la que le permite, finalmente, el cumplir su destino.

Y anota en otro pasaje de su obra que:

[…] numerosos historiadores admiten que la guerra está en el origen del Estado. Quizá esto sea apresurarse demasiado. Sin embargo, su precipitación se explica fácilmente: ven con suma evidencia que la guerra favorece la concentración del poder […] Keller es de la misma opinión: el Estado es, en su origen, un producto de la guerra y existe ante todo bajo la forma de paz impuesta entre los conquistadores y los conquistados. (Caillois, 1975)

De esta manera la guerra, en la perspectiva de nuestro grupo, es algo que se da en un escenario de relaciones complejo, configurando de diversas maneras la historia. La historia de la guerra es anterior a la de los Estados, y ha acompañado por siglos la configuración de los lazos de la humanidad. Empero, Caillois (1975) agrega un elemento fundamental en su texto: con el surgimiento del Estado en el orden occidental como principal organización de poder político de la modernidad y como ente con la pretensión de detentar el monopolio de la fuerza se genera una relación intrínseca entre un elemento estructural de historia humana (la guerra) y un elemento emergente (el Estado).

Esta relación se daría de tal manera que la guerra desempeñaría un papel central en la construcción del Estado-nación en Europa:

El Estado nacional europeo, que se organizó en la forma de organización política determinativa a lo más tardar en el siglo XIX, es el producto final de un proceso de selección y competencia que duró siglos. Las guerras que príncipes y reyes se declararon entre sí casi sin interrupción para ampliar con ellas su territorio y su ámbito de poder fueron al mismo tiempo la palanca más importante para agilizar la consolidación interior del Estado. Sirvieron para gravar a los ciudadanos con impuestos regulares, para propiciar la formación de un ejército estable y una administración eficiente, para impulsar la apertura de calles y canales, para fomentar la economía, etc. (Waldmann y Reinares, 1999)

De esta manera, se puede ver que el concepto de guerra compenetra los inicios de las estructuras estatales, así como su desarrollo y conclusión. En el caso de Europa, esta interrelación se hace evidente a lo largo de los siglos y muestra el transcurrir de la estructura estatal.

Entonces, podemos referir la noción de Estado a la relación de dominación y articulación básica de una sociedad, que refleja en su interior las contradicciones y los conflictos derivados de los diversos posicionamientos institucionales y de la pugna de fuerzas. Esta relación de dominación se conforma a partir de las desiguales distribuciones de poder real entre sectores sociales como desequilibrio fundamental y de las desigualdades entre culturas, razas y regiones como desbalances secundarios.

De esta manera, el Estado se construye sobre los siguientes elementos: 1) la igualdad de los individuos y su posibilidad de intercambiar mercancías libremente; 2) la disociación entre el sujeto vendedor de mercancías en el ámbito del mercado y el ciudadano, con iguales derechos ante las instituciones estatales; 3) la encarnación de las instituciones estatales y del monopolio de los medios de coerción física como tercer sujeto social que obra como garante para todos; y 4) la autorrepresentación del Estado como expresión del “interés general”, que termina por asociarse a los intereses de las clases dirigentes.

Es necesario señalar que el poder político —en el sentido de Max Weber (1998)— hace referencia al monopolio de la violencia física legítima (es por ello primariamente coactivo), lo que lo diferencia del poder económico o del poder ideológico, aun cuando sus cercanías son muy grandes. Pero necesariamente va a requerir de su aceptación por parte de aquellas personas (o de un sector importante de ellas) que van a ser sujeto de ese poder regulador; es decir, se requiere niveles de consenso que contribuyan a velar el aspecto coercitivo del poder político, porque, como afirma Landa (1990), “cada poder tiene necesidad de una forma específica de legitimación, aun cuando la autoconciencia de legitimidad no haya existido desde siempre” (p. 30).

Por tanto, se puede partir señalando que las relaciones de dominación social son constatables en las sociedades humanas. En todos los grupos humanos hay relaciones asimétricas, producto de desequilibrios sociales multifactoriales. En esa dirección, se dice que el Estado es el aspecto político de esas relaciones de dominación social, remitiendo fundamentalmente a algo que es inherente a las instituciones estatales: el monopolio de la coerción, que caracteriza la dominación que el Estado ejerce en la sociedad.

El Estado monopoliza la coerción legítimamente —o la pretende—, si se quiere, a manera de violencia organizada, para que dicha violencia no la ejerzan los particulares. En otros términos, esa es la esencia del poder que ejerce el Estado, pero también por ello podemos decir que:

[…] los militares siempre han tenido un cierto tipo de poder político en la sociedad. En todas las sociedades desde que Macchiavello, en el siglo XVI, lo teorizó en El Príncipe, el monopolio de la fuerza y su uso radica en el Estado que lo ejerce a través de las Fuerzas Armadas. De ahí viene la base de toda la teoría del Estado moderno […]. (Maira y Vicario, 1991)

Aun así, no es suficiente el monopolio de la coerción y la existencia de una legitimidad; se requiere también un ordenamiento legal. Por eso el Estado moderno, y en particular el denominado Estado de derecho, tienen su basamento en una normatividad constitucional que les proporciona su estructura jurídica-formal. Ella constituye la norma jurídica fundamental, en el sentido de Kelsen, a la cual los otros textos legislativos son subordinados (Seiler, 1982)².

Sin embargo, como bien lo anota Ferdinand Lasalle (1984), “los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen” (p. 119). Por ello, en las mismas limitaciones que se realizan en el ordenamiento legal existen dinámicas de poder que reflejan el componente de dominación social ya señalado. Es fundamental señalar esto, dado que se debe reconocer al derecho enmarcado en los límites que se le dan a partir del poder; es decir, el derecho no es justo per se.

Adicionalmente, existe un tercer atributo que tiene esa pretensión monopólica de la coerción que reclama para sí el Estado: la territorialidad. El monopolio de la coerción solo es aplicable para el espacio territorial propio del Estado-nación, porque una vez traspasados los límites de este va a existir otro Estado-nación con las mismas pretensiones. De esta manera, es en buena medida sobre el respeto a ese atributo que las relaciones internacionales entre Estados se materializan, acotándose además al precepto de espacios vacíos, el cual afirma que no hay ningún territorio del mundo que no se encuentre regido por alguna estructura estatal. Esta es la base de lo que varios autores denominan el Estado westfaliano, cuyo fundamento es el ejercicio de la soberanía sobre su territorio.

Al respecto, Armando Borrero (2017) afirma:

El Estado nacional moderno sigue vivo, en medio de su crisis, como el marco regulatorio más importante de la vida social en todo el planeta. Pero ha desaparecido la soberanía excluyente del Estado westfaliano, al compás de la globalización de la economía, la cesión de soberanía a instancias supranacionales y las enormes disparidades de poder entre los Estados. (p. 6)

Sobre esto, es importante rescatar dos elementos descritos por el autor: en primer lugar, el Estado sigue siendo el marco de regulación fundamental en las sociedades actuales. No obstante, y en segundo lugar, hay unas dinámicas de transformación que se deben tener en cuenta y que si bien no le quitan el protagonismo, sí cambian sus características.

Por otro lado, el monopolio de la coerción no es la única pretensión del Estado-nación. Los Estados modernos también aspiran al menos a tres controles monopólicos más: 1) el de la justicia —ellos serán los únicos con potestad, legitimidad y legalidad para aplicar justicia—, 2) el de la tributación —todo Estado aspira a ser el único que impone impuestos que deben ser de obligatorio cumplimiento por parte de los habitantes de ese espacio territorial— y 3) el monopolio del control del territorio, entendiendo como tal no solo la presencia de la fuerza pública (fuerzas militares y policía), sino también de lo que podríamos denominar la “dimensión institucional civil” del Estado, incluyendo la vigencia de la legalidad que, en su conjunto, configuran la presencia del Estado en el territorio y construyen una legitimidad en los pobladores de esos territorios.

Por supuesto, este es un campo importante de controversias, teóricas y analíticas, que se ven materializadas en los debates sobre la evolución doctrinal y organizacional tanto de la fuerza pública como de la institucionalidad civil estatal. Martín Moreno (2017) anota que:

[…] el llamado dominio territorial no es otra cosa que un espacio sometido a un determinado orden jurídico. El ejercicio del poder de unos hombres sobre otros, lo que se entiende por gobierno, solo es concebible mediante la producción y aplicación de una normatividad jurídica preestablecida. (p. 29)

Lo anterior es particularmente relevante en un país como Colombia, donde la complejidad de su geografía y la presencia recurrente a lo largo de la historia de grupos armados privados de diferente naturaleza han puesto en cuestión esa pretensión estatal de control del territorio, situación agravada si se tiene en cuenta que el caso colombiano es el de un Estado en proceso de conformación y consolidación, cuya estructura nunca ha tenido un control pleno de su territorio, lo que es una tarea pendiente.

Adicionalmente, el Estado se materializa (se corporiza o toma forma) en instituciones concretas como la Procuraduría, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ejecutivo, entre otras. Esta dimensión del Estado institucional es la que remite al concepto de régimen político, el cual, como expresión o materialización del Estado institucional, requiere de unos fundamentos de legitimidad. Cuando se habla de legitimidad se hace referencia a la aceptación social de la autoridad que el Estado ejerce sobre la sociedad.

El concepto de legitimidad remite en últimas a los discursos que explican y justifican el ejercicio del poder, los cuales son cambiantes históricamente. La legitimidad está cerca a otro concepto, el de legalidad, que, en sentido amplio, es el conjunto de normas que regulan el orden dentro de una sociedad, algunas escritas, otras no, dependiendo de las distintas sociedades y de qué tan positivizada esté la normatividad en una u otra.

Si se hace una rápida mirada por distintos momentos de la historia, puede encontrarse que en los orígenes del Estado absolutista lo que prima es un discurso eminentemente teocrático, es decir, el poder se supone delegado por un ser superior al emperador o al rey, y ese soberano, en la medida en que es un delegatario de ese ser superior, ejerce el poder, y la sociedad acepta este ejercicio como válido y legítimo. Pero ese discurso, con el desarrollo de la historia, comienza a ser cuestionado y se construyen nuevas disertaciones. Va a ser en los grandes movimientos sociales de la modernidad cuando se desarrolla toda la perspectiva que construye el discurso contractualista: la ficción del contrato social que explica y justifica el Estado.

Por otra parte, entendemos el concepto ciudadanía, en los términos de Guillermo O’Donnell (1984), como una abstracción que permite ubicar a todos los miembros de una sociedad como iguales, despojándolos de sus atributos y, en esa medida, es una mediación entre sociedad y Estado. Por eso las instituciones estatales invocan la ciudadanía, al conjunto de los miembros de la sociedad para ejercer su poder. Lo que buscan todos los discursos políticos, en relación con el poder, es explicar y justificar su ejercicio, es decir, hacer que la sociedad acepte ese poder como legítimo y le permita no tener que recurrir permanentemente al uso de la fuerza sino a la aceptación interiorizada de dicho poder.

Los regímenes políticos están atravesados por una dicotomía aparente: el consenso y la coerción. Es aparente porque en la realidad ningún régimen político puede prescindir de ninguno de los dos; no puede prescindir de la coerción, porque las instituciones estatales son primariamente coercitivas, pero tampoco puede prescindir del consenso porque la sola coerción no le permite mantener un régimen político estable con la mera dominación. Se necesita que los miembros de la sociedad (ciudadanos) acepten ese ejercicio del poder de manera normal y lo interioricen. Eso se expresa de manera práctica cuando el ciudadano sigue las pautas de la ley, paga los impuestos, reconoce la autoridad superior estatal, recurre a las instituciones oficiales y las utiliza para tramitar sus demandas, entre otros aspectos. Con estos actos le está dando legitimidad al Estado, está contribuyendo a que ese Estado institucional no tenga que recurrir a la fuerza.

Desde la perspectiva del criterio de legitimación que predomina, los regímenes políticos tienden a clasificarse dicotómicamente entre regímenes democráticos (en los cuales prima el consenso como sustento de la dominación) y regímenes autoritarios (en los cuales este basamento estaría en la coerción), con distintas modalidades intermedias de regímenes, más o menos democráticos o más o menos autoritarios.

En esta misma dirección, Maurice Duverger (1995) señala que:

[…] las democracias liberales reposan sobre elecciones libres; son regímenes pluralistas; tienden a restringir los derechos de los gobernantes y a desarrollar las libertades de los ciudadanos. Al contrario, los regímenes autoritarios son autocráticos en cuanto a la elección de los gobernantes, unitarios en cuanto a la estructura gubernamental y poco favorables a las libertades de los ciudadanos, salvo en lo que se refiere a las libertades económicas y sociales. (p. 57)

Sin embargo, el problema no es si predomina lo uno o lo otro. En la realidad no es que unos sean solo democráticos y otros solo autoritarios, lo que hay realmente son múltiples combinaciones con tendencias al predominio del uno al otro. Esos dos elementos o pares no son otra cosa que la expresión concentrada de todo un debate en la teoría política, que es el debate sobre qué es la política, en el que se van a encontrar por lo menos dos grandes perspectivas clásicas³.

Una habla de la política como negociación y composición que busca acuerdos, que es la que se conoce por lo general como perspectiva contractualista, de amplia tradición, que se remonta al pensamiento de Locke y Hobbes y permanece en las discusiones de autores contemporáneos. Su expresión máxima es el consenso, entendido como acuerdos mayoritarios, lo cual sería uno de los fundamentos del régimen político.

La otra forma de entender la política surge en la teoría de los autores alemanes, para quienes esta es un ejercicio de contradicción y enfrentamiento. Tal es la perspectiva de autores como Carl Schmitt y Karl Marx, quienes consideran que la expresión máxima de este ejercicio es el uso de la coerción. En últimas, el poder lo ejerce quien tiene la fuerza, sin olvidar que solo tiene poder quien tiene la posibilidad de sancionar.

ACERCA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Una de las instituciones fundamentales para la función de coerción y control del Estado, así como para la credibilidad del propio ordenamiento jurídico en la medida en que le da una capacidad de eficacia, son las fuerzas armadas, quienes, como lo señala el general (r) Paco Moncayo (1995):

[…] son una institución básica de todo Estado, no importa su forma de organización, su nivel de desarrollo, su modo de gobierno o su tradición histórica y cultura […] [Así,] el derecho interno es respaldado por una capacidad de coacción indispensable, la existencia de una administración monopólica de la violencia legítima […] [e incluso,] la propia creación de los Estados se produjo gracias a la obra libertadora de sus ejércitos.

Por ello, la naturaleza de las fuerzas armadas “se deriva de su condición de medio, de recurso de última instancia, para el logro de los fines de la política” (Desportes, 2000). Continuando con la reflexión del coronel francés Desportes (2000), “los militares tienen en su dominio, un rol social particular a jugar porque, más allá de las fluctuaciones políticas, ellos encarnan la conciencia de defensa de la nación […]”; la reflexión se vuelca entonces sobre el rol diferencial de cualquier órgano castrense, dado que en este se intentan ver materializados los verdaderos designios de la nación, más allá de los debates políticos que se producen. Los militares terminan asumiendo una concepción sobre la soberanía, el territorio, la nación, entre otros aspectos fundamentales que son la base de cualquier estructura estatal, concepciones que no son discutidas de forma política.

Todo indica que la construcción progresiva de las fuerzas armadas como institución estable, profesional y especializada está ligada a los procesos mismos de conformación del Estado-nación. Dentro de esta perspectiva, la conscripción cumple un papel fundamental; por ejemplo, Gustavo Adolfo de Suecia fundó el primer ejército moderno por medio de ella (Caillois, 1975). John Keegan (1995) considera que:

[…] la conscripción, por definición, no es un sistema excluyente, ya que acepta a todos los aptos para caminar y combatir independientemente de su riqueza o derechos políticos; por eso nunca ha gozado de las simpatías de regímenes temerosos de que los ciudadanos armados pudieran hacerse con el poder ni de aquellos con dificultades para allegar fondos. La conscripción es para los Estados que dan derechos —o al menos apariencia de derechos— a todos los ciudadanos. (p. 29)

Así, la conscripción significa un avance en cuanto a la construcción del ejército como parte de una nación, bajo el propósito de ir más allá de cualquier distinción social y acercándose a la idea del bien general; significa también una forma de vinculación de diferentes ciudadanos a los ideales que defiende el sector castrense, yendo más allá del debate político.

Pero fue sin duda la Revolución francesa y sus referentes de libertad, igualdad y fraternidad los que contribuyen a marcar un avance en la construcción del Estado-nación y del ejército estable y permanente. La Constituyente francesa de 1789 avanza en la idea de un ejército de ciudadanos:

La República no diferencia los derechos del ciudadano y los derechos del soldado. Desde 1789, Dubois-Crancé proclama que “todo ciudadano debe ser soldado y todo soldado ciudadano” […]. La Revolución estableció el sufragio universal y el servicio militar obligatorio […] el ciudadano participa a partir de ese momento, tanto en la defensa como en la gobernación de la nación. (Caillois, 1975)

Sin embargo esto no significa, de ninguna manera, que la Revolución francesa estuviera orientada por una concepción militarista de la sociedad. Así lo precisa Keegan (1995) cuando afirma:

[…] no es que los franceses decidieran hacer de “todo hombre un soldado”; los ideales de la Revolución eran antimilitaristas, racionales y legalistas, pero para defender el imperio de la razón y de la ley justa —la que abolía los privilegios feudales de una clase aristocrática que, aunque ficticiamente, atribuía su preeminencia social a su pasado guerrero— los ciudadanos de la Revolución habían tenido que recurrir a las armas. Los americanos de las colonias inglesas habían hecho lo propio quince años antes, pero mientras que los colonos americanos habían recurrido para sus fines a un sistema militar existente —el de las milicias creadas para defender sus asentamientos contra los indios y los franceses—, los galos tuvieron que crear un instrumento propio. (p. 40)

Y en esa medida, el ejército comienza a adquirir esas características propias de una institución que es al mismo tiempo jerarquizada e igualitaria:

Por sí mismo, el ejército no es democrático, pero es, indirectamente, igualitario. Como la autoridad debe ser más exacta e indiscutible que en otras partes, también se muestra más exclusiva: la jerarquía militar no soporta otra escala de valores que la limite o contraríe. Solo cuentan los grados: los privilegios, naturales o sociales, no son nada. No se concibe un subalterno que rehúse obedecer a un oficial porque encuentra que es menos rico o menos bien nacido que él. En este sentido, el ejército aparece como la primera formación social en la que la obediencia se conjuga con la igualdad. (Caillois, 1975)

Progresivamente se fue avanzando hacia la idea de un ejército profesional permanente con una estructura burocrática que le permitiera una racionalidad funcional.

Desde el siglo XVII, el soldado no vive ya con los habitantes, sino en un cuartel, propiedad del Estado. El desarrollo de la administración militar lleva a la construcción de arsenales, almacenes, hospitales. El ejército ofrece el primer modelo moderno de una organización compleja a gran escala. Los problemas de producción, transporte, avituallamiento, equipo, el establecimiento de un plan de campaña, la cooperación de diferentes servicios para su ejecución, tienen como consecuencia una hipertrofia sin precedentes de los órganos administrativos, incluso civiles. La estructura centralizada del Estado democrático contemporáneo tiene su origen lejano en el aparato erigido para satisfacer las necesidades militares. (Caillios, 1975)

Lo anterior nos obliga a plantear cómo se entiende la profesionalización militar, para lo que hacemos referencia a lo planteado por Huntington (citado en González Anleo, 1998) sobre el paradigma del profesional militar, al cual le asigna cuatro rasgos específicos:

En primer lugar, el conocimiento especializado de la administración de la violencia y de su tecnología, que en la actualidad ha llegado a ser altamente compleja y de inmensas potencialidades destructivas. En segundo lugar, el clientelismo o dependencia de su principal “patrón”, el Estado. En tercer lugar, el fuerte sentido de identidad corporativa, que los separa de los civiles. Intervienen sobre todo tres factores: los militares suelen tener sus propias academias, asociaciones, publicaciones y costumbres; además, la promoción hacia los niveles superiores está reservada, a diferencia de las empresas, a los que empezaron desde el empleo más bajo de oficial; finalmente, sus contactos y amistades informales propenden a quedar dentro de la esfera militar. En cuarto lugar, la ideología de la mentalidad militar, que ya no se centra en los valores guerreros y la glorificación de la batalla —hoy superfluos o limitados— sino en las actitudes de cooperación, subordinación de los motivos individuales a las demandas del grupo y la primacía del orden y la disciplina. (pp. 42-43)

Esto es fundamental, dado que si bien no son los criterios aceptados en la presente investigación (por lo menos a completitud), sí son el referente investigativo en cuanto a la profesionalización militar más aceptado a nivel internacional. No obstante, se consideran limitados en términos analíticos.

Por otra parte, Berrio Álvarez-Santullano (1998) acepta:

[…] definir la profesión militar como la actividad desarrollada por una parte o sector de la sociedad —los militares profesionales— que, tras una específica y profunda preparación, dedica todos sus esfuerzos al estudio, preparación, desarrollo, manejo y consecuencias del uso de las armas con la finalidad de preservar la paz entre las naciones. Para que fuera completa quizá habría que añadir que por su desempeño sus miembros perciben unos emolumentos en consonancia con la importancia de su cometido y el nivel profesional adquirido, máxime cuando por la especificidad de su preparación y la necesaria plena dedicación exigible, dichos conocimientos solo son aplicables en esta profesión. (p. 42)

Con este apartado se busca comprender que la profesionalización de las fuerzas militares depende de sus características contextuales, es decir, de los factores dados en una determinada sociedad.

Debemos concluir este aparte enfatizando la relación intrínseca entre Estado y fuerzas armadas porque:

El monopolio de la legítima coerción se quedaría en mera amenaza potencial si, para su materialización, el Estado no contase con instrumentos adecuados e igualmente legítimos. Es este el problema de los organismos armados del Estado. Las Fuerzas Militares y de Policía no constituyen una realidad externa del Estado, sino que son, por el contrario, su materialización en cuanto fenómeno de fuerza; son los administradores de la legítima coerción y hacen parte, por lo tanto, de la estructura y de la dinámica del Estado. (Atehortúa y Vélez, 1994)

Así, las fuerzas militares son determinantes para la definición de la capacidad del Estado en términos de que su decisión tenga un sustento de la fuerza. Las instituciones castrenses y policiales terminan siendo una forma de materialización del Estado, de concreción de acciones y de respaldo de decisiones.

LA NATURALEZA DE LA GUERRA

Una perspectiva para entrar a abordar el problema de la guerra es partir del fenómeno de la violencia, porque:

[…] la guerra no es sino una de las expresiones de la violencia práctica: la que contribuye al poder político. Yo puedo distinguirla de esa otra violencia práctica que contribuye al poder privado, y de la violencia pasional que expresa las pulsiones del individuo, aún si, como sabemos el saber-hacer político consiste en encadenar al carro de la guerra las violencias prácticas y las violencias pasionales que están activas o latentes en todos los niveles de organización de una sociedad. (Joxe, 1991, p. 219)

Sin duda es imposible definir un concepto de validez universal acerca de la violencia. Todo tipo de aproximación es limitada y parcialmente subjetiva, al estar condicionada por presupuestos dados y por diferentes criterios de aproximación a fenómenos jurídicos, valorativos e institucionales. En principio, podemos señalar con Michaud (1988) que:

Hay violencia cuando, en una situación de interacción, uno o varios actores operan de manera directa o indirecta, inmediata o diseminada, pretendiendo afectar a uno o varios en grados variables, sea en su integridad física, en su integridad moral, en sus posesiones, en sus participaciones simbólicas y culturales.

Lo anterior nos muestra que la violencia puede ser:

• En relación con los actores involucrados: individual o colectiva.

• En cuanto a su origen: una violencia de respuesta o de iniciativa.

• En el quehacer de los destinatarios: puede afectar a la propiedad o a la persona (en sus expresiones individuales o sociales).

• En relación con sus alcances: puede ser contra objetivos específicos o puede extenderse y terminar por envolver a toda la sociedad.

• En cuanto a su distribución temporal: puede ser puntual o diseminada en el tiempo.

• En lo relativo a sus causalidades: puede deberse a pérdida de control o conciencia de los individuos en grupos débilmente socializados, a condicionantes sociales o a utilizar esta como un recurso de poder, como una estrategia a través de la cual un actor pretende derribar la resistencia de su adversario. (Michaud, 1988)

Esta aproximación al concepto de violencia, a nuestro juicio, tiene varias ventajas: 1) involucra los actores de la violencia, que son los elementos subjetivos y dinámicos de esta (es en su proceso de interacción social que la violencia aparece como un recurso); 2) considera los elementos objetivos o más estructurales que están condicionando (no necesariamente explicando o justificando) las prácticas de violencia, es decir, los escenarios en que la violencia se materializa.

Hay una distinción que tiende a ser generalizada, aquella que divide la violencia entre pública (la que involucra a grupos sociales y que está relacionada con el manejo de la sociedad) y privada (la que toca a los individuos personalmente considerados). Dentro de la violencia pública, se considera tradicionalmente la denominada violencia política, la cual:

[…] implica ataques con potencialidad y capacidad destructora llevados a cabo por grupos u organizaciones al interior de una comunidad política y que tienen como adversarios al régimen, sus autoridades, sus instituciones políticas, económicas o sociales y cuyo discurso legitimador pretende estar articulado a demandas sociales, políticas y económicas. (Wieviorka, 1988)

Allí estarían contempladas las diversas modalidades de la violencia política: 1) violencia sociopolítica difusa, 2) violencia contra el poder, 3) violencia desde el poder, 4) guerras civiles, y 5) terrorismo.

Tradicionalmente, la violencia política tuvo su correlato en los denominados delitos políticos, entendiendo por tales los que atentaban contra la estabilidad del Estado, el régimen político, sus instituciones y que se tipificaban en los delitos de rebelión, sedición y asonada. No se podría, en esta perspectiva, considerar como parte de estos aquellos grupos que acuden al uso de métodos delincuenciales con el pretexto de la defensa del Estado, el régimen político o sus instituciones.

Esta distinción conceptual es fundamental, por cuanto establece unos límites acerca de la violencia que es considerada política y éticamente negociable, de aquella otra frente a la cual la única opción que tienen el Estado y sus instituciones es combatirla y someterla al imperio de la normatividad jurídica existente.

Moser (1999) acepta la diferenciación entre tres tipos de violencia, relacionándolas en cada caso con el poder así: 1) política, entendida como actos violentos motivados por el deseo consciente o inconsciente de lograr o retener el poder político; 2) económica, como los actos violentos motivados por el deseo, consciente o inconsciente, de obtener ganancias económicas o lograr retener el poder económico, y 3) social, como aquellos actos violentos motivados por el deseo, consciente o inconsciente, de avanzar socialmente o conquistar o retener el poder social.

Podemos situar la guerra como una de las expresiones de la violencia política. La guerra ha sido objeto de análisis desde diferentes perspectivas y, evidentemente, no es posible encontrar consensos acerca de su entendimiento, aunque podría decirse que “el fenómeno de la guerra entendida como contacto violento a través de la fuerza armada” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1998) pareciera ser una aproximación lo suficientemente genérica y al mismo tiempo delimitada para establecer un campo de análisis. Por su parte, el profesor Malinowsky define la guerra como un “conflicto armado entre dos unidades políticas independientes por medio de fuerzas militares organizadas y entablado como parte de una política tribal o nacional” (Aron, 1997).

Sin embargo, parece más importante señalar algunas características ligadas a una situación de guerra:

i) Una actividad militar; ii) un elevado grado de tensión en la opinión pública; iii) la entrada en vigor de normas jurídicas atípicas respecto de las que rigen en el periodo “de paz”; iv) una progresiva integración política dentro de las estructuras estatales beligerantes. De este modo, la guerra adopta al mismo tiempo la forma de una especie de conflicto, de una especie de violencia, de un fenómeno psicológico-social, de una situación jurídica excepcional y de un proceso de cohesión interna. (Bobbio et al., 1998)

Por su parte, Clausewitz (1999), el filósofo de la guerra, nos dice que:

La guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad […] la fuerza, es decir la fuerza física (porque no existe una fuerza moral fuera de los conceptos de ley y de Estado) constituye así el medio; imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo. […] la guerra no constituye simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de esta por otros medios […] el propósito político es el objetivo, mientras que la guerra constituye el medio y nunca el medio cabe ser pensado como desposeído de objetivo. (p. 24)

Esta tesis es controvertida por John Keegan (1995), cuando comienza su obra acerca de la historia de la guerra señalando que “la guerra no es la continuación de la política por otros medios”, e indica también que lo realmente planteado por Clausewitz es que “la guerra es la continuación de la ‘relación política’ ‘con la intrusión de otros medios’”. De esta manera, existe una debilidad teórica en el filósofo de la guerra, dado que configura un problema histórico que puede ser delimitado así:

Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, el concepto de Clausewitz es incompleto, pues implica la existencia de Estados, de intereses de Estado y de cálculos racionales a propósito de cómo se deben lograr. Pero la guerra precede a los Estados, a la diplomacia y a la estrategia en varios milenios. (Keegan, 1995)

Esta crítica tiene una amplia aceptación y se encuentra bien fundamentada, dado que, como ya se ha señalado en el texto, la guerra ha precedido a la organización política estatal. Parcialmente en esa misma dirección, Alain Joxe (1991) anota su posición:

La finalidad de la guerra no es siempre una finalidad de Estado, aunque sí es siempre una finalidad política. La guerra de Estado no parece tener sino dos objetivos posibles (al margen de la gloria que el general trata de derivar del éxito): la destrucción total del adversario o su conquista (seducción o sumisión).

De hecho, las guerras contemporáneas parecen ser predominantemente guerras sin Estado. Jean Meyer (2002) nos dice:

Desde antes del final de la Guerra Fría la teoría clásica había empezado a fallar y los conflictos habían tomado formas muy diversas, que no correspondían a la idea del enfrentamiento entre Estados o sociedades por lo que estos percibían como sus “intereses”. Las guerras actuales tienen un perfil radicalmente diferente, sin principio ni fin, a veces sin racionalidad aparente, sin respeto de las “leyes de la guerra”, con una marcada tendencia a disparar más sobre las poblaciones civiles que sobre adversarios armados. Los Balcanes, África, Chechenia, son algunos ejemplos. Afganistán nos lleva además al problema del terrorismo internacional y de la intervención total en nuestro mundo finito.

Luego Keegan (1995) plantea una estrecha relación entre guerra y cultura, precisando que:

La guerra implica mucho más que la política y siempre es una expresión de cultura, muchas veces un determinante de las formas culturales y, en algunas sociedades, la cultura en sí […] la cultura es una fuerza tan poderosa como la política en la elección de los medios bélicos, y en muchas ocasiones más predominante que la lógica política o militar.

No obstante, en el presente texto se hace énfasis en la guerra asociada al Estado, la cual es entendida por un grupo de científicos alemanes que trabajaron en Hamburgo después de la Segunda Guerra Mundial, según lo propuesto por István Kende, a partir de las siguientes cuatro características principales:

• Son conflictos violentos de masas.

• Implican a dos o más fuerzas contendientes, de las cuales al menos una, sea un ejército regular u otra clase de tropas, tiene que estar al servicio del gobierno.

• En ambos bandos tiene que haber una mínima organización centralizada de la lucha y los combatientes, aunque esto no signifique más que una defensa organizada o ataques calculados.

• Las operaciones armadas se llevan a cabo planificadamente, por lo que no consisten solo en encontronazos ocasionales, más o menos espontáneos, sino que siguen una estrategia global. (Waldmann y Reinares, 1999)

Ahora bien, la relación entre guerra y política se expresa a su vez en la dupla diplomacia y guerra, las cuales “son históricamente inseparables, ya que los hombres de Estado siempre han considerado la guerra como el recurso supremo de la diplomacia” (Aron, 1997).

Caillois (1975), en una perspectiva histórica, nos muestra cómo a diferentes tipos de sociedades corresponden distintos tipos de formas de realización de la guerra:

La guerra primitiva está emparentada con la caza: el enemigo es una presa a la que se trata de sorprender. La guerra feudal tiene algo de ceremonia y de juego⁴: la igualdad de oportunidades se respeta cuidadosamente y se busca una victoria más simbólica que real. Al contrario, en la guerra imperial, la partida no está equilibrada: a decir verdad, es la desproporción misma de los recursos y de armamento lo que define esta clase de conflicto. El mejor apertrechado absorbe al más débil, más que combatirlo. Lo asimila. Su tarea es a menudo más administrativa que militar. Por último, en las guerras entre naciones la igualdad se halla restablecida, pero cada uno de los adversarios se lanza a ella hasta el límite de sus fuerzas y trata por todos los medios de reducir al otro a pedir gracia, de manera que no hay matanza que parezca excesiva o bárbara: la guerra se halla constituida por una sucesión de golpes inmisericordes, de los que se exige únicamente que sean eficaces.

Gérard Chalian (2005), gran especialista francés en cuestiones estratégicas, nos dice:

La guerra no nace de la teoría; al contrario, es esta última la que se esfuerza de derivar enseñanzas y una conceptualización de los conflictos armados. La escuela de la guerra, desde siempre, es ante todo la caza y la experiencia del combate […] se puede hacer la guerra sin pensamiento estratégico verdadero.

Es decir, tenemos cambios en la perspectiva histórica acerca de cómo se hace la guerra, sus ritos y modalidades, pero no de su esencia. Al respecto, Desportes (2000) afirma:

Las vías de la guerra, la “gramática de la guerra”, para adoptar la expresión de Clausewitz, cambia[n] gradualmente, no la naturaleza de la guerra. Ella expresa un acto de violencia organizada, legítima, en la cual la moral, lo mental y lo físico, componen el juego de interacciones múltiples que estructuran la confrontación de Fuerzas Armadas.

Para Philippe Delmas (1996), exasesor del gobierno francés en política militar y de defensa, la guerra está ligada históricamente al problema de buscar y construir un orden político:

El paciente esfuerzo de la civilización jamás consiguió dominar la guerra, y la organización de las relaciones entre las potencias se reduce a la sistematización de la guerra […]. La capacidad de desempeñar un rol en la definición del orden y lograr que sus intereses fueran tomados en cuenta, es decir, reconocidos como importantes por otros países, determinaba el poderío de una nación. (p. 15)

Ahora bien, en el desarrollo de la concepción autoritaria del Estado, la guerra termina convirtiéndose, para sectores en el poder, en la razón de ser fundamental, lo cual puede llevar a darle justificaciones a Estados virtualmente terroristas o a concepciones como las conocidas después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en América Latina, de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional.

Caillois (1975) reafirma:

La tesis defendida por Ludendorff en La guerre totale, cuando reprocha a Clausewitz el haber subordinado la guerra a la política. Para él, por el contrario, es la guerra la que manda y la que justifica cualquier actividad, cualquier ambición. Ella debe obsesionar al ser humano y suministrarle a la vez “su única pasión, su único deleite, su vicio y su deporte: una verdadera posesión”.

Correlativamente, la paz es percibida solamente como un periodo para la preparación de nuevas fases de la guerra:

En cuanto a la paz, no sirve sino para preparar la guerra […]. La paz debe someterse a los imperativos de la guerra. La guerra es la soberana misteriosa de nuestro siglo, la paz significa solo un simple armisticio entre dos guerras. (Caillois, 1975)

Para el general (r) Paco Moncayo (1995), retomando elementos de distintos autores:

La guerra es la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Un acto de fuerza para obligar al contrario al cumplimiento de nuestra voluntad […]. La guerra es la continuación de la política, con la sola variación de los medios para alcanzar el fin.

En relación con los tipos de guerras, tenemos lo siguiente:

En primer lugar se encontrarían las guerras dirigidas contra el propio régimen, o sea guerras civiles que tienen como finalidad la caída del gobierno establecido y un cambio profundo del orden socioeconómico; en segundo término, las guerras de secesión o desatadas con una finalidad autonomista; tercero, las guerras entre los Estados que se disputan fronteras, recursos naturales o simplemente posiciones de dominio, es decir, las clásicas guerras internacionales; por último, en cuarto lugar, las guerras de descolonización, desarrolladas con la intención de sustraer a un territorio de la soberanía ejercida sobre el mismo por una metrópoli distante. (Waldmann y Reinares, 1999)

El porqué de la guerra es un interrogante que flota permanentemente sobre los analistas políticos y militares; así, evidentemente, encontramos una multiplicidad de respuestas. Philippe Delmas (1996) dice que:

Las guerras pueden obedecer a dos lógicas posibles. Las lógicas de poder, que generan conflictos de soberanía, y las lógicas de sentido, que engendran problemas de legitimidad. Las primeras son las guerras tradicionales de ambición y conquista. Reflejan el deseo de un Estado de apropiarse de parte o de la totalidad de los atributos soberanos de otro: población, territorio, riquezas, etc. […] Las segundas reflejan la dificultad que tienen algunas poblaciones para vivir juntas, o bajo una sola autoridad. (p. 21)

En lo relacionado con las motivaciones que puede tener un Estado para hacer la guerra, lo cual determina a su vez diferentes tipos de guerra, el denominado “científico de la guerra”, el francés Henri Antoine de Jomini (1991), en su obra clásica inicialmente publicada en el siglo XIX, escribe:

Un Estado se ve obligado a hacer la guerra:

Para reivindicar derechos o para defenderlos.

Para satisfacer grandes intereses públicos, como los del comercio, la industria y todo lo referente a la prosperidad de las naciones.

Para ayudar a pueblos vecinos cuya existencia es necesaria para la seguridad del estado o el mantenimiento del equilibrio político.

Para cumplir con estipulaciones de alianzas ofensivas y defensivas.

Para propagar doctrinas, frenarlas o defenderlas.

Para extender su influencia o su poder mediante adquisiciones necesarias para el bien del Estado.

Para salvaguardar la independencia nacional amenazada.

Para vengar el honor ultrajado.

Por afán de conquista o de invadir.

Para el general (r) ecuatoriano Paco Moncayo (1995), hay algunos elementos que permiten explicar el carácter, la complejidad y el tipo de una guerra:

[…] intereses encontrados e incompatibles en diferente grado, dos o más beligerantes, que pueden o no ser Estados, objetivos políticos, medios de fuerza, voluntad del ejercicio violento del poder, causas justificadoras o razones convincentes que, en más de una ocasión, disfrazan la verdadera naturaleza de los objetivos políticos […]. Una guerra solo puede ser total si la contradicción es antagónica, esto es, si está motivada por intereses y objetivos irreconciliables, en los que la misma supervivencia de uno de los actores se percibe que se encuentra en riesgo.

Este recorrido a partir de diferentes posiciones de los autores muestra cómo se ha dado la interrelación entre la política y la guerra, teniendo como una de sus estructuras mediadoras al Estado. Esta dinámica se da de manera histórica y tiene diversas variables que deben ser tenidas en cuenta en el momento de hacer cualquier tipo de acercamiento al objeto de estudio del presente libro.

LA DEMOCRACIA Y LAS FUERZAS ARMADAS

El concepto de democracia encierra una dimensión normativa, del deber ser, y otra de tipo positiva, de las realidades concretas en que se materializa. Ahora bien, la democracia se construye sobre la base del espacio del Estado nacional, aunque los principios democráticos tendieron a expandirse a otros espacios diferentes del Estado (familia, trabajo, educación) (Vargas Velásquez, 2000).

En cuanto al contenido, el discurso democrático pareciera basarse en los dos grandes principios (por momentos tensionantes entre sí), ya considerados como fundamentales desde los clásicos de la política, pero tomados como referentes paradigmáticos por las revoluciones burguesas: la libertad y la igualdad.

Para quienes colocan el énfasis en el primero, la democracia remite, fundamentalmente, al derecho de los individuos de optar libremente (previa la información suficiente sobre las diversas alternativas) por la decisión que consideren más conveniente para organizar su forma de gobierno. Para ellos, la democracia se reclama fundamentalmente del procedimiento. Para los que privilegian el segundo, la democracia remite a priorizar la igualdad en el acceso a la satisfacción de las necesidades y, en esa medida, no hace referencia exclusivamente a lo político, sino a su extensión a otras dimensiones de la vida social.

Para Alain Touraine (1994) hay tres dimensiones de la democracia: “respeto de los derechos fundamentales, ciudadanía y representación de sus dirigentes, que se complementan; es su interdependencia lo que constituye la democracia”. Más adelante, en su obra, plantea el debate entre contenido y forma de la democracia política:

La democracia ha sido definida de dos maneras diferentes. Para algunos, se trata de dar forma a la soberanía popular; para otros, asegurar la libertad del debate político. En el primer caso, la democracia es definida por su substancia, en el segundo, por su procedimiento. (Touraine, 1994)

En este debate, en cuanto a los dos principios fundamentales, entra el rol del concepto de ciudadanía, central respecto al desarrollo de la democracia. Este se modifica a partir de los contextos y está atravesado por múltiples tensiones, como lo anota Sánchez (1999):

[…] debemos cuidarnos de ver la ciudadanía de hoy como producto lineal e inevitable de la ciudadanía de fines de la época colonial […] [porque dentro del desarrollo histórico de la tensión entre libertad e igualdad], una creciente conquista de libertades y derechos civiles no es incompatible con la persistencia de las desigualdades sociales e incluso con su agravamiento.

De acuerdo con lo anterior, la consolidación de la democracia está en estrecha relación con la afirmación de un concepto moderno de ciudadanía asociado al respeto de los derechos, no solo civiles y políticos, sino también de las minorías, entre otros.

Este concepto es la expresión del debate que opone la denominada democracia formal, o la realmente existente en las diversas sociedades, a la democracia sustantiva, o la del deber ser, que por momentos remite a visiones igualitaristas de la sociedad, predicadas en distintos momentos de la historia por diversas corrientes del pensamiento político.

Pero abordar la democracia tan solo desde la dimensión política resulta una mirada estrecha y recortada. Implica solo una dimensión, una manifestación, de la escisión creada entre Estado y sociedad, de la relación de los sujetos sociales con las instituciones estatales. La democracia se puede considerar igualmente en sus dimensiones económicas y sociales, incluyendo la dimensión de lo cotidiano (Vargas Velásquez, 1993).

Las prácticas políticas de los actores sociales están ligadas a un sistema social determinado y, por lo tanto,

[…] la democracia no es solamente una forma o un sistema de gobierno, sino el producto de una relación entre un sistema de gobierno y un tipo de sociedad: relación cambiante, proceso que responde, entre otros, a una concepción del hombre social que evoluciona y se modifica ella también. (Debuyst, 1987)

Adicionalmente, la reproducción de una sociedad implica una perduración en el tiempo de los sujetos sociales, lo cual quiere decir que todos tienen acceso a los bienes necesarios para su proceso reproductivo, lo que se relaciona con el concepto de democracia en su dimensión más económica: es la expresión de otra tensión relacionada con el debate acerca de la democracia, la que opone la democracia política a la denominada democracia social. Con Norberto Bobbio podríamos afirmar, en la perspectiva de ampliar la democracia más allá de lo considerado como tradicionalmente “político”, lo siguiente:

Tras la conquista del sufragio universal, si se puede aún hablar de una extensión del proceso de democratización, esta se debería encontrar no tanto en el tránsito de la democracia representativa a la democracia directa —como suele creerse en general— cuanto en el tránsito de la democracia política a la democracia social […]. Cuando se quiera saber cuál ha sido el desarrollo de la democracia en un determinado país, se debería comprobar si ha aumentado o no el número de aquellos que tienen derecho a participar en las decisiones que le afectan, sino en los espacios en que pueden ejercer este derecho. (Bobbio, 1985)

Hay dos grandes propuestas, desde el punto de vista procedimental, para hacer referencia al problema de la democracia como expresión de las relaciones sociedad-Estado, aunque en la realidad del funcionamiento de las sociedades ninguna opera como tal en forma pura, y tienden más bien a presentarse múltiples combinaciones de estas. Nos referimos, por una parte, a la denominada democracia de mayorías y minorías y, por otra, a la consensual; el analista político norteamericano Robert Dahl (1988) denomina “democracia populista” el primer caso y “democracia madisoniana” el segundo.

Desde el punto de vista procedimental, hay un debate entre las dos vías consideradas como democráticas: la de mayorías y minorías, que se expresaría en sistemas de gobierno del tipo “gobierno-oposición”, pero que según algunos analistas puede transformarse en una “dictadura de las mayorías” que atropelle los intereses de las minorías; y la democracia denominada “madisoniana” o consensual, con fuerte presencia en los discursos contemporáneos y que tiene el riesgo de caer en lo que James Petras denomina el principio totalitario del unanimismo o que bien puede derivar en una “dictadura de las minorías” o en un mecanismo de entrabe para la toma de decisiones.

Touraine (1994) se posiciona en una perspectiva cercana a la de Robert Dahl cuando afirma:

La democracia es el régimen donde la mayoría reconoce los derechos de las minorías, porque ella acepta que la mayoría de hoy puede transformarse en minoría mañana y estar sometida a una ley que representará intereses diferentes de los suyos pero que no le impedirá el ejercicio de sus derechos fundamentales. (Touraine, 1994)

Ligada a la anterior discusión se encuentra la relativa a la democracia representativa y la participativa. Este debate puede llevar a una subvaloración de la representación en la medida en que se consideraría que todas las decisiones (o por lo menos la mayoría de estas) son susceptibles de ser tomadas directamente por los ciudadanos, e igualmente puede llevar a una sobrevaloración e institucionalización de la participación. Sin embargo, otros analistas, con base en algunas experiencias históricas, afirman tajantemente que:

La sustitución de la democracia formal representativa por la democracia sustancial directa ha sido un juego de palabras para ignorar pluripartidismo, autonomía de las organizaciones sociales, libre difusión de ideas, libertades políticas, garantías individuales, es decir, el contenido efectivo de la democracia, cuya realidad no desaparece porque se le llame formal. (Pereyra, 1986, p. 67)

Sin embargo, es pertinente recordar, como lo plantea Touraine (1994), que:

[…] para que haya representatividad, es necesario que haya una fuerte agregación de demandas provenientes de individuos y de sectores de la vida social diversos. Para que la democracia tenga sólidas bases sociales, es necesario colocar este principio al extremo, avanzar hacia una correspondencia entre demandas sociales y ofertas políticas, o más simplemente, entre categorías sociales y partidos políticos.

Muy cercano a este debate se encuentra el de la antinomia entre democracia representativa y directa, en el cual la utopía sería la posibilidad de todos los ciudadanos de participar directamente en la toma de decisiones acerca de los asuntos públicos. Al respecto, resaltamos lo señalado por Juan Enrique Vega (1992) sobre la confusión presentada entre participación y democracia directa:

La confusión de la idea de participación con la democracia directa conduce, por una parte, al desmérito de las instituciones democráticas que en el mundo actual requieren de las normas y de la representación. Y, por otra, a la formalización de la participación, transformándola en un instrumento de legitimación del poder más que de ampliación y socialización.

A veces los discursos de lo óptimo se pueden transformar en obstaculizadores de lo posible y en esa medida pueden contener, sin proponérselo, un resultado involutivo.

El problema de la democracia, en cuanto a la forma, hace referencia a la construcción y consolidación de un espacio o una esfera considerada como de interés general de la sociedad, un espacio de lo público. Se trata, sin duda, de lograr el ideal de separación clara entre los intereses privados de los individuos o grupos sociales y los intereses públicos o generales que se consideran de administración del Estado.

La legitimidad del poder se sustenta en su naturaleza democrática, la cual se desprende de la “elección” de los gobernantes; entonces, el mecanismo electoral se convierte en el medio para legitimar el poder político y, por lo tanto, en vehículo para sustentar las relaciones de dominación.

Podríamos señalar que la democracia, en su dimensión política, conlleva gobiernos electos periódicamente por la mayoría de los ciudadanos, dentro de un sistema de pluralidad política, que se rigen por un marco jurídico preestablecido, lo que comúnmente se denomina Estado de derecho, en el cual la función de coerción del Estado, a cargo de varias instituciones —en el centro de las cuales se encuentran las fuerzas armadas—, está supeditada a los gobernantes civiles que han sido legalmente electos y que derivan una legitimidad a partir de allí. Así, “históricamente, la monopolización de la fuerza legítima se puso en práctica para obtener un orden social y evitar la dispersión de la violencia, y al mismo tiempo tenía que servir para garantizar las normas de la convivencia social” (Diamint, 1999).

La supremacía del poder civil sobre el poder militar en una democracia se puede entender como:

[…] la capacidad que tiene un gobierno democráticamente elegido para definir la defensa nacional y supervisar la aplicación de la política militar, sin intromisión de los militares […] la supremacía civil lleva a eliminar la incertidumbre respecto de la lealtad de largo plazo de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles. (Diamint, 1999)

Samuel P. Huntington y otros politólogos norteamericanos contemporáneos son reiterativos, en varias de sus obras al respecto, en la necesaria subordinación del poder militar al poder civil como prerrequisito de la democracia; el autor señala que “el primer elemento esencial para todo sistema de control civil es la minimización del poder militar” (citado en Agüero, 1995). Por su parte, Robert Dahl añade a las anteriores formulaciones que “el control civil de las Fuerzas Armadas y la policía es una condición necesaria para la poliarquía” (citado en Agüero, 1995).

El general Charles E. Whilhelm (2000), anterior jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, lo reitera cuando anota:

Su subordinación al liderazgo civil no es un lema vacío o un objetivo distante, es una realidad actual […] la relación entre la democracia y las Fuerzas Militares que la protegen y la sostienen es una relación casi teológica, no se construye sobre relaciones, leyes o procedimientos; su fortaleza está en el carácter e integridad de los líderes civiles y militares y en la confianza entre unos y otros.

Pero la subordinación del poder militar al poder civil conlleva a su vez responsabilidades mutuas que no siempre parecen estar claras. Al respecto menciona Pizarro (1994):

Si uno de los fundamentos centrales de un régimen democrático es el de la subordinación militar al poder civil, este último debe ejercer un papel fundamental en el diseño y la conducción de la política militar, lo cual exige un conocimiento de las fuerzas militares, su historia, sus aspiraciones, su autoimagen.

En el mismo sentido, enfatizando la necesaria responsabilidad que tendrían las élites políticas de orientar la política de defensa y seguridad y, por supuesto, de conducir políticamente la guerra si esta llegare a presentarse, se expresa Desportes (2000):

El derecho del político a conducir la guerra le confiere deberes y responsabilidades: en primer lugar, el de definir finalidades, carácter y medios de la guerra […]. A la política igualmente determinar el carácter del conflicto, su intensidad y la naturaleza de los medios empleados.

Clausewitz (1999), a su vez, plantea con gran claridad la necesaria subordinación de lo militar a lo político:

[…] subordinar el punto de vista político al punto de vista militar sería absurdo, porque es la política la que ha creado la guerra. La política es la guía razonable y la guerra simplemente el instrumento, no a la inversa; no hay otra posibilidad que subordinar el punto de vista militar al punto de vista político.

Lo anterior tiene una lógica explicativa que sintetiza muy bien Desportes (2000) cuando señala que “la política existe antes de la guerra, ella se continúa a través de la guerra en la decisión de comprometer las Fuerzas Armadas y continúa después de la guerra; en ningún momento su curso es interrumpido”.

Esta perspectiva es compartida por analistas de diversas tendencias y en distintos momentos históricos, y se remonta a un autor clásico como Sun Tzu, quien considera que “la guerra es un sujeto de importancia vital para el Estado […] en la conducción de las operaciones, el buen general no debe buscar su interés personal, sino servir, al contrario, los de sus jefes políticos” (Desportes, 2000).

También los analistas marxistas se ocuparon del asunto y, posteriormente, la doctrina militar soviética:

Lenin y los primeros teóricos revolucionarios adhieren a la idea de la interacción permanente de la política y la guerra […] Lenin considera que “la guerra está en el corazón de la política… ella es parte de un todo y ese todo es la política” […]. “Las cuestiones de estrategia militar, de estrategia política y económica están íntimamente ligadas en un conjunto común”. (Desportes, 2000)

Vincent Desportes (2000) señala cómo esta concepción, que es uno de los fundamentos de la democracia, es generalizada en el pensamiento occidental: “La idea de la subordinación de lo militar a lo político está fuertemente arraigada en el pensamiento occidental; ella constituye en sí misma uno de los fundamentos de la idea democrática”; y, citando a Charles de Gaulle, señala: “El gobierno no debe ni dejar al comando militar asegurar la conducción general de la guerra, ni mezclarse en las operaciones militares, ellas mismas” (Desportes, 2000).

Pero igualmente anota las dificultades inherentes a la subordinación de lo militar a lo civil, tales como:

El control político no se da siempre per se. El peso de la institución, su natural rigidez administrativa, pueden hacer su control difícil. Es decir, el sentimiento generalmente compartido por los militares de ser a la vez herederos y responsables de la perennidad de una herramienta relevante, más para la nación que para el Estado, de una parte, la especificidad de la técnica militar que hace su comprehensión delicada y sus razones difíciles a juzgar por personalidades exteriores, de otra, no facilitan la subordinación política. (Desportes, 2000)

Lo anterior evidencia una de las tensiones siempre presentes en la relación entre poder civil y militar. En síntesis, el poder del Estado se fundamenta en una mezcla de consenso y coerción (cuya expresión máxima, pero no la única, es la guerra), por lo que este debe ser ejercido dentro de un marco legal y con un nivel aceptable de eficacia. Para su materialización, las fuerzas armadas son una institución fundamental, que en un régimen democrático deben estar subordinadas al poder político civil, que tiene el derecho y el deber de orientarlas y conducirlas políticamente en su actuación.

REFERENCIAS

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Notas

1 Entre las que se encuentran: Alejo Vargas Velásquez, Las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano (Medellín: Editorial La Carreta, 2010); Alejo Vargas Velásquez (ed.), Fuerzas Armadas en la política antidrogas: Bolivia, Colombia y México (Bogotá: Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Unijus-Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional, 2011); Alejo Vargas Velásquez (coord.), Seguridad en democracia. Un reto a la violencia en América Latina (Buenos Aires: Clacso, 2010); Alejo Vargas Velásquez (ed.), El papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana 1985-2006 (Bogotá: Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Unijus-Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional, 2008); Alejo Vargas Velásquez (comp.), Ensayos sobre seguridad y defensa (Bogotá: Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Unijus-Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional, 2006).

2 Todas las traducciones son del autor.

3 Al respecto se puede encontrar un amplio análisis en Bobbio y Bovero (1984).

4 En similar sentido se refiere John Keegan a los samuráis japoneses: “La ‘elegancia’ era fundamental en el estilo de vida samurái, tanto en la ropa, la armadura y las armas, como en la habilidad para la lucha y el comportamiento en el campo de batalla; en eso no diferían mucho de sus caballerescos contemporáneos de Francia e Inglaterra” (Keegan, 1995).

LAS FUERZAS ARMADAS COLOMBIANAS EN EL POSACUERDO: REPENSANDO MODELOS DE FUERZA PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

Héctor Luis Saint-Pierre, Matías Ferreyra Wachholtz

El Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC afianzó nuevas perspectivas en torno a una paz duradera y estable para Colombia. En ese sentido, se abre la oportunidad para reconfigurar un modelo de Fuerza Pública acorde con las diferencias esenciales entre los ámbitos de la seguridad interna y de la defensa regular de un Estado de derecho. Esto convierte al caso colombiano en una referencia para América Latina, a fin de reflexionar sobre la adecuación de la Fuerza a los nuevos retos de seguridad, como el crimen organizado y el narcotráfico. Aquí procuramos analizar modelos de modernización militar posibles para Colombia en el posacuerdo, teniendo en cuenta sus implicaciones de gestión e imagen en los órdenes doméstico, regional y global. Contemplamos, por un lado, el modelo de “fuerzas multimisión” y, por otro, el de “fuerzas especializadas”, para concluir que es preferible la adecuación de ese último modelo para Colombia, y que este puede ser replicado en toda América Latina.

CONSIDERACIONES INICIALES

Luego de que las Fuerzas Armadas de Colombia estuvieron envueltas en un prolongado conflicto interno, hoy su Ejército encara la tarea de pensarse para el futuro. Se lo propone en un momento excepcional, ya que el Acuerdo de Paz logrado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en La Habana ha expandido el terreno para la reflexión que involucra al conjunto de las Fuerzas Armadas colombianas y a la sociedad en general. Uno de los ejes de esta reflexión gira en torno al ya activado Plan de Transformación del Ejército de Futuro (Petef), cuya influencia y motivación más importante en los últimos tiempos adviene de un posible escenario de paz duradera y estable para Colombia (Ramírez, 2015).

El plan de transformación militar colombiano está orientado por el modelo de “fuerza multimisión”. Bajo este concepto, las Fuerzas Armadas asumirían funciones, misiones y propósitos múltiples, en diferentes áreas de defensa, seguridad, desarrollo territorial y económico e, incluso, medioambiente. El foco estratégico apunta a escenarios futuros donde los principales retos de seguridad ya no estarían dominados por conflictos armados internos sino por problemas como el crimen organizado y el narcotráfico (Comando General Fuerzas Militares de Colombia-CGFM, 2018). La elección por este modelo significa reforzar el empleo militar en la seguridad interna, como en las últimas cinco décadas en que estaba justificado por la prevalencia del conflicto armado. Creemos que, por ese camino, Colombia podría colocar a sus Fuerzas Armadas en la inminencia de algunos riesgos institucionales y doctrinales, dado que una “fuerza multipropósito” puede convertirse en una “fuerza sin propósito”, con la descaracterización doctrinaria que llevaría a un proceso de desprofesionalización de la carrera militar.

Alternativamente, existen propuestas que entienden que Colombia puede optar por otros modelos de fuerza pública como, por ejemplo, el modelo de “fuerzas especializadas”, más adecuados a los escenarios futuros (Alda, 2016; Bataglino, 2016; Leal, 2015; Pion-Berlin y Trinkunas, 2011; Vargas, 2015). El centro de gravedad de este modelo de fuerza es la institucionalización de “fuerzas intermedias”, esto es, fuerzas de policía con estatuto militar, concentradas en enfrentar capacidades de fuego que superan las condiciones de contención policial, como el de los mercenarios que puede pagar la capacidad financiera del crimen organizado y el narcotráfico.

Con este recurso en manos del Estado, las Fuerzas Armadas podrían prepararse operacionalmente para cumplir mejor su función precipua y constitucional, que es la protección de la soberanía y la defensa externa, mientras que la fuerza de Policía común mantendría su autonomía operativa para la investigación de ilícitos y el mantenimiento del orden público. Este modelo atiende al imperativo político de la desmilitarización de la seguridad interna, en un marco de gobernabilidad civil y democrática, pero también obedece a un objetivo estratégico-operacional: la creación de fuerzas más eficientes y eficaces confeccionadas de acuerdo con la naturaleza específica de las amenazas y la disponibilidad de Fuerzas Armadas modernizadas correspondiente a la política externa colombiana en su ámbito de interés internacional.

La reflexión en torno a la modernización de las Fuerzas Armadas de Colombia en el posacuerdo posee una trascendencia que no se agota en los problemas del país, sino que se extiende al contexto regional. En general, los países latinoamericanos enfrentan retos a la seguridad y desafíos semejantes en relación con la modernización y reforma de sus sectores de seguridad y defensa; esto es, cómo adecuar eficientemente el monopolio de la violencia estatal para enfrentar con éxito los nuevos retos de seguridad, marcados por el aumento del poder de fuego mercenario, la sofisticación de las redes de inteligencia y contrainteligencia y la enorme capacidad de corrupción que pueden financiar el crimen organizado y las redes de narcotráfico. Con excepción de Chile, Argentina y Uruguay, los gobiernos latinoamericanos muestran una tendencia dominante a emplear sus fuerzas armadas para combatir aquellos problemas, con retumbante fracaso en todos los casos. Sin embargo, aún se carece de respuestas regionales claras y precisas sobre cuáles serían los modelos de fuerzas más idóneos.

En este sentido, nuestro objetivo con el presente trabajo es analizar modelos de modernización militar posibles para Colombia, una vez consolidado el periodo de posacuerdo. Entendemos que el área de la defensa constituye, junto con la diplomacia, una de las gramáticas específicas de la política externa de un país (Saint-Pierre, 2007)¹. Por esta razón, contemplamos la gestión e imagen de la transformación militar en Colombia no solo en su orden doméstico, sino también regional y global.

Organizamos la reflexión en tres partes. En la primera de ellas describimos la naturaleza del periodo denominado “posacuerdo” y el concepto de “modernización militar”, relativos al caso colombiano (complementando la perspectiva del primer capítulo). En la segunda parte, analizamos las características y conceptos básicos de los modelos de “fuerzas multimisión” y “fuerzas especializadas” junto con sus implicaciones para los ámbitos de la defensa y de la seguridad pública. En la tercera parte, desarrollamos un escenario proyectivo sobre la aplicación del modelo de “fuerzas especializadas” para el caso de Colombia y nos proponemos analizar su funcionamiento en tres ámbitos de gestión e imagen: nacional, regional y global. Al final acotamos algunas consideraciones como conclusión.

POSACUERDO Y MODERNIZACIÓN MILITAR

La filósofa política alemana Hannah Arendt (2011) dijo que toda civilización está fundada sobre un enfrentamiento de sangre entre hermanos: “[…] cualquier fraternidad de que sean capaces los seres humanos nació del fratricidio, cualquier organización política a que hayan llegado los hombres tuvo su origen en el crimen” (p. 46). Tanto la civilización judía (Caín y Abel) como la romana (Rómulo y Remo) se fundan en ese mito de sangre. Por tal razón, este momento excepcional que vive Colombia puede ser el de la consagración (en el sentido más estricto del término) de una relación armoniosa y duradera entre los colombianos.

Sin embargo, se estima que la “etapa final” en la que se encuentra el proceso histórico del conflicto, conocida como periodo de “posacuerdo”, será más larga, costosa y enfrentará mayor número de retos². Existen varios obstáculos para implementar reformas y medidas que lleven a una profunda transformación del conflicto y que permitan restablecer una verdadera reconciliación nacional (Rojas, 2016). Colombia ha vivido muchos años en guerra y cuenta con una experiencia impar en procesos de paz frustrados. Desde las guerras de independencia nacional, pasando por la guerra de Los Mil Días y La Violencia, hasta el actual proceso de paz, fueron muchas las ocasiones en las que se ha procurado dar fin al conflicto y comenzar una etapa en la cual no aparezcan nuevos brotes de violencia.

El posacuerdo no es una situación en la cual la violencia haya cesado en algún momento en todas las partes del país; consecuentemente, es un proceso que se supone conduzca hacia la ansiada paz. Para las doctrinas de resolución de conflictos, el concepto de posacuerdo remite generalmente a aquel periodo que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes previamente enfrentadas (Rettberg, 2002); supone un punto de inflexión, por medio de un proceso de construcción de paz, pero no el fin del conflicto propiamente dicho. El cese el fuego, el desarme y el fin de las hostilidades son las condiciones de posibilidad para enfrentar las causas del conflicto que no fueron resueltas por el camino de la vía armada. En la práctica, la mayoría de los esfuerzos de reconstrucción toman lugar en situaciones en las que el conflicto armado ha disminuido en intensidad, pero continúa recurrente en ciertas zonas del país.

Según los planteamientos de Galtung (1998), para transformar un conflicto es necesario acabar con todos los tipos de violencia (no solo la armada) e iniciar un largo proceso que implica una reconstrucción, una reconciliación y una resolución (“las tres R”). Por estas razones, el ex secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, enfatizaba la necesidad de un nuevo clima institucional para la consolidación de la paz: “vale decir las medidas destinadas a individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar una reanudación del conflicto” (Organización de la Naciones Unidas-ONU, 1992, p. 6).

En efecto, este periodo exige que se lleven a cabo importantes reformas institucionales sobre las estructuras armadas, civiles y militares, involucradas en el conflicto. En este sentido, el periodo actual que vive Colombia es esencial para legitimar la reflexión sobre la trasformación del Ejército, que será más profunda, consistente y permanente si cuenta con la legitimidad de un diálogo abierto con la sociedad colombiana. El prestigio del que gozan las Fuerzas Militares en la actualidad, tanto nacional como internacionalmente, valorizará esta trasformación ante la nueva realidad colombiana y mundial.

Transformación, reconversión o modernización de las Fuerzas Armadas señala un proceso que consiste en un ajuste de la institución militar para atender a una serie de factores, tales como mudanzas en los paradigmas y las agendas de seguridad, los cambios políticos, el orden internacional y regional, los procesos de integración, entre otros (Vela 2002, p. 12)³. La reconversión militar implica transformar las percepciones que las Fuerzas Armadas tienen sobre sus funciones, su misión y su interacción con la sociedad, así como su estructura organizativa.

Según Vela (2002, p. 13), la doctrina es un factor central de este proceso, dado que su matriz axiológica otorga el carácter de cimiento a todo el esfuerzo de redefinición de las relaciones entre sociedad, Estado y Fuerzas Armadas. Justamente, se espera que un proceso de reconversión militar concluya en el momento en que se alcance un verdadero cambio doctrinal, es decir, con la internalización de nuevos valores y normas consonantes con el contexto democrático, por lo tanto, cuando sea constante un cambio cultural en la organización y en el pensamiento estratégico.

Desde una perspectiva más amplia, la reconversión militar hace parte de un proceso de reforma al sector seguridad y defensa (RSD) que, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2007), incluye los actores de seguridad centrales (fuerzas armadas, policía, gendarmería e inteligencia); los cuerpos de administración y control (ministerios de defensa, organismos de administración financiera y las comisiones de veeduría ciudadana); las instituciones de justicia y aplicación de la ley y las fuerzas de seguridad no estatales (compañías de seguridad privada, milicias y guerrillas)⁴.

Principalmente, la RSD está enfocada en la provisión de seguridad estatal y humana en el marco de gobernanza democrática. Según Pinzón (2014), la gobernanza del sistema de seguridad puede ser considerada como el software que permite que la reforma/reconversión de la Fuerza Pública se complete en función del afianzamiento de la democracia y no, principalmente, en función de los intereses corporativos, institucionales y políticos de la Fuerza Pública. En la historia de los países latinoamericanos este software es importante, sobre todo porque el equilibrio entre los requisitos de la democracia y los de seguridad a menudo ha estado en conflicto. La necesidad de proteger a la nación contra la violencia doméstica o las amenazas transnacionales se ha usado una y otra vez para justificar la acción estatal fuera de la ley y las limitaciones a los mismos derechos que afirman proteger (Pion-Berlin y Trinkunas, 2011).

En el momento histórico que vive Colombia es necesario repensar los papeles del Estado, los roles y las misiones de sus instrumentos armados, de modo que sean adecuados a la naturaleza de la nación y estén en concordancia con el sistema democrático, las amenazas no tradicionales y la paz internacional. En ello no se puede perder de vista ni olvidar los contornos constitucionales, doctrinarios, de armamento específico y de preparación —que separan el empleo del monopolio legítimo de la fuerza en su función protectora de la seguridad interior, por un lado, y su empleo externo en su función letal de la defensa—; es necesario avanzar, definiendo papeles, misiones y funciones claras para las Fuerzas Militares y las de Policía, con el fin de atender amenazas no convencionales y actores violentos no estatales que tienen la capacidad de afectar el orden constitucional de un Estado, de regiones y de continentes.

DEFENSA, SEGURIDAD INTERNA Y MODELOS DE FUERZAS

En otras publicaciones (Saint Pierre, 2015) mostramos la profunda y esencial diferencia entre la defensa y la seguridad pública, que permite decidir sobre la estructura armada del Estado más adecuada para las demandas específicas de cada una. Aquí nos limitaremos a decir que el monopolio legítimo de la violencia que define al Estado contemporáneo es, obviamente, apenas uno. Por un lado, esa fuerza concentrada y legítima permite garantizar la aplicación unívoca de un único orden normativo para todo el territorio nacional (“buenas leyes y buenas armas”), que regula legalmente el comportamiento de los seres humanos en la sociedad.

En un Estado de derecho regular, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos son previsibles justamente por ajustarse a lo prescrito en la ley. Esta situación brinda la seguridad que permite a los ciudadanos vivir tranquilos en un Estado en el que los conflictos pueden ser resueltos jurídicamente por ajuste a ley. En este orden de ideas, no existe “enemigo”, sino apenas adversarios, competidores o desvíos de comportamiento que se resuelven agonísticamente, es decir, por ajuste a ley y aplicación de la punición. La fuerza, en este ambiente de conflicto, busca proteger a los ciudadanos unos de otros y se ejerce con un sentido protector, lo que permite a los ciudadanos vivir en seguridad y tranquilidad. Así se establece la protección de un statu quo social, normativo y amparado policialmente.

Por otro lado, ese statu quo estatal convive entre otros Estados que, con sus respectivos monopolios de la violencia, se miden mutuamente, se observan y calculan sus pesos estratégicos en un ambiente en el que no existe una ley vinculante por la inexistencia de un monopolio legítimo de la fuerza que obligue y castigue a los Estados infractores. No hay un orden normativo que permita prever ni catalogar el comportamiento de los otros Estados. Este es un ambiente en el que, ante la imprevisibilidad generada por la anomia, se impone el cálculo estratégico y se emplea el monopolio legítimo de la fuerza estatal en un sentido totalmente distinto que en el interior de las fronteras estatales.

En el ambiente internacional, en el que la guerra es un instrumento legal para dirimir diferencias y resolver conflictos, esa fuerza se dirige a un “otro”, un xenos, un extranjero que puede amenazar la existencia de los ciudadanos y del Estado, por lo cual se requiere precaución, defensa y el empleo de la fuerza total. Con relación a ese extranjero, considerado el “enemigo”, la fuerza del Estado ejercerá con máxima letalidad, sea para disuadirlo o para abatirlo. Así, el mismo monopolio legítimo de la fuerza se ejerce internamente como protección para el ciudadano y externamente como violencia letal contra el enemigo.

Por la complejidad contemporánea, ambos sentidos de la fuerza son ejercidos por estructuras administrativas estatales permanentes y estables, que por su especificidad requieren una educación, preparación, entrenamiento y armamentos específicos, así como una doctrina clara y precisa para las distintas misiones que se les encargue⁵.

No obstante, en Colombia, el Plan de Transformación del Ejército de Futuro (Petef), en vigencia desde el 2011, optó por un modelo de fuerzas denominado “multimisión”, que contribuye a la erosión de los límites esenciales y necesarios entre la defensa y la seguridad interna. El plan se propone, para el 2030, proyectar al Ejército como una “fuerza multipropósito” capacitada para responder a varias responsabilidades, roles y misiones, entrenándose para la consolidación de la paz y el desarrollo del país⁶. En palabras del general Alberto José Mejía, comandante del Ejército:

Es un Ejército que se proyecta al futuro para cumplir un portafolio de misiones que nos ha encomendado el Ministerio de la Defensa Nacional, que abarcan específicamente como esfuerzo principal la protección en los temas de orden interno, la protección de nuestra soberanía en la fronteras y esfuerzos de apoyo en áreas tan importantes para la agenda mundial como son el medio ambiente, la atención de desastres, la atención de carácter humanitario, la proyección de nuestras capacidades para apoyar el fortalecimiento del tejido social en Colombia, y también para nuestra participación en misiones internacionales. (El Colombiano, 22 de mayo de 2016, párr. 14)

Este modelo polivalente de fuerza (similar a modelos ya existentes en otros países de la región), no implicará la reducción de presupuesto o de personal, y busca adaptarse a las exigencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTÁN) para, eventualmente, adquirir el rango de socio pleno en tal organización.

Cabe destacar que el modelo de “fuerza multipropósito” está en consonancia con las presiones ejercidas por EE. UU., desde el fin de la Guerra Fría, en procura de inducir la transformación de las fuerzas armadas latinoamericanas en “guardias hemisféricas”, confeccionadas para el combate al crimen organizado, en especial al narcotráfico, la defensa del medioambiente y que pudiesen participar en misiones de paz (Silveira, 2004).

De este modo, los asuntos estratégico-militares convencionales en el hemisferio, como la defensa externa de la soberanía de los Estados, quedarían bajo tutela de las Fuerzas Armadas norteamericanas. De hecho, en varios países como México, Bolivia y Colombia, por presión norteamericana, las fuerzas armadas se han involucrado y concentrado en la lucha contra el narcotráfico, un tema netamente policial y de orden interno.

De acuerdo con Vargas (2008), este modelo de fuerzas plantea una serie de riesgos, como la corrupción asociada a una actividad que moviliza una enorme cantidad de dinero y debilita la división entre defensa nacional y seguridad pública. A su vez, como indica Bataglino (2016), la aplicación en países latinoamericanos de similares modelos de fuerza acarreó un enorme costo social sin conseguir ser eficaz para detener el fenómeno. Un caso paradigmático es el de México. El aumento de la tasa del crimen y las violaciones a los derechos humanos fue una consecuencia directa de la política de militarización del combate a las drogas llevada a cabo desde el 2006 (Human Rights Watch, 2018).

La intervención de las Fuerzas Armadas ha sido masiva. Alrededor de 96 000 efectivos fueron desplegados para realizar tareas de seguridad pública, entre ellas detenciones, patrullajes inspecciones y cateos. El efecto principal de esta intervención ha sido un incremento exponencial de la violencia, que ha llevado la tasa de homicidios de ocho por cada 100 000 habitantes en el 2007 a veinticuatro casos por cada 100 000 habitantes en el 2013 (Bataglino, 2016). Entre el 2006 y julio del 2016 se registraron casi 10 000 denuncias de abuso por el Ejército (Human Rights Watch, 2018).

Como afirma Bataglino (2016), aunque México puede resultar un caso extremo, la intervención de los militares en gran parte de los países de la región resultó en toda clase de excesos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos. Además, no está comprobado que esta haya favorecido la reducción del narcotráfico, lo que sugiere que el único resultado posible de la aplicación del modelo de fuerzas multipropósito a largo plazo sea la desprofesionalización militar, dejando desamparada la defensa de la soberanía nacional.

En Colombia, la necesidad de enfrentar un prolongado conflicto interno armado convirtió el límite entre la defensa nacional y la seguridad pública en algo nebuloso e impreciso. La materialización institucional de esa falta de nitidez en la delimitación está en la idea de “fuerzas multimisión”, en la que las funciones policiales y militares se confunden mezclando doctrinas, misiones y hasta vocaciones profesionales. Orientar el proceso de trasformación militar por la idea de “fuerzas multipropósito” puede significar el tránsito por un camino circular para institucionalizar esa peligrosa nebulosa.

El concepto de “fuerzas multipropósito” oculta la idea de “fuerzas sin propósito”, y contar con fuerzas armadas sin propósitos claramente definidos puede llevar a la tentación de que sean utilizadas políticamente para realizar los peores propósitos. Cuando los militares intervienen en cuestiones domésticas distorsionan su fin primario y principal. Esto favorece un proceso de desprofesionalización o, en otras palabras, de pérdida progresiva de sus capacidades materiales y habilidades profesionales para combatir al enemigo en el conflicto bélico convencional. Enfrentar a la delincuencia organizada no es lo mismo que hacerlo contra una fuerza armada equipada con medios clásicos: tanques, aviones o buques.

El fenómeno del crimen organizado y, en especial, el narcotráfico, tanto en Colombia como en América Latina, ha adquirido un nivel de complejidad empresarial y expansión organizacional que las fuerzas armadas y la policía, por su doctrina, capacitación, entrenamiento, organización y equipamiento en general, no son capaces de enfrentar con éxito. El crimen organizado no puede asemejarse a una fuerza militar extranjera que amenaza la soberanía de un país, tampoco a algún tipo de insurgencia paramilitar que pueda ser enfrentada con el rigor de la fuerza máxima del Estado, aunque, a su vez, es un tipo de delincuencia armada que sobrepasa en poder de fuego a las capacidades de la policía común.

Teniendo en cuenta esa previsión y la capacidad de fuego creciente de las bandas armadas al servicio del crimen, consideramos que tal vez sea importante el recurso de constituir una “fuerza intermedia”, una fuerza especializada que, por su configuración, doctrina y combate, resulte la más adecuada para enfrentar el problema en cuestión. Una policía con estatuto militar constituida como una fuerza más robusta que la fuerza policial, pero menos pesada que las fuerzas armadas, puede combinar características más apropiadas para la lucha contra las redes criminales y contar con una legislación propia que ampare jurídicamente sus acciones (Alda, 2016). Así, pues, como mencionan Pion-Berlin y Trinkunas (2011), estas “fuerzas híbridas” vendrían a ocupar el llamado “vacío de seguridad” (security gap), pues son policías capaces de investigar complejas redes de criminales y, en caso necesario, pueden enfrentarse a delincuentes dotados de poderoso equipamiento, gracias a su configuración como fuerza robusta.

La naturaleza de los cuerpos de fuerzas intermedias es doble (civil/ militar). Ejemplos de este tipo de fuerzas ya existen en América Latina y en Europa, como la Guardia Civil española, la Gendarmería francesa y argentina, o los carabineros italianos y chilenos. Este tipo de fuerza de seguridad sería capaz de afrontar retos que exigen respuestas más robustas y potentes que las que puede dar la policía común, pero no tan bélicas como la militar (Alda, 2016). A su vez, la creación de una tercera fuerza favorece la especialización y profesionalización tanto de las fuerzas armadas como de la policía, resguardando sus especificidades. En efecto, con el empleo de fuerzas intermedias, las fuerzas armadas quedarían liberadas de la función de combate contra las bandas militarizadas del crimen organizado y el narcotráfico, pudiendo retomar de este modo el adoctrinamiento para cumplir sus misiones constitucionales con mayor eficacia y eficiencia, lo que evitaría su desprofesionalización.

Tales cualidades convertirían al modelo de fuerzas especializadas en una columna fundamental sobre la cual vertebrar la desmilitarización de la seguridad pública para así construir un nuevo marco de gestión e imagen para las fuerzas armadas y la política de defensa tanto en el contexto del vínculo interno con la ciudadanía como en el contexto regional y global. Por esta razón, en la próxima sección consideramos el modelo de fuerzas especializadas para las Fuerzas Armadas colombianas a partir de sus implicaciones de gestión e imagen en el orden doméstico, regional y global.

TRES NIVELES DE GESTIÓN E IMAGEN DE LAS FUERZAS ARMADAS COLOMBIANAS EN EL POSACUERDO

La imagen interna

La construcción de la imagen interna es la representación de la perspectiva de la conciliación de los colombianos, su protección social y la defensa de esa concordia. Tal construcción implica la protección de los ciudadanos a cargo de un sistema de policía robusto y renovado, de una inteligencia interna funcionando en conjunto con la autonomía de los sistemas jurídico y carcelario, con proyección del orden, la justicia y la seguridad a todas las regiones del país, para dar soporte a una ciudadanía libre y segura. En algunos países esos sistemas pertenecen al ministerio del interior, en otros al ministerio de justicia y, más recientemente, algunos países crearon el ministerio de seguridad. En todos los casos, aquellos sistemas son independientes del ministerio de defensa, lo que permite a este último dedicarse a su propósito principal —su gramática específica— en torno a la defensa nacional en el ámbito de la política externa.

En esa dirección, es necesaria una reflexión profunda sobre el tipo de relación que se desea construir con la sociedad colombiana, porque será ella quien legitimará el propósito principal para sus Fuerzas Armadas. El plan de transformación llevado a cabo por las Fuerzas Militares colombianas, con propósitos orientados al ámbito internacional, solo podrá realizarse en plenitud con las transformaciones internas señaladas. El desafío reside en diseñar un modelo de cohesión social viable, centrado en las instituciones y en las aspiraciones ciudadanas (Patiño, 2015).

A su vez, como afirma Vargas (2015), la tarea principal en este contexto será pedagógica y estará a cargo de los medios de comunicación, las instituciones educativas y las iglesias, para crear un clima de convivencia y de reconciliación. Uno de los fundamentos de esta estrategia es el desarrollo integral de la sociedad en las diferentes regiones del territorio nacional, que permita mitigar el impacto negativo de las asimetrías en la estructura social colombiana. Una de las vulnerabilidades estratégicas del Estado precisamente, la existencia de amplios sectores sociales carentes de derechos básicos y condiciones de vida dignas, quienes, por estas razones, se sienten desamparados por el Estado.

El desarme de las FARC y, posiblemente, de otros grupos armados, su incorporación al sistema político, el estatuto de la oposición y la garantía de que nadie recurrirá a las armas para hacer política son fundamentales (Patiño, 2015). No se puede descartar la posibilidad de que algunos grupos armados ilegales se mantengan aún en la disputa del monopolio de la fuerza que legítimamente le pertenece al Estado colombiano. Tampoco se puede ignorar la posible existencia de grupos disidentes que decidan permanecer en pie de guerra o pasar a integrar bandas criminales.

No es fácil ni inmediata la tarea de articular una fuerza policial capaz de controlar esas amenazas internas, entrenadas y armadas para el combate de selva, como sí han sido las capacidades asumidas y consolidadas del Ejército colombiano. Estas posibilidades, por el peligro que conllevan, continuarán exigiendo el empeño del Ejército Nacional, al menos de una parte destacada que, después de develada la amenaza, pueda transformarse en una “fuerza de contención intermediaria” permanente, similar a la gendarmería argentina o a los carabineros chilenos.

Otro de los problemas en la continuidad de la actividad de las fuerzas armadas en la seguridad interna reside en que, en lugar de representar una transmisión de seguridad en la percepción de sus ciudadanos, puede acarrear percepciones de amenaza sobre estas. La amenaza solo existe en y para una percepción, y esta es condicionada por las características específicas del receptor; es decir, por la situación histórica, cultural, geopolítica, institucional y política específica de la idiosincrasia de cada país que descodifica las señales y construye socialmente sus percepciones particulares (Saint-Pierre, 2011).

Las últimas seis décadas de conflicto condicionaron ciertas percepciones compartidas por la sociedad colombiana que se cristalizaron culturalmente. Entre ellas, la que relaciona las situaciones relativas a la vida militar y política a través de un lente amigo-enemigo (Leal, 2015). Esta polarización induce a actuar como si se estuviera en un ambiente doméstico bélico, con la consecuencia de descodificar las percepciones arraigadas en clave polemológica —de la guerra como un fenómeno social banalizado—, incidiendo con ellas en las decisiones sobre políticas públicas. Diferentes sectores sociales, grupos insurgentes e incluso estamentos militares a menudo tienden a percibir las decisiones estatales como amenazas a sus intereses existenciales y organizacionales. Se afirma, inclusive, que existe una “guerra jurídica” que tiende a interpretar decisiones judiciales en perjuicio del estamento militar (Torres, 2012).

El Estado colombiano perdió la imagen de necesaria neutralidad e imparcialidad ante su sociedad. Desde la perspectiva interna, esto parece haber dificultado la profesionalización de sus Fuerzas Militares, de acuerdo con las atribuciones definidas por la Constitución; a saber, como instrumento orientado hacia la protección de la soberanía y los intereses nacionales en el contexto internacional. Estos factores parecen culturalmente arraigados en el tiempo, dificultando su modificación como un principio necesario, aunque no suficiente, para obtener un ambiente propicio para la finalización del conflicto armado (Vargas, 2015). Esos cambios deberían efectuarse en el marco de reformas más amplias, comprometiendo otras instituciones del Estado, como la reorganización de las agencias de inteligencia, adoctrinadas en una concepción maniquea de amigos y enemigos internos, y cuestionadas por la falta de veedurías de autoridades civiles.

Otra cuestión para discutir, pese a la resistencia, es el presupuesto, el número de militares y el servicio militar obligatorio. Sin embargo, de acuerdo con Leal (2015), esas resistencias disminuirían con el éxito de las negociaciones con las FARC-EP.

Por otra parte, la reorganización y desmilitarización de la Policía Nacional, considerada una “rueda suelta” dentro del Ministerio de Defensa, es crucial para la gestión de la seguridad ciudadana (Leal, 2015). Retirarla del Ministerio de Defensa, como se estableció en 1960, y adscribirla al Ministerio del Interior, permitiría que se definan sus funciones sin injerencias de sectores castrenses.

La Fuerza Pública simboliza el nudo gordiano —aparentemente irresoluble— del problema colombiano en torno a la seguridad pública y la defensa. Su solución es determinante para la construcción de una nueva perspectiva interna para las Fuerzas Militares. Según estimaciones de Vargas (2015), estos cambios requerirán al menos una década, porque no pueden ser abruptos⁷. No obstante, para construir una nueva perspectiva en la reformulación del Ejército es importante iniciarlas de inmediato, de una manera constitucionalmente clara y operacionalmente inequívoca. Una vez resuelto el conflicto armado colombiano, las Fuerzas Militares podrán recuperar su lugar en la misión central de la defensa, es decir, como instrumento específico de la política externa colombiana y, subsidiariamente, como principal instrumento de movilización nacional y de apoyo logístico para las políticas públicas nacionales cuando sea solicitado.

La imagen regional

La reformulación del Ejército colombiano debe considerar el desafío de la construcción de su imagen en el ámbito regional sudamericano, la cual se vio perjudicada por el conflicto armado interno y en la primera década de siglo XXI por algunos desentendimientos y tensiones políticas con algunos países de la región⁸.

Es cierto que con la llegada Juan Manuel Santos a la presidencia en el 2010 comenzó a percibirse un giro en la política exterior, mejorando la imagen regional. En primer lugar, se buscó reinsertar el país en Sudamérica, para lo cual recompusieron las relaciones con países de la región, comenzando por los vecinos, Venezuela y Ecuador (Restrepo, 2015). De modo general, hubo una mayor apertura a la región y al mundo, sin pretender que estos se ocuparan de los problemas internos de Colombia; es decir, la política externa dejó de girar en torno de la seguridad doméstica en su dimensión militar, como ocurría en el gobierno de su predecesor, Álvaro Uribe, quien llevó a Colombia a aislarse de buena parte de Sudamérica (Ramírez, 2011).

En un contexto de posacuerdo, y en la medida en que las Fuerzas Armadas recuperen conceptos convencionales de empleo en el ámbito inherentemente internacional de la defensa, puede haber una mayor convergencia conceptual sobre la defensa y la seguridad con los países de la región (Saint-Pierre y Lopes, 2014), con lo cual Colombia podrá asumir una actitud más proactiva en materia de cooperación regional. El éxito del proceso de paz proyecta internacionalmente al país y sus Fuerzas Armadas como un ejemplo paradigmático, no solo por conseguir la paz interna, sino como proveedor de paz regional. Debido a las lecciones aprendidas, Colombia podrá asumir roles de liderazgo, profundizar medidas de confianza mutua, interoperabilidad y camaradería con otras fuerzas armadas en mecanismos de cooperación regional en resolución pacífica de crisis y conflictos.

En los últimos años se destacaron mecanismos regionales de cooperación en el marco de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH); la creación del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) en 2008; la creación de la Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz (Alcopaz) en el mismo año; y los Ejercicios Combinados Regionales de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) a partir del 2011, para promover estándares comunes de interoperabilidad y una doctrina combinada en operaciones de paz.

Esas iniciativas son acordes con el Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Unsas) (Várnagy, 2010). En este tipo de escenarios, Colombia podría optimizar su Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz (Cencopaz), recientemente creado, y complementar la capacitación de sus militares con la asistencia de centros de entrenamiento de otros países de la región, para así mejorar condiciones estatales y contribuir con una de las principales necesidades de la ONU, que es la falta de tropas y equipamientos para el despliegue rápido en misiones de paz por el mundo.

De esa manera, Colombia podrá aproximarse al camino seguido por otros países sudamericanos con tradición en operaciones de paz, como Argentina, Brasil y Uruguay, pero diferenciándose por sus contribuciones, sus credenciales y experiencia institucional ganada en las últimas décadas al enfrentar a la más antigua y resistente insurgencia del hemisferio. Además, Sudamérica sufre con la amenaza de bandas armadas al servicio del narcotráfico, que en este nuevo contexto podrán ser enfrentadas dentro de escenarios de cooperación plena y de confianza en la región (Vargas, 2015).

Por último, con los países vecinos, como Ecuador y Venezuela, el posacuerdo puede ayudar a abandonar definitivamente, en los ejercicios estratégicos, las hipótesis de conflictos, sustituyéndolas por la consolidación de espacios para implementar medidas de confianza mutua, desarrollar la seguridad compartida de los territorios fronterizos y engendrar una disuasión regional positiva para desafíos extrarregionales. Estos son algunos caminos para elaborar una perspectiva positiva para un país que ya fue percibido como fuente de inestabilidad para la región. El reto es revertir esa imagen en la de un país promotor de paz, con experiencia en el mantenimiento y construcción de la paz, con capacidad para propagar regionalmente los conocimientos adquiridos.

La perspectiva global

La construcción de la imagen regional es uno de los requisitos para que Colombia construya, también, una imagen positiva en la perspectiva global. Con el posacuerdo y la posibilidad de un rol proactivo en la seguridad regional, Colombia iniciaría un proceso que intenta revertir la imagen del país como productor y exportador de inseguridad a otro como proveedor de seguridad en el sistema global (Borda y Morales, 2018). Esta transición de imágenes y funciones encuentra algunos desafíos frente a actores como la ONU, la OTÁN y los Estados Unidos.

En el ámbito de la ONU, en septiembre del 2015 el presidente Santos declaró la intención de cooperar con el envío de hasta 5000 miembros de las Fuerzas Militares a operaciones de paz en los próximos años. De acuerdo con sus declaraciones, las Fuerzas Militares tendrán dos misiones principales: compartir el conocimiento adquirido en la lucha contra el narcotráfico y los grupos irregulares, y reforzar el pie de fuerza en las futuras misiones (Bitar, 2018).

Estas iniciativas son importantes, pues permiten ubicar a Colombia junto a los países que contribuyen con tropas y formaciones policiales y civiles⁹. Por otro lado, afirman la legitimidad de las Fuerzas Militares como una institución que cumple con las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (Smith, 2015). Uno de los desafíos que debe enfrentar el país en este organismo multilateral se refiere a la contradicción de implementar internamente una política de lucha contra las drogas de enfoque prohibicionista, al tiempo que se defiende la transformación de ese marco normativo en la ONU (Borda y Morales, 2018).

Con respecto a la OTÁN, es probable que en los próximos años Colombia profundice sus acuerdos de cooperación con aquella organización, capitalizando su mencionado know how distintivo ante sus socios. Desde el 2008, por ejemplo, se considera la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colombianas participen en operaciones de estabilización de posacuerdo que la OTÁN ha llevado a cabo en Afganistán, a través de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF).

A Colombia se le presenta el reto de insertarse como socio global de la OTÁN y, al mismo tiempo, si pretende posicionarse como un actor influyente para la cooperación en seguridad regional, disipar eventuales desconfianzas por parte de gobiernos sudamericanos que pueden percibir negativamente los intereses geopolíticos de los países líderes de esa organización. Colombia necesita convencer a sus vecinos de que esa vinculación no significa riesgos y contradicciones para la seguridad regional. En otras palabras, conciliar su política sudamericana con su aproximación a la OTÁN.

En lo que refiere a la relación entre Colombia y Estados Unidos, el cambio en la imagen global puede expresarse en una cierta desecuritización de la relación bilateral. De hecho, la ayuda militar y de seguridad proveniente de Estados Unidos se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos años, y la agenda bilateral se orienta de manera paulatina hacia temas no militares, como comercio, medioambiente y desarrollo económico, entre otros (Alegría y González, 2015). La diversificación y desmilitarización del vínculo bilateral puede favorecer la construcción de una imagen global de un “Estado normal” para Colombia y mejorar posibilidades de ingreso a organizaciones de países desarrollados como, por ejemplo, la OCDE.

CONSIDERACIONES FINALES

Para Raymond Aron (1962), la lógica de la política externa se vale de dos conjuntos de reglas específicas (no las únicas): la diplomática y la estratégica. Los sujetos de estos conjuntos son el diplomático y el militar. Estos últimos se preparan para ser instrumento eficaz y eficiente de la lógica de la política externa tanto en su acción en defensa de la soberanía de las decisiones nacionales como en la proyección de la imagen estatal en el escenario internacional, bien sea como agregados militares de las embajadas o bien participando activamente como cascos azules en las cada vez más recurrentes misiones de paz bajo mandato de la ONU. En el caso de Colombia, asumir mayores compromisos en la agenda de seguridad internacional implica abordar este tipo de retos.

Concomitantemente, la singularidad del caso colombiano hace del país una fuente de seguimiento y reflexión de estudios estratégicos. En primer lugar, para el área epistémica de los estudios sobre la paz, por ser uno de los pocos procesos de negociación de conflicto armado interno que puede culminar de manera exitosa. Durante varias décadas, las diferentes alternativas e intentos de negociación se presentaron como un muestrario de alternativas, con sus errores y aciertos, para ser detenidamente estudiado. Por otro lado, el contexto de posacuerdo descortina un futuro que estimula reflexiones sobre escenarios prospectivos posibles, tanto normativos como institucionales, sociales y culturales.

Finalmente, el principal instrumento estatal empleado en ese prolongado conflicto, las Fuerzas de Seguridad, muestran su deseo interno de reforma, que no es más que el reflejo de las necesidades institucionales que le deparan al Estado colombiano para adecuar sus instrumentos de violencia legal a una nueva etapa histórica en ciernes. Dado el largo periodo de un conflicto violento, cuya sangrienta connotación provocó marcas profundas, todas las transformaciones por las que pasará Colombia, inclusive la adecuación institucional de la violencia legítima, sufrirán el ritmo y la velocidad de las mudanzas culturales. Por esas razones, la readecuación estratégica de sus Fuerzas Armadas en un escenario de posacuerdo requerirá reformas múltiples y simultáneas en el orden normativo, cultural, jurídico y operacional, que las vinculen con su sociedad, para un futuro de crecimiento y paz en una región cooperativa.