Kitabı oku: «Migraciones y seguridad: un reto para el siglo XXI»

INTRODUCCIÓN
MAGUEMATI WABGOU
DANIEL VARGAS OLARTE

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) denomina migración internacional al proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas se trasladan de un país a otro con el propósito de establecerse. En general, las personas que migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida, mayores oportunidades laborales y entornos sociales más prósperos. Así, la desigualdad social y económica, la inestabilidad política y la violencia son algunas de las razones que explican el creciente desplazamiento de poblaciones hacia otros países.

En este orden de ideas, la decisión de emigrar de una persona puede estar motivada por factores económicos, derivados de la creciente diferencia en los niveles de vida y de salarios entre los países; la baja calidad de la gobernanza, la corrupción y las falencias estructurales en el acceso a servicios de educación y de salud en los países emisores; los conflictos políticos (a veces con trasfondo étnico o religioso) y la violencia generalizada que, según la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), fueron la causa del desplazamiento forzado de 68,5 millones de personas en 2017 a nivel global (Acnur, 2018, p. 2) se han convertido en una de las principales causas del desplazamiento de colombianos hacia los países vecinos de la región –al concluir 2017, se registraron 7,9 millones de víctimas del conflicto en Colombia, la mayoría de ellas eran desplazados internos (7,7 millones), constituyéndose así en la segunda mayor población desplazada del mundo después de Siria (p. 6)–; los desequilibrios demográficos, que pueden presentarse tanto en los países emisores como en los receptores; factores ambientales como terremotos, accidentes industriales, inundaciones o sequías; y las comunidades organizadas de compatriotas o familiares en los países de destino, las cuales se constituyen en factor de empuje social y cultural, ya que facilita el proceso migratorio de otras personas. Este último tipo de desplazamientos representa el grueso de las corrientes migratorias legales en muchos países industrializados (OIM, 2013, pp. 33-34).

De esta forma, en el año 2015 y según los datos de las Naciones Unidas, una población de 244 millones de personas vivía fuera de su país natal, y para el año 2050 se estima que el incremento llegue a 405 millones de personas (OIM, citada por Armijo Canto, 2011, p. 6). Para el Banco Mundial (citado por OIM, 2013, pp. 57-58), durante 2010 los flujos desde el sur hacia el norte representaron un 45 % del total de desplazamientos migratorios a nivel mundial y alcanzaron los 95 millones de personas. En el caso de las migraciones sur-sur, como las que se analizan en la tercera parte de este estudio, estas superaron los 75 millones de desplazamientos y representaron un 35 % del flujo migratorio mundial.

En términos absolutos, la mayoría de los migrantes internacionales proceden del sur, siendo Estados Unidos su principal destino. El país norteamericano recibió, según datos presentados por el Banco Mundial (2011), unos 42,8 millones de inmigrantes, mientras que Francia y España –países también objeto del presente estudio– acogieron cada uno cerca de 7 millones de personas extranjeras. México, por su parte, es el principal país emisor de emigrantes, con 11,9 millones de personas en 2010; mientras que 2,9 millones de colombianos emigraron del país. De esta forma, el corredor México-Estados Unidos (caso de estudio en la primera parte del presente trabajo) representa la principal ruta migratoria mundial: el contingente de personas que por allí se desplaza totaliza el 6 % de la masa mundial de migrantes (OIM, 2013).

Por otro lado, se evidencia que, si hasta el siglo XX la mujer mantuvo un comportamiento receptivo y sedentario en función del hombre migrante, en los últimos años del siglo XXI el desplazamiento femenino ha alcanzado casi el 50 % del total del flujo migratorio mundial. En la primera década del nuevo milenio alcanzaron los 95 millones en el mundo, mientras que en Europa el total de mujeres migrantes corresponde al 52 % (Morokvasic, 2007; OIM, 2013). Además, esta creciente feminización de la migración internacional va acompañada de un incremento de la victimización de mujeres por parte de redes criminales dedicadas a la trata de personas y el tráfico de migrantes irregulares.

A su vez, las migraciones constituyen una importante fuente de recursos económicos para las sociedades de origen. Así, las remesas desde el norte hacia el sur alcanzaron los USD 267 000 millones en 2010, de los cuales unos USD 100 000 millones fueron enviados desde Estados Unidos hacia países del sur (Banco Mundial, citado por OIM, 2013). Las remesas hacia América Latina son del orden de USD 58 100 millones; además, México y Colombia son los principales destinos de estas. En Colombia, por ejemplo, el Banco de la República calcula en USD 3200 millones las remesas provenientes de Ecuador para el año 2007. Entretanto, las remesas hacia África alcanzaron en 2010 los USD 40 000 millones y representaron la segunda mayor fuente de ingresos del continente (Banco Mundial, 2011).

El panorama general de las migraciones internacionales da cuenta de la importancia del fenómeno en el escenario internacional y la relevancia que este ha alcanzado en las agendas de los Gobiernos nacionales. La situación se vuelve preocupante cuando no todos los que aspiran a migrar pueden cumplir con los requisitos administrativos para hacerlo legalmente, de modo que algunos lo hacen de forma no autorizada, con lo cual infringen la ley y se convierten en migrantes irregulares (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012, p. 45).

Estos flujos migratorios en situación de irregularidad tienden a ser considerados como problemáticas de seguridad en los países de destino porque son asociados con actividades terroristas, de narcotráfico y de trata de personas, entre otras. De allí que la acción de los Estados respecto al fenómeno migratorio esté cada vez más determinada por las consideraciones en materia de seguridad nacional, conllevando la implementación de políticas restrictivas a la migración. La situación resulta contradictoria cuando, en el marco de los procesos globalizadores, se promueve la apertura de mercados y comunicaciones, pero se pretende limitar los flujos migratorios, es decir, se promueve la apertura de fronteras para la libre circulación de bienes y capitales pero se establece un bloqueo para el tránsito de ciertas personas. Así, mientras la globalización económica se considera una oportunidad, la migración es vista como un problema (Armijo Canto, 2011).

