Kitabı oku: «Migración internacional: derechos de las personas migrantes en Argentina y en España»

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ISBN edición digital (ePub): 978-987-626-448-8

PRÓLOGO

Como Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba es para mí un honor escribir este prólogo.

Nuestra Facultad busca incentivar la producción intelectual de su cuerpo docente y de investigación, y difundir los resultados teóricos de dicha producción para ponerla al alcance de la comunidad científica y académica, y del medio social en el que se inserta.

Tal como lo afirma la Política de Investigación en la Universidad Católica de Córdoba, “las publicaciones científicas constituyen uno de los mecanismos que permiten concretar un intercambio con los pares, así como dar a conocer y poner al alcance de los tomadores de decisión los resultados de la investigación”.

En esta publicación colectiva, dirigida por el Dr. Daniel Pavón Piscitello, destacado docente e investigador de nuestra unidad académica, podemos observar cómo el producto del proyecto de investigación “Derechos humanos y migración internacional: análisis del marco legal, identificación de buenas prácticas comparadas y formulación de propuestas de acción para la mejora de la tutela de los derechos de migrantes en situación de vulnerabilidad social” constituye un fiel reflejo de lo antes indicado.

Esta obra nos propone reflexionar sobre la necesidad de la protección de los derechos humanos fundamentales de los grupos migrantes, como asimismo sobre discusión abierta que existe sobre la orientación, los contenidos y alcances que deben tener las normas migratorias, teniendo en cuenta los dos valores que se encuentran en juego, es decir los derechos de las personas migrantes, y la necesidad de proteger la seguridad nacional y/o las fuentes de empleo internas.

El abordaje del objeto en este trabajo no hace solamente referencia a los aspectos clásicos de la temática, sino que incluye además la consideración de aspectos sociopolíticos, económicos y culturales, enriqueciendo el análisis del campo de consideración para una mejor manifestación de los datos de la realidad contemporánea.

Constituye un fiel reflejo del trabajo colaborativo de la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, con la articulación con diversas redes y organizaciones migrantes tanto de Argentina como de España, lo que se pone de manifiesto por la riqueza de las propuestas de acción para la mejora de la tutela de los derechos de las personas migrantes en Argentina y en España presentadas.

Destacamos y agradecemos el trabajo efectuado por el director, los autores y colaboradores de esta obra, alentándolos a seguir por este camino.

Dra. Julieta Gallino Decana

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Universidad Católica de Córdoba

PRESENTACIÓN

La publicación colectiva aquí presentada constituye uno de los productos del desarrollo del proyecto de investigación “Derechos humanos y migración internacional: análisis del marco legal, identificación de buenas prácticas comparadas y formulación de propuestas de acción para la mejora de la tutela de los derechos de migrantes en situación de vulnerabilidad social”, iniciativa que tuvo como objetivo continuar reforzando el papel de la universidad en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, en orden a lograr la tutela efectiva sus derechos y su inclusión social en las comunidades de destino.

La dirección de esta publicación estuvo a cargo de mi persona. Son autores o coautores de apartados de la publicación los siguientes investigadores: Dr. Daniel Pavón Piscitello (UCC). Lic. Javier Hernández (UCC), Dr. Dante Pusiol (UCC), Dr. Christian Sommer (UCC), Mg. Liz Paola Niella (FIAMYD-UCC), Mg. Ana Pérez Adhoer (IUEM UPCO), Dra. María José Castaño Reyero (IUEM UPCO). Son colaboradores en la publicación los siguientes investigadores: Dra. Marta Gerreño López (UCIC-UCC), Dra. Magdalena Suárez Ojeda (UCM-UCC), Dra. Silvana Begala (UNC-UCC), Dr. Pablo Mortarotti (UCC), Lic. Timoteo Gordillo (FIAMYD-UCC), junto a los siguientes alumnos: Micaela Alderete, Lucía Asensio, Florencia Barria Nievas, Delfina Castellanos, Román Fortini, Agostina de la Iglesia, Zoe Marcus, Bárbara Montanari, Marisol Picco, Christian Principato, Franco Provens, Valentina Robledo (UCC) y Mg. María Laín Hernández (IUEM UPCO) (1).

El trabajo ha implicado efectuar una investigación comparada sobre el reconocimiento y la recepción de derechos humanos de las personas migrantes consagrados a escala internacional tanto por parte de Argentina como de España, indagar sobre el efectivo goce y/o vulneración de derechos y también sobre canales y mecanismos de protección disponibles, incluyéndo el analisis de jurisprudencia relevante, e identificar buenas prácticas plasmadas en propuestas de acción efectivas para mejorar la tutela de derechos.

La aludida investigación y la presente publicación (2) han supuesto un trabajo en colaboración entre la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (UPCO), así como la articulación con las oficinas país de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con diversas redes y organizaciones de migrantes tanto de Argentina como en España, y con diferentes organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia, entre las que se destacan la Fundación para la Inserción de Argentina en el Mundo y el Desarrollo Regional (FIAMYD) y la Asociación Global. A todas estas instituciones, nuestro agradecimiento.

Finalmente, cabe agradecer especialmente el apoyo de las autoridades de la Universidad Católica de Córdoba, a través de la Secretaría de Investigación y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a esta línea de investigación y trabajo vinculada a una de las prioridades institucionales denominada Marginalidad, Discriminación y Derechos Humanos, que procura la generación de nuevos conocimientos que contribuyan a brindar servicios útiles a la sociedad, promover la formación integral y mejorar la enseñanza a partir de un enfoque que propicia la reflexión y la acción.

Dr. Daniel Pavón Piscitello

1- La plena autonomía del equipo del proyecto en orden al desarrollo del mismo y de la presente publicación implica que no todas las opiniones expresadas en esta obra reflejan necesariamente las opiniones de las instituciones vinculadas, siendo el contenido de la publicación responsabilidad exclusiva de sus autores.

2- En el contexto de la publicación se recurre al uso genérico del masculino para designar al conjunto de individuos de una especie, sin distinción de géneros, ello a fin de facilitar su lectura, por lo que la falta de desdoblamiento entre masculino y femenino no debiera interpretarse como sinónimo de utilización de un lenguaje sexista o discriminatorio hacia las mujeres.

PRIMERA PARTE
1. MIGRACIÓN, ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN ARGENTINA
1.1. Migración y derechos humanos

Cabe comenzar afirmando que las personas migrantes son titulares o sujetos de derechos humanos por el solo hecho de ser personas, por lo que todos los derechos humanos reconocidos o consagrados a nivel internacional, regional y/o nacional les corresponden y les son aplicables. Más allá de lo expresado, la comunidad internacional, bajo el auspicio de la Organización Internacional de Naciones Unidas (ONU), reconoce los riesgos y las especiales situaciones de vulneración a las que como grupo o colectivo se encuentran expuestas las personas migrantes, por lo que desarrolla o especifica el contenido y alcance de determinados derechos humanos (generales) para atender a esta particular circunstancia, lo que da lugar a lo que se denomina derechos humanos de las personas migrantes.

Los mencionados riesgos y especiales situaciones de vulneración se vinculan a la ausencia o a la falta de presencia de las personas migrantes de sus Estados de origen, a su presencia en otros Estados en calidad de extranjeros/as, a posibles y frecuentes actitudes de discriminación, xenofobia y/o explotación a la que se ven expuestas; todo lo señalado se acentúa en casos de migración irregular por el hecho de las personas migrantes en estos casos suelen vivir y trabajar de manera clandestina, con miedo a quejarse o a reclamar ante posibles represalias, lo que las hace mucho más vulnerables. En cualquier situación o circunstancia los derechos humanos de las personas migrantes deben quedar garantizados, tanto en los países de tránsito como en los países de destino, lo que se torna relevante para personas más marginadas y con mayor riesgo de padecer vulneraciones -las que abarcan la negación de derechos fundamentales, y suelen estar estrechamente vinculadas tanto a leyes y prácticas discriminatorias, como a actitudes de prejuicio y xenofobia en su contra-.

A partir de lo expuesto, los derechos de las personas migrantes contemplan los principios consagrados en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, precisándolos, concretándolos o especificándolos, lo que es objeto de tratamiento posterior.

1.2. Migración en Argentina

Argentina es un país que históricamente ha estado marcado por las migraciones internacionales. Entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX fue un país receptor de migración procedente en su mayor parte del continente europeo, y a partir de entonces de migración procedente principalmente de países limítrofes y de otros países del continente americano. Durante las últimas décadas Argentina ha combinado la recepción de migración, mayoritariamente regional, con la migración de nacionales hacia diferentes destinos, tanto regionales como extra-regionales (1).

En lo que respecta la recepción de migración de países de la región, cabe señalar que, si bien los flujos migratorios han sido variables en los últimos años, Argentina se ha mantenido como un país de destino de la población migrante proveniente de países limítrofes y de América del Sur. A lo largo de la historia la población migrante de países limítrofes ha representado entre el 2% y el 3,1% de la población total de Argentina, y actualmente esta tendencia como país de destino dentro de la región se mantiene, entre otros factores tanto por las condiciones socio-económicas de algunos países de origen de la región, como por las crecientes restricciones que imponen a la migración internacional países desarrollados como Estados Unidos o países de la Unión Europea, entre otros. Dentro de las causas de la migración adquiere singular importancia la migración económica, migración característica de la dinámica social en la región sudamericana, motivada en la búsqueda de mejores condiciones de empleo y perspectivas de vida, lo que va ligado a la pretensión de alcanzar un mayor desarrollo y nivel socio-económico.

Al menos dos factores interesan destacar por su relevancia en los últimos años: por una parte, el mercado laboral argentino fue modificándose paulatinamente durante la primera década del mileno, lo que incluyó en términos generales un mejoramiento de las condiciones laborales o de empleo y de seguridad social, lo que promovió la llegada al país de hombres y mujeres migrantes en búsqueda de mejores condiciones que las existentes en sus países de origen (2); por otra parte, la sanción o adopción de la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871 en el año 2003, que facilitó la regularización de las personas migrantes, sobre todo de aquellas originarias de países miembros del MERCOSUR y de países asociados al bloque regional, a partir de un enfoque de derechos humanos que propició su integración social; esta política migratoria actuó como un factor de atracción, y al mismo tiempo como un mecanismo de visibilizar a las personas migrantes que ya residían en el país en situación migratoria irregular.

En este contexto, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en la Argentina del año 2010 da cuenta de la existencia de una población extranjera de 1.805.957 personas, el 4,5% respecto del total de la población censada. Dentro de esta cifra están representadas poblaciones de los distintos continentes, siendo mayoría las correspondientes a América y a Europa –la población proveniente de países de América representa un 81,2% del total, seguida por la proveniente de Europa con un 16,5%, y de las provenientes de Asia (1,7%), África (0,2%) y Oceanía (0,1%)– (3).

La mayoría de la población migrante está concentrada en dos jurisdicciones dentro del país: en la Provincia de Buenos Aires el 52,2% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 21,1%). De acuerdo con estimaciones resientes (2017) residen en el país más de 2 millones de personas nacidas en el exterior, lo que representa casi el 5% de la población total. Argentina es el principal país de residencia de personas migrantes intra-regionales, y continúa recibiendo más de la mitad de sus flujos migratorios de sus países vecinos (Paraguay 43%, Bolivia 24%), y registrado un flujo creciente de personas migrantes de Venezuela, Colombia, República Dominicana, entre otros países como Senegal y China.

