Kitabı oku: «Terremoto en la Iglesia católica»
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
RECTORA
Tania Hogla Rodríguez Mora
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Marissa Reyes Godínez
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES
José Ángel Leyva
COLECCIÓN: LA CIUDAD
Terremoto en la iglesia católica. El arzobispado de México y el sismo del 85 en la Ciudad de México.
Primera edición 2021
D.R. © Andrea Mutolo
D.R. © Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Dr. García Diego, 168,
Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06720, Ciudad de México
Imagen de portada: José Luis Ramírez, Todos a bailar, 2018.
ISBN (impreso) 978-607-8692-04-0
ISBN (ePub) 978-607-8692-41-5
publicaciones.uacm.edu.mx
Esta obra se sometió al sistema de evaluación por pares doble ciego y su publicación fue aprobada por el Consejo Editorial de la UACM.
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Para Giudi
Índice
INTRODUCCIÓN
LA IGLESIA CATÓLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS OCHENTA
EL SURGIMIENTO DE LA FUNDACIÓN PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD
El papel de FAC en la reconstrucción de la Ciudad de México
Vínculos con el gobierno
Hacia el cierre de FAC
HACIA UNA CONCILIACIÓN ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA Y EL ESTADO: el Arzobispado de México y el Departamento del Distrito Federal después del sismo de 1985
El papel de FAC en la construcción de viviendas
Cercanía con el gobierno
A manera de conclusión de este capítulo
EL PAPEL DE LOS JESUITAS DE LOS ÁNGELES EN LA COLONIA GUERRERO
Los jesuitas en la colonia Guerrero
El sismo de 1985
La división de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús
Hacia un balance final
«NADA DE RELIGIÓN, PERO ATRASITO EL PADRE LAS DIRIGÍA».
La reconstrucción de la colonia Magdalena Mixhuca
La parroquia
Ucotyl
El sismo
Las viviendas
Recapitulación
EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE TEPITO
Tepito y el sismo
Las viviendas
Comunidad Participativa Tepìto
Balance final sobre el papel del catolicismo en Tepito
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Relación Estado-Iglesia católica
Cambio interno en el Arzobispado de México
En las áreas populares
In natura veritas
FUENTES
Libros
Revistas
Archivos consultados
Consultas
Personas entrevistadas (biografía)
Agradecimientos
NOTAS AL PIE
Introducción
El terremoto del 19 de septiembre de 1985 dejó una huella indeleble en la historia de la Ciudad de México. Sus resultados fueron devastadores: destruyó total o parcialmente extensas áreas céntricas de la capital y produjo una enorme cantidad de muertos, heridos y damnificados. Sin embargo, aunque fue un episodio trágico, ayudó a que la población capitalina se activara y desempeñara un papel protagónico tanto en la emergencia inmediata como en el necesario y largo trabajo de reconstrucción.
Según diversas fuentes, el gobierno mexicano —caracterizado por su ineficiencia y corrupción— no tenía la capacidad de coordinar las ayudas que llegaban del extranjero. Muchas organizaciones de cooperación internacional se dieron cuenta de que las instituciones gubernamentales no eran suficientemente eficaces para canalizar y distribuir los apoyos humanitarios que llegaban desde el exterior. En este contexto, el presente trabajo indaga el papel que desempeñó en las tareas de reconstrucción la Iglesia católica, en particular el arzobispado de México.
Sobre el terremoto de 1985 existe una amplia bibliografía que va de las memorias a los documentales y artículos de prensa, pero realmente son pocos los estudios que analizan críticamente el suceso y muchos menos los que indagan el papel de la ciudadanía. Mientras la prensa crítica con el gobierno habló de una acción sobresaliente de la sociedad civil, los periódicos más cercanos al poder destacaron el papel del presidente Miguel de la Madrid y del regente del Departamento del Distrito Federal (DDF), Ramón Aguirre Velázquez.1 En mi opinión, hacen falta investigaciones históricas que reconstruyan en forma objetiva este proceso y, por tal razón, al carecer de un análisis puntual, el tema se ha politizado.
Algunos movimientos sociales que surgieron o se desarrollaron después del sismo ya han sido investigados.2 Varios textos han abordado el importante papel de los capitalinos ante el sismo de 1985, quienes reaccionaron y se organizaron para enfrentar la emergencia y para iniciar la etapa de reconstrucción. Carlos Monsiváis3 y Elena Poniatowska,4 por ejemplo, enfatizan este despertar de la sociedad civil. Recientes estudios, sin embargo, han cuestionado la idea; sobre todo, han discutido el significado del término «sociedad civil», que reemplazó al de «pueblo». La connotación de pueblo implica una referencia a la clase baja que, a partir del terremoto, empezó a desaparecer al privilegiarse el concepto de sociedad civil.5 Esta tendencia puede rastrearse en la prensa. La crítica señala que se hizo un gran énfasis en el papel de la sociedad civil después del terremoto6 con el objetivo de presentar este hecho como un evento histórico de rechazo al gobierno opresor representado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así, la reacción ciudadana ante el sismo estaría emparentada con lo sucedido en Tlatelolco en 19687 o con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994,8 por ejemplo. Historiográficamente, la movilización de la sociedad civil en 1985 se ha convertido en un antecedente directo del nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 19899 y de la democratización de la Ciudad de México en 1997.10
Sin embargo, aún falta el estudio de un actor importante de este proceso: la Iglesia católica, en particular el arzobispado de México. Desde mi punto de vista, el arzobispado fue el agente más activo dentro del catolicismo, pero, como podrá observarse a lo largo del presente trabajo, no fue el único.
Actualmente no existen investigaciones sobre la participación específica del catolicismo, de modo que el presente trabajo representa un primer acercamiento al desempeño del arzobispado de México y de otras organizaciones relacionadas con la jerarquía durante la coyuntura. Esta investigación surgió a raíz de un trabajo previo sobre la administración del cardenal Ernesto Corripio Ahumada11 como arzobispo de México en la década de los ochenta.12 En dicho estudio encontré que muchas fuentes orales subrayaban la importante labor de la Iglesia local en las tareas de reconstrucción. Lleno de dudas, intenté investigar el punto más a fondo y pronto descubrí que no existían estudios sobre el tema. Solo encontré un libro editado por la Pontificia Universidad de México titulado «El Terremoto de México. 19 de Septiembre 1985».13 Este pequeño texto editado en 1986 es una reflexión teológica y filosófica sobre el mal. Realmente en el libro no se desarrolla el tema del sismo de 1985 y el papel que desempeña la Iglesia católica. Aprovechando un año sabático, me dediqué plenamente al proyecto, que tenía como base una pregunta sencilla: ¿cuál fue el papel de la Iglesia católica en el sismo de 1985?
Mi hipótesis inicial fue que el sismo habría generado una fuerte cercanía entre el arzobispado de México y el gobierno federal y local, y que todo esto, posterior e indirectamente, habría dado pie a la reforma constitucional de 1992.14 Conforme avancé en la investigación, se confirmó el hecho de que el trabajo de la Iglesia católica había sido en verdad relevante, pero la formulación de la hipótesis resultó simplista y, en cierto modo, excesivamente institucional. Mi error fue considerar a la Iglesia católica como una entidad monolítica, pues poco a poco fui descubriendo la existencia de numerosos y diversos actores involucrados en el proceso. No era suficiente, como planeé en un principio, investigar solo a la alta jerarquía de la Ciudad de México, encabezada por Corripio, para tener una idea más nítida de este proceso era indispensable considerar a algunas parroquias que realmente sobresalieron en la reconstrucción de la ciudad. Pronto reconsideré mi hipótesis inicial bajo una perspectiva diferente: la Iglesia católica habría generado una multiplicidad de actores que perseguían objetivos distintos, desde la vinculación con el gobierno hasta la oposición política al mismo.
Así, por un lado actuó una estructura creada por el arzobispado, cercana al gobierno, que desarrolló una política de construcción de viviendas a gran escala, mientras por otra parte surgieron actores, muchas veces encabezados por parroquias, que en términos generales fueron críticos con el gobierno e implementaron políticas solidarías de autoconstrucción de viviendas. Así, la hipótesis inicial de que este proceso representó un antecedente de la reforma constitucional de 1992 se desmiente y se confirma al mismo tiempo. Se desmiente porque algunas parroquias criticaron fuertemente al gobierno y desarrollaron una actividad política que los llevó a participar en la fundación del PRD; pero, al mismo tiempo, se confirma la hipótesis en tanto que la Iglesia, con su participación en el proceso de reconstrucción, inauguró un modelo formal de relaciones con el gobierno que sentó las bases para la reforma.
Así pues, el presente trabajo siguió dos líneas paralelas de investigación que de vez en cuando se cruzaron: por un lado, el papel de la Iglesia institucional y, por otro, la actividad de algunas parroquias y comunidades eclesiales de base que desarrollaron una acción distinta a la de la alta jerarquía. Las fuentes consultadas fueron de diversa índole. Arranqué con más de treinta entrevistas a los principales actores católicos que desempeñaron un papel preponderante en la coyuntura del sismo, sobre todo sacerdotes diocesanos y jesuitas. Revisé diversos periódicos y revistas laicos como La Jornada y Proceso, pero también católicos, como la Gaceta del Arzobispado de México y la revista Christus. Consulté el Archivo Histórico del Arzobispado de México (AHAM), donde me permitieron estudiar el Fondo Cancelería; también revisé el Fondo Presidente del Archivo General de la Nación (AGN). Finalmente, muchos sacerdotes o ex sacerdotes entrevistados me facilitaron copias u originales de documentos internos, revistas parroquiales y libros autoeditados.
La Iglesia católica en la Ciudad de México en los ochenta
El cardenal Corripio administró la arquidiócesis primada de México entre 1977 y 1994. Fue un periodo largo y complejo, durante el cual la institución se trasformó radicalmente. Una vez que Corripio tomó el cargo, emprendió una intensa política de transformación y dio personalidad jurídica a zonas pastorales que hasta entonces no tenían un obispo encargado, sino delegados.1 El problema, efectivamente, tenía una dimensión jurídica, pues había que reglamentar, por ejemplo, el funcionamiento de los obispos auxiliares, pero la situación trascendía lo legal: había que entender el fenómeno de la gran ciudad, de la megalópolis, y los problemas pastorales que ella planteaba.
El análisis del sacerdote encargado de desarrollar tales cambios, Manuel Zubillaga,2 se basó principalmente en las ciencias sociales. Zubillaga retomó la idea sociológica de las megalópolis de los años ochenta. Con más de ocho millones de habitantes, solo había en todo el mundo veinticuatro o veinticinco ciudades como la de México. De acuerdo con el sacerdote, las megalópolis son un fenómeno del siglo XX, pues a finales del siglo XIX Londres apenas tenía un millón de habitantes. Se trataba de algo reciente en la historia de la humanidad y, por eso mismo, era un asunto nuevo también para la Iglesia. Entonces la concepción canónica de diócesis empezó a tener un sustrato sociológico diferente y por este motivo se requirió inventar una solución de gobierno pastoral adecuada a las dimensiones de la urbe.3 Gracias al trabajo realizado por el cardenal Miguel Darío Miranda y Gómez (Arzobispo de México de 1956 a 1977), en la arquidiócesis existían ya las llamadas zonas de pastoral, conocidas después como delegaciones de pastoral. Una vez que llegó Corripio, en 1977, se quiso dar un paso más y se otorgó personalidad jurídica a estas zonas.4 La arquidiócesis, desde los ochenta, revolucionó su estructura canónico-administrativa y se dividió en ochos vicarías que, a su vez, se fraccionaron en decanatos y después en parroquias. Según Zubillaga, el cardenal Corripio seguramente abordó con Juan Pablo II, durante la visita de éste a México en 1979, el tema de la posible reestructuración del gobierno pastoral.
Mons. Francisco Aguilera y el futuro cardenal Javier Lozano Barragán fueron los primeros obispos elegidos como administradores de vicaría. Una vez nombrados los obispos auxiliares en junio de 1979, había que empezar un cambio concreto en la pastoral y por esta razón, de acuerdo con Zubillaga, se realizó la Misión Guadalupana, cuyo objetivo era pasar «de la especulación y de la discusión teórica a hacer un proyecto que movilizara las comunidades cristianas».
La diócesis de México durante la administración de Corripio cambió sustancialmente su estructura: pasó de 279 parroquias a 380 en 1994; el número de sacerdotes diocesanos aumentó de 593 a casi 700; el clero regular se estabilizó en mil religiosos, mientras el número de religiosas bajó de 5 983 a 4 750. El porcentaje de católicos en la diócesis descendió del 96.5% al 85 por ciento.5
De forma paralela a su trabajo pastoral en los años ochenta, Corripio abonó también a la creación de un vínculo con el gobierno mexicano. Ciertamente, el cardenal en esta década fue uno de los protagonistas de las relaciones entre Estado e Iglesia católica. El objetivo primero que tenía el arzobispado de México, según Horacio Aguilar,6 ex apoderado legal, era definir formalmente las relaciones entre gobierno y jerarquía. Los sacerdotes cercanos a Corripio nunca estuvieron de acuerdo en llamarlas «relaciones Iglesia-Estado», pues, en su opinión, cuando éstas realmente existen, se dan de manera natural, mientras que en los ochenta la situación estaba muy deteriorada. Según el propio Aguilar: «No era únicamente un problema jerarquía-gobierno, sino que el gobierno no aplicaba la ley, éste era el problema; era un gobierno que flexibilizaba y rompía la ley y el pueblo estaba muy al margen de las diatribas entre gobierno y jerarquía. Estamos hablando en presencia de un país en el cual hay una ciudadanía que rebasa al gobierno y un pueblo que rebasa a la jerarquía».7
Para entender esta afirmación basta recordar la primera visita de Juan Pablo II a México en 1979, durante la cual se violaron muchas leyes: actos de culto públicos, hábitos talares en las calles y en las plazas, procesiones. Todo ello estaba prohibido, pero el Estado lo permitió. El pueblo desbordó la normativa y tanto el gobierno como la jerarquía, en un determinado momento, se vieron obligados a encontrar la manera de legalizar un hecho consumado.
De acuerdo con el análisis de Roberto Blancarte sobre la presidencia de Corripio en la Conferencia del Episcopado Mexicano (1980-1982), el cardenal apostó por una apertura eclesial en las cuestiones sociopolíticas.8 Dentro de su arquidiócesis, esta apertura se manifestó tanto en la construcción de las relaciones con el Estado como en la reconfiguración de su estructura territorial.
En este proceso sobresalieron algunos sacerdotes, como el jesuita Enrique González Torres9 y el diocesano Antonio Roqueñí Ornelas.10 González Torres fue el coordinador diocesano de la emergencia del sismo. Dado que la estructura que tenía Cáritas11 en México, fundada en 1960, era exclusivamente parroquial, resultaba imposible coordinar la ayuda sin un organismo centralizado. Para tal fin creó la Fundación para el Apoyo a la Comunidad (FAC), que tomó el papel de Cáritas. La FAC creó una oficina en cada una de las ocho vicarías, contrató personal y ayudó en la construcción de viviendas, refugios y comedores.
Así, el sismo de 1985 llevó a la diócesis a tomar una ruta de integración con la sociedad civil y de apertura política. Fue en este contexto, durante la etapa de reconstrucción, que la Iglesia comenzó a desempeñar un papel social más activo y, junto con diversas organizaciones, se mostró como una institución altamente confiable y capaz ante interlocutores nacionales e internacionales.
El surgimiento de la Fundación para el Apoyo a la Comunidad
Después del sismo, el arzobispado se enfocó inmediatamente en la recaudación de fondos para la reconstrucción: «El Señor Arzobispo determina que lo colectado este año (1985) por concepto de diezmo se destine a remediar las urgentes necesidades originadas por el reciente sismo, en la Arquidiócesis».1 Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes. Solo con la creación de la FAC en diciembre de 1985 se logró captar donativos del extranjero, por lo que la fundación se convirtió rápidamente en una de las instituciones más sobresalientes para la reconstrucción de la ciudad.
Quizá lo más novedoso de este proceso consistió en el hecho de que una institución abiertamente controlada por la jerarquía fue capaz de establecer un vínculo oficial con el gobierno. Como explicó muy bien Roderic Ai Camp, en muchos casos las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado habían sido excelentes, tal como sucedió en la década de los setenta, pero se realizaban a través de intermediarios y prestanombres.2 En pocas palabras, antes de la reforma constitucional de 1992 es muy difícil encontrar momentos históricos donde Estado e Iglesia católica hayan logrado colaborar en un proyecto común de forma abierta y trasparente.
Son muchos los elementos que prepararon el terreno para la formalización de dichas relaciones en la reforma constitucional. La FAC y el arzobispado fueron piezas clave. Otros actores (como Girolamo Prigione)3 y factores (como los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II y por la II y III CELAM) también contribuyeron al proceso, pero no serán analizados en el presente trabajo porque no forman parte de la coyuntura del sismo.
La fundación y el desarrollo de la FAC, desde mi punto de vista, representan un importante cambio en las relaciones entre el arzobispado y el gobierno, pero es necesario ubicar a la organización en el marco del amplio proyecto de renovación que se desarrolló en la década de los ochentas en la Ciudad de México impulsado por Corripio. Su fundación fue parte de este esfuerzo para modernizar la diócesis mediante una estructura más incluyente y acorde con la nueva estructura política y social de la capital.
La FAC fue fruto de la reagrupación de las iniciativas de la acción social del arzobispado de México. En los años ochenta, como en nuestros días, el instrumento que las diócesis utilizaban para el desarrollo de la pastoral social era Cáritas,4 pero, en el caso de la Ciudad de México, la acción de esa oficina se circunscribía al contexto específico de cada parroquia, lo cual limitaba su capacidad para coordinar acciones a gran escala.
El surgimiento de la FAC en diciembre de 1985 como estructura diocesana desencadenó un conflicto con la Conferencia del Episcopado Mexicano, en particular con la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS). Para el arzobispado, la burocracia y el funcionamiento colegiado de la CEPS podían mermar la fuerza y la eficacia de una institución que estaba actuando en un contexto de absoluta emergencia. Al crear una instancia ex novo como la FAC, el arzobispado de México obtuvo el control absoluto sobre la institución y los muchos donativos que recibía. Así, podía actuar en forma rápida y flexible.
El fundador y director de la FAC fue el sacerdote jesuita Enrique González Torres, que antes se había desempeñado como secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social, estructura vinculada a la CEM. Al respecto, González Torres afirma: «Yo no trabajaba a gusto en la Comisión [Episcopal] de Pastoral Social, porque los veía lentos […] Además, había gente que llegaba ofreciendo aportaciones en alimentos, en dinero o cobijas. Yo sugerí que hiciéramos un fondo de ayuda católico, para ir canalizando los recursos».5
La forma de actuar de González Torres, de acuerdo con algunas fuentes, era muy autónoma, por lo que empezó a tener problemas con el presidente de la CEPS, el obispo Carlos Talavera.6 Su salida de la comisión generó una enorme tensión entre ese organismo y el arzobispado de México, y la disputa por la gestión de los cuantiosos donativos que estaban llegando no ayudó a calmar los ánimos. La Gaceta Oficial del Arzobispado de México da cuenta indirecta de este conflicto cuando, en su número inmediatamente posterior al sismo, habla de un Fondo de Ayuda Católica (FAC) y de cómo la «CEPS, presidida por Mons. Carlos Talavera, Obispo de Coatzacoalcos, tiene a su cargo la coordinación del Fondo de Ayuda Católica».7 Este fondo, sin embargo, fue reemplazado por la organización creada por González Torres con el apoyo del cardenal Corripio. Se cambió el nombre del Fondo de Ayuda Católica de la CEM por el de Fundación para el Apoyo de la Comunidad; así se conservaron las siglas FAC, que coinciden con el imperativo latino del verbo «hacer». En 1985, el cardenal Corripio escribió a todos los organismos internacionales de la Iglesia católica para solicitar que las ayudas se enviaran directamente a la arquidiócesis de México. Como se mencionó, quizá la intención del cardenal fue evitar triangulaciones de dinero: era preferible que los donativos llegaran directamente al arzobispado, que era la entidad con más necesidades y más proyectos, pues la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en virtud de su carácter nacional, estaba menos arraigada en territorio de la ciudad y tenía dificultades para generar vínculos formales con el gobierno. Sin embargo, Talavera tuvo que presentarse en varias ocasiones ante los organismos internacionales para informar sobre el avance de los proyectos. Esta situación generó un fuerte desencuentro entre ambos clérigos.
El Fondo de Ayuda Católica controlado por la CEPS prácticamente desapareció: la Gaceta Oficial del Arzobispado, en los números de 1986 y posteriores, omite totalmente al Fondo de Ayuda Católica y utiliza siempre las siglas FAC para referirse a la Fundación para el Apoyo de la Comunidad: «La Arquidiócesis de la Ciudad de México decidió crear la F.A.C. para que fungiera en una primera etapa, como el organismo ejecutor de las acciones emergentes de Pastoral Social en favor de nuestros hermanos que resultaron afectados por los fenómenos naturales de septiembre de 1985».8
Otro aspecto controvertido de la FAC, que generó conflictos desde su nacimiento y a lo largo de su historia, fue su relación con la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. La FAC surgió en un momento muy complicado para los jesuitas mexicanos. Los setenta y los ochenta fueron para ellos años complejos, pues los religiosos bajo la supervisión del prepósito general de la Compañía, Pedro Arrupe, tomaron un camino diferente al recorrido por sus predecesores. Enrique González Torres no logró involucrar a su congregación en el proyecto de la FAC. El provincial, Carlos Vigil,9 y un sector de los jesuitas fueron escépticos y críticos de este proyecto diocesano. De hecho, los jesuitas vinculados a Acción Popular10 desconfiaron de la FAC, sobre todo por su apertura hacia un proyecto común con el gobierno. La visión de González Torres, en cambio, era más pragmática: él no consideraba al gobierno como intrínsecamente corrupto o malo, por lo que estaba dispuesto a colaborar con el Estado en proyectos específicos. Todo esto le generó numerosos conflictos, al grado de que momentáneamente dejó la comunidad jesuita y se trasladó con su familia, pues «sentía una agresión muy fuerte».11
El papel de la FAC en la reconstrucción de la Ciudad de México
Estos conflictos no afectaron el potencial de la FAC, que logró rápidamente consolidarse y desempeñó un papel muy importante en la atención de la emergencia. La principal tarea del organismo fue la reconstrucción de viviendas, objetivo que resultaba extremadamente complejo en un área tan heterogénea como la Ciudad de México. Por esta razón, la FAC aprovechó la estructura pastoral preexistente del arzobispado y en 1986 creó en cada una de sus ocho vicarías un Centro de Apoyo a la Comunidad (CEPAC). A través de estas oficinas locales, la FAC pudo tener un diagnóstico claro de las necesidades específicas de cada sector de la ciudad para intervenir de forma diferenciada. Así, la fundación se dividió en cuatro áreas: vivienda, empleo y ocupación, asistencia (salud, nutrición, apoyo económico) y swap social. Revisaremos brevemente la actividad de cada una de ellas.
VIVIENDA
La estructura parroquial de la arquidiócesis fue muy útil para evaluar las necesidades de reconstrucción de vivienda en cada lugar. La arquitecta Elizabeth García, que colaboraba con la FAC, diseñó proyectos que fueron financiados principalmente por organismos católicos internacionales de beneficencia.12 En particular, fue notorio el fuerte apoyo económico de la Santa Sede y de las conferencias episcopales, que controlaban las Cáritas nacionales. Juan Pablo II hizo varios llamados para apoyar a México. El domingo 22 de septiembre de 1985, en la ciudad italiana de Génova, declaró a propósito del sismo: «Deseo, además, estimular toda iniciativa oportuna encaminada a salir al encuentro de las exigencias de ayuda que apelan con urgencia a la solidaridad humana de todos los pueblos y de todas las naciones en un momento tan trágico».13
Entre 1986 y 1994, la FAC remodeló, construyó o asesoró la construcción de 8 570 viviendas. Sin embargo, para dimensionar esta cifra, es necesario compararla con las alcanzadas por otras organizaciones no gubernamentales y por el Estado mexicano en el periodo 1986-1987. El Departamento del Distrito Federal atendió el problema de vivienda mediante el Programa de Renovación Habitacional Popular14 en la Ciudad de México. Hasta diciembre de 1987, el gobierno había construido 89 703 viviendas a través de diferentes programas: el de Renovación Habitacional, el Programa Emergente de Viviendas fase I y fase II, y el Programa de Reconstrucción Democrática de Tlatelolco. Por su parte, las ONG construyeron en conjunto 11 660 viviendas en el mismo lapso. La FAC fue la segunda más relevante en este rubro, pues alcanzó las 2 543 viviendas, superada solo por la Cruz Roja Mexicana, que construyó 4 414.15
La FAC, junto con otras ONG, firmó con el DDF el Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción, que especificaba las «Bases para la concertación de acciones suscritas entre el Gobierno Mexicano y diversos organismos y asociaciones civiles nacionales e internacionales, que han aportado recursos para la reconstrucción».16 El convenio estableció una normatividad que limitaba el área construible para viviendas a sesenta metros cuadrados. Es importante señalar que, según lo estipulado en el convenio, las viviendas no se regalaban, sino que se gestionaba con los nuevos dueños un préstamo de bajos intereses. Así, la colaboración entre la FAC y Renovación Habitacional generó una cercanía política entre el Estado y la Iglesia católica.
Como se ha señalado, la FAC construyó miles de viviendas y gestionó decenas de millones de dólares. El vínculo entre la fundación y sus donantes parece haber sido armónico; sólo en un determinado momento se generó un problema con los Catholic Relief Services (CRS). Sobre este punto, las fuentes orales no concuerdan y, desafortunadamente, las fuentes de archivo todavía no son totalmente consultables. Lo cierto es que los CRS se mostraron inconformes con la forma en que la FAC gestionó el dinero y el proceso de construcción. Algunos ex jesuitas que en aquel momento residían en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero, y que estuvieron involucrados directamente en el proceso de reconstrucción mediante un proyecto alterno, declararon que la problemática entre los CRS y la FAC se debió a que el elevado gasto de gestión de la fundación infló demasiado el valor de las viviendas: «CRS veía que si nosotros construimos diez viviendas, ellos [FAC] construían 5 y quedaban mal».17 Para la FAC, la raíz del problema estuvo en el volumen: cuando se construye un número reducido de casas, es posible recurrir a la autoconstrucción, pero cuando hay que levantar dos mil viviendas, se vuelve necesario contratar profesionales, lo cual eleva los gastos.
Esta divergencia de opiniones tiene una carga política. González Torres era el sacerdote encargado por la arquidiócesis para dirigir la reconstrucción, por lo que su tarea era coordinar la ayuda proveniente de instituciones católicas; por su parte, los jesuitas de la colonia Guerrero trabajaban en la reconstrucción a través de una institución denominada Promoción de Actividad Socio Educativa (PASE), que siempre mostró una actitud crítica ante la estrategia oficial y se resistió a informar a la jerarquía de sus actividades.
En el Archivo Histórico del Arzobispado de México se conserva un documento de una consultora que, por encargo del cuarto CEPAC (región sur) de la FAC, revisó la utilización de los recursos aportados por los CRS. El informe establece que la Constructora Mont, empresa contratada por la FAC, gastó 1 673 000 dólares donados por los CRS para construir 271 viviendas. En el documento no hay todavía huellas del conflicto y se concluye que «las cifras respecto de los costos directos presentados por la Constructora Mont son razonables considerando los parámetros utilizados para las pruebas realizadas».18 El sacerdote coordinador de ese CEPAC, Benjamín Bravo Pérez,19 le expresaba en una carta al vicario episcopal Luis Mena Arroyo que «el resultado final, como lo verá, es positivo. Espero que esto genere más recursos para aliviar la necesidad de algunos otros damnificados […] Hasta ahora con este dinero de los norteamericanos, ha sido posible construir un buen número de casas, como verá en la misma lista del informe».20
EMPLEO Y OCUPACIÓN
Con el terremoto, muchos artesanos perdieron sus herramientas y numerosos trabajadores vinculados a industrias que se vinieron abajo se quedaron sin una fuente de ingresos, como las costureras de San Antonio Abad. El área de empleo de la FAC, con el apoyo de algunos empresarios, creó un fondo para dar crédito a los artesanos, de modo que pudieran reponer sus herramientas. Se creó también un grupo de trabajo llamado Los Emprendedores (Fundación los Emprendedores I.A.P.), que se enfocó en rescatar el empleo perdido mediante pequeños proyectos para la creación de cooperativas de costura, principalmente en la colonia Roma. En total, se generaron veinte cooperativas con 414 beneficiarios.21 Sin embargo, este experimento fracasó a largo plazo. Las cooperativas no funcionaron porque en una dinámica horizontal era muy complicado llegar a acuerdos funcionales. Según González Torres, las costureras estaban acostumbradas a una estructura de trabajo vertical: cuando entraron en las dinámicas cooperativas, les resultó demasiado complejo ponerse de acuerdo sobre quiénes debían ocupar los puestos directivos.
El área de empleo de la FAC, con el respaldo de Alfredo Hubart, creó también el Centro de Apoyo al Microempresario (CAME). Este centro buscaba promotores interesados en echar a andar un proyecto productivo, para lo cual debían fundar grupos de entre diez y veinte personas dispuestas a conformar un fondo de ahorro. Después de cuatro meses en los que cada integrante del grupo ahorraba la mayor cantidad posible de dinero, se podía solicitar un crédito al CAME, que muchas veces era superior a la cantidad reunida por el fondo.22
ASISTENCIA: SALUD, NUTRICIÓN, APOYO ECONÓMICO
En las ocho vicarías, por medio de los CEPAC, se crearon grupos con la misión de atender los problemas de nutrición, educación y seguridad derivados del sismo. Para este fin, la FAC aprovechó los cuantiosos recursos que recibió sin etiquetar. Se crearon muchas instituciones para apoyar a niños con discapacidad, residencias para adultos mayores y casas para jóvenes con problemas de adicciones. El crecimiento de esta área de trabajo de la FAC fue paulatino, pues en los primeros años los esfuerzos y el presupuesto estuvieron primordialmente enfocados en la construcción de casas; con el tiempo, cuando la crisis de vivienda aminoró, el capital se redirigió hacia estas obras educativas o asistenciales.23
Por petición de los donantes, en particular de las oficinas europeas de Cáritas, en 1988 la FAC se fusionó con las prácticamente inexistentes Cáritas diocesanas y se creó FAC-Cáritas. Este cambio le permitió a la institución tener un perfil más compatible con el de sus donantes y facilitó el flujo de los recursos.
SWAP SOCIAL
El swap fue un intercambio ideado por el gobierno mexicano en el que los interesados compraban en el extranjero deuda pública en dólares a un precio que representaba entre el 50% y el 80% de su valor nominal, mismo que el gobierno se comprometía a monetizar al 100% en moneda nacional.
La palabra swap significa simplemente intercambio. Técnicamente se emplea esta palabra desde hace poco para referirse al pago selectivo, por parte del gobierno deudor, de una cierta cantidad de deuda, a cambio de que ese dinero sea invertido en el país, y que el pago se haga en moneda nacional. Lo que el gobierno da a cambio al inversionista que invierte en moneda extranjera, es aceptar en su valor original los pagarés que éste le presente (esto se negocia con anterioridad), y la ventaja del inversionista es que él puede comprar esos pagarés a los bancos acreedores a un precio menor que el original, o sea, al valor que se ofrezca la deuda en el llamado mercado secundario.24
El dinero generado por estas operaciones financieras se debía utilizar para la construcción de viviendas y el desarrollo de infraestructura. En este contexto, la FAC creó el Fondo por la Asistencia, Promoción y Desarrollo (Faprode), una asociación de segundo piso de intermediación financiera que compraba deuda gubernamental en el exterior con dinero de los donantes, sobre todo de las oficinas de Cáritas. La Swiss Bank Corporation, con un crédito especial, financió en parte estas operaciones. En total, el Faprode implementó swaps por 253 millones de dólares.25 Esta actividad, junto con su participación en los programas de vivienda, generó una gran cercanía entre la FAC y diversos niveles del gobierno.
Vínculos con el gobierno
El dinero que llegó del extranjero para la construcción de viviendas le permitió al arzobispado de México manejar grandes recursos. Con la finalidad de optimizarlos, se decidió invertir en el instrumento del gobierno mexicano descrito más arriba: el swap social. Como explicamos, la operación consistía en comprar deuda mexicana en dólares en el mercado internacional con un fuerte descuento que ofrecía directamente el gobierno a la Iglesia. Así, el valor del donativo aumentaba significativamente en pesos al llegar al país:
Estos recursos llegaban de muchos países de Europa (incluso de Japón) que daban un apoyo para la construcción de viviendas. Se compraba deuda y lo que te había costado un peso mejor se convertía en un peso y cincuenta centavos, con lo cual se multiplicaban los recursos y, en vez de construir cien viviendas, podías construir ciento cincuenta.26
La revista Proceso, en su edición del 29 de enero de 1990, presentó un artículo titulado «Aunque no haya relaciones. Los obispos, gestores del gobierno en la deuda». En el texto se lee:
El donante que quiere ayudar a los proyectos sociales de la Iglesia mexicana puede comprar una parte de la deuda mexicana y transferirla a la Fundación para la Asistencia de la Comunidad (FAC) presidida por el jesuita Enrique González Torres que, a su vez, la entrega al gobierno mexicano. El gobierno se la repone a los obispos en pesos […] En esta forma, el gobierno de México disminuye su deuda, la Iglesia mexicana recibe su ayuda, los bancos recuperan su dinero […] Según FAC el dinero que la Iglesia consigue de esta manera se dedica a generar nuevos empleos, por medio de cooperativas y de programas de entrenamiento, a impulsar proyectos de vivienda, a dar servicios médicos y a cubrir otras necesidades sociales. El gobierno mexicano —dice FAC — se ha visto obligado a recortar su gasto social por razón de la deuda. Por esto, la Iglesia mexicana hace un llamado a los bancos acreedores para que donen una parte de la deuda a la fundación.27
De esta manera, la Iglesia llegó a administrar alrededor de 250 millones de dólares invertidos en deuda mexicana. Este vínculo prácticamente formal con el gobierno es un antecedente importante de la reforma constitucional y deja entrever el funcionamiento de la «conciliación» que prevalecería en la década siguiente: «Ambos —Iglesia y Estado— descubren que se necesitan, que pueden ayudarse y que, más o menos, son interlocutores válidos».28
A la par de la construcción de estos vínculos, el delegado apostólico, mons. Girolamo Prigione, desempeñó por aquellos años un papel de gran relevancia para que las relaciones empezaran a ser abiertas. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se organizaron en la delegación apostólica numerosos encuentros en los que participó Carlos Salinas de Gortari, por entonces secretario de Programación y Presupuesto. Presumiblemente fue en esta etapa cuando se produjo una primera ruptura entre la delegación apostólica y el arzobispado de México. Corripio y sus sacerdotes, que ya mantenían relaciones con diferentes niveles del gobierno, se vieron desplazados por la pretensión de Prigione de monopolizar las negociaciones con el Estado.
Como hipótesis, podemos plantear que la política de acercamiento con el gobierno, iniciada por el arzobispado de México luego del sismo de 1985, fue indirectamente retomada por la delegación apostólica, misma que algunos años después encontró en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (presidente de México entre 1988 y 1994) un interlocutor adecuado. Este relevo al interior de la Iglesia en cuanto al liderazgo de las negociaciones produjo un fuerte conflicto.
En este sentido, tanto el cambio en las relaciones con el Estado que experimentó el arzobispado de México a raíz del sismo del 85 como la reforma constitucional de 1992 fueron síntomas claros de la modernización del país y de la Iglesia. Durante la década de los noventa, el cardenal Corripio impulsó un proyecto de cambio constitucional que históricamente no se concretó. El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), con el respaldo de varios intelectuales, tuvo un papel importante en este proyecto al promover el tema de la reforma en materia de culto en espacios académicos, eclesiásticos y políticos. El cardenal Corripio, el sacerdote Roqueñí, Manuel Gómez Granados,29 y muchos otros intelectuales católicos de la Ciudad de México, entendían el tema del derecho de libertad religiosa en los términos en que lo planteó el Concilio Vaticano II. A la par que estos actores católicos, otras denominaciones religiosas querían también una reforma amplia, de modo que en la capital del país esta sinergia generó un espacio privilegiado de reflexión sobre el asunto.
En el Arzobispado de México se proponían cambios en materia constitucional mucho más profundos que los que finalmente se concretaron. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, desde luego, la arquidiócesis de México no representaba a todo el país y dentro del episcopado había un grupo de obispos foráneos, como el de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes (1987-2000), y el de Chihuahua, José Fernández Arteaga (1991-2009), que tenían una visión distinta sobre la materia. Lo que estos obispos buscaban no era tanto ampliar las libertades religiosas en general, como limitar los derechos de las otras denominaciones cristianas, pues temían que la reforma constitucional les abriera las puertas a las iglesias evangélicas para tomar el control de los medios de comunicación.
El proyecto amplio de reforma constitucional que respaldaba el arzobispado de México no logró concretarse. Tal proyecto resultó ser contrario a los propósitos de la delegación apostólica, que contaba con un grupo de incondicionales y logró colocarse como el primer interlocutor del Estado. A pesar de ello, la colaboración del arzobispado con el gobierno en la coyuntura del sismo de 1985 es sin duda uno de los varios acontecimientos relevantes que confluyeron para que la reforma constitucional de 1992 fuera posible, pues el gobierno se dio cuenta de que para solucionar los muchos problemas de reconstrucción vinculados con el terremoto, necesitaba dejar atrás su secular rivalidad con la Iglesia para integrarse en un trabajo común. La respuesta del arzobispado fue eficaz y organizada, lo que sentó las bases para los cambios en materia religiosa que se dieron en el siguiente sexenio. En ese segundo momento, los mismos actores se involucraron en el proyecto de reforma constitucional, pero esta vez, a diferencia de 1985, el arzobispado fracasó en su proyecto.
Hacia el cierre de FAC
Después de la transformación en 1988 de la FAC en FAC-Cáritas, en 1992 la fundación entró en un segundo periodo de transición, marcado por el acercamiento del sacerdote Manuel Zubillaga a la administración dirigida por Enrique González Torres. En ese momento, el futuro auguraba inminentes cambios, pues el cardenal Corripio, enfermo, iba a llegar en 1994 a los setenta y cinco años, edad de jubilación.
En esa etapa de transición, los fondos que habían alimentado la labor de la FAC se estaban agotando, así que Zubillaga se enfocó menos en la reconstrucción y más en proyectos formativos y de pastoral social vinculados con las ocho vicarías y sus respectivos CEPAC. Terminada la etapa de emergencia y de reconstrucción, era necesario redibujar la estructura original: «Lo que hicimos fue crear una Cáritas en la Ciudad de México que heredó las cosas de FAC».30 Así, en 1994 renació Cáritas dirigida por Manuel Zubillaga: «La amplitud del trabajo realizado por FAC estaba pidiendo un paso más en su proceso, desagregarse para dar identidad propia a las acciones realizadas. Por esta razón FAC-Cáritas A.C. da lugar a Cáritas Arquidiócesis de México, I.A.P. para que el organismo de pastoral social de la Arquidiócesis de México quede plenamente y específicamente identificado en sus propósitos pastorales y en su alcance referido a la Ciudad de México».31
Cáritas heredó los CEPAC que Zubillaga había retomado de la FAC con un enfoque de pastoral social. En efecto, FAC-Caritas había implementado entre 1992 y 1994 nuevos proyectos de corte más pastoral y menos empresarial, como las jornadas de caridad y las campañas cuaresmales de caridad, para las cuales se produjeron cursos formativos y material didáctico. Cáritas también se hizo cargo del fondo creado por la FAC, que ya estaba en su última etapa: aunque siguió trabajando en el rubro de vivienda hasta 1994, el ritmo de construcción era ya muy lento. FAPRODE, la estructura financiera que no estaba legalmente controlada por la diócesis, todavía funciona en la actualidad bajo el control indirecto de González Torres. Como el swap social ya no existe, se trasformó en una asociación de segundo piso que supervisa tres residencias para adultos mayores y otras obras impulsadas inicialmente por la FAC.
Tras la dimisión del cardenal Corripio en 1994, González Torres consideró que debía salir tanto de la fundación como de la arquidiócesis. A pesar de los grandes capitales captados, los numerosos proyectos de vivienda y la amplia generación de empleos, la FAC cerró sus puertas en 1995, diez años después de su nacimiento. «Pensé que una institución creada con ocasión de un terremoto tiene su inicio y su fin», afirma González Torres.32 Sin embargo, seguramente la decisión estuvo motivada también por la llegada de Norberto Rivera Carrera, pues había una evidente enemistad entre los sacerdotes cercanos a Corripio y el nuevo arzobispo. Ello, cuando menos, aceleró el cierre de la institución.33
Los fondos económicos que la FAC le heredó a Cáritas le permitieron mantener su estructura por dos años más e incluso en la segunda mitad de los noventas su funcionamiento seguía siendo muy parecido al de la fundación: «se generó una Cáritas para ayuda de muchas organizaciones. En este sentido ésta es la estructura de FAC, aunque en la gestión de Cáritas se crean otras cosas; por ejemplo, apoyo a los indígenas, y se crea salud comunitaria».34
Como puede observarse, hasta el final de los noventa el mecanismo de control de Cáritas fue muy parecido al de la FAC, aunque con nuevos centros: las divisiones operativas de Cáritas vinculadas con las parroquias eran similares a los CEPAC y la oficina central de Cáritas en el arzobispado fungió como una división de coordinación de los varios centros, el equivalente de una oficina de segundo piso.35
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