En esta perspectiva, la globalización en su dimensión política, comercial y cultural, ha generado para las autoridades estatales un doble reto en torno al control de sus fronteras nacionales: en primer lugar, garantizar espacios flexibles que permitan una integración económica y social basada en el tránsito legal y eficiente de personas, bienes y capitales; y en segundo lugar, protegerse del crimen organizado que, en general, ha seguido la tendencia global de la economía, haciéndose ubicuo y elusivo “porque crece, cambia y se multiplica a escala internacional, convirtiéndose en el problema más importante del siglo XXI” (Echeverri, citado por Carrión y Espín, 2005, p. 9). En este contexto, los Estados receptores buscan extremar y fortalecer las medidas de vigilancia fronteriza para prevenir la entrada de factores de riesgo e ilegalidad y garantizar así su seguridad nacional.

En efecto, los Estados subordinan las políticas migratorias a las políticas de control y seguridad fronteriza, especialmente porque las fronteras se han convertido en espacios estratégicos para la integración del crimen, en el que el delito con organización global se expresa con acciones locales y donde, además, se produce la discontinuidad de las medidas legales y legítimas para hacer frente a ese delito (Carrión y Espín, 2005, pp. 12-13). Al concentrarse las actividades del crimen organizado en las zonas fronterizas, estas coinciden con los espacios donde se desarrollan los flujos migratorios. La consecuencia es que la migración se incluye en el conjunto de problemas de seguridad en las fronteras (Armijo Canto, 2011). Es así como las mismas medidas implementadas para combatir el tráfico de drogas ilegales, por ejemplo, son también instrumentalizadas para contener el tránsito irregular de personas.

En este orden de ideas, el estudio realizado demuestra cómo las políticas restrictivas –que en casos como el de América del Norte incluyen estrategias militaristas– no han generado el efecto esperado de disminuir el número de migrantes. Paradójicamente, estas medidas han tenido el efecto colateral de aumentar las migraciones irregulares, puesto que miles de personas, al no lograr sortear los rígidos controles migratorios, ingresan de forma no autorizada al país de destino tras acudir, en la mayoría de las ocasiones, a redes dedicadas al tráfico de migrantes y la trata de personas.

De tal forma, la trata de personas se ha vuelto una preocupación significativa a nivel mundial y la migración irregular ha escalado puestos en la lista de problemas cruciales que los países deben afrontar. De hecho, estos fenómenos actualmente se equiparan con el narcotráfico como una de las fuentes de ingresos más importantes para el crimen organizado (Armijo Canto, 2011, p. 6). Pero además de violar las normas de control fronterizo establecidas, la migración irregular implica una serie de desafíos mayores en materia de protección de los derechos humanos de la población migrante.

En este contexto, la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, pero sobre todo los eventos terroristas del 11 de septiembre de 2001, han modificado sustancialmente la concepción tradicional de la seguridad nacional –ligada sobre todo a la defensa externa del Estado–: fue vinculada definitivamente a la seguridad interior. En un escenario donde predominan el terrorismo y el narcotráfico como principales amenazas a la seguridad global, factores como la transnacionalización del crimen, la flexibilización de las fronteras nacionales y los crecientes movimientos migratorios, se han constituido en temas relevantes para la construcción de las agendas nacionales y regionales de seguridad y han llevado a las autoridades nacionales a conjugar, cada vez más, sus aparatos de seguridad interior con los de seguridad exterior.

Así, entender los vínculos entre migración y seguridad es el objetivo principal del trabajo de investigación desarrollado por los grupos de investigación Migraciones y Desplazamientos y Seguridad y Defensa, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Para ello, se analizan tres casos que evidencian esta securitización de las políticas migratorias: en primer lugar, Estados Unidos frente a su frontera con México; segundo, la situación de la Europa mediterránea y las migraciones provenientes de África del Norte; y finalmente, el caso de las migraciones colombianas, esencialmente por motivos de la violencia, hacia los países vecinos de Ecuador y Venezuela.

En los dos primeros casos, se evidencia el influjo de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington (2001) y sus réplicas en Madrid (11 de marzo de 2004) y Londres (7 de julio de 2005) para la integración de las medidas de control migratorio dentro de las políticas de seguridad nacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea asumieron medidas para hacer frente a la amenaza terrorista en casa desde una perspectiva defensiva, mediante el fortalecimiento de la respuesta policial, judicial, la protección de infraestructuras críticas y de la población contra futuros atentados.

En el caso de Estados Unidos, las estrategias enmarcadas en la Homeland Security fortalecieron los controles fronterizos y el seguimiento receloso sobre las poblaciones inmigrantes, con el fin de prevenir la entrada de posibles terroristas –y también narcotraficantes– al país. El fortalecimiento de la vigilancia fronteriza implicó la adopción de estrategias de guerra de baja intensidad y la militarización de estructuras como la Patrulla Fronteriza, encargada del control migratorio. Esto estimuló una interpretación ideológica que criminalizaba a la migración indocumentada, o bien, la entendía como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos (Guillén, 2005, p. 162).

La Europa mediterránea, por su parte, ha sido receptora de flujos masivos de migrantes provenientes de países de África y de Oriente próximo, con los que comparte lazos históricos comunes derivados de su pasado colonial. Como en el caso de Estados Unidos, Europa también ha asumido estrategias restrictivas de la inmigración que tienden a la criminalización y desconfianza sobre las poblaciones llegadas de otras latitudes. En términos generales, las poblaciones africanas son asociadas con el delito común, los musulmanes con grupos terroristas y los latinoamericanos con bandas narcotraficantes.

Desde esta óptica, las leyes migratorias en Estados Unidos y Europa promueven prácticas de discriminación y exclusión de inmigrantes. Esta tendencia se confirma en legislaciones adoptadas por el estado de Arizona, que afecta la población de origen mexicano, o en Italia, en contra de poblaciones gitanas. En ambos casos se trata de medidas que se fundamentan en la sospecha sobre las personas basada en un perfil étnico-racial.

El caso del triángulo Ecuador-Colombia-Venezuela es particular. Los tres países, más allá de orientaciones ideológicas de sus gobiernos, comparten factores de riesgo e inseguridad derivados de la desigualdad social, altos índices de pobreza, desequilibrios macroeconómicos, la fragilidad de sus sistemas políticos, situaciones de inseguridad convencional y otras derivadas del narcotráfico. Sin embargo, la situación de conflicto armado interno en Colombia es el factor determinante de la migración masiva de poblaciones colombianas a los países vecinos. Dada la acción de los grupos armados ilegales –y también de las estrategias militares asumidas por el Estado colombiano para combatirlos–, se presenta una importante oleada de colombianos que se ven obligados a cruzar las fronteras para escapar de la violencia y buscar refugio en los países vecinos. No obstante, el problema del desplazamiento forzado no ha recibido la atención debida por parte de los países implicados, que priorizan las preocupaciones de seguridad nacional y las necesidades de blindar las fronteras frente al accionar de grupos armados ilegales, bandas criminales narcotraficantes y de las fuerzas militares del Estado vecino.

De esta forma, el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa y el Grupo de Investigación en Migraciones y Desplazamientos presentan los resultados de investigación del proyecto Migraciones y Seguridad: un reto para el siglo XXI, y aprovechan para agradecer el apoyo brindado por la Dirección de Investigaciones de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, para el desarrollo de este trabajo.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Este acápite presenta las perspectivas teóricas a partir de las cuales se fundamenta el trabajo de investigación. Así, se presentan elementos conceptuales relacionados con el desarrollo económico desigual, vínculo histórico, redes sociales y transnacionalismo, securitización, xenofobia y discriminación, trata de personas y el tráfico de migrantes.

Desarrollo económico desigual

Partimos de la idea según la cual la creciente ola migratoria es producto –directa o indirectamente– de los desequilibrios socioeconómicos entre los países, lo cual alude a la idea de un desarrollo económico desigual que se sitúa dentro del marco de los enfoques teóricos de la dependencia. En este sentido, las migraciones internacionales pueden ser analizadas como consecuencia de las dispares condiciones materiales de existencia entre los países desarrollados del norte y aquellos en vías de desarrollo del sur. A pesar de la crisis económica mundial iniciada en 2008, son notables los contrastes entre las aceptables condiciones de vida para la mayoría de habitantes del norte, frente a las precarias condiciones de vida para la mayoría de habitantes del sur.

Para Osvaldo Sunkel (1981, p. 43), retomando a Henri Pirenne, con “la formación de los modernos imperios mercantiles a partir del siglo XVI y el consiguiente auge del comercio colonial, en ciertas regiones de Europa se estuvo operando un importante proceso de acumulación de capitales”. Esta situación marca procesos diferenciales de integración a la economía mundial para cada región del mundo y, por tanto, determina el papel a cumplir en el sistema productivo. En consecuencia, y después de cincuenta años, el camino histórico unidireccional para el desarrollo propuesto por Walt Rostow (1961) perdió validez porque persisten las diferencias en el papel productivo de cada país, lo que determina los respectivos determinantes de las condiciones de vida para sus poblaciones.

Este desarrollo económico desigual ha conducido a un desequilibrio estructural que afecta principalmente los núcleos vitales de la población del sur (García Nossa, 2006). De igual manera, el fenómeno del desarrollo del subdesarrollo afecta principalmente a los países del denominado tercer mundo involucrados en la parte inferior de la dinámica desigual de la economía internacional (Wabgou, 2010, p. 158). Esta condición genera situaciones sociales y económicas adversas que se evidencian en la regionalización de la pobreza extrema, el hambre, las dificultades en el acceso a un sistema educativo y a un sistema de salud (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2013); lo que coincide con un incremento de la calidad de vida de los países industrializados o desarrollados.

Al respecto, Bustelo (1994) señala que el mal reparto de los recursos condiciona la dependencia, la desarticulación, la polarización y extraversión que caracterizan a los países subdesarrollados en términos económicos. Esta dependencia demuestra el porqué de los movimientos poblacionales de sur a norte, ya que “los países desarrollados, después de haber contribuido a hundir los pueblos del sur en la pobreza como los africanos, atraen a su mano de obra para desempeñar tareas poco calificadas” (Wabgou, 2010, pp. 161-164).

En definitiva, las migraciones contemporáneas son concebidas como un medio a través del cual las poblaciones del sur buscan encontrar mejores condiciones de vida y bienestar. En efecto, las condiciones de inseguridad física, económica y social en las cuales viven amplios sectores de la población de estos países, se constituyen en factores determinantes del desplazamiento y la migración.

La situación resulta más compleja cuando los factores de inseguridad económica se articulan con factores de inseguridad política, cosa que alimenta el fenómeno de las migraciones humanitarias o los llamados refugiados políticos. Asimismo, cobra relevancia la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que, en su artículo 1, define el término refugiado para referirse a aquella persona que:

[…] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opciones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. (Acnur, 2005, p. 12)

En otros términos, son refugiadas aquellas personas que abandonan su país bajo la amenaza a su vida, seguridad o libertad, en un contexto marcado por el conflicto armado interno y la violación de los derechos humanos. En muchos casos, los refugiados y las personas en situación de desplazamiento han sufrido una violación de sus derechos, como consecuencia de la falta de protección estatal, y se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, por lo que requieren atención y protección especial, derivada del estatus de refugiado a que da lugar el asilo y que los Estados que firmaron la Convención están obligados a otorgar al solicitante. En general, los países de América Latina (sobre todo Centroamérica y Colombia) y África (principalmente de la África subsahariana) presentan los mayores flujos de refugiados y desplazados en el mundo. Esta situación los convierte en una especie de migrantes invisibles en sus lugares de destino –como los países fronterizos, Estados Unidos y Europa–, aunque su presencia no deja de alterar el orden establecido.

Pese a la existencia de un número considerable de instrumentos continentales y mundiales establecidos para la protección o acogida de los solicitantes de asilo o refugio, se observa una mayor restricción de las políticas de refugiados en Estados Unidos y Europa. Al respecto, al presentar un breve balance sobre el retroceso del derecho al asilo político en España entre 1996 y 1999, Wabgou (1999) considera que el asilo político en España es “un derecho en vías de extinción”. De todos modos, son muchos los africanos y latinoamericanos que, al no contar con condiciones favorables de solicitud de asilo en países europeos y Estados Unidos, terminan confinándose o quedándose en países limítrofes o cercanos a sus países de origen, ya sea como refugiados –en el caso de que logren obtener la protección del Estado– o como simples desplazados.

En esta perspectiva, consideramos que el análisis de los flujos migratorios desde la teoría de la dependencia resulta limitado, puesto que solo se tienen en cuenta los factores de expulsión o atracción. Esto reduce las migraciones a un movimiento orientado desde la entidad emisora-explotada hacia una unidad receptora-explotadora con la expectativa de obtener un mejor nivel de vida. Sin embargo, los flujos migratorios no solo son determinados por motivaciones económicas, sino que también existen una serie de variables más complejas definidas en tiempos y espacios, derivadas de vínculos históricos.

Vínculo histórico

El enfoque del vínculo histórico retoma la colonización como el fenómeno explicativo de la orientación de los flujos migratorios, a partir de la construcción de relaciones históricas entre el territorio expulsor y el receptor. Esto explica, en parte, la razón por la cual las oleadas migratorias de latinoamericanos tradicionalmente se han orientado a Estados Unidos y España, así como de africanos a Francia; incluso si actualmente se observa que las expotencias coloniales han ido cerrando cada vez más sus fronteras a sus excolonos y que hay una diversificación de los destinos de los inmigrantes a otros países industrializados del mundo. Así, con base en el trabajo de Portes y Börocz (1992), Wabgou afirma que:

[…] [Se] conciben las migraciones como un proceso social que se fundamenta en las transformaciones históricas para aliviar la complejidad de las oleadas migratorias respecto a su orientación y su dimensión y al momento en que se desplieguen […] El inicio de las migraciones laborales no proviene de odiosas comparaciones de ventaja económica, sino de una historia de contacto anterior entre sociedades emisoras y receptoras. (Wagbou, 2010, p. 167)

Cabe precisar que los puntos claves en los intercambios por vínculo histórico son la movilidad de capital, de bienes y servicios, la tecnología, las formas institucionales, la difusión de ideas y gustos; estos elementos tarde o temprano generan cambios culturales. Sin duda, en la actualidad se observa que las migraciones se desarrollan como consecuencia de decisiones personales condicionadas o apoyadas por relaciones sociales. Por eso, para completar las dos anteriores miradas (desarrollo económico desigual y vínculo histórico) recurrimos a la teoría de las redes sociales, que ofrecen una perspectiva de análisis sobre la formación de sistemas de migración que vinculan a la comunidad emisora con la comunidad receptora.

Redes sociales y transnacionalismo

La finalización de la Guerra Fría, el incremento de la velocidad y el número de los intercambios comerciales y las dinámicas de integración económica y política implicaron que las fronteras dejaran de entenderse como simples líneas divisorias entre los países, para ser concebidas como espacios integrales y complejos de interacción política, económica y social entre comunidades internacionales. En este sentido, las migraciones se entienden como fenómenos transnacionales relacionados con “ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución” (Portes, Guarnizo y Landolt, 2003, p. 18).

Esto conlleva la posibilidad de formas de vivir transnacional, es decir, “vivir en un territorio transfronterizo, participando en redes e interacciones que transcienden las fronteras de un determinado país” (Ramírez, García y Míguez, 2005, p. 11). Desde esta perspectiva, se comprende que el proceso migratorio implica diversidad y simultaneidad de culturas que se construyen de forma paralela a los componentes identitarios de los Estados-nación; esto es, un devenir guiado por el reconocimiento de elementos culturales que ayudan a reforzar los hábitos tradicionales o a aportar en la construcción de un nuevo sistema identitario. Al respecto, González considera que:

[Se trata de] un enfoque en los estudios sobre migración, relativo a relaciones que conectan a los inmigrantes con sus sitios de origen. A partir de ello se generan transformaciones de las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas […] la aparición de comunidades transnacionales en el contexto global, se definen como grupos de personas de un mismo origen asentados en diferentes sociedades, compartiendo referencias e intereses comunes, formando redes de comunicación y consolidando su presencia más allá de las fronteras […] El transnacionalismo, por definición, correspondería a una construcción mental, a un fenómeno intangible con implicaciones reales, esenciales, que se materializa en interacción de redes formales e informales de toda índole, la utilización de la tecnología mediática y las inversiones transfronterizas. En esta medida el transnacionalismo involucra el país de origen y el de destino, en un doble direccionamiento de recursos concretos como: remesas, comercio de productos de la nostalgia y elementos intangibles de los dos países, tales como las expresiones culturales y la problemática política, económica y social que afecta a los emigrados. (González, 2006, pp. 608-609)

En este contexto, los migrantes desarrollan identidades múltiples, lealtades compartidas y una vida transnacional entre su país de origen y el país receptor, generando un mestizaje cultural en la sociedad receptora a partir de la integración de nuevas corrientes artísticas, nuevos estilos de vida y nuevos valores familiares. Esta idea se encauza en la teoría liberal conocida como melting pot, que sostiene que la fortaleza de una nación se enriquece con flujos migratorios diversos (Vargas, 2010, p. 190). Además, como el hecho de habitar en el exterior no significa una ruptura con la sociedad de origen, puesto que los emigrantes siguen participando en el campo económico, político y social de sus respectivos países de origen, es cierto que el transnacionalismo contribuye con el establecimiento de flujos continuos de información, bienes y servicios entre los países de acogida y los países emisores (Wabgou, 2012, p. 79). Por esto, las redes sociales y su transformación en redes migratorias son procesos sociales que conectan a gente establecida en diferentes espacios, ofreciéndoles posibilidades de desarrollar estrategias fuera del lugar de nacimiento (Wabgou, 2010, pp. 170-171). Nos referimos así a la persistencia de redes sociales migratorias como mecanismos y fuente de apoyo del despliegue de las corrientes migratorias; lo que puede desembocar en las migraciones circulares si el movimiento es perdurable en el tiempo y en el espacio. Con este tipo de migraciones circulares, “las áreas emisoras y las receptoras se integran en un sistema de migración que influye en los procesos sociales en ambos extremos de la corriente” (Wabgou, 2010, p. 174).

En cuanto a las relaciones que se dan entre los individuos y el colectivo del sistema circular y transnacional, se aclara que el inmigrante como individuo cuenta con los demás (colectivo) para lograr sus objetivos migratorios. Sin embargo, el alcance de estos objetivos suele estar limitado por el interés de los Estados en mantener un control sobre los flujos migratorios, que pueden considerarse como riesgo para su seguridad nacional. Prueba de ello es que, durante la última década, las migraciones han sido asumidas crecientemente como un asunto clave de la política de seguridad nacional o de seguridad pública por los principales países receptores.

Securitización y migraciones

La tendencia a considerar las migraciones como un reto a la seguridad nacional o la seguridad pública por los países de llegada de los inmigrantes parece haberse acentuado después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. A partir de allí, la regulación de la migración se convirtió en una preocupación relevante de la seguridad nacional, con el propósito de prevenir el ingreso de terroristas extranjeros al país y neutralizar los grupos terroristas que utilizan las migraciones como una excusa para acceder a los países receptores de los inmigrantes y ejecutar sus planes violentos. Concretamente, esto se traduce en un cambio de actitud de los Estados de acogida frente a los inmigrantes, evidenciado en discursos que defienden la necesidad de cambiar las actitudes laxas y benevolentes por medidas migratorias más restrictivas. Este cambio de actitud hacia las migraciones se ha extendido en Estados Unidos y Europa, países tradicionales de acogida, en términos de una securitización del asunto migratorio, es decir, un conjunto de mecanismos discursivos y normativos que asumen las migraciones como un asunto de seguridad nacional.

En efecto, para entender el concepto de securitización y su implicación en el tema migratorio, es necesario partir del concepto mismo de seguridad. Para Charles David,

la seguridad puede ser comprendida como la ausencia de amenazas militares y no militares que pueden poner en cuestión los valores centrales que desea promover o preservar una persona o una comunidad, y que conlleva un riesgo de utilización de la fuerza. (Charles David, citado por Alejo Vargas, 2002, p. 145)

Tradicionalmente, la reflexión sobre la seguridad tendió a concentrarse esencialmente en la seguridad de los Estados bajo el concepto de seguridad nacional, que

[…] se consolidó como categoría política durante la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos rescató el uso político que la palabra seguridad ha tenido desde la antigüedad, para elaborar el concepto de “estado de seguridad nacional”. Este concepto se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna, frente a las amenazas de revolución, la inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares. Con la generalización del uso de esta categoría política, el plano militar se convirtió en la base de las relaciones internacionales. Una vez terminada la Guerra Fría, un cambio importante fue la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno que podía ser cualquier persona. (Leal Buitrago, 2003, p. 74)

Así, cuando hablamos de la seguridad nacional hacemos referencia al proceso de construcción de amenazas –tanto internas como externas– que ponen en riesgo los valores esenciales de un Estado. En el caso de la migración irregular –en algunos casos también de la regular–, se percibe esta como un fenómeno que favorece actividades ilegales como la criminalidad transnacional, el narcotráfico y, después del 11 de septiembre, también el terrorismo. En este orden de ideas, Wæver define la securitización como

[…] un proceso discursivo y político, a partir del cual se construye un entendimiento intersubjetivo dentro de una comunidad política, con el fin de tratar algo como una amenaza existencial a un objeto de referencia valorado, para así hacer un llamado urgente sobre medidas excepcionales para hacerle frente a las amenazas. (Brauch, 2009, p. 283)

Así, securitización se refiere a la inclusión de temas específicos, diferentes a los asuntos militares, dentro de las agendas de seguridad de los Estados. Se parte, entonces, de comprender el proceso de ampliación del concepto de seguridad tras la Guerra Fría: de un concepto cuyo objeto referente era el Estado-nación, se pasó a un concepto extendido y multidimensional de seguridad, lo que implica nuevas amenazas, vulnerabilidades y riesgos, que ya no surgen exclusivamente por parte de otras naciones, sino dentro de estas (actores sub-estatales como grupos étnicos, políticos o religiosos, mafias, criminales y narcotráfico) y más allá de estas (actores transnacionales como corporaciones, criminales y terroristas) (Brauch, 2009, p. 285).

Esta ampliación y redefinición del concepto de la seguridad tras la Guerra Fría afianza la idea de múltiples referentes de esta, desde el Estado hasta los grupos sociales y el individuo; además de incorporar temas no militares como el medio ambiente, las drogas ilícitas (ver figuras 1 y 2), la pobreza y, por supuesto, la migración.

FIGURA 1. Movimientos internacionales de drogas ilícitas (tráficos de drogas), trata de personas (migrantes y mujeres), contrabandos medioambientales (comercio ilegal de especies y animales). Fuente: González (21 de febrero de 2013).

FIGURA 2. Rutas del tráfico internacional de cocaína. Fuente: RT (2015).

En términos generales, se entiende que la seguridad consiste en librarse de las amenazas y ser capaz –sean los Estados o las sociedades– de mantener su independencia en lo que refiere a identidad y a su integración funcional frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles (Barry Buzan, 1991, citado por Orozco Restrepo, 2006, p. 148).

En tal sentido, el concepto de seguridad se amplía para incluir casi cualquier problema que afecte la calidad de vida de la población y cuyo tratamiento trasciende las medidas policiales y militares. No obstante, como lo señala Ole Wæver (1995, citado por Tickner, 2008, pp. 4-5), estas nuevas concepciones de seguridad se nutren inevitablemente del registro conceptual existente en esta materia, con lo cual la seguridad, sin importar su definición específica, tiende a interpretarse por medio del lente de la seguridad nacional y sus esquemas estratégico-militares; por esta vía, asuntos como el migratorio son articulados dentro de las estrategias estatales de seguridad. Así, el concepto general de seguridad, pese a la multidimensionalidad que se le endosa –y las pretensiones conceptuales de la seguridad humana–, continúa enmarcado en el discurso de la seguridad nacional, con una fuerte ascendencia del pensamiento de Carl Schmitt, lo que implica un énfasis en la autoridad, la confrontación, la construcción de amenazas y enemigos, la capacidad para tomar decisiones y la adopción de medidas de emergencia policivo-militares (Buzan y Hansen, 2009, pp. 213-214).

La situación descrita es más evidente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando

[…] la reflexión sobre el tema de la seguridad tendió a concentrarse de manera exclusiva en la seguridad de los Estados, bajo la denominación de seguridad nacional, olvidando que tan importante como lo anterior y si se quiere el aspecto central de la seguridad son las personas que fueron y son la base de dichos Estados. (Vargas, 2010, p. 19)

Sobre las relaciones civiles-militares, Vargas nos propone una útil clasificación en la que podemos situar las relaciones entre los inmigrantes y los cuerpos armados de los países receptores:

En una democracia las relaciones civiles-militares se expresan por lo menos en tres dimensiones: a) la relación entre las autoridades democráticamente electas y las instituciones militares y policiales –que debe estar caracterizada por la subordinación de estas a la autoridad civil–; b) la relación entre las fuerzas políticas legalmente existentes y la fuerza pública –que debe estar marcada por un trato respetuoso con la diversidad de expresiones políticas existentes en la sociedad–; y c) las relaciones entre la sociedad y la fuerza pública –que son las que definen los niveles de legitimidad o aceptación de que dispone la fuerza pública–. (Vargas, 2010, p. 26)

En consecuencia, podemos ubicar las relaciones de los grupos inmigrados dentro de la segunda dimensión, por la posibilidad del ejercicio democrático adquirido por los inmigrantes que obtienen la ciudadanía del país receptor y que posteriormente trabajan en grupos políticos a favor de los inmigrantes, y en la tercera, en la que se puede ubicar a los inmigrantes que no tienen su situación de residencia regulada y originan las difusas y múltiples acciones policíacas frente a su tránsito al no contar con una posición regulada en la sociedad.

En efecto, los pilares de la modernidad que determinan un sistema de seguridad mundial son, según Giddens (1994), basados en criterios económicos a través de la relación entre las dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización (ver figura 3). Como dimensiones institucionales de la modernidad que se relacionan entre sí, tenemos: la vigilancia (control de información y supervisión social), el capitalismo (acumulación de capital en el contexto de mercados competitivos de trabajo y productos), el poder militar (control de los medios de violencia en el contexto de la industrialización de la guerra) y el industrialismo (transformación de la naturaleza: desarrollo de un entorno creado).

FIGURA 3. Relación entre dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización. Fuente: Giddens (1994, p. 64).

Las dimensiones de la globalización que establecen relaciones mutuas entre las partes son el sistema de Estado nacional, la economía capitalista mundial, el orden militar mundial y la división internacional del trabajo (ver figura 4).

FIGURA 4. Dimensiones de la globalización que establecen relaciones mutuas entre las partes. Fuente: Giddens (1994, p. 73)

Por lo tanto, la relación entre las dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización se expresa en el proyecto moderno. Este pretende mantener la estabilidad de un orden económico mundial a través de su estrecha relación con dimensiones e instituciones de control militar y supervisión social, que prevengan y repriman cualquier ataque al sistema económico global.

Cabe precisar que el creciente recurso a la securitización por los Gobiernos para la gestión política se articula con el concepto de seguridad humana, establecido por la ONU, que se refiere a la protección del ser humano, más allá de la protección del territorio y de la soberanía del Estado (González, citado por Aldana y Ramírez, 2012, p. 87). De esta forma, la securitización se desliza en el campo de la seguridad interior y abre la posibilidad de la utilización de medios bélicos en actividades propias de la seguridad pública. En palabras de Orozco Restrepo (2006, p. 144), asistimos a la aceptación o legitimación de la ruptura de las reglas de juego político con el objetivo de despejar la amenaza.

No cabe duda de que, si bien son los Gobiernos los principales actores securitizadores, en la práctica, también los líderes políticos y los grupos de presión pueden liderar los procesos de securitización (Buzan y Hansen, 2009, p. 214). Por ello, en el caso del tema migratorio observamos que, además de las élites gobernantes, grupos sociales y políticos locales –directamente o por intermedio de sus representantes legislativos– ante los Gobiernos nacionales abogan para que se integre el tema migratorio en la agenda de la seguridad nacional. Más aun cuando, como expresión de un subconsciente colectivo, se incrementa la figura discursiva sobre la existencia de un enemigo inesperado y difuso que provoca un clima de miedo ante la presencia del otro y cataliza la expresión de discursos y actitudes de rechazo hacia las migraciones:

El uso del lenguaje con la figura discursiva sobre la existencia de un enemigo impredecible, invisible y súbito, posiciona en el subconsciente colectivo algo que desconocemos, que jamás vamos a controlar y que está siempre presente en nosotros, y provoca un clima persecutorio permanente. Ya no controla el agente o actor el espacio particular privado, necesita de la protección de un Estado que tenga la habilidad y certeza para usar la fuerza, la autoridad y los recursos necesarios para eliminar al enemigo imaginario, a costa de perder o permitir la invasión en la vida privada. (Salazar y Rojas, 2011, p. 34)

En este contexto, bajo el paraguas de la protección de la seguridad nacional, policías y militares son autorizados tácitamente a participar en actividades contra la inmigración –particularmente la irregular–, lo que en ocasiones puede llevar a cometer actos discriminatorios, contrarios a los derechos humanos universalmente reconocidos. En la práctica, se convierten entonces en los principales agentes securitizadores, puesto que su objetivo principal es identificar y neutralizar las amenazas que vehiculan los inmigrantes y sus redes, en general, así como identificar cuáles de ellos se encuentran en situación de irregularidad y detectar las redes de traficantes de inmigrantes, en particular. Esta práctica es habitualmente asociada al uso frecuente de la psicología del terror con el propósito de interiorizar en los conciudadanos el miedo al extranjero, la idea de los indocumentados como generadores de violencia e inseguridad, asociándolos con el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico; esto contribuye a ver al migrante irregular o en situación de irregularidad como un enemigo interno.

Esta relación entre securitización y psicología del terror se expresa, en algunos casos, en la conformación de autodefensas civiles contra la potencial amenaza que deriva de la presencia del extranjero. Este fenómeno se evidencia en los grupos paramilitares en la frontera sur de Estados Unidos y los grupos de tendencia neonazi en Europa, que se sustentan sobre discursos antiinmigración, nacionalistas y xenófobos, basados sobre el rechazo a los elementos raciales y culturales extranjeros y diferentes a la identidad nacional histórica. Este tipo de posturas tienen auge sobre todo en tiempos de crisis; cuando se buscan chivos expiatorios o a quiénes culpar por la inseguridad política o las penurias económicas y sociales que padecen las poblaciones nativas, tal como sucedió después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, con la crisis económica de 2008 y con la gran crisis de 1929. Como hemos evidenciado que esta situación de miedo y odio al extranjero puede ser asociada a los procesos de securitización de las migraciones, vale la pena explorar algunas dimensiones de la xenofobia, el racismo y la discriminación en las sociedades modernas.

Racismo, xenofobia y discriminación

Para realizar una definición de racismo y xenofobia, es necesario tomar en cuenta el enfoque metodológico desde el cual se pretenden identificar las prácticas de rechazo a personas por su origen étnico, nacional, cultural o religioso. Por lo tanto, a partir de la aproximación teórica que propone Wetherell, el racismo se entiende “como el proceso de marginalizar, excluir y discriminar a aquellos definidos como diferentes sobre la base de un color de piel o pertenencia grupal étnica” (citado por Cea D’Ancona, 2009, p. 16).

También se reconoce la existencia de racismo de clase, cultural y simbólico. En el caso del racismo de clase, si “el racismo y la xenofobia son, en la mayoría de los casos, expresión de un clasismo muy arraigado”, encontraríamos un punto de conexión con la teoría marxista, ya que el racismo y la xenofobia pueden ser considerados como elementos de lucha entre opresores y oprimidos, que podrían ser superados al moderarse dicha confrontación de clases. En este orden de ideas,

el racismo cultural acaece cuando la identidad cultural del inmigrante contraviene la identidad de la población autóctona y esta siente que sus rasgos identitarios están amenazados. El inmigrante pasa a percibirse como amenaza a la pérdida de la homogeneidad cultural. (Cea D’Ancona, 2009, p. 7)

Por su parte, el racismo simbólico se relaciona con el rechazo a la inmigración basada en los efectos negativos para la identidad nacional de los países receptores (idioma, cultura, tradiciones), junto con el malestar por las medidas a favor del inmigrante sobre el autóctono (Cea D’Ancona, 2009, p. 19).

A su vez, la xenofobia es definida como el miedo-rechazo a los extraños o extranjeros que residen territorios donde existe una cultura dominante. Asimismo, entran en acción mecanismos de defensa a través de prácticas discriminatorias con el fin de conservar los elementos de la cultura dominante frente a la amenaza (Soyombo, 2008, p. 88); lo que lleva a considerar la xenofobia como un término múltiple que puede enmarcar el ejercicio de prácticas y discursos discriminatorios.

En este orden de ideas, recurrimos al Manual de legislación europea contra la discriminación (2010), elaborado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para distinguir la discriminación directa de la discriminación indirecta. En efecto, se considera que existe discriminación directa cuando una persona es tratada de manera menos favorable de lo que haya sido o vaya a ser tratada otra persona en situación comparable, debido a una característica concreta de esta persona relacionada con los motivos protegidos que, según el Manual, son los siguientes: el género, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, la raza, el origen étnico y nacional, la religión y las creencias.

Por otra parte, se habla de discriminación indirecta cuando se evidencia una disposición, un criterio o una práctica que afecta de modo sustancialmente más perjudicial a un grupo definido por uno de los motivos protegidos, en comparación con otras personas en situación similar. Asimismo, se demarcan escenarios donde el cuerpo del inmigrante es sometido a todo tipo de explotación, como los trabajos forzados y la explotación sexual.

Trata de personas, tráfico de migrantes y explotación del cuerpo migrante

Aquí, el cuerpo se convierte en un eje de reflexión teórica por su carácter de construcción cultural, social y política, y en el cual confluyen significaciones individuales y colectivas. Para ello, partimos del enfoque de análisis de la anatomopolítica que permite pensar las migraciones irregulares en asociación con los cuerpos de los inmigrantes, que son deseados en los países desarrollados para realizar trabajos sin protección legal. Además, este enfoque permite conocer los discursos sobre el cuerpo-máquina, el cuerpo-productividad y el cuerpo-objeto, que correlativamente abren el camino a la comprensión del cuerpo como transformación, como fuente de riqueza y como construcción de seres humanos colmados de temores, confianzas, fracasos, logros, goces y dolores (Torres y Munévar, 2004, pp. 9-10).

En este orden de ideas, los cuerpos de mujeres víctimas de la trata de personas o vinculadas voluntariamente a redes de prostitución, son ejemplos de cuerpos deseados, no solo por quienes se lucran por su ingreso ilegal a través de las fronteras nacionales, sino por quienes se benefician de su trabajo barato –y en ocasiones obligado–. Estos cuerpos migrantes entran en la disciplina laboral siendo sometidos a largas jornadas de trabajo con muy malas remuneraciones –y en ocasiones ninguna–. Se les coacciona con la amenaza de violencia o exposición ante las autoridades, en un ambiente de clandestinidad e invisibilidad ocasionado por la irregularidad de su condición migratoria (UNODC, 2012, p. 45).

En efecto, la migración irregular se relaciona especialmente con fenómenos ilegales como el tráfico y la trata de personas dentro del marco de economías ilegales que, pese a las crisis, mantienen una tendencia de crecimiento constante. Como lo demuestran los estudios realizados por Benítez (2011) e Isacson y Meyer (2012), en tanto mayores son las medidas de vigilancia en la frontera y las restricciones migratorias que se imponen en los países desarrollados, mayor es la propensión de los migrantes de acudir a traficantes que faciliten el ingreso al país de destino, y también es mayor el precio que estas redes ilegales cobran por su servicio. Una precisión conceptual obliga a mencionar en este punto que Acnur considera que los términos trata de seres humanos y tráfico de migrantes tienen acepciones diferentes.

Por un lado, el tráfico de migrantes es definido como

[…] la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. (Acnur, 2012, p. 5)

Por otro, la trata de personas tiene como fin la explotación laboral del individuo, no siendo necesario que las víctimas crucen las fronteras para que se produzca el hecho delictivo. De este modo,

la trata consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. Para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Además, se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos. (Acnur, 2012, p. 4)

Así, recurrimos a la siguiente clasificación, elaborada por la Secretaría de Gobernación de México (2011), para delimitar las diferencias entre el tráfico de migrantes y la trata de personas:

TABLA 1. Diferencias entre el tráfico de migrantes y la trata de personas

Fuente: Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (Secretaria de Gobernación de México), 2011.

En consonancia con lo anterior, Cortés Toro establece que la trata de personas implica:

[…] la captación, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La trata conlleva el desplazamiento o traslado de la víctima que aparecen en el Protocolo como la captación, traslado, acogida o recepción. (Cortés Toro, 2006, p. 166)

A continuación, la autora establece tres elementos conceptuales que definen la trata de personas, los cuales se presentan de manera gradual en momentos y espacios determinados. El primer elemento tiene que ver con el traslado o desplazamiento de las personas realizado gracias a la captación con falsa información. El segundo elemento es la privación de la libertad de las personas debido al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Finalmente, se identifica el elemento de explotación de las personas como medio para obtener beneficios económicos y sociales por parte de las redes ilegales de trata de personas. La autora describe seis formas de trata de personas, así:

TABLA 2. Clasificación de formas de trata

Fuente: Cortés Toro (2006, p. 169).

En suma, la articulación entre la trata de personas, el tráfico de migrantes y la explotación del cuerpo migrante requiere algunas precisiones. Mientras que la trata de personas se refiere a la instrumentalización con fines de explotación económica tanto adentro como afuera de su país, el tráfico de migrantes implica necesariamente el desplazamiento de la/s víctima/s a otro/s país/es, traspasando ilegalmente los límites de las fronteras del país de destino donde se somete (o está sometido) a distintos mecanismos de explotación económica (laboral, sexual, etc.). Asimismo, la explotación del cuerpo migrante apunta a su uso (y a su transformación) como fuente de riqueza mediante prácticas esclavistas, mecanismos de servidumbre y de sometimiento. En este orden de ideas, la prostitución de mujeres inmigrantes, por ejemplo, implica situaciones en las cuales sus cuerpos son deseados no solo por quienes se lucran por el ingreso derivado sino también por quienes obtienen placer carnal. En este contexto, no cabe duda de que el análisis de la explotación del cuerpo migrante requiere entrelazar los conceptos de cuerpo-máquina, cuerpo-productividad y cuerpo-objeto. Esto hace pensar, por ejemplo, en mujeres que, además de ser víctimas de las redes de traficantes de migrantes, sufren también la explotación de su cuerpo como prostitutas y se convierten así en víctimas de la trata de personas: se habla de trata con fines de explotación sexual.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación parte de relacionar el estudio de las migraciones con el análisis de las medidas de seguridad nacional, en la teniendo en cuenta que en las fronteras de los países de acogida se presenta un alto flujo de personas en condición de ilegalidad, a quienes se atribuyen eventuales actividades ilícitas como trata de personas, tráfico de armas, drogas, etc. Asimismo, el tratamiento del tema de las migraciones y la seguridad ha requerido una revisión documental o de literatura especializada en la temática. Por ello, el análisis se hizo desde la lectura de textos seleccionados y que apuntan a la seguridad como uno de los retos de las migraciones internacionales, en el marco del cumplimiento de funciones del Estado como garante de la seguridad.

Por consiguiente, hemos recurrido a fuentes bibliográficas como libros, textos, documentos, artículos académicos y sitios web de centros de investigación especializados en el tema de seguridad y defensa, igual que de migraciones internacionales. En este sentido, la utilización de estas fuentes secundarias se vuelve imprescindible para realizar el análisis de las implicaciones de las migraciones internacionales sobre la gestión de la seguridad nacional en los países de destino. Sin duda, la realización de la revisión de textos desde diferentes temas, documentos e informes de diversas entidades y publicados en diferentes idiomas (español, inglés y francés) nos ha permitido conseguir datos significativos y útiles para el trabajo analítico propuesto. Además, a través de la revisión bibliográfica de los análisis realizados por instituciones y académicos especializados, inicia la indagación sobre la complejidad de la articulación entre las migraciones y la seguridad.

La importancia de esta investigación es su aporte a la comprensión de las migraciones internacionales y el manejo de la seguridad, tema que es poco trabajado en la academia colombiana; más aún cuando el contexto internacional es cada vez más marcado por impulsos, lógicas y mecanismos de mantenimiento de la seguridad nacional, ante diversas formas de amenazas (o sospechas de amenazas) calificadas a veces de terroristas. Asimismo, se espera que esta investigación sea de gran utilidad para aquellas personas que estén interesadas en el estudio de las migraciones y la seguridad en el escenario internacional. De esta manera, se determina la consecuente necesidad de explicar el fenómeno en cuestión a través de la teoría de securitización, la del desarrollo económico desigual, la de redes sociales y transnacionalismo, la del vínculo histórico previamente establecido entre polos de atracción y expulsión de migraciones.

La metodología de revisión documental permite conocer y profundizar la problemática de las migraciones y la seguridad, mediante un análisis que permite responder a preguntas de investigación como ¿en qué medida se consideran las inmigraciones como una amenaza para la seguridad nacional? ¿Cómo se está dando el manejo de las políticas migratorias de los países de destino en términos de endurecimiento de estas y el cierre o restricción de sus fronteras? ¿Qué tan eficientes son los controles y las políticas antiinmigración de los países receptores de inmigrantes? ¿Es necesario que los países receptores rediseñen sus políticas de seguridad fronteriza en alianza con los países emisores?

La diversidad de la información recogida y la riqueza y variedad de datos sobre los factores que condicionan las realidades de los dos tipos de países, implicaron un esfuerzo de síntesis y precisión para no salir de los límites del objeto de estudio que se dispusieron para el trabajo de investigación; además de haber dado paso a la delimitación del área de estudio que ha implicado tratar el tema desde tres ejes o bloques geográficos: entre Estados Unidos y México; en la zona Euromed (Europa, África del Norte y Medio Oriente, aun si en el presente trabajo el énfasis se pone en la región norteafricana); y en los Andes (Ecuador, Venezuela y Colombia). Todo ello se articula, sin desconocer las particularidades que rodean las migraciones internacionales y la seguridad en cada uno de los tres casos que se constituyen en el objeto de estudio, en torno a las tres partes presentadas en el documento, donde quedan plasmados los resultados de la investigación realizada.

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