En cuanto a las características de la población inmigrante según grupos de edad, sexo y nivel de instrucción, el Censo del año 2010 señalaba que las personas migrantes de origen americano presentan una importante proporción de población en edad laboralmente activa (entre los 15-64 años), en torno a un 80%, en tanto que la migración de origen europeo ofrece un importante grado de envejecimiento (migración antigua). Si el análisis se hace a partir del sexo de las personas migrantes, se observa en general un predominio de las mujeres migrantes de origen americano, lo que responde en parte de una demanda laboral para tareas vinculadas al cuidado de niños/as, adultos mayores y al servicio doméstico.

En línea con lo afirmado, puede afirmarse que el perfil de las personas migrantes en el país actualmente este se corresponde mayoritariamente con el de personas en edad de trabajar, con niveles de educación generalmente inferiores a los niveles medios nacionales, escasez de recursos económicos y vulnerabilidad social, cuyas principales labores en destino se vinculan a situaciones de empleo informal o precario, lo que suele traducirse en una vulneración o violación fáctica de derechos en términos generales (4), de manera más pronunciada en las mujeres migrantes. Adicionalmente, puede afirmarse que para gran parte de las personas migrantes que llegan al país existen patrones de inserción laboral diferenciales, con una fuerte concentración en determinados segmentos o nichos del mercado de trabajo vinculados a la base de la estructura ocupacional -destacándose la construcción, el trabajo doméstico y las tareas de cuidados entre las principales actividades, lo que implica una inserción socio-económica parcial y una práctica discriminatoria para con las personas migrantes, puesto que las expone a situaciones de vulnerabilidad y favorece su explotación y exclusión. En el caso de las mujeres, se presentan y aúnan dos factores de vulnerabilidad, el ser mujeres y el ser migrantes, dos factores que, si se combinan con un tercero, la pobreza, aumentan la situación de vulnerabilidad.

1.3. Breve referencia a regulaciones e iniciativas actuales en el ámbito internacional

Actualmente las migraciones internacionales constituyen una cuestión compleja y un reto para la comunidad internacional.Por una parte, a nivel global, países desarrollados establecen serias restricciones destinadas a frenar masivos flujos migratorios hacia sus territorios de personas migrantes provenientes de países en desarrollo, y/o a resguardar su seguridad interna frente a las amenazas del terrorismo internacional, lo que se traduce en situaciones de irregularidad migratoria en destino y/o de vulneración o afectación de derechos, esto último tanto en destino como durante el tránsito; mientras que el primer caso afecta a población de países latinoamericanos principalmente, el segundo alcanza a población de países africanos preponderantemente).

Por otra parte, si bien los flujos migratorios en América del Sur pusieron de manifiesto la necesidad de construir marcos legales o normativos que atiendan tanto las necesidades de las personas migrantes como de las sociedades receptoras, lo que generó que los distintos países de la región incorporaran en sus Constituciones Nacionales referencias concretas sobre migración, reconociendo la mayoría de estas el principio de no discriminación de las personas migrantes por razones de etnia, lugar de nacimiento, raza, identidad cultural, etc., lo que implica un importante sustento para la defensa de los derechos de las personas migrantes, las visiones aperturistas o restrictivas están presentes en el subcontinente.

Siendo ello así, la mayoría de los países sudamericanos han o están realizado modificaciones a las normas que regulan los procesos migratorios: mientras que Argentina y Uruguay adoptaron oportunamente leyes que redujeron los obstáculos facilitando el ingreso y la residencia de las personas migrantes, y Ecuador promulgó una Constitución Nacional garantista y respetuosa de los derechos de las personas migrantes y normas acordes con esa orientación, Brasil realizó reformas parciales en su normativa en el mismo sentido, y Chile, Bolivia y Paraguay se encuentran atravesando procesos de reforma de sus políticas migratorias.

En paralelo, la existencia de contingentes de migrantes irregulares en la mayoría de los países sudamericanos, llevó a muchos países a impulsar procesos de regularización migratoria, facilitando el otorgamiento de documentos a personas migrantes que se encontraban en situación de irregularidad migratoria; además de cambios a nivel interno o nacional, se impulsaron acuerdos bilaterales y multilaterales que implicaron la facilitación del ingreso y la residencia de personas migrantes, así como a regularizaciones migratorias, siendo las acuerdos desarrollados en el marco del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) un ejemplo de ello.

Más allá de lo expresado, puede afirmarse que en países de la región continúa abierta también la discusión acerca de la orientación, los contenidos y los alcances que deben tener las normas migratorias, ponderándose tanto los flujos migratorios en la región y los derechos de las personas migrantes, como la necesidad de proteger la seguridad nacional y/o las fuentes de empleo internas.

La complejidad de la cuestión a escala global y regional radica sin dudas a los múltiples factores o aspectos en juego, los que giran en torno, entre otros, a los siguientes conceptos: derechos humanos, no discriminación, solidaridad, seguridad nacional, orden público.

En este escenario, resulta de interés destacar que el instrumento rector a nivel global en materia de derechos de las personas migrantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares del año 1990, presenta un estado de ratificaciones por parte de los Estados de la comunidad internacional que hace visible la aludida complejidad de la temática: solamente 51 de los 193 Estados o países integrantes de la Organización de Naciones Unidas lo han ratificado o, lo que es lo mismo, han expresado formalmente su voluntad de cumplir de manera obligatoria con el contenido de este tratado internacional, uno de los principales tratados de derechos humanos; entre los Estados o países que han ratificado la Convención no hay Estados o países desarrollados, principales receptores de la migración internacional (5).

Pese a ello, a partir de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes del año 2016, los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas reconocieron la importancia de contar con enfoque integral en materia de movilidad humana y migraciones, y de una mayor cooperación a nivel global, en orden a contribuir a los siguientes fines: proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio; apoyar a los países a rescatar, recibir y acoger a un mayor número de refugiados y de personas migrantes; integrar a las personas migrantes en acciones de asistencia humanitaria y para el desarrollo; combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación contra las personas migrantes; desarrollar principios y directrices sobre el trato a personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad; y fortalecer la gobernanza mundial de la migración y la coordinación de la cooperación internacional al efecto, lo que incluye el desarrollo de un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en el año 2018; la construcción de este Pacto Mundial incluyó un proceso de consultas y negociaciones con participación de los distintos actores implicados: organizaciones de migrantes y de la sociedad civil, sector privado, instituciones académicas, gobiernos y parlamentos nacionales, entre otros (6).

El mencionado Pacto Mundial se enmarca o adecua con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dan lugar a la denominada Agenda 2030 (Programa de Desarrollo Sostenible de 2030), que contempla la situación de las personas migrantes en distintos Objetivos y Metas. Sin dudas la Agenda 2030, contribuye a la tutela o protección de los derechos de las personas migrantes incidiendo en que estos derechos formen parte de las agendas de los gobiernos, fortaleciendo las capacidades nacionales, regionales e internacionales en torno a su protección, y reforzando el vínculo entre las migraciones y el desarrollo humano, lo que implica poner el foco en la atención de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad a partir de un enfoque inclusivo. En este sentido, resulta ilustrativa la Declaración que acompaña a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la que consagra lo siguiente: “Vamos a cooperar internacionalmente para garantizar una migración segura, ordenada y regular, que implica el pleno respeto de los derechos humanos y el trato humano de los migrantes independientemente de su condición migratoria, de los refugiados y de los desplazados” (7).

Los ODS que contienen Metas que guardan una importante relación con las migraciones internacionales son los siguientes:

- El ODS 1, en tanto persigue el fin de la pobreza, con su Meta 1.5 que busca fomentar la resiliencia de personas en situación de vulnerabilidad frente a fenómenos que general en desplazamiento forzado de personas.

- El ODS 3, enfocado en la salud y en el bienestar, con su Meta 3.8. destinada a lograr una cobertura sanitaria universal, beneficiando a las personas migrantes en su acceso a la salud.

- El ODS 4, vinculado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos/as, con su Meta 4.b. que procura aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para personas de países menos adelantados en países desarrollados y en otros países en desarrollo.

- El ODS 5, enfocado en lograr la Igualdad de géneros, con su Meta 5.2. ligada a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación que afectan a las mujeres migrantes.

- El ODS 8, destinado a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo. y el trabajo decente para todos/as, con su Meta 8.7. orientada a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, y con su Meta 8.8. vinculada a proteger los derechos laborales y a promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes.

- El ODS 10, destinado a reducir la desigualdad en y entre los países, con su Meta 10.7. referente a facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas -expresión esta última basada en el Marco de Gobernanza sobre la Migración de la OIM, acogido por 157 países (Resolución del Consejo de la OIM C/106/RES/1310) y que incluye a los derechos de las personas migrantes como uno de los aspectos claves-, y con su Meta 10.c. ligada a reducir los costos de transacción de las remesas de las personas migrantes.

- El ODS 11, que promueve ciudades y comunidades sostenibles, con su Meta 11.5, ligada a reducir el número y las consecuencias de desastres que generan el desplazamiento forzado de personas migrantes.

-El ODS 13, enfocado en el cambio climático, con su Meta 13.2. que propone incorporar medidas al efecto en las políticas nacionales considerando la migración causada por motivos ambientales.

- El ODS 16, orientado a promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos/as y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, con su Meta 16.2. ligada a poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia contra los niños.

- Finalmente, el ODS 17, ligado a fortalecer los medios de ejecución y a revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, con su Meta 17.18. orientada a mejorar la prestación de apoyo para el fomento de las capacidades de los países en desarrollo con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por categorías, incluyendo expresamente dentro de estas la condición o estatus migratorio.

1.4. Los derechos de los extranjeros a la luz del sistema intramericano de derechos humanos

Según el artículo 22.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), podemos mencionar que son extranjeros para nuestro sistema jurídico regional, todas aquellas personas nacidas fuera del territorio de un Estado Parte o que no se encuentren en las condiciones de excepción previstas por la Constitución y las leyes para ser considerados nacionales argentinos (8). Por regla general, cada Estado fija en su derecho interno las condiciones a fin de considerar quienes ostentan la calidad de nacionales o de extranjeros (9).

Sin embargo, como lo establece la misma Constitución Nacional, ello no genera sobre los extranjeros categorías diferentes en derechos y garantías frente a los nacionales, ya que tales derechos son equiparables a “todos los habitantes del país” (artículos 16, 20 y 75 inc. 22 y concordantes) (10). Esto impediría, en principio, utilizar la condición de la nacionalidad para diferenciar en categorías legales o administrativas en materia de derechos (11). Sin embargo, ello no implica que el Estado esté impedido en fijar condiciones para el ingreso y egreso de los extranjeros, en el marco de sus políticas migratorias y aquellas excepciones en materia de acceso a medios de salud de alta complejidad o de acceso a ciertos cargos públicos.

La facultad del Estado de establecer su política migratoria (artículo 25 de la Constitución Nacional argentina) no lo exime ni restringe en forma alguna de las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de todas las personas sujetas a su jurisdicción. Si la adopción por el Estado de medidas restrictivas hacia los migrantes entrara en colisión con los derechos humanos básicos de los individuos destinatarios de esa medida, el Estado incurriría en una restricción no autorizada del goce o ejercicio de tales de derechos (12).

La Corte IDH ha insistido en su jurisprudencia consultiva (13) y contenciosa (14) en el hecho de que, en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias (15), los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana (16). En efecto, si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes (17). Esto no significa que no se pueda iniciar acción alguna contra las personas migrantes que no cumplan con el ordenamiento jurídico estatal, sino que al adoptar las medidas que correspondan, los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. Además, los Estados deben respetar las obligaciones internacionales conexas resultantes de los instrumentos internacionales del derecho humanitario y del derecho de los refugiados.

En esta línea, los Estados se han comprometido a promover el fortalecimiento de los derechos humanos como un componente central de las políticas y prácticas migratorias de los países de origen, de tránsito y de destino, asegurando la protección de los derechos humanos de los migrantes en el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado, independientemente de su condición migratoria, y cualquiera que sea su nacionalidad, origen étnico, género o edad (18). Asimismo, han reiterado su compromiso con las personas que tienen el derecho a la protección internacional de los refugiados en América Latina (19). Lo anterior comporta la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos con relación a las políticas migratorias (20) y respecto a las necesidades de protección internacional (21), asumiendo la interrelación y convergencia entre estas diferentes ramas del derecho internacional. Pero, más aún, por tratarse de niños y niñas debe prevalecer un enfoque encaminado a la protección y garantía de sus derechos en forma integral (22).

Los alcances de la categoría de extranjero, debe ser compatible con la de “migrante” según la práctica internacional aplicable (23). Aunque una persona dentro de un Estado puede ser un migrante, en un contexto transfronterizo, “migrante” según la Corte IDH es un término que abarca tanto a la persona que deja o que llega a otro Estado con el propósito de residir en él (24). Por otro lado, la Convenciónsobre Trabajadores Migrantes y sus familiares (25), señala en su artículo 1ª que la presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual (el resaltado es nuestro). Esta concepción de trabajador migrante implica que el carácter de “migrante” puede adquirirse incluso desde antes de salir del país, desde el momento de la preparación para la migración, lo que extiende la interpretación de migrante al que aún no ha salido de su país, pero que lo hará en futuro próximo. Esta última interpretación “amplia” del término “migrante” puede ser importante en el caso de los niños que, si bien no han dejado el país de su nacionalidad, sus padres sí lo han hecho, por lo que tienen planes en futuro próximo a reunirse con sus ellos en el exterior.

Aunque la garantía consagrada en el artículo 22.6 se refiere a los extranjeros que se encuentren “legalmente” en el territorio de un Estado, esto no significa que quienes hayan ingresado al país “irregularmente” o permanezcan en él más allá del tiempo permitido, no gocen de ningún tipo de garantía frente a la expulsión. Al respecto, la Corte IDH ha indicado que los migrantes indocumentados o irregulares se encuentran en una situación de vulnerabilidad pues están más expuestos a violaciones a sus derechos (26). Considerando esta situación, la Corte ha interpretado que al adoptar medidas que afecten a esta población, “los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa” (27). De conformidad con esto, ha señalado que los “mecanismos de control de ingresos y salidas de migrantes indocumentados a su territorio (…) deben siempre aplicarse con apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana” (28). También ha señalado la Corte que “[…] es un atributo [del Estado] tomar decisiones soberanas acerca de su política de migración, las cuales deben ser compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana” (29). La Corte tuvo su primera oportunidad de pronunciarse sobre la situación de vulneración de derechos de extranjeros en situación irregular en el caso Vélez Loor vs. Panamá. Allí la Corte, hizo referencia al principio del efecto útil, a las necesidades de protección en casos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y a la interpretación dinámica de los tratados de derechos humanos (“instrumentos vivos”) (30) en relación con los derechos humanos de los migrantes, poniendo de resalto que “la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de adoptar medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de este grupo” (31).

En cuanto al trato a los extranjeros o migrantes en forma irregular en un Estado, la doctrina nacional es conteste en expresar que si bien las garantías y derechos previstos en la Constitución y demás normas locales son destinadas primordialmente a los extranjeros que se encuentren legalmente en el territorio, esto no implica que los que se encuentran en situación irregular, no gocen de los derechos previstos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, a fin de garantizar su derecho de defensa para demostrar sus razones o derechos a permanecer en el país (32). La Corte IDH ha establecido que es permisible que el Estado otorgue un trato distinto a los migrantes documentados en relación con los migrantes indocumentados, o bien entre migrantes y nacionales, “siempre que ese trato sea razonable, objetivo y proporcional y no lesione derechos humanos” (33). No obstante, “el deber de respetar y garantizar el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación es independiente del estatus migratorio de una persona en un Estado”. Es decir, los Estados tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa (34).

Al trato que se les debe garantizar a los extranjeros en general, debe sumase lo referido a los derechos que ostentan las niñas y niños migrantes más allá de su situación migratoria al que alude el artículo 22.6. Dentro de las situaciones que agravan la condición de vulnerabilidad de los niños y las niñas, se encuentra la condición de migrantes. Los migrantes son otro grupo en situación de vulnerabilidad, debido a situaciones de jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades estructurales). Esta situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado. Además, existen prejuicios culturales acerca de los migrantes, que permiten la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, tales como los prejuicios étnicos, la xenofobia y el racismo, que dificultan la integración de los migrantes a la sociedad.

Así, la pertenencia a dos grupos en situación de vulnerabilidad (ser niño/a y migrante) incrementa el riesgo de sufrir mayores afectaciones a los derechos de los/as niños/as migrantes. Recientemente, la Corte IDH ha emitido una opinión consultativa sobre estos aspectos, en los que ha plasmado los lineamientos que los Estados debe seguir en el trato a los niños migrantes, más allá de sus estatus de legalidad o irregularidad en un Estado (35).

En el caso de la expulsión de los extranjeros que se encuentren legalmente (como irregularmente), la CADH admite que un Estado parte expulse a un extranjero que se encuentra en su territorio, siempre y cuando lo efectúe en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dota a los extranjeros de dos garantías adicionales: “se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente”. En este sentido, la Corte IDH ha expresado en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú, en donde se cuestionaba el procedimiento seguido para la expulsión de un extranjero, que las garantías del artículo 8.2 CADH se aplican también a los procesos destinados a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, entre ellos, el procedimiento seguido para la expulsión de un extranjero (36).

En tal sentido, la expulsión de un extranjero en base al cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, implica que se respeten y garanticen tanto derechos de debido proceso en el derecho de los extranjeros de esgrimir sus defensas sobre su situación o estatus de estadía en el Estado, como así también el acceso a los recursos jurisdiccionales del Estado para hacer efectivos los primeros. La Corte Interamericana en oportunidad de pronunciarse en la Opinión Consultiva nº. 18/03 sobre “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, luego de analizar el contenido del derecho al debido proceso a lo largo de su jurisprudencia y de la jurisprudencia de otros órganos de control de instrumentos de derechos humanos, expresó: (…) La Corte considera que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso se aplica no sólo ratione materiae sino también ratione personae sin discriminación alguna (37). Estas garantías deben aplicarse a procesos de expulsión, incluso en sede administrativa si acaso el ordenamiento interno del Estado contempla la existencia de dicho tipo de procesos como parte del proceso de expulsión. Además, es de importancia que los extranjeros puedan contar con asistencia legal efectiva, lo que adquiere especial relevancia en los casos de expulsión, por cuanto la posibilidad de acceder a ella muchas veces incide de manera determinante en un procedimiento migratorio (38), por lo que requiere que el Estado receptor tome en cuenta las particularidades de la situación y garantice sin excepciones que el extranjero/migrante cuente con asistencia técnica de calidad para que pueda gozar de un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. El deber de garantizar la asistencia gratuita en estos casos emana, en gran medida, del principio de que los derechos deben ser implementados a través de mecanismos que sirvan para hacer valer los derechos consagrados en la Convención y del derecho a la igualdad de protección de la ley y ante la ley (39). Estos estándares han sido claramente fijados por la Corte Interamericana en el caso Vélez Loor vs. Panamá ya aludido. A los estándares fijados por la Corte Interamericana, debe señalarse también el tribunal interamericano ha sido pionero en consagrar el derecho a la información sobre la asistencia consular como derecho individual. En su Opinión Consultiva 16/99 sobre el Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, la Corte declaró inequívocamente que el derecho del detenido extranjero a la información sobre la asistencia consular, consagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, “es un derecho individual y una garantía mínima protegida dentro del sistema interamericano” (40) y ha sido categórica al determinar que la comunicación debe efectuarse al momento de privar de la libertad al extranjero y, en todos los casos, antes de que éste brinde su primera declaración ante la autoridad (41). Este principio surgido en el sistema interamericano fue posteriormente adoptado por la Corte Internacional de Justicia en el caso La Grand vs. EE.UU (42).

En cuanto a la normatividad que regula los derechos y obligaciones de los extranjeros en el país, la aprobación de la Ley Nº 25.871 (43), vino a derogar prácticas de “selectividad” sobre qué tipo de extranjeros podían ingresar legalmente al país a la vez de modificar pautas que fomentaban la irregularidad y la discriminación en la legislación nacional (Decreto Ley Nº 22.439 – denominada también como Ley Videla). La actual ley de extranjería, también denominada “Ley de Migraciones”, tiene a la correspondencia entre las diversas leyes nacionales que regulan los derechos y obligaciones de los extranjeros con los postulados constitucionales, sobre todo a partir de la incorporación en la norma suprema de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (44). La actual normativa nacional consagra derechos a los extranjeros en iguales condiciones que los nacionales en cuanto al derecho a la educación (artículo 7°), acceso a la salud pública primaria (art. 8°) incluso éstos derechos son también garantizados a los extranjeros irregulares. Como toda norma migratoria actual y acorde a los convenios internacionales aceptados por el país, la ley prevé el derecho de reunificación familiar (artículo 10) y la integración de los extranjeros como pautas de interculturalidad (artículo 14) a la vez que prohíbe todo tipo de actos discriminatorios (artículo 13) y de asistencia legal (artículo 86), entre otros. La actual ley migratoria establece como requisito que toda medida de posible expulsión de un extranjero que fuere ordenada por el órgano administrativo (Dirección Nacional de Migraciones), solo puede ser establecida previa efectiva comunicación al extranjero a fin que pueda regularizar su situación migratoria en un plazo perentorio. El extranjero tendrá derecho a las instancias administrativas para oponerse a la medida e incluso recurrir a la vía judicial en caso de corresponder (45). Esta normatividad nacional e internacional, es receptada por el Estado en consonancia con las obligaciones que emanan de su proceso de integración regional, que busca establecer políticas comunes no solo para sus nacionales, sino también en mecanismos migratorios de la región a través de la libre circulación de personas, particularmente con la aprobación de la Decisión MERCOSUR 64/10, por la cual se pretende implementar un plan de acción para la conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, que entraría en vigor en 2021 (46).

En lo que respecta a la expulsión de extranjeros, la justicia nacional ha intervenido en diversas oportunidades en donde se analizó estos aspectos relativos a situaciones de expulsión de extranjeros y en los que se puede apreciar una fluctuante postura de los tribunales en cuando al respecto de los derechos de los extranjeros (47). En lo que respecta a casos en donde el máximo tribunal nacional resolvió casos de expulsión de extranjeros que fueran ponderados como contrarios a las normas internacionales, se pueden apreciar los casos de De la Torre (48) que llegara a demandarse ante instancias internacionales y fue causal para avanzar en la actual ley migratoria (49) o de Cai When huang (50). Diversas decisiones administrativas y judiciales sobre expulsión de extranjeros, fueron analizadas por los tribunales con criterios más proclives a las normas nacionales e internacionales. Desde los casos Zhang (51), referidos al derecho del extranjero a la reunificación familiar o Franchini (52) sobre la necesidad de contar con una orden judicial para la detención y expulsión de extranjeros. Incluso con antelación a la aprobación de la actual ley migratoria, tribunales nacionales revocaron la decisión de un juez de primera instancia de ordenar la expulsión de una menor que padecía una discapacidad mental, sin un proceso jurisdiccional al respecto. En R, C.R, el tribunal de alzada consideró que la medida del juez civil era incompatible con las garantías previstas en los artículos 8 y 22.8 de la CADH (53).

Más recientemente se ha debatido sobre los alcances de un decreto del poder ejecutivo nacional de Argentina por el cual se establecía una modificación de la ley migratoria nacional a fin de “agilizar” el proceso de expulsión del país de aquellos extranjeros que hayan cometido algún delito en el territorio nacional. El decreto 70/2017 del PEN señala como justificación de su implementación que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” (54). En ese sentido, afirma que esta potestad se ve actualmente dificultada por la duración de los procesos administrativos y judiciales que podían llegar a los siete años de tramitación para expulsar a alguien del país. Con estas justificaciones el Estadoinstrumentó la creación de un “Procedimiento migratorio especial sumarísimo” que permite negar el ingreso y expulsar a los extranjeros con mayor agilidad. La nueva norma (Art. 29) establece que no podráningresar las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior– “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.

Tampoco podrán ingresar al país quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Estas a la vez, son las causales que podrían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado cualquiera fuese su antigüedad. Es por eso que la Justicia ahora deberá notificar a la Dirección de Migraciones sobre todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido. El imputado a la vez, según el decreto 70/17, solo cuenta con tres días para interponer un recurso jerárquico ante la decisión de la autoridad migratoria previo a su expulsión. La expulsión del país por cometer o participar en un delito “doloso” también implica una prohibición de reingreso por un mínimo de 8 años y puede llegar a ser permanente, según el caso. Una vez implementada esta norma, la misma fue criticada por considerarse inconstitucional al ser violatoria de derechos humanos esenciales de los extranjeros por no ser una competencia legislativa delegada del PEN al modificar por un decreto una norma de alcance nacional como la migratoria. En ese sentido, diversos pronunciamientos judiciales declararon la inconstitucionalidad de la norma, por constituir una apropiación de facultades legislativas del Congreso Nacional y por vulnerar garantías judiciales de debido proceso, reconocidas en la Constitución y en tratados de derechos humanos (55). La Cámara consideró sobre este punto que “(…) en ese brevísimo plazo la persona migrante no puede hacer efectivo su derecho de defensa en juicio, con la debida asistencia letrada y, por ello, ese plazo resulta violatorio de las garantías mínimas exigidas en el artículo 8° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se aplican para la determinación de los derechos de cualquier naturaleza, tal como lo decidió la Corte Interamericana en el caso Baena vs. Panamá, del 2 de febrero de 2001, parágrafo 137; y Tribunal Constitucional vs. Perú, del 31 de enero de 2001, parágrafos 71 y 83, que constituyen el fundamento de la doctrina de Fallos 335:1126; así como en el caso Vélez Loor vs. Panamá, del 23 de noviembre de 2010, parágrafos 179 y 180, entre otros precedentes”.

Estas reflexiones nos muestran un panorama de avance en la legislación internacional sobre la protección de los extranjeros en el ámbito americano, que a la vez se proyecta a las legislaciones y decisiones de los tribunales de los países del orbe regional como en el caso mencionado. Su avance y retroceso en cada caso, deben ser mirados a la luz de conocer como se enmarcan esas decisiones nacionales sobre los parámetros de interpretación internacional de los tratados de derechos humanos vigentes en garantía de los extranjeros.

1.5. Derechos de las personas migrantes en Argentina: marco normativo vigente

Desde el punto de vista normativo, como se mencionó, Argentina presenta actualmente un marco legal de avanzada a nivel regional y mundial, orientado en términos generales hacia la inclusión e integración económica, social y cultural de las personas migrantes sobre la base de la igualdad y de la no discriminación, y hacia la protección de los derechos internacionalmente reconocidos a las mismas (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), marco legal o normativo acorde a su historia de país de acogida de población migrante y a la realidad migratoria contemporánea; en esta línea cabe destacar que la apertura del país a la población migrante surge de manera manifiesta y encuentra fundamento en la misma Constitución Nacional, a partir de lo dispuesto por su Preámbulo y por sus artículos 14, 14 bis, 16, 20 y 25, entre otros.

Expresado lo anterior, interesa destacar que el marco legal o normativo argentino en la materia se compone por dos instrumentos principales rectores o de referencia: por una parte, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares del año 1990 (CIPDTM, en adelante Convención Internacional), vigente a nivel internacional desde el año 2003, y con vigencia a nivel interno en Argentina desde el año 2007 -aprobada mediante Ley No 26.202-; por otra parte, la Ley Nacional de Migraciones de la República Argentina, Ley No 25.871 del año 2003, vigente desde el año 2004 (en adelante Ley Nacional de Migraciones), con sus Decretos Reglamentarios Nro. 616 y Nro. 70 de los años 2010 y 2017 respectivamente (este último, como se señaló, Decreto de Necesidad y Urgencia [DNU]).

El actual marco legal o normativo, consagrado a partir del año 2003, implicó para el país dejar atrás una legislación o normativa de corte restrictivo en materia de derechos humanos vigente hasta esa fecha y heredada de la época de la última dictadura militar, concebida a partir de la doctrina de la seguridad nacional y limitante en materia de derechos humanos –Ley Nº 22.439, conocida como la Ley Videla– (56). En paralelo, implicó adecuar el marco legal o normativo nacional a los mandatos o estándares internacionales generales en materia de protección de las personas migrantes (57), en tanto colectivo humano especialmente desprotegido y vulnerable en atención a su particular condición jurídica, social y, en gran parte de los casos, económica de sus integrantes, lo que los hace en múltiples ocasiones quedar expuestos a decisiones y prácticas arbitrarias tanto de las autoridades públicas como de otros actores sociales.

Resulta de suma importancia señalar que, en función de la estructura del sistema jurídico argentino, la citada Convención Internacional, que es una de las siete convenciones o tratados principales sobre derechos humanos a nivel mundial y el instrumento jurídico internacional de referencia en la materia (58), tiene jerarquía superior a las leyes nacionales –en virtud de lo dispuesto por la propia Constitución Nacional Argentina en su artículo 75 inciso 22–, incluida la Ley Nacional de Migraciones, ley que hace una remisión expresa a los tratados o convenciones internacionales vinculadas a la materia en su artículo 12. En la práctica lo expresado implica, entre otros efectos, los siguientes:

I. Que los derechos de las personas migrantes, incluyendo el contenido y alcance de los mismos, quedan determinados en función de lo dispuesto por los dos instrumentos legales citados, debiendo efectuarse un análisis combinado y complementario entre ellos (Convención Internacional y Ley Nacional de Migraciones).

II. Que el aludido análisis debe efectuarse tomando en consideración el rango legal o la jerarquía normativa de estos instrumentos en el sistema jurídico argentino, sistema que deber ser considerado en su conjunto y de manera integral, y dentro del cual la Convención Internacional tiene jerarquía superior a las leyes nacionales, incluida la Ley Nacional de Migraciones (instrumento normativo que hace remisión a las convenciones internacionales en la materia en su artículo 12).

III. Que así como en lo vinculado a determinados derechos la Ley Nacional de Migraciones protege a las personas migrantes en mayor medida que la Convención Internacional, en lo referente a otros derechos la Convección Internacional protege a las personas migrantes en mayor medida que la Ley Nacional de Migraciones –principalmente a aquellas que se encuentran en situación irregular–, existiendo a su vez derechos contemplados en la Convención Internacional que no están contemplados en el Ley Nacional de Migraciones.

IV. Que la falta de reglamentación parcial o desarrollo de la Ley Nacional de Migraciones y/o de la Convención Internacional no exime al Estado Argentino ni a sus autoridades públicas, en el ejercicio de sus funciones, del cumplimiento de sus obligaciones respecto a los derechos consagrados en ambos instrumentos legales (59).

Lo afirmado precedentemente implica que un análisis de los derechos de las personas migrantes en Argentina reducido solamente a lo dispuesto por la Ley Nacional de Migraciones resultaría parcial y limitado en cuando a los derechos consagrados y al contenido y alcance de los mismos.

1.6. Catálogo de derechos y autoridades competentes

A continuación se presenta un catálogo básico y consolidado de derechos de las personas migrantes en Argentina, catálogo de derechos elaborado a partir de los dos instrumentos legales rectores o de referencia en la materia vigentes en el país, previamente citados, que se estructura de la siguiente manera:

I. Presenta una división entre derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales.

II. Dentro de cada uno de los derechos, se presenta la siguiente información:

a) Contenido y alcance de los derechos: el contenido y alcance básico de cada uno de los derechos específicos incluidos en el catálogo debe necesariamente complementarse y/o profundizarse a partir de lo dispuesto tanto en los dos instrumentos rectores o de referencia que establecen derechos vinculados o derivados, y especificaciones y requisitos para supuestos particulares –ingreso, egreso, admisión, residencia, permanencia, otros– y para determinadas categorías de trabajadores migrantes -temporales, itinerantes, fronterizos, otras-, como en otros instrumentos, tratados o convenciones internacionales de derechos humanos vigentes en el país, y también de lo establecido en tratados regionales y bilaterales en la materia y en leyes o normas internas sectoriales, siendo estas últimas las que precisan o detallan el aludido contenido y alcance, una vez que han sido establecidas precedentemente y en lo esencial las condiciones de goce y ejercicio de los distintos derechos frente al Estado y respecto de los/as nacionales. Atento a lo expresado, el contenido del catálogo presentado no pretende agotar de manera exhaustiva la información sobre cada uno de los derechos presentados.

b) Reconocimiento legal del derecho específico en cada uno de los instrumentos legales rectores o de referencia aludidos, Convención Internacional y Ley Nacional de Migraciones.

c) Autoridades competentes a nivel local y nacional, tanto las obligadas directamente al respeto del derecho específico tratado en virtud de las funciones que desempeñan, como las pertinentes para presentar reclamos dirigidos al resguardo o protección del derecho (60).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS