Kitabı oku: «El derecho colombiano y la apertura en los debates sociales contemporáneos»

La democracia y el ciudadano.
Reflexión a partir de
la dinámica electoral
colombiana

ROMÁN FRANCISCO TÉLLEZ NAVARRO

MÓNICA L. FERNÁNDEZ M.

Introducción

A partir de la revisión de ciertos apartes históricos, el presente escrito busca observar algunas de las causas por las cuales Colombia no ha logrado todavía un verdadero proceso de democracia participativa. Con fundamento en la investigación teórica y documental, el texto aborda, desde una perspectiva reflexiva, los procesos de elección presidencial realizados entre el rango de 1991 hasta el 2018 como forma de génesis de un modo de participación en comicios presidenciales. La reflexión concluye la necesidad de dotar de herramientas para que a través de procesos educativos se comprenda el papel preponderante del individuo en la democracia participativa.

Uno de los procesos más significativos, que afectaron el devenir social de Colombia, fue la publicación de la Constitución de 1991. Se pasó de una constitución de tinte liberal con supremacía de la ley a un Estado social de derecho bajo la fórmula del constitucionalismo, como teoría jurídica de los límites de poder.

En dicha carta política, se estableció como núcleo fundamental el principio humanitas, bajo el cual se crearon mecanismos para su real y efectiva protección. Es así como a partir de esta, se instituyó un compendio de mandatos fundamentales, dirigidos a salvaguardar la dignidad humana, sin cuyo goce y amparo sería imposible tener una vida medianamente tranquila y digna.

Con el cambio de una democracia netamente representativa a una democracia participativa, que operó a partir de la Constitución Política de 1991, se responsabilizó al ciudadano frente a los temas de mayor relevancia en el país, en la medida en que la democracia participativa otorga a la intervención un alcance que trasciende a los procesos estricta y meramente electorales, pues también se establecieron los mecanismos de participación ciudadana, dándoles alcances mayores como a la consulta previa, que de acuerdo con Sánchez (2008), se le otorgó el rango de axioma fundamental. Empero, son evidentes, en estos temas, los altos índices de abstención, así como la desinformación y las decisiones emocionales e individuales, que no permitieron que la intención de la democracia en Colombia se diera con la finalidad que se creó; por lo tanto, es necesario reforzarla, mediante procesos de apertura social y política, que se inclinará por la formación de un ciudadano que supiera y pudiera participar, es decir, un ciudadano educado.

La participación ha sido instituida bajo un criterio orientador del Estado político a la actualidad (Fonseca, 2012), y eso implica que, con el argumento del Tribunal Constitucional, las autoridades están obligadas a facilitar y promover la participación de la sociedad civil en las cuestiones de decidir iniciativas competentes al mejoramiento y salvaguarda de la ciudadanía (Sentencia C-180 de 1994). Para la jurisprudencia constitucional:

Mirada desde el punto de vista de la dogmática constitucional, la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado Social de Derecho, y que, en relación con el régimen constitucional anterior, persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales. Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la participación democrática es un derecho-deber, toda vez que le concede la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social que involucra intereses colectivos. Esa facultad no se circunscribe a los procesos propiamente políticos, y su ejercicio debe estar adecuadamente garantizado, pues así lo exigen las mismas normas superiores. (Corte Constitucional, Sentencia C-1338 de 2000)

De esta forma, de acuerdo con Fonseca (2012), la democracia participativa busca transformar el sistema político tradicional, que restringe la democracia solo al voto para elegir y ser elegido, en la medida en que el poder público está basado en el principio de la democracia representativa y obtiene su legitimidad del sufragio ciudadano (Rendón, 2004).

De esta manera, el objetivo es transformar la democracia en un verdadero control de poder político, que implique la presencia de un ciudadano más activo y consciente del rol en la dirección de su ciudadanía, individual y colectiva, respecto de sus políticas sociales e individuales. No obstante, en todas las reglas y mecanismos de participación política existentes en el ámbito político, social y comunitario, se observa que la falta de intervención se sigue presentando, lo que trae consigo la deslegitimación de los procesos participativos. En efecto, en lo que concierne al escenario estrictamente electoral, la democracia participativa apunta a tener un ciudadano comprometido que participe en las elecciones; sin embargo, la realidad es que en Colombia se cuenta con altos índices de abstención electoral. Es por esta razón que el presente texto constituye el resultado de una investigación conjunta desarrollada por investigadores de la Universidad Militar y de la Corporación Universitaria Republicana, en la cual se intentó dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿desde la dinámica electoral puede decirse que ha existido o existe una verdadera democracia participativa en Colombia?

Desde la perspectiva metodológica, la respuesta a la aporía investigativa planteada, el trabajo investigativo desarrollado, se circunscribió al paradigma hermenéutico-interpretativo y a partir de esta perspectiva, se usó el enfoque cualitativo. Posteriormente, se siguió el método científico con lo analizado, la sintetización, procesos inductivos y deductivos, y se usaron sinérgicamente otros métodos determinados al observar y conceptuar. También se aplicó el estudio de caso fundamentado en el análisis, descripción, explicación, predicción y proyección de contextos singulares. En detalle, la estrategia metodológica utilizada consistió en el análisis documental, esto es, la revisión de un importante número de fuentes bibliográficas que a nivel doctrinal y jurisprudencial permitieron afrontar la problemática planteada.

Breves apartes icónicos
de la democracia en Colombia

En 1853, gracias a la posibilidad entregada por la norma superior de la Nueva Granada, promulgada en Provincia de Vélez, se emitió la Constitución que llevaría su mismo nombre. En este acuerdo, se dijo que las mujeres podían sufragar; sin embargo, algunos investigadores, como Peña Aguilera (2013), señalaron que no existía evidencia alguna de que ellas lo hayan hecho. ¿Cuáles fueron las razones?, posiblemente, y bajo la hegemonía patriarcal de la época, que ningún marido concedió el respetivo permiso para que las mujeres de su familia ejercieran un derecho que estaba reservado solo para los varones.

Colombia, luego de ser uno de los países pioneros en reconocer este derecho político en Latinoamérica, pasó a ser uno de los últimos en conferir la posibilidad de decisión a las mujeres. Cien años después del antecedente de la Constitución de Vélez, en 1957, se cristalizó este derecho, iniciado con el proceso de cedulación de las futuras sufragantes. Lo paradójico radica en que el derecho se otorgó mientras Colombia era gobernada por una dictadura militar, con el referendo de 1954.

El 9 de abril de 1948, fue asesinado uno de los candidatos presidenciales con mayores opciones de ganar las elecciones de la época. Jorge Eliécer Gaitán representaba el sentir de las mayorías y por esto se autoproclamó el candidato del pueblo. Hoy todavía es un misterio quién ordenó su muerte, pero lo incomprensible es que mientras asesinaban a Gaitán, se celebraba en Bogotá la IX Conferencia Panamericana, en la cual se dio origen a la Organización de Estados Americanos, en cuya carta fundacional se estableció que uno de los principios fundantes era la estructuración de una robusta democracia con representación fundada en la égida de la no intervención. Posterior a este episodio, se inició una guerra civil en Colombia, periodo conocido como La Violencia.

En el imaginario colectivo colombiano, se dice que entre 1953 y 1957, en Colombia se vivió una dictadura militar, encabezada por el general Rojas Pinilla. Sin embargo, tal como lo señaló Iriarte (1998), en Colombia han existido tres dictaduras:

en 1854, que, como dictadura, fue un estupendo tema para un sainete o una opereta bufa que nunca se compusieron. La segunda, según la historia oficial, fue la del general Rafael Reyes, uno de los gobernantes más conciliadores y progresistas que ha tenido este país, que abandonó el gobierno en cuanto comprobó que sus compatriotas ya no lo querían en la presidencia. Y la tercera es la dictablanda del general Rojas Pinilla. (Iriarte, 1998, p. 184)

Luego de la caída del periodo presidencial del general Rojas Pinilla y de los efectos de la rivalidad generada entre el bipartidismo del momento, en 1957, decidieron adoptar la enmienda constitucional conocida como el Frente Nacional, que prescribió la sucesión alternada de ambos partidos en la presidencia (Velásquez, 2018). Este fenómeno político, que pretendió desvanecer la violencia generada por esas dos colectividades, permitió que los liberales y los conservadores se repartieran el poder hasta 1974. Dicho proceso fue refrendado por un plebiscito, en el que el pueblo eligió afirmativamente la aplicación de esta repartición. El poder fue ejercido por los dirigentes conservadores y liberales alternadamente, quienes pactaron la forma de gobernar, sin contar con la aprobación popular. Finalmente, durante este periodo, como lo señalaría Álvaro Salom Becerra, “al pueblo nunca le tocó”.

En Colombia, se dice que las dictaduras no han existido, sin embargo, como lo sostiene el escritor Alfredo Iriarte, en el periodo comprendido entre 1914 y 1926, es necesario revisar el influjo del catolicísimo en los procesos electorales. Este autor señala que para dicho periodo, quien avalaba las candidaturas era el cardenal primado de Colombia, para lo cual, los precandidatos, normalmente todos del partido conservador, pedían cita en el centro de Bogotá para poder reunirse con el cardenal y este avalaba quién debería ser el próximo presidente. Así lo entendieron muchos candidatos, en especial, los jefes conservadores, que sabían, sin la mínima duda, que solo llegaría a la presidencia quien fuera señalado como tal por el dedo jupiterino del enviado de Dios, sumo y revelador de herejes (Iriarte, 1998). Luego, el cardenal enviaba el mensaje a las diferentes parroquias, y los curas desde los pulpitos, señalaban por quién debía votar, esto bajo la premisa de que quien votara por un liberal era un pecador.

Esta manifestación resultó no solo ser la demostración de la influencia que el partido conservador colombiano tuvo en toda América Latina en el siglo XIX (Velásquez, 2018), sino, además, la expresión del dominio que la iglesia católica ejerció, en Colombia y en toda la región, resultado de la cultura política heredada desde la época de la colonización. Una Iglesia centralizada, jerárquica y conservadora que al predicar la resignación cristiana, lograba que con conformismo se aceptaran de manera pasiva las estructuras de mando verticales (Emmerich, 2000). Y aunque si bien, hoy en día, la Iglesia ostenta un panorama del ser social, caracterizado por la intervención y participación social, las influencias sobre el electorado continúan siendo no solo de orden religioso, sino que se han ampliado las formas y los medios para intervenir en las decisiones de la ciudadanía, sobre todo cuando de elecciones se trata.

La democracia en la Constitución
Política de 1991

Desde hacía varias décadas, Colombia había estado permeada por la desazón y la falta de futuro, la violencia generalizada, la corrupción de los funcionarios públicos, la mezcla mortal de los grupos armados e ilegales con el narcotráfico, que junto a una constitución decimonónica hundieron al país en un sin salida. Para ese entonces, la democracia era una democracia clásica y representativa, en la que el ciudadano elegía, pero no era elegido, porque la elección, como lo señalaba William Ospina, era una cuestión de castas y linajes políticos, donde algunos grandes mercaderes, auspiciados y financiados por los narcotraficantes se hacían elegir.

Se trataba por supuesto del reflejo de la sociedad elitista que ha acompañado a Colombia, e incluso a América Latina, desde los tiempos de la independencia. Una concepción aristocrática de sociedad en la que los ciudadanos comunes podían ser incluso despreciados, debido a las rígidas estructuras jerárquicas heredadas de España (Emmerich, 2000; Velásquez, 2018). Fue entonces cuando surgió como un grito desesperado la Asamblea Nacional Constituyente para sacar el país de “la horrible noche”, siendo una de las consignas preponderantes, tal como lo señalaron Mejía y Jiménez (2005), la transformación del Estado en una democracia, con una propuesta plural y una ciudadanía que participa bajo la institución democrática y en paz.

Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente se inscribe como uno de los movimientos de América Latina que, al cerrar el siglo XX, buscó la fortaleza en las instituciones bajo preceptos democráticos y de un ambiente participativo. Como se evidencia, se buscó dotar a la ciudadanía de herramientas para que tomara partido en las decisiones de trascendencia, construyendo una participación entusiasta, donde la sociedad fuera incluyente y con opinión del conglomerado social, ya que la institucionalidad se solidificará por presupuestos democráticos más participativos y capaz de satisfacer las necesidades del orbe social. Por esa razón, una participación entusiasta, por parte de la ciudadanía, puede generar dirección y decisión, cuyos ejes de implicación irrigan en el componente social.

Este movimiento significó avanzar en otra etapa del comportamiento político, esto es, cuando el sujeto participante hace mella con su voz y el sufragio como opción de pronunciarse, per se, dichas conductas en varios países fueron reprimidas por obra de las dictaduras, pero ello eclosionó en nuevas luchas por garantizar la democracia en el bloque latinoamericano a finales del siglo XX (Emmerich, 2000).

Sin embargo, este cometido no ha dado el resultado esperado, pues, como lo señalan varios autores, luego de promulgada la Constitución, y de acuerdo con sus investigaciones y la evidencia en la década de los noventa del siglo XX, sobre la democracia, se demostró que la Constitución del 91 no logró el fin de la democracia participativa original, sino que se construyó una democracia bajo los modelos del plebiscito, correspondientes a élites políticas, y de negociaciones, pero sobre todo sin el componente político que se esperaba (Sarmiento, 1997; Dávila, 1997; Restrepo, 1998; Gutiérrez, 1998; Múnera, 1999).

Tal como lo afirmó Emmerich (2000), la genealogía de Latinoamérica recuerda la substracción del poder determinado por élites, que en sus discursos, acordaron las doctrinas constitucionalistas con las que han vulnerado el componente de soberanía popular. De este modo, se afirma que el gran problema del siglo XXI es el de consolidar la democracia participativa; sin embargo, se entiende que es un camino lento en la medida que engloba la convicción ciudadana en sus estadios complejos y plurales con eje transformador, el cual dirige la masa política.

Así pues, siendo que en Colombia el modelo de democracia participativa no ha dado los resultados esperados, se puede observar cómo, desde la emisión del acuerdo constitucional de 1991 y bajo el nuevo modelo de la democracia, se han realizado siete elecciones presidenciales, siendo el abstencionismo el fenómeno más evidente de la democracia participativa, con los siguientes resultados (tabla 1).

Tabla 1. Estadísticas de las elecciones presidenciales desde 1991, segunda vuelta

Fuente: Registraduría General del Estado Civil (2018).

Como se observa en los datos registrados, el promedio de abstención se acerca a un 53 %, cifra que verdaderamente sorprende, ya que más de la mitad de la población no se involucra en los procesos democráticos. Como lo explican diferentes organismos, existen múltiples factores, estudios y teoría al respecto, señalados con la CIDH, como lo son los factores sociodemográficos, factores psicológicos y factores políticos; incluso, las diferentes percepciones, como las señaladas por la Registraduría Nacional colombiana, en el texto del 2013, que se aproximan a los determinantes de abstención electoral en Colombia.

No obstante, la inexistencia de estudios serios, por parte de la organización electoral, que identifiquen las causas particulares por las cuales en Colombia el abstencionismo es tan elevado y, más aún, las estrategias que permitan contrarrestar este fenómeno. Pese a esto, según otros estudios, este comportamiento, visto desde la perspectiva de la apatía y retraimiento, podría responder a una cultura de la sumisión propia de América Latina que, a excepción de los pueblos amerindios del bloque norteamericano y suramericano, funda sus raíces en las sociedades prehispánicas, donde las más avanzadas y organizadas civilizaciones precolombinas se caracterizaron por ser sociedades inequitativas, porque su sistema fue estricto en propender progenies y en la devoción al Dios como último gobernante. Características que se verían luego impactadas por la concepción aristocrática de jerarquías sociales rígidas heredadas a través del proceso de colonización, cuando los “novohispanos” eran considerados súbditos, cuya destinación era la sumisión y callar en los asuntos públicos y gubernamentales. Por ello, las instituciones españolas, absolutistas y centralizadas, no permitieron la génesis de clases criollas, con el fin de dirigir (Emmerich, 2000).

Toda esta herencia podría explicar, entonces, por qué se ha logrado avanzar por los caminos de la democracia, si el ciudadano del común se siente alejado de una élite que constituye la “clase dirigente”. Se trata de una cultura política que es, además, el reflejo de una realidad donde prevalecen las desigualdades sociales y económicas, que ubican a Colombia en el tercer lugar de desigualdad en el marco global, superado por Haití y Angola, según la ONU (2011) en el Informe sobre desarrollo humano. En dicho informe, la ONU mostró que se ha pretendido realizar una cultura política de participación ciudadana, pero que ha sido obstaculizada. Tal como lo han afirmado Cuéllar y Oseguera (2008), “las condiciones de pobreza y pobreza extrema no permiten el desarrollo de una democracia plena” (p. 244). Sin hablar del clima de violencia, en distintas zonas del país, que tampoco ha permitido el desarrollo de condiciones favorables para la participación ciudadana.

Pese a esta perspectiva, algunos estudios realizados sobre al abstencionismo electoral han concluido que el fenómeno de la abstención permite pensar en una expresión de protesta y no de apatía (Zabala, 2010), lo cual hace imperioso atender el abstencionismo, pues, en efecto, si se considera que uno de los principios en que descansa la democracia es que los ciudadanos se interesen y estén motivados en la política, el hecho de que gran parte de la población no ejerza su derecho al voto, siendo este el recurso democrático por excelencia, la abstención puede ser el mayor síntoma de una “enfermedad” en la democracia.

De acuerdo con Zabala (2010), para la sociología de la abstención electoral existen dos razones fundamentales que explican este fenómeno. Por un lado, están quienes consideran que la abstención constituye una manifestación de exclusión pasiva, debido a la influencia de factores individuales, como el nivel de educación, la raza, el ingreso y la edad, entre otros. Por otro lado, se encuentran aquellos que consideran la abstención como una manifestación de protesta activa, especialmente, por el inconformismo que suscita la ineficiencia política; así como el desinterés por la política como factor de abstención se considera como una expresión de protesta. Pero, sea cual sea la razón que explique la abstención electoral, una cosa es evidente y es que en una democracia, un alto índice de rechazo, frente a un sistema político, resulta ser un asunto de gran relevancia que es necesario atender.

En efecto, si la democracia participativa se entiende como óbice metodológico para la participación ciudadana en el componente gubernamental, de acuerdo con Sánchez y Muriel (2007). Para lograr dicho objetivo, es necesario procurar el aumento de personas que sean titulares del sufragio, con el fin de propender creciente participación en asuntos públicos decisivos. A partir de esto puede concederse una convicción de lo político con el fin de determinar una soberanía que promueve la unión volitiva y consecuencia de ello, la concreción de un proyecto político.

Los procesos electorales
en Colombia

Cuando la Constitución de 1991 se sancionó, y con la apertura a la pluralidad de partidos, se dio inicio a un proceso democrático más incluyente. No obstante, la evidencia ha señalado que los partidos siguen siendo de unos pocos. Hay incluso quienes señalaron que en Colombia los sistemas de partidos dejaron de lado el bipartidismo tradicional para dar paso al sistema de múltiples partidos, pero realmente lo que se dio fue el “fraccionamiento de los partidos políticos tradicionales” (Velásquez, 2018, p. 140). El maestro Carlos Gaviria Díaz (2017), por ejemplo, en una conferencia ofrecida en Viena, señaló con referencia a las consideraciones expresadas acerca de los partidos, citando al expresidente Alfonso López Michelsen, que el constitucionalista argumentaba que cuando las elecciones se realizaban en regímenes absolutistas era “la carrera de un solo caballo”, y que cuando, al contrario, los regímenes eran democráticos, “la carrera se daba con varios caballos”, pero del mismo dueño.

Señaló también el maestro Gaviria (2017), en la citada conferencia, que cuando participó en diferentes campañas electorales en la costa norte de Colombia, una señora se le acercó y le dijo: “Doctor Gaviria no vaya a creer que aquí existen personas que compramos y vendemos los votos, aquí compramos y vendemos los votos”. Este asunto de la compra y venta de votos en Colombia es un secreto a voces, diferentes columnistas, escritores y doctrinantes lo han venido denunciando, sin embargo, hasta la fecha no ha ocurrido nada al respecto.

Así pues, Noam Chomsky (2017) ha señalado que en el mundo existen diez estrategias para la manipulación mediática de las personas, poco a poco estas se convierten en un credo para las clases dirigentes. Las mismas serán citadas solo a manera de ejemplo sin mayores exámenes:

1. La distracción. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. 3. La gradualidad. 4. Diferir. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. 9. Reforzar la autoculpabilidad y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismo se conocen. (p. 3)

¿Pero quién puede utilizar a su favor estas estrategias?, como señalaría Saramago, solo los ricos que tienen el capital y los mass media a su disposición y servicio, no solo para lo anterior, sino para pagar encuestas con ciertas metodologías que, de acuerdo con Palomares (2017), citando a la Corte Constitucional, presentaron problemas en la fundamentación constitucional de esta función electoral. Es por lo anterior que José Saramago (2014) sostiene que en el mundo son escasas o nulas las democracias y son muchas las plutocracias.

El voto en blanco como
alternativa de participación

Una de las formas electorales que ha tenido Colombia desde la década de 1970 ha sido el voto en blanco, esta posibilidad se ha dirimido en un mecanismo de participación, porque de su aplicación surge un veto social, una muerte política para los candidatos. No obstante, este mecanismo carece de significancia para el Estado y para la ciudadanía, razón por la que la Corte Constitucional arguyó en el examen que realizó de la Ley 84/93, y dispuso materia electoral para así no restarle importancia al voto en blanco:

equivale a hacer nugatorio el derecho de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad que también debe tutelar toda democracia. Desconocerle los efectos políticos al voto en blanco, comporta un desconocimiento del derecho de quienes optan por esa alternativa de expresión de su opinión política. (Sentencia C-145 de 1994. M. P.: Alejandro Martínez Caballero)

Conforme lo dicho por la Corte Constitucional, en el sistema de participación política, el voto en blanco es una expresión de disenso cuyas consecuencias son políticas, promoviendo el espacio de libertad del sufragante, con un resultado decisivo en los comicios (Sentencia C-490 de 2011. M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva). Así pues, prima la participación en democracia, desde la génesis de la Constitución de 1991, pero son pocas las ocasiones en las cuales el voto en blanco ha sido verdaderamente relevante. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (2017), estos han sido los resultados:

2003. Elección de alcalde de Susa (Cundinamarca): Gana el voto en blanco por mayoría absoluta. 2007. Elección de alcalde de Maní (Casanare): Gana el voto en blanco al candidato con mayor votación, no por mayoría absoluta, sin efectos legales. 2010. Elecciones de Parlamento Andino. Gana el voto en blanco al candidato con mayor votación, no por mayoría absoluta, sin efectos legales. 2011. Elecciones de alcalde de Bello (Antioquia): Gana el voto en blanco por mayoría absoluta, con efectos legales. 2013. Elecciones atípicas de Gobernación del Huila: El Consejo Nacional Electoral ordena quitar toda la publicidad del voto en blanco, ante la inexistencia de un comité promotor. Esta decisión fue demandada y se encuentra en estudio ante el Consejo de Estado. (p. 5)

Como se observa, en dos ocasiones el voto en blanco ha generado los efectos por los cuales se creó; no obstante, la población colombiana prefiere dejar de votar, es decir, abstenerse de votar y permitir en últimas que otros elijan por ellos. En el 2015, dos pueblos colombianos, Tinjacá (Boyacá) y Florida (Valle del Cauca), dieron ejemplo en la utilización del voto en blanco, ya que en el proceso electoral para la escogencia popular de alcaldes, ganó el voto el blanco, convirtiendo este en un verdadero mecanismo de participación ciudadana.

Sobre el voto en blanco, el escritor José Saramago, en su libro, Ensayo sobre la lucidez, escribió una novela política que cuenta la historia de una ciudad capital de gran importancia, en la cual, en un proceso electoral, ganó el voto en blanco con un margen cercano al 83 %. Lo anecdótico de este texto, es que al lanzamiento del libro asistió el expresidente de Portugal, Mario Soares, quien increpó a Saramago por el mensaje del libro, de la siguiente manera, según Saramago:

En medio de un debate muy vivo, él me miró un poco descontento y me dijo: “¡pero hombre! ¿Usted no entiende que 15 por ciento de votos en blanco serían el descalabro de la democracia?” Y yo contesté: “¿y 40 o 50 por ciento de abstenciones no son el descalabro de la democracia?” Él no contestó, se quedó un poco indeciso, pero la conclusión a la que todos nosotros tenemos la obligación de llegar —y no porque yo lo diga, sino porque, sencillamente, la evidencia es la evidencia— es que entre la abstención y el voto en blanco, los políticos prefieren la abstención. (Saramago, 2006, p. 40)

A la premisa anterior, se debería agregar que para el sistema político reinante es preferible que la gente no piense, es decir, que no decida, pues la abstención hace que una elección sea legítima con un porcentaje de electores que a todas luces es bajo. El ciudadano que vota en blanco, al contrario del que no vota, logra expresar su disconformidad de manera explícita, convirtiendo al voto en blanco en un voto antisistema, en la expresada rara combinación de ser “un voto antisistema dentro del sistema” (Cotarelo, 1991).

Así pues, recordemos cómo solía ser la sociedad de la antigua Grecia e inspirémonos en ella. Según Aristóteles (citado por López, 2013), la sociedad clásica griega evidenciaba un buen ejemplo de participación de lo público, ya que 1.4 de habitantes tenía alguna clase de participación de lo público y aquel quien no tuviera injerencia por los asuntos públicos, era considerado un idiota (ilota), un ciudadano egoísta al no ejercer sus derechos y obligaciones.

En la sociedad actual, al contrario, la democracia no tiene mucha credibilidad, desde la visión de sistema —con el objetivo del deliberar sobre lo público— y se pone en entredicho el criterio de legitimidad de instituciones del Estado y posee un vacío de espíritu y ciudadano determinado en apatía y desinterés en querer participar. De acuerdo con López (2013), la sociedad contemporánea atraviesa un quiebre cultural causado por “una industrialización irreflexiva, el individualismo exacerbado y la indiferencia política” (p. 62). Por lo tanto, el antídoto que se plantea es la educación cívico-política, con el fin de buscar el fortalecimiento de la cultura política y democrática a través del fomento de valores cívico-éticos como la participación.

No obstante, esta propuesta, dirigida hacia la educación, existe otro sector que plantea como solución al abstencionismo, la posibilidad de instaurar el voto obligatorio en Colombia, con consecuentes sanciones sociales y económicas. Se estima que esta propuesta generaría una incertidumbre sobre sus consecuencias, sin descontar la oposición que podría suscitar, debido al actual entorno socioeconómico del país (Beleño y Vásquez, 2017). En efecto, podría pensarse en que esta forma de compulsión haría que el ciudadano en lugar de ejercer este derecho con convicción y compromiso, lo ejerciera como un deber, probablemente con el único fin de evitar una sanción, con lo cual, desde esta perspectiva, la instauración del voto obligatorio no contribuiría a la solidificación democrática.

Conclusiones

A pesar de la buena intención del constituyente y de la Constitución de 1991, y aunque autores, como Barragán (2016), consideren que esta norma superior, “abre la posibilidad de la participación ciudadana a todos los sectores de la sociedad civil, que representan el conglomerado total de los habitantes del territorio” (p. 12), los procesos democráticos continúan siendo iguales a los anacrónicos y mantienen los inconvenientes de procesos de los siglos pasados. Los linajes, el compromiso de los mass media en favor de uno u otro, las financiaciones por parte de grupos no acordes a la ley, continúan permeando comisiones electorales en Colombia. Es por lo anterior que, como lo sostuvo el profesor Carlos Gaviria Díaz, en Colombia la democracia no existe y, más aún, cada vez se confirma la tesis del escritor José Saramago, al indicar que en el mundo no hay democracias sino plutocracias.

Actualmente, el modelo de toma de decisiones es pluralista, pero democrático con restricciones, y aunque es deliberado no logra proteger grupos minoritarios, se califica como abierto y estructura limitaciones a aquellos que no gocen de recursos económicos suficientes (López, 2017). De este modo, cada vez es más evidente, a pesar de las críticas de Bobbio, que es necesario realizar procesos educativos con la finalidad de dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para que asuman su rol con la democracia. Estas herramientas deben permitirle al hombre del común tomar decisiones forjadas bajo su criterio, su razón y su conveniencia pública y no sobre especulaciones, sentimientos o interferencias exógenas y menos sobre intereses particulares, como un favor político o un puesto para él o para los suyos. Es necesario también, en este proceso educativo, involucrar a la ciudadanía en los asuntos de interés común, empezando por cosas básicas o simples, desde no arrojar basura al piso, ceder la silla a las personas que la necesiten, hacer la fila, hasta procesos de mayor relevancia como la elección de los gobernantes.

El camino de la educación consolidaría una cultura ciudadana que permitiría elevar y fortalecer los valores democráticos. En el escenario educativo, se estima la necesidad de intensificar los esfuerzos para contribuir a la proyección de un ciudadano capaz de comprender sus obligaciones, asumir y hacer respetar sus derechos. En efecto, de acuerdo con Woldenberg (2007), es imprescindible elevar el nivel de una cultura cívica propiamente democrática, para que la participación de los ciudadanos se realice de manera consciente, informada y libre, creando la respectiva política pública, entendida como el instrumento idóneo para consolidar la gestión y actividad del Estado (Molina, 2017).

En la actualidad, gran parte de los colombianos ven lo público como un asunto que no les pertenece o no les incumbe, consideran que son menesteres en los cuales ellos no deben y no pueden participar. En consecuencia, se presenta la apatía y la poca intervención en sus decisiones, empezando por el abstencionismo. Igual indiferencia se evidencia en las autoridades electorales, pues no existen estudios completos sobre la abstención, que muestren cuál es la población que más se abstiene de votar y mucho menos sus razones.

Como alternativa, para repensar la democracia como lo exige Saramago, es necesario utilizar los mecanismos con los que cuenta la Constitución, con el fin de que los ciudadanos tomen decisiones adecuadas respecto a lo público. La revocatoria del mandato y el voto en blanco son ejemplos claros de lo que se puede hacer cuando la inconformidad reina dentro de la población. ¿Qué ocurriría si en una elección presidencial, aquellos que se abstenían ahora votaran en blanco?, posiblemente empezaríamos a repensar nuestra democracia a partir de una reflexión acerca de los partidos políticos que existen y que dominan. Posiblemente se rompería con la vieja tradición de que en Colombia siga reinando y triunfando el bipartidismo y necesariamente, por primera vez, los ciudadanos ya no solamente votarían, sino que verdaderamente decidirían.

Referencias

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Beleño, Y. y Vásquez, J. F. (2017). El voto obligatorio en Colombia. Revista Ánfora, 24(42), 139-164.

Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 1994. M. P.: Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M. P.: Hernando Herrera Vergara.

Corte Constitucional. Sentencia C-1338 de 2000). M. P.: Cristina Pardo Schlesinger.

Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011. M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abstencionismo electoral. http://www.corteidh.or.cr/tablas/14910.pdf

Cotarelo, M. C. (1998). Abstención electoral y voto en blanco en Argentina desde 1991. Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. Comunicación de investigación. http://pimsa.secyt.gov.ar/publicaciones/C5.pdf

Cuéllar, A. y Oseguera, R. (2008). Las instituciones en vilo. Derecho y democracia en América Latina. Revista Novum Jus, 2(1), 235-258.

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