Kitabı oku: «Libertad de expresión: un ideal en disputa»

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Libertad de expresión:

un ideal en disputa

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Ciencias Sociales y Humanidades

NUEVO PENSAMIENTO JURÍDICO

Colección dirigida por Daniel Bonilla Maldonado

y Jorge González Jácome

COMITÉ EDITORIAL

Carlos Morales de Setién Ravina

Eduardo Cifuentes

Diego López

Juny Montoya

Libertad de expresión:

un ideal en disputa

Alexander Meiklejohn

Robert C. Post

Owen Fiss

Jack M. Balkin

Estudio preliminar

Roberto Saba


Libertad de expresión: un ideal en disputa / Roberto Saba, Alexander Meiklejohn, Robert C. Post, Owen Fiss, Jack M. Balkin; traductora, Magdalena Holguín. -- Editores, Daniel Bonilla Maldonado y Jorge González Jácome. -- Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2019.

Incluye bibliografía.

1. Libertad de expresión -- América Latina 2. Censura 3. Libertad política 4. Tecnología y política I. Saba, Roberto P, autor II. Meiklejohn, Alexander, 1872-1964, autor III. Post, Robert, 1947-, autor IV. Fiss, Owen M, 1938-, autor. V. Balkin, Jack M, 1956-, autor VI. Holguín, Magdalena, 1950-, traductora. VII. Bonilla, Daniel, editor VIII. González Jácome, Jorge, editor. IX. Serie

323.44 cd 22 ed.

A 1648227

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

Para citar: http://dx.doi.org/10.15425/2017.291

Artículos originales

Alexander Meiklejohn: “The Rulers and The Ruled”, capítulo 1 de Free Speech and its Relationship with Self-Government (New York: Harper Brothers, 1948).

Robert C. Post, “Meiklejohn’s Mistake: Individual Autonomy and the Reformof Public Discourse” (1993). Faculty Scholarship Series. Paper 203.

Owen Fiss, “Political Freedom and the Power of the Purse” (manuscrito inédito).

Jack M. Balkin, “Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society” (2004). Faculty Scholarship Series. Paper 240.

© La presente edición, 2020

© De la traducción, Magdalena Holguín

© Del estudio preliminar, Roberto Saba

© Siglo del Hombre Editores

Carrera 31A No. 25B-50, Bogotá, D. C.

PBX 337 77 00 • Fax 337 76 65

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Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

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Portada

Amarilys Quintero

Armada electrónica

David Reyes

ISBN: 978-958-665-592-7

ISBN EPUB: 978-958-665-594-1

ISBN PDF: 978-958-665-593-4

(Colección) ISBN: 978-958-665-000-6

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

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ÍNDICE

LAS METÁFORAS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTUDIO PRELIMINAR

Roberto Saba

Introducción

I. Metáforas

II. Los valores en disputa

A. Autonomía

B. Democracia

C. Democracia, libertad de expresión y formación de preferencias políticas

D. Democracia, libertad de expresión y polarización

III. La disputa sobre los alcances de la libertad de expresión en el debate latinoamericano

Bibliografía

LOS GOBERNANTES Y LOS GOBERNADOS

Alexander Meiklejohn

Bibliografía

EL ERROR DE MEIKLEJOHN: LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL Y LA REFORMA DEL DISCURSO PÚBLICO

Robert C. Post

Bibliografía

LA LIBERTAD POLÍTICA Y LOS PELIGROS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Owen Fiss

I. Alexander Meiklejohn y la idea de libertad política

II. De la teoría política a la doctrina judicial

III. El revisionismo de Rehnquist

IV. El regreso de Meiklejohn: renovadas limitaciones al poder del dinero

Bibliografía

DISCURSO DIGITAL Y CULTURA DEMOCRÁTICA: UNA TEORÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Jack M. Balkin

Introducción: novedad e importancia

I. Cómo la era digital cambia las condiciones del discurso

II. Enrutamiento y apropiación

III. Las contradicciones sociales de la revolución digital

A. La propiedad intelectual

B. Política de telecomunicaciones

IV. Libertad de expresión en la segunda Edad Dorada

V. La teoría progresista y sus limitaciones

VI. La idea de una cultura democrática

A. La expresión no política

B. Cultura popular

C. Participación individual

VII. Libertad digital

VIII. El modelo judicial y sus limitaciones

IX. La infraestructura de la libertad de expresión: de derechos a la libertad de expresión a valores de la libertad de expresión

Conclusión: el dinamismo de los derechos

Bibliografía

LOS AUTORES

LAS METÁFORAS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTUDIO PRELIMINAR

Roberto Saba

Agradezco los comentarios y sugerencias que recibí de mis colegas al discutir una versión preliminar de este ensayo en el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (SELA), que forma parte del Yale Law School Latin American Legal Studies Program y que tuvo lugar en San Juan (Puerto Rico), del 7 al 10 de junio del 2018. Estoy en deuda especialmente con Hiram Meléndez Juarbe, Ronaldo Porto Macedo, Víctor Ferreres, Andrea Pozas Loyo y Owen Fiss, cuyas observaciones me permitieron repensar y mejorar este trabajo. También expreso mi agradecimiento especial a Daniel Bonilla Maldonado y a Jorge González Jácome, no solo por haber leído varias versiones de este estudio que motivaron sus siempre atinadas críticas constructivas, sino también por haberme dado la oportunidad de editar este libro y escribir este estudio preliminar.

INTRODUCCIÓN

La libertad de expresión es un ideal central en las constituciones de las democracias liberales del mundo. También forma parte de los acuerdos internacionales de derechos humanos suscriptos por la mayoría de las naciones del globo. Sin embargo, determinar el alcance del ejercicio de esa libertad no solo no resulta sencillo, sino que es una cuestión altamente controvertida. Lo mismo sucede, como en un espejo, con la identificación de las obligaciones que tiene el Estado para asegurar el derecho a expresarse. Para responder a ambas cuestiones —el alcance del derecho y la naturaleza de las obligaciones del Estado— es necesario articular una teoría que ilumine los fundamentos de esa libertad, lo cual resulta insoslayable al momento de enfrentar los antiguos y nuevos desafíos o amenazas provenientes de gobiernos y particulares.

A lo largo de los últimos tres siglos, la discusión en torno a la libertad de expresión se ha visto enriquecida por la experiencia —tanto positiva como negativa— de aquellos que han intentado ejercer su derecho. En los comienzos de esa historia la preocupación se centraba en impedir la censura estatal impuesta fundamentalmente a aquellos que se manifestaban contra el gobierno por medio de la provisión de información o de la emisión de opiniones. Ya a mediados del siglo XX, tomamos consciencia de que las amenazas podían estar ocultas en normas, políticas y prácticas que, sin prohibir la expresión de un modo directo, la hacían imposible o muy dificultosa. El silenciamiento se lograba por medios más sutiles. Por ejemplo, la libertad de publicar un periódico o de escribir en él podía no estar coartada, pero si el acceso al papel para diarios se veía impedido, esa libertad se tornaba imposible de ejercer. Pasarían varias décadas para que detectáramos prácticas y acciones ahora en cabeza de particulares, que podrían poner en peligro la posibilidad de expresarnos con libertad. La concentración de medios del siglo XX y los filtros de acceso a internet del siglo XXI como formas de silenciamiento provocadas por acciones de agentes no estatales son la manifestación de una categoría de desafíos nuevos impensados en el siglo XVIII.

Las experiencias han ido cambiando, pero los principios en juego y los debates justificadores en torno a la libertad de expresión se han mantenido constantes. El recorrido por el camino hacia la comprensión de los problemas, por un lado, y la propuesta de soluciones legales y de políticas públicas tendientes a asegurar el ejercicio de esta libertad esencial, por otro, requieren un mapa que nos ayude a comprender cuáles son las tensiones más profundas entre los principios en disputa. Este libro es un intento de proveer esa cartografía. Para ello, en él se reúnen cuatro trabajos de autores que durante el siglo XX y lo que va del XXI han asumido posturas paradigmáticas en este debate y que han pasado a formar parte de una especie de canon relevante para comprender aquello que está en juego.

En primer lugar, este volumen ofrece la traducción del capítulo “The Rulers and the Ruled” (“Los gobernantes y los gobernados”) del influyente libro que Alexander Meiklejohn publicara en 1948, titulado Free Speech and its Relationship with Self-Government1. Este autor estadounidense, que vivió entre 1872 y 1964, se desempeñó como profesor de filosofía y es reconocido como el impulsor de importantes reformas en el campo de la educación. Fue también un vehemente defensor de la libertad de expresión como manifestación de la libertad política y por ello articuló lo que podríamos denominar una teoría democrática de la libertad de expresión, concibiendo esta última como una precondición del régimen de gobierno en el que la ciudadanía toma las decisiones directamente o por medio de sus representantes. Los otros tres textos son de autores más contemporáneos que al momento en que se escribe este ensayo se desempeñan como profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. El segundo capítulo corresponde a un artículo de Robert Post, publicado en 1993, que se titula “El error de Meiklejohn: autonomía individual y la reforma del discurso público” y ataca la teoría de este último por considerarla en severo conflicto con el principio de autonomía, incluso calificándola como “colectivista”. El texto de Post no solo tiene como objeto de su crítica al decano de la visión democrática de la libertad de expresión, sino que también va tras los trabajos de un conjunto de autores que siguieron sus pasos con nuevos desarrollos tributarios de esta teoría: Owen Fiss, Harry Kalven y Cass Sunstein. El tercer trabajo es un texto del profesor Fiss que constituye una respuesta a la premisa de Post y a su duro ataque a la tesis de la libertad de expresión como precondición de la democracia. Fiss, que publicara en 1996 su obra central en la materia, titulada La ironía de la libertad de expresión2, reacciona a las críticas de Post con el trabajo del 2017 que aquí se presenta, en un intento de demostrar la falta de fundamento de la teoría de quien fuera, a su vez, su estudiante y discípulo en Yale. Por último, cierra el libro un trabajo de Jack Balkin, quien, sin presentar un profundo desacuerdo con la tradición iniciada por Meiklejohn, considera que el trabajo de este último, tal como el de Fiss, surgió como reacción a la aparición de los grandes medios de comunicación de masas del siglo XX y que, debido a los radicales cambios tecnológicos del siglo XXI, debería ser revisado. En la reconstrucción que hace de esa línea de pensamiento, Balkin identifica en el surgimiento de la radio y la televisión la causa de los temores de Meiklejohn y de sus seguidores de que esos medios de comunicación distorsionen la discusión pública o de que, al menos, la empobrezcan y afecten así el corazón del régimen democrático. El trabajo de Balkin intenta desplazar el eje que el debate tuvo hasta el surgimiento de la internet y entiende que aquellos temores y preocupaciones que inspiraron la tesis de la libertad de expresión como precondición de la democracia han devenido anacrónicos a partir de un avance tecnológico que permite a todos expresarse sin límites, sin depender de los grandes medios de comunicación de masas y sin que éstos operen como cuellos de botella en el ejercicio de la libertad de expresión. Si los medios masivos operaban como obstáculos a la expresión de la ciudadanía ahogando el debate público, la internet democratiza la expresión al hacer posible que todos lleguen con su voz a esa discusión. Balkin también propone revisar la noción de democracia como forma de gobierno y articula una noción alternativa a la que denomina “cultura democrática”, la cual requiere también una nueva noción de libertad de expresión que trascienda la política.

El estudio preliminar que aquí presento tiene el objetivo de reconstruir el debate teórico alrededor del contenido y la justificación de la libertad de expresión por medio del análisis de las ideas de los autores mencionados. Las diferentes tesis en tensión han recurrido a persuasivas metáforas para presentarse. A su vez, las críticas y teorías alternativas han apuntado hacia esas mismas metáforas y sus implicancias con el fin de demostrar los diferentes problemas que encierran esas teorías. Las metáforas de la libertad de expresión, como, por ejemplo, las del mercado de ideas o la de la asamblea de ciudadanos3, han permanecido como hilos conductores de un debate jurídico y político que atraviesa siglos, tecnologías y prácticas políticas. Esas metáforas nos recuerdan los principios que subyacen a las diferentes concepciones de la libertad de expresión y nos devuelven siempre a las primeras intuiciones, aquellas que disparan nuestras ideas y teorías, que las someten a juicio crítico y que son reconfiguradas conforme a los mandatos del método del juicio reflexivo rawlsiano. Las metáforas no responden a modelos de regulación, sino que apelan y expresan los principios más profundos que subyacen a esos modelos, ofreciendo razones para adoptarlos, rechazarlos o mejorarlos. Por eso las metáforas perduran, incluso cuando las teorías se refinan y mutan, cuando los autores pasan o se agrupan en torno a las teorías. Las metáforas, a pesar de ser sencillas, pueden encerrar una sabiduría desafiante, con suficiente energía para resistir el paso del tiempo.

A continuación presentaré y analizaré las metáforas asociadas con las diferentes teorías sobre la libertad de expresión que articularon los autores cuyos textos aquí se publican. Me detendré en la historia y las características centrales de cada una de ellas, así como en las críticas usuales que se les han hecho. Luego enfocaré los dos valores fundamentales alrededor de los cuales se ha planteado la disputa teórica central acerca de los alcances de la libertad de expresión y de las obligaciones que el Estado tiene para asegurar su ejercicio: la autonomía y la democracia como expresión del ideal de autogobierno. También profundizaré en las implicancias que el surgimiento de la internet tiene respecto de la conceptualización de la libertad de expresión y de ese régimen de autogobierno democrático. En este sentido, me centraré particularmente en el impacto que estos desarrollos tecnológicos tienen en el proceso de formación de preferencias políticas y en la polarización del debate público. Estos potenciales peligros para el buen desarrollo de la democracia, en especial para su concepción deliberativa, oponen desafíos complejos para el ejercicio de la libertad de expresión, así como también para el diseño de normas y políticas públicas dirigidas a poner en práctica las responsabilidades estatales respecto del ejercicio a expresar libremente ideas e información y la creación de las condiciones necesarias para que la deliberación democrática no se vea amenazada. Con este marco teórico y conceptual en mente, dedicaré la última sección de este estudio preliminar a sugerir posibles propuestas tendientes a enfrentar la nueva agenda que en materia de libertad de expresión ocupa y aqueja a los estados y a la sociedad civil de América Latina.

I. METÀFORAS

El debate sobre el contenido y alcance de la protección de la libertad de expresión ha estado dominado por una especie de guerra de metáforas. Casi todas las posiciones teóricas en pugna han recurrido a imágenes que han sido muchas veces muy efectivas para lograr adhesiones, así como también para iluminar problemas que esas mismas teorías encierran.

Una de esas metáforas, quizá la más extendida y no solo dentro del ámbito especializado del derecho, sino también entre legos, es la que asocia la libertad de expresión con una mercancía a disposición de los consumidores. Esta metáfora relaciona la exteriorización de información o perspectivas con el mercado de ideas. La tesis detrás de la imagen busca fundamentar la protección de la libertad de expresión sobre la base de la analogía con el libre mercado de bienes y servicios. Si bien la metáfora se asocia con las teorías sobre la libertad de expresión presentes en la obra de John Milton titulada Areopagitica, escrita en 16444, y luego la de John Stuart Mill y su defensa de la libertad de expresión en On Liberty, de 18595, la referencia al free trade of ideas o libre intercambio de ideas surge del salvamento de voto de Oliver Wendell Holmes Jr. en el caso Abrams v. United States6, decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1919. Más precisamente, es en la sentencia de William O. Douglas, juez de ese tribunal, en el caso United States v. Rumly de 19537, donde se afirma que quienes difunden o publican sus ideas en verdad están compitiendo entre sí por ganarse un lugar en las mentes de las personas. Así, esa exteriorización de perspectivas y de información conforma un mercado de ideas. También surge un concepto equivalente en el caso Branderburg v. Ohio8, decidido por ese mismo tribunal en 1969. Si bien es cierto que las teorías de Milton y Mill, por un lado, y la metáfora de Holmes, por el otro, comparten un fuerte rechazo a la censura previa, hay una diferencia notable entre las posturas de los dos primeros y la del último. Milton y Mill sostenían que era necesario no interferir con ninguna expresión pues el ejercicio de la libertad de todos los individuos aseguraba el surgimiento y la prevalencia de la verdad. De este modo, las malas ideas o las informaciones erróneas serían expuestas y rechazadas gracias al contraste con la mera expresión de las buenas ideas y de la información correcta que competirían con ellas en el mercado. Más allá del optimismo en el flujo de ideas e información para llegar a las buenas decisiones, lo que subyace a las tesis de Milton y de Mill es la aspiración de identificar la verdad o la mejor respuesta a un problema público —o privado— por medio de la discusión. La atención de estos filósofos estaba puesta en la necesidad de crear las condiciones para que la comunidad autogobernada tome las mejores decisiones posibles. La protección de la libertad de expresión formaría parte de esas condiciones.

Sin embargo, la metáfora de Holmes no parece estar dirigida hacia esa misma aspiración, sino que coloca en situación de prevalencia aquello que Cass Sunstein asocia con la denominada “soberanía del consumidor”, en este caso el consumidor de ideas9, así como la satisfacción de sus preferencias. Con este movimiento hacia una especie de teoría del mercado y del consumo, la metáfora de Holmes se aleja de la filosofía de Milton y Mill y de la implícita alusión a la teoría de la democracia presente en sus perspectivas, a pesar de que ambas tesis comparten algunos rasgos relevantes. De este modo, si proponemos un test contrafáctico e imaginamos que Milton y Mill fueran conscientes como lo somos hoy de que no siempre ese flujo de ideas e información provee a las personas todas las ideas o toda la información disponible, y si suponemos que conocían lo que sabemos hoy acerca del proceso de formación de preferencias e ideas, podríamos, quizá, aunque no sea más que por hipótesis, afirmar que sostendrían los principios de su teoría, pero que recurrirían a matices. Posiblemente estarían abiertos a que la aspiración básica de la tesis —la búsqueda de la verdad— no se vea frustrada por la dinámica propia de quienes buscan influir en el flujo de las ideas de modo espurio con la difusión e inundación de noticias falsas por las redes sociales o por la excluyente imposición de ideas o perspectivas por quienes poseen los recursos económicos para ocupar una porción importante del debate público en los medios de comunicación, como sucede, por ejemplo, con las campañas electorales cuando las donaciones de particulares no tienen límite. En otras palabras, para Mill y Milton, y para autores más modernos como Meiklejohn, Kalven, Fiss y Sunstein, la libertad de expresión es instrumental a la búsqueda de la verdad y, por consiguiente, a la autodeterminación individual y colectiva y a la libertad política, argumento que generalmente rechaza el modelo del mercado de ideas.

En suma, estos últimos autores citados, los antiguos y los modernos, identifican la libertad de expresión con una precondición para el normal desarrollo del proceso de toma de decisiones democrático. Por su parte, la metáfora de Holmes, en lugar de instrumentalizar la expresión, la vuelve una mercancía que puede ser de mejor o de peor calidad, pero que siempre proveerá aquello que los consumidores buscan y en lo que estos se verán satisfechos gracias a la competencia en el mercado. Sin embargo, el modelo del mercado de ideas no está apoyado en la aspiración de lograr un permanente perfeccionamiento de nuestras visiones del mundo, de sus problemas y posibles soluciones. La importancia de la protección de la libertad de expresión radica en que aquella persona que desea consumirla la encuentre en el mercado. Esta tesis de Holmes quizá también suponga una entronización implícita del principio de autonomía, central en el proyecto liberal clásico, pues además de la libertad de los consumidores para elegir la idea que prefieran, se asume la centralidad de la autonomía del que se expresa para ofrecer su idea en el mercado. Así, la tesis de Holmes privilegia la libertad del que se expresa y la soberanía del consumidor, tanto como su autonomía, y soslaya la relación que existe entre esas dos libertades individuales y la posibilidad de llegar a una mejor solución a un problema público, como parecen defender Milton y Mill en su proyecto de búsqueda de la verdad.

Una segunda metáfora asocia la justificación de la libertad de expresión con la tradición inglesa de expresar públicamente las ideas en la esquina de Hyde Park (Speakers’ Corner), lugar de existencia real donde, supuestamente, las personas tenían total libertad e inmunidad para exteriorizar sus ideas. Este mito —pues ni existe tal libertad total ni es esta esquina el único sitio donde los ingleses podían o pueden expresarse libremente— nació a mediados del siglo XIX en el contexto del surgimiento del movimiento cartista, que reclamaba reformas políticas para lograr una mayor participación del pueblo, y sobre todo de los trabajadores, en el gobierno. La Ley de Regulación de Parques de 1872 delegó la autoridad sobre ellos en la agencia administrativa correspondiente en lugar de reconocérsela al gobierno central. La imagen de Hyde Park que tenemos grabada en la mente es la de un individuo subido a un banquillo en esa esquina de Londres expresando a gritos y con sus manos alzadas sus ideas frente a una audiencia de personas que pasan por allí y que se detienen a escuchar con atención. Otros, en cambio, interrumpen al que se expresa, también a los gritos, superponiendo sus voces con la intención de que el que se encuentra en el sitial del emisor se calle o intentando impedir que lo que dice se escuche, desviando la atención o incluso impidiendo la comunicación de aquél con los receptores. No hay reglas en Hyde Park que eviten esa cacofonía, ni normas que impidan que los más agresivos dobleguen la voluntad de expresarse de quien se ha parado en esa esquina a manifestar sus ideas o compartir información. Todo puede expresarse del modo que se quiera, cuando se quiera y sobre lo que se quiera. No hay agenda de temas en Hyde Park. Todo puede ser dicho allí —aunque en los hechos han regido algunos límites vinculados con la moral y el decoro—. En este modelo, no importa si los que se expresan son oídos o si alguien con la voz con mayor volumen o los peores modales logra hacer bajar del banquillo al que da su discurso. No hay agenda ni moderador. Si bien no es necesario que ello ocurra, es muy probable que los más duros o rudos prevalezcan, pero quizá no sobrevivan las mejores ideas o la información verdadera. En este sentido, podemos encontrar algunos trazos paralelos entre el modelo de Hyde Park y el del mercado de las ideas, donde la autonomía del que se expresa y la libertad de comprar ideas como consumidores son los valores dominantes que alimentan y nutren la tesis de la protección de la libertad de expresión.

Las metáforas del mercado de ideas y la de Hyde Park han sido particularmente atacadas por Meiklejohn. Éste y sus seguidores han construido una tesis alternativa sobre la base de que aquella no refleja lo que éstos consideraban era lo que en realidad se protegía por medio del reconocimiento del derecho a la libertad de expresión. Así, Meiklejohn propuso una tercera y última metáfora utilizada para modelizar la teoría que subyace a la protección de la libertad de expresión que él defendía: la metáfora de las asambleas de ciudadanos o town meetings. Estas reuniones eran organizadas por los colonos británicos en Nueva Inglaterra en los siglos XVII y XVIII y en ellas discutían cuáles serían las vías de acción que emprenderían juntos respecto de los problemas y cuestiones que debían resolver en comunidad. Constituían una especie de régimen de autogobierno directo con un fuerte componente deliberativo. Si bien esta tesis fue originalmente utilizada por Meiklejohn, volverán luego sobre ella autores como Kalven, Fiss y Sunstein. Desde esta perspectiva, la expresión y la libertad para exteriorizarla son fundamentales para lograr encontrar la mejor solución a un problema que debe resolverse, aquella que aspirando a ser cada vez más convincente logre la adhesión de la mayoría y se convierta así en una decisión de autogobierno. Todos los puntos de vista deberían poder ser expresados y escuchados con atención. Un moderador, que no participa de la discusión con sus propias expresiones y asume el papel de una especie de árbitro de un juego, deberá asegurar que nadie hable por demasiado tiempo e impida que otros puedan hacerlo. Tampoco permitirá que se lleven a cabo agresiones personales que no sean conducentes a la toma de decisión del colectivo autogobernado. Esta metáfora tiene varias asunciones. Una de ellas es la existencia de un tiempo limitado para poder terminar la discusión y adoptar una decisión. A diferencia del modelo del mercado de ideas o de Hyde Park, en los que el factor tiempo o la necesidad de decidir no parecen imponer sobre la expresión ninguna restricción, pues se supone que el debate es infinito, el modelo de las asambleas de ciudadanos presupone que el factor tiempo es limitado y que, por lo tanto, debe ser distribuido con equidad. Ninguna dilación distractora de la conversación por medio de discursos inconducentes estaría permitida en la asamblea de ciudadanos. Su ejercicio podría ser visto como un mecanismo de censura indirecta tendiente a silenciar por medio de la ocupación de todo el tiempo del debate público con la exteriorización de una solo idea, información o perspectiva. Este no es un movimiento permitido en la asamblea, pues conspiraría con el ideal de autogobierno.

Otra asunción de este modelo se vincula con la existencia de una agenda provista por las necesidades de la comunidad. No es posible hablar de cualquier cosa en la reunión de ciudadanos. Nadie debería distraer al conjunto de participantes del foco de los temas de debate, sobre todo dado el límite temporal impuesto para la etapa de discusión previa a la decisión. Finalmente, este modelo presupone la existencia de una serie de reglas que hagan que el intercambio sea productivo para poder tomar la mejor decisión posible, reglas como la del límite de tiempo para cada expositor, la pertinencia de los enfoques, el esfuerzo por ofrecer la mejor argumentación, etc. Esta tesis supone que la protección de la libertad de expresión se relaciona directamente con la posibilidad de ejercer la libertad política y, por lo tanto, la expresión que merece esa protección constitucional es la que hace una contribución a la deliberación pública. Estas presunciones, pero sobre todo la última, llevan a un choque frontal con los dos modelos anteriores y sus respectivas metáforas, pues algunos podrían sostener, como lo hacen Meiklejohn y Sunstein, que el derecho a la libertad de expresión ofrece diferentes tipos de protección según la clase de expresión que se exteriorice.

Dicho de otro modo, aquellas cláusulas constitucionales que protegen la libertad de expresión, como la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos o el artículo 14 de la Constitución argentina, podrían ser interpretadas en el sentido de que solo o fundamentalmente alcanzan a la expresión política, mientras que otros tipos de expresiones —las artísticas sin contenido político o expresiones comerciales, por ejemplo— no recibirían la misma protección de esas normas constitucionales o, al menos, no recibirán el mismo tipo de protección que reciben las expresiones propias del debate político. Suponiendo que las cláusulas protectoras de la libertad de expresión alcanzaran a todas las expresiones, estos autores admitirían que algunas de ellas, las expresiones relevantes para el debate político, resultarían altamente protegidas, por ejemplo, por la Primera Enmienda, mientras que las otras expresiones recibirían una protección menos intensa y estarían más expuestas a interferencias legítimas desde el Estado. Para analizar con mayor detalle este doble nivel protectorio y sus consecuencias, podríamos enfocar el ejemplo de la relación entre la libertad de expresión y la exigencia de veracidad de lo expresado. Mientras que sería inadmisible exigir veracidad en el ejercicio de la libertad de expresión política, pues asumimos que los riesgos de hacerlo para lograr llegar a la mejor decisión son muy altos versus la posibilidad de acertar en la respuesta correcta, resulta generalmente aceptable que el Estado exija veracidad a aquellos que ofrezcan a la venta un producto en el mercado, como sucede con los medicamentos, los alimentos o los juguetes y el ejercicio de la expresión comercial.

La relación entre libertad de expresión y deliberación, en el sentido del intercambio que tiene lugar en el modelo de la asamblea ciudadana, conecta también a la libertad de expresión con la justificación de la regla de mayoría para la toma de decisiones en un régimen democrático. El ideal de autogobierno, central a la noción de democracia, ofrece la dificultad de identificar con algún grado de precisión cuál es el contenido de la voluntad del colectivo autogobernado. El mecanismo imperfecto al que recurre este sistema político para lograr esa identificación es el de la adopción de la regla de mayoría. Resulta obvio que la regla de mayoría no identifica, más allá de cualquier duda, la voluntad del colectivo o, dicho de otro modo, que la decisión tomada por regla de mayoría no refleja la voluntad de aquellos que se encuentran en minoría. Sin embargo, el sistema democrático de autogobierno debe ofrecer a los integrantes de la minoría disidente una razón por la cual, a pesar de ese disenso respecto de la decisión tomada por la mayoría, ellos no deberían considerar que, lejos de autogobernarse, están siendo sometidos por la mayoría. Si la teoría democrática no logra articular razones por las que los disidentes, a pesar de no ver reflejada su posición en la decisión tomada, consideran que forman parte de un régimen de autogobierno, entonces el demócrata tendrá dificultades para distinguir una democracia de un régimen en el que la mayoría somete a la minoría. La teoría democrática ofrece varios argumentos para defenderse del ataque de que el régimen que justifica no es un sistema de autogobierno, sino un régimen de dominación de mayorías. Una primera defensa consiste en sostener que todos —tanto aquellos que formarán parte de la mayoría que decide como aquellos que no— participaron en el proceso deliberativo previo a la toma de la decisión. En teoría, al inicio de la discusión acerca de ésta sobre un asunto en particular aún no se ha identificado quiénes serán parte de la mayoría y quiénes de la minoría. La conformación de una y otra será resultado de la deliberación. En los sistemas de dominio de la mayoría, ésta se encuentra determinada al inicio de la deliberación.

En segundo término, tiende a confundirnos la noción de que existen la mayoría y la minoría, pues parece ser un rasgo de calidad de una democracia el hecho de que algunas de las personas que se encuentran comprendidas dentro de la mayoría y de la minoría en una decisión determinada no formen parte de esos mismos colectivos en otra decisión diferente. Por ejemplo, mientras una misma persona integra la mayoría que decidió el cambio de la ley de matrimonio que permite el casamiento entre personas de un mismo sexo, es posible que ella forme parte de la minoría en la decisión referida a reducir la alícuota del impuesto al valor agregado. Esta falta de cristalización en la composición de las mayorías y minorías en una democracia permite argumentar a favor de la regla de mayoría como consistente con el ideal de autogobierno con el fin de lograr persuadir ese individuo de que no se encuentra sometido por la mayoría al perder la votación sobre el IVA y de que participa de un sistema de autogobierno incluso cuando no forme parte de la mayoría que tomó esa decisión y se vea obligado a obedecerla. En el mismo sentido, resulta difícil sostener este argumento cuando en un sistema democrático las mayorías y las minorías son más o menos homogéneas y aquellos que se encuentran en la minoría en una decisión determinada lo están también en casi todas las demás, o al menos en todas las relevantes para su vida pública o privada. Si además esas minorías o esas mayorías resultan conformadas por personas de una misma raza o un mismo sexo, entonces cobrará fuerza el argumento que sostiene que ese régimen que aspira a ser identificado con la democracia y su regla de mayoría se han convertido en algo más cercano a un régimen que, en lugar de buscar el autogobierno, pasó a ser un régimen de control y sometimiento de la minoría por parte de la mayoría.

Finalmente, en tercer lugar, para la justificación de un régimen de decisión por regla de mayoría que aspire a ser compatible con el ideal de autogobierno es muy importante que las decisiones públicas nunca sean definitivas. Aquí aparece nuevamente el factor temporal. Mantener la discusión abierta hasta lograr el acuerdo total de los miembros de la comunidad política implica, de hecho, darle a la minoría que se encuentra cómoda con el statu quo poder de veto sobre la decisión de la mayoría. Por esto, todos los sistemas democráticos rechazan —o deberían rechazar— la regla de unanimidad o incluso el requerimiento de mayorías demasiado exigentes. Como siempre resulta que la ausencia de toma de decisión implica el mantenimiento de la decisión o ausencia de decisión pasada —el statu quo—, se requiere poner un punto de cierre al debate y pasar a la votación. Pero al mismo tiempo, a partir de ese instante, el debate puede continuar dándole a la minoría la oportunidad de convertirse en mayoría y revertir la decisión tomada. Esta posibilidad de que la minoría continúe incidiendo en el proceso de toma de decisiones evita una vez más afirmar que aquellos que la componen se encuentran sometidos a la voluntad de una mayoría que los subyuga.

La protección de la libertad de expresión en el marco del modelo de la asamblea ciudadana es consistente con todos estos argumentos tendientes a sostener que el régimen de regla de mayoría, inescindible de un sistema democrático de autogobierno, no debe ser percibido como un régimen de dominación de la mayoría. Entonces, es necesario que antes de que la mayoría tome una decisión exista un proceso deliberativo robusto del que no se sospeche que sea un mercado imperfecto de ideas o que impida debatir seriamente los puntos de vista y eventuales impactos de la decisión sobre quienes no formarán parte de la mayoría que toma la decisión. Esa deliberación debe asegurar el surgimiento de la mayor cantidad de información, la más amplia diversidad de ideas y el arco más generoso posible de perspectivas. De otro modo, la justificación de la regla de mayoría se desvanecería.

La propuesta de Balkin nos invita a repensar estas metáforas a la luz del surgimiento de la internet. Sugiere que la teoría democrática de la libertad de expresión —que el autor denomina “progresista” o “republicana”— se relaciona con contextos tecnológicos en los que la expresión se canalizaba predominantemente por medio de vías de difícil acceso, como los periódicos del siglo XIX y anteriores, y la televisión o la radio en el siglo XX. Los riesgos que surgían a partir del recurso a estas tecnologías consistían básicamente en que unos pocos dueños de estos canales podrían influir en el debate acerca de políticas públicas promoviendo solo las perspectivas que ellos apoyen; omitir difundir información, temas o perspectivas que el público debería conocer; y, finalmente, que el funcionamiento de esos medios masivos contribuiría a reducir la calidad del debate público, entre otras razones por tomar decisiones editoriales basadas en el objetivo de aumentar sus audiencias al menor costo posible10, aunque también por las dos situaciones anteriores. Así, los defensores de la tesis progresista o liberal de la libertad de expresión proponen regular la actividad de los medios masivos de comunicación mediante la imposición de restricciones al ejercicio del derecho de propiedad y del derecho a contratar, con el fin de evitar la concentración; imponer obligaciones basadas en el interés público que compelan a la cobertura de ciertos temas y a un tratamiento equilibrado de diferentes enfoques sobre ellos; y exigir la incorporación de una amplia diversidad de voces con el fin de extender y robustecer el debate público (para esto el Estado podría dedicar recursos públicos y no solo regulaciones dirigidas a la actividad de particulares)11.

No obstante, para Balkin, debido al surgimiento de la internet, la posibilidad de que la expresión de una persona o un grupo llegue efectivamente a participar en el debate público ya no depende —al menos no en la misma medida en que dependía en el pasado— de esos canales privilegiados en manos de unos pocos. El autor sostiene que la internet es interactiva, en el sentido de que ya no se da la situación en la que algunos pocos se expresan y otros muchos reciben esas expresiones como meros consumidores. Gracias a la revolución digital todos pueden ser al mismo tiempo emisores y receptores de expresiones. Esta realidad, pensada desde la metáfora del mercado de ideas, altera el supuesto de que unos pocos exhiben sus productos en las góndolas y otros, la mayoría, los consumen. Este mercado es mucho más horizontal y se parece más a una gran feria donde todos compran y todos venden.

Por otra parte, la posibilidad de que todos se expresen por vías más o menos efectivas disponibles en la web podría ser equivalente a una multiplicación casi al infinito de las esquinas de Hyde Park. Así, el autor afirma que si antes el bien escaso era el canal de comunicación, hoy el bien escaso equivalente es la atención de los receptores de las expresiones y de la información. Tantos individuos expresándose en tantas esquinas al tiempo compiten por la atención limitada de los transeúntes que no pueden prestar sus oídos a los emisores de expresiones. Todos compiten ahora con muchos, si no con todos, por atraer la atención de los receptores. Algo equivalente sucedería si hiciéramos el ejercicio de aplicar esta nueva realidad tecnológica a la metáfora de la asamblea de ciudadanos: ¿Cómo mantener una discusión sobre un tema, cómo intercambiar razones e información de forma productiva si en lugar de haber un solo micrófono que circule en la sala de expositor en expositor conforme al equilibrado juicio del moderador, cada participante del debate tiene su propio micrófono? Si bien para Balkin esta nueva realidad obligaría a modificar la teoría de la libertad de expresión construida a partir del surgimiento de los medios de comunicación del siglo XX, las viejas metáforas siguen siendo de utilidad para comprender lo que sucede y los riesgos a los que esa libertad se expone.

Es cierto que esos riesgos se miden en función de la teoría de la libertad de expresión que define el alcance de su ejercicio y protección. Así, desde la perspectiva del mercado de ideas y desde la tesis populista que defiende Balkin, esta oportunidad de que haya más emisores lejos de ser un peligro se convierte en una ventaja. Más opciones implican más libertad, un valor que parece ser central para ambas teorías. En cambio, desde la teoría democrática de la libertad de expresión, el aumento exponencial de voces podría conspirar contra la posibilidad de la deliberación y, por ende, del autogobierno. Sin embargo, el enfoque de Balkin, si bien crítico de la perspectiva liberal, ilumina un nuevo problema que esta última no tuvo en cuenta por haber sido desarrollada antes de la aparición de la internet. En suma, el nuevo fenómeno que tan bien comprende y presenta Balkin podría no ser la justificación para un cambio de paradigma, que es lo que propone, sino que podría estar contribuyendo a un perfeccionamiento de las viejas ideas de los progresistas y republicanos a la luz de los nuevos desafíos que presenta la internet12.

II. LOS VALORES EN DISPUTA
A. AUTONOMÍA

El debate en torno a las tres metáforas que presenté más arriba se ha planteado, en parte, en términos de conflicto entre la protección de la autonomía —un aspecto fundamental de la tesis del mercado de ideas y del Hyde Park—, por un lado, y la instrumentalización de la libertad de expresión (y de la autonomía) para lograr el autogobierno y la democracia —que caracteriza al modelo de las asambleas ciudadanas—, por otro. Analizaré esos dos extremos en esta sección y la siguiente. Robert Post, por ejemplo, ha defendido lo que denomina una teoría “tradicional” de la Primera Enmienda que gira alrededor de una noción de autodeterminación colectiva que, según él, solo se puede realizar por medio de una protección radical de la autonomía personal aplicada al ejercicio de la libertad de expresión. Así, desde esa perspectiva, este autor ha articulado una dura crítica a lo que da en llamar “teorías colectivistas” de la Primera Enmienda, identificando como sus defensores a Meiklejohn, Kalven, Fiss y Sunstein, adjudicándoles una postura que pondría en serio riesgo uno de los pocos espacios en los que persisten los valores del Iluminismo, como es el de la noción de la libertad de expresión como ejercicio de la autonomía.

El punto central que Post defiende es que la teoría colectivista juzga las intervenciones en el debate público a partir de la existencia de un punto arquimedeano de cuya existencia descree13. Otros autores, como Larry Alexander, lo acompañan en una crítica similar a esas tesis14. Este punto clave impacta sobre un aspecto fundamental del modelo de la asamblea de ciudadanos: ¿quién sería el moderador y cómo tomaría éste las decisiones de modo neutral? ¿Quién determina la agenda de la discusión cuando ya no se trata de una ideal asamblea y aplicamos este modelo al debate político de la vida real? Sin embargo, esta crítica parece tener consecuencias radicales no solo para la teoría de la Primera Enmienda o de la libertad de expresión en general, sino para la justificación misma del Estado o incluso de la decisión judicial. Por ello Fiss, defensor del papel del Estado como moderador del debate público y de la decisión judicial como objetiva —en sus propios términos de objetividad—, responderá a Post que si bien él tampoco cree que exista ese ideal punto arquimedeano, no considera correcto afirmar que no existe un modo objetivo de determinar lo que puede o no ser admitido como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión15. Fiss recurre así a la noción de objetividad que articuló en otros trabajos para su teoría de la interpretación constitucional16.

Si bien Post tiene razón acerca de que las teorías herederas de la tesis de Meiklejohn favorecen algún tipo de restricción a la expresión y a la autonomía17, no cualquier interferencia estatal con la autonomía resulta incompatible con ella. En este sentido, existen prohibiciones u obligaciones impuestas por el Estado que tienen por objeto proteger la autonomía de la persona incluso de acciones o decisiones de la propia persona cuya autonomía se quiere proteger18. Pensemos en casos en los que la persona toma o pudiera tomar una decisión sin contar con la debida información o sin encontrarse en completo control de su voluntad. Los ejemplos clásicos en este sentido son las obligaciones impuestas a los conductores de vehículos de usar cinturón de seguridad o a los motociclistas de portar un casco protector. En estas situaciones, el mandato estatal no busca imponer un plan de vida ideal —ni siquiera concibe el no-uso de cinturón de seguridad o de casco como opciones de planes de vida—. Por el contrario, presume que los conductores de ambos vehículos desean desarrollar sus planes de vida sin que se vean interrumpidos o impedidos por sus propias decisiones de no usar cinturón o casco tomadas con base en la ignorancia de las posibles consecuencias de esas decisiones y acciones o por carecer de un estímulo para actuar en consistencia con el plan de vida adoptado.

Es posible que estos conductores carezcan de información sobre la tasa de mortalidad producida por accidentes que involucran a personas que no utilizan cinturón o casco o que su voluntad se vea debilitada al momento de subirse al vehículo por razones de pereza o incomodidad, razones triviales cuando lo que está en juego es el desarrollo del plan de vida. Estas últimas interferencias, que algunos autores llaman paternalistas, no solo no serían incompatibles con la protección de la autonomía, sino que serían requeridas por esa protección. Lo mismo sucede con situaciones en que la lógica de la acción colectiva en la que cada individuo actúa conforme a un cálculo de racionalidad autointeresado pudiera derivar en impedimentos al desarrollo de los planes de vida de esas personas. La necesidad de coordinación de acciones individuales con miras a que todos puedan lograr su plena autonomía justifica las interferencias estatales que hagan posible esa coordinación impidiendo acciones individuales autofrustrantes19. Son ejemplos de ello los casos de los semáforos o las líneas que separan las manos de una ruta, o el de la imposición desde el Estado de un salario mínimo. Si la protección de la autonomía constituye el centro de la fundamentación del trazado de límites radicales a la acción estatal, esa misma preocupación debería admitir interferencias estatales que impidan problemas de coordinación o autolesión. Así, este debate alrededor de las interferencias estatales con la autonomía que estarían permitidas provee de justificación a aquellas tesis que ofrecen razones para imponer límites a la libertad de expresión sobre la base de la misma protección de esa libertad incluso entendida como manifestación de la autonomía personal.

Volvamos a las metáforas. El caso de Hyde Park, por ejemplo, pone en evidencia el problema de coordinación que el modelo de la asamblea de ciudadanos quiere evitar con la introducción del moderador de modo de impedir la superposición de voces o el silenciamiento de los más débiles por parte de aquellos que buscan bloquear el normal desarrollo del debate. Lo mismo sucede con el caso del modelo del mercado, para lo cual alcanza con recurrir a una metáfora derivada que sería la de la regulación de monopolios y la compensación de las imperfecciones de ese mercado. Si el objetivo del mercado de ideas es hacer posible que las personas maximicen su autonomía pudiendo elegir entre diversas opciones, la intervención de un actor externo como el Estado podría expandir el menú de opciones o evitar que algunos ejerzan su autonomía interfiriendo con la autonomía de otros por medio de su silenciamiento. Lo mismo si vemos al modelo del mercado de ideas como un derivado de la soberanía del consumidor. El derecho del consumidor justamente supone que no hay igualdad de partes con el proveedor masivo de bienes y servicios y por ello justifica la acción estatal para que este sea realmente soberano, o al menos autónomo. El Estado no es el punto arquimedeano de cuya existencia descreen tanto Post como Fiss, ni son sus agencias administrativas las únicas que podrán en forma infalible descubrir su ubicación, pero representa lo más cercano que podemos tener al moderador de un debate que busca favorecer la libertad de expresión de todos con miras a que el colectivo pueda ejercer la libertad política y el autogobierno. Pasemos ahora a estudiar el otro extremo de la tensa relación entre autonomía y democracia en el marco del ejercicio de la libertad de expresión.

B. DEMOCRACIA

El debate entre la denominada teoría “tradicional” de la libertad de expresión —con su énfasis en la autonomía— y la teoría democrática de la libertad de expresión —que la entiende como precondición de la deliberación política— ha girado fundamentalmente en torno a la crítica proveniente de los defensores de la primera a lo que entienden como la instrumentalización de la libertad de expresión defendida por la segunda. Así, los detractores del modelo de la asamblea de ciudadanos entienden que éste conduce a la afectación de la autonomía como consecuencia de esa instrumentalización que desplaza del centro de la protección al individuo y su libertad individual en beneficio del colectivo. De allí que Post, por ejemplo, etiquete a las teorías democráticas de la libertad de expresión como “colectivistas” y las considere una amenaza a uno de los pocos vestigios del Iluminismo que aun conservamos20. Sin embargo, esta crítica parece soslayar la relación íntima que existe entre autonomía y democracia liberal y que, lejos de establecer una tensión entre el individuo y el colectivo, reconoce que la autonomía del individuo como condición necesaria para la existencia de un sistema democrático de autogobierno.

Por su parte, no creo que sea correcto presentar la tesis de Post a favor de los defensores de la teoría tradicional de la Primera Enmienda en defensa de una desconexión radical de la libertad de expresión respecto de la teoría democrática. Lo que sí parece dividir aguas entre ambas teorías de la libertad de expresión son sus respectivas posiciones acerca de la concepción de democracia de la que parten. Mientras que la teoría tradicional de la libertad de expresión valora la autonomía de los participantes en el debate público democrático, pero no parece defender una posición robusta o demandante sobre la calidad del intercambio de ideas, la teoría democrática de la libertad de expresión concibe el proceso deliberativo previo a la decisión democrática como un proceso exigente en cuanto a las características de ese intercambio. De allí que las teorías tradicionales recurran a las metáforas del mercado libre de ideas o a la de Hyde Park, mientras que las segundas utilizan la de la asamblea de ciudadanos para caracterizar lo que entienden como el deber ser del proceso de autogobierno. Mientras las primeras metáforas ponen en evidencia que el proceso previo a la decisión democrática debe ser casi completamente desregulado, la metáfora de la asamblea de ciudadanos supone un conjunto de reglas exigentes y un árbitro o moderador que las aplique conduciendo la deliberación hacia una decisión más lejana de las opiniones iniciales con las que los ciudadanos ingresan al proceso de intercambio y más parecidas a un juicio surgido como consecuencia del sopesamiento de razones e información21. Esta última tesis se ve con claridad en los trabajos de Meiklejohn y de Fiss publicados en este volumen, así como también en el de Sunstein22. Si bien podríamos suponer que dado que lo que realmente divide a ambas teorías de la libertad de expresión es una discrepancia profunda respecto de las concepciones de democracia que suponen, y que por lo tanto no hay posibilidad de superar el desacuerdo, quizá sea posible acercar posiciones si confrontamos la teoría tradicional de la libertad de expresión con sus propios presupuestos: la valoración de la autonomía como un elemento irrenunciable de su teoría política y la valoración de la democracia como el sistema de autodeterminación colectiva que preserva y supone esa autonomía. La tesis tradicional de la libertad de expresión no debería conspirar contra la posibilidad de que el individuo se desarrolle autónomamente en términos individuales y colectivos como consecuencia de una supuesta protección de la autonomía que resulte autofrustrante.

Aun asumiendo que la democracia requiere del intercambio de perspectivas diferentes y que la libertad de expresión podría contribuir a que este tenga lugar, ¿es inevitable que la teoría de la libertad de expresión esté condicionada y controlada por la teoría de la democracia? ¿Podrían separarse los dos objetivos: el de que seamos libres de expresarnos y el de que nuestra deliberación democrática sea robusta? ¿Es un juego de suma cero en el cual el aumento de la autonomía deriva en el debilitamiento de la deliberación democrática y, simétricamente, el perfeccionamiento de la deliberación y del autogobierno deriva en una afectación progresiva de la autonomía? ¿No podría lograrse la deliberación democrática sin recurrir a la interferencia estatal en materia de libertad de expresión?

Imaginemos que, por razones que desconocemos, siempre que los ciudadanos, sus representantes en el gobierno y los funcionarios discuten acerca de un problema que requiere de una decisión pública, la perspectiva correcta o aquella que podría conducirlos a la mejor decisión les fuera completamente desconocida. La democracia como sistema de autogobierno que persigue el objetivo de lograr las mejores decisiones para beneficio de los autogobernados resultaría inefectiva y conduciría a situaciones que, lejos de beneficiarlos, los dañarían. La democracia requiere que los ciudadanos tengan acceso a la mayor cantidad de información, ideas y perspectivas para poder tomar colectivamente las mejores decisiones posibles. El desconocimiento de información relevante para la toma de una buena decisión, o de ideas o de perspectivas, por las razones que sean, podría ocasionarles un daño que, en algunos casos, sería gravísimo —como la declaración de una guerra, la omisión de estrategias cruciales para prevenir una epidemia o la pérdida de garantías constitucionales frente al poder coactivo del Estado—. Si uno de los modos más efectivos de prevenir el VIH-sida es el uso de preservativos y si, por los motivos que fuesen, no se pudiera compartir esa información, personas concretas de carne y hueso morirían y la epidemia se extendería. La falta de información, de ideas y de perspectivas nos puede hacer menos libres, menos autónomos y, en última instancia, menos autogobernados a tal punto que conduzca a que nos autoinflijamos daños que podrían incluso ser irreparables.

Por otro lado, la democracia liberal supone el reconocimiento de que todas las personas somos agentes autónomos con la capacidad y el derecho de diseñar y llevar adelante nuestros propios planes de vida sin interferencias estatales o de terceros que los pongan en riesgo. Uno de los aspectos del ejercicio de nuestra autonomía es la posibilidad de pensar con libertad, expresar nuestras ideas y preferencias y actuar según ellas. Todas las teorías de la libertad de expresión —tradicionales o democráticas— y de la democracia coinciden en el reconocimiento de esa relación. Sin embargo, si bien no todos comparten la caracterización de esa relación, para algunos el vínculo de la libertad de expresión con la democracia surge a partir del carácter liberal de esta última, en el sentido de que un sistema de autogobierno colectivo supone la autonomía personal de cada uno de los miembros de la comunidad autogobernada. Si esa autonomía personal fuera interferida o suspendida, no tendría sentido hablar de una comunidad autogobernada, pues ¿cómo sería posible tomar decisiones libres en forma colectiva si los miembros de la comunidad no fueran libres de contribuir según su propio criterio al proceso colectivo de toma de decisiones? Desde esta perspectiva, la relación entre democracia y libertad de expresión es instrumental, aunque en un sentido débil: el único requerimiento de la democracia consistiría en que se exterioricen las voluntades de los individuos para lograr, en consecuencia, la libertad colectiva, asumiendo que la combinación de esas exteriorizaciones nunca generaría resultados contrarios al ejercicio de la autonomía o del autogobierno. Esta relación entre libertad de expresión y democracia podría resultar semejante a las nociones de mercado y de libre competencia, asumiendo que no existen imperfecciones en el funcionamiento de ese mercado, posiciones dominantes o información incompleta. En la medida en que todas las personas sean libres de actuar en el mercado, este funcionaría como un mecanismo eficaz de distribución de bienes y servicios. La libertad de los agentes aseguraría la libertad colectiva.

Otra perspectiva acerca de la relación entre democracia y libertad de expresión concibe, en cambio, a esta última como instrumental, pero en un sentido más fuerte o más exigente respecto del modo en que debe ejercerse como consecuencia de dos discrepancias sustanciales con la visión anterior. En primer lugar, esta segunda caracterización de la relación sospecha que existe una posibilidad cierta de que, a pesar de liberar la autonomía de los miembros de la comunidad, la información con la que contarán para tomar decisiones de autogobierno no será completa y que, en consecuencia, la democracia como sistema de autodeterminación colectiva no sería posible si solo depende de esa liberación de autonomías. Algunas voces callarán mientras otras se harán oír con fuerza, algunas perspectivas ni siquiera serán imaginadas mientras las ideas y creencias más asentadas seguirán afirmándose, incluso si no son ciertas, porque nadie las desafía y expone como falsas. En segundo lugar, la concepción de democracia que maneja esta última visión de la relación entre una concepción de democracia, que podemos llamar deliberativa, y la libertad de expresión, es más exigente y no se conforma con que fluya y circule la información para que los ciudadanos individuales formen sus opiniones y juicios, como sucede en Hyde Park, sino que considera que la democracia también requiere que los miembros de la comunidad interactúen entre sí, se ofrezcan mutuamente razones que respalden sus posiciones e intercambien información señalando prejuicios y falsedades, como sucede en el modelo de la asamblea de ciudadanos.

Desde esta visión normativa de democracia como deliberación, la libertad de expresión no solo es un presupuesto del sistema de autogobierno, sino que su ejercicio está caracterizado por la necesidad de que tenga lugar un genuino intercambio de razones y de información y de que, además, surja en el proceso deliberativo la mayor cantidad de ideas, datos y perspectivas posibles. Las consecuencias de adoptar una versión débil o fuerte, o más o menos exigente, de la relación entre democracia y libertad de expresión son enormes en cuanto a las políticas concretas que derivan de ellas. La mayor o menor demanda sobre lo que se espera del ejercicio de la libertad de expresión es fundamental sobre todo en un aspecto de crucial relevancia: el nivel de interferencia estatal con la autonomía para lograr la libertad individual y el autogobierno. Esta interferencia estatal respecto de las acciones y decisiones de los individuos involucrados en el debate público podrá adquirir la forma de una regulación administrativa o legislativa, o también de una sentencia judicial. La noción de interferencia estatal es a menudo atacada por los defensores de la tesis tradicional de la libertad de expresión asociada a una defensa radical de la autonomía, pero esta tesis tiene un problema: supone generalmente que la inexistencia de regulación no implica interferencia. Autores como Sunstein o Fiss llamarán la atención sobre la inevitable omnipresencia de la interferencia estatal, dado que la omisión de regular es una forma de acción estatal muchas veces tan efectiva como la regulación. La cuestión no debería presentarse como una contradicción entre regulación y autonomía, sino qué tipo de regulación favorece la autonomía y el autogobierno y qué tipo de regulación los impide. Para estos últimos autores, la línea que diferencia la acción de la inacción estatal se disipa. El Estado actúa cuando regula y cuando desregula o no regula23, por eso conduce a error esta distinción entre regular o interferir versus no regular o no interferir, y proponen pensar en qué tipo de regulación o intervención favorece el autogobierno y el desarrollo de la autonomía.

C. DEMOCRACIA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y FORMACIÓN DE PREFERENCIAS POLÍTICAS

Sunstein sostiene que los ciudadanos formamos nuestras preferencias políticas con base en las opciones que conocemos. Si conocemos menos opciones, formaremos nuestras preferencias a partir de un conjunto limitado de posibilidades. La tradicional prohibición de la censura se justifica en la necesidad de que ninguna opción de idea, información o argumento nos sea vedada, pues eso nos impediría formar nuestras propias ideas en libertad. Si bien los autores de la corriente progresista o liberal ofrecen este argumento en relación con la formación de las preferencias políticas, este también es aplicable a la formación de todo tipo de preferencias, incluso aquellas que se vinculan con el diseño e implementación del plan de vida individual de la persona. La visión de Balkin sobre el desarrollo de la cultura democrática y su relación con la libertad de expresión en un sentido amplio refleja este punto33. Nuestro rechazo a los gobiernos autocráticos o autoritarios que censuran perspectivas es justamente un rechazo no solo a la imposición de límites a la libertad de los que se expresan, sino también a la imposición implícita de un límite a la libertad de aquellos que necesitamos conocer ese punto de vista para formar nuestra preferencia política.

En los últimos años, salvo algunas contadas excepciones, las democracias liberales, y en particular las de América Latina, no han recurrido abiertamente a la censura de ideas, información, perspectivas o argumentos, sino que han echado mano a mecanismos encubiertos de silenciamiento, activados tanto por el gobierno como por particulares. Desde el lado del gobierno, por ejemplo, un caso que se repite en la región y en algunos países de Europa del Este, es el recurso a la distribución de la publicidad oficial —la compra de espacios para publicidad por parte del propio estado— como mecanismo silenciador de expresiones críticas del propio gobierno. Este problema se agudiza y es particularmente grave desde el punto de vista del autogobierno en aquellos contextos en los que hay poca o nula actividad económica en una determinada jurisdicción, un municipio, provincia o estado subnacional —como sucede en Argentina o México, donde la publicidad oficial es la forma predominante que utiliza la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los medianos o pequeños, para financiarse—. La casi completa discrecionalidad del gobierno para cerrar contratos de publicidad con periodistas o medios de comunicación, encubierta bajo la forma de una decisión basada en una supuesta eficiencia comunicacional al establecer dónde es mejor comprar espacios publicitarios y por cuánto dinero, conduce a que este poder de asignación de recursos públicos se vuelva un eficaz mecanismo de silenciamiento. Se compra publicidad en los medios amigos y se retira o no se compra en los medios críticos. Cuando los medios no pueden recurrir a fondos privados de empresas que compren publicidad, quizá por baja o inexistente actividad económica, el poder de manipulación del Estado sobre la prensa es total. Los medios críticos deben dejar de serlo o cesar su actividad. Así lo entendieron las cortes supremas de Argentina34 y México35 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos36. La censura no solo puede operar de forma directa —por medio de prohibiciones—, sino que puede ser indirecta, por medio de mecanismos, en este caso económicos, que fuercen la autocensura o el silenciamiento de medios críticos que prefieren callar antes de ver cerrar sus oficinas. Esas voces silenciadas por la acción estatal limitan las opciones que los ciudadanos tienen para formar en libertad sus preferencias y así lograr el autogobierno.

Una dinámica similar se puede dar con acciones de particulares. Si los anunciantes son pocos, entonces sus aportes se tornan imprescindibles para solventar los costos de un medio de comunicación y adquieren un enorme poder para silenciar o manipular la expresión que llega al debate público. La discusión sobre la capacidad de las redes sociales y el poder de plataformas como Facebook o Google para silenciar voces37 y la posible atribución estatal para poner límites a sus decisiones respecto del contenido que circula por ellas atañen precisamente a este crucial problema y al futuro de la democracia, sobre todo en su variante deliberativa38. Empresas petroleras que no desean que se debatan cuestiones relacionadas con el medio ambiente o anunciantes que comulgan con una religión y no compran espacios de publicidad en medios que permitan la expresión de una agenda que contradice sus creencias son otros ejemplos recurrentes en el mismo sentido. Una vez más, estos actores pueden limitar la exteriorización de opciones de ideas, información, argumentos y perspectivas que podrían ayudar a los ciudadanos a ser más libres al momento de formar sus preferencias. El caso de los anunciantes privados, sin embargo, es más complejo que el del Estado cuando ejerce su facultad de comprar espacios publicitarios. No es posible obligar a los particulares, individuos o instituciones, a comprar publicidad o a continuar haciéndolo, pero la ausencia de anunciantes en medios que desean poner en conocimiento del público ideas diferentes a las que estos últimos apoyarían podría justificar algún tipo de política pública que haga posible esas expresiones —medios estatales de comunicación, subsidios a productoras, entre otros— sobre la base de una necesaria relación robusta entre democracia y libertad de expresión.

En suma, el proceso de formación de preferencias supone la autonomía de las personas, pero podría haber razones paternalistas para evitar las distorsiones de esos procesos que afectan esa autonomía haciendo que los individuos tomen decisiones contra su propio plan de vida por falta de información o por contar con información falsa. Una vez más, parece haber algunos puntos de contacto entre la teoría democrática de la libertad de expresión y la populista, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de intervención estatal para lograr que las personas formen sus preferencias libremente ejerciendo su autonomía. En este sentido, Balkin afirma que “los argumentos progresistas/republicanos habituales a favor de la regulación de emisoras, cable y satélite pueden y deben ser reformulados en términos de la perspectiva más populista de promover la cultura democrática”39. Nótese que el autor se refiere a la necesidad de reformulación y no de abandono de la regulación, pues el ejercicio de la libertad digital que promueve esa tesis es instrumentalizado en pos del desarrollo de la cultura democrática en un sentido similar a como la tesis progresista/liberal instrumentaliza la autonomía en pos del buen desarrollo de la deliberación democrática y el autogobierno ciudadano.

D. DEMOCRACIA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y POLARIZACIÓN

Además de las amenazas originadas en la inundación de información falsa, el proceso de formación de preferencias políticas se encuentra hoy severamente afectado también por la radicalización de la polarización política. Este no es un fenómeno nuevo, pero el grado de virulencia que está alcanzando en varias de las democracias liberales del planeta empieza a generar una preocupación sin precedentes a la vez que se ve acompañada de una marcada impotencia para revertirla. Los efectos nocivos que esta extrema polarización tiene sobre la deliberación pública representan un severo riesgo a la supervivencia del ideal de autogobierno, pues impactan sobre el proceso de formación de preferencias con las características propias que este requiere para poder contribuir a la autodeterminación colectiva. Esta espiral hacia una mayor polarización política podría estar relacionada con el modo en que ejercemos la libertad de expresión o en que nos expresamos en el debate público, sobre todo a partir del surgimiento de la internet como plataforma alternativa a los grandes medios de comunicación de masas del siglo pasado.

Estos medios del siglo XX desempeñaban un papel crucial para el ejercicio de la libertad política, ejercicio que tenía dos características centrales. En primer lugar, estos medios operaban como un espacio de intercambio y convivencia en un arco más o menos amplio de diversidad. Un mismo canal de televisión exhibía diferentes programas —noticieros, películas, documentales, entre otros— incluso con diferentes enfoques y perspectivas entre sí. Un mismo programa, un noticiero, por ejemplo, podía ofrecer una más o menos amplia gama de visiones, información y opiniones. Es cierto que los canales de televisión o los periódicos tienen una línea editorial que de algún modo ilumina ciertos contenidos y desplaza o excluye otros, pero dentro de lo que esa línea editorial marca, existe casi siempre cierta diversidad de opiniones y de información. Cuando el sesgo y la exclusión resultan muy radicales, los estados han intentado o intentan mecanismos que fuercen un cierto grado de diversidad, como sucedió con la denominada “doctrina de la equidad” (fairness doctrine) aplicada por la Comisión Federal de Comunicaciones en los Estados Unidos en la década de 1960. Por otro lado, la combinación de todos los canales, con sus programaciones variadas, ofrecía y ofrece al televidente o al lector —aunque hoy ya no son tan relevantes como lo fueron en el debate público— un desfile de temas, personajes, visiones, perspectivas e información que lo exponían y exponen, incluso involuntariamente, a realidades no buscadas, inesperadas y enriquecedoras. Sunstein, recurriendo a la teoría urbanística de Jane Jacobs40, compara estos “intermediarios de interés general” con la función que cumplen las calles de una gran ciudad cuando sus barrios no están segregados y permiten que las personas que las recorren sean invadidas por la diversidad del mundo que las rodea. En esas veredas las personas se exponen sin buscarlo a las realidades más diversas: personas pobres y ricas, de todas las razas y todos los colores de piel o conversaciones de todo tipo en bares y en el transporte público.

La segunda característica central de esos medios del siglo XX consistía y consiste en que sus contenidos son generalmente producidos por un equipo de editores, periodistas y columnistas profesionales que emiten un mensaje que es recibido pasivamente por los televidentes, radioescuchas y lectores. Sin embargo, con el surgimiento de las redes sociales y fundamentalmente de los filtros que hacen posible que en ellas solo interactuemos con quienes queremos y, como consecuencia de la homofilia que parece caracterizar nuestras decisiones41, lo hagamos solo con quienes se asemejan a nosotros mismos Estos filtros alteraron totalmente el intercambio de ideas, opiniones e información en el debate público. Ellos evitan que nos topemos con la diversidad que nos ofrecían los medios de comunicación que dominaron el siglo XX.

Las redes sociales nos convirtieron en productores de expresión, además de receptores. De este modo, aquellos que se expresan pueden hacerlo con una agenda y perspectiva cada vez más estrecha y, gracias a esa combinación de filtros y homofilia, los lectores pueden decidir exponerse solo al emisor que expresa del modo más estrecho y ajustado un punto de vista idéntico al del receptor. La “guetización” del debate público y el aislamiento exponencial de los grupos homogéneos impiden la deliberación política y exacerba la radicalización de las posiciones, lo cual profundiza la polarización hasta niveles peligrosos para el funcionamiento de la democracia. La única información que nos llega es la que diseminan aquellos que piensan como nosotros y las únicas opiniones que escuchamos son las de aquellos con quienes compartimos puntos de vista. Si bien esto sucedía ya con los medios de comunicación de masas del siglo XX, los filtros contribuyen hoy a que el grupo con el que interactuamos sea mucho más pequeño e idéntico a nosotros mismos que bajo el contexto previo al surgimiento de la internet y de las redes sociales. Según algunos autores, el ejercicio de la libertad de expresión bajo estos nuevos patrones se puede convertir —o ya se convirtió— en una amenaza significativa a la democracia tal como la concibe la tesis deliberativa42.

Resulta legítimo preguntarse si aquellas metáforas que guiaron nuestra discusión hasta ahora, la del mercado de ideas, la de Hyde Park o la de la asamblea de ciudadanos, siguen siendo útiles para comprender esta nueva realidad y actuar sobre ella. Creo que esos instrumentos que nos ayudaban a pensar los viejos problemas de la libertad de expresión continúan funcionando como inspiración de nuestras teorías y de nuestras propuestas de solución a los problemas derivados del ejercicio de la libertad de expresión. Algunos rasgos críticos de la libertad de expresión entendida a partir del modelo del mercado de ideas resultan potenciados con el nuevo contexto tecnológico. Aparentemente, ya no tenemos un solo mercado con góndolas que exponen diferentes opciones. A diferencia de lo que sucede en el mercado de bienes y servicios, donde los pequeños negocios desaparecen por el avance de los hipermercados, la oferta de ideas e información, definida a su vez por una demanda signada por la homofilia y exacerbada por las posibilidades que proveen los filtros, ha fraccionado el supermercado. Ahora cada góndola se ha convertido en una microtienda de nicho a la que se acercan exclusivamente los consumidores que además son proveedores de ese particular grupo de ideas e información. Mercados altamente especializados han reducido la oferta y se han aislado unos de otros creando pequeños monopolios informativos, lo cual, combinado con el fenómeno de las noticias falsas, genera consecuencias impredecibles y altamente peligrosas para el sistema político. Desde la perspectiva de Hyde Park, ya no hay una esquina donde se concentra el debate y desfilan las personas con sus diferentes ideas.

A diferencia de la tesis optimista de Balkin que ve en la multiplicación de esquinas la proliferación de espacios para que se desarrolle una cada vez más rica cultura democrática, también sería posible afirmar que hoy hay esquinas en cada barrio cerrado y en cada gueto, donde las ideas se parecen y ofrecen perspectivas diferentes y aisladas que no interactúan con las que se ofrecen en la esquina del gueto o barrio cerrado adyacente. Si Hyde Park ya ofrecía pocas posibilidades para el diálogo y la deliberación, la multiplicación de Hyde Parks y la homogenización de lo que se expresa en cada uno de ellos podría terminar definitivamente con la deliberación y, en consecuencia, con el autogobierno, degradando aquello que concebimos como democracia. De todas estas metáforas, la que quizá refleja de un modo más radical los nuevos desafíos, riesgos y peligros es la de la asamblea de ciudadanos, pues el nuevo contexto de guetización producido por la combinación de filtros y homofilia torna imposible la deliberación, radicaliza la polarización, aumenta la alienación de los diferentes grupos y hace imposible tanto la autonomía como el autogobierno. De avanzar esta tendencia, ya no habría una única asamblea de ciudadanos. Ya no lograríamos que la diversidad del colectivo se encuentre en el espacio comunitario donde se intercambian puntos de vista. Si cada uno se queda en su casa, con sus familiares y amigos regodeándose en sus visiones del mundo afines entre sí, entonces la sala donde antes tenía lugar la asamblea en la que todos confluían para tomar decisiones juntos más allá de sus diferencias corre el riesgo de quedar vacía.

III. LA DISPUTA SOBRE LOS ALCANCES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL DEBATE LATINOAMERICANO

La libertad de expresión es uno de los primeros derechos cuyo ejercicio se apresuran a impedir los gobiernos autocráticos. El cercenamiento de la crítica es clave para asegurarles su continuidad. América Latina padeció, fundamentalmente en las décadas de 1970 y 1980, dictaduras y guerras civiles sangrientas. En aquellos años no solo se han contado por miles las personas desaparecidas o afectadas en sus derechos más básicos, sino que la censura fue el instrumento utilizado para acallar la disidencia y la exposición de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Los ejemplos más dramáticos de aquellas experiencias dictatoriales fueron los de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Hacia el final del siglo XX se reinstalaron en la mayoría de los países de la región regímenes democrático-constitucionales y se suscribieron numerosos tratados internacionales de derechos humanos, entre los que se destaca la Convención Americana, cuyo artículo 13 establece la protección de la libertad de expresión, no solo en su dimensión individual, sino también en la social.

Sin embargo, el restablecimiento del Estado de derecho no implicó la vigencia automática de los mandatos expresados en constituciones y tratados. En 1997, por ejemplo, siete años después de que Pinochet abandonara la Presidencia de Chile, una sentencia de la Corte Suprema de ese país anuló la decisión del Consejo de Calificación Cinematográfica del año anterior que había autorizado la exhibición de la película La última tentación de Cristo, prohibida por la dictadura en 1988. El caso llegó a los estrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó en el 2001 a Chile en el caso Olmedo Bustos por incumplir con el compromiso internacional suscripto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, los casos de censura directa como éste se volvieron muy infrecuentes en una América Latina gobernada predominantemente por autoridades elegidas por la vía popular.

No obstante este avance fundamental en cuanto a la vigencia y el ejercicio de la libertad de expresión en la región, el derecho a divulgar ideas e información se vio y se ve amenazado por normas y prácticas que conducen al despliegue de una nueva agenda en la materia. El casi total destierro de la censura directa tuvo como consecuencia el surgimiento de nuevos obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión que podrían englobarse bajo el concepto de censura indirecta, recurriendo al lenguaje del artículo 13 de la Convención, cuyo inciso 3 expresa que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. La nueva agenda de la libertad de expresión se constituiría así por la necesidad de dar respuesta a amenazas tales como el ejercicio de la violencia directa sobre periodistas y activistas de derechos humanos; la concentración de la propiedad de los medios de comunicación; la utilización del acceso a recursos económicos como mecanismo de manipulación de la expresión y las prácticas desarrolladas por jugadores poderosos del mundo digital.

El caso de la violencia contra los profesionales de la prensa en el marco de gobiernos democráticos es un asunto grave en algunos países del subcontinente. Según la organización Reporteros sin Fronteras, México es el tercer país más peligroso del mundo para practicar el periodismo luego de Siria y Afganistán43. Desde el año 2000 al 2017, 109 periodistas han sido asesinados en ese país44. También los activistas de la sociedad civil se encuentran amenazados en muchos países del globo, en especial de América Latina, por llevar a cabo su trabajo y por las expresiones que ponen de manifiesto al llevar adelante sus agendas. El caso del asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras es un ejemplo en este sentido45. Esta dramática realidad de América Latina se reproduce en menor escala, pero en niveles preocupantes, en Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela. De la nueva agenda de la libertad de expresión en América Latina, el problema de la violencia es seguramente el más dramático y uno de los más difíciles de resolver. Sin duda, estos crímenes exponen situaciones de violaciones de derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad física, pero también implican un severo silenciamiento de voces y el empobrecimiento del debate público, pues no solo tienen efecto sobre las víctimas directas de la violencia, sino que producen un efecto de silenciamiento sobre aquellos que lógicamente temen correr esos mismos riesgos al expresarse. Por ello, los fundamentos de la intervención estatal para proteger a activistas y periodistas no se limitan a los relacionados con aquellos derechos básicos como la vida y la integridad física, sino que por medio de esa intervención se preserva el funcionamiento del mismo sistema político democrático.

Han surgido también, en las últimas dos décadas, profundos debates en muchos países de América Latina sobre la necesidad de regular la propiedad de medios; establecer restricciones al uso de la publicidad oficial; asignar responsabilidades al Estado respecto de la protección de la prensa y de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos; y regular diferentes actividades y prácticas que tienden a la violación de la libertad de expresión en la internet, lo cual implica amenazas no solo desde los estados, sino también desde el accionar de poderosos actores del mundo digital. Estas discusiones acerca del tipo correcto de regulación estatal que debería establecerse no han sido sencillas ni pacíficas y han conducido a la confrontación de propuestas fundadas todas ellas en el mismo valor de la libertad de expresión, aunque comprendido de diferentes maneras. Tomemos por ejemplo el caso de la regulación de la propiedad y el funcionamiento de los medios de comunicación. Algunos ven una amenaza al derecho de expresarse libremente en el surgimiento de monopolios informativos y defienden su regulación a partir de una concepción de la libertad de expresión como precondición de la democracia. Esta perspectiva justifica la intervención del Estado para asegurar esa libertad.

Por su parte, sus contradictores sostienen que cualquier injerencia gubernamental en el funcionamiento de los medios de comunicación configura una interferencia indebida asimilable a la censura. Este fue el debate que se dio en Argentina con respecto a la sanción en el 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual46 bajo el gobierno de Cristina Kirchner, declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia en el 201347 y derogada por decreto del presidente Mauricio Macri en el 201648. Debates similares se han dado en Chile y México. La opción por un modelo regulador en particular, estableciendo más, menos o ningún tipo de limitación a la propiedad de medios de comunicación, se encuentra asociada a la adopción de una noción determinada de libertad de expresión que condicionaría los alcances que el ejercicio de ese derecho tendría, así como los contornos de la política pública requerida o permitida. En suma, son los fundamentos de la libertad de expresión los que permitirán justificar la opción normativa que conviene adoptar. Por ello, el debate en torno a esos fundamentos se torna no solo relevante, sino ineludible para poder avanzar con políticas de regulación o normas que justifiquen la intervención estatal tendiente a proteger la libertad de expresión.

El debate sobre los fundamentos de la libertad de expresión que atraviesa el presente volumen es fundamental y atinente al contexto de América Latina. Las propias cortes supremas y cortes constitucionales de la región, así como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, han recurrido a esos fundamentos para delinear el alcance de la protección de la libertad de expresión que las constituciones y los tratados internacionales prescriben. La Corte Interamericana, por ejemplo, apoyada en el texto mismo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sostenido que la libertad de expresión no tiene solo una dimensión individual, como sostienen las nociones de esa libertad defendidas por posturas más libertarias, sino que posee también una dimensión social, colectiva, que requiere una justificada intervención del Estado para que sea asegurada49. Esta postura surge a partir de la propia lectura del artículo 13 de la Convención en cuanto establece que

toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

En la Opinión Consultiva 5 (OC-5), la Corte Interamericana, por su parte, ha afirmado que

El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole [...]”. Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Otro tema central de la problemática actual de la libertad de expresión en la región, pero no solo en ella, es el de la relación entre el dinero y el ejercicio de este derecho. Si bien es cierto que en la medida en que no medie censura todas las perspectivas, visiones, ideas e informaciones pueden ser exteriorizadas, el medio por el cual se difunden puede tornar más o menos efectivas esas expresiones con respecto a la posibilidad de ser conocidas. La prensa y los medios de comunicación tradicionales aparecidos en el siglo XX, la radio y la televisión, requieren una importante cantidad de recursos económicos para funcionar. En los contextos en que estos son escasos —por ejemplo, por la existencia de una débil actividad económica privada que compre espacios publicitarios—, los fondos públicos se convierten en recursos indispensables para mantenerlos en funcionamiento. Sin embargo, la administración discrecional de esos fondos por parte de los gobiernos, en forma de subsidios o de publicidad oficial, puede convertirse en una peligrosa herramienta de manipulación de los medios de comunicación cuando son utilizados como premios o castigos según el contenido de la expresión publicada o emitida, ya sea afín o crítica de la autoridad pública que decide la asignación de esos fondos.

Desde aquel discurso del presidente de México José López Portillo del 7 de junio de 1980 en el que afirmó que “No pago para que me peguen” luego de retirarle la publicidad oficial a la Revista Proceso hasta situaciones similares en varios países de América Latina, sobre todo en las últimas dos décadas, el problema de la censura indirecta ejercida por los gobiernos por medio de la no asignación, el retiro o la amenaza de retiro de la publicidad oficial se volvió prioritario en la agenda regional de la libertad de expresión. El problema no es nuevo, pues, como dije más arriba, ya se encontraba previsto en el inciso 3 del artículo 13 de la Convención Americana. Sin embargo, no fue hasta años recientes cuando surgieron casos concretos en los que diferentes medios de comunicación de la región han planteado este tipo de interferencia con la libertad de expresión en los tribunales nacionales. Así, en el 2007, la Corte Suprema de Justicia de Argentina entendió en el caso Río Negro50 que a pesar de que nadie tiene un derecho a recibir publicidad oficial, el retiro o la no adjudicación de este tipo de pauta como consecuencia del contenido de una publicación crítica del gobierno debe entenderse como una manifestación de censura indirecta prohibida por la Constitución y por los compromisos internacionales asumidos por el país. En el mismo sentido se pronunciaron la Corte Suprema de México en el 201751 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 200052. Ahora bien: para llegar a la conclusión de que este tipo de prácticas gubernamentales implica una modalidad de censura indirecta es preciso partir del supuesto de que la libertad de expresión no se limita a la posibilidad de exteriorizar una idea, un pensamiento o una información, sino que es necesario vincular esa exteriorización con la posibilidad de que ella sea parte de un proceso más complejo de intercambio que a su vez se relaciona con el régimen democrático de gobierno.

Un último ejemplo de los temas actuales de la agenda regional de la libertad de expresión es el de su ejercicio en medios o plataformas digitales. Una enorme cantidad de nuevos problemas y desafíos referidos a esta libertad se ha puesto de manifiesto a partir del surgimiento de la internet. La aspiración de que la red se mantenga neutral y libre de regulación estatal defendida por muchos empieza a ser desafiada por demandas de protección de privacidad, la existencia del derecho al olvido y la adjudicación de responsabilidad civil a los intermediarios, entre otras. Incluso, mientras escribo estas líneas diferentes actores del sistema interamericano de derechos humanos se encuentran promoviendo una discusión con respecto a la posible necesidad de adaptar el principio de la libertad de expresión al nuevo contexto tecnológico repensando el alcance del derecho previsto en la Convención Americana.

Estas realidades emergentes nos informan sobre los nuevos desafíos de la libertad de expresión en América Latina y nos imponen la necesidad de avocar nuestros mejores esfuerzos a pensar y desarrollar una teoría de la libertad de expresión que nos permita resolver los problemas que enfrentamos en los países de la región asociados con mecanismos tradicionales o novedosos de censura, sobre todo en su versión indirecta. Hacerlo no significa desconocer la tragedia que viven muchos países en materia de asesinatos de periodistas, políticos y activistas de la sociedad civil, sino que es una necesidad a partir del reconocimiento de que incluso en esos países también existen serias problemáticas cuya resolución requiere un marco teórico que nos ayude a comprender el alcance de la protección constitucional y convencional del derecho a la libertad de expresión. Entre esos problemas más o menos comunes a los países del subcontinente se encuentran los de la penalización de la protesta social, la utilización de la publicidad oficial con fines silenciadores, la aplicación del derecho de daños como mecanismo de censura indirecta, la regulación o desregulación del sistema de medios privados, la cooptación de los medios públicos y finalmente la regulación o la falta de regulación del funcionamiento de la internet y, en particular, de las redes sociales. En este estudio preliminar fue mi intención ofrecer una guía para que el lector se sumerja en los trabajos que se publican a continuación y, quizá inspirado en las ideas aquí discutidas, explore la posibilidad de construir un marco teórico que le permita justificar tanto medidas legislativas y de regulación como interpretaciones judiciales relativas a los problemas más urgentes que amenazan a la libertad de expresión en la actualidad. Este volumen intenta ofrecer un mapa actualizado del antiguo debate teórico sobre los fundamentos de la libertad de expresión y aspira a contribuir con las herramientas necesarias para pensar sobre el futuro del ejercicio de esta libertad y de la democracia misma en América Latina.

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Notas

1 Alexander Meiklejohn, Free Speech and its Relationship with Self-Government (Nueva York: Harper Brothers Publishers, 1948). La traducción del capítulo “Los gobernantes y los gobernados” que se publica en este volumen constituye la primera versión que se hace de esa obra al idioma español.

2 Owen Fiss, The Irony of Free Speech (Cambridge: Harvard University Press, 1996). La versión en castellano fue publicada bajo el título La ironía de la libertad de expresión (Barcelona: Editorial Gedisa, 1998).

3 Utilizaré el concepto de “asamblea de ciudadanos” como traducción de lo que se conoce en la literatura anglosajona como town meeting.

4 John Milton, Areopagitica: A speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicensed Printing to the Parliament of England (Cambridge: Cambridge University Press, 1644).

5 John Stuart Mill, On Libert (Londres: John W. Parker and Son, West Strand, 1859).

6 Corte Suprema de los Estados Unidos, 250 U.S. 616, 1919, 630.

7 Corte Suprema de los Estados Unidos, 345 U.S. 41, 1953.

8 Corte Suprema de los Estados Unidos, 395 U.S. 444 1969.

9 Cass Sunstein, #Republic. Divided Democracy in the Age of Social Media (Princeton: Princeton University Press, 2017). Sobre la noción de “soberanía del consumidor”, véanse las páginas 167-169.

10 Fiss, The Irony of Free Speech, 53-54.

11 Jack M. Balkin, “Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society”. New York University Law Review 79, n.° 1, (2004): 28-29. Véase también: Fiss, The Irony of Free Speech, capítulo 2.

12 Hay un aspecto novedoso que trae la postura de Balkin que si bien no es central al debate que reconstruyo en este ensayo, pues no parece ser contradictorio ni con la tesis libertaria ni con la teoría liberal, es interesante no perder de vista, ya que nos invita a generar una nueva metáfora y se refiere a otra característica que distingue a la internet de los medios masivos de comunicación tradicionales, su carácter apropiativo, en el sentido de que permite potenciar la habilidad de los individuos de expresarse transformando las expresiones de los demás y creando a partir de las creaciones de otros. En eso consistirían, según Balkin, el ejercicio de la libertad de expresión y la participación de las personas en la cultura y así refiere a la metáfora de la imaginación que Jed Rubenfeld propone para graficar una idea similar. Según este último autor, “la libertad de expresión protege tanto los derechos de los autores como los de los lectores porque los actos de imaginación son inevitablemente transformativos, tanto para los productores como para los receptores de los objetos culturales”. Véase: Balkin, “Digital Speech and Democratic Culture”, 4 y Jed Rubenfeld, “The Freedom of Imagination: Copyright’s Constitutionality”. Yale Law Journal 112, n.° 1, (2002): 37-38.

13 Robert Post, “Meiklejohn’s Mistake: Individual Autonomy and the Reform of Public Discourse”. University of Colorado Law Review 64, (1993): 1119.

14 Larry Alexander, “Free Speech and the Speaker’s Intent”. Constitutional Commentary 12, (1995): 21.

15 Owen Fiss, “Political Freedom and the Power of the Purse” (original inédito); manuscrito cuya traducción se publica en este volumen.

16 Owen Fiss, “Objectivity and Interpretation”. Stanford Law Review 34, (1982): 739-763.

17 Owen Fiss, “Free Speech and Social Structure”. Iowa Law Review 71, (1986): 1409-1410.

18 Carlos S. Nino, Ética y Derechos Humanos (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1989). Sobre las nociones de paternalismo y perfeccionismo y su relación con el principio de autonomía, véanse las páginas 413-434.

19 A la anomia de este tipo particular, originada en acciones individuales racionales, pero autofrustrantes en materia colectiva, Carlos Nino la ha llamado boba. Véase: Carlos S. Nino, Un país al margen de la ley (Buenos Aires: Emecé, 1992).

20 Post, “Meiklejohn’s Mistake”, 1137.

21 Daniel Yankelovich, Coming to Public Judgment (Nueva York: Syracuse University Press, 1991).

22 Sunstein, #Republic.

23 Sunstein, #Republic, capítulo 7. Véase también: Fiss, The Irony of Free Speech, 17-26.

24 Balkin, “Digital Speech and Democratic Culture”, 3.

25 Cass Sunstein, #Republic, capítulos 2-4.

26 Lawrence Lessig, Code: Version 2.0 (Nueva York: Basic Books, 2006), capítulos 1 y 2.

27 Balkin, “Digital Speech and Democratic Culture”, 3.

28 Es preciso aclarar que ni la Corte Suprema ni la doctrina han seguido esta tesis.

29 Fiss, The Irony of Free Speech, 29-39.

30 Roberto Saba, “La democracia no desconfía de la libertad”, Clarín, 29 de diciembre del 2004.

31 Cass Sunstein, Democracy and the Problem of Free Speech (Nueva York: The Free Press, 1993). Sobre la noción de “doble nivel de protección”, véanse las páginas 8-11, 122-123 y 124-129.

32 Robert Post, Citizen Divided. Campaign Reform and the Constitution (Cambridge: Harvard University Press, 2014), 44-94.

33 Balkin, “Digital Speech and Democratic Culture”, 42-47.

34 Corte Suprema de la Nación Argentina, Caso Río Negro, Colección Fallos, 330: 3908, 2007. Véase: Roberto P. Saba, “Censura indirecta y publicidad oficial”, en Pedro Salazar Ugarte, Roberto Niembro Ortega y Carlos Ernesto Alonso Beltrán, Diez sentencias emblemáticas de la Suprema Corte (México: Instituto de Investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2019).

35 Amparo en revisión 1359/2015, interpuesto por la quejosa Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, Asociación Civil en contra de la sentencia dictada el 18 de julio del 2014, por el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. El 15 de noviembre del 2017, los ministros de la Primera Sala de la Corte la Suprema Corte ordenaron al Congreso expedir una ley reguladora del gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril del 2018, a fin de cumplir el mandato de la reforma constitucional del 2014. La Corte, así, hizo lugar por cuatro votos contra uno, al amparo de la asociación civil, artículo 19.

36 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión”, (documento, 7 marzo del 2011), https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/publicidad%20oficial%202012%20o5%2007.pdf.

37 Nicholas Thompson y Fred Vogelsteinby, “Inside the Two Years that Shook Facebook - and the World. How a Confused, Defensive Social Media Giant Steered Itself into a Disaster, and How Mark Zuckerberg is Trying to Fix it all”, Wired, 12 de febrero del 2018, https://www.wired.com/story/inside-facebook-mark-zuckerberg-2-years-of-hell/.

38 Cass Sunstein, #Republic. Sobre la noción de polarización, véase el capítulo 3.

39 Balkin, “Digital Speech and Democratic Culture”, nota 74.

40 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (Nueva York: Radom House, 1961).

41 Andrew Sullivan, “America Wasn’t Built for Humans. Tribalism was an Urge our Founding Fathers Assumed we could overcome. And so it has become our Greatest Vulnerability”, New York Magazine, 19 de septiembre del 2017, http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/09/can-democracy-survive-tribalism.html.

42 George Soros, “The Social Media Threat to Society and Security”, Project Syndicate, 14 de febrero del 2018, https://www.project-syndicate.org/commentary/social-media-security-threat-by-george-soros-2018-02?barrier=accesspaylog.

43 Gloria Leticia Díaz, “México, más peligroso para periodistas que Siria y Afganistán, alertan RSF y Artículo 19”, Proceso, 26 de abril del 2017, https://www.proceso.com.mx/483967/mexico-peligrosoperiodistas-siria-afganistan-alertan-rsf-articulo-19.

44 Jonathan Castro, “En 17 años suman 109 periodistas asesinados en México”, Excelsior, 26 de junio del 2017, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/26/1170856.

45 Según Amnistía Internacional los homicidios de defensores de los derechos humanos en el mundo han pasado de 156 en el 2015 a 281 en el 2016, tres cuartas partes de ellos en América Latina. Véase: Alejandra Agudo, “Aumenta los asesinatos de activistas”, El País, 16 de mayo del 2017, https://elpais.com/elpais/2017/05/16/planeta_futuro/1494909957_528995.html.

46 Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Ley 26.522, 10 de octubre del 2009.

47 Caso Grupo Clarín contra Poder Ejecutivo Nacional, 29 de octubre del 2013.

48 Presidencia de la Nación de Argentina, Decreto 267 del 2016, 29 de diciembre del 2015.

49 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 5 (OC-5), 13 de noviembre de 1985, considerando 30.

50 Corte Suprema de la Nación Argentina, Caso Río Negro, colección Fallos, 330: 3908, 2007.

51 Véase la nota 35.

52 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, véase: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2. El principio número 13 establece que “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

LOS GOBERNANTES Y LOS GOBERNADOS

Alexander Meiklejohn

El propósito de estas conferencias es considerar la libertad de expresión garantizada por la Constitución de los Estados Unidos. La tesis más general del argumento es que, conforme a la Constitución, hay dos libertades de expresión diferentes y, por lo tanto, dos garantías diferentes de libertad y no solo una.

Más generalmente, puede afirmarse que nuestras libertades civiles no son todas de un solo tipo. Son de dos tipos que, aun cuando radicalmente diferentes respecto a su estatus constitucional, se confunden con facilidad. Y dicha confusión ha sido, y es, desastrosa por sus efectos sobre nuestra comprensión de las relaciones entre un ciudadano individual y el gobierno de Estados Unidos. El argumento que se presenta en estas conferencias es un intento de aclarar tal confusión.

Como un ejemplo del primer tipo de libertad civil, ofrecería aquel de la creencia religiosa o no religiosa. En los Estados Unidos, en la medida en que es efectiva la Constitución, los hombres son libres de creer y de defender cualquier credo, o de no creer y de argumentar en contra de cualquier credo. Y al gobierno le está irrestrictamente prohibido limitar dicha libertad. Como ejemplo del segundo tipo, podemos tomar la libertad de una persona de tener un trabajo o poseer una propiedad y de usar el ingreso proveniente de ellos. Hemos acordado entre nosotros que todo hombre tiene un derecho, una libertad, respecto a esta propiedad y uso. Y, sin embargo, se ha acordado también que el gobierno puede tomar cualquier parte del ingreso de una persona que considere necesaria para promover el bienestar general. La libertad de poseer y usar la propiedad es, entonces, a diferencia de la creencia religiosa, una libertad limitada. Puede ser invadida por el gobierno. Y la Constitución autoriza esta invasión. Solo exige que el procedimiento se lleve a cabo adecuada e imparcialmente y que esté justificado por la necesidad pública.

Nuestra Constitución, entonces, reconoce y protege dos conjuntos diferentes de libertades. Uno de ellos está sujeto a restricción por parte del gobierno. El otro no está sujeto a restricción. Sería de gran valor para nuestro argumento y, de hecho, para todos los esfuerzos del pensamiento político en Estados Unidos, que dispusiéramos de dos términos precisamente definidos para identificar estos dos tipos, fundamentalmente diferentes, de libertad civil. Desafortunadamente, no se ha establecido entre nosotros un uso preciso de estas palabras. Los hombres hablan de libertad de creencias y de libertad de propiedad como si en la Constitución la palabra “libertad” —como se utiliza en estos dos casos— tuviera el mismo significado. Debido a esta confusión, estamos constantemente en peligro de dar a las posesiones de una persona la misma dignidad, la misma condición, que damos a la persona misma. Tal confusión ha tenido efectos desastrosos en nuestra vida nacional en todas sus épocas.

Sin embargo, para esta enfermedad de nuestra mente no hay, que yo sepa, una cura semántica específica. Lo único que podemos hacer actualmente es recordar que términos tales como libertad, derechos civiles, entre otros, son ambiguos. Debemos, entonces, en cada caso específico, tratar de aclarar qué significado estamos usando.

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Yaş sınırı:
0+
Litres'teki yayın tarihi:
23 ekim 2025
Hacim:
351 s. 3 illüstrasyon
ISBN:
9789586655941
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Telif hakkı:
Bookwire
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