Kitabı oku: «La derrota de lo épico», sayfa 6

De encubrimiento también podríamos tildar la actitud de los alcaldes de los municipios coruñeses de Padrón y Val do Dubra en 1944. Ambos decidieron no iniciar diligencias contra varios individuos de sus ayuntamientos que infringían la ley de pesca fluvial, lo que les granjeó una queja por parte de dicho organismo ante el Gobierno Civil de A Coruña.³⁵ También en relación con la pesca ilegal podemos mencionar el papel de la Hermandad del ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo, que intercede con motivo de unas sanciones que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial había puesto a varios vecinos. En este caso, la intervención se debía a la necesidad de la institución por hacerse popular entre sus encuadrados y, de hecho, admite explícitamente que «la cuestión pudo ser resuelta satisfactoriamente, con gran contento de los agricultores-ganaderos interesados, que vieron en la práctica los beneficios que les reporta estar encuadrados en la Organización Sindical Agraria».³⁶ Otra ruptura de su papel como correa de transmisión de órdenes superiores y primer ente sancionador fue la protagonizada por el alcalde del Ayuntamiento de Ortigueira al autorizar a los vecinos a realizar libremente matanzas de cerdos en el invierno de 1942, por lo que la Fiscalía Superior de Tasas le abrió expediente.³⁷

Los miembros del clero parroquial se revelan también en ocasiones como «protectores» de los descontentos de los fieles de sus parroquias, evidenciando cierta solidaridad. Esta puede ser medida en la mayoría de las ocasiones en clave de defensa de sus propios intereses. Acciones como encabezar las cartas de queja contra la repoblación de los montes vecinales, en las parroquias en las que ejercían su labor pastoral, eran relativamente usuales. Eduardo Rico (1999) ha documentado varios casos. En el municipio de Baralla los párrocos de las aldeas de Guimarei, Constantín, S. Xoán de Arroxo, Sobrada do Picato, Pacios y Vilachambre fueron los firmantes únicos de la petición de descatalogación de los montes vecinales de dichas parroquias para evitar la reforestación. Un caso parecido fue el ocurrido en el municipio de Castroverde, donde el cura de Montecubeiro personalizó el descontento de los vecinos de sus curatos. El protagonismo de los párrocos en ocasiones es compartido con otras autoridades de las mismas parroquias, como eran los alcaldes pedáneos. En O Saviñao, por ejemplo, ambas autoridades firmaron en las cartas de protesta de dos parroquias. Otras veces los curas optaron por comportarse como un vecino más y firmar entre el conjunto de los solicitantes de la no repoblación forestal. Eso ocurrió en parroquias como la de Viduedo, en O Incio; en la de Folgoso, en O Corgo, y en las parroquias de Chave y Reiriz, en O Saviñao.

A la vista de estos y otros episodios semejantes podemos concluir que las autoridades locales jugaron un papel de primer orden en las protestas que se desencadenaron durante las primeras décadas del franquismo. Eran la «bisagra» del régimen en el rural y operaron sopesando su doble papel, el de autoridades y el de vecinos. En ocasiones eran los intereses y solidaridades locales los que tuvieron más peso en sus actuaciones frente al apoyo y seguidismo al régimen. La posibilidad de controlar y gestionar los recursos en un periodo en el que eran sumamente escasos les daba un papel predominante y los hacía meros agentes reproductores de la «cadena de mando» superior en tanto que deudores del favor de sus cargos. Pero su condición de vecinos, con intereses privados coincidentes en muchas ocasiones con el resto de la comunidad, los convertía no en transmisores del poder central sino en los primeros moldeadores y negociadores de órdenes superiores. Que primara una u otra condición, la de autoridad o la de vecino, desbarataba o alentaba las formas de resistencia cotidiana, las camuflaba o las hacía innecesarias al colaborar en la mejora de la situación. Al referirnos a esa condición de vecino no tratamos solo de subrayar sus intereses similares al resto de la comunidad local, sino de evidenciar que en muchas ocasiones, al entender que su posición dominante así lo requería, se mostraban prestos a apoyar las reclamaciones de su comunidad. Sentir que su posición estaba segura y, en cierta medida, se respetaba era lo que generalmente movía a las autoridades locales a revelarse más proclives a dar traslado tal cual a medidas políticas superiores o a adaptar, transformar o incluso transgredirlas.

