Kitabı oku: «Científicas en Colombia»

Portada

Claudia Patricia Cote Peña

Carolina Romero Mantilla

Alexandra Cortés Aguilar

Martha Ligia Peña Villamizar

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Economía y Administración

Escuela de Trabajo Social

Bucaramanga, 2022

Página Legal

COTE PEÑA, CLAUDIA PATRICIACientíficas en Colombia : una brecha que no da tregua / Claudia Patricia Cote Peña …[y otros]Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2022 118p.: il., tablas ISBN: E.PUB : 978-958-5188-22-8 1. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA – COLOMBIA 2. CIENCIA Y TECNOLOGÍA – COLOMBIA– ASPECTOS JURÍDICOS 3. DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO – COLOMBIA 4. INDICADORES CIENTÍFICOS – COLOMBIA – INDICADORES 5. MUJERES EN LA CIENCIA – COLOMBIA 6. CIENCIA Y ESTADO – COLOMBIA I. Romero Mantilla, Carolina II Cortés Aguilar, Alexandra III Peña Villamizar, Martha LigiaCDD : 306.4509861 Ed. 23CEP - Universidad Industrial de Santander. Biblioteca Central

Científicas en Colombia: una brecha que no da tregua

Claudia Patricia Cote Peña*

Carolina Romero Mantilla

Alexandra Cortés Aguilar*

Martha Ligia Peña Villamizar*

*Profesoras Universidad Industrial de Santander

© Universidad Industrial de Santander

Reservados todos los derechos

ISBN: 978-958-5188-22-8

Primera edición, marzo de 2022

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Bucaramanga, Colombia

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por cualquier medio, sin autorización escrita de la UIS.

Impreso en Colombia

Prefacio

Este libro nace de las inquietudes que nos generan las inequidades y desigualdades de género en diversas esferas, y particularmente en aquellas que enfrentamos diariamente como investigadoras y docentes. Las lecturas académicas, los resultados de nuestras investigaciones y las experiencias cotidianas alimentaron nuestro interés por comprender las motivaciones, los obstáculos y las barreras que enfrentan las mujeres que se deciden por la vida académica. Dada su participación en diferentes eventos convocados por actores del Sistema Nacional de Innovación, Claudia Patricia Cote Peña se ha cuestionado permanentemente por qué los representantes de los centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y organismos de investigación en general son en su mayoría hombres. Al recibir una convocatoria de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para participar en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, Cote Peña ratificó que su preocupación se unía a la de otros investigadores, y que existían más académicos preocupados por la baja participación de las mujeres en los espacios de ciencia y tecnología.

La coincidencia de recibir la invitación por parte de la OEI con la convocatoria de presentar proyectos de investigación libre con aporte en efectivo por parte de la Universidad Industrial de Santander llevó a Claudia Cote a exponer sus inquietudes ante el Grupo de Investigación en Economía Aplicada y Regulación (EMAR). Desde las líneas de investigación Calidad de la educación, Desigualdad y calidad de vida y Gestión del conocimiento e innovación, junto con Carolina Romero Mantilla y Alexandra Cortés Aguilar se ha incorporado un enfoque de género en la formulación de proyectos de investigación y en la elaboración de propuestas de pregrado y maestría. A partir de allí, se inició un trabajo en equipo que se nutrió con la experticia sobre políticas de género de Martha Ligia Peña Villamizar. Conversaciones y discusiones nos permitieron concluir que contábamos con un grupo interdisciplinar de mujeres investigadoras apasionadas y con intereses comunes. Fue así como emprendimos esta investigación, cuyos resultados se exponen en este libro.

Estamos muy satisfechas de los logros obtenidos y agradecidas con quienes aportaron en este proceso. Si bien este es un trabajo conjunto, cada una de nosotras buscó aportar desde sus talentos. Claudia asumió el liderazgo en el desarrollo del proyecto, la difusión y discusión de resultados; Carolina se concentró en la revisión documental, el diseño de la encuesta y la solución de problemas propios de la recolección de información; Alexandra orientó metodológicamente el análisis estadístico multivariado y contribuyó en la formulación de los lineamientos de política, y Martha Ligia realizó aportes fundamentales en lo concerniente a políticas de género. Además, contamos con el apoyo de dos maravillosos asistentes de investigación, a quienes queremos destacar y agradecer. Gracias a María Cristina Quintero Ardila, por su tenacidad y apoyo en la conformación de la base de datos y el envío de encuestas, y a Ricky Andrés Carrillo Cadena, por su apoyo en el análisis econométrico. Sin lugar a dudas, este esfuerzo mancomunado nos permite hacer un importante aporte en procura de incrementar la participación activa de las mujeres en la ciencia y la tecnología en Colombia: una brecha que no da tregua.

Introducción

Históricamente las mujeres han sido relegadas de los escenarios de investigación y desarrollo científico, y pese a que en las últimas décadas su vinculación se ha dado de forma progresiva, actualmente representan tan solo una tercera parte del total de investigadores en el mundo. La literatura que ha abordado esta problemática expone que las causas del éxito o fracaso en la vinculación y posterior permanencia de las mujeres en las actividades investigativas están relacionadas con el entorno familiar, social y laboral en el que estas permanecen. Por ello, el Grupo de Investigación en Economía Aplicada y Regulación (EMAR), comprometido con la función misional de la Universidad Industrial de Santander de realizar investigaciones de alta calidad desde enfoques multidisciplinarios y en un escenario de compromiso social, formuló y ejecutó el proyecto de investigación titulado «Implicaciones de la participación de la mujer en la ciencia y la tecnología en Colombia», cuyos resultados presentamos en este libro. Nos propusimos analizar los factores determinantes de la participación de las mujeres en la investigación en Colombia, con el fin de identificar los principales obstáculos y factores de éxito, y proponer unos lineamientos de política pública que incorporen un enfoque de género en la ciencia y la tecnología. El proyecto forma parte del portafolio de convocatorias que anualmente realiza la Universidad Industrial de Santander (UIS) y que tienen por objetivo fortalecer los grupos de investigación y el talento humano.

Los estudios de género se han convertido en parte de la agenda gubernamental de un gran número de países, entre ellos Colombia. La historia nos ha demostrado que en las actividades de investigación y desarrollo científico las mujeres siempre han estado infrarrepresentadas. Ejemplo de lo anterior fue lo vivenciado por la científica Rosalind Franklin, quien determinó la estructura del ADN, pero fueron sus colegas hombres los que se llevaron el reconocimiento. De forma similar sucedió con Cecilia Payne-Gaposchkin, la primera mujer en obtener un doctorado en astronomía y en descubrir los elementos que componen las estrellas; su éxito nunca se vio reflejado porque sus compañeros la persuadieron de no publicar los resultados para posteriormente hacerlo ellos. Con Vera Rubin la historia es similar: pese a descubrir la existencia de la materia oscura, nunca recibió apoyo y fue desacreditada por ser mujer. O el caso de Caroline Herschel, la primera mujer en descubrir un cometa y en obtener una remuneración por su trabajo, que no es reconocida en ninguno de los libros de historia, pues su obra siempre ha sido adjudicada a su esposo y a su hijo.

Casos como los mencionados anteriormente se encuentran en todos los campos del conocimiento, y no son exclusivos del siglo anterior; en la actualidad las investigadoras continúan sin tener el debido reconocimiento en el plano científico mundial. En Colombia la participación femenina en actividades de ciencia no solo es reciente sino escasa, así como los estudios adelantados al respecto. Por ello, y con el ánimo de aportar conocimiento a un país desigual y con enormes brechas de género, en este libro intentamos presentar cuáles son esos obstáculos y esas motivaciones que tienen las mujeres para formar parte del campo científico. Los resultados de esta investigación están divididos en seis capítulos. En el primero de ellos se encuentra una síntesis del marco legislativo colombiano que, desde mediados del siglo xx, ha tenido como propósito eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida cotidiana, social y política. Pero en especial en este capítulo se encuentra un listado de avances en términos de acceso y promoción de las mujeres en el sistema educativo colombiano, el cual funciona como puerta de ingreso al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI). Asimismo, está incluida una breve descripción de la ley de ciencia y tecnología vigente en el país que demanda una triple articulación entre la universidad, la comunidad científica y el sector privado.

En el segundo capítulo, presentamos un panorama de la participación femenina en la investigación científica en el país. Mediante estadísticas descriptivas y el uso de indicadores de segregación horizontal y vertical, así como de estimaciones medias de productividad, exponemos cuántas son, en dónde se ubican y cuál es el nivel de productividad de las científicas en Colombia. Con estos indicadores confirmamos, además de la baja participación femenina en la investigación, aquellas áreas que aparentemente están feminizadas o masculinizadas en el país; es decir, aquellas con mayor concentración de mujeres o de hombres. Además, identificamos que las investigadoras que actualmente están vinculadas al SNCTeI se ubican en áreas tradicionalmente asignadas al sexo femenino, lo cual sin duda alguna refuerza los estereotipos de género.

Una vez presentadas las estadísticas de la participación femenina en las actividades de ciencia, quisimos conocer las causas o razones principales de estas cifras. Por ello, en los siguientes tres capítulos presentamos un análisis de las motivaciones y los obstáculos que inciden en el éxito o abandono de la carrera profesional de las investigadoras. A partir de la literatura revisada, diseñamos y aplicamos un cuestionario a una muestra de la población total de investigadores e investigadoras en el país, en el que agrupamos la multiplicidad de posibles motivaciones, barreras y obstáculos que afrontan las científicas en el ejercicio de su profesión. En el tercer capítulo presentamos algunas generalidades del cuestionario y de los investigadores y las investigadoras encuestados. También exponemos las percepciones que tienen los encuestados sobre la discriminación en el campo investigativo.

Posteriormente, en el capítulo cuatro hacemos hincapié en las motivaciones que influyeron en la elección y futura vinculación de las mujeres en el ámbito científico. Dentro de estas, encontramos en la literatura —y corroboramos con nuestra investigación— la existencia de factores intrínsecos o extrínsecos, como la remuneración salarial, la influencia de los espacios académicos extracurriculares durante el pregrado y el gusto por la ciencia, y el deseo de dar respuesta a determinadas situaciones. En cuanto a los obstáculos, descubrimos que las investigadoras experimentan en mayor medida limitaciones para acceder al campo y desempeñarse como científicas. En el capítulo cinco exponemos que situaciones como la maternidad y las labores del cuidado demandan un tiempo adicional en la vida de las mujeres que dificulta su disponibilidad para investigar. Además, la presencia de estereotipos tradicionales en el interior de los centros de investigación tiende a discriminarlas y a segregarlas.

Después de identificar aquellos obstáculos y motivaciones que tienen las investigadoras en Colombia, así como de conocer cuál es su participación y producción intelectual; en el capítulo seis aportamos algunas propuestas y recomendaciones de política para mejorar la participación y la permanencia de las mujeres en la ciencia, teniendo en cuenta las estrategias adelantadas por universidades españolas y latinoamericanas para eliminar estos obstáculos. Para finalizar, en el apartado metodológico presentamos las técnicas empleadas para los diferentes tipos de análisis y las fuentes de información.

Legislación en Colombia: ¿Hemos avanzado en el tema?

Iniciativas en siglo XX. Igualdad entre hombres y mujeres en todas las dimensiones de la vida cotidiana

En Colombia las mujeres han trabajado por la igualdad de derechos desde mediados del siglo xx, pero es con la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975, que se intensificaron los esfuerzos en el país. Pese a ello, hasta 1981 se evidenciaron las primeras acciones afirmativas con la creación de la Ley 51 de 1981, «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer». Partiendo de las dificultades que históricamente han enfrentado en los diferentes ámbitos de la sociedad, esta ley reafirmó el principio de no discriminación, exponiendo que la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres es indispensable no solo para alcanzar el desarrollo pleno de un país, sino para lograr el bienestar mundial. Pero además de lo anterior, esta ley precisó la igualdad de derechos en el sector educativo y propuso la «eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza», mediante la modificación de libros y material de estudios.

Posteriormente, entre 1996 y 2005 Colombia llevó a cabo el Plan Decenal de Educación que presentó la equidad de género en la educación como su cuarta estrategia, y la denominó «Promoción de la Equidad en el Sistema Educativo». Para promover exitosamente la equidad de género, en este plan se propuso la eliminación de imágenes estereotipadas de hombres y mujeres en los diferentes textos escolares, el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo entre niños y niñas, el apoyo a las madres y mujeres adultas sin culminar sus estudios y, sobre todo, la capacitación y formación docente con un enfoque de género.

Finalizando las acciones en el siglo XX, en el Plan Nacional de Desarrollo «Cambio para Construir la Paz 1998-2002» se formuló el primer Plan de Igualdad de Oportunidades en Colombia. Considerando la experiencia de otros países, el Gobierno Nacional de turno construyó la línea base de la política con la cual se propuso dar cumplimiento al principio de igualdad y a los acuerdos internacionales suscritos en torno a la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Entre los objetivos y las líneas de acción propuestas se encontraba la educación, el trabajo y la generación de ingresos, la salud reproductiva, la vivienda y el hábitat, la mujer rural, la participación en las estructuras de poder, la eliminación de la violencia contra las mujeres y el conflicto armado.

Género y siglo XXI en Colombia: compromisos adquiridos y acciones propuestas

Con el inicio de un nuevo siglo, y de acuerdo con los compromisos adquiridos en la iv Conferencia Internacional sobre la Mujer, realizada en Pekín en 1995, en Colombia se decretó la Ley 581 del 2000, por la cual «se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones». De acuerdo con esta ley, para ese entonces el país debía crear los mecanismos correspondientes para que la mujer gozara de su derecho a una participación efectiva y adecuada en todos los niveles y ramas de poder de orden público. Para dar cumplimiento a lo anterior, se estableció que la cuantía mínima de cargos de máximo nivel decisorio desempeñados por mujeres debía ser del 30 %. En la actualidad esta disposición sigue vigente en el país.

La Ley 581 enfatiza en la promoción de la participación femenina en el sector privado y propone los Instrumentos Básicos del Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la Mujer. Los instrumentos propuestos son los siguientes:

• Educación en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, y la respectiva promoción de valores de la mujer.

• Acciones orientadas a la comprensión y superación de los obstáculos que enfrentan las mujeres y que dificultan su participación en los diferentes niveles decisorios.

• Capacitación especializada en el desarrollo del liderazgo con responsabilidad social y dimensión del género.

• Disposición de canales efectivos de asistencia técnica.

• Divulgación constante y permanente de los derechos de la mujer, mecanismos e instrumentos para hacerlos efectivos.

Ahora bien, mediante el Decreto 519 de marzo de 2003 el Gobierno Nacional creó la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer como entidad rectora de las políticas para las mujeres. La misión de la Consejería es «diseñar, promover e implementar una política para las mujeres adultas, jóvenes y niñas, que contribuya al logro de relaciones de equidad y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres». Dentro de sus funciones está impulsar la incorporación del enfoque de género en la elaboración de programas, planes y políticas de orden nacional y territorial; apoyar organizaciones de mujeres y velar por su participación en los diferentes escenarios; apoyar la formulación y ejecución de programas específicos de y dirigidos a mujeres, especialmente a las más vulnerables, y asistir al Gobierno en el diseño de políticas orientadas a la igualdad de género.

A partir de diagnósticos sobre la situación de las mujeres en el país, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer puso en marcha en 2003 la política que estableció los lineamientos para «corregir los desequilibrios en cuanto a oportunidades de desarrollo, fomentando la participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural y la construcción de relaciones entre hombres y mujeres» (Uribe, 2014, p. 8), la cual se denominó Política Afirmativa Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo. Considerando la presencia de contenidos sexistas en los textos escolares que impulsan a la mujer a asumir roles tradicionales, así como la falta de docentes formados con un enfoque de género, la política estableció, en el eje de Educación y cultura, fomentar una educación que respete las diferencias de género y que garantice la igualdad y equidad en todos los niveles, tipos y modalidades educativas, brindando atención específica a niñas, jóvenes y mujeres.

En el mismo año, el Gobierno Nacional decretó la Ley 823 de 2003, mediante la cual se han dictado las normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. Su principal objetivo ha sido establecer el marco institucional y orientar el diseño de políticas públicas que permitan alcanzar la equidad e igualdad de oportunidades para las mujeres en el país. En la norma (823) se expone que «el Estado garantizará el acceso de las mujeres a todos los programas académicos y profesionales en condiciones de igualdad con los varones». Para ello, debe no solo eliminar los estereotipos sexistas en torno a la formación profesional, sino también estimular los estudios e investigaciones sobre igualdad de género, facilitar el acceso y permanencia de las mujeres en el sistema educativo, y mejorar la producción y difusión de indicadores educativos con una perspectiva de género. Finalmente, se estableció que es deber del Gobierno promover y garantizar la inclusión de proyectos que promuevan la igualdad de género en el Plan Nacional de Desarrollo, de modo que desde los territorios se logre la igualdad de oportunidades.

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos del milenio, el Conpes social 91 de 2005 planteó como tercer objetivo «promover la equidad de género y la autonomía de la mujer». En términos generales, este objetivo tenía como meta eliminar la desigualdad de género en los niveles de primaria y secundaria para el 2005, y en todos los niveles para el 2015. En Colombia, al no identificarse brechas de género en el acceso a primaria, la meta se redefinió hacia la creación de políticas y normas que permitieran monitorear y evaluar la equidad de género en los ejes de violencia, mercado laboral y participación política.

En 2010 el Congreso de la República decretó la Ley 1413, que busca regular la inclusión y participación de la economía del cuidado1 en las cuentas nacionales, con el objetivo de «medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas». Para ello, el Estado debe establecer los mecanismos necesarios para aplicar en el territorio nacional la Encuesta de uso de tiempo, un instrumento indispensable para obtener información acerca del trabajo de cuidado no remunerado.

En 2012 la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, mediante el Conpes 161, presentó los lineamientos de la Política pública nacional de equidad de género para las mujeres, 2013-2016. Los ejes propuestos y priorizados, con miras a cumplir los objetivos, fueron autonomía económica e igualdad en la esfera laboral y del cuidado; construcción de paz; participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder; salud integral y derechos sexuales y reproductivos; educación de calidad con enfoque diferencial y acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y las comunicaciones; territorio, hábitat y medioambiente; gestión pública, desarrollo institucional, transformación cultural y comunicación como ejes transversales de la política, y lineamientos del Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Por otra parte, los lineamientos de la Política de educación superior inclusiva del Ministerio de Educación Nacional (2013) introdujeron el enfoque de género como estrategia para el análisis de la educación inclusiva. Este enfoque enfatizó en dos aspectos: acceso y permanencia, y pertinencia y calidad. En el primero, planearon incluir la categoría de género en la asignación de créditos y subsidios para la educación, y crear programas de bienestar universitario en la primera infancia, con el fin de incentivar el acceso de la mujer al sistema educativo. Por su parte, en el segundo buscaron incentivar el desarrollo de líneas de investigación, cursos, cátedras y demás con un enfoque de género en las instituciones de educación superior, además de promover la creación y formación de semilleros, grupos de investigación y observatorios, entre otros, relacionados con el enfoque de género.

El artículo 10 de la Ley 1761 de 2015 establece que el Ministerio de Educación Nacional realizará los esfuerzos necesarios para que en las instituciones de educación preescolar, básica y media se incorpore la perspectiva de género en la malla curricular. Se insta a que esta incorporación de las reflexiones sobre la perspectiva de género se centre en la protección de la mujer, y que se realice a través de proyectos pedagógicos transversales basados en la interdisciplinariedad, intersectorialidad e interinstitucionalidad, sin vulnerar las libertades religiosas y la ética de las instituciones educativas. En la misma línea, el parágrafo 1 del artículo 10 ordena que el Ministerio de Educación Nacional presente anualmente informes a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República sobre la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos educativos, así como sus resultados, a partir de la implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento.

En 2016 el Gobierno de turno presentó el Plan Nacional Decenal de Educación, 2016-2026, denominado «El camino hacia la calidad y la equidad». En el séptimo desafío estratégico se propuso construir una sociedad en paz que esté basada en equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género, de tal modo que para 2026 no existiera forma de marginación o exclusión a niñas, jóvenes y adultas. Como mecanismo de seguimiento, el Plan estableció los siguientes indicadores: índice de paridad de género en cobertura, índice de paridad de género en acceso a educación preescolar, básica y media, índice de paridad en la deserción y la aprobación en educación preescolar, básica y media, e índice de paridad de género para graduados de educación superior.

Estos avances en la reglamentación y el reconocimiento de las desigualdades existentes llevaron a que se definieran compromisos y metas claras en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el capítulo titulado «Pacto de equidad para las mujeres». Destaca el compromiso con la reducción de la brecha de ingresos salariales entre hombres y mujeres, la reducción del embarazo adolescente, el aumento de la participación de mujeres en cargos directivos del Estado colombiano en un 50 %, dando también cumplimiento a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la formulación de la política pública nacional de cuidado. Se plantean como estrategias, entre otras, la implementación de un sistema de alertas sobre casos de deserción escolar asociados al género y el fomento de la diversificación ocupacional y profesional de las mujeres, así como el desarrollo de programas de igualdad laboral en los ámbitos privado y público, y la inclusión del enfoque de género en las rutas de equidad laboral.

Leyes de ciencia y tecnología en Colombia

En Colombia se crea por primera vez en 1968 un órgano consultor en temas de desarrollo científico y tecnológico. Con el Decreto 2869 de 1968 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual tenía como principales funciones asesorar al Gobierno Nacional y formular recomendaciones en el diseño y ejecución de una política de ciencia y tecnología. Asimismo, con este decreto se creó el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales «Francisco José de Caldas», adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de coadyuvar la financiación de planes, programas y estrategias en torno al desarrollo científico; establecer estímulos y reconocimientos a las actividades investigativas, y promover las inversiones públicas y privadas en este sector, entre otros.

Durante la década de los ochenta, Colombia atravesó un estancamiento productivo por la falta de progreso tecnológico en el sistema productivo nacional, así como por la ausencia de capital humano altamente cualificado en términos de desarrollo científico. Por ello, en la década siguiente el Gobierno Nacional aprobó la Ley 29 de 1990, por la cual «se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el país». En esta norma se estableció el papel del Estado como promotor del adelanto científico y se le atribuyó la obligación de incorporar la ciencia y la tecnología en los programas y planes de desarrollo económico del país; asimismo, se estableció una triple articulación entre la universidad, la comunidad científica y el sector privado. Con esta norma (29), el Estado tiene la obligación de crear las condiciones favorables para la generación de conocimiento científico, la estimulación de la capacidad innovadora del sector productivo y para la creación de un sistema nacional de información científica y tecnológica.

Posteriormente, en el siguiente siglo, la Ley 1286 de 2009 modifica la Ley 29 de 1990 y transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, además de fortalecer el SNCTeI; es decir, Colciencias se convirtió en una entidad con un rango similar a un Ministerio. El objetivo de la norma (1286) enfatizó en lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, de modo que los productos y servicios nacionales tuvieran un valor agregado y se propiciara una nueva industria nacional. Asimismo, se buscó fortalecer la incidencia del SNCTeI en el entorno social, económico y ambiental, en los ámbitos regional e internacional, mediante la formación de ciudadanos creativos, críticos e innovadores, capaces de influir constructivamente en el desarrollo del país. Entre otras novedades, esta Ley estableció principios y criterios de fomento y estímulo que rigieron las actividades de investigación que realizan los organismos y las entidades públicas:

• La evaluación (los resultados debían ser evaluados y tomados en cuenta para la posterior asignación de apoyos).

• La participación en la toma de decisiones (la comunidad científica y el sector productivo debían ser partícipes en la formulación y determinación de políticas de ciencia en el país).

• Descentralización (los instrumentos de apoyo científico serían promovidos a nivel territorial con el objetivo de fortalecer los departamentos y municipios).

• Revisión y actualización (las políticas y programas implementadas debían ser revisadas y actualizadas periódicamente).

• Transparencia (los criterios de selección fueron de mérito y calidad y mediante convocatoria pública).

• Continuidad, oportunidad y suficiencia (para garantizar el crecimiento y sostenibilidad).

• Divulgación (con el fin de garantizar la divulgación de los resultados).

• Protección (el Estado debía implementar las herramientas para proteger la propiedad intelectual).

Hasta el año 2018, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, fue la entidad encargada de ejercer la administración del SNCTeI y de promover los programas y las políticas de fomento de la CTI en el país. Sin embargo, con la Ley 1951 de 2019 se creó en Colombia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) y se le adjudicó la responsabilidad de velar por una política de ciencia, tecnología e innovación que, además de generar crecimiento y desarrollo en el país, lograra anticiparse a los futuros retos tecnológicos siempre en pro del bienestar de los colombianos.