Kitabı oku: «Protección del ambiente»

Capítulo 1.
Importancia del derecho humano a proteger el ambiente dentro de la dinámica económica del capitalismo tardío bajo un contexto de globalización
1.1. El Estado en la globalización: problemas de legitimidad y gobernabilidad
1.1.1. Aproximaciones teóricas en torno al Estado y su necesidad de legitimidad

La definición del Estado ha estado sujeta a su contexto histórico. Incluso, no siempre ha existido este concepto en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la antigua Grecia solían llamarlo polis, concepto con el que se destacaba la participación de los ciudadanos en una comunidad política; mientras, en Roma se introdujeron otro términos como la res pública o el imperium.1 En los albores de la modernidad, con el Renacimiento, la primera mención del Estado puede identificarse en el siglo XVI con El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, bajo el término stati.2 3 Así,

se destaca el carácter ineludiblemente histórico del Estado, que se configura así como un fenómeno que nace en un momento dado, evolución, y tal vez en algún momento sea sustituido por otra entidad política diferente.4

En la medida en que el Estado es un constructo histórico, se puede entender que su acepción contemporánea es referente de acuerdo con las teorías que surgieron en la modernidad. Bajo dicho periodo, el Estado es consustancial a la política, ya que, por medio de tal institución, se pueden realizar las actividades públicas.5 Como cualquier fenómeno social, no hay una sola definición para describir al Estado. Por el contrario, hay tantas como perspectivas teóricas lo aborden, al igual que en cada aproximación se destacan consideraciones diferentes. Así, una de ellas es la teoría general del Estado. Bajo sus aproximaciones, se aspiró a construir una caracterización universal de los elementos del Estado, aplicable a todo país.6 Ha sido una de las teorías que mayor difusión ha tenido en la ciencia política y el derecho.7

A grandes rasgos, desde tal perspectiva teórica al Estado se le define como

el ente formado por la organización jurídico-política de una población sobre un territorio, mediante la cual se ejerce un poder que, actuando a través de normas jurídicas, dispone del monopolio del uso legítimo de la fuerza.8

En el mismo tenor, David Held y Anthony McGrew sostienen que

Los Estados modernos se desarrollaron como Estados-nación: cuerpos políticos separados tanto del gobernante como del gobernado, con suprema jurisdicción sobre un área territorial demarcada, respaldados por el derecho al monopolio del poder coercitivo, y con la legitimidad que les otorga la lealtad o el consentimiento de sus ciudadanos.9

Como se advierte, en las definiciones anteriores hay tres elementos: población, territorio y gobierno. Asimismo, se puede identificar un componente jurídico para preservar la articulación de estos elementos. Finalmente, se puede destacar que estas consideraciones disienten de las aproximaciones de Max Weber al diferenciar el Estado de cualquier otro tipo de organización política. Al respecto, el autor refiere que

por Estado debe entender un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente.10

A la par de que se han reconocido los elementos que componen al Estado, en la teoría se ha propuesto que no es un ente aislado del resto de la sociedad. Por el contrario, se encuentra en íntima relación con ella; en específico, esto ha sido posible desde la sociología del Estado. Bajo esta aproximación, se reconocen las funciones sociales de esta organización política. Así, Norberto Bobbio advierte que el Estado fue el órgano capaz de delimitar algunas actividades vinculadas con la política, particularmente:

el poder de mandar en un territorio determinado, incluso muy basto, que se da a través de la monopolización de algunos servicios esenciales para el mantenimiento del orden interno y externo, como la producción del derecho mediante la ley […] y el aparato coactivo necesario para la aplicación del derecho contra los reticentes.11

En esencia, el Estado se atribuyó facultades para decidir sobre una comunidad agrupada en un territorio, así como la aplicación de la fuerza para que la voluntad de los gobernantes fuera aceptada. En el mismo tenor, Sartori refiere que el Estado logró hacerse de las funciones políticas de la sociedad, la cual le permite volverse “la esfera de las ‘decisiones colectivizadas’ soberanas, coercitivamente sancionables e ineludibles”.12 Al considerar su función política, el Estado se encarga de la conducción del resto de los ciudadanos presentes en el territorio, a través de la toma de decisiones. Para ello, se auxilia de su componente jurídico; por lo que, las alternativas elegidas son vinculantes, ameritan una pena en caso de no realizarse y tienen efecto en toda la sociedad.

Como consecuencia de su función política en la sociedad, el Estado requiere que las decisiones sean aceptadas por el resto de los ciudadanos. Al respecto, se puede esgrimir que con el poder coactivo del derecho basta, ya que este consagra sanciones que los sujetos adquieren en la medida en que se trasgreden las normas.13 Sin embargo, es posible reconocer que, en el fondo, el Estado se encarga de imponer una voluntad sobre el resto de los ciudadanos; es decir, se atribuye la dominación política. En la medida en que la sociedad adopta una decisión que no fue pensada o ideada por ella, los gobernantes requieren justificar sus acciones, en virtud de mantener la dominación.14

En tal sentido, surge el concepto de legitimidad. A grandes rasgos, se trata de un concepto que implica la relación entre dos agentes: gobernantes y gobernados. Esta clasificación es una propuesta conceptual trabajada por Gaetano Mosca, para quien los primeros, o clase política es la “menos numerosa, desempeña las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él”.15 En cambio, los gobernados se refieren al resto de los ciudadanos.

En tal sentido, la legitimidad alude a un atributo para caracterizar la relación entre estos grupos. Así, para la clase política, la legitimidad es un concepto que se relaciona con la justificación del poder.16 Mientras, para los ciudadanos, la legitimidad se relaciona con el “reconocimiento por parte de la población de que los gobernantes de su Estado son los verdaderos titulares del poder”.17 O sea, se trata de un esfuerzo de los gobernantes para justificar sus decisiones en aras de que los ciudadanos reconozcan su dominación. Con la legitimidad, es posible que las decisiones de un Estado sean aceptadas por el resto de la sociedad.

Conseguir la legitimidad implica poner en juego estrategias de comunicación con los ciudadanos. A ellas, Mosca las llama fórmula política: “conjunto de ideologías, creencias y mitos que la clase política produce, basados en una cultura político-social para justificar su dominio”.18 Como se aprecia, se trata de recursos o referentes a los que los Estados apelan en su comunicación con los ciudadanos.

En suma, los Estados son agrupaciones políticas conformadas por una población, territorio y gobierno. La relación de estos elementos y su definición están ceñidos al momento histórico en el que surgen. Bajo la modernidad, el Estado se ha hecho para sí de funciones sociales relacionadas con la toma de decisiones. Sin embargo, para lograrlo, se requiere justificar el uso del poder, así como que los ciudadanos lo reconozcan; es decir, se necesita de legitimidad. Para lograrlo, los Estados solían aludir a la nación, vuelta nacionalismo.