Kitabı oku: «Los mercados financieros ante la disrupción de las nuevas tecnologías digitales»


Los mercados financieros ante la disrupción de las nuevas tecnologías digitales / Daniel Castaño [y otros] ; Luis Fernando López Roca, Mauricio Baquero Herrera, Jorge Armando Corredor Higuera (editores). -- Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2021.
766 páginas : ilustraciones, gráficos ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas en cada capítulo.
ISBN: 9789587907759 (impreso)
1. Tecnología financiera 2. Economía digital 3. Big data 4. Blockchains (Bases de datos) 5. Moneda electrónica 6. Bancos -- Innovaciones tecnológicas I. López Roca, Luis Fernando, editor II. Baquero Herrera, Mauricio Humberto, editor III. Corredor Higuera, Jorge Armando, editor IV. Universidad Externado de Colombia V. Título
332.4 SCDD 21
Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca.
diciembre de 2021
ISBN 978-958-790-775-9
© 2021, LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA, MAURICIO BAQUERO HERRERA Y JORGE ARMANDO CORREDOR HIGUERA (EDS.)
© 2021, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá
Teléfono (60 1) 342 0288
publicaciones@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Primera edición: diciembre de 2021
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Corrección de estilo: Robinson Quintero Ossa
Composición: Julián Hernández - Taller de Diseño
Impresión y encuadernación: Panamericana, formas e impresos S.A.
Tiraje: de 1 a 1.000 ejemplares
Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.
Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions
| DANIEL CASTAÑO | PABLO SANZ BAYÓN |
| SEBASTIÁN OCAMPO | LIGIA CATHERINE ARIAS BARRERA |
| LUISA FERNANDA HERRERA SIERRA | LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA |
| JORGE ALBERTO PADILLA SÁNCHEZ | CONSTANZA BLANCO BARÓN |
| JUAN SEBASTIÁN PEREDO | JORGE ALBERTO RAMÍREZ GÓMEZ |
| ANDRÉS FELIPE GARCÍA ÁVILA | JORGE ARMANDO CORREDOR HIGUERA |
| FERNANDO ZUNZUNEGUI | DANIELA RÍOS MORENO |
| ERICK RINCÓN CÁRDENAS | MAURICIO BAQUERO HERRERA |
| PAOLA CARROZA ÓRDENES | JOSÉ ORLANDO MONTEALEGRE ESCOBAR |
CONTENIDO
PRÓLOGO
Luis Fernando López Roca
INTRODUCCIÓN
Jorge Armando Corredor Higuera
PARTE I MERCADOS FINTECH, PRESTADORES DE SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
CAPÍTULO 1 INNOVACIÓN FINTECH & START-UPS
Daniel Castaño, Sebastián Ocampo
Introducción
1.1. Aspectos orgánicos
1.1.1. Las start-ups y su ciclo de vida
1.1.2. Consideraciones societarias básicas en materia financiera
1.1.3. Financiación de las start-ups
1.1.4. Competencia
1.2. Aspectos dinámicos
1.2.1. Generalidades del cumplimiento normativo
1.2.2. Datos personales
1.2.3. La gobernanza ética de las start-ups
1.2.4. Promoción de la innovación financiera
1.3. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 2 INSURTECH: APRECIACIONES DE ALGUNOS DE LOS EFECTOS JURÍDICOS EN EL NEGOCIO DE LOS SEGUROS Y EN SU COMERCIALIZACIÓN
Luisa Fernanda Herrera Sierra
Introducción
2.1. Insurtech, innovación disruptiva y retos en el sector asegurador
2.2. ¿Cómo regular insurtech sin restringir la innovación?
2.3. Proyectos de innovación y la tradicional concepción de los seguros
2.4. La evolución tecnológica: un regreso en el tiempo al origen de la institución aseguradora
2.5. Insurtech, contratos inteligentes y el contrato de seguro
2.6. Big data: retos del insurtech frente a la protección de datos personales
2.7. Algunas consideraciones sobre insurtech y la inteligencia artificial
2.7.1. Inteligencia artificial y protección de datos personales en Colombia
2.8. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 3 REGULACIÓN DEL CROWDFUNDING EN COLOMBIA: CRÍTICA Y PROPUESTAS
Jorge Alberto Padilla Sánchez
Introducción
3.1. Aspectos generales del crowdfunding
3.1.1. Concepto y operación del crowdfunding
3.1.2. Origen del crowdfunding
3.1.3. Tipos de crowdfunding
3.1.4. Beneficios y riesgos del crowdfunding
3.1.4.1. Beneficios
3.1.4.2. Riesgos
3.2. Regulación del crowdfunding en Colombia
3.2.1. Disposiciones generales
3.2.2. Reglas aplicables a las plataformas de financiación colaborativa
3.2.3. Reglas aplicables a los receptores de recursos
3.2.4. Reglas aplicables a los aportantes de recursos
3.2.5. Reglas aplicables a los valores de financiación colaborativa
3.3. Propuesta
3.3.1. Aproximación regulatoria
3.3.2. Propuesta
3.4. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 4 LOS BANCOS DIGITALES: NEOBANCOS
Juan Sebastián Peredo Bernal
Introducción
4.1. Digitalización y tecnología en los servicios financieros
4.1.1. En relación con lo que el cliente ve
4.1.2. En relación con lo que el cliente no ve
4.1.2.1. Automatización
4.1.2.2. Analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial
4.1.2.3. Computación en la nube
4.1.2.4. Blockchain y Distributed Ledger Technology (DLT)
4.2. Definición de los neobancos
4.3. Análisis del ambiente regulatorio para los neobancos
4.3.1. Frente a la actividad bancaria
4.3.2. Frente a sus características operativas y tecnología
4.3.2.1. Modelo de negocio basado en datos
4.3.2.2. Gestión de riesgos
4.3.2.3. Computación en la nube
4.3.2.4. Retos regulatorios frente a la innovación constante
4.4. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 5 REGULACIÓN ALGORÍTMICA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
Andrés Felipe García Ávila
Introducción
5.1. Antecedentes de la regulación algorítmica en los mercados financieros
5.2. Regulación algorítmica y otros planteamientos regulatorios
5.2.1. ¿Hacia una regulación algorítmica en los mercados financieros?
5.2.2. Responsabilidad del agente algorítmico
5.2.3. Supervisión y/o monitoreo algorítmico en los mercados financieros
5.3. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 6 ASESORAMIENTO FINANCIERO AUTOMATIZADO (ROBO ADVICE), NUEVO ANIMAL FINANCIERO
Fernando Zunzunegui
6.1. Planteamiento
6.2. Noción
6.2.1. Noción y características del asesoramiento financiero tradicional
6.2.2. Noción de asesoramiento automatizado
6.3. Clases
6.4. Contenido
6.5. Naturaleza
6.6. Caracteres
6.6.1. Carácter normativo
6.6.2. Complejidad
6.6.3. Despersonalización
6.6.4. Inclusividad
6.7. Ventajas y riesgos
6.8. Regulación
6.9. Conclusiones y propuestas
Bibliografía
CAPÍTULO 7 ECOSISTEMAS DE PAGO DIGITALES
Erick Rincón Cárdenas
Introducción
7.1. Nociones generales de los pagos digitales
7.2. Mecanismos de pagos digitales
7.2.1. Tarjetas
7.2.2. E-Wallet
7.2.3. E-Check
7.2.3.1. Códigos QR
7.2.4 Pasarela de pagos
7.2.5. Dinero digital
7.3. Análisis global de la regulación del sistema de pago digital
7.3.1. Continente europeo
7.3.2. Continente asiático
7.3.3. Continente latinoamericano
7.4. Problemática para los sistemas de pago
7.5. Propuestas para el sistema de pago
7.6. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 8 LA NUEVA BANCA: BIG DATA, SMALL DATA Y BUSINESS ANALYTICS
Paola Carroza Órdenes
Introducción
8.1. Problemática de la banca
8.2. Oferta de valor y clientes
8.2.1. Los clientes y el negocio
8.2.2. Contexto
8.2.3. ¿Quiénes son mis clientes?
8.3. Empresas inteligentes
8.4. Datos
8.5. Big data, small data
8.6. Analítica
8.7. El valor de los datos en la estrategia
8.8. Conclusión
Bibliografía
PARTE II BLOCKCHAIN Y SU IMPACTO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 9 CRIPTOMONEDAS: NATURALEZA JURÍDICA Y REGULACIÓN EUROPEA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAMBIO Y DE CUSTODIA DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS
Pablo Sanz Bayón
Introducción: razones del auge de las criptomonedas
9.1. Aproximación jurídica a la realidad de las monedas virtuales. Especial atención al desarrollo en el marco de la Unión Europea
9.1.1. La ausencia de una definición legal concluyente
9.1.2. Delimitación conceptual dentro del ecosistema de monedas virtuales
9.1.3. Naturaleza jurídica de las criptomonedas
9.1.3.1. La criptomoneda como un bien mueble digital
9.1.3.2. La criptomoneda como un activo financiero o valor mobiliario
9.1.3.3. La criptomoneda como medio de pago
9.2. El fenómeno criptomonetario en la regulación europea vigente
9.2.1. Funcionamiento del sector criptomonetario
9.2.2. La Política legislativa sobre los proveedores de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos
9.2.3. La V Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales
9.2.4. La situación fáctica y regulatoria de España
9.2.5. Prospectiva internacional sobre la regulación del sector criptomonetario
9.3. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 10 LOS CONTRATOS INTELIGENTES EN EL SISTEMA FINANCIERO Y LA REGULACIÓN REALMENTE RESPONSIVA
Ligia Catherine Arias Barrera
Introducción
10.1. Origen de la Regulación Realmente Responsiva (RRR)
10.1.1. La RRR soluciona las ineficiencias de la regulación inteligente
10.2. Contratos inteligentes y su adopción en el sistema financiero
10.2.1. Cláusulas fácilmente automatizables
10.2.2. Cláusulas difícilmente automatizables
10.2.3. Aspectos transversales de los contratos inteligentes
10.2.3.1. Soluciones en caso de falla o error tecnológico
10.2.3.2. Exigibilidad del contrato inteligente o enforcement
10.3. Los contratos inteligentes desde los elementos de la RRR
10.3.1. Recepción de los destinatarios de la regulación
10.3.2. El contexto y arquitectura del ambiente regulado
10.3.3. Objetivos del regulador y su escogencia de estrategias
10.3.4 Evaluación y ajustes de la regulación
10.3.5. Adaptabilidad de la regulación
10.4. Conclusiónes
Bibliografía
CAPÍTULO 11 INTRODUCCIÓN A LAS GARANTÍAS INTELIGENTES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO
Luis Fernando López Roca, Jorge Alberto Padilla Sánchez
Introducción
11.1. El Concepto de garantía en el ordenamiento jurídico colombiano
11.1.1. Débito y responsabilidad (Schuld & Haftung)
11.1.2. Concepto y tipos de garantía
11.1.3. La accesoriedad de las garantías y las garantías independientes o autónomas
11.1.4. Los mecanismos de escrow accounts
11.2. Ejecución de contratos inteligentes en plataformas blockchain
11.2.1. Principios de las tecnologías de registro distribuido
11.2.2. El concepto de la llamada “blockchain”
11.2.3. Conceptos de contrato inteligente, contratos legales inteligentes y contratos inteligentes con implicaciones legales
11.2.3.1. Los contratos de código inteligente (smart contracts o smart code contracts)
11.2.3.2. Los contratos legales inteligentes
11.2.3.3. Los contratos inteligentes con implicaciones legales
11.2.4. Ejecución de los contratos inteligentes
11.2.5. Los contratos inteligentes y los límites al pacta sunt servanda
11.2.6. Mitigación del riesgo y satisfacción del acreedor
11.2.6.1. La regulación para el incumplimiento
11.2.6.2. El sistema basado en certificados
11.2.6.3. La mitigación y/o eliminación del riesgo de incumplimiento en la compraventa mediante el uso de códigos autoejecutables
11.2.6.4. La mitigación y/o eliminación del riesgo de incumplimiento en contratos de ejecución sucesiva mediante el uso de códigos autoejecutables
11.3. Las “garantías inteligentes”
11.3.1. Mecanismos de autoayuda por fuera de la blockchain: el caso de los interruptores de encendido
11.3.2. La mitigación o eliminación del riesgo de incumplimiento mediante el uso de garantías inteligentes: los “escrows inteligentes”
11.3.2.1. Los escrows inteligentes permiten verificar fondos (doble depósito) y pueden cumplir una función de solución de controversias
11.3.2.2. Garantías on-chain/off-chain para contratos off-chain/on-chain
11.3.2.3. Reclamaciones abusivas: el caso de las garantías stand-by
11.4. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 12 OFERTAS PÚBLICAS INICIALES DE MONEDAS (OPM): ENTRE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA REGULACIÓN
Constanza Blanco Barón
Introducción
12.1. Hacia un nuevo concepto de valor
12.1.1 Conceptualización general de valor
12.1.2. Posición de los reguladores en diferentes jurisdicciones
12.1.3. Comparación del concepto de valor en Estados Unidos y Colombia
12.2. Ofertas públicas de criptomonedas como mecanismo de financiamiento empresarial
12.3. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 13 BLOCKCHAIN EN EL MERCADO DE VALORES Y SU FUNCIÓN EN LOS SISTEMAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
Jorge Alberto Ramírez Gómez
Abreviaturas
Introducción
13.1. Blockchain y su potencial disruptivo en el mercado financiero
13.1.1. La interacción de las nociones de blockchain, cuenta de valores e intermediario financiero
13.1.1.1. Noción de blockchain
13.1.1.2. Interacción con las nociones de cuenta e intermediario financiero
13.1.2. Primera generación: modelo original de blockchain: el soporte del bitcoin
13.1.3. Segunda generación: Etherum y la introducción del smart contract
13.1.4. Tercera generación: un traje hecho a la medida
13.2. Compensación y liquidación de valores: ¿dónde cabe blockchain?
13.2.1. Clearing ante la cámara de riesgo central de contraparte
13.2.2. Depositario de valores (settlement)
13.2.3. Potenciales aplicaciones de las redes de blockchain en el segmento de compensación y liquidación de valores
13.3. Ventajas y desafíos de la implementación de redes blockchain para valores financieros
13.4. Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 14 IMPACTO DEL BLOCKCHAIN EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA PARA AMÉRICA LATINA
Jorge Armando Corredor Higuera, Daniela Ríos Moreno
Introducción
14.1. ¿Qué se entiende por blockchain?
14.2. Blockchain e inclusión financiera
14.2.1. ¿Cuáles son los desafíos de blockchain frente a la inclusión financiera?
14.2.2. Evaluación del estado de la inclusión financiera a través de blockchain en América Latina
14.2.2.1. Contexto actual del acceso a los servicios e infraestructura
14.2.2.2. Emprendimiento digital en la región
14.3. Puntos a considerar en relación con la construcción de una política pública en materia de implementación de blockchain frente a problemas de inclusión financiera en América Latina
14.3.1. Problemas en materia de infraestructura tecnológica en América Latina
14.3.2. Administración de riesgos y blockchain
14.3.3. Protección al consumidor que accede a servicios a través de blockchain
14.3.4. Sistema de registro de propiedad a través de blockchain para acceder al crédito
14.3.5. Identidad digital a través de blockchain
14.3.6. Reglas de lavado de activos
14.4. Conclusiones
Bibliografía
PARTE III ASPECTOS REGULATORIOS Y DE SUPERVISIÓN
CAPÍTULO 15 REGULATORY SANDBOXES Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PROVISIÓN Y ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE FINTECH
Mauricio Baquero Herrera, Jorge Armando Corredor Higuera
15.1. La regulación de las fintechs: la estrategia del “regulatory sandbox” y su gran propensión al “contagio” global
15.1.1. Regulatory sandbox: ¿éxito en el Reino Unido?
15.1.2. Regulatory sandbox: quo vadis en Asia
15.1.3. Regulatory sandbox: ¿por qué es importante el modelo australiano diseñado por la ASIC
15.1.4. ¿Qué podemos concluir después de la revisión de algunas experiencias de ECP en Asia/Pacífico?
15.1.5. Regulatory sandbox: quo vadis en Latinoamérica
15.1.6. International Regulatory Sandbox, las búsