Kitabı oku: «La batalla por el derecho al aborto»

La batalla por el derecho al aborto

El caso de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Ciencias Sociales y Humanidades

Colección

DERECHO Y SOCIEDAD

Director

Libardo José Ariza Higuera

Universidad de los Andes / Facultad de Derecho

Bogotá, Colombia

La batalla por el derecho al aborto

El caso de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres

Ana Cristina González Vélez

Isabel Cristina Jaramillo Sierra

Autoras

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

González Vélez, Ana Cristina La batalla por el derecho al aborto : el caso de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres / autoras, Ana Cristina González Vélez, Isabel Cristina Jaramillo Sierra. -- Bogotá : Universidad de los Andes : Siglo del Hombre Editores, 2021.

p. – (Biblioteca universitaria. Ciencias sociales y humanidades) -- (Derecho y sociedad / director Libardo José Ariza Higuera)

Incluye datos de las autoras. -- Contiene bibliografía.

ISBN 978-958-665-652-8

1. Aborto - Aspectos legales – Colombia 2. Movimiento por el derecho al aborto 3. Derechos de la mujer – Colombia I. Jaramillo Sierra, Isabel Cristina II. Título III. Serie

CDD: 342.8610878 ed. 23

CO-BoBN- a1062252

© Ana Cristina González Vélez

Isabel Cristina Jaramillo Sierra

La presente edición, 2021

© Siglo del Hombre Editores

Cra. 31A n.° 25B-50, Bogotá, D. C.

PBX: 337 77 00

http://libreriasiglo.com

© Universidad de los Andes-Facultad de Derecho | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Cra. 1 n.° 18A-10, Bogotá, D. C.

PBX: 339 49 49 - Ext. 2382 • Fax 281 21 30

www.uniandes.edu.co

© La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres

Cra. 7 N. 33-49, Bogotá, Colombia

www.despenalizacióndelaborto.org.co

Imagen de carátula

Engin_Akyurt©pixabay

Diseño de carátula

Amarilys Quintero

Diseño de la colección y armada electrónica

Precolombi EU, David Reyes

ISBN: 978-958-665-650-4

ISBN PDF: 978-958-665-651-1

ISBN EPUB: 978-958-665-652-8

Para citar este libro: http://dx.doi.org/10.15425/2017.358

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida total ni parcialmente, ni registrada o transmitida por sistemas de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de la editorial.

ÍNDICE

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

INTRODUCCIÓN

1. PRODUCIR Y LOCALIZAR LO TRANSNACIONAL: EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES

2. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN LEGAL

3. ASESORÍA LEGAL PARA LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO: UN TIPO PARTICULAR DE ACOMPAÑAMIENTO

4. LA MESA POR LA VIDA Y LA SALUD DE LAS MUJERES

5. APUNTES METODOLÓGICOS

CAPÍTULO I. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EXPERTO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL: MOVILIZACIÓN Y ACCIÓN TRANSNACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

2. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EXPERTO EN EL PROCESO DE LAS CAUSALES

2.1. Las causales salud y violación

2.2. El consenso: una herramienta técnica y política

3. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EXPERTO EN EL PROCESO DE ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS: TEMAS EMERGENTES

3.1. Barreras para el acceso a servicios

3.2. La objeción de conciencia

3.3. El debate sobre los límites a la edad gestacional

4. DERECHO DE QUIÉN Y PARA QUIÉN

4.1. El vacío de conocimiento como oportunidad para la movilización legal

4.2. El trabajo en alianza y las redes transnacionales

4.3. El marco de los derechos humanos: un contenido de alto valor

4.4. Los cambios en el escenario político

4.5. Los límites en la estrategia de interpretación

CAPÍTULO II. LA INTERPRETACIÓN EN DERECHO: UNA APUESTA PEDAGÓGICA

1. EL PROCESO DE LAS CAUSALES Y LA INTERPRETACIÓN PROPUESTA

1.1. Derechos y principios

1.2. Estándares

1.3. La información

1.4. El respeto por las decisiones de las mujeres y el consentimiento informado

1.5. La confidencialidad

1.6. Los límites a la objeción de conciencia

1.7. El principio pro-persona

1.8. Los precedentes en las decisiones nacionales

2. LOS CRITERIOS DEL DERECHO

3. LOS CONCEPTOS CLAVES DESDE LA MEDICINA

4. LAS RESPONSABILIDADES EN LA CAUSAL VIOLACIÓN

5. EL CONOCIMIENTO EXPERTO EN EL PROCESO DE LAS BARRERAS

5.1. La objeción de conciencia

5.2. Las barreras y la ausencia de límites a la edad gestacional

6. LOS EFECTOS PEDAGÓGICOS DEL TRABAJO DE LA MESA

6.1. Efectos sobre los servicios

7. EFECTOS SOBRE LAS POLÍTICAS

8. EFECTOS EN LA OPINIÓN

9. LOS EFECTOS EN AMÉRICA LATINA

CAPÍTULO III. LA BATALLA POR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL ABORTO: PONER LOS DERECHOS Y LA SALUD DE LAS MUJERES EN EL CENTRO

1. LA INCIDENCIA DE LA MESA FRENTE AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

2. COMPORTAMIENTO LEGISLATIVO EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 2006-2016

3. LOS ARGUMENTOS EN LOS DEBATES SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

3.1. El lenguaje constitucional y los derechos humanos como armas contra las mujeres

3.2. La libertad de conciencia en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos

3.3. Los derechos de las mujeres como fundamento para limitar sus decisiones

4. EL LITIGIO CONSTITUCIONAL SOBRE LAS REGLAS DEL ABORTO

4.1. La nulidad como arma contra los derechos

5. ALGUNAS CONCLUSIONES

CAPÍTULO IV. GARANTIZAR EL ACCESO INDIVIDUAL AL ABORTO SEGURO: EL ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS COMO MEDIDA HABILITANTE PARA INTERVENCIONES ESTRUCTURALES

1. EL ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS FRENTE AL NO LITIGIO INDIVIDUAL

1.1. El modelo de acompañamiento de casos desarrollado por la Mesa

1.2. El acompañamiento de casos en acción

2. EFECTOS DEL ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS

2.1. Medir el impacto del acompañamiento de casos

2.2. Efectos estructurales del acompañamiento de casos

2.3. Efectos burocráticos

2.4. Efectos litigiosos

2.5. Efectos de empoderamiento

3. LOS LÍMITES Y OPORTUNIDADES EN EL MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS DE LA MESA

3.1. La asesoría legal a mujeres en situaciones de violencia de género

3.2. La asesoría legal en casos de aborto

3.3. La cultura de la autonomía en el acompañamiento de casos de la Mesa: ¿imprescindible para el aborto?

4. CONCLUSIONES

CAPÍTULO V. ¿DEL CAMBIO INSTITUCIONAL AL CAMBIO CULTURAL? ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA MOVILIZACIÓN IMPULSADA POR LA MESA

1. ABORTO EN COLOMBIA Y LA MOVILIZACIÓN TRANSNACIONAL

2. LA MOVILIZACIÓN EN EL DERECHO

3. ¿CAMBIO ESTRUCTURAL O CAMBIO CULTURAL?

ANEXO. PUBLICACIONES DE LA MESA

BIBLIOGRAFÍA

LAS AUTORAS

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACCOC Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia

AFM Articulación Feminista Marcosur

ANDAR Alianza Nacional por el Derecho a Decidir

ANIS Instituto de Bioética y Derechos Humanos

CEDES Centro de Estudios de Estado y Sociedad

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIPA Centro de Atención Integral a la Pareja

CLACAI Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro

CLADEM Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres

CLAE Consorcio Latinoamericano por la Anticoncepción de Emergencia

CLAM Centro Latino-Americano en Sexualidade e Direitos Humanos

CRR Center of Reproductive Rights

DSR Derechos Sexuales y Reproductivos

EPS Entidad Prestadora de Salud

FECOLSOG Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología

FIGO Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

FLASOG Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología

Fundación ESAR Fundación Educación para la Salud Reproductiva

GDIP Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes

GIRE Grupo de Información en Reproducción Elegida

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ILE Interrupción Legal del Embarazo

IPPF International Planned Parenthood Federation

IVE Interrupción Voluntaria del Embarazo

JUSTAPAZ Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción no Violenta

LAC Latinoamérica y el Caribe

OMS Organización Mundial de la Salud

PIN Partido de Integración Nacional

REDLAC Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales

WLW Women’s Link Worldwide

INTRODUCCIÓN

A partir del año 2000, y tras décadas de intensas luchas por la despenalización del aborto, las organizaciones de mujeres en América Latina se han dedicado a una multiplicidad y simultaneidad de estrategias para avanzar ya no exclusivamente en la búsqueda de la despenalización del aborto, sino en su liberalización y, en especial, en garantizar el acceso al aborto permitido por las legislaciones de los distintos países^1-2. En el caso de Colombia, a las campañas por la legalización centradas en los cambios legislativos propias de los treinta años previos^3-4 a la despenalización por vía judicial, lograda en el 2006 en el país⁵, se fueron sumando acciones centradas en la implementación de los marcos legales existentes.

Esas estrategias han compartido tres características que reflejan al mismo tiempo el crecimiento del movimiento feminista y los aprendizajes adquiridos a partir del trabajo con nuevos actores. En ese sentido, en primer lugar, las estrategias locales muestran la importancia del establecimiento de alianzas entre feministas y otros actores para avanzar en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Como discutiremos más adelante, estas alianzas incluyen de manera cada vez más central a las abogadas y, en relación con otros actores, se trata principalmente de expertos médicos con historias de militancia en otros movimientos. En segundo lugar, esas mismas estrategias locales revelan la vocación internacionalista del feminismo latinoamericano⁶: se esfuerzan porque las acciones locales puedan ser replicadas a nivel regional y también porque los logros alcanzados en los escenarios regionales y globales sean implementados localmente; principalmente porque las mismas actoras locales han contribuido en el avance de los estándares internacionales. Estas estrategias se enmarcan en la tercera ola del feminismo a la cual no le es ajena el movimiento de mujeres de Colombia⁷. Así pues, han buscado de manera particular utilizar el marco de derechos humanos, desarrollado a nivel interamericano e internacional, para fortalecer lo local a partir de los triunfos en el plano internacional; y simultáneamente, han perseguido trasladar los avances locales al plano internacional de manera que puedan replicarse en otros países. En tercer lugar, el trabajo local evidencia la relevancia del seguimiento y acompañamiento de casos individuales de manera que las restricciones que persisten en materia del acceso al aborto legal, no se impongan en contra de las mujeres de carne y hueso.

En ese contexto, hemos dedicado este libro al análisis del caso de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (en adelante la Mesa), un actor local del movimiento feminista colombiano que refleja la vocación transnacional del feminismo latinoamericano y que, en este contexto, se destaca no solo por la fidelidad con la que refleja esas características en sus actuaciones, sino por las contribuciones que ha hecho en cada uno de los aspectos mencionados: la construcción de puentes entre actores de distintos movimientos, el uso del marco argumentativo de los derechos humanos como elemento distintivo para avanzar en la implementación del aborto legal y el acompañamiento de casos⁸. Dentro de ese marco, argumentamos que la estrategia sostenida a lo largo de los últimos diez años por este colectivo ha sido innovadora con respecto a la construcción de conocimiento legal a partir de la producción de una interpretación en el derecho desde la sociedad civil y del acompañamiento de casos; al tiempo que ha sido efectiva en la exclusión de argumentos moralizadores y religiosos de los escenarios de debate público mediante el uso de acciones de incidencia en distintos foros públicos.

Con la descripción del trabajo de la Mesa, buscamos no solo consolidarlo para que pueda ser utilizado estratégicamente por otras organizaciones y colectivos a nivel internacional o local, sino que nos proponemos establecer un diálogo con tres cuerpos de literatura existentes: 1) el de la movilización y acción transnacional, que, en el caso de la Mesa, se vincula principalmente con la producción de conocimiento experto desde la sociedad civil como eje central, es decir, con la interpretación de las causales que se abordan en el primer capítulo de este libro; 2) el de la movilización legal, que usa el marco de los derechos humanos para avanzar en la agenda del aborto y su implementación; y 3) el de los modelos de acompañamiento para mujeres que si bien se asienta en experiencias foráneas, sirve para pensar analíticamente este caso.

En relación con las publicaciones anteriores^9-10 de la Mesa, este libro realiza al menos tres contribuciones: 1) sistematiza el proceso de la implementación —a través de la revisión analítica de la incidencia feminista— de la Sentencia C-355¹¹; 2) analiza el uso estratégico del derecho y el marco de derechos en el trabajo de la Mesa a partir de una mirada crítica a la producción de interpretación, del conocimiento experto y de las estrategias jurídicas impulsadas; y 3) repasa la contra-movilización de la agenda conservadora en materia de aborto durante la última década y su relación con la agenda pro liberalización a partir del trabajo de la Mesa.

En lo que resta de esta introducción, ofrecemos una descripción de la Mesa y los aspectos principales de su estrategia destacados en este libro. Presentamos una versión del estado de la discusión en cada uno de los tres temas mencionados y la manera como las actuaciones de la Mesa aportan a ellos. Por último, explicamos brevemente la metodología con la que reunimos la información pertinente para la construcción del caso.

A partir de la introducción, el libro está dividido en cuatro capítulos más un breve apartado de conclusiones, donde damos cuenta del trabajo de la Mesa y mostramos sus aportes en términos de la conceptualización de lo transnacional y su eficacia, y la construcción del derecho y la garantía de los derechos de las mujeres. Sin ser un actor transnacional, el trabajo de la Mesa se ha convertido en una pieza importante de la acción transnacional por el aborto legal en América Latina.

