Kitabı oku: «La subalternidad, lo excepcional y la guerra en Colombia (2005-2010)»

La oposición política de los subalternos

Si admitimos de entrada que lo que hemos señalado como una situación crítica –signando con ello un momento de la crisis orgánica– permite interpretar que la segunda mitad del segundo período presidencial de Álvaro Uribe Vélez supuso la existencia de una “doble contradicción” en el proceso de objetivación del proyecto político de la Seguridad Democrática, debemos admitir también que las contradicciones internas del bloque en el poder y la oposición, que frente a este plantearon y siguen planteado los grupos y clases subalternas, son, en última instancia, la evidencia de que las alternativas políticas, económicas, sociales y culturales que son planteadas de cara al futuro del país por las comunidades, los pueblos y las ciudadanías de Colombia fueron y siguen siendo distintas y muy variadas.

Pero lo más importante de constatar de la oposición subalterna al régimen excepcional de la Seguridad Democrática, es precisamente que esa oposición se ha presentado como alternativa radical frente a la ratio gubernatoria que orienta a las políticas públicas desarrolladas bajo el régimen presidencial y parapresidencial de la Seguridad Democrática. En particular, que esa oposición ha sido radical respecto de la política pública de guerra (el antiterrorismo) (Herrera Zgaib, 2011). Lo que ha estado en la base de la oposición subalterna ha sido el reclamo histórico por una democracia con justicia social, así como la denuncia de que el régimen político de excepcionalidad había terminado por deshumanizar las relaciones sociales al interior de la polis.

Ahora bien, la oposición subalterna frente al régimen de la Seguridad Democrática tuvo durante los años que precedieron al período que es objeto de estudio, varias características:

1.Que los grupos y las clases subalternas que tenían la vocación de soberanía –que es lo mismo que decir que poseían la intención de detentar el poder del Estado– se encontraban en ese momento en una situación en la que, siendo gobernados y no gobernantes, se les imponía como un imperativo de la razón política el llegar a sustituir el régimen de excepcionalidad por un Estado mucho más democrático. Aunque con sus propios matices, tal fue el caso de los partidos políticos de izquierda y de las insurgencias a quienes, de cualquier manera, la situación de subalternidad les obligaba a jugar las reglas ya instituidas por el régimen.

2.Que los grupos y clases subalternas que no pretendían ejercer la dirección del Estado, pero que se declaraban en oposición a las políticas del Gobierno, se enfrentaban a la disyuntiva de ceñirse a lo ya dispuesto por la ratio gubernatoria o asumir una posición de resistencia frente al proyecto hegemónico; dado el carácter vinculante que las decisiones adoptadas en el marco del Estado-nación tienen respecto a las poblaciones y a los territorios que estas últimas habitan. La oposición subalterna se encontraba entonces en una situación de ambivalencia estructural: por un lado, la sumisión sin reparos, por otro, la resistencia abierta y, con ello, su sometimiento a la estigmatización ideológica.

3.Que los grupos y clases subalternas con vocación de autonomía –que es lo mismo que decir que poseían la intención de consolidar sus propios procesos–, no tenían en absoluto la pretensión de tomar las riendas del Estado, por el contrario, buscaban construir un tejido social lo suficientemente sólido como para hacer de la emancipación política (o la autoconciencia) y de la liberación social (o la autogestión), realidades concretas ahí en donde la comunidad habitaba un territorio, ahí en donde un pueblo actualizaba sus propias tradiciones, en fin, ahí en donde una ciudadanía reclamaba para sí lo que por derecho le correspondía. Sin embargo, en este complejo proceso de autonomización del proceso político, los grupos y clases subalternas debían enfrentar no solo la persecución política, sino también la violencia del Estado representada por el despliegue excepcional de las fuerzas militares y paramilitares en el país.

A partir de estas tres situaciones de fuerza en las que los grupos y clases subalternas se encontraban, podemos identificar como rasgo común el hecho de que la oposición subalterna tuvo que producirse en condiciones adversas: en el marco de un Gobierno autoritario, y bajo la presión de tener que hacer visibles, de una u otra manera, sus aspiraciones al Gobierno, sus posiciones de resistencia o sus iniciativas de autonomía.

Nuestra comprensión de las situaciones esbozadas incorpora ciertas nociones, conceptos y categorías extraídas –no sin la particularidad de nuestra interpretación provisional– de los estudios gramscianos. Por supuesto, el punto nodal de la interlocución con este género de estudios descansa, ante todo, en el debate sobre el significado de la subalternidad. A propósito del sentido que se le puede dar a esa palabra, Massimo Modonesi nos ofrece una definición sintética:

Gramsci conceptualizó la subalternidad como experiencia de la subordinación, expresada por la tensión entre la aceptación/incorporación y el rechazo/autonomización de las relaciones de dominación y materializada en una disposición a actuar como clase que combina espontaneidad y conciencia. (Modonesi, 2012a, p. 11)

He ahí por qué los proyectos políticos de los grupos y clases subalternas –en tanto ejercieron una oposición que buscaba la construcción de alternativas frente al régimen excepcional de la Seguridad Democrática durante el bienio 2009-2010– no pueden ser comprendidos sino a partir de la condición subalterna que los constituye como tales. Por lo tanto, a partir de la ambivalencia y la simultaneidad de su aceptación y rechazo frente al régimen de dominación presidencial y parapresidencial.

A propósito de esto, en una nota titulada “Apuntes sobre la historia de las clases subalternas. Criterios metódicos” Antonio Gramsci, señalaba las seis fases que el historiador debía observar para poder describir el tránsito de la condición subalterna hasta el estadio que el intelectual italiano reconocía como de autonomía integral2 y decía que:

La lista de esas fases debe precisarse todavía con fases intermedias y combinaciones de varias fases. El historiador debe observar y justificar la línea de desarrollo hacia la autonomía integral desde las fases más primitivas, y tiene que observar toda manifestación del ‘espíritu de escisión’ soreliano. (Gramsci, 1981, p. 360)

En efecto, desde las “fases primitivas” consideradas como dependencia de la sociedad civil, respecto de aquello que ya se encuentra contenido en el interior del Estado ampliado a la “autonomía integral”, como posicionamiento de los grupos y clases subalternos en la dirección de la sociedad y del Estado (superando así su condición de subalternidad). El análisis histórico de los grupos y clases subalternas debía poder ofrecer una división exhaustiva de las fuerzas en disputa por la hegemonía, es decir, por la dirección intelectual y moral de la sociedad.