Para el Estado Novo portugués, Dulce Freire (2000) ha estudiado cómo las élites locales y las autoridades portuguesas criticaron públicamente en los años treinta la medida salazarista de introducir el corporativismo en el sector vitivinícola, concretamente contra la acción de la Federaçâo de Vinicultores do Centro e Sul de Portugal. Según esta autora, el descontento general de la población de las zonas afectadas fue usado por los representantes del poder local como arma de presión contra el poder central, pero esto en ningún momento supuso una incompatibilidad con su adhesión al Partido Único luso –Uniâo Nacional– ni con su devoción al régimen salazarista. En el estudio general que la propia autora realizó, junto con Inés Fonseca y Paula Godinho, se verifica que, frecuentemente, en asuntos como la repoblación forestal o la construcción de embalses, ante la amenaza que el poder central infundía en los intereses de las autoridades de esas localidades y élites sociales comprometidas con el régimen salazarista, estos no defienden propuestas que coinciden con lo establecido en Lisboa, sino aquellas que «menos perjudicam a terra que os viu nascer», aunque estas «estejam em clara contradiçâo com o bem da Naçâo» (Fonseca, Freire e Godinho, 1997). Para Galicia no podemos establecer cuál era la postura dominante en el conjunto de las autoridades locales en caso de no sintonía entre sus propios intereses y los designios de la política estatal. De lo que sí podemos dar cuenta es de que aun cuando la «bisagra» se tornaba hacia los intereses locales, igual que en el caso portugués, el límite de su defensa estaba en salirse de lo que podía entenderse que rompía la adhesión y fidelidad exigida por las altas instancias.

Amén de la ayuda de alguna autoridad local, la resistencia civil también aprovechó el rescoldo que daban las relaciones tirantes entre diferentes ámbitos de poder, véase alcaldes y jefes de Falange –evidentemente cuando este puesto no coincidía en la misma persona–, o entre las nuevas autoridades franquistas (hombres nuevos) y los antiguos caciques. La lógica de la defensa de intereses personales parece ser la regla definidora de las confrontaciones que las autoridades mantuvieron entre sí. Los resentimientos y malas relaciones dejaron espacio para que las comunidades evaluaran positivamente los riesgos y costes de la acción, lo que posibilita la operatividad del «marco motivacional» (Klandermans et al., 2000) necesario para articular la protesta. En el caso antes descrito de la manifestación contra el repartimiento en Palas de Rei, la actuación del vecindario y del propio alcalde debe entenderse dentro de una lucha de poderes en la que el cacique de Palas, José Ouro, actúa como contrapoder. La petición de los vecinos de Carballedo al gobernador civil de Lugo para destituir a su alcalde en febrero de 1944, firmada por vecinos y curas de las diferentes parroquias del municipio, en la que lo acusan de ser un mero instrumento de los intereses del cacique Federico Fernández González, también se produjo al amparo de la lucha por el poder que el mencionado alcalde y el jefe de Falange de As Nogais libraban en ese momento.³⁸ Igualmente, en Xove, con la denuncia realizada en agosto de 1951 ante el gobernador civil por parte de algunos vecinos (64 firmantes) contra la posibilidad de que José Rodríguez se hiciera con el cargo de alcalde cuenta con la aquiescencia del secretario del Ayuntamiento y de otros dos comerciantes, evidentemente perjudicados por un posible ascenso de su competidor:

... es público que José Rodríguez, actualmente Jefe Local de FET y segundo teniente de alcalde puede ser designado alcalde (...) tiene la cartería de correos, encargado de teléfonos, tiene un café-bar y una industria de ultramarinos con unos 550 inscritos en las Cartillas de Abastecimientos y también tiene un estanco con vecinos inscritos en las Tarjetas de Fumador. El delegado local de Abastos de Xove ordenó que se repartiera el aceite que el establecimiento de José Rodríguez tuviera en existencia pero, como este era de buena calidad, el mencionado individuo compró género de borras y entregó este malo para el racionamiento de los vecinos, a los cuales no sirvió para nada dada su mala calidad (...) hombre conflictivo siempre metido en juicios (...) multa por escándalo público (...) en el año 1950 en forma caprichosa y vengativa elevó las cuotas de arbitrios y varios contribuyentes de la parroquia de Xove, bajando la suya en 30 pts. (...) ruegan no nombren alcalde a dicho individuo.³⁹

En Trabada es la mala relación entre el secretario del ayuntamiento y el jefe local de Falange la que da cobijo a la actitud no colaboradora de la población en la entrega del cupo de cereal. El primero capitaliza el descontento arropando a la población que, manteniendo su negativa a la entrega varios años, provoca la intervención del gobernador civil, que ordena a las autoridades locales que consigan, por lo menos, el 60% del cupo impuesto. Los labradores mantuvieron su negativa amparados por la acción del secretario hasta que el jefe de Falange propone realizar una nueva recogida de cupo ya «sin su intervención». En ese momento los labradores cumplen con la obligación impuesta, si bien logran una rebaja considerable en el cupo.⁴⁰ María Jesús Souto (1999: 42-43) también ha señalado cómo detrás del apoyo que los curas de varias parroquias del municipio de Castro de Rei dieron a los vecinos que demandaban un reparto de los comunales en una carta que elevan al gobernador civil, puede apreciarse que su postura es una pugna por el poder entre Falange y los «viejos políticos» de la derecha, más allá de evidenciarse que actúan movidos por el interés económico que los curatos tenían en los montes.

Los conflictos institucionales enfrentaron también a las hermandades con otros organismos estatales encargados de hacer efectiva la política económica de intervención de precios y mercados de productos agrarios y factores de producción vinculados a la agricultura (CGAT, SNT o Fiscalía General de Tasas). Se mantuvieron asimismo tiranteces entre las entidades sindicales agrarias y los ayuntamientos alrededor de la fiscalidad local y de la atribución de determinadas competencias. Estos conflictos y desave-nencias tienen su reflejo en la conflictividad de la población. El posicionamiento de las hermandades con respecto a medidas intervencionistas de la economía en ciertas ocasiones supuso una atenuación de las consecuencias negativas de esta y de las medidas sancionadoras que la resistencia ejercida por la población conllevaría sin su intermediación. Estamos hablando de peticiones de condonaciones de multas por atraso en la entrega de cupo e incluso por la negativa a su entrega y de mostrar desacuerdo con las propuestas de cupo para determinadas campañas. Todo ello provocó en alguna ocasión su significativa revisión a la baja, como ocurrió en 1949, cuando 16 hermandades de Pontevedra manifestaron su desacuerdo con el cupo y forzaron –con la ayuda de los dirigentes de COSA– al jefe provincial del SNT a reducirlo.

Coincidimos con Daniel Lanero (2011) cuando indica que esta conflictividad institucional controlada no planteó nunca un ataque directo al régimen político como tal, sino que muestra las discrepancias entre las diferentes instituciones por la lucha constante por el control de los recursos en un contexto de escasez y por gestionar parcelas de poder político. Pero, aun así, ayudaron a recubrir demandas sociales que consiguieron categoría de conflicto y resistencia civil. Quizá uno de los ejemplos más clarificadores sobre una toma de postura de las hermandades para favorecer las demandas sociales lo tenemos en los amillaramientos. Puntualicemos que estas instituciones sindicales participaron en el conflicto, aprovechando el descontento existente, para hacerse con espacios de poder que hasta ese momento les habían estado vetados y, además, defendían los intereses de muchos de sus cuadros que, en su condición de grandes propietarios y contribuyentes, resultaban perjudicados.

La realización de amillaramientos, registros en los que se establece el valor de las propiedades rústicas con la finalidad de repartir, en función de tal valor, el impuesto de la contribución, estuvo en la raíz de una de las resistencias más habituales que se constatan en Galicia a partir de la segunda mitad de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. La Reforma Tributaria de diciembre de 1940 y las disposiciones de la Ley de 26 de septiembre de 1941 habían dispuesto la revisión, conservación y rectificación de los amillaramientos establecidos con anterioridad. Esta legislación, junto a las circulares de mayo de 1943 de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, encomendaba esta tarea a ayuntamientos y diputaciones. Desde el inicio de esta labor la población rural se mostró contrariada por las formas y maneras como se realizaba y activó toda una variada gama de resistencias. Las primeras están relacionadas con la no cooperación con los encargados de confeccionar la información y con la negativa al pago que cada propietario debía realizar en concepto de gasto de la gestión de registrar las propiedades y valorarlas. El malestar se incrementó ante la ineficiencia mostrada en la recogida de datos sobre las propiedades y animales domésticos que debían figurar en el amillaramiento. Los agricultores denuncian dejadez por parte de los gestores, errores en el registro, relaciones de favor con determinadas personas, etc. Actitudes todas ellas que acaban convirtiendo el amillaramiento en un registro falaz que, por serlo, condenaba al pago de un impuesto que no se correspondía con la realidad.

Las muestras de descontento generadas por la confección de los amillaramientos se recogen por toda la geografía gallega y se mantienen estables en el tiempo a lo largo de las dos primeras décadas de franquismo. Sirva como botón de muestra un ejemplo referido a la provincia de Lugo. En 1947 tres labradores de Pobra de Brollón decidieron denunciar ante el Gobierno Civil las irregularidades cometidas por la corporación municipal en el amillaramiento y, en ese mismo año, la práctica totalidad de los vecinos de Abadín incoaron un pleito judicial por el mismo motivo. Tres años más tarde, en el Ayuntamiento de Baleira se presenta una carta en la que se denuncia ante dicha autoridad provincial que «hay gran malestar por lo poco equitativo del mismo [amillaramiento] y se cobraron recibos dos veces en el mismo año». En Guntín, en 1952, los problemas recriminados se refieren a que las autoridades locales reclamaban dinero «en gran cantidad» a aquellos labradores que iban a declarar sus posesiones. En 1955 también decidieron expresar su malestar los vecinos de la parroquia de Doncos (As Nogais), determinación que les resultó negativa, pues, según da cuenta el comisario de Lugo,

amillaramiento: hecho con poco escrúpulo, problemas en Doncos, por darse la circunstancia de que un vecino, siendo uno de los mayores propietarios resultó ser uno de los más favorecidos por el amillaramiento, al verse que este había sido designado como representante pericial, se alteraron un tanto los ánimos y con este motivo varios vecinos que se creían perjudicados, se reunieron algunas veces en As Nogais, en casa de Jesús Núñez Bermúdez (a) «Rucho», quien elevó reclamaciones que se dice no han tenido efecto alguno al ser desestimadas por la Delegación de Hacienda de Lugo, teniendo que abonar los participantes en estas reuniones en concepto de gastos y honorarios ocasionados 1.000 pts. cada uno...⁴¹

En la protesta contra las deficiencias de los amillaramientos los labradores contaron con apoyo de las hermandades. Entre 1945 y 1950 van a ser continuadas las alusiones en la prensa sindical y en las asambleas de hermandades provinciales al «carácter francamente abusivo» de aquellos, hasta el punto de crear, caso de la Hermandad Provincial de Pontevedra, una comisión o servicio encargado de preparar un plan de amillaramiento alternativo al de los ayuntamientos y de elevar una queja formal ante la Delegación de Hacienda. El ente sindical argumenta que su postura proclive a favorecer las demandas campesinas en el caso de los amillaramientos es una cuestión de «justicia». Según las conclusiones de la Asamblea Provincial de hermandades de Pontevedra,

No se nos oculta que el campesino de nuestra región ha sido siempre reacio a cualquier reforma tributaria, fenómeno que nada tiene de particular dada la pobreza en que normalmente ha vivido, pero es que en el presente caso no rehúye la aportación de recursos a la ingente tarea económico-social que está llevando a cabo el Estado sino que pide que el reparto de la contribución se haga con justicia y que cada uno pague por lo que debe pagar. Hay que tener además en cuenta que esta distribución tan poco ecuánime de la contribución territorial se produce en el momento en que el campo atraviesa por una grave crisis económica, la de la baja perpendicular del precio de los productos del campo y de la ganadería (...) Pues bien (...) en este momento esta injusta distribución de la contribución rústica crea una situación de verdadera calamidad para un gran número de campesinos.⁴²

Justicia social y consolidación, en su papel de representantes válidos de los hombres y mujeres del rural, son los motivos que arguyen, aunque detrás de esta actitud de colaboración sindicato-encuadrados lo que está es el interés de aquel por lograr el traspaso de esta atribución del ayuntamiento a sus manos. Afianzar el poder en el campo no era baladí si tenemos en cuenta las dificultades de implantación que las hermandades tuvieron en Galicia y así se entiende que titularan más de una noticia sobre el aplazamiento o la revisión de los amillaramientos con el significado epígrafe de «Defensa de los intereses campesinos. Contra la injusticia de un procedimiento absurdo. Merecido aplauso del agro a la valentía y gestión de sus mandos provinciales».⁴³

Pero son sobre todo los problemas competenciales los que llevan al ente sindical a actuar decididamente. La posibilidad de hacerse con el control de un nuevo espacio de recaudación y arrogarse potestades de intervención en la fiscalidad municipal eran ambos botines que merecían su alineación con las demandas campesinas. Las hermandades conseguirán que su posición en la «batalla de los amillaramientos» se reconozca en 1949, momento en el que se prohíbe la exacción directa a los labradores por el servicio de elaborar los amillaramientos y se posibilita su rectificación cuando esto fuera solicitado por el ayuntamiento en cuestión o por un grupo de propietarios superior al 25%. Pero, como se aprecia por las fechas de las protestas traídas a colación para la provincia de Lugo, los amillaramientos y su confección no dejaron de estar en manos de los ayuntamientos y tampoco dejaron de provocar episodios de resistencia por parte de los labradores, más allá de la acción de las hermandades.

3. El remplazo generacional: una generación sin pasado

En este ejercicio de parcelación temporal de las formas de resistencia, es fundamental reconocer la existencia de diferentes posiciones, es decir, de considerar la inevitable heterogeneidad de los grupos sociales que vivieron el franquismo. Las posiciones tomadas por la población están determinadas por diversas condiciones, entre las que debemos tener presente la edad. Esto tiene que ver con la construcción de una conciencia histórica diferente entre generaciones que someten el poder a visiones diferentes (haber vivido la guerra/no, poder comparar con la realidad de preguerra/no, etc.), pues dicha conciencia redefine las posiciones dentro de los sujetos a la hora de formular los modos de resistencia.

La biografía generacional es crucial para la comprensión de muchas cuestiones sobre los niveles de resistencia y sus diferencias. La toma de poder franquista alteró las relaciones sociales existentes de manera clara. Así, generalmente, la generación que llegó a su edad adulta antes del franquismo permanecía más escéptica y crítica, mientras que la generación más joven se mostró menos combativa. La importancia del papel de la escuela y de otros pilares del franquismo como entes propagandísticos y socializadores en este aspecto es evidente.⁴⁴ La familia también actuó como un foco para la creación de consentimiento con respecto al franquismo. A pesar de que se tratara de padres combativos en su momento, los comentarios y conversaciones aleccionadoras con los hijos, con el anhelo de protegerlos y asegurarles no tener que pasar por situaciones peligrosas y perjudiciales, apuntalaban la necesidad de aceptar la situación (Aguilar, 1996: 65).⁴⁵ Salvo casos de compromiso excepcional, la mayoría de las primeras generaciones que vivieron el franquismo se encargaron de no dar a los más jóvenes elementos con los que comparar la situación del momento y buscar, con ello, su aceptación.

Yo recuerdo precisamente en la casa donde yo nací, me pasó con dos que andaban refugiados del ejército... era la feria del 26. Le dijeron a la Guardia Civil que fulano y fulano los habían visto en la feria, y movilizaron la feria... mira de aquí y de allí, los tíos no los cogieron en la feria, pero sí más tarde cogieron a otros sospechosos... eran los tres vecinos, los trajeron a nuestra casa porque mi abuelo había sido concejal de ayuntamiento y le había pasado el cargo a mi padre, que pasó de ser concejal a ser alcalde pedáneo de la parroquia... los trajeron a mi casa... uno era sobrino de mi padre... los trajeron y les dieron una «pasada» para que cantaran dónde estaban los que andaban los que buscaban... a nosotros los chavales nos metieron en una cuadra para que no viéramos nada de aquello, para que no viéramos como les pegaban.

Cuando estalló la guerra pues él [el maestro de Foz, una de las personas más vinculadas con la República en este ayuntamiento] me daba consejos... cuando estalló la guerra él empezó a tener miedo, un miedo negro, porque estaba fichado y tal... y no se atrevía ni a hablar pero a mí me daba muchos consejos, de que nunca me metiera en política y que no me afiliara a ningún partido.

... políticamente todos éramos de un lado, estábamos tan concienciados, desde que tenía uso de razón, y no vi nada más que eso... y concienciado sobre todo por las personas mayores de casa «¡ay mis niños! Tened cuidados cuando habléis de política, no os metáis en nada...», no había nada en que meterse todos éramos de un bando... uno fue criado en esa cultura, y no veías más que eso... y eso y punto, y eso iba a misa y nada más, el resto no existía, no era decir que tuvieras una opción, el resto no existía... después hubo épocas en que, ya con los aparatos de radio, se oía la «Pirenaica», y, pero bueno, había que tener mucho cuidado con que no te oyeran que era motivo de sanción y todo eso, pero bueno, todo lo que oías a través de la «Pirenaica» también te parecía una tontería que no conducía a nada, no había una argumentación que te convenciera, porque estabas influenciado por la coexistencia, por el día a día.

Yo nunca quise que se hablara de política en mi casa con los críos. No me gustaba que supiesen ciertas cosas porque en este país no se puede meter uno en ellas (...) Mira, mis hijos nunca supieron que ese de al lado de la carretera fue el que me denunció a mí, y que estaba con los que nos dieron aquella paliza... Ni siquiera lo saben hoy, y eso que de pequeños eran muy amigos de sus hijos.⁴⁶

El mutismo de los padres favorecía la penetración de sentimientos de identificación con el régimen en los hijos (Saz, 1990). La diferencia generacional fue percibida especialmente por los emigrados-exiliados de primera hora que, después de reanudarse el flujo migratorio a partir de 1946, se encuentran con un emigrante muy diferente tanto sociológica como políticamente a su llegada. Castelao, en 1949, lo expresaba amargamente como «la mentalidad de los nuevos emigrantes gallegos, que vienen a enriquecerse con los métodos corrientes en España. Hablaría de la emigración de los jureles con tanto respeto como lo haría de la emigración de los gallegos de hoy en día» (Núñez Seixas, 2004: 125).

A medida que avanza la dictadura aparece lo que se denominó en su momento «mentalidades auto-reprimidas» (Soutelo y Sabas, 1994: 232; Ortíz Heras, 2004). El control de las autoridades puede convertirse en menos evidente y presente, hasta incluso desaparecer, dejando todo el protagonismo a represaliados por la dictadura que mantuvieron este control deliberadamente, transformándose en represores de sí mismos e inculcando el miedo a las generaciones siguientes.⁴⁷ Una autorrepresión que se transmite de la familia al conjunto de la sociedad por mera agregación. De ahí que se pase de una época inicial donde existe una oposición al régimen en el medio rural a otra donde esta prácticamente se desvanece y aparece como casi única respuesta la resistencia civil. Miedo y miseria consiguieron en España en general, y en Galicia en concreto, algo sin parangón en Europa, que mayoritariamente se acabara asumiendo un sistema de autocontrol, de autovigilancia que impidiera cualquier posible manifestación de oposición para el común de la población.

En este sentido, debe puntualizarse que representar al sujeto de la represión fascista acostumbra a tener como resultado trazar instintivamente un retrato amable y justificativo de la víctima. En dicha representación parece que la víctima lo es siempre y forma parte de un bloque de damnificados. Si calla o potencia el silencio es por causas que le sobrevienen, mucho más poderosas que ella, que sigue arrastrando sine die la debilidad del espacio y del momento que la convirtió en tal víctima. Representar así a las víctimas de algún tipo de represión es, paradójicamente, deshistorizarlas, esencializarlas y petrificarlas en su condición. En este sentido, la idea de que el olvido y el silencio son siempre fruto de presiones negativas sobre el sujeto no es veraz en todos los casos. Esta decisión no es el resultado unidireccional de la relación víctima-perpetrador. El silencio parece obedecer también al papel jugado por individuos que no quieren recordar deliberadamente, que no ambicionan ser percibidos como disidentes de las disposiciones franquistas, que no se reconocen en el papel de víctimas porque eso supone un lastre para su presente y potencial futuro, el cual pasa, muchas veces, por la promiscuidad con el antes «enemigo».

De este modo, antiguas víctimas se convirtieron con el tiempo en «guardianes de la normalidad franquista» (Piedras, 2004). Fue el caso de Gonzalo Rodríguez Pérez, de Alongos, en el Ayuntamiento ourensano de Toén. Su condición de galeguista y fundador de una delegación del Partido Galeguista en su aldea hizo que se convirtiera en fuxido. «¡Aquí fue un desbarajuste lo que hizo la Falange con pueblo (...) merecían que los mataran a todos!», recuerda. Al entregarse, al final de la guerra, debió cumplir condena sir-viendo en el ejército hasta 1942, año en el que lo licenciaron del servicio. Pocos años después, sin embargo, fue elegido presidente de la Hermandad de Labradores de Vilamarín, con lo que puso fin a su condición de víctima del régimen franquista.⁴⁸ La misma situación es la de muchos colonos de la comarca lucense de Terra Chá. En un primer momento estamos ante, si no represaliados, sí damnificados por el franquismo. Se trata de pequeños agricultores cuyas casas y fincas son expropiadas, bien para llevar a cabo un decreto obligatorio de repoblación forestal, bien para la construcción de un embalse. Esta incidencia los conceptuó, y así se categorizaron ellos mismos, como «víctimas», pero con el pasar del tiempo, y al convertirse en exitosa en términos económicos la empresa colonizadora –a partir de la segunda mitad de los años sesenta–, dejaron de identificarse de tal manera y, es más, pasaron a reconocerse en su discurso como beneficiarios de las medidas franquistas.⁴⁹ Así pues, es preciso señalar que víctimas y perpetradores son categorías muchas veces volátiles y cambiantes en el discurrir del tiempo y no deben ser vistos como departamentos estancados.