El primer capítulo está dedicado al trabajo de la Mesa en materia de la construcción del conocimiento experto sobre el aborto y enfatiza su componente transnacional. Este capítulo recupera no solamente la reflexión sobre esa estrategia, sino que explica cómo se vincula con el feminismo latinoamericano. En primer lugar, aborda las formas como el conocimiento legal ha sido construido en distintos escenarios y mediante alianzas transnacionales. En segundo lugar, muestra que se trata de un conocimiento legal que responde a consensos de distintos niveles y con diferentes intensidades, pero, aun así, consensos.

El segundo capítulo se enfoca en la interpretación del derecho articulada desde la Mesa generalmente de la mano de otros actores y profundiza en los argumentos propiamente dichos. Esto lo hacemos con el fin de que la audiencia de este libro no solo tenga acceso a esos argumentos, sino porque sin el detalle de ellos sería más difícil para los lectores acceder a la riqueza de las intuiciones estratégicas que incorporan, aunque algunas veces estos contenidos retomen asuntos que han sido desarrollados en otros textos producidos por la Mesa sobre el conocimiento experto que ha labrado. Al respecto, mostramos que se trata de un conocimiento legal en el cual se incorporan elementos del marco internacional y local de los derechos humanos, lo que lo hace al mismo tiempo más susceptible de apropiación en distintos escenarios y más legítimo para los actores locales. Este capítulo, por último, revisa los efectos pedagógicos alcanzados mediante la producción de interpretación del derecho.

El tercer capítulo recupera la dimensión más adversarial del trabajo de la Mesa y la pone en diálogo con la oposición organizada. En este capítulo, contamos las intervenciones que ha hecho la Mesa en algunos procesos legislativos y judiciales promovidos por el Partido Conservador o líderes religiosos. De ahí, concluimos que la experticia de la Mesa podría ser usada con mayor frecuencia y más proactivamente en estos escenarios con el fin de lograr cambios legislativos que podrían ser igual o más importantes que el trabajo de producción de conocimiento legal (capítulos primero y segundo) y acompañamiento de casos (capítulo cuarto).

El cuarto capítulo lo dedicamos al acompañamiento de casos de la Mesa en los últimos diez años. Mostramos el enfoque novedoso de esta organización y la efectividad de esa actividad para garantizar los derechos individuales de las mujeres que acuden buscar su apoyo. Así mismo, se plantean algunas observaciones y reflexiones sobre los límites de esta aproximación desde un punto de vista feminista.

El quinto capítulo incluye algunas conclusiones sobre la movilización legal a la luz de la experiencia de la Mesa. Sugerimos que una definición amplia del derecho y la atención de los procesos formales e informales a través de los cuales se crea pueden potenciar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y hacer más relevante su participación institucional. También se ilustra el papel de lo transnacional y de la oposición en las batallas locales.

1. PRODUCIR Y LOCALIZAR LO TRANSNACIONAL: EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES

A partir de la década de los noventa, empezó a producirse un cuerpo de literatura interesado en el problema de la acción colectiva más allá de las fronteras nacionales. Un número considerable de artículos se preguntaba si había algo realmente novedoso en la manera como lo “internacional”, “transnacional” o “global” estaba organizándose. Para algunos, la sola proliferación de estas expresiones, así como de individuos interesados en hacerse caracterizar con estos apelativos, podía apuntar a una ruptura que debería ser de interés¹². Otros, sin embargo, no tardaron en mostrar que el Estado nación es un fenómeno demasiado reciente como para no sospechar que eventos similares hayan tenido una ocurrencia más cíclica que eventual^13-14. Otra cantidad importante de literatura, en conexión directa con esta cuestión, indagaba, en el nivel descriptivo, hasta qué punto el Estado nación había dejado de ejercer poder^15-16; y, en el normativo, si se perdía o ganaba algo en términos democráticos con este “reemplazo” de las arenas nacionales por las globales^17-18.

Para el argumento que proponemos aquí, en el capítulo primero, resulta de especial importancia el trabajo que aborda el problema de la efectividad o importancia de lo que terminó acuñándose como “transnacional” y se observa tanto este nivel como el de lo doméstico o nacional para entender sus transformaciones en el ejercicio del poder. Siguiendo a Tarrow en su apreciación sobre el giro “normativo” de este conjunto de trabajos en particular, sugerimos que, por el momento, pueden identificarse al menos tres posiciones en relación con estas preguntas. La primera se le atribuye a Rise-Kappen y sus alumnos¹⁹ y propone que el impacto de los actores internacionales en lo local depende en gran medida de las estructuras domésticas. Así, el hecho de que una modificación en las normas internacionales pueda producir algún resultado en el nivel concreto de lo local, se considera una cuestión atravesada por la pregunta de los niveles de apertura democrática alcanzados a nivel nacional, lo que a nuestro juicio incluye la existencia y posibilidad de acción de organizaciones que, como la Mesa, por ejemplo, expresan o confirman esa apertura. El segundo grupo defiende que las estructuras domésticas no son relevantes para entender la eficacia de las transformaciones transnacionales a nivel local^20-21. Incluso sugiere que los recursos que cada organización local controla dejan de ser un elemento importante cuando aumentan las redes transnacionales, pues estas redes no solo permiten, sino que muchas veces han sido creadas precisamente para hacer circular esos recursos²².

Finalmente, siguiendo a Price, el tercer grupo plantea que si bien las estructuras domésticas no son definitivas y probablemente operan de maneras que estudios anteriores considerarían paradójicas (con estados autoritarios y centralistas desempeñándose mejor que los estados democráticos y federados en la difusión de normas una vez son “penetrados”), las similitudes a nivel cultural o “aparejamiento cultural” desempeñan un papel definitivo en la producción de los resultados esperados por las alianzas de activistas a nivel nacional e internacional²³. Price precisamente ubica esta conclusión en línea con dos argumentos importantes. En primer lugar, lo vincula con el argumento relativo a las fuentes de influencia de las redes transnacionales. Para el autor, los actores que se organizan por fuera de los estados y desde un plano superior e intentan modificar sus políticas han acudido a tres argumentos: 1) su experticia, tanto en términos de su identificación como científicos en distintas áreas, como de activistas de derechos humanos; 2) la corrección moral de los argumentos, derivada de su aceptación universal o cuasi universal; 3) su legitimidad política, relacionada con sus interacciones con los ciudadanos y su neutralidad frente a los estados individualmente considerados²⁴. En segundo lugar, lo relaciona con el hallazgo que en últimas el trabajo transnacional puede influir en el grado en que cada Estado tiene interés en su reputación internacional. La medida de la reputación en términos de lo internacional resulta más factible cuando hay suficiente homogeneidad entre lo local y lo internacional que cuando dicho parecido no se verifica²⁵.

El trabajo de la Mesa, en nuestra opinión, interviene en este debate alineándose con la concepción de Price en cuanto a la importancia que le concede al aparejamiento cultural entre lo nacional y lo transnacional, pero también a su calidad de experta. Con respecto a lo primero, la Mesa, sin embargo, muestra que este aparejamiento no puede tenerse por dado, sino que puede y debe producirse continuamente y que también desempeña un papel importante la existencia de una cierta institucionalidad y la producción de estándares locales de derechos humanos. Por otra parte, como mostraremos en el capítulo primero, una de las principales estrategias de la Mesa para la implementación de la sentencia del aborto ha sido producir conocimiento experto y, en particular, un conocimiento legal que incorpora los desarrollos normativos de la esfera internacional en materia de los derechos de las mujeres, pero también, y principalmente, del campo de la salud pública y los derechos en salud. Lo ha hecho, además, utilizando para ello, sus alianzas con actores transnacionales, produciendo al tiempo que consume lo transnacional. Al usar de esta manera la normatividad internacional, la Mesa efectivamente produce un ambiente cultural favorable para la normatividad internacional entre actores que, por estar en contacto directo con la operación de la norma, tienden a prestarle solamente atención a las normas técnicas más concretas; por ejemplo: los médicos, funcionarios del sistema de salud y otros prestadores de servicios del área de la salud. Así, en lugar de considerar el aparejamiento cultural como relevante solamente para los funcionarios estatales que deben decidir sobre la ratificación de tratados y la participación en comités y comisiones, la Mesa propone un trabajo “profundo” de transformación de las normas culturales de los médicos, las enfermeras, los gerentes y los funcionarios. El aparejamiento aparece también como un proceso incompleto y dinámico que requiere del trabajo incansable de las activistas.

Como también planteamos en el capítulo primero, las actuaciones de la Mesa revelan la necesidad de que lo local, con todos sus logros, no se desarticule del nivel transnacional; mostrándose como un actor local importante para la implementación del aborto y relevante también para la acción transnacional al impulsar, mediante la causal salud, una de las más fuertes líneas de acción dirigida a ampliar el acceso al aborto legal en América Latina²⁶. En efecto, las estrategias de creación de conocimiento diseñadas por la Mesa no se han aproximado a lo internacional como letra muerta en busca de cobrar vida a través de estándares judiciales concretos, sino que han perseguido construir traducciones de estos estándares en vocabularios que pueden ser usados en varias localidades a nivel transnacional y han acumulado saberes y legitimidades para que el gran arrecife que ha sido el feminismo latinoamericano, usando la metáfora de Tarrow, siga siendo relevante.

Adicionalmente, desde los años 80, el feminismo latinoamericano ha acentuado la vocación internacionalista de los reclamos relativos a los derechos de las mujeres, al menos desde el siglo XIX, a través de “encuentros” regionales que se realizan cada dos o tres años y le otorgan una identidad particular y única, tanto por las interacciones que se suscitan a propósito de la variedad de los debates, la diversidad de las identidades, las convocatorias, la búsqueda de financiación y de soluciones y acciones colectivas; como por las interpretaciones académicas que han surgido a partir de estas interacciones^27-28-29 y por las posibilidades que los lazos de amistad, solidaridad y acción política han generado para quienes participan en ellos^30-31. Cuatro nudos aparecen como ejes que sirven para describir lo que se considera está en juego dentro del movimiento, sin que todos los ejes funcionen con la misma intensidad todo el tiempo: 1) la militancia partidista versus la militancia autónoma^32-33; 2) el trabajo con las estructuras estatales e internacionales (institucionales) versus la militancia independiente (de las autodenominadas autónomas)^34-35; 3) el feminismo único versus el interseccional^36-37 o el feminismo único versus el feminismo trans^38-39; 4) las variedades de feminismos y los diferentes feminismos latinoamericanos.

Si bien el trabajo de la Mesa podría entenderse enmarcado dentro del feminismo institucional y sus estrategias en temas de interseccionalidad a partir del trabajo regional son más recientes e incipientes, se trata también de un feminismo radical. Ha acudido a las personas y organizaciones dentro del feminismo latinoamericano como primera línea de expertas y a otros movimientos que agremian profesionales del derecho y de la medicina. Con ello, busca mantener su neutralidad a través de esta experticia y establecer alianzas con otras organizaciones. Este trabajo de conexión ha sido central —aunque no necesariamente indispensable— para la eficacia en el nivel local y la Mesa lo valora como un recurso a preservar en el tiempo y que demanda cuidado, pues permite la construcción de agendas transnacionales⁴⁰.

2. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN LEGAL

Los debates sobre la movilización legal abarcan preguntas que van desde las causas de esa orientación de la acción humana⁴¹ hasta el valor intrínseco que puede tener esta aproximación al fenómeno jurídico⁴². Parte de la explicación de la variedad de respuestas a estas preguntas se encuentra en la manera como se caracteriza el fenómeno jurídico: mientras para algunos la atención debe centrarse en las Cortes de más alto nivel por ser ellas las que deciden en últimas el ejercicio de la violencia estatal⁴³, para otros lo jurídico se construye, tanto en las interacciones cotidianas, como en las Altas Cortes, el Congreso y el gobierno⁴⁴. En la experiencia que contamos aquí sobre la Mesa y, en particular en el capítulo segundo, queremos resaltar cómo al enfatizar en la producción de conocimiento legal como forma de movilización, la Mesa abandera una visión del derecho que se construye diariamente, que busca efectos pedagógicos y desborda los confines impuestos por los mandarines de la justicia y de la academia⁴⁵.

Abogar por la producción de conocimiento como forma de movilización y, particularmente, como forma de movilización legal, puede parecer paradójico por tres razones. Primero, el derecho no se considera un objeto sobre el cual se produce conocimiento propiamente hablando. Se espera que todas las personas conozcan las normas vigentes y puedan adecuar su conducta a ellas⁴⁶. Contrario a otros fenómenos que no nos afectan o corresponden a los ciudadanos en general (no todos necesitamos saber cómo funciona un aparato de televisión para poder ver la televisión), el derecho se percibe como directamente involucrado en la construcción de la cotidianidad y, en consecuencia, como algo que requiere una perpetua simplificación. Segundo, la producción de conocimiento se considera una tarea apolítica y, en cuanto tal, a cargo de instituciones que puedan garantizar su neutralidad e imparcialidad a largo plazo⁴⁷. Los movimientos sociales y las organizaciones que hacen parte de ellos no solo están necesariamente teñidos por sus causas, sino que tienen la transitoriedad que ellas implican: el movimiento no debe aspirar a ser eterno precisamente porque su triunfo supone su desaparición⁴⁸. Finalmente, se supone que el conocimiento no “agrega” nada a lo que existe y en esta medida no cambia el derecho.

El trabajo de la Mesa, sin embargo, ha mostrado que la solución de problemas jurídicos en situaciones que no involucran a abogados sino a prestadores de servicios de salud, demanda densificar la información que habitualmente se transmite. A esta densificación, la llamamos conocimiento experto porque, por una parte, refleja una comprensión amplia y sofisticada del fenómeno jurídico y, por otra, permite la solución de problemas de una manera más efectiva que la que se deriva de una comprensión ligera o simplificada del mismo, pues está dirigida a construir capacidades institucionales y personales para generar el acceso al aborto legal.

Adicionalmente, aunque los desarrollos constitucionales del derecho al aborto en Colombia han sido muy importantes para el trabajo de la Mesa, pues la Corte Constitucional ha mostrado también cómo puede usarse el marco de derechos humanos para abordar el marco legal del aborto, el litigio no ha sido la principal actividad en su estrategia jurídica. Para la Mesa, la experiencia del litigio en salud, así como la presión del tiempo involucrada en un embarazo, no han sido razones para invertir demasiado en empujar a la Corte, como lo explicamos en el capítulo cuarto. Esta retirada del litigio, que dista de ser pasiva o reactiva, también puede ser instructiva para otros movimientos que pueden haber confiado demasiado en las posibilidades de cambio a través de las órdenes judiciales y hoy se enfrentan a fallos incumplidos, como es el caso de los presos y los desplazados en Colombia.

3. ASESORÍA LEGAL PARA LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO: UN TIPO PARTICULAR DE ACOMPAÑAMIENTO

Las organizaciones feministas tienen una trayectoria importante en el trabajo de acompañamiento a las mujeres para la garantía de sus derechos. Este acompañamiento se ha hecho con mayor o menor énfasis en los aspectos legales y, en general, sus efectos para mejorar la situación estructural de las mujeres son escasos, aún si algunos creen que las mujeres ganan por el simple hecho de que alguien con autoridad ratifique que tienen derechos⁴⁹. La diferencia de la estrategia de la Mesa ha consistido en la importancia que le ha atribuido a la recolección sistemática y metódica de historias, datos y el énfasis que ha puesto en fortalecer las burocracias para lograr resultados dentro del sistema. Pocas organizaciones feministas entienden como parte de su trabajo la sistematización de datos; ni siquiera cuando hacen reportes sombra, le conceden al dato la importancia de ser fundamento para los argumentos. En la literatura revisada, no se encontró ningún caso donde la organización o grupo mostrara cifras sobre la cantidad o efectividad del acompañamiento. Todos los estudios de caso tenían carácter cualitativo. Adicionalmente, el trabajo en otros temas tiende a desconfiar de las posibilidades de las burocracias para “resolver” los problemas, debido a su propia naturaleza.

Como explicamos en el capítulo tercero, la Mesa ha abordado el acompañamiento de casos como una forma de intervención estructural en el sistema. Le interesan los datos por lo que significan para la incidencia ante el gobierno en la búsqueda de mejores políticas públicas, mayor control o sanciones y para el litigio ante la Corte Constitucional. Le interesa el trabajo con la burocracia —tanto de los funcionarios públicos como de quienes integran el sistema de salud— porque garantiza, a largo plazo, el acceso justo de las mujeres a un servicio por el que ya están pagando y porque asegura las transformaciones estructurales necesarias para sostener en el tiempo sus esfuerzos. Este modelo arroja, como veremos más adelante, una gran efectividad que otros no han mostrado, si bien no es claro cómo podría replicarse en otros tipos de casos.

4. LA MESA POR LA VIDA Y LA SALUD DE LAS MUJERES

La Mesa surgió en 1998 como una instancia de producción de argumentos y acción colectiva transdisciplinaria en torno al aborto. Reúne activistas feministas y académicas, así como personas y organizaciones ligadas a la prestación de los servicios de salud o al activismo feminista en áreas más amplias como el laicismo, la psicología y el derecho⁵⁰. Así, por un lado, la Mesa es parte de un renovado interés de las feministas latinoamericanas por reclamar el derecho al aborto como uno de los derechos sexuales y reproductivos y un elemento central para el ejercicio de la plena ciudadanía de las mujeres, por ello, luchan por su despenalización total. Por otro, responde a las restricciones políticas del contexto colombiano y a la necesidad de implementar cambios sin poner en peligro el trabajo a largo plazo y silencioso de los prestadores de servicios de salud. Para ello, lucha por la implementación del aborto legal dentro de las causales reconocidas por la Corte Constitucional en el año 2006⁵¹.

En efecto, la autodeterminación reproductiva y el aborto han sido uno de los puntos centrales en la agenda del feminismo de la tercera ola en América Latina^52-53. Siguiendo las visiones radicales^54-55-56, este feminismo ha sostenido que el control sobre el cuerpo de las mujeres —mediante la imputación de restricciones contra el aborto legal, por ejemplo— ha sido una de las herramientas más eficaces y refractarias del patriarcado para mantener un orden de género que subordina, excluye, margina o discrimina a las mujeres^57-58-59. Una de las materializaciones más claras de esta priorización ha sido el surgimiento, en las últimas cuatro décadas, que coinciden con esa tercera ola del feminismo, de organizaciones, redes, campañas y consorcios que de distintas maneras buscan aportar al logro del objetivo de la despenalización del aborto. Entre ellas figuran: la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe fundada en 1984; el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y Católicas por el Derecho a Decidir, en 1987; la Campaña 28 de septiembre, “Día por la despenalización del aborto en América Latina”, 1990; y la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales (REDLAC), 1999⁶⁰. En los años 2000, empezaron a surgir otras formas organizativas que han abarcado ya no solo las redes feministas, sino también campañas o consorcios. La Campaña por una Convención Interamericana de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la Articulación Feminista Marcosur (AFM), desde donde se promovió la campaña “Tu boca fundamental contra los fundamentalismos”, nació en el año 2000 igual que el Consorcio Latinoamericano por la Anticoncepción de Emergencia (CLAE)^61-62; el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) se fundó en el 2006; las formas organizativas temáticas más específicas como el Centro Latino-Americano en Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), en 2002; y la Red Latinoamericana de Académicas del Derecho, Red Alas, en el 2006⁶³.

En Colombia, por otra parte, se percibía que las personas y organizaciones interesadas en despenalizar el aborto estaban trabajando de manera desarticulada y eso tenía efectos perversos por lo hostil que resultaba el escenario político para el reclamo feminista sobre el acceso al aborto⁶⁴. A esta conciencia concreta de lo que se estaba perdiendo por el trabajo en aislamiento, se llegó en el particular escenario de “darse cuenta” relativamente tarde de la existencia de una iniciativa de reforma del Código Penal colombiano. Esa iniciativa podría haber dado “vida” al feto en la legislación y con ello hubiera cerrado muchas posibilidades de trabajo que existían incluso en un ambiente tan restrictivo como el de aquel momento⁶⁵. El Colectivo por la Autonomía Sexual y Reproductiva, grupo que más adelante se llamó La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (la Mesa), se conformó en esa coyuntura del proceso de reforma del Código Penal de 1998 y del seminario sobre el aborto realizado por la Universidad Externado de Colombia⁶⁶.

Es importante destacar que, al momento en que fue interpuesta la demanda por Women’s Link Worldwide (WLW) esa organización era integrante de la Mesa, por lo que esta instancia, que ya venía explorando el trabajo interdisciplinario para avanzar en la despenalización del aborto, fue un nicho clave para el proyecto Laicia. Lo acogió, lo impulsó a partir de nuevas alianzas que buscaban potencializarlo y constituyó un puente con el movimiento de mujeres y el feminista⁶⁷.

Ahora bien, el número y características de las organizaciones y personas que han sido parte de la Mesa han variado significativamente a lo largo de los años, así como las actividades priorizadas y los recursos a disposición. Tres elementos han permanecido inmutables, sin embargo. En primer lugar, la identidad de la Mesa como instancia técnica⁶⁸. Esta caracterización ha permitido la coexistencia de grupos y personas con distintos intereses y convicciones, la construcción de puentes con el sector salud y el gobierno, y la legitimidad de los datos y argumentos producidos. En segundo lugar, el liderazgo por parte de un núcleo de médicas y médicos, prestadores de servicios de salud y feministas. En tercer lugar, el diseño de estrategias a partir de las ideas sobre la incidencia política comunes a toda América Latina, las cuales abarcan la construcción de alianzas, la definición de agendas comunes, la negociación, el consenso y las comunicaciones, entre otras.

Este diseño, en el caso de la Mesa, propone trabajar en cuatro áreas estratégicas: el monitoreo de la política pública, la incidencia legislativa y judicial, el trabajo regional y las comunicaciones⁶⁹. La primera área se dedica principalmente a supervisar las actuaciones del gobierno en materia de salud sexual y reproductiva mediante la forja de alianzas con los funcionarios pertinentes. Esto proporciona insumos para la producción de documentos, retroalimenta documentos técnicos y de política pública y reclama la efectividad en la acción estatal en este campo. El área de incidencia legislativa, por su parte, sigue la actividad del Congreso para detectar aliados y posibles opositores, y apoyar o detener esfuerzos que se estén desarrollando; mientras que la incidencia jurídica pretende intervenir en las decisiones judiciales con el fin de afianzar los estándares en materia de derechos de las mujeres. El trabajo regional, impulsado de manera más consistente a partir del 2015, ha buscado difundir, hacer seguimiento y exigir la garantía del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en algunas zonas focalizadas del país. Finalmente, el área de comunicaciones ha perseguido producir un impacto amplio en la opinión pública, así como visibilizar el trabajo de la Mesa para aumentar su influencia.

Los cambios que ha experimentado la Mesa se entienden mejor en relación con la transformación de la legislación penal sobre el aborto que introdujo la Sentencia C-355 de 2006. Para la mayoría de los observadores, incluida la Mesa, esta sentencia creó oportunidades para buscar dentro del ordenamiento jurídico el acceso a abortos seguros, al señalar que ni el médico ni la paciente que interrumpen un embarazo pueden ser castigados penalmente si se verifica alguna o varias indicaciones que hacen prevalecer la voluntad de la mujer sobre el interés estatal de proteger la vida en gestación. La sentencia aclara que estas son circunstancias en las que está en juego la dignidad de la mujer debido a: 1) la afectación de su salud; 2) la inviabilidad extrauterina del feto; 3) ser un embarazo resultante de violencia sexual; o 4) ser un embarazo resultante del incesto. La Sentencia también se esfuerza por señalar que estas circunstancias deben verificarse sumariamente, advirtiendo a médicos y hospitales sobre la exigencia de pruebas y objeciones de conciencia fundadas.

Este cambio legislativo en el que, como vimos antes, la Mesa apoya, anida e impulsa la estrategia de litigio liderada por WLW⁷⁰, llevó a priorizar el acceso a abortos seguros dentro del sistema de salud mediante la construcción de capacidades y el cambio estructural. Esto condujo a reorientar sus actividades en las áreas estratégicas a través de la adopción de nuevas acciones y la incursión en una relación más fuerte con el derecho y con las abogadas en tanto miembros de la alianza e integrantes del equipo de trabajo⁷¹. El cambio más fuerte en este sentido, crucial para el futuro de la Mesa y el activismo feminista colombiano, ha sido el énfasis en lo regional tanto latinoamericano como a nivel nacional.

En el campo del monitoreo de la implementación de la política pública, los primeros pasos de la Mesa mostraron una ruptura con sus formas clásicas de aproximación al asunto. Si antes de la Sentencia C-355 de 2006 la tarea era encontrar espacios de incidencia en el Ministerio de Salud e instancias internacionales, con la aprobación de la Sentencia la Mesa entendió que necesitaría intervenir para apoyar los desarrollos normativos indispensables para la implementación de la política y recoger datos que le permitieran contribuir a mejorar la acción del gobierno. Así, incluso antes de que la Corte Constitucional aprobara la Sentencia de manera definitiva, la Mesa, con el apoyo del Center of Reproductive Rights (CRR), trabajó en la producción de una regulación que permitiera hacerla operativa⁷². La experiencia de varios países de América Latina y de varios miembros de la Mesa mostraba que los funcionarios con tareas más operativas y contacto directo con pacientes no consideraban la normatividad producida por la Corte Constitucional como vinculante mientras no fuera traducida en normas técnicas avaladas por el Ministerio de Salud. Para la producción de esta regulación, el primer ejercicio que se llevó adelante fue la revisión de las regulaciones sanitarias existentes hasta ese momento en América Latina (Brasil, Bolivia, México, Perú, entre otros) que sirvieron como base para identificar las dimensiones a ser reguladas y que también fueron una fuente importante para identificar e incorporar, en la naciente regulación de Colombia, las medidas más garantistas desde el punto de vista de los derechos humanos. Esa revisión ofrecía al Ministro, un argumento importante para sostener la centralidad de las regulaciones en el proceso de implementación toda vez que utilizaba la mirada comparada. Pero además de esto, la revisión dio lugar a la publicación del libro Aborto legal: regulaciones sanitarias comparadas publicado por la International Planned Parenthood Federation (IPPF) en el 2008 bajo el liderazgo de una integrante de la Mesa. Esta revisión abarcó trece países y una comparación en torno a las regulaciones sobre seis dimensiones estratégicas: la organización y calidad de los servicios, la formación a prestadores, los sistemas de información, vigilancia y control, el financiamiento y los aspectos administrativos⁷³. El resultado fue que el marco normativo expedido en Colombia en el 2006, casi de manera simultánea a la decisión de la Corte, abarcó en su momento un decreto y una resolución marco que definían aspectos como la prestación, los costos, los servicios a incluir en el sistema de salud; un acuerdo y una circular que precisaban los elementos relativos a la recolección de información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y aspectos más detallados sobre la inclusión de la IVE en el sistema de salud. Las normas concretas aprobadas fueron el Decreto 4444 de 2006 “por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva”, la Resolución número 4905 de 2006 “por la cual se adopta la Norma Técnica para la atención de IVE” y el Acuerdo 350 de 2006 “por medio del cual se incluye en el plan obligatorio de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiario la atención para la IVE”^74-75.

Adicionalmente, la Mesa acompañó la estrategia del Ministerio de Salud frente al Invima —entidad encargada de autorizar los medicamentos en el mercado nacional— para lograr la aprobación del uso del misoprostol. Así, en el año 2007, esta entidad aprobó, mediante un acta, la ampliación de indicación del misoprostol que en adelante y, a partir de la evidencia científica disponible, podría ser utilizado en las tres causales para el aborto legal⁷⁶.

En materia de la implementación de la política pública, la Mesa también se dio a la tarea de trabajar en la identificación sistemática y metódica de las barreras que las mujeres enfrentan cuando solicitan un aborto. Si antes de la Sentencia C-355 de 2006 había prácticamente un consenso en cuanto a que las mujeres en ningún caso podían solicitar un aborto ante un prestador de servicios vinculado al sistema de salud, con la Sentencia se ha vuelto importante verificar hasta qué punto las mujeres han tenido acceso a abortos no solo seguros, sino también legales. La Mesa ha recopilado estos datos principalmente a través de una actividad novedosa, el acompañamiento de casos por parte de abogadas. Como se explica en el capítulo tercero, esta actividad es también una forma en la cual la Mesa responde a las necesidades de las mujeres individuales y ha sido bastante efectiva en su ayuda. Pero los datos que ha recogido a través de esta actividad le han servido no solo para la reflexión en torno a su efectividad, sino también para diseñar estrategias de intervención estructural. Una de las estrategias más importantes, como mostraremos en los capítulos primero y segundo, ha sido la creación de conocimiento legal para resolver “problemas” de interpretación que impiden a las mujeres el acceso a los servicios. Otra de las estrategias ha consistido en usar los datos sobre las barreras para escoger casos de litigio estratégico ante la Corte Constitucional, para promover políticas públicas u orientar acciones desde el poder ejecutivo que atiendan tales barreras, como lo explicamos en el capítulo tercero. Finalmente, los datos sobre las barreras han sido utilizados así mismo como una herramienta de monitoreo a las acciones del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud⁷⁷.

El liderazgo de las abogadas feministas en el proceso que llevó a la aprobación de la Sentencia C-355 de 2006, así como las necesidades relacionadas con el desarrollo normativo y el acompañamiento de casos, han conducido a la Mesa a establecer una mayor interacción con abogadas. Esta interacción ha permitido lograr modificaciones importantes en la membresía de la Mesa, si bien existen percepciones diferentes por parte de las abogadas acerca de qué tanto la estrategia jurídica es central en el trabajo del colectivo. En la actualidad, esto se refleja en una multiplicidad de esfuerzos que a veces parecen distraer a la Mesa de su objetivo inicial de articulación —la despenalización total—. Al respecto, pareciera más bien que el trabajo de más de diez años en la implementación del aborto legal le ha brindado un enorme capital argumentativo y estratégico para pensar sus acciones a futuro.

La identificación de barreras y acompañamiento de casos ha hecho que el trabajo en las regiones sea cada vez más importante para la Mesa, al punto que en los últimos tres años ha decidido que este sea un eje transversal de su estrategia. Mediante la creación de alianzas con organizaciones regionales que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, la Mesa actualmente realiza acciones en diferentes regiones de Colombia en materia de sensibilización y capacitación para funcionarios de los sectores de la salud, justicia y protección; así como, para mujeres, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, etc. Una vez estas organizaciones fortalecen su capacidad interna frente al tema de IVE y lo incorporan en sus agendas, se definen acciones de monitoreo y diagnóstico territorial de la implementación de la Sentencia C-355, acompañamiento de casos e incidencia y se procura generar lineamientos locales o departamentales al respecto.

Igualmente, la Mesa realiza el trabajo regional de mano de la institucionalidad nacional, departamental y local, con esto contribuye a mejorar la respuesta institucional relacionada con la garantía del derecho a la IVE. El trabajo regional es considerado por la Mesa como una herramienta para “afianzar” la interpretación de las causales, pero además, dada la débil implementación de la Sentencia fuera de Bogotá, fue necesario estructurar planes de trabajo más organizados y constantes con las aliadas regionales⁷⁸. El objetivo último de la Mesa, sin embargo, va mucho más allá: se propone fortalecer las organizaciones de mujeres en sus competencias de comunicaciones, sensibilización y capacitación con prestadores, monitoreo al gobierno local, acompañamiento de casos y trabajo de incidencia para avanzar en la implementación⁷⁹. El trabajo regional se inició en Barranquilla y Bucaramanga debido a la presencia de grupos de mujeres fortalecidos y la existencia de organizaciones y colectivos interesados en promover el tema o que trabajan cuestiones relacionadas, por ejemplo, violencia sexual o conflicto armado, pero la Mesa espera aumentar rápidamente sus aliadas en otras ciudades del país⁸⁰.

5. APUNTES METODOLÓGICOS

Este libro se basa en los resultados de una investigación que tuvo lugar entre los años 2014 y 2016 en el marco del proyecto “Abortion Rights Lawfare in Latin America” coordinado por el Centro “Law and Social Transformation” del Chair Michelsen Institute afiliado a la Universidad de Bergen. El objetivo de este proyecto era analizar el uso estratégico del derecho en las batallas por el derecho al aborto, así como los efectos de estos usos entre grupos antagónicos a la liberalización o a las regresiones o retrocesos en esta materia. Con este propósito, se llevaron a cabo seis estudios de caso en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y El Salvador y adicionalmente, dos estudios complementarios para analizar las tendencias regionales del lawfare en América Latina y a nivel global. En este libro, se retoman los hallazgos de la investigación de dos de estos casos, el colombiano y el latinoamericano⁸¹.

La investigación en Colombia abarcó tres fases para la recolección, sistematización y análisis de la información. En primer lugar, se realizó un trabajo de revisión de la literatura que abordaba temas como las cortes y los derechos, derechos sexuales y reproductivos, los usos del encuadre en derecho, métodos de investigación y casos de movilización legal a favor y en contra de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) en diferentes contextos. Adicionalmente, se realizó un trabajo de documentación y sistematización de las actividades realizadas por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres entre 2006 y 2015 (período comprendido por el proyecto de investigación). Este trabajo consistió en la lectura, sistematización y análisis de documentos compartidos por la Mesa y otras organizaciones de mujeres e información disponible en internet. La segunda fase de investigación consistió en el diseño, realización y sistematización de las entrevistas a actores relacionados con la implementación de la Sentencia C-355 de 2006.

Para la realización de las entrevistas, se identificaron tres grupos de actores: 1) integrantes y antiguas integrantes de la Mesa; 2) integrantes de diferentes colectivos y organizaciones involucrados con la efectiva implementación de la Sentencia; y 3) funcionarios públicos o actores del gobierno con funciones relacionadas con la práctica del aborto y expertos o actores de la movilización conservadora. En resumen, entre febrero del 2015 y abril del 2016, se realizaron y transcribieron 53 entrevistas realizadas a este conjunto de actores, mientras que en el caso latinoamericano los insumos se obtuvieron a partir de 24 entrevistas cualitativas en profundidad (de 77 entrevistas en total) a líderes de la implementación del aborto en América Latina provenientes de seis países: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Las entrevistas semiestructuradas abordaban diferentes temas o contenidos acorde con los grupos de actores establecidos⁸². Tras la realización y transcripción de entrevistas, la tercera fase de investigación consistió en varias lecturas y ejercicios de sistematización y análisis de la información producto de las entrevistas. Los resultados principales de estas investigaciones se plasmaron en tres reportes que son utilizados a lo largo del texto⁸³.

Por otra parte, este libro utiliza una serie de textos que han sido publicados por la Mesa en libros, cuadernillos o como materiales de entrenamiento a partir de los cuales este libro recrea ciertos contenidos en lo referente a la producción de conocimiento experto⁸⁴. Más que repetir, lo que aquí se busca es mostrar la relevancia de este trabajo dando a conocer los contenidos concretos que la Mesa ha producido como experta, de manera que puedan difundirse entre estudiantes de derecho, medicina, enfermería y otras facultades de ciencias de la salud. De este modo, a la vez, estas publicaciones —en su mayoría parte de la literatura gris— podrán existir en el universo académico, incrementando su impacto y sus usos.

También se utiliza la base de datos de la Mesa, en la que se consigna, desde hace casi diez años, el acompañamiento a mujeres que buscan realizarse un aborto legal y que son remitidas a la Mesa para encontrar soluciones a las barreras que enfrentan o simplemente orientación acerca de cómo acceder al procedimiento. Esta base de datos compuesta en su momento por más de 1.000 casos incluye variables que abarcan el rango de edad, el departamento, el estado civil, la raza, la etnia, estrato social, nivel educativo, actividad económica y situaciones especiales como la existencia de alguna discapacidad o ser víctima de conflicto armado. Adicionalmente, la base consigna información sobre el estado del embarazo (trimestre, edad gestacional), el proceso y trámite de solicitud (fuente de remisión, respuesta a la solicitud, tiempo de duración del caso) y los procedimientos administrativos o judiciales emprendidos para materializar el acceso al aborto (explicación de derechos, escrito de solicitud de IVE, tutela, queja u otro trámite).

Para entender mejor el efecto concreto del acompañamiento de casos sobre la decisión de las mujeres para acceder a un aborto y, en particular, recibirlo dentro del sistema de seguridad social en salud, se estimó un modelo de regresión logística para determinar qué variables podrían estar afectando las decisiones de las mujeres. En el modelo, incluimos cuatro categorías de variables que consideramos explican la decisión de la mujer que recibió asesoría: sociodemográficos, causal, barrera y acompañamiento. Por último, durante el año 2017, se realizaron entrevistas adicionales a las abogadas contratadas por la Mesa en los diez años anteriores, orientadas a precisar o ampliar información sobre aspectos explorados en las entrevistas del trabajo de investigación sobre el lawfare.

En términos metodológicos, es importante insistir en las elecciones que las autoras hemos realizado sobre aquellos aspectos del trabajo de la Mesa que han merecido un lugar en este texto. Se trata de revelar, por un lado, la mirada estratégica y, por el otro, las acciones más novedosas de la Mesa en lo concerniente a la movilización legal, a la acción transnacional y al acompañamiento sin pretender establecer un diálogo exhaustivo con ninguno de estos cuerpos de la literatura. Lo anterior por considerar que estas acciones encierran las mayores contribuciones, pero también las más novedosas para enriquecer la acción y reflexión del movimiento feminista, de los movimientos por la salud y los derechos reproductivos, de los operadores del aborto y de los académicos especialmente del derecho y la sociología.

Notas

1 Ana Cristina González Vélez y Paola Bergallo, “Legal Mobilization and the Struggle to Liberalize Abortion Laws in Latin America”, (manuscrito sin publicar, 2019).

2 Como por ejemplo, la inclusión de la causal salud, “uno de los supuestos de permisión legal para la interrupción del embarazo consagrados en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe”: Ana Cristina González Vélez, coord., Causal salud, interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos (Bogotá: La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología [FLASOG] y Alianza Nacional por el Derecho a Decidir [ANDAR], 2008), 15, https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2019/04/2.-libroCausalSalud.pdf.

3 Cecilia Barraza Morelle y Claudia Gómez López, Un derecho para las mujeres: la despenalización parcial del aborto en Colombia, editado por Miriam Cotes Benítez (Bogotá: La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2009).

4 Ana Cristina González Vélez, coord., Las causales de la ley y la causa de las mujeres. La implementación del aborto legal en Colombia: 10 años profundizando la democracia (Bogotá: La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2016), https://despenalizaciondelaborto.org.co/nuestrosestudios/.

5 Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Tatiana Alfonso Sierra, Mujeres, cortes y medios: la reforma judicial del aborto (Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes, 2008).

6 Virginia Vargas Valente, Feminismos en América Latina: sus aportes a la política y a la democracia (Lima: Universidad de San Marcos y Flora Tristan, 2008).

7 Según Gamba, la tercera ola del feminismo hace referencia a un trabajo más centrado en la agenda pública y en el cual la incidencia en ámbitos internacionales ha ocupado un lugar importante. Después de los años 80, “se produce una importante institucionalización del movimiento con la proliferación de ONGs, la participación de feministas en los gobiernos y organismos internacionales, y la creación de ámbitos específicos en el Estado”: Susana Gamba, Feminismo: historia y corrientes. Diccionario de estudios de género y feminismos (Buenos Aires: Editorial Biblos, 2008).

8 Véase: https://despenalizaciondelaborto.org.co/.

9 Barraza y Gómez, La despenalización parcial del aborto en Colombia.

10 Jaramillo y Alfonso, La reforma judicial del aborto.

11 C. Const., Sent. C-355, may. 10/2006, M. P. Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández.

12 Margaret Keck y Katheryn Sikkink, Activists Beyond Borders (Ithaca: Cornell University Press, 1999).

13 Andreas Wimmer, “Globalizations Avant la Lettre: A Comparative View of Isomorphization and Heteromorphization in an Interconnecting World”. Comparative Studies Society and History 43, n.° 3 (2001): 435-466, https://doi.org/10.1017/S0010417501004182.

14 Sidney Tarrow, “Outsiders Inside and Insiders Outside: Linking Transnational and Domestic Public Action for Human Rights”. Human Rights Review 11, (2010): 117-182, https://doi.org/10.1007/s12142-009-0115-5.

15 Sidney Tarrow, “Transnational Politics: Contention and Institutions in International Politics”. Annual Review of Political Science 4, (2001): 1-20, https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.1.

16 Richard Price, “Transnational Civil Society and Advocacy in World Politics”. World Politics 55, n.° 4 (2003): 579-606, https://doi.org/10.1353/wp.2003.0024.

17 Wimmer, “Globalizations”, 435-466.

18 Tarrow, “Transnational Politics”, 1-20.

19 Ibídem.

20 Elizabeth Bloodgood y Emily Clough, “Transnational Advocacy Networks: A Complex Adaptive Systems Simulation Model of the Boomerang Effect”. Social Science Computer Review 35, n.° 3 (2017): 319-335, https://doi.org/10.1177%2F0894439316634077.

21 Keck y Sikkink, Activists Beyond Borders.

22 Bloodgood y Clough, “Transnational Advocacy Networks”, 319-335.

23 Price, “Transnational Civil Society”, 579-606.

24 Ibídem.

25 Ibídem.

26 Es fundamental aclarar que, en materia de la implementación del aborto legal y el acceso a servicios de aborto seguros, algunas organizaciones prestadoras de servicios como Oriéntame, en Colombia, han sido centrales y su labor, invaluable tanto para asegurar este derecho a las mujeres como para aportar en la construcción de modelos de atención integrales.

27 Francesa Gargallo, Las ideas feministas latinoamericanas (Ciudad de México: Universidad de la Ciudad de México, 2004).

28 Vargas, Feminismos en América Latina.

29 Julieta Kirkwood, Los nudos de la sabiduría feminista (Santiago de Chile: FLACSO, 1984).

30 Sonia E. Álvarez, et al., “Encountering Latin American and Caribbean Feminisms”. Signs: Journal of Women in Culture and Society 28, n.° 2 (2003): 537-579, https://doi.org/10.1086/342589.

31 Janet Conway, “Transnational Feminisms and the World Social Forum: Encounters and Transformations in Anti-Globalization Spaces”. Journal of International Women’s Studies 8, n.° 3 (2007): 49-70, https://vc.bridgew.edu/jiws/vol8/iss3/5/.

32 Kirkwood, Los nudos de la sabiduría feminista.

33 Marysa Navarro, “El primer encuentro Latinoamericano y del Caribe”, en Sociedad, subordinación y feminismo. Debate sobre la mujer en América Latina y el Caribe, editado por Magdalena León (Bogotá: Asociación Colombiana para el Estudio de la Población, 1982), 261-266.

34 Gargallo, Las ideas feministas latinoamericanas.

35 Vargas, Feminismos en América Latina.

36 Álvarez et al., “Encountering Latin American and Caribbean Feminisms”, 537-579.

37 Cecilia Riquelme, “Apuntes para la historia del movimiento lésbico en América Latina”, Archivo Chile (blog), (3 de noviembre de 2004), http://www.archivochile.com/Mov_sociales/mov_mujeres/doc_muj_otros/MSdocmujotros0015.pdf.

38 Álvarez et al., “Encountering Latin American and Caribbean Feminisms”, 537-579.

39 Centro Latino-Americano en Sexualidade e Direitos Humanos [CLAM] Brasil, “Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Acción y Prácticas Feministas”, CLAM Brasil, (2011), http://www.clam.org.br/busca/conteudo.asp?cod=8369.

40 Este trabajo podría entenderse precisamente como uno que contrarresta los efectos negativos sobre las organizaciones, y que Bloodgood y Clough han vinculado a la movilización transnacional.

41 Sidney Tarrow, Power in Movement (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

42 Scott L. Cummings, “The Social Movement Turn in Law”. Law and Society Inquiry 43, n.° 2 (2017): 360-416, https://doi.org/10.1111/lsi.12308.

43 Ronald Dworking, Law’s Empire (Cambridge: Harvard University Press, 1986).

44 Austin Sarat y Thomas Kearns, Law in Everyday Life (Minneapolis: University of Michigan, 1993).

45 Véase también: Ana Cristina González Vélez e Isabel Cristina Jaramillo Sierra, “Legal Knowledge as a Tool for Social Change: La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres as an Expert on Colombian Abortion Law”. Harvard Health and Human Rights Journal 19, n.° 1 (2017): 109-118, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28630545.

46 La idea de que la norma sea lo suficientemente sencilla como para no necesitar expertos impulsó de manera muy significativa los esfuerzos de codificación que se adelantaron en los siglos XVIII y XIX y que continúan hoy. Sobre el caso colombiano véase: Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Derecho y familia. Historias de raza, género y propiedad, 1560-1980 (Bogotá: Universidad de los Andes, 2013). Para una definición de los “expertos” y la “experticia” véase: Richard Hoffman, “How can Expertise Be Defined? Implications of Research from Cognitive Psychology”, en Exploring Expertise, editado por Robin Williams, Wendy Faulkner y James Fleck (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 1996), 81-100.

47 Sobre la producción y circulación de conocimiento en el derecho, véase el trabajo de: Daniel Bonilla Maldonado, Geopolítica del conocimiento jurídico (Bogotá: Universidad de los Andes y Siglo del Hombre Editores, 2015). Acerca de las demandas de la institucionalización sobre los conflictos políticos en derecho, véase: Isabel Cristina Jaramillo Sierra, “Mapeando los intercambios académicos a lo largo de la división Norte-Sur”, en Geopolítica del conocimiento jurídico, editado por Daniel Bonilla Maldonado (Bogotá: Universidad de los Andes y Siglo del Hombre Editores, 2015), 335-368.

48 Sobre las inclinaciones políticas de los expertos en general, véanse: Vicent Lemieux, “The Scholar and the Expert”. Canadian Journal of Political Science 25, n.° 4 (1992): 651-660, https://doi.org/10.1017/S0008423900004431; Stan J. Knapp, “Analyzing Narratives of Expertise: Toward the Development of a Burkeian Pentadic Scheme”. The Sociological Quarterly 40, n.° 4 (1999): 587-612, https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1999. tb00569.x; Stephen Turner, “What is the Problem with Experts?” Social Studies of Science 31, n.° 1 (2001): 123-149, https://doi.org/10.1177%2F030631201031001007; Harry M. Collins y Robert Evans, “The Third Wave of Science Studies: Studies on Expertise and Experience”. Social Studies of Science 32, n.° 2 (2002): 235-296, https://doi.org/10.1177%2F0306312702032002003; Anne Kerr, Sarah Cunningham-Burley y Richard Tutton, “Shifting Subject Positions: Experts and Law People in Public Dialogue”. Social Studies of Science 37, n.° 3 (2007): 385-411, https://doi.org/10.1177%2F0306312706068492.

49 Un buen resumen sobre el debate de lo que puede ganarse en general con el litigio se encuentra en el capítulo cuarto de Jaramillo y Alfonso en Mujeres, cortes y medios. En el capítulo segundo de este libro, se muestra que, en relación con los casos individuales, hay también bastante escepticismo sobre el efecto del litigio.

50 En la actualidad, las organizaciones que hacen parte de la Mesa son: la Fundación Educación para la Salud Reproductiva [ESAR], Fundación Oriéntame, la Red Nacional de Mujeres, Gea jurigeneristas, Médicos del Mundo-Misión Francia. Las personas que hacen parte de la Mesa son: Ana Cristina González Vélez, Beatriz Quintero, Camila Umaña, Carolina Melo, Cristina Villarreal, Diana Caicedo, Elizabeth Castillo, Florence Thomas, Juliana Martínez Londoño, Johana Cepeda, Magda Alberto, María de los Ángeles Ríos, María Mercedes Vivas, Martha Liliana Cuellar, Nicolás Dotta, Salome Valencia, Ana María Méndez, Luisa Vega, Diana Marcela Sastoque, Jennipher Corredor y Ginna González.

51 Sobre las restricciones políticas para la movilización sobre el aborto véase el capítulo tercero de Jaramillo y Alfonso en Mujeres, cortes y medios.

52 Vargas, Feminismos en América Latina.

53 Ana Cristina González Vélez et al., Redes en acción. Salud y derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe (Buenos Aires: CEDES y Fundación Ford, 2009).

54 María Betania Ávila, “Feminismo y ciudadanía: La producción de nuevos derechos”, en Género y salud reproductiva en América Latina, editado por Lucila Sacavone (Cartago: LUR, 1999), 57-83.

55 Sonia Correa y María Betania Ávila, “Direitos sexuais e reprodutivos. Pauta global e percursos brasileiros”, en Sexo & Vida. Panorama da Saúde Reprodutiva no Brasil, editado por Elza Berquó (Campinas: Editora Unicamp, 2003).

56 Martha Lamas, “El aborto en la agenda del desarrollo de América Latina”. Perfiles Latinoamericanos 16, n.° 31 (2008), 65-93, https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/186.

57 Rosalind Polland Petchesy y Sonia Correa, Reproductive and Sexual Rights: A Feminist Perspective (Boston: Harvard Center for Population and Development Studies, 1994).

58 Correa y Ávila, “Direitos sexuais e reprodutivos”.

59 Es inspiradora la manera en la que Ávila explica la centralidad del aborto: “La consigna ‘Nuestro cuerpo nos pertenece’ que en los años de la década de 1970 se extendió por el mundo inspirando rebeldías, debe ser rescatada como un enunciado y lugar de constitución de existencia propia como individuo”: Ávila, “Feminismo y ciudadanía”, 65.

60 Para el año de fundación de estas redes fueron consultados los siguientes sitios web: http://reddesalud.org; https://www.cladem.org/es/nosotras/acerca-de-cladem; http://www.cddperu.org/acerca-de-cdd/historia; http://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/campanas/28-de-septiembre; https://redlac.org.

61 Para el año de fundación de estas redes fueron consultados los siguientes sitios web: http://www.mujeresdelsur-afm.org.uy/nosotras y http://clae-la.org/historia/.

62 En esta época, surgieron también la mayoría de las redes dedicadas al VIH (CRN+, ICW, MLCM, LACCASO), a los derechos LGTB (ILGA, IGLHRC) y la RedTraSex de trabajadoras sexuales. Sobre otros temas de agenda relevantes en derechos sexuales y reproductivos véase: González et al., Redes en acción.

63 Para el año de fundación de estas redes fueron consultados los siguientes sitios web: http://clacai.org/nosotros/ y http://www.clam.org.br/en/about-us/conteudo.asp?cod=148.

64 Integrante de la Mesa, entrevistada por Laura Alexandra Castro, 18 de marzo de 2015.

65 Durante el proceso de la reforma al Código Penal de 1998, la senadora Margarita Londoño, del Valle, buscó modificar los artículos 123, 124 y 125 que penalizaban el aborto en Colombia y contactó a mujeres expertas y militantes en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Integrante de la Mesa, entrevistada por Laura Alexandra Castro, 18 de marzo de 2015.

66 Cecilia Barraza Morelle y Claudia Gómez López, “La lucha por la despenalización del aborto en Colombia”, en Un derecho para las mujeres: la despenalización parcial del aborto en Colombia, editado por Miriam Cotes Benítez (Bogotá: La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2009), https://ngx249.inmotionhosting.com/~despen5/wp-content/uploads/2019/02/3.Un_derecho_para_las_mujeres_despenalizacion_parcial_del_aborto_en_Colombia.pdf.

67 Women’s Link Worldwide, “LAICIA: Litigio de Alto Impacto - La despenalización del aborto en Colombia”, Vimeo, 30 de marzo de 2011, https://vimeo.com/21714655.

68 Barraza y Gómez, “Despenalización del aborto en Colombia”.

69 Desde su formación hasta la actualidad, los grupos de trabajo de la Mesa han tenido diferentes denominaciones. De acuerdo con la primera, las tres primeras áreas de acción eran salud y gobierno, jurídica e incidencia y comunicaciones: Barraza Morelle y Gómez López, Un derecho para las mujeres. La segunda, según la información disponible en el sitio web de la Mesa, incluye las áreas o líneas de trabajo de monitoreo y control político, implementación y política pública y el área legal. Finalmente, la tercera presenta como áreas de trabajo las de incidencia jurídica y legislativa e implementación, conforme a las distintas entrevistas realizadas a las integrantes de la Mesa y a Azaí Consultores, Informe de relatoría de talleres de fortalecimiento y construcción de lineamientos estratégicos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Bogotá: Azaí Consultores, 29 de agosto de 2014).

70 Jaramillo y Alfonso, La reforma judicial del aborto.

71 De hecho, en el 2004, según documentos internos de la Mesa, la misión de la organización fue renovada como la de un “colectivo que promueve el acceso al aborto seguro, de calidad y totalmente despenalizado, para garantizar el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres”. La visión, por su parte, reza que “en 2020 la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres será el referente nacional en el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, habrá contribuido al acceso oportuno a las tres causales y una mayor favorabilidad ciudadana frente a la despenalización del aborto”.

72 El CRR había acompañado la demanda de Laicia y entendía que era necesario avanzar en la regulación para acercar la decisión constitucional —en caso de que promoviera el aborto legal— a los responsables de su implementación: el sector salud. Para este fin, el CRR contrató una consultoría con una de las expertas de la Mesa quien en su representación fue el vínculo inicial de la sociedad civil con el Ministerio de Salud para avanzar en esta tarea (Ana Cristina González Vélez, integrante y fundadora de la Mesa).

73 Giselle Carino, Ana Cristina González Vélez y Juanita Durán, Aborto legal: regulaciones sanitarias comparadas (IPPF/RHO, 2008).

74 Integrantes de la Mesa, entrevistadas por Laura Alexandra Castro, 4 y 18 de marzo de 2015.

75 La Mesa fue constituida como asesora principal para la elaboración del Decreto 4444 de 2006 “por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva”, la Resolución número 4905 de 2006 “por la cual se adopta la norma técnica para la atención de IVE” y el Acuerdo 350 de 2006 “por medio del cual se incluye en plan obligatorio de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiario la atención para la IVE”.

76 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), “Acta n.° 37 de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora”, Invima, 5 de agosto de 2009.

77 Ana Cristina González Vélez y Laura Castro, Barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia (Bogotá: La Mesa por la Vida y la Salud de Las Mujeres, 2017).

78 Exintegrante de la Mesa, entrevistada por Laura Alexandra Castro, 18 de febrero de 2015.

79 Integrante de la Mesa, entrevistada por Laura Alexandra Castro, 6 de mayo de 2015.

80 Es importante tener en cuenta que el trabajo sistemático y continuado por la Mesa para avanzar en la implementación del aborto legal en Colombia ha sido posible gracias al financiamiento sostenido a través de dos organizaciones internacionales, una de Estados Unidos y otra de Noruega.

81 Las investigadoras principales del caso colombiano fueron Isabel Cristina Jaramillo y Ana Cristina González Vélez, autoras de este libro, y esta última, a su vez, fue investigadora principal del caso regional latinoamericano junto con Paola Bergallo, abogada argentina.

82 Con el primer grupo, se indagó sobre las diferentes actividades adelantadas por la Mesa, por la participación del o de la entrevistada(o) en ellas y la posibilidad de compartir archivos o documentos que nutrieran el archivo sobre el trabajo del colectivo. Para el segundo y tercer grupo, respectivamente, se diseñaron preguntas relacionadas con la experiencia del o de la entrevistada(o) en temas relacionados con la Sentencia, su opinión acerca de los logros y retos en esta materia, por su conocimiento y experiencias de trabajo con la Mesa y por las estrategias conservadoras que eran de su conocimiento.

83 El primer informe contiene una descripción del trabajo de la Mesa, un recuento de las actividades y estrategias del colectivo, una reconstrucción de las principales convergencias y divergencias del primer grupo de participantes acerca del trabajo de esta organización y un análisis acerca de las formas como esa organización usa el derecho. El segundo informe se centra en el trabajo de implementación de la Sentencia C-355 de 2006 y plantea los logros y retos en el proceso de implementación de esta decisión, la movilización política y legal de las organizaciones de mujeres frente a este precedente y las diferencias entre el trabajo de la Mesa y el de otras organizaciones. El tercer informe se basa en la movilización conservadora y presenta un recuento de las principales estrategias y acciones de la movilización conservadora en contra de la implementación de la Sentencia y una propuesta de aproximación a la movilización conservadora según la movilización progresista.

84 Véase: Anexo. Publicaciones de la Mesa.

Capítulo I
LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EXPERTO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL: MOVILIZACIÓN Y ACCIÓN TRANSNACIONAL
1. INTRODUCCIÓN

Aun cuando la Mesa es un actor local, los últimos diez años de su trabajo se han dedicado al avance en la implementación del aborto en Colombia y permiten identificar estrategias en las que ha sido central la acción transnacional. Por una parte, para producir conocimiento experto, ha acudido a los contenidos sobre los derechos humanos creados a nivel transnacional (tanto en lo global como en lo regional) y ha utilizado los estándares y desarrollos jurisprudenciales más progresistas para aportar una producción original de conocimiento experto hecho desde la sociedad civil¹. Esa producción transnacional, sin embargo, no es resultado exclusivamente del trabajo de organizaciones propiamente transnacionales o internacionales, en aquella han incidido también organizaciones locales directamente o mediante el establecimiento de alianzas con otras organizaciones regionales. Por otra parte, al producir un conocimiento experto que avance en la interpretación de esos estándares internacionales, la Mesa ha logrado trabajar con actores transnacionales, sus producciones les han servido a estos y a organizaciones locales en otros países por lo que se ha creado un círculo en virtud del cual la Mesa consume y produce lo transnacional.

En esta línea, la Mesa ha destinado una cantidad importante de recursos económicos y humanos a una actividad que podría parecer rutinaria en el trabajo de las organizaciones: la producción y difusión de contenidos favorables respecto al punto de vista y a la demanda de la que se hacen cargo. Aquí proponemos que la Mesa ha aportado una nueva manera de acercarse a la movilización, pues genera un movimiento transnacional regional de fuerte impacto en América Latina. Este aporte ha servido para cualificar ese trabajo rutinario hasta convertirse en una experta legal cuya movilización tiene efectos pedagógicos importantes². Esta organización basa su reclamo de experticia en la cantidad de conocimiento acumulado sobre la implementación de la normatividad relativa al aborto, en la calidad de su interpretación de las normas relevantes y su capacidad para entrenar a los prestadores del servicio para la solución de problemas prácticos relacionados con la aplicación de la normatividad. En particular, aquí se muestra que es quizá la única organización que tiene datos sistemáticos sobre la experiencia de las mujeres —atención a casos— con el sistema de salud respecto al acceso al aborto legal; que su interpretación de las normas relevantes supera por mucho la existente entre los doctrinantes del derecho penal y que ha conseguido construir puentes con el Estado como entidad experta para influir en la política pública y, con sus propios recursos y estrategias, ha logrado incidir en las regiones y entrenar una multiplicidad de actores en la interpretación compleja del derecho que se propuso crear. Es precisamente esto lo que lleva a que tantos y tan variados actores afirmen que la Mesa es un “referente” técnico:

El rol de la Mesa es claro en también ser un referente en el tema […] es importante que la Mesa siga teniendo un lugar en donde, si hay un debate sobre esto en el Congreso, tenga la credibilidad para estar ahí, para ser una voz. Porque me parece que tiene que ejercer también ese rol político, de ser la voz de la implementación […] yo creo que ese es el rol que llevan. Particularmente lo veo —yo lo he visto— en el acceso al derecho³.

[…] Es [la Mesa] un referente para organizaciones, por ejemplo, con la producción de causal salud o la causal de violación. Esos documentos son claramente referentes para la región, pero también para las organizaciones de base que reciben casos de mujeres que están enfrentando casos de embarazos no deseados. En todas las llamadas que a mí me llegan de personas con embarazos no deseados que quieren saber más información sobre el aborto, la Mesa es [a]donde yo remito la gente, eso es súper claro. Entonces, es un referente, tanto para tomadores de decisión como para personas potenciales usuarias, de saber lo que está pasando. Siempre sabemos que de los mandatos de la Sentencia a lo que pasa en la vida real, hay muchísima distancia y yo creo que la Mesa ha trabajado en acortarla⁴.

Adicionalmente, nos interesa evidenciar que la Mesa ha diseñado una estrategia para construir y difundir conocimiento, desde la sociedad civil, que presta atención a los problemas de legitimidad y de democratización. Tanto en la fase de recolección de información, como en la de identificación de necesidades de conocimiento y en la de difusión ha buscado involucrar a las mujeres, allende el trabajo con organizaciones y a los expertos más allá de sus instituciones. Esta estrategia se ha amoldado a tres circunstancias importantes del contexto y otros objetivos de largo plazo: 1) el trabajo interprofesional entre médicos y abogados; 2) la movilización regional, es decir, la latinoamericana; y 3) la construcción de puentes con otros actores y movimientos que buscan la democratización de la sociedad colombiana.

Para ilustrar la manera como la Mesa ha interpretado el derecho para hacerlo producir efectos y ha movilizado el derecho para lograr cambios sociales, presentamos los dos principales procesos de producción de conocimiento en los que se ha embarcado entre el 2006 y 2016⁵. En el primer proceso, al que nos referiremos como el proceso de las causales, la Mesa se encargó de crear interpretaciones de autoridad sobre las indicaciones en las que la Corte Constitucional ordenó despenalizar el aborto: salud, violación y malformación fetal⁶. En el segundo, al cual llamaremos el proceso de producción de conocimiento en temas emergentes, asociado a la identificación de barreras, la Mesa ha desarrollado interpretaciones sobre los problemas de los límites a la edad gestacional y la objeción de conciencia. Así mismo, mostraremos que la Mesa siguió algunos derroteros comunes en los casos de las tres causales y los dos temas emergentes: 1) priorizar temas que contaran con información suficiente y confiable; 2) integrar los desarrollos normativos en términos de derechos humanos y derecho internacional a la producción de conocimiento local; 3) validar las interpretaciones con expertos reconocidos en las comunidades de referencia, en particular, para propiciar el diálogo entre el derecho y la salud; y 4) reconocer la importancia de las tensiones políticas y diferencias ideológicas en algunos puntos de interpretación doctrinal. En la misma vía, señalamos que mientras en unos casos se llegó a producir un resultado concreto validado por las comunidades de referencia, en otros, el resultado idóneo no era producir conocimiento o difundirlo, sino promover debates interdisciplinarios y construir argumentos con la autoridad suficiente que sirvieran para nutrir debates futuros.

Después de presentar los casos, hacia el final de este capítulo proponemos una reflexión sobre el trabajo transnacional de la Mesa y la centralidad del derecho para el mismo. Afirmamos que esta es efectivamente una forma de movilización legal con oportunidades y retos⁷. Entre las oportunidades se encuentra la posibilidad de transformar las prácticas de los prestadores de servicios de salud sin tener que acudir al uso de la fuerza y sin tener que contar con el respaldo de la autoridad de un funcionario público. Así mismo, la producción y difusión de conocimiento permite construir alianzas duraderas, coordinar la acción hacia el largo plazo y crear escenarios políticos novedosos en los que el poder de definición está en manos de actores diferentes a los tradicionales como lo serían las cortes. La producción de conocimientos, sin embargo, tiene como límite último la arquitectura sobre la que se construye —el texto legal— y la autoridad que lo corrobora —los jueces—. En este sentido, es una estrategia que puede enfrentar dificultades en el futuro: bien porque se produzcan nuevas interpretaciones o porque las existentes sean contestadas por otros actores legítimos.

Concluimos el capítulo planteando que, como resultado del énfasis puesto en la creación de condiciones para la garantía del aborto legal, pareciera que esta organización ha dejado en espera su misión principal: la despenalización total del aborto.

2. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EXPERTO EN EL PROCESO DE LAS CAUSALES

El trabajo por la implementación del aborto legal en Colombia a partir de la producción de los consensos sobre las causales empezó justo después de que la Mesa, junto con el Center of Reproductive Rights (CRR) y Women’s Link Worldwide (WLW), lograran impulsar, ante el Ministerio de Protección Social, un decreto reglamentario que tradujera la decisión de la Corte Constitucional en normas aplicables al sector de la salud⁸. La primera causal que se promovió fue la causal salud, en la que se trabajó desde el inicio de manera conjunta con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) de México y con la meta de desarrollar una propuesta para América Latina y no solamente para los países a los que pertenecían estas dos organizaciones. Este trabajo partió de la idea que, si se les daban los argumentos y herramientas necesarios a los operadores sanitarios y judiciales para interpretar la norma de forma rigurosa y consistente con los marcos de derechos humanos, se podría ampliar el acceso al aborto seguro para las mujeres, pues se superaría el marco estrictamente médico del riesgo contra la salud como riesgo de morir, que había limitado excesivamente el acceso al aborto seguro⁹. Esta barrera fue explícitamente reconocida por los expertos que firman el consenso de la causal salud:

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han consagrado como supuesto de permisión legal para la interrupción de un embarazo, el que ésta tenga como propósito evitar un peligro para la salud de las mujeres. En la práctica, es común que la aplicación de este supuesto de permisión (causal salud) se reduzca a las situaciones extremas en que la mujer se encuentra en riesgo de muerte, en lugar de ampliar su aplicación para proteger y procurar la salud y el bienestar de las mujeres en forma integral¹⁰.

En el marco de este proceso, la Mesa diseñó y puso a prueba una metodología que se replicó posteriormente en el desarrollo de las otras causales, primero en relación con la causal violación y luego con la causal malformación fetal. En el caso de la causal violación, los datos relevantes sobre su aplicación fueron aportados principalmente por los casos judicializados en Argentina y México, algunos de ellos estudiados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de la causal malformación fetal, la necesidad de la producción de conocimiento surgió de los casos acompañados por la Mesa, pero también de los grupos que trabajan en temas de discapacidad y que aportaron una mirada teórica y comparada.

En lo que resta de este capítulo, presentamos el proceso de las causales. Explicamos con detalle su desarrollo a partir de la causal salud que fue el detonante de las causales que surgieron posteriormente y mostramos las diferencias entre las tres siempre que resulte relevante. A continuación, exponemos el proceso de producción de conocimiento experto que se estructuró a partir de los temas emergentes en los cuales la identificación de barreras fue muy importante. Cabe señalar desde ya que ambos procesos comparten, con niveles de intensidad distinta, una estrategia de movilización transnacional más potente en las causales salud y violación, y en materia de la objeción de conciencia. La causal malformación fetal, los límites a la edad gestacional y las barreras, por su parte, se centraron más en la acción local y es allí en donde ubicamos sus efectos.

2.1. Las causales salud y violación

En este primer apartado, presentamos de forma detallada el proceso que adelantó la Mesa, de manera conjunta con otras organizaciones de América Latina, para la construcción de una interpretación sobre la causal salud y para la producción del consenso sobre la causal violación. Destacamos, por un lado, la importancia de la constitución de una coalición entre redes, campañas y organizaciones, así como el diálogo de saberes con el derecho y la salud; y por otro, la creación del consenso como un pilar central y una apuesta para generar una interpretación basada en el marco de derechos humanos transferible a toda la región latinoamericana. Realizamos lo anterior, haciendo énfasis en el hallazgo de que la causal salud liga, en un sentido más estricto, problemas de interpretación, mientras que la causal violación responde a problemas de aplicación más diversos según las normas específicas de cada país¹¹.

Con respecto a los problemas de la causal salud, se asocian claramente con aquellos conceptos con potencial de ser objeto de una interpretación por parte del operador como salud o riesgo, por mencionar dos ejemplos. Por su parte, los problemas de la causal violación se vinculan con la aplicación de los criterios exigidos por cada país para cumplir la causal: la existencia o no de la denuncia, la centralidad o marginalidad de la palabra de la mujer para acceder al procedimiento, etc¹². Por otra parte, en el caso de la causal por malformación fetal, en lugar de un proceso regional latinoamericano, dada la naturaleza del debate y sus implicaciones para las discusiones sobre los derechos humanos de las personas con dicha condición y la discapacidad más allá del aborto —temas que excedían la conversación propuesta desde la Mesa— y tras un acuerdo con los aliados regionales, la organización se dio a la tarea de producir un documento propio con argumentos para nutrir potenciales debates en torno al tema a partir de la revisión de literatura experta y no del consenso entre expertos. Por esta razón, el proceso no se incluyó como parte de la construcción de consensos¹³.

Tres aspectos básicos caracterizaron el proceso de producción de conocimiento de las causales: la iniciativa basada en alianzas regionales y plurales en cuanto al tipo de actores; la metodología orientada a la producción de consensos y la clara y sistemática estrategia de difusión y pedagogía. Veamos.

Como se ha documentado en otros textos¹⁴, desde el año 2006, la Mesa, como parte del diseño de distintas estrategias y acciones que buscaban la implementación del marco legal sobre el aborto en Colombia, empezó a concebir la idea de llevar adelante un proceso que permitiera interpretar de forma amplia la causal salud¹⁵. Este proceso fue impulsado en conjunto con otras organizaciones de América Latina y culminó en el año 2008 con la publicación del texto de consensos, cuyos contenidos han sido difundidos tanto en Colombia como en otros países y en algunos espacios regionales bajo la denominación de ‘causal salud’¹⁶. Posteriormente, en el 2011, y mediante un proceso que replicaba la metodología desarrollada para la causal salud, la Mesa publicó un segundo documento sobre la ‘causal violación’ que, como el anterior, fue producto de la elaboración colectiva y consensuada de diferentes organizaciones, la mayoría de las cuales habían participado del proceso de desarrollo de la causal salud¹⁷.

En relación con la causal salud, el detonante del proceso fue constatar que en América Latina esta causal se interpretaba de manera muy restrictiva y no se había traducido, pese a décadas de existencia en prácticamente todos los países de la región, en un mayor acceso al aborto legal¹⁸. En Argentina, por ejemplo, se reconoció el aborto terapéutico —manera convencional de referirse a la indicación de salud— desde 1921, pero se consideraba un peligro para la vida; en Brasil, desde 1940, esta causal hacía referencia a los casos donde no existía otra manera de salvar la vida de la gestante; y en Costa Rica, desde 1970, se relacionó con el peligro para la vida o la salud de la madre¹⁹.

[…] la causal salud significa un desafío a nuestra cultura legal. Porque tenías estas cláusulas de aborto legal desde la década de los 20 en países como Ecuador, Perú, Argentina […] Entonces, el reclamo porque se cumpla la legalidad nos vincula con el Estado de derecho y también desafía cuáles son las razones para seguir manteniendo la ilegalidad en el aborto²⁰.

Oriéntame tiene un trabajo en toda la región latinoamericana en la prestación de servicios y conocemos muy bien que en todos los países, prácticamente de América Latina, hay causal salud que no se usa para nada, que es como si no existiera, es letra muerta en un código y no más²¹.

En este contexto y junto con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir de México (la Alianza)²², se impulsó, en 2007, una discusión amplia y plural acerca de los alcances de la causal salud con la aspiración de “ampliar y garantizar el acceso de las mujeres a servicios de interrupción legal del embarazo, al mismo tiempo que se podrían generar elementos para brindar certidumbre a los/as profesionales que habrían de aplicarla”²³. En el caso de la causal violación, el impulso inicial se dio desde la Mesa junto con el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir y el Comité de Derechos Reproductivos de la FLACSO junto con otras organizaciones de América Latina. El proceso de la causal violación se apoyó así en las alianzas construidas en torno a la causal salud a través de las instituciones, redes, campañas y organizaciones que participaron del primer proceso²⁴. En cada uno de estos procesos, se buscaba que las activistas, defensores y expertas(os) convocados representaran la diversidad de actores involucrados en la batalla por el aborto legal en América Latina. Así mismo, se esperaba que cubrieran una amplia gama de saberes profesionales desde la medicina y el derecho hasta la filosofía, la ciencia política y la sociología, entre otras. Lo anterior, se hizo con el fin de asegurar tanto la legitimidad como la credibilidad necesarias que se condijeran con el tamaño de la tarea que suponía la construcción de un consenso latinoamericano, tanto en lo técnico como en lo político²⁵.

Es importante destacar que la creación de una amplia coalición que brindaba, por un lado, legitimidad (representación de organizaciones) y, por el otro, credibilidad (presencia de experiencias y disciplinas), fue posible por la existencia de lazos previos de confianza entre las organizaciones feministas. Estas habían trabajado en la agenda de los derechos reproductivos en la región desde los años 90, cuando se aprobó la agenda de El Cairo con arraigo en una tradición internacionalista de movimiento en la región. Estos mismos grupos empezaron más adelante a tejer alianzas con otros actores relevantes como los prestadores del servicio; y más tardíamente con los grupos de derechos humanos y las feministas provenientes del campo legal²⁶. Más de cuarenta organizaciones y expertos(as) de distintas disciplinas provenientes de toda Latinoamérica (redes de mujeres, centros de investigación, campañas, organizaciones internacionales, alianzas nacionales, prestadores de servicios y organizaciones de derechos humanos) imprimieron un sello de multidisciplinariedad y diversidad política en el proceso de las causales.

Para empezar el trabajo de las causales en ambos casos, se constituyeron dos grupos de trabajo: el Grupo Impulsor y el Grupo Ampliado. El primero, como su nombre lo indica, llevó adelante el proceso en cada una de las causales y se ocupó de que el Grupo Ampliado abarcara la mayor representación de todos los actores involucrados de distintas maneras en la agenda para la aprobación del aborto en la región. Del Grupo Impulsor, emanaron las reglas de juego que fueron posteriormente consensuadas con todos los participantes, así como la estructura inicial del documento que pasaría a discutirse en el foro virtual. Para ambos consensos, el proceso virtual estuvo precedido por una reunión presencial que sirvió para estrechar los lazos de confianza entre todos los integrantes del Grupo Ampliado (del cual era parte por supuesto el Grupo Impulsor) y para afinar las reglas del proceso²⁷.

La idea de construir un foro virtual era contar con un espacio para el debate de los contenidos, el planteamiento de las diferencias o las dudas y la resolución de los conflictos sobre posiciones contrarias. De esta manera, y apoyados en una secretaría técnica, fueron discutidos los borradores sobre cada uno de los capítulos acordados, para cada una de las causales que, como hemos enfatizado, tuvieron lugar en tiempos diferentes. Cada uno de estos procesos culminó con una reunión final para resolver diferencias que no habían podido conciliarse en el espacio virtual sobre contenidos del texto, pero también para aprobar por consenso el documento final de cada causal y diseñar las estrategias para la difusión de los materiales a través de entrenamientos a operadores de salud y judiciales, y campañas de comunicaciones incluida la difusión en foros especializados.

Con respecto a las fuentes a partir de las cuales se construyeron los argumentos, vale resaltar que todas ellas constituyeron un marco de obligaciones legales, políticas o éticas para los distintos países de la región como se puede apreciar en el texto sobre la causal salud²⁸. Estas fuentes abarcan, para el caso de la causal salud:

(i) Instrumentos internacionales y regionales (Convenciones, Pactos, Tratados y Conferencias) y pronunciamientos de órganos monitores creados por los tratados internacionales de protección de los derechos humanos (Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité Contra la Tortura); (ii) Derecho y jurisprudencia comparada (incluidas las decisiones de las cortes y tribunales constitucionales de España, Canadá, Colombia, Estados Unidos) de países que han avanzado en la definición de la causal; (iii) Organismos internacionales y (iv) Artículos de libros, revistas, tesis, asociaciones médicas u otras, seleccionados a partir de un conjunto de categorías definidas con antelación a la búsqueda, y depuradas como parte de la definición de las dimensiones desarrolladas en el documento²⁹.

Las fuentes consultadas para la causal violación son todas muy similares a las revisadas para la construcción del consenso de la causal salud, pero con énfasis distintos según los desarrollos especializados sobre el tema³⁰.

Como puede apreciarse a partir de estas fuentes, en ambos consensos hay una fuerte apuesta por considerar el marco internacional de los derechos humanos y el derecho en diálogo con la salud como base principal de las interpretaciones. Esto refleja además de un particular uso del derecho en el proceso de implementación del aborto en Colombia, la centralidad otorgada al marco de derechos humanos por parte del movimiento feminista en América Latina, lo que hace que de una mirada exclusivamente local se pase a establecer estándares aplicables a los distintos países como una contribución particular del trabajo de la Mesa a nivel de la movilización transnacional.

2.2. El consenso: una herramienta técnica y política ³¹

A partir del momento en que se adoptó la modalidad de debate virtual sobre los borradores técnicos del documento, el diálogo entre los saberes del derecho y la medicina se convirtió en uno de los pilares principales y originó un proceso que llevó a la adopción por consenso de los libros: La causal salud: interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos (2008)³² e Interrupción legal del embarazo por la causal violación: enfoques de salud y jurídico (2011)³³.

La construcción de consensos como el alcanzado con la causal salud o la causal violación puede inscribirse en el ámbito de las prácticas democráticas en tanto se trata de una herramienta que permite crear y recrear a través del intercambio con el otro como sujeto y como saber, al tiempo que es una oportunidad para ampliar el sentido de pertenencia y apropiación de lo que se produce colectivamente y, por tal razón, es un proceso flexible.

La forma en que se creó esa publicación [La causal salud] fue realmente un proceso colectivo, las personas entraban en una plataforma y metían mano como en Google Docs hoy. No es una compilación de experiencias locales escritas por diversas personas, sino que fue un producto generado o creado regionalmente. Eso más el énfasis en la realización de algo reconocido y, por lo tanto, un desafío a la cultura legal latinoamericana, creo que son los dos rasgos sobresalientes³⁴.

Yo creo que fue muy rico. De lo que yo recuerdo, fue muy rico, muy intenso, también muy demandante con tiempos límites, lo que creo que fue una gran cosa. Creo que el sistema que se utilizó para el intercambio, como fue este sistema de un programa, fue muy útil. Creo que hubo mucho intercambio de material bibliográfico que no te niego³⁵.

El consenso fue al tiempo un proceso, la negociación de contenidos en el foro virtual, y un producto, los documentos sobre la causal; así como una oportunidad para generar sinergias que trascendieron el trabajo multidisciplinario dando lugar a un pensamiento crítico nuevo a partir de la interlocución con el otro, con las ideas del otro y la otra. También fue un espacio donde cada uno pudo encontrar un lugar desde su saber, su experiencia y su liderazgo. Para la lucha por la legalización del aborto, esta ha sido una herramienta única, pues ha brindado la posibilidad de lograr acuerdos compactos sobre temas concretos y simultáneamente ha ofrecido un norte ético en un ámbito complejo como el del aborto cuando adopta un conjunto de interpretaciones derivadas del marco de los derechos humanos.

Así como en la vida social muchas veces se admiten acuerdos sobre aspectos concretos que no están respaldados por acuerdos teóricos completos, aun cuando se justifiquen en alguna razón³⁶, en el proceso de la causal salud, por ejemplo, los acuerdos se alcanzaron mediante un consenso que ha permitido movilizar una interpretación particular desde el derecho: “Comenzar a homogenizar la idea de lo que entendemos por causal salud y eso yo creo que fue muy bueno porque las organizaciones que estamos comprometidas con el tema comenzamos a hablar el mismo lenguaje”³⁷.

Cuatro aspectos se destacaron en el proceso de construcción de los consensos de las causales: 1) la decisión política de los y las alidadas; 2) los acuerdos iniciales; 3) el uso de la tecnología y el foro virtual; y 4) la producción de contenidos³⁸. Una vez establecidos estos cuatro aspectos, los consensos se lograron con base en la producción de información técnica sólida y novedosa para quienes venían del campo de la salud (por ejemplo, los criterios para interpretar los derechos) y, a la vez, esta información fue nutrida por las categorías y conceptos que eran centrales desde la salud (como el riesgo o la probabilidad). Eso generó un proceso de negociación entre las y los participantes y también un proceso pedagógico entre ellos. Finalmente, la definición de las audiencias de los consensos, la producción de herramientas para su difusión y el diseño de estrategias de entrenamiento y comunicación, sellaron el proceso de la producción y el posterior uso del consenso sobre las causales salud y violación.

En cuanto a la decisión política, como se ha mencionado antes, la evidencia sobre la escasa aplicación las causales legales en América Latina —en especial de la causal salud—, junto con la necesidad de producir herramientas que brindaran certidumbre a quienes tenían la tarea de aplicarlas desde el sector salud o desde el sector judicial, llevó a la Mesa y a sus aliados del Grupo Impulsor a estructurar sus propuestas con base en el marco de los derechos humanos. En el caso de la causal salud, esta estructura se fundamentó en el reconocimiento de la protección del derecho a la salud como un aspecto clave de la causal. Desde la perspectiva de quienes promovieron las causales y como reconocen también quienes las han difundido extensamente en distintos contextos, los derechos humanos resultaron un marco apropiado porque son legalmente vinculantes para los países de la región que han firmado y ratificado muchos de los instrumentos a partir de los cuales fue construida la interpretación propuesta en el consenso. Bajo la premisa de que estos marcos generan obligaciones de respeto, protección y garantía, la causal salud era una oportunidad para contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos³⁹.

La producción conceptual de la Mesa tiene el propósito de contribuir con la producción de una interpretación a partir de los marcos conceptuales más integrales posibles para facilitar el acceso a servicios y la implementación de la Sentencia a los prestadores, fundamentalmente del sector salud, justicia y protección y a las organizaciones que trabajan estos temas⁴⁰.

“El hecho de brindar marcos conceptuales a los profesionales es una forma de combatir la incertidumbre que estos tienen al momento de aplicar las causales y así, de avanzar en la implementación de la Sentencia”⁴¹.

En otro sentido, el proceso de construcción de consensos ha sido una herramienta política para crear plataformas comunes, recopilar experiencias, puntos de vista y liderazgos, por lo que se convierte en un efecto político importante del proceso. El consenso es el reflejo de un acuerdo, en este caso, respecto a una de las dimensiones estratégicas para avanzar en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, y particularmente frente a una de las estrategias que pretende lograr su legalización: la interpretación amplia de causales. Delimitar el objeto del consenso ayudó al logro de los acuerdos con actores tan diversos como los que fueron explicados en el punto anterior⁴².

Como se desprende de la descripción anterior, a través de la construcción del consenso, se logró convocar a personas con capitales técnicos y políticos propios, que apostaron por un interés colectivo y produjeron conjuntamente una plataforma más amplia para impulsar su propia agenda. Así es como las causales han logrado ser difundidas ampliamente entre prestadores de servicios de salud (médicos, enfermeras, parteras, psicólogas, orientadoras), autoridades administrativas en los servicios de salud, autoridades sanitarias, asociaciones de profesionales, estudiantes de medicina, asociaciones bioéticas, medios de comunicación y sectores políticos, y también entre profesionales del derecho, en especial abogados de la sociedad civil, de entidades del Estado, la defensoría del pueblo y movimientos de mujeres como se verá más adelante.

De ese modo, la apuesta por el consenso partió de la convicción de que era posible transformar la realidad del acceso al aborto legal a partir de la producción de herramientas que ayudaran a superar la interpretación restrictiva de la causal salud o los problemas de aplicación de la causal violación. A esto contribuyeron la historia de “experiencias, estrategias e intereses comunes que al menos durante los últimos quince años, compartieron muchos de los actores involucrados en este consenso”⁴³ y el debate virtual que tuvo lugar entre ese amplio grupo de organizaciones y personas que provenían de disciplinas y miradas diversas. También aportó el hecho que se abrieran oportunidades en las reuniones presenciales y el espacio del foro virtual durante cuatro meses para que cada institución y cada persona pudiera encontrar un “lugar desde su saber, su experiencia y su liderazgo”⁴⁴. Así mismo fue de gran valor mantener un liderazgo permanente —desde la Secretaría Técnica— que condujo hasta el final un proceso que se propuso objetivos concretos y orientados a la consolidación de un proceso participativo e integrador del colectivo denominado Grupo Ampliado.

Lo que sí estuvo presente y que fue crucial para el desarrollo del proceso fue el liderazgo de la Secretaría Técnica que permitió juntar a toda esta gente de lugares distintos de la región y se abrió el debate a nuevas preguntas y temas técnicos⁴⁵.

Visto críticamente, sin embargo, apostar por el poder de los derechos fue una acción potente y a la vez ingenua. Potente porque ha contribuido a acercar el marco abstracto de los derechos a la prestación del servicio haciendo que un mayor número de profesionales de la salud entiendan su práctica vinculada positivamente por los estándares que emanan de este marco. Ingenuo porque presupone la validez intrínseca de la interpretación propuesta, minimizando el hecho de que la estrategia por otro lado podría incrementar el poder de los intérpretes —médicos y jueces—, y esto minimiza también la posibilidad de que aparezcan otras interpretaciones que riñan o compitan con la de la Mesa.

Y tengo un proceso de reflexión en eso, pero para muchos de los equipos es como el ‘reaseguro’ de que ‘ah, bueno, esto está’. Está en la convención [...] Mucho, mucho, mucho de eso, a la hora de los bifes, como digo yo, los deja tranquilos, pero no lo entienden, ¿sí? Porque obviamente, el documento tiene un nivel muy importante de fundamentación que al equipo de salud que presta el servicio, le es un poco ajeno […].

Hoy, tengo la impresión que […] porque justamente se produjo, por ejemplo, la iniciativa Causal Salud [...] Esos dos terrenos se han ido acercando⁴⁶.

Finalmente, la difusión de los contenidos de las causales se ha hecho a través de dos actividades principales: el entrenamiento y las acciones en medios de comunicación. El primero ha sido una tarea sistemática de la Mesa desde el momento en que se produjo el Consenso sobre la causal salud y, en este sentido, se ha convertido en un eje central para los efectos pedagógicos que serán analizados en el capítulo siguiente⁴⁷. En cuanto a las comunicaciones, se trata de una estrategia transversal que acompaña las diferentes acciones y actividades adelantas por la Mesa tanto para informar acerca de los contenidos de la Sentencia que despenalizó el aborto en el año 2006, como para promover los derechos de las mujeres en materia del aborto, movilizar a la opinión pública y consolidar a la Mesa como un referente en materia de derechos sexuales y reproductivos en temas relacionados con la despenalización del aborto. Con respecto a los entrenamientos, se elaboraron y difundieron, para cada causal, una guía de entrenamiento basada en los contenidos de los consensos y un libro sobre casos para difundirlos a partir de ejemplos concretos. Estos materiales han sido la base de los entrenamientos para equipos de replicadores integrados por abogadas y especialistas en salud; y de entrenamientos o talleres dirigidos a los profesionales de la salud, los operadores judiciales y las organizaciones de la sociedad civil en todo el país⁴⁸.

También, desde el año 2010, estuve trabajando con la Mesa, como conferencista de la causal salud. Yo fui capacitada por XX para ser conferencista de la causal salud. Hicimos talleres en toda Colombia. Más o menos capacitamos o sensibilizamos, ya fuera con un taller o con conferencias, más o menos 1.500 profesionales entre médicos y profesionales de la salud. En algunos casos, hicimos talleres con el sector justicia. Entonces, yo daba la parte médica y siempre iba con una abogada […] Así, por ejemplo, acompañé un proyecto de implementación casi de un año por todo el país, lo hicimos con la Javeriana, con la Mesa, con personas de la Nacional, con personas del Ministerio, un equipo multidisciplinario⁴⁹.

Desde el año 2008 hasta el 2017, la Mesa llevó a cabo aproximadamente 106 talleres y capacitaciones que cubrieron un número aproximado de 5.440 personas. Una clara mayoría de ellas concentró los dos agentes que han sido el foco de las causales: los funcionarios del sector justicia y los del sector salud. Los otros agentes reunieron organizaciones a través de las cuales se busca todavía expandir los entrenamientos, pues podrían, en el futuro, llevar a cabo procesos similares en sus contextos locales.

Tabla 1. Capacitaciones de la Mesa 2008-2017⁵⁰

Personas capacitadas	Total
Mujeres	77
Miembros de organizaciones	359
Profesionales o prestadores salud	293
Funcionarios del sector justicia y protección	1.979
Funcionarios sector salud	1.369
Estudiantes o profesores	420
Multiplicadores	10
No se especifica	933
Total	5.440

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Mesa.

Figura 2. Porcentaje del tipo de personas capacitadas por la Mesa

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Mesa.

A partir del año 2010, el número de personas entrenadas ha crecido considerablemente:

Figura 3. Personas capacitadas por la Mesa 2006-2017

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Mesa.

Durante el 2012 y 2013, debido a reestructuraciones internas de la Mesa, no se realizaron actividades de entrenamiento de forma tan sistemática.

La mayoría de estas capacitaciones han tenido lugar en Bogotá, pero la expansión a otros departamentos ha incrementado paulatinamente hasta abarcar hoy las regiones de: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Putumayo, Quibdó, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y el Valle del Cauca.

De manera más reciente, algunos de los entrenamientos o capacitaciones adelantados por la Mesa han sido acompañados o convocados por entidades públicas que tienen alguna función de vigilancia, control o promoción de los derechos humanos. De esta forma, se busca que entidades como la Defensoría del pueblo, el Ministerio de Protección Social o las secretarías distritales de salud, se entrenen y empoderen; y que las personas que participan comprendan que la prestación de servicios de aborto constituye una obligación de la cual son responsables distintas entidades del Estado⁵¹. Conviene destacar, por último, que los contenidos de las causales se han difundido también en América Latina en: Argentina, Perú, México y Brasil. Allí se han realizado capacitaciones por medio de otros colectivos y organizaciones con base en la guía de entrenamiento y el “entrenamiento para entrenadores” desarrollados por la Mesa⁵². La difusión se ha hecho también a través de las redes y actores que participaron del consenso en América Latina, por medio de una multiplicidad de foros que abarcan por ejemplo: el CLACAI, los congresos jurídicos sobre derechos reproductivos, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), entre otros⁵³.

Yo he presentado la causal salud por ejemplo en el Congreso jurídico de derechos reproductivos en México. Yo soy una vocera de causal salud […] La causal salud ha sido presentada en todas las conferencias regionales [de CLACAI] y se sigue manteniendo como un tema vigente. En las conferencias regionales se mantiene. La causal salud ha sido motivo del apoyo económico de las iniciativas locales que CLACAI genera cada año [en cinco países]. Durante todo este período, digamos pues ¿cuántas iniciativas locales habremos distribuido? Alrededor de ochenta. Pero yo diría que como el sesenta por ciento de las iniciativas locales están vinculadas al manejo de la causal salud. Es decir, ellos han trabajado en capacitación con proveedores, talleres⁵⁴.

3. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EXPERTO EN EL PROCESO DE ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS: TEMAS EMERGENTES

La producción del conocimiento experto ha servido para comprender la existencia de dos barreras críticas que coinciden con los dos temas adicionales que se presentan en este capítulo: el debate sobre los límites a la edad gestacional y la objeción de conciencia. El primero consistió en una producción de conocimiento meramente local y el segundo, en una producción colectiva hecha en alianza con muchas de las organizaciones internacionales con quienes se impulsaron los procesos de las causales, por lo que constituyó otro de los esfuerzos de movilización transnacional de la Mesa. En los dos casos de las barreras, la objeción de conciencia y la edad gestacional, aunque con niveles distintos de intensidad, el uso del derecho fue una base fundamental para producir conocimiento⁵⁵. Adicionalmente, el tipo de conocimiento experto producido sobre estos temas incorporó un componente técnico más médico en lo concerniente, especialmente, al debate sobre la edad gestacional⁵⁶. De esta manera, como con las causales, la especialidad de la Mesa quedó delimitada por dos campos principales: la salud y el derecho.

Tanto en el proceso de análisis de las causales como en el de los temas emergentes, la aparente pertinencia y oportunidad de esta producción de conocimiento creó un círculo virtuoso en el cual la Mesa se sigue definiendo a sí misma como un espacio de incidencia fuertemente marcado por lo técnico. Sus pares y aliados le reconocen como tal e incluso la definen como un referente “único” en el país. A partir de los conocimientos que produce, orienta sus acciones de incidencia sobre la política pública y busca fortalecer la prestación de los servicios⁵⁷.

Yo creo que la Mesa ha sido determinante en el acceso real y concreto. Como lo mencionaba antes, yo creo que han jugado un papel realmente particular en hacer el acompañamiento a las mujeres, en ser un referente y que las mujeres lleguen a tener el acceso y en destrabar todo el aparato del sistema de salud. Yo creo también que en ese destrabar también han educado, han generado una conciencia alrededor de ‘esto no me lo puedo brincar’, ‘esto está mal hecho’. Yo creo que ha habido también un elemento de educación también en ese trabajo, de acompañamiento⁵⁸.

En el caso de análisis de la objeción de conciencia, la Mesa se apoyó fuertemente en los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional colombiana. Estos fueron fuente de legitimidad del conocimiento experto que propuso y movilizó la Mesa en relación con este tema a nivel nacional e internacional.

El proceso de análisis en torno a las barreras, incluidas la edad gestacional y la objeción de conciencia, tuvo un carácter inductivo, pues fue el resultado tanto de actividades relacionadas con el acompañamiento de casos que la Mesa ha realizado, como del seguimiento con autoridades nacionales o sobre la incidencia en el Congreso, temas que son abordados en los capítulos siguientes. El acompañamiento de casos dio lugar a la creación de un modelo de sistematización de barreras que sirvió, por ejemplo, para entender que la edad gestacional y las dilaciones en el proceso de atención, así como el desconocimiento de la norma son los factores que más dificultan el acceso de las mujeres a abortos seguros. También, con frecuencia, aquello que los profesionales reclaman como la objeción de conciencia suele ocultar la imposición de barreras para el acceso. El trabajo en este campo es más relevante en cuanto constituye un subtexto de muchas otras barreras, pero particularmente de la barrera de abuso de la remisión a entidades de atención de mayor complejidad, pues precisamente una de las razones principales que la suscitan es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia también fue importante en el único caso de litigio que ha perdido la Mesa⁵⁹.

Finalmente, en el caso de la identificación de la objeción de conciencia y la edad gestacional, se trató de procesos que surgieron después de que la aplicación de la metodología de producción de consensos había sido probada.