Kitabı oku: «No lo sé, no recuerdo, no me consta», sayfa 5
CAPÍTULO 6
EL ASALTO DE LAS CAJAS DE AHORRO
El descontrol en Caja Madrid, que se demostró con las tarjetas black, es a su vez paradigmático de lo que ocurrió en muchas cajas de ahorro españolas durante aquellos años de crecimiento económico y falta de supervisión legal. El poder político fagocitó las entidades de crédito y su obra social. Cada caja se convirtió en el corralito del poder político local de turno, independientemente de su color.
La génesis del problema hay que buscarla en la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA), que el Gobierno de Felipe González impulsó en 1985. En su articulado, dejaba claras sus intenciones: «Democratizar los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, conciliar esa democratización con las exigencias de una gestión eficaz, que debe cumplirse con criterios estrictamente profesionales, y establecer una normativa de acuerdo con los principios que inspira la nueva organización territorial del Estado, sentando al mismo tiempo las bases del régimen de disciplina, inspección y control de estas entidades»1. Pero en la práctica, con contadas excepciones, los Gobiernos autonómicos colonizaron las cajas y cada cual empezó a mangonear la suya. Esa «gestión eficaz» de la que presumía el legislador, que iba a regir el funcionamiento, se tradujo en la concesión de dudosos préstamos a partidos, sindicatos o empresarios amigos, y en la financiación de proyectos ruinosos en una España que se creyó mucho más de lo que era. Los ejemplos sobran: el aeropuerto de Ciudad Real, el Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), el parque temático Terra Mítica en Alicante… Todos, con financiación pública. Todos, condenados al desastre económico y financiero.
En 2009, un artículo del periodista David Fernández calculaba que las 45 cajas de ahorro que existían entonces en España tenían 6.065 representantes en sus órganos de dirección —asambleas generales y consejos de administración—. De ellos, el 34 % —un total de 2.087— había sido elegido a dedo por los partidos2. Del reparto se beneficiaban diputados, alcaldes, concejales, presidentes de diputación y otros cargos regionales, así como familiares y amigos que en muchos casos ocupaban puestos muy bien remunerados en las fundaciones y organismos asociados a las entidades. La batalla que se vivió en Caja Madrid en 2009 por la sucesión de Blesa como presidente da buena muestra de la cruenta pugna que se desencadenaba en los partidos para conseguir puestos. El líder del PP, Mariano Rajoy, vetó la posibilidad de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ocupara la presidencia, y propuso al único candidato al que Aguirre no se podía oponer: el exvicepresidente económico de Aznar, Rodrigo Rato. Durante la negociación de dicho relevo, una cámara grabó una conversación entre Aguirre y González cuando realizaban una visita a las faldas del monte de La Maliciosa, rodeados por medios de comunicación. En la grabación, la presidenta parece referirse al entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, su enemigo acérrimo en el partido, cuyo poder en Caja Madrid también quería disminuir: «Hemos tenido suerte de darle un puesto a IU y quitárselo al hijoputa». La versión oficial de su equipo fue que Aguirre no se refería a Ruiz-Gallardón, sino a otro consejero de la entidad llamado Fernando Serrano3.
El rescate bancario que trajo consigo la crisis de 2008, y que obligó al Gobierno de Rajoy a solicitar la ayuda de las instituciones europeas en junio de 20124, ha dejado una factura enorme a los contribuyentes españoles. En 2019, el Banco de España estableció que el rescate ascendía a 65.725 millones de euros, de los que 42.561 procedían del erario público. La estimación del supervisor es que, de ese dinero, únicamente se recuperarán 14.785 millones durante la próxima década. De todos, el rescate más cuantioso para las arcas públicas, por valor de 22.424 millones, fue el de Bankia, resultante de la unión en 2010 de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Su proceso de fusión y salida a Bolsa el año siguiente acabó en la Audiencia Nacional, con una complejísima instrucción que se prolongó durante meses.
Las investigaciones sobre las entidades bancarias supusieron un reto para todos los periodistas que nos dedicábamos a la información de tribunales, que ya habíamos tenido que especializarnos en el lenguaje y las prácticas de la corrupción política —toda vez que el terrorismo de ETA, que había monopolizado la información judicial durante décadas, iba, afortunadamente, agonizando—. El caso de Bankia es el más complejo que he tenido que afrontar en mi carrera y, años después, reviso con incredulidad los teletipos que llegué a escribir sobre este asunto. El reto me obligó a poder explicar con cierta solvencia, por ejemplo, qué era el «core capital», algo que difícilmente podría volver a hacer hoy sin pedir ayuda a Google.
Bankia salió a Bolsa el 19 de julio de 2011 con unas cuentas que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros. Sus problemas de liquidez se intentaron solventar con un plan de viabilidad avalado por el Banco de España en abril de 2012 y con otro que el Ministerio de Economía rechazó al mes siguiente. Ambos, sin embargo, provocaron la defenestración de Rodrigo Rato como presidente y la reformulación adecuada de las cuentas, que pasaron a reflejar pérdidas por valor de 2.979 millones. El rescate estatal conllevó el desplome del precio de la acción, lo que provocó que miles de familias sin conocimientos financieros especializados perdieran sus ahorros. Las familias que se dejaron arrastrar por una campaña publicitaria con el lema «Hazte banquero» suponían el 60 % de los compradores de acciones, frente a un 40 % de inversores institucionales.
La investigación judicial fue impulsada, sobre todo, por las acusaciones populares a las que representaba el colectivo 15MpaRato, además de UPyD y la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). El juicio se celebró entre noviembre de 2018 y octubre de 2019, y sentó a 34 exdirectivos de la entidad en el banquillo de los acusados, con Rato a la cabeza. La vista se planteó como una feroz lucha de todos contra todos, echándose la culpa mutuamente: Rato, los auditores de Deloitte que avalaron las cuentas fallidas, el Ministerio de Economía de Luis de Guindos —que forzó la salida de Rato—, y el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez —que avaló la operación de fusión y salida a Bolsa—. El máximo responsable del supervisor bancario español llegó a estar imputado durante la instrucción, pero pudo librarse finalmente del banquillo. En su testifical aseguró que no recibió alerta alguna sobre Bankia hasta 2012. Al final, todos los acusados fueron absueltos. El tribunal no consideró a los directivos culpables de los delitos de falsedad contable y estafa a los inversores, a pesar de que la Sala Civil del Tribunal Supremo condenó en decenas de pleitos a la entidad a indemnizar a pequeños clientes que habían comprado acciones por las «inexactitudes» que presentaba el folleto de salida a Bolsa. Esos mismos directivos absueltos, además, habían conducido a Bankia al rescate.
Sin embargo, los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel resaltaron en sus 442 páginas de sentencia que todos los supervisores, desde el Banco de España hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pasando por el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), aprobaron la fusión. Y que el folleto de salida al parqué contenía «una amplia y certera» información financiera y no financiera de la entidad. Según la sentencia, las acusaciones únicamente expusieron «actitudes genéricas y no actos concretos». De esa forma, y a la espera de los recursos de casación que en el momento de escribir estas líneas se han planteado ante el Tribunal Supremo, el caso Bankia se constituye en una estafa sin estafadores.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu también acabó archivando las piezas en las que se investigaba la comercialización de participaciones preferentes, al considerar que no podía demostrarse que se vendieran con la intención de engañar a los clientes. Esta pieza separada del caso Bankia nos regaló declaraciones sorprendentes, como la de Carlos Stilianopoulos, presidente de Caja Madrid Finance Preferred, la entidad que emitió el tóxico producto financiero. El directivo llegó a decir ante el juez que no sabía quién decidió colocarlo en el mercado minorista; es decir, a los abuelos con los que yo me cruzaba en la sucursal cuando tramitaba la hipoteca joven con cláusula suelo, cuyas cuotas sigo teniendo que abonar religiosamente cada mes, a pesar de mi ya lejana juventud.
La investigación por las preferentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) también fue archivada en aplicación de la «doctrina Botín», que imposibilita ejercer la acusación en delitos que no afectan al interés colectivo sin la participación de la Fiscalía y de las acusaciones particulares. En este caso, el Banco Sabadell, que adquirió la CAM por un euro5, resarció a los clientes con la recompra de acciones de la entidad a cambio de cesar en sus acciones legales. La CAM es, probablemente, la entidad que mejor refleja el desastre del sector financiero con el boom del ladrillo: dos de cada tres euros que prestó a empresas inmobiliarias no fueron devueltos6. En 2017, la Audiencia Nacional condenó a los integrantes de su cúpula a penas de hasta cuatro años de prisión por falsear las cuentas, pero el Tribunal Supremo las rebajó a un máximo de dos años por no apreciar que hubiera una «actuación relevante» de los acusados para alterar los balances contables. Por esta misma razón —el falseamiento de las cuentas—, los máximos responsables de Caja Castilla-La Mancha fueron condenados en febrero de 2016.
Los ruinosos negocios de las cajas fueron mucho más allá de los límites del territorio en el que habían sido fundadas, creando enormes agujeros por negocios fallidos que acabaron ventilándose en los tribunales. Las inversiones de la CAM en el Caribe, a través de la sociedad Valfensal, o las de Bancaja en México, con el proyecto Grand Coral, son dos ejemplos de la perversión a la que llegó un modelo que había sido concebido para servir a los ciudadanos y revertir los beneficios en una obra social. El 20 de enero de 2020, la Audiencia Nacional estableció por primera vez que los responsables de una entidad bancaria rescatada, el Banco de Valencia, abonasen más de 93 millones de euros al fondo público que intervino para evitar su quiebra, el FROB. Hasta ese momento, al FROB solo habían llegado veinte millones procedentes de otros litigios, como el que condenó a los antiguos responsables de Novacaixa Galicia por adjudicarse prejubilaciones millonarias unos meses antes del naufragio de la entidad. Cinco de sus directivos fueron condenados a penas de dos años de cárcel en 2015 y dos años más tarde, agotados todos los recursos posibles, la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión.
Entre los acusadores del caso Bankia y del escándalo de las tarjetas black estaba Andrés Herzog, entonces líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y candidato a la presidencia del Gobierno por la formación magenta. En 2016, dejó la política y montó, junto a unos amigos, un despacho de abogados en Madrid. Allí le pido opinión sobre la crisis bancaria y me reconoce que, aunque se consiguieron «cosas históricas» como la imputación de la cúpula del Banco de España, su sensación es «agridulce». Comienzo preguntándole por los fallos judiciales:
—Da la impresión de que todo se ha saldado sin apenas consecuencias: Bankia acabó en absolución, las tarjetas black con penas mínimas, Caja de Ahorros del Mediterráneo lo mismo, Novacaixa, dos años de cárcel... ¿Tiene esa sensación de que el coste ha sido muy liviano?
—Sí, comparto esa sensación. Creo que se ha dado salida a la presión social, se ha aliviado la parte insostenible de los perjudicados a través de la vía civil y de ciertos mecanismos que se fueron improvisando sobre la marcha para compensarles. Pero todo, entendido como parte de una estrategia global, si es que puede hablarse de estrategia, porque hay muchos actores y esto es complicado. Creo que había una estrategia de acallar a los perjudicados y después darle una salida a la crisis que no pusiera en tela de juicio a las instituciones. Sobre todo, a los organismos supervisores: el Banco de España, la CNMV y, por supuesto, el Gobierno, en un plano superior. En esa estrategia ha habido condenas casi simbólicas o no tan simbólicas, pero en hechos que no tenían tanta relevancia, como las black, por ejemplo. Mi impresión con las black es totalmente opuesta. Desde el principio, la Fiscalía y los órganos judiciales lo vieron clarísimo y vieron que era un tema para dictar una condena, digamos, ejemplarizante. Pero en el caso Bankia, no. Era uno por otro. Creo que se pensó dar una lección con las black para que el caso Bankia no llegara a buen puerto.
—Un caso que era más importante, sobre todo por el agujero que dejó, del que se ha recuperado muy poco dinero.
—Se ha recuperado muy poco y, desde el punto de vista económico, no somos conscientes del coste que tiene, de lo que vamos a pagar no solo nuestra generación, sino las venideras. Esto es una hipoteca que, de una u otra manera, acabaremos pagando. Las comisiones parlamentarias han sido un paripé, en mi opinión, casi un circo.
—A mí me da la impresión de que, si no se adoptan controles, esto podría volver a pasar.
—Yo creo que hemos aprendido muy poco, aunque se ha implantado un sistema europeo de supervisión bancaria, que yo creo que se ha puesto en marcha por estos casos y por la constatación de que determinadas instituciones muy cercanas al poder económico están, de alguna manera, capturadas. Había una captura del supervisor, en parte económica y en parte política. Y eso es lo que ha llevado a tener un sistema centralizado de supervisión.
El saqueo de las cajas de ahorro españolas es, en opinión de Andrés Herzog, un «ejemplo de corrupción institucional e institucionalizada». «Todos lo conocían, todos participaban en la tarta y miraban para otro lado», me asegura sin vacilar. «En el tema de las cajas había de todo. Hubo corrupción pura y dura, comisiones en la parte inmobiliaria, porque estoy seguro de que hubo mucha gente que se llevó jugosas comisiones y dinero por el camino. Pero, más allá de eso, el grueso entra dentro de eso que llamamos amiguismo. Una especie de cortijo en el que los partidos políticos utilizaban las cajas para ganar elecciones con obra pública y con proyectos que no tenían viabilidad económica ni sentido, por un lado. Y, por otra parte, también para alimentar su red clientelar y favorecer a determinadas empresas. Todo esto encaja en lo que se llama el capitalismo de amiguetes, que es especialmente grave porque lo pagamos todos. Solo Bankia nos salió a mil euros por español». Herzog está convencido de que la batalla contra la corrupción le pasó una «enorme factura» a UPyD, formación que se extinguió en 2020: «Es el único partido que ha desaparecido. Todos los que estaban trincando siguen donde estaban. Pero el que denunció la corrupción ha desaparecido. Cuando tocas determinados callos, el sistema se revuelve. Hubo otros factores, porque todo es más complejo, pero estoy convencido de que hubo un momento en el que eso no lo podían permitir», explica. El partido que ocupó su espacio, Ciudadanos, nunca tomó el testigo de personarse como acusación popular en causas de corrupción: «Nunca, ni intención, no han tenido ni asomo de ir por ahí. Igual inteligentemente, ¿eh?, también te lo digo…».
Rodrigo Rato es el personaje que sintetiza el auge y la caída de esa España del ladrillo que desembocó en la pavorosa crisis económica. El hombre al que se le atribuyó el «milagro» que permitió el mayor crecimiento de España en democracia acabó devorado por su propia obra. Su imagen tocando la campana en la Bolsa, que simbolizaba el arranque del cuarto banco más importante del país, se truncó el día que un agente de Aduanas le puso la mano en el cogote para meterlo en el coche que iba a conducirle al registro de su despacho, en el marco de la investigación abierta sobre el origen de su fortuna. En marzo de 2021, el magistrado Antonio Serrano-Arnal propuso juzgarle por corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y delitos fiscales en un auto en el que apuntaba que el expresidente de Bankia habría cobrado, presuntamente, 835.000 euros por amañar la campaña de publicidad de la salida a Bolsa, en la que animaba a sus accionistas a «hacerse banqueros». La resolución judicial también le atribuye haber utilizado una estructura societaria en paraísos fiscales con la que repatrió siete millones de euros —tres de ellos, de origen desconocido—, así como haber defraudado a Hacienda en diez ejercicios fiscales consecutivos: todos los contenidos entre los años 2006 y 2015. La Fiscalía Anticorrupción solicitó setenta años de cárcel para él.
Un día antes de que entrara en prisión por las tarjetas black, en octubre de 2018, hablé con Rato para saber cómo se encontraba. Me dijo que, aunque seguiría peleando por su inocencia hasta el Tribunal Constitucional, ingresaba en la cárcel al día siguiente. «Mañana entro y sanseacabó», zanjó7. En su paseo hasta la puerta de la prisión de Soto del Real, el hombre todopoderoso que dirigía la cuarta economía del euro y que llegó a presidir el Fondo Monetario Internacional (FMI), pidió «perdón a la sociedad» por sus errores. Dos años y cuatro meses después, ya se encontraba en libertad condicional. Si sale indemne de su último juicio, no volverá a la cárcel8.
CAPÍTULO 7
EL URBANISMO DESBOCADO:
DE MALAYA AL POCERO
Lo que sucedió en la Comunidad de Madrid, que pude presenciar como periodista, ocurrió en toda España. Desde 1996, el Producto Interior Bruto (PIB) creció por encima del 2,7 %, llegando a los 4,5 puntos en 1999 y a los cinco puntos en el año 2000. Entre 2003 y 2007, siempre se mantuvo por encima del 3 % gracias al «milagro económico» de Rato, santo elevado a los altares del PP madrileño1. El crecimiento extraordinario trajo consigo una desaforada corrupción, como demuestra el hecho de que Granados llegara a explicarle a su amigo Marjaliza cómo podía sacar de España «todo el dinero negro obtenido en esa época loca»2. El extesorero del PP Luis Bárcenas lo definió a la perfección en un escrito que envió a la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2021, manifestando su intención de colaborar en todas las investigaciones abiertas contra el PP: «Era la España en la que todo valía»3.
El país se llenó de fantasmagóricas ciudades de la cultura a medio terminar, de museos vacíos, polideportivos inútiles, aeropuertos sin aviones y puentes sin sentido. Todos los pueblos querían tener AVE y un pabellón de congresos. Todo el mundo se volvió loco y se creyó mucho más de lo que era. Recuerdo a Ignacio González referir esa misma idea en una conversación con los periodistas en la Puerta del Sol: «Lo que nosotros tenemos que hacer es crecer más, construir muchos pantanos, llegar a los setenta millones de habitantes y darle capones con la barbilla a los franceses». Y mientras tanto, las comisiones ilegales y los regalos se multiplicaban. Al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana se le investigó por esconder trece millones de euros en Suiza y Luxemburgo, que se sospecha que provenían del amaño de adjudicaciones públicas como los parques eólicos de su comunidad. Al histórico líder del sindicato UGT en Asturias José Ángel Fernández Villa se le enjuició por el millón y medio de euros que regularizó en la amnistía fiscal, relacionado con la construcción de un hospital geriátrico. Todos los políticos implicados en casos de corrupción en los veinte primeros años del siglo XXI han seguido una máxima que la Guardia Civil dejó por escrito en un informe del caso Púnica en el que se resumía la actuación de Francisco Granados y su jefe de gabinete, Ignacio Palacios: «Quien parte y reparte se queda la mejor parte»4. El urbanismo descontrolado estuvo en muchos casos detrás de la corrupción. En 2005, se construyeron 800.000 nuevas viviendas, tantas como las que sumaron Reino Unido, Alemania y Francia. Pero, lejos de abaratar el precio de un bien de primera necesidad, creció de forma exponencial, hasta el punto de constituirse España como el país de la OCDE en el que más se había encarecido: un 1.022 % entre 1980 y 20035.
El primer gran caso de corrupción que sacudió a la sociedad fue la operación Malaya, que, en más de una treintena de piezas, investigó el saqueo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) a manos del equipo de gobierno que encabezaba el alcalde y presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil, quien falleció antes de llegar a ser juzgado. Cualquier palmo de terreno de Marbella que era susceptible de ser recalificado, se recalificaba. Cualquier adjudicación que se podía amañar, se amañaba.
El cerebro de la trama era Juan Antonio Roca, asesor municipal de Urbanismo, quien se presentaba a sí mismo con la frase «el Ayuntamiento soy yo». «Tengo todo el poder», llegó a confesarle a un abogado, como recoge el perfil que publicó el periodista de El País Fernando J. Pérez: «El hombre que sabía corromper»6. Pérez, especialista en tribunales del diario, cubrió íntegramente el macrojuicio más largo de la historia de España. Le pido que defina al personaje y hace memoria con una metáfora futbolística: «Roca era, salvando todas las distancias y sin ánimo de ofender ni de ensalzar, como una especie de Sergio Ramos de la corrupción. Era el corrupto más completo, se manejaba bien en todos los aspectos del delito: sobornar, invertir, acumular poder y darse la vida padre. Pero tiró un penalti a la grada: dejó su contabilidad secreta y el rastro de los pagos a concejales por escrito, en un cuaderno, y se lo pillaron. El fiscal definió aquello como una ganga para la investigación». Solo el patrimonio de Roca en inmuebles se calculó en 136 millones de euros, con una finca de 130 hectáreas en San Roque (Cádiz) llamada La Morisca; otra en Marbella, bautizada como La Caridad; los palacios de Saldaña, Villagonzalo y Tepa (en Madrid); hoteles en El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia), y pisos y chalés en Marbella, Sevilla, Sotogrande (Cádiz) y Baleares. También adquirió obras de arte y objetos de lujo por valor de 27 millones y gastó otros 31 millones en reformar y amueblar sus viviendas.
Esa colección de arte se mezclaba en un interminable museo con joyas, 43 carruajes históricos y varias decenas de osos, elefantes y jirafas disecados. Incluía más de cuatrocientas obras y antigüedades, entre ellas, cerámicas de Picasso y Jean Cocteau, cuadros de Tàpies o Saura, dibujos de Auguste Rodin o Toulouse-Lautrec, e incluso el famoso lienzo de Joan Miró que Roca había colgado en su cuarto de baño —y que era una copia—. «Es una colección muy buena, para nada hortera, estamos impresionados por el gusto exquisito con el que está hecha», declararon los responsables de la casa de subastas Fernando Durán, que se encargaron de sacar al mercado las piezas con el objetivo de cubrir las indemnizaciones y responsabilidades civiles a las que el jefe del Urbanismo marbellí fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga7. Con el mismo objetivo se puso en marcha una página web que también sacó a subasta las viviendas, terrenos, embarcaciones o relojes incautados a otros miembros de la red corrupta, como la exalcaldesa Marisol Yagüe. Otro de los principales imputados fue el exalcalde Julián Muñoz, quien arrastró al banquillo a su pareja, la tonadillera Isabel Pantoja. A finales de 2020 le pregunté a su abogado, Antonio José García Cabrera, cuántas causas de corrupción tenía todavía pendientes. Su respuesta da idea de la magnitud de este caso: «Ni él mismo lo sabe».
En ese país de constructores y especuladores triunfaron personajes como Francisco Hernando, conocido como el Pocero. Nacido en una familia extremadamente humilde, logró montar una empresa de pocería a base de mucho esfuerzo. Después creó una empresa de envíos en camioneta, más tarde una de hormigoneras y, finalmente, una constructora con la que se hizo millonario. Su anécdota preferida narraba que invitó al rey Juan Carlos a tomar caviar en su yate. En la localidad toledana de Seseña, sobre un secarral, construyó una ciudad de 13.000 habitantes que inauguró el 21 de septiembre de 2007 con un concierto de Falete y Andy y Lucas. Fueron célebres sus broncas con el alcalde del municipio, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, hasta el punto de que acabaron en los tribunales en varias ocasiones. Cuando la crisis estalló, los vecinos que habían comprado sus pisos en mitad de la nada se quedaron sin accesos ni equipamientos8.
En las Islas Baleares también se sucedieron los escándalos de corrupción urbanística, hasta el punto de que las principales figuras de la época, el presidente autonómico, Jaume Matas, y la presidenta del Consell, María Antonia Munar, acabaron en la cárcel. El partido de Munar, Unió Mallorquina, actuaba como bisagra a izquierda y a derecha. Siempre resultaba decisivo para el gobierno de unos y otros, y sus dirigentes lo supieron aprovechar. Los nombres de casos de corrupción inundaban los informativos: Can Domenge, Video U, Maquillaje, Andratx, Palma Arena… Una de las piezas de este último sumario tocó a una institución que hasta ese momento parecía inmune a cualquier actuación judicial: la Casa Real. Así comenzaron las investigaciones sobre un organismo sin ánimo de lucro con el que se enriqueció el yerno del rey y al que me referiré más adelante: el Instituto Nóos.
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