Kitabı oku: «Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia»

1 Panorama de la deforestación y el tráfico de especies silvestres en Colombia: una mirada desde la experiencia de los funcionarios públicos

Leonardo Güiza-Suárez*

Lina Katerine Correa Muñoz**

* Abogado, licenciado en Biología y tecnólogo en Saneamiento Ambiental. Magíster en Derecho Ambiental Industrial de la Universidad de Poitiers, Francia. Magíster (titulo propio) en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá, España. Actualmente director del Centro de Innovación para la Minería y el Ambiente (CIMA) y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: leonardo.guiza@urosario.edu.co

** Socióloga, magíster en Sociología (Universidad de Ámsterdam). Investigadora de la línea de investigación en Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: linacorreamunoz@urosario.edu.co

Introducción

La tala ilegal y el tráfico ilegal de especies silvestres son problemáticas ambientales que han cobrado particular relevancia en los últimos años en Colombia. Se estima que nueve de cada cien vehículos de carga que transitan por las vías de Colombia transportan madera (FAO, 2018) y que aproximadamente el 47 % de la madera comercializada en Colombia tiene un origen ilegal (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). La tala (y, en especial, la tala ilegal) es un factor que impulsa la degradación forestal1 (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Es decir, la tala termina contribuyendo a la reducción de la capacidad que tienen los bosques de desempeñar sus funciones ecosistémicas (Blaser, 2010), tales como servicios de aprovisionamiento de alimentos, productos forestales maderables, entre otros; servicios como la regulación hídrica y el almacenamiento y captura de carbono; y servicios culturales, tales como el desarrollo cognitivo, las experiencias estéticas, entre otros (Lozada, Dias & Oliveira, 2018; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012).

Se estima que la tala ilegal constituye el 10 % de la deforestación en el país (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Esto no es un hecho menor si se considera que aproximadamente una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo se dan como consecuencia de la degradación y deforestación de bosques tropicales (Blaser, 2010). Por lo tanto, una administración forestal sostenible contribuiría a la mitigación del cambio climático en la medida en que ayudaría a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (Blaser, 2010). Además, esta contribuiría a conservar y restaurar las cuencas hidrográficas al recuperar los recursos edáficos y regular los hídricos, además de renovar y conservar la biodiversidad (MacDicken et al., 2016; Ministerio de Ambiente, 2000).

En segundo lugar, en relación con el tráfico ilegal de especies de fauna, recientes cifras e investigaciones han cuestionado la poca atención que recibe este fenómeno y las pocas denuncias que se realizan al respecto. Estimaciones indican que las ganancias anuales del tráfico de la vida silvestre en el mundo están entre US$15.000 y US$20.000 millones (Southwick, 2013). En el caso colombiano, alrededor de 58.000 animales traficados ilegalmente son incautados cada año, la mayoría de los cuales proviene de “la Amazonía, la frontera sur, la Costa Pacífica y los Llanos Orientales” (Southwick, 2013).

Desde hace varios, años ha habido varios esfuerzos encaminados a afrontar estos problemas relacionados con el ambiente y los recursos naturales. En relación con el comercio ilegal de madera, uno de los esfuerzos más destacados lo constituye el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, planteado por primera vez en el 2009 e incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Corporación Autónoma Regional de Risaralda [Carder], 2016). Según este, hay una ilegalidad difundida en la cadena de valor de la madera que se comercializa en Colombia, que va desde quienes llevan a cabo la extracción de recursos maderables con permisos obtenidos de forma irregular, hasta quienes distribuyen y consumen estos recursos.

En efecto, un estudio de 2014 de la organización TRAFFIC (Orozco et al.) cataloga la ilegalidad forestal en Colombia como alta o relativamente alta. De allí que esta misma organización planteara que en Colombia “el conjunto de actividades asociadas a la cadena productiva del bosque natural actualmente no es sostenible” (Orozco et al., 2014, p. 19). Según estimaciones del Banco Mundial (2008), hay pérdidas de cinco mil millones de dólares al año como resultado de la incapacidad de los gobiernos de la recaudación de impuestos de actividades de extracción forestal, mientras que la tala ilegal implica pérdidas adicionales de recursos forestales de entre diez y quince mil millones de dólares al año.

El objetivo del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia es, por lo tanto, involucrar a las partes interesadas (alrededor de setenta entidades públicas y privadas) para que la extracción, transporte y comercialización de madera tenga fuentes legales y responsables (Corporación Autónoma Regional de Risaralda [Carder], 2016). Para ello, se plantea como objetivos: el reconocimiento de los mercados ilegales, el fortalecimiento a las autoridades ambientales y de apoyo, el fortalecimiento a los usuarios y otros actores relacionados con bosques, y la creación de estrategias transversales de comunicación, transparencia y educación ambiental.

En relación con el tráfico ilegal de especies, se destacan iniciativas como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) de 1973, la Convención de diversidad biológica de Naciones Unidas de 1993 y la Declaración de la Conferencia sobre el comercio ilegal de vida silvestre de Londres de 2018. Más recientemente, durante la primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el comercio ilegal de vida silvestre, llevada a cabo en octubre de 2019, se presentó la Declaración de Lima sobre el comercio ilegal de vida silvestre. Esta última, que tuvo como objetivo generar acciones para enfrentar dicha problemática, planteó que el comercio ilegal de vida silvestre es una fuente de financiamiento del crimen organizado (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre [Serfor], 2019), tal como lo había planteado años antes la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2015)2.

Lo que tienen en común tanto el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia como la Declaración de Lima de la Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el comercio ilegal de vida silvestre es que ambos señalan que hay una serie de desafíos poco reconocidos o explorados a la hora de enfrentar tales problemáticas ambientales. Por ejemplo, si bien es de común acuerdo que el comercio de madera y el tráfico de especies de fauna se dan en buena medida en contextos de economías ilegales (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019), uno de los planteamientos principales de la Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el comercio ilegal de vida silvestre es que hay una carencia de información y entendimiento sobre la forma como operan las dinámicas del comercio ilegal de vida silvestre (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre [Serfor], 2019).

Distintos investigadores coinciden al afirmar que tales desafíos tienen que ver con dificultades al interior de las instituciones gubernamentales mismas. Por lo tanto, el propósito de este capítulo es presentar un diagnóstico de las principales dificultades institucionales (en términos de normativa, logística, capacitación, etc.) que enfrentan funcionarios públicos en Colombia a la hora de hacer investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en eventos de tala ilegal y tráfico de especies tal como estas son experimentadas por los funcionarios públicos. Tal diagnóstico se realiza con base en los resultados de una investigación cuyo propósito consistió en evidenciar la relación entre las actividades de tala ilegal y tráfico ilegal de especies, por un lado, y los grupos armados al margen de la ley que operan en Colombia, por otro, para el periodo 2014-2019.

En primer lugar, hacemos una descripción de la metodología utilizada en el estudio. Acto seguido, presentamos los resultados de la investigación en discusión con investigaciones contemporáneas sobre esta problemática. Agrupamos tales dificultades en seis dimensiones: capacitación y articulación institucional; peritaje ambiental; transparencia y ejecución en actividades de monitoreo y control; documentación y difusión de herramientas tecnológicas; normativa ambiental y cooperación internacional; y presupuesto, logística y personal. Finalmente, indicamos nuestras conclusiones.

1. Metodología

En la medida en que el objetivo planteado fue comprender el punto de vista y la opinión de los funcionarios públicos, la metodología de investigación que se llevó a cabo es de tipo cualitativo. La técnica de investigación consistió en entrevistas semiestructuradas. El objetivo de tales entrevistas consistió en descifrar la mirada de funcionarios públicos que realizan investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en casos de tala ilegal y tráfico de especies, en torno a las principales dificultades que estos perciben durante su accionar. Al ser semiestructuradas, las entrevistas permitieron captar aspectos que no fueron predefinidos por los investigadores implicados. El formato con las preguntas efectuadas en las entrevistas se encuentra en el Anexo 1.

En total, se entrevistaron quince (15) funcionarios públicos de las siguientes entidades: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Ejército Nacional de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Policía Nacional de Colombia y Procuraduría General de la Nación. Cuatro (4) de estas entrevistas se realizaron de forma grupal y cinco (5), de forma individual, para un total de nueve (9) entrevistas. Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre de 2019. Cada una tuvo una duración de entre 40 y 120 minutos.

Cabe señalar que varios funcionarios públicos estuvieron en desacuerdo con la denominación de ‘entrevista’, en la medida en que estos no estaban autorizados a conceder entrevistas formales o institucionales como parte del desempeño de su cargo. Por lo tanto, las entrevistas tuvieron un carácter informal y, por su solicitud, las declaraciones de los funcionarios respectivos fueron anonimizadas. En total, cinco (5) funcionarios permitieron grabación de audio y diez de ellos (10) no la permitieron. Las entrevistas con registro de audio fueron procesadas con software de transcripción de audio a texto; en el caso de las entrevistas que no pudieron ser grabadas, se hizo uso de toma de notas por parte de la investigadora para recolectar la información. Tanto las transcripciones de las grabaciones de audio como las notas tomadas durante las entrevistas fueron procesadas con el software de análisis cualitativo Atlas.ti.

En un primer momento, dos rondas de codificación se llevaron a cabo. En un momento posterior, una tercera ronda de codificación se realizó con el fin de agrupar y clasificar los códigos resultantes de las dos rondas anteriores. El análisis de las entrevistas condujo a la identificación de seis (6) dimensiones en las que se observan desafíos en cuanto a investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en temas de tala ilegal y tráfico de especies de fauna y flora. A continuación, nos detenemos en cada una de esas dimensiones.

2. Capacitación y articulación institucional

La gobernanza forestal se entiende como el conjunto de prácticas y medidas a través de las cuales las instituciones del Estado ejercen su autoridad en la administración de los recursos forestales (Blaser, 2010). Tal gobernanza es idealmente planificada, transparente, informada (Blaser, 2010) y participativa (Muttaqin, Alviya, Lugina, Hamdani & Indartik, 2019). Una institucionalidad articulada también hace parte de la ecuación (Orozco et al., 2014).

De acuerdo con investigaciones previas (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019; Orozco et al., 2014), el tráfico ilegal de madera en Colombia, que con frecuencia incluye especies de alto valor ecológico, es facilitado por vacíos de gobernanza. En la presente investigación, identificamos dos elementos relacionados con vacíos de gobernanza: una falta de capacitación jurídica y ambiental a las comunidades indígenas y afrodescendientes, por un lado, y una limitada articulación institucional, por otro.

2.1. Capacitación jurídico-ambiental a las comunidades

Alrededor de la mitad de las áreas de bosque natural en Colombia están ubicadas en territorios habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas (Orozco et al., 2014). En varias regiones del país, diversas comunidades indígenas y campesinas llegan a acuerdos con intermediarios para que las primeras firmen los permisos de extracción de maderas, sin que estas tengan conocimiento sobre aspectos como el volumen a ser extraído o su valor comercial (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Se ha documentado, por ejemplo, que en la Amazonía los intermediarios llegan a acuerdos con las comunidades a cambio de que estas obtengan plantas eléctricas, combustible, o incluso artículos escolares (EIA, 2019).

Es decir, los terceros o intermediarios con frecuencia se valen de las comunidades como un medio para la obtención de permisos de aprovechamiento forestal, “ya sea acompañándolas a las oficinas [de la autoridad ambiental] y cubriendo los costos de transporte o consiguiendo un poder legal para realizar todos los trámites” y para actuar en representación de estas (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 32). A pesar de esto, los intermediarios terminan llegando a acuerdos con las comunidades, pues, como se señaló en el párrafo anterior, estos proveen respuestas a necesidades de las comunidades no cubiertas por el Estado, tales como seguridad energética, entre otras.