Para dar continuidad a esta caracterización de la lucha por la hegemonía, ubicaremos en un nivel histórico-político la configuración de los grupos y clases que representan a las fuerzas en colisión durante el bienio que es objeto de nuestro estudio (2009-2010). De entrada, es necesario indicar que la existencia de los grupos y clases subalternas en Colombia, en cuanto se extiende más allá del periodo considerado, representa una condición estructural en la producción histórica de la subjetividad proletaria, campesina, indígena, insurgente, etc. Se trata de una determinación orgánica.

Baste recordar (como prueba su persistencia) la subjetividad militar de la insurgencia constituida y reconstituida durante los últimos cincuenta años; o la existencia de movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos, que situados en oposición al Estado corporativo y al régimen de la república señorial hacendataria, estudiado por Fernando Guillén Martínez, han animado el movimiento dialéctico en la subjetivación de los subalternos.

Sin embargo, en este sentido no solo la subalternidad armada representada por organizaciones insurgentes como las FARC-EP o el ELN tendría protagonismo en lo que llamamos oposición subalterna, sino también la emergencia de un partido político como el Polo Democrático Alternativo (PDA) –formación política que aparece como resultado de una alianza entre distintos sectores de la izquierda democrática, o las primeras manifestaciones de lo que hoy conocemos como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos–, dos plataformas políticas que pueden ser consideradas como movimientos de movimientos. Diríase incluso que todo ello persiste como una reminiscencia fantasmagórica aunada al proceso que desde 1492 acaece bajo las tres caras de la experiencia colonial: colonialidad del saber, colonialidad del poder y colonialidad del ser.

Si bien es cierto que este proceso de subjetivación subalterna no siempre se ha dado de la misma manera, lo que también es cierto es que las formas y las relaciones de resistencia frente a la dominación, de rebelión frente al ejercicio del poder y de revolución social frente al estancamiento corrosivo de las formas de vida bajo el modo de producción capitalista, han sido las respuestas de una subalternidad cuya praxis opera como pluralidad en acto.

La continuidad del bipartidismo

Como parte de esta introducción al análisis del bienio 2009-2010, conviene explorar dos ámbitos o regiones de la totalidad orgánica (o estructura de la formación social) en los cuales se producen las determinaciones objetivas y subjetivas del proceso político, tanto a nivel del antagonismo social como a nivel de la confrontación política, a saber: por un lado, nos referimos a la infraestructura objetiva de la producción como determinante en última instancia de la estructura adquirida por la totalidad orgánica; y por otro lado, a las superestructuras subjetivas –entre las que se encuentra tanto el ordenamiento jurídico-político del Estado como la lucha de clases– como aquello que se encuentra en la base transformacional del proceso histórico en el que las formaciones sociales pasan de un modo de producción a otro. Se trata entonces de un análisis construido tomando como punto de referencia teórica el materialismo histórico3.

De ahí que nuestra atención se sitúe, ante todo, en la conformación del orden político; de las superestructuras complejas en las que se articula la sociedad política y la sociedad civil y que constituyen lo que Antonio Gramsci caracterizaba como el Estado integral o Estado ampliado4.

De acuerdo con lo anterior, el establecimiento de grupos en la dirección político-administrativa del Estado y por medio de este, de una ratio gubernatoria relativa al proceso económico-social, ideológico-cultural y jurídico-político de la formación social en su conjunto es lo que nos interesa. Porque es en ella donde se hace explícita la concreción del conflicto sociopolítico con base en un determinado “sistema de necesidades” y con él, de un determinado proyecto hegemónico y de una praxis contrahegemónica.

En lo que respecta a la infraestructura objetiva de la producción, sabemos que la región económica de la formación social colombiana presenta los rasgos característicos de las formaciones sociales del capitalismo periférico5. Este dato es de suma importancia para la reflexión pues sin él no nos es posible entender –desde el punto de vista del materialismo histórico– la dialéctica del movimiento que ha determinado la constitución de un bloque histórico dominante en el país. Siendo así, tomaremos un periodo de tiempo más amplio con el fin de esbozar la incorporación directa de la mayor parte de la población nacional (bajo la forma de trabajadores asalariados) en el modo de vida que el sistema-mundo capitalista-moderno-colonial representa.

En efecto, tomamos como punto de partida la inscripción de la población en el modo de producción capitalista como fuerza de trabajo, porque es esta inscripción la que determina la posición de los individuos y de las colectividades concretas en la estructura de la formación social como entes sujetos a las formas de explotación, dominación y alienación que les son propias.

Podría decirse que este proceso de subsunción formal del trabajo en el capital fue algo que se consolidó durante la segunda mitad del siglo XX. Y que se produjo principalmente en los cascos urbanos, acrecentados a causa de las migraciones provocadas por la violencia después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, y como consecuencia del desplazamiento del cual fueron víctimas grandes masas de población campesina, indígena y afrodescendiente.

Ahora, en lo que respecta a la proletarización de la población colombiana y según el panorama estadístico del período comprendido entre las décadas de los años treinta y de los años setenta, dicha población se incorporó mayoritaria y decisivamente como mano de obra (o fuerza de trabajo) al modo de producción capitalista. Pero fue sobre todo a partir del año de 1951 que la tendencia a la proletarización de la población acentuó su primacía cuantitativa6.

Esto, sumado al hecho de que la república señorial hacendataria fue configurada con base en la alianza entre el latifundio y el terror de Estado (estructura colonial que tuvo consecuencias directas para la formación de las clases tanto en el espacio urbano como en el espacio rural), nos proporciona las bases histórico-estructurales para el desarrollo de una mirada crítica sobre el conjunto de las determinaciones infraestructurales de la formación colombiana como totalidad orgánica que históricamente, se ha constituido como Estado de la periferia capitalista.

En lo que respecta a las superestructuras subjetivas, más específicamente en lo que se refiere a la dirección política del Estado durante los años que precedieron al período que es objeto de nuestro análisis, podríamos decir que el candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez fue parte de una situación atípica en la historia reciente del país: se postuló y alcanzó la presidencia sin inscribirse a nombre de alguno de los partidos tradicionales (ya fuese el Partido Conservador o el Partido Liberal).

Lo que implicó una ruptura aparente con lo que la tradición había definido, tanto para el sistema presidencial como para el sistema parlamentario en el país, a saber: el cierre del sistema político en torno al pacto bipartidista conocido como el Frente Nacional. De ahí que el problema de la Seguridad Democrática como política de Estado y el “uribismo” como coalición de gobierno se inscriba en la dimensión orgánica del proceso histórico-político.

Esta ruptura aparente hizo creer que la victoria electoral de Álvaro Uribe Vélez había introducido la presencia de una “tercera fuerza” en el panorama político del país, más allá del bipartidismo liberal-conservador. Sin embargo, hoy sabemos que no representó una ruptura con el bipartidismo, en el mejor de los casos, supuso una ruptura interna del bloque en el poder. En efecto, bajo el gobierno de la Seguridad Democrática se establecieron los hilos conductores de un proyecto político que daba continuidad a los gobiernos que le precedieron bajo el establecimiento de renovadas alianzas con la clase política bipartidista7 y bajo una política de exterminio “antiterrorista” que no solo tomaba como objetivo militar a las insurgencias sino también a todas las fuerzas políticas de oposición a su régimen de excepcionalidad.

Ahora bien, esto, que podría parecer fruto del vaivén político o de un simple “cambio de parecer” en uno que otro personaje a causa de sus convicciones políticas, se vio enmarcado en la adhesión de distintos líderes políticos a la coalición de un gobierno que poseía una altísima favorabilidad en el ámbito de la opinión pública y que, de una u otra manera, conservaba lo fundamental de los programas contenidos, tradicionalmente, en el corazón del bipartidismo liberal-conservador8.

A pesar de todas sus discrepancias, el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano mantuvieron cercanías y alianzas con el gobierno de Uribe Vélez, dado que representativos sectores de sus dirigencias dieron forma a un complejo entramado de asociaciones que evidenciaron tensiones y transformaciones internas del bloque en el poder más no una ruptura radical con él; por lo tanto, la aparición de la Seguridad Democrática como política de Estado y del “uribismo” como fuerza de gobierno, no supuso una ruptura del bloque histórico, por el contrario, hizo explícita la continuidad de ese bloque como pacto entre los grupos y las clases dominantes bajo la dirección del bipartidismo y bajo el liderazgo de su aliado en la presidencia9.

La crisis del bloque histórico

En aras de esbozar históricamente la configuración de los grupos y de las clases que en el periodo de estudio se mantuvieron en tensión, retomamos la categoría gramsciana de “bloque histórico”, la cual José Aricó expone en los siguientes términos:

Este no es un simple sector, no es un grupo social, sino un conjunto de clases que ejercen el poder a través de un bloque histórico, lo cual presupone no una alianza coyuntural de fuerzas para resolver ciertos problemas de la coyuntura, sino un conjunto de fuerzas unificadas en torno a un proyecto de constitución de una sociedad. (Aricó, 2012, p. 273)

En efecto, la constitución de un bloque histórico supone una estructura de alianzas entre los grupos y las clases que ejercen el poder y con ello, determinan la configuración sociopolítica de una formación sociohistórica. De ahí que ese bloque no pueda ser considerado a un nivel meramente coyuntural, de manera distinta, debe ser considerado como un fenómeno orgánico, como una determinación general de la estructura que organiza a la sociedad como totalidad orgánica constituida históricamente.

Una vez hemos mostrado por qué la instauración del régimen excepcional de la Seguridad Democrática bajo la dirección del “uribismo” no representó una ruptura con el bipartidismo, traemos a colación el momento histórico en que se produjo el pacto de clase entre las dirigencias de los partidos tradicionales que gobernaron el país de manera ininterrumpida durante los últimos cincuenta años y que consolidaron el bloque histórico que se mantuvo también durante el periodo 2009-2010. Esto para dejar claro el modo en que entendemos la configuración del proyecto hegemónico y su correspondiente crisis.

Como lo hemos dicho, la construcción definitiva de un bloque histórico en Colombia se produjo con el llamado Frente Nacional; un pacto que se selló entre las élites de los dos partidos en el año 1958, como condición para poner fin al período de la violencia y como institucionalización de la democracia representativa liberal (Urrego, 2004).

Por supuesto, el carácter elitista de dicho pacto no incorporó en su proyecto político y social los intereses de los grupos y clases subalternas, solo lo hizo parcialmente. La parcialidad de esta incorporación produjo una crisis derivada del cierre bipartidista y de la persecución político-militar a la que fueron sometidas las comunidades campesinas de Marquetalia en 1964, en tanto en ella se funda una forma de lucha campesina; sumado a lo anterior los sectores intelectuales y las organizaciones civiles que giraban en torno a las doctrinas filosófico-políticas de la izquierda socialista, liberal-socialista y comunista en el país (Zubiría, 2015).

Las guerrillas de las FARC-EP, el ELN y el EPL aparecieron como consecuencia de ese cierre del bloque de poder y se inscribieron en el campo social histórico como expresión de una subalternidad armada que se declaraba en oposición a la violencia y el autoritarismo estatal. De acuerdo con ello, esa subalternidad se planteó en franca oposición al Frente Nacional incorporándose así al movimiento dialéctico que se encuentra en la base del bloque histórico y que impidió que el antagonismo de lo social se tradujera en disputa democrática a nivel político.

Como ejemplo de esta inmediación estructural de lo social y de lo político, las elecciones presidenciales del año 1970 –elecciones en torno de las cuales se denunció el triunfo de Misael Pastrana como el producto de un fraude electoral– generaron un ambiente de ilegitimidad que socavó las bases de la democracia y que produjo, a su vez, las condiciones para la emergencia del M-19. Las demandas de este grupo insurgente giraban, precisamente, en torno a la reapertura del sistema democrático más allá de los límites impuestos por el bipartidismo.

El Frente Nacional abarcó el periodo comprendido entre los años 1958 y 1974, pero la articulación del Partido Conservador y del Partido Liberal como fracciones de la clase dominante en torno al bloque en el poder, se mantuvo intacta hasta el año 2002. Como consecuencia de ello, las élites dirigentes terminaron enquistadas a la cabeza de los partidos políticos, pactando en torno a la repartición de las cuotas burocráticas e inmiscuidas en distintos escándalos de corrupción en torno a una administración ilegal del Estado.

Pero el largo período en el que se sucedieron gobiernos liberales y conservadores (más allá del Frente Nacional) contó con una contraparte de movilizaciones ciudadanas, comunitarias, populares e incluso insurgentes (movilización que tuvo su auge en el paro cívico de 1977) (Archila Neira, 2004); contraparte que al verse reducida a la condición de subalternidad –en el sentido negativo de las limitaciones impuestas por el bloque en el poder y por el proyecto hegemónico de las clases dominantes– prefirieron acudir más a las medidas de hecho que a las medidas de derecho para hacer visibles sus reivindicaciones, sus demandas y sus aspiraciones de gobierno.

La continuidad del bloque en el poder y de su proyecto hegemónico durante medio siglo, “perpetuando” el dominio bipartidista y su correspondiente contraparte subalterna, nos permite pensar que la praxis de estos últimos –su constancia y persistencia a pesar del cierre autoritario en el sistema político– signa una crisis estructural del bloque histórico. Esta situación representa lo que en términos gramscianos se conoce como el movimiento orgánico. Es así porque se ha hecho evidente que la tensión interna de la subalternidad no tiene las dimensiones de la tensión que se produce entre esta última y los grupos y clases que integran el bloque hegemónico. La crisis de la hegemonía no se reduce de ninguna manera a un movimiento coyuntural, como tal, determina a la formación social colombiana como totalidad estructural e histórica de dominación (Herrera Zgaib, 2005c). La crisis orgánica o crisis de hegemonía representa entonces una crisis estructural del bloque histórico; es así porque en los términos que ya lo hemos definido, se ha hecho evidente por la oposición continua de la praxis subalterna al régimen presidencial instaurado por el bipartidismo del Frente Nacional.

De acuerdo con lo anterior y para sintetizar lo mencionado hasta este momento, son dos los enunciados que servirán como guía para la lectura del presente capítulo.

1.La continuidad del bloque histórico se ve confirmada en la tensión que estructura la composición de los grupos y las clases durante el periodo 2009-2010; el pacto inaugurado con el Frente Nacional se ha mantenido como determinación estructural de la instancia política, de su inscripción en el orden capitalista del cual el bloque histórico ha sido su principal gestor. Los grupos y clases subalternas, por su parte, se inscriben en ese orden como la contraparte dialéctica que opera a nivel orgánico como agente del antagonismo social y a nivel coyuntural, como praxis de oposición o proceso contrahegemónico.

2.La continua praxis de oposición y de construcción de alternativas por parte de los grupos y clases subalternas frente al orden capitalista, que es dirigido por el bloque histórico (orden capitalista que es, a su vez, el sustento material e inmaterial del bloque histórico), ha evidenciado la existencia de una crisis de hegemonía que se mantiene vigente durante el periodo 2009-2010 y que pone de presente la pertinencia y validez del análisis de situaciones y correlaciones de fuerzas como el instrumental básico para el ejercicio de una ciencia política subalterna o de lo que también podría llamarse una praxis contrahegemónica.

EL CONTEXTO BIOPOLÍTICO: ACOTACIONES SOBRE LA CONTEMPORANEIDAD

Durante las últimas dos décadas, desde el año 2000 hasta el presente, en Colombia y América Latina, la reflexión de la conciencia crítica ha experimentado una pulsión de renovación gracias al conjunto de las resistencias y de las oposiciones subalternas a la hegemonía del capitalismo neoliberal. La importancia de esta renovación ha tenido lugar en un período de agravamientos y de contradicciones profundas que horadan la estabilidad política del contexto global, a saber: un período crítico para la reproducción del sistema capitalista moderno colonial y en el que, paradójicamente, se ha producido una radicalización obstinada del programa neoliberal.

Como es sabido, el final de la Guerra Fría dio paso a la globalización del capitalismo como sistema imperial de producción y con ella, hacia el último estadio evolutivo del capitalismo mundial –que es también el último período de la historia moderna–10. Ahora bien, podría decirse que este nuevo período ha traído consigo una modificación radical de la relación entre las potencias de la multitud y el poder soberano y que, con ello, se anuncia para nosotros una nueva etapa en el proceso histórico de la modernidad, a saber: una etapa signada por la profunda crisis biopolítica que determina ambivalentemente a la actual transición ontológica o epocal del ser. Considerando el profundo carácter histórico del sistema mundo capitalista moderno colonial, sabemos que la totalidad histórica ha permanecido en constante movimiento y que, en ese movimiento, se ha visto afectado el conjunto del bios y con él, el complejo mundo de la existencia humana.

Si tuviésemos que determinar cualitativamente aquel movimiento de la totalidad tendríamos que referirnos a él como si no se tratase de una dialéctica constitutiva, como si se tratase de un sistema de contradicciones en el que las sociedades humanas van experimentando tanto formaciones como deformaciones positivas de sus estructuras históricas. De manera muy distinta, si podemos decir que la globalización representa un momento muy particular en el desarrollo del sistema mundo capitalista moderno colonial, no solo porque ella designe el momento actual de dicho sistema mundo sino porque esa actualidad se encuentra inexorablemente marcada por la dispersión global y caótica de los flujos del capital. Sobre todo, porque a partir de esta dinámica infinita y monstruosa de la dispersión de la acumulación capitalista, dicho proceso ha subsumido a todas las formas de vida (tanto humanas como no humanas) y con ello, ha introyectado en el ser de la totalidad lo que Giorgio Agamben (2006) ha descrito como un nomos biopolítico instaurado sobre la base del sacrificio soberano de la nuda vida.

En efecto, en la actualidad del sistema mundo la dispersión global de los capitales es lo que determina –en última instancia y de manera extremadamente acelerada– la deformación de las sociedades modernas y la formación de nuevas estructuras geopolíticas (Sloterdijk, 2010). Siendo así, lo que de entrada debemos reconocer es que la globalización ha puesto en crisis al modelo geopolítico westfaliano que había operado como fundamento de las sociedades modernas (Fraser, 2008).

A propósito de ello, sabemos que actualmente se encuentra en declive el ciclo acumulativo (ciclo Kondrátiev) de concentración financiera que años atrás fuera protagonizado por la hegemonía imperial del dólar. De ahí que, por la reestructuración geopolítica de las relaciones de poder anuncie un cambio de rumbo, no solo en el nivel en el que percibimos un desplazamiento de los centros de la acumulación sino también en el nivel en el que intuimos los destinos de la civilización moderna. El ascenso comercial de China como máxima potencia industrial y el posicionamiento geoestratégico de su alianza con Rusia han desplazado el centro imperial de la acumulación desde Occidente hacia Oriente (Corsi, 2010). A la par, la acumulación sin límites que es producida por la competencia entre los capitales industriales y la reinversión del capital financiero sobreacumulado han producido consecuencias materiales que comprometen el sistema naturaleza producción, y esto hasta el punto en el que se ha puesto en riesgo la sinergia positiva de la relación entre la antroposfera y la biosfera terrestres. Se trata pues de una crisis biopolítica total11.

Por todo ello, el poder soberano (esa entidad biopolítica que Negri y Hardt (2002a) describen como la soberanía imperial del capital) ha ido adquiriendo las funciones de un Estado de excepción global; en la medida en que el sistema mundo es deformado por una crisis interna de consecuencias irreversibles, una paranoica reacción psicopolítica le ha hecho convertirse en un gigantesco aparato espectacular de captura, en una auténtica máquina de control y persecución antiterrorista gobernada por lo que podría considerarse como un totalitarismo biopolítico (Agamben, 2004a).

Allí, en los territorios donde le es posible reinvertir los capitales sobreacumulados es donde el poder soberano realiza un despliegue de su aparato militar, con el objetivo de reprimir por la fuerza todo tipo de resistencias frente a la acumulación por desposesión; allí donde la subalternidad (ciudadana, comunitaria o popular) puede adquirir un cuerpo multitudinario –un cuerpo común– es justo donde el poder soberano no cesa de querer insertar toda clase de dispositivos de normalización (o de exclusión) y de estigmatización (o de violencia) profundamente antidemocráticos. Absolutamente todo lo que aparezca como un obstáculo para la reproducción global del capital se convierte inmediatamente en un objetivo de captura o de exterminio por parte del poder soberano. Desde Colombia y Perú, hasta Filipinas y Nepal, pasando por Turquía y Kosovo, la República Democrática del Congo y el Sahara Occidental, la paranoia imperial del poder soberano ha sido la misma: instauración del Estado de excepción como el nomos biopolítico del planeta.

En semejante situación, la globalización del sistema mundo capitalista moderno colonial ha visto emerger desde su propio interior una nueva forma de resistencia global cuya movilización no ha cesado de poner en evidencia la profunda crisis humana del sistema considerado en su totalidad (Aguirre Rojas, 2010).

De Seattle a Porto Alegre y de la selva Lacandona al Estado de Minas Gerais, las potencias multitudinarias se resisten a la captura del poder soberano. Resultan bastante ejemplares los diversos proyectos de autonomía emprendidos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o por el movimiento Sem Terra, porque estas experiencias han puesto sobre el escenario mundial la perspectiva de una globalización alterna, de una exterioridad analéctica que se proyecta sobre una actualidad crítica y sobre un horizonte de futuro posutópico12. Desde el 2001 el Foro Social Mundial ha sido un escenario idóneo para el intercambio global entre los proyectos políticos de la alterglobalización, entre las alteridades históricas en pro de la descolonización y de las heterotopías posmodernas que animan la rebelión contracultural (Calvo Rufanges, 2011).

De ahí que la contemporaneidad nos permita concebir el poder soberano como una entidad en crisis, ya que este último no solo debe responder a las exigencias planteadas por las crisis del capitalismo, sino que, además, debe responder ante el acoso de las diferencias y ante el debilitamiento o deterioro de su eficacia material y simbólica, práctica y discursiva. Diríase entonces que las potencias multitudinarias corroen desde su interior –mediante una estrategia tanto parasitaria como viral– a la soberanía imperial y, con ella, al estatus de nuda vida en el que la excepcionalidad del poder soberano y el totalitarismo del mercado pretenden mantenerla confinada.

Quizá por ello no parezcamos demasiado optimistas al afirmar que la hegemonía del proyecto capitalista moderno colonial no puede encontrar en la subalternidad una instancia dócil y maleable, no puede hallar en ella un cúmulo práctico inerte sin posibilidades de innovación ontológica, productiva y biopolítica. Por el contrario, la crisis biopolítica del sistema-mundo capitalista moderno colonial abre también el camino para una revolución biopolítica en el ser de la multitud. Como respuesta del bios al poder soberano y como emancipación y liberación de una subalternidad que, dejando de ser tal, quiere sacudirse de todas las estructuras de explotación, dominación y alienación en las que el capitalismo le ha mantenido presa.

A partir de esta lectura de la contemporaneidad proponemos la perspectiva de un debate teórico político sobre la democracia, con el objetivo de caracterizar mejor nuestra interpretación de la praxis subalterna; y esto a efectos de precisar, en primer lugar, cuál es la importancia de la democracia para esa praxis, en segundo lugar, qué lugar ocupa la estrategia populista en ella y, en tercer lugar, qué lugar ocupa la estrategia autonomista en la praxis de los subalternos. Todo ello con el propósito de puntualizar algunas claves para pensar lo que es esencial para la emancipación política y para liberación social como contenidos de la democracia de las multitudes.

Por una teoría crítica de la democracia

Una reflexión teórico-política sobre el presente en Colombia y en América Latina tiene la responsabilidad de enunciar lo particular de sus posiciones, pues es sabido que toda posición universal siempre es sospechosa de reducir la realidad a un solo punto de vista o de excluir de ella la diferencia (homogeneizando al ser social de la polis). Siendo así –y desde el punto de vista de la contemporaneidad– el debate teórico que proponemos se sitúa en el impasse de lo político, es decir, en una circunstancia según la cual las fuerzas sociales activas, así como los proyectos progresistas de transformación social deben medirse con sus condiciones de posibilidad e imposibilidad (López-Petit, 2012).

Se trata entonces de saber qué nos es posible hacer y qué no. De ahí que un debate crucial para la teoría política de la subalternidad sea aquel que señala las diferencias entre el poder de la soberanía y la potencia de la multitud. La razón por la cual este debate resulta tan fundamental para la política de izquierdas, porque se pone en juego una reflexión sobre la estrategia a seguir, concretamente, pone en discusión si las fuerzas activas del cuerpo social han de seguir una estrategia populista (que gira en torno a la lucha por la hegemonía) o si, por el contrario, han de seguir una estrategia autonomista (que se produce como fuga contrahegemónica). Por supuesto, estas dos estrategias distan mucho de ser dogmas impuestos por una racionalidad totalitaria instaurada por una razón política de corte universal pues, de manera distinta, ellas han aparecido como el reflejo de una necesidad histórica de los grupos y de las clases marginadas por las estructuras sociales del capitalismo moderno colonial.

A propósito de esta discusión en torno a las estrategias populistas y a las estrategias autonomistas como dos opciones para una política de izquierdas, –política que, históricamente, ha pretendido encarnar una praxis anticapitalista y democrática–, intelectuales de la rama de la cartografía, como Gago, Sztulwark y Picotto (2014) se han referido al “populismo” y a la “autonomía” como dos claves teórico-prácticas importantísimas para una política del presente. Por un lado nos dicen que si bien las “estrategias populistas” –dando expresión a una profunda insatisfacción colectiva y a una rebelión biopolítica de las multitudes en contra de la racionalidad del neoliberalismo– se han mostrado a favor de una mayor ampliación de los derechos sociales, dichas estrategias han terminado por querer organizar el conjunto de las expectativas políticas en torno a la recreación de lo que podrían considerarse como “soberanías novedosas” (el “bolivarianismo chavista” es un ejemplo claro de ello). Naturalmente, la pregunta que estaríamos obligados a hacernos sería: ¿cuál es el problema con esto?

Los autores mencionados aseguran, en primer lugar, que el error más notorio de las estrategias populistas ha consistido en concebir la fuerza política del neoliberalismo bajo un lente que es totalmente tradicional y simplificador pues, en vez de concebirlo como un “dispositivo gubernamental” –cuyos mecanismos funcionarían, por igual, a un nivel macropolítico como a un nivel micropolítico–, lo consideran como si fuese solamente una suerte de discurso falaz que es favorable a los grupos y a las clases dominantes.

En segundo lugar, advierten que la estrategia populista no cesa de considerar el “tejido social” desde arriba (subordinándolo a las lógicas del Estado) y no como una dinámica que, desde abajo, hace de la autonomía algo fundamental para cualquier proyecto –parcial o radical– de transformación democrática del cuerpo social. En tercer y último lugar, nos dicen que las instituciones de las “soberanías novedosas” –a pesar de su férrea oposición al imperialismo– han seguido operando en el marco estructural sistémico de la governance que regula el mercado mundial (Gago, Sztulwark y Picotto, 2014).

Como resulta evidente, estas tres observaciones críticas a propósito de las estrategias populistas señalan todo un conjunto de problemas que les son consustanciales; en ellos se pone de manifiesto el cerco que el poder soberano impone a la praxis multitudinaria y manifiestan también el hecho de que una reconfiguración democrática de las formas de reconocimiento, redistribución y participación adoptadas no han sido suficientes como para que todos aquellos que han sido marginados o condenados por la historia superen, por fin, su condición de subalternidad.

Por supuesto, la importancia histórica de estas observaciones se debe, además, al hecho de que en la actualidad la geopolítica latinoamericana está experimentando procesos de regresión histórico-política que nos hacen pensar en las consecuencias globales que se pueden derivar de los errores cometidos por los gobiernos “progresistas” en países como Argentina, Brasil o Venezuela, así como en las insuficiencias de la estrategia populista asumida por el llamado “socialismo del siglo XXI”.

He ahí por qué nos es necesario repensar y someter a discusión, una vez más, el significado actual de la democracia y de reflexionar colectivamente, sobre la necesidad de hacer de ella un método práctico teórico para la recreación afirmativa de lo común. Se trata entonces de saber cuáles son las condiciones bajo las cuales una praxis democrática puede, efectivamente, introyectar en la conditio de la subalternidad un eros multitudinario, es decir, un deseo de innovación ontológica, de cooperación y comunicación productiva, en síntesis, de revolución biopolítica del cuerpo político y social.

Si es cierto que la “democracia” es el buen gobierno de las diferencias, por las diferencias y para las diferencias (Zuleta, 1995), entonces ella es una clave fundamental para la superación o subversión de la homogeneización instaurada por la captura imperial del Ser bajo el programa capitalista-neoliberal. En este sentido, no somos lo suficientemente conformistas como para aspirar a una democracia representativa, participativa o radical, sino que –a la manera como aparece en el pensamiento spinoziano– aspiramos una democracia absoluta13.

En razón de lo anterior, parece inevitable que –a causa de la naturaleza específica de los problemas mencionados– abordemos el debate sobre la democracia de las multitudes tomando en cuenta la distancia teórico-práctica que concebimos en torno al ejercicio de los “populistas” y de los “autonomistas”, por tanto, de la distancia teórico-práctica que encontramos entre las estrategias que apuntan a la conquista del poder soberano y las estrategias que apuntan hacia el desarrollo de las potencias de la multitud.

Valga decir que, de entrada, no creemos que esta “distancia” se reduzca a un conflicto de interpretaciones –ya que ella no pretende, única y exclusivamente, poner en juego el conjunto de las perspectivas–; de manera distinta, creemos que esa “distancia” se basa en la aplicación racional y creativa de una determinada praxis política (que posee un entendimiento y una sensibilidad históricas) en el terreno de una disputa democrática de las multitudes (ciudadanas, comunitarias o populares) frente a la hegemonía del programa capitalista neoliberal.

La estrategia populista o la conquista del soberano

Hay quienes creen que la política debe ser entendida como la expresión de un “conflicto de intereses” y que, por esa razón, la acción política consiste, ante todo, en la instalación de una “hegemonía”, coaligando distintas demandas en torno a la convergencia de una pluralidad de fuerzas; esta convergencia debe ser capaz de abrir un espacio nuevo en la cultura, así como también en el control de la forma Estado y los aparatos de Estado. Es conocida la influencia del marxismo gramsciano sobre esta perspectiva teórico-política y la renovación deconstructiva que sobre ella ha ejercido la obra conjunta de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau (1987).

En esta última, el marxismo (como teoría general) va a ser resituado (como teoría parcial) en el contexto del giro lingüístico para hacer ver la lucha por la hegemonía como una estrategia de subjetivación, por tanto, como una forma de introyectar en el sujeto un determinado proyecto histórico. El proyecto al que se refieren los autores mencionados es, como se sabe, al proyecto socialista; pero, conscientes de la deuda histórica del socialismo real, la estrategia socialista es descrita en los términos de una democracia radical, es decir, en clave de una razón política, a la vez, libertaria y pluralista. Al decir de estos autores, se trata de una teoría “posmarxista” de la democracia.

Ahora bien, según la perspectiva propuesta por Mouffe y Laclau, la mediación entre la lucha de intereses y la articulación hegemónica como clave de la subjetivación política queda a cargo de la producción discursiva. Siendo así, el sentido de las luchas políticas –consideradas en una coyuntura específica– surge entonces a partir de una “lógica combinatoria” (una lógica equivalencial-diferencial) con la que las demandas en juego logran o no constituirse políticamente. De esta manera y dejando a un lado la idea de la “revolución” como algo que resulta incompatible con una propuesta que (como la de ellos) aspira a una democracia radical, se asumirá la lógica combinatoria como el equivalente analítico de la “lógica democrática”. Esta última aparece como negatividad respecto del proyecto hegemónico, por lo cual, la democracia pareciera operar como un dispositivo de neutralización antifascista o antitotalitario. A propósito, Ernesto Laclau decía que:

La construcción de una cadena de equivalencias a partir de una dispersión de demandas fragmentarias y su unificación en torno a posiciones populares que operan como significantes vacíos no es en sí misma totalitaria, sino la condición misma de la construcción de una voluntad colectiva que, en muchos casos, puede ser profundamente democrática. (Laclau, 2008, p. 209)

Como se lee, lo que hace la cadena de equivalencias es hacer converger la diferencia en torno a posicionalidades populares cuyo centro vacío puede ser, eventualmente, ocupado por cualquiera de los sujetos involucrados en la disputa por la hegemonía; este centro vacío susceptible de ser llenado por cualquiera y al mismo tiempo susceptible de no poder ser llenado nunca, es lo que puede garantizar la inclusión de la diferencia y la exclusión de todo antipluralismo.

De ahí que, según Laclau, en democracia exista la necesidad de una comunicación entre “demandas equivalenciales” –susceptibles de ser incorporadas en una cadena de equivalencias– que defina los elementos discursivos que han de ser considerados como relevantes para una determinada situación política lo que conocemos como “significantes flotantes” y el modo en que esos elementos puedan desplegar, a la vez, tanto su significación universal como su significación particular.

El carácter democrático de esta articulación discursiva de la diferencia según sus posicionalidades populares consiste en el hecho de que señala la problemática de “lo común” como una estrategia discursiva y en torno de una especie de determinación circunstancial más asociada al juego del sentido que a la situación ontológica del sujeto; de acuerdo con ello, prima el juego “agonístico” de la pluralidad social sobre la condición que señala el antagonismo como realidad material del sujeto histórico. Una vez más, la “lógica democrática” aparece aquí como un método de articulación que se opone a la clausura del sistema político, a la absolutización del proyecto hegemónico y en este sentido, como una alternativa político-estratégica para los grupos y clases subalternas.

Ahora bien, esta comprensión hegemónico-discursiva de la política (como es evidente) tiende a desenvolverse en favor de una categoría sociológica que es muy específica, a saber, la categoría de los “intelectuales”; de aquí que tanto la lucha por la hegemonía como la lucha contrahegemónica dependa por completo de la capacidad de articulación comunicativa que estos últimos puedan tener.

Desde Gramsci (1967), la función de los intelectuales ha sido la de articular la infraestructura objetiva de la producción a las superestructuras subjetivas; con ello la teoría política marxista incorporaba como elemento teórico la praxis concreta de aquel que posee saberes o conocimientos. Por eso la cuestión del “¿qué hacer?” queda sugerida en la convicción democrática según la cual “todos los hombres son filósofos”, que es lo mismo que decir que todos los hombres están en la capacidad de ejercer el rol de intelectuales. La praxis política (como actividad intelectual) debe ser la de contribuir a la fabricación de las cadenas de equivalencias y de este modo, a la articulación hegemónica de los intereses de la subalternidad.

Pero ¿qué consecuencias tiene esta lógica democrática del populismo para la praxis democrática en relación con la conditio subalterna? Pues bien, todo parece indicarnos que, por un lado, la determinación de lo común a través de un equivalente que es configurado como significante vacío permite, al menos, combatir toda forma de dogmatismo ya que en él queda garantizada (bajo condiciones democráticas) la movilidad de los significantes y con ella, la mutación de sus significados.

Si desde Antonio Gramsci hasta los estudios subalternos de la India, el concepto de la “subalternidad” ha designado una tensión subjetiva y objetiva entre, la identificación del sujeto con el ser que le concede la dominación y por otro, su rechazo consciente y espontáneo (Modonesi, 2010c), entonces la cadena de equivalencias supone la posibilidad de que la subalternidad pueda presentarse como conditio común de los sujetos que han sido marginados o condenados por la historia: desde un punto de vista democrático, se abre la posibilidad para una inclusión (al menos parcial) de la alteridad en un proyecto histórico de emancipación y liberación; desde un punto de vista subalterno, se abre la posibilidad para el desarrollo de una consciencia de la conditio común y con ella, una autoconciencia de lo que es esencial a la conditio subalterna así como de lo que es necesario para su superación.

La autonomía o las potencias multitudinarias

De manera diferente a los partidarios del populismo, hay también quienes poseen otras imágenes conceptuales que, inspiradas en políticas libertarias, nos dan luces sobre lo que es necesario para asumir políticamente el presente. Se trata entonces de una política otra: otredad que no se reduce a una diferencia de tácticas y estrategia, sino que, de modo distinto, involucra otro tipo de imágenes mentales y de sensibilidades corporales. La política no aparece aquí como si se tratase de un conflicto de intereses o de la instalación de una hegemonía; se trata más de lo que, parafraseando a Peter Pál Pelbart (2009), podríamos llamar una “política de la deserción”.

A propósito de ello, Michael Hardt y Antonio Negri han construido un corpus teórico en el que el concepto de la “biopolítica” toma distancia respecto de su inscripción inicial en la obra foucaultiana (Salinas Araya, 2014). En primer lugar, la “biopolítica” como producción de la vida social establece una relativa indistinción entre lo económico, lo social y lo cultural y con ello, intenta dar un paso más allá de la analítica estructuralista de la sociedad como totalidad orgánica. En segundo lugar, esa “biopolítica” es pensada como una política conducida por la vida social; de ahí que, en su interior, no haya una distinción entre lo político y lo social.

Siendo así, la biopolítica aparece como la producción de la vida social, por tanto, como totalización que trasciende el concepto biológico y mantiene la metáfora del cuerpo social y político. He aquí una nueva relación con lo heterogéneo, con la diferencia como expresiones de una metamorfosis constante de lo social y de lo político; esto es así porque la soberanía imperial del capital crea el mismo mundo que habita sin distinciones entre lo que está dentro y fuera de la política: el imperio encarna la captura política de la vida social. He ahí también la capacidad creativa y productiva del “biopoder” en la fase neoliberal. Pero lo importante es que en él esta creatividad y esta productividad inhiben cualquier totalización paradigmática del poder e impide que se hable de él como si se tratase de un sistema mundo petrificado bajo la figura de una totalidad clausurada.

Ahora bien, Hardt y Negri establecen una distinción conceptual entre “biopoder” y “biopolítica”, según la cual el primero es la forma en que el poder obra sobre la vida y la segunda como la forma en que la vida se resiste a él. He ahí el porqué, en ambos casos, lo que se encuentra en juego es precisamente la inhibición o la potenciación de la vida:

La perspectiva de la resistencia aclara la diferencia entre estos dos poderes: el biopoder contra el que luchamos no es comparable en su naturaleza o forma con el poder de la vida mediante el cual defendemos y buscamos nuestra libertad. Para marcar esta diferencia entre los dos “poderes de la vida”, adoptamos una distinción terminológica, sugerida por los escritos de Foucault, pero no usada coherentemente por éste, entre biopoder y biopolítica, donde el primero puede definirse (con cierta tosquedad) como poder sobre la vida y el segundo como el poder de la vida de resistir y determinar una producción alternativa de subjetividad. (Hardt y Negri, 2004, p. 72)

Tenemos, por un lado, el biopoder como poder constituido que se abalanza sobre la vida para controlarla y domesticarla y por otro, la biopolítica como potencia constituyente que no cesa de sacudirse toda fuerza que pretenda anular su movimiento. Siendo así, el carácter del protreptikos (o “exhortación”) nos invita entonces al activismo y con ello, se nos propone una especie de devenir afirmativo de la biopolítica, así como un devenir vitalista del pensamiento político. Lo que esta perspectiva nos propone considerar, en el fondo, el modo en el que la vida, resistiendo al dominio del biopoder, se ha convertido en un “contrapoder”. De ahí que las potencias de la multitud sean presentadas como reapropiación del deseo y proyección erótica del ser colectivo, más allá de la ontología (o estructura del presente), en un horizonte de innovación ontológica del ser. A propósito de ello, Hardt y Negri escriben lo siguiente:

Nuestra lectura no solo identifica la biopolítica con las potencias productivas, localizadas, de la vida -es decir, la producción de afectos y lenguajes a través de la cooperación social y de la interacción de cuerpos y deseos, la invención de nuevas formas de la relación con uno mismo y con los demás, etc., sino que afirma también la biopolítica como la creación de nuevas subjetividades que se presentan a la vez como resistencia y como desubjetivación. (Hardt y Negri, 2011, pp. 73-74)

De acuerdo con estas palabras, Negri y Hardt nos proponen pensar una biopolítica afirmativa y para ello, nos sugieren considerar la existencia de un nuevo sujeto político. Sin embargo, así como el biopoder se ha trasladado de su función en el cuerpo individual al cuerpo homogeneizante de las poblaciones, este sujeto de la biopolítica que no cesa de resistirse al biopoder será, antes que nada, un sujeto heterogéneo, a saber, la “multitud”.

En tanto concepto que designa lo contrario a toda forma de determinación exterior del ser –por cuanto señala una potencia infinita de recreación ontológica–, con él los autores toman distancia crítica frente a las figuras de lo uno, sustrayéndose al juego de las identidades con el que se suelen anular las multiplicidades y las diferencias. En efecto, esta política de las diferencias busca, ante todo, rescatar las singularidades y afirmarlas conforme a su radical inmanencia. He aquí por qué puede tratarse el significado de la “multitud” como un sinónimo de la “autonomía”.

Pero ¿qué quiere decir esto? que la multitud no es equivalente a una suma de individuos que actúan bajo la dirección de un individuo o de un colectivo, sino que, de manera distinta, hace referencia a una multiplicidad autoorganizada que orienta su actividad en torno a “lo común”; siendo así, la multitud deviene una especie de “contrapoder” cuyas facetas o dimensiones históricas son la “resistencia”, la “insurrección” y el “poder constituyente” (Hardt y Negri, 2002b).

La multitud es lo que se opone al dominio del imperio y para ello asume la forma política –propiamente spinozista– de una “democracia absoluta”: por una parte, esta concepción que los autores tienen de la democracia se aparta de la tradición filosófico-política que ha sido hegemónica en Occidente; por otra, el sujeto político (la multitud) deviene, en cierto sentido, un proyecto, una inserción del futuro en el presente. Pero ¿cuál proyecto? eso a lo que Hardt y Negri (2011) llaman Commonwealth (o “república del común”), una formación política por completo opuesta a la formación moderno colonial racista del proyecto imperial actual. También la necesidad de un nuevo vocabulario político para pensar nuestro presente y el proyecto disutópico de su porvenir.

Ahora bien, como política de la deserción, como democracia de lo común y como potencia de la multitud, la autonomía rechaza radicalmente la idea de un consenso; esta política libertaria se instala allí en donde le es posible emprender una “fuga”. Más acá de la secuencia conflicto lingüística estructural hegemonía posneoliberal (que es lo propio de la lucha por la hegemonía), esta política se sitúa en una secuencia más parecida a la “fuga-mapa” de nuevos afectos, por tanto, a la creación de nuevos agenciamientos o territorios existenciales.

La autonomía es, pues –recogiendo incluso los aportes teóricos hechos por Cornelius Castoriadis y Claude Lefort–, la palabra que describe la cuádruple dimensión del nacimiento del sujeto, a saber, el “medio”, el “fin,” el “proceso” y la “prefiguración” de su propio proyecto (Modonesi, 2010d). Sin embargo –y para efectos de una coordinación entre las estrategias de la subalternidad– esta política libertaria es perfectamente consciente de que tanto el “populismo” como el “autonomismo” tienen serias limitaciones. Como bien lo señalaban Gago, Sztulwark y Picotto (2014), el primero logra tener un control del Estado, pero no logra apartarse definitivamente del neoliberalismo mientras que, el segundo, logra apartarse del neoliberalismo, pero no logra estructurar procesos sociopolíticos capaces de mantenerse en el tiempo. En ambos casos, las limitaciones del proyecto requieren que podamos pensar, cada vez con una mayor lucidez, las “prácticas constituyentes”, es decir, las prácticas de “democracia absoluta” que nos permitan (a unos y a otras) superar el sistema de dominio capitalista neoliberal.

Por último, es cierto que no podemos reducir las prácticas sociales a meras demandas ni la pluralidad de los procesos políticos a la forma unificada y formalista de la hegemonía. Sin embargo, nos es posible reconocer lo que hay de “avance táctico” en las políticas de los gobiernos progresistas (o populistas) de Sudamérica sin por ello tener que comprometernos con la gubernamentalidad neodesarrollista que ese progresismo representa pues, una actitud semejante, devaluaría toda tentativa por replantear y superar sus límites. La praxis de los grupos y clases subalternas tiene en este debate un campo fecundo para la creación teórica y práctica del ser colectivo, para la innovación política de aquello que, ante nuestros ojos, aparece como el signo de lo común.