Kitabı oku: «No lo sé, no recuerdo, no me consta»

CAPÍTULO 1
EL DÍA QUE SE JODIÓ MADRID

Nunca he sido demasiado bueno haciendo pronósticos, así que el día que se jodió Madrid, aquel inolvidable 10 de junio de 2003, le dije a mi jefe de sección en Europa Press, la agencia de noticias en la que trabajaba, que podía apañármelas solo para cubrir la sesión constitutiva de la Asamblea autonómica. No esperaba nada distinto a lo de siempre: unos saludos protocolarios, especialmente sonrientes en la bancada izquierda, ya que el PSOE e Izquierda Unida diseccionaban en aquel momento el Gobierno de la Comunidad para repartírselo. También, quizá, unas aburridas votaciones para elegir los órganos parlamentarios y, como mucho, alguna declaración a los medios de usar y tirar.

El Parlamento regional, que los políticos madrileños construyeron en el barrio de Entrevías para que nadie les pudiera decir que nunca pisaban los barrios humildes del sur, tiene una particularidad que lo diferencia de cualquier otro: su hemiciclo se sitúa en un lateral, con un pasillo central que lo atraviesa y que desemboca en el verdadero lugar de encuentro de todos los diputados: el bar. Aquel día que se jodió Madrid, de camino al centro neurálgico de la política regional —insistiré, el bar—, me crucé con Eduardo Tamayo Barrena. Al verle, recordé la pésima impresión que me había producido unas semanas antes, durante un acto electoral, cuando había adulado hasta la náusea al candidato socialista Rafael Simancas mientras explicaba las carencias que arrastraban los juzgados de plaza de Castilla. Los mismos juzgados en los que Tamayo nunca llegó a declarar por lo que, justo ese día, se disponía a hacer.

La historia es conocida: el adulador se tornó traicionero. El 10 de junio, Tamayo enfiló el mencionado pasillo, se llevó a su compañera María Teresa Sáez de la mano y ambos salieron por la puerta del Parlamento situada frente al supermercado Eroski —el mismo supermercado donde, años después, unos guardias de seguridad trincaron a la presidenta Cristina Cifuentes intentando mangar dos botes de crema cosmética—. Con su ausencia repentina, Tamayo y Sáez, diputados electos, se saltaron la disciplina de voto sin habérselo comunicado a sus compañeros de partido, se negaron a participar en las votaciones para elegir los órganos de gobierno de la Asamblea de Madrid y alteraron la mayoría elegida en las urnas, que pasó, de repente, a caer del lado de la candidata del PP, Esperanza Aguirre. Aquellas elecciones en la Comunidad habían abierto, por primera vez en doce años, la posibilidad de que se configurara un Gobierno de izquierdas presidido por Rafael Simancas, secretario general de los socialistas madrileños. Aguirre, exministra de Educación y expresidenta del Senado, y especialmente famosa por sus continuas apariciones en el programa de televisión Caiga quien caiga, había ganado los comicios de forma ajustada, por apenas 200.000 votos. Un margen insuficiente, sin embargo, frente a la suma de diputados de PSOE e IU, que dejó al PP a un escaño de la mayoría absoluta. Con la jugada de Tamayo y Sáez, sin embargo, se dio la vuelta a la tortilla.

Ese 2003 era el penúltimo año de Gobierno de José María Aznar, quien había desalojado a Felipe González de La Moncloa y acuñado el lema «España va bien» para resumir el «milagro económico» atribuido a su vicepresidente Rodrigo Rato. Desde 1996, cuando Aznar llegó al poder, la tasa de paro se había reducido en ocho puntos, con crecimientos del producto interior bruto (PIB) superiores al 3 %. La bonanza económica, no obstante, no consiguió frenar el desgaste político que habían sufrido los populares por las protestas educativas, por la catástrofe ecológica del Prestige y por la guerra de Irak. Y por algún asunto más. Porque si Madrid se jodió el día del «Tamayazo», es probable que España se hubiera jodido unos meses antes —no muy lejos de la Asamblea— en la faraónica boda de Ana Aznar Botella. La hija del presidente se casó con Alejandro Agag en el monasterio de El Escorial por todo lo alto, con una celebración que parecía un acontecimiento de Estado y que fue organizada, en parte, por la red de corrupción Gürtel. Al enlace, oficiado por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, asistieron los reyes de España, mandatarios extranjeros como Silvio Berlusconi o Tony Blair, y una pléyade de políticos, banqueros y empresarios que, años después, protagonizaron algunos de los episodios más bochornosos de la historia de España. En la boda, esos invitados desfilaban estirados, sonrientes, orgullosos de haberse conocido a sí mismos; la viva imagen del triunfo, la fotografía de una época. De Miguel Blesa a Rodrigo Rato, de Francisco Correa a Luis Bárcenas, de Francisco Camps a Jaume Matas. Todos, manchados por la corrupción. Aunque ninguno de sus tejemanejes era todavía público.

Bodas aparte, la primera cita importante con las urnas de la legislatura 2000-2004 se centró en lo que se denominó «La batalla por Madrid». Aznar quiso proteger la Alcaldía de la capital, por la que pugnaban Alberto Ruiz-Gallardón, que llevaba ocho años presidiendo la Comunidad, y Trinidad Jiménez, quien mostraba el cambio de imagen del nuevo PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. La dirección federal socialista se volcó con su candidata, presentándola en chupa de cuero y con un aluvión de actos denominado «Trinimaratón». Pero Ruiz-Gallardón la derrotó con claridad, haciendo buena la apuesta de Aznar. Sin embargo, el presidente desguarneció la contienda autonómica, en la que Aguirre obtuvo una victoria pírrica frente a la alianza de Simancas con IU. Todo un triunfo para el hijo de un matrimonio emigrado a Alemania y retornado en la década de los setenta a Leganés, que se había convertido en concejal de Cultura de Madrid y cuya habilidad para gestionar los equilibrios y las traiciones internas en la Federación Socialista Madrileña (FSM) le permitió convertirse en el líder regional del partido. Desde esa atalaya, concurrió como candidato a la Comunidad tras el nombramiento de Jiménez para la Alcaldía. A pesar de que muchos madrileños no le conocían, el nuevo mirlo blanco del PSOE, una vez acabado el escrutinio, estaba a un paso de dirigir una administración con un presupuesto total de 14.000 millones de euros; de gestionar la sanidad o la educación de uno de los motores del país.

Las elecciones habían estado marcadas por las multitudinarias movilizaciones contra el entusiasta apoyo de Aznar a la invasión de Irak, ejecutada por una coalición encabezada por tropas de Estados Unidos y Reino Unido. El «No a la guerra» era tan generalizado que en las riadas que recorrieron Madrid aquellos días te podías encontrar —doy fe— a personas que trabajaban para el propio PP. Aguirre hizo una buena campaña y consiguió remontar posiciones, pero se quedó a 30.000 votos de la mayoría absoluta. El recuento de los comicios autonómicos se retrasó por problemas técnicos, por lo que la mayoría de los madrileños se fueron a la cama sin saber que el Gobierno de la Comunidad había cambiado de signo hacia la izquierda. En la habitual imagen de celebración en la sede del PP, Ruiz-Gallardón exhibía una amplia sonrisa, mientras que Aguirre, mucho más seria, comenzaba a encajar la derrota. Estuve aquella noche en el Círculo de Bellas Artes, cuartel general de los socialistas, y recuerdo a Simancas salir del edificio a las seis de la mañana mascullando: «¡Qué trabajito nos ha costado!». Se veía presidente y empezó a actuar como tal. Craso error: un runrún comenzó de inmediato a extenderse entre las élites políticas y empresariales de la sociedad madrileña, rechazando un Gobierno en el que IU pudiera asumir tres consejerías y manejar la política de vivienda. Los periódicos de la derecha alertaban de los riesgos de una alianza «socialcomunista» —tal y como lo hacen hoy, veinte años después, sobre los peligros del Gobierno nacional de coalición puesto en marcha por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Y entonces apareció Tamayo. O más bien, desapareció. El fugado, al que los periodistas no teníamos muy claro si definir como «díscolo», «traidor», «tránsfuga» o incluso «felón» —calificativos que se iban sucediendo en cascada en las crónicas—, justificó su deserción y su negativa a participar en las votaciones parlamentarias por el descontento que decía sentir con las negociaciones que Simancas había entablado con los «comunistas». Como si hubiera descubierto en aquel momento que en Izquierda Unida, tercer partido del Parlamento, había comunistas. Tamayo también se quejaba de que Renovadores por la Base, su corriente dentro de la siempre convulsa Federación Socialista Madrileña, no había recibido suficiente parte del pastel. El líder de este grupo, José Luis Balbás, no atesoraba otro mérito que presumir en sus intervenciones de haber elegido el bando ganador en el doloroso Congreso del PSOE de 2000, al apoyar la candidatura de Zapatero a la Secretaría General frente a la de José Bono. Un mérito del que se enorgullecía paseándose por las tertulias de la cadena conservadora Intereconomía.

Simancas se negó a pactar con Renovadores por la Base y luego pasó lo que pasó. Tras el «Tamayazo», se embarcó en la denuncia de una «trama inmobiliaria corrupta» vinculada al PP, que supuestamente había desbaratado el primer Gobierno progresista en Madrid desde los años ochenta para proteger los intereses de especuladores y grandes empresarios. Uno de los culpables a los que señalaba Simancas era Francisco Bravo, dueño de una empresa de autobuses y militante del PP, quien alquiló dos habitaciones y una sala de conferencias en las que se alojaron los tránsfugas justo después de su deserción¹. Aquel 10 de junio, por la mañana, Bravo tenía una cita en la sede del PP de Madrid, en la calle Génova, con el entonces secretario general del partido, Ricardo Romero de Tejada, quien le recibió para tratar un asunto sobre el municipio de Sevilla la Nueva, según declaró después en la comisión de investigación parlamentaria que se organizó para esclarecer los hechos: «Hablé entre uno y tres minutos con él. Lo conocí hace un año más o menos y lo he visto en dos o tres ocasiones. No sabía que era promotor inmobiliario y tampoco que era afiliado al PP», añadió².

El segundo indicio que vinculaba a los desertores socialistas con el PP eran las llamadas que, el día antes del golpe de mano, se intercambiaron Romero de Tejada y el abogado José Esteban Verdes, también afiliado al PP, quien a su vez estaba en contacto con Tamayo. Ambas sospechas fueron recogidas en una denuncia escrita por el catedrático de Filosofía del Derecho Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, que el PSOE presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y que tardó cinco minutos en ser archivada. Los magistrados argumentaron que los socialistas presentaban como pruebas meras «conjeturas inconexas y sujetas a interpretación múltiple», y que no existían indicios de que los diputados hubieran sido comprados y, por lo tanto, incurrido en un delito de cohecho.

En 2003, la burbuja inmobiliaria crecía a un ritmo nada desdeñable, espoleada por la liberalización que permitió la reforma de la Ley del Suelo de 1998. Esta norma consideraba urbanizable todo el suelo que no fuera urbano ni protegido, bajo la sacrosanta convicción liberal de que, al poner en el mercado una gran cantidad de terreno disponible para construir, su precio bajaría. Los grandes proyectos urbanísticos encontraban financiación pública y privada sin demasiados problemas. En ese ambiente de efervescencia del ladrillo, Simancas comenzó a oficiar en aquellos días previos al «Tamayazo» como presidente in pectore. En una entrevista con el entonces periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez, Simancas aseguró que tenía previsto trasladar la nueva mayoría progresista que existía en la Asamblea hasta el Consejo de Administración de Caja Madrid, en el que, bajo la presidencia de Miguel Blesa, ya circulaban alegremente las tarjetas black desde hacía varios años.

El candidato socialista se presentó a la investidura y la perdió a causa de la abstención de los dos díscolos felones. Sin embargo, la crisis política e institucional posterior, la más grave en la historia de la Comunidad, se saldó con una comisión de investigación esperpéntica que perjudicó sobremanera a la FSM, pues salieron a relucir todos sus trapos sucios, los follones recurrentes por los que la dirección federal del PSOE consideraba a la federación madrileña «una jaula de grillos». El PP, desplegando una estrategia magistral que ha ido perfeccionando con los años, consiguió que calara en la opinión pública un relato que explicaba el transfuguismo no por la intervención de los populares, sino como consecuencia de la actuación de los propios protagonistas; en este caso, por las disputas urbanísticas entre Tamayo y Enrique Benedicto Mamblona, marido de la número dos de Simancas en la Asamblea, Ruth Porta, quien trabajó para una fundación que participaba en la construcción de viviendas protegidas.

De aquel escándalo mayúsculo para la democracia, que nos tuvo todo el verano encerrados en un edificio inteligente —el de la Asamblea— en el que era posible morirse de frío en Madrid en pleno mes de agosto, me quedan básicamente dos recuerdos, y los dos son frívolos, lo que demuestra que la estrategia con la que el PP afrontó aquella comisión de investigación fue todo un éxito. El primero es el ciclópeo «embolicamiento» que la compañera de fuga de Tamayo, María Teresa Sáez, sufrió durante su comparecencia parlamentaria. Abrumada por las preguntas, perdió los nervios y acabó zanjando el asunto con un concluyente «No a todo». Lejos de beneficiar al PSOE, su nula capacidad argumentativa puso de manifiesto la falta de exigencia que el partido tenía a la hora de confeccionar sus listas, con candidatos y candidatas de escasa preparación hasta para hablar en público. El segundo recuerdo que guardo es el denominado «Rap de Tamayo», que Pablo Motos y Raquel Martos cantaron en la Cadena Ser para describir las decenas de llamadas que el tránsfuga se intercambió, el día antes de su deserción, con José Esteban Verdes —pareja de la viceconsejera de Presidencia de la Comunidad, Paloma García Romero, próxima a Ruiz-Gallardón— y con el número dos de los populares madrileños, Ricardo Romero de Tejada: «Vaya trasiego de llamadas. Tamayo llama a Verdes y Verdes a Tejada, Tejada a Verdes vuelve a llamar, van acumulando puntos Movistar»³, decía el rap. Nunca se supo con certeza de qué hablaron los tres en aquellas horas cruciales.

Al cabo de los años, resulta tragicómico que el único condenado por el «Tamayazo» sea Alberto Moreno de Lucas, el extrabajador de Telefónica que sustrajo los datos de las llamadas y que los filtró a la prensa. En una entrevista concedida en 2018⁴, Moreno juró «por la vida» de sus padres que no había filtrado las comunicaciones, y denunció que la investigación, que llevó a cabo el juez de Plaza de Castilla Adolfo Carretero, se había prolongado demasiados años. «Mi padre me ha cogido por las solapas en tres ocasiones en estos quince años: “¡Dime que has sido tú. Si has sido tú, dímelo!”. Y siempre le he dicho lo mismo: “Padre, le juro por madre que yo no he sido”», relató.

El periodista Felipe Serrano, quien mejor ha contado el «Tamayazo» y sus angostos recovecos, sostiene en su libro sobre el escándalo⁵ que el PP no estaba interesado en investigar el caso por razones obvias, y que, cuando Zapatero llegó a La Moncloa en el año 2004, también se desentendió del asunto. Ni siquiera el PSOE ahondó. Un confuso episodio señala que el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha José Bono, siendo ya ministro de Defensa, confió a Simancas que tenía «pillados» a quienes estaban detrás de la deserción, pero que no había encontrado en Zapatero «una actitud muy positiva para mover el asunto»⁶.

Que el «Tamayazo» es una historia inconclusa lo demuestra también la escena que se produjo el 18 de marzo de 2010 en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, siete años después del escándalo. El exdiputado socialista se presentó en la puerta del edificio y, tras enseñar su carné de identidad, apuntó que tenía una cita con la presidenta, Esperanza Aguirre. Cuando los empleados de seguridad comprobaron que no aparecía en la agenda de reuniones, le invitaron a marcharse, pero Tamayo aprovechó la presencia de algunos informadores para adelantar que quería entregar a la jefa del Ejecutivo regional «cierta información relacionada con el exdiputado Ricardo Romero de Tejada» y con la parlamentaria Carmen Rodríguez Flores. «Algo tienen que ver con lo ocurrido en 2003», deslizó, enigmáticamente⁷. La mencionada diputada era amiga íntima del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, quien supervisó durante veinte años la contabilidad B de la formación junto a Luis Bárcenas. Esa caja B se nutría de las donaciones ilegales que abonaban —en metálico— grandes constructoras, que posteriormente resultaban adjudicatarias de concursos públicos, según quedó acreditado en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera época de actividades de la trama Gürtel —sentencia ratificada después por el Tribunal Supremo⁸—. En 2013, la tránsfuga María Teresa Sáez indicó que la popular Carmen Rodríguez Flores se puso en contacto con ella para confesarle que «Tamayo cobró mucho dinero», y para reprocharle que no tenía que haber dejado «pasar tanto tiempo para reclamar su situación»⁹. Sobre esa extraña visita de Tamayo a Aguirre dio más detalles el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, número 3 del partido y del Gobierno, cuando salió en junio de 2017 de la cárcel de Estremera. Nada más dejar la prisión, Granados concedió una entrevista a Eduardo Inda en Ok Diario¹⁰ en la que reveló que Tamayo le había reconocido, siete años antes, cómo pactó el Gobierno de la Comunidad. Estas fueron sus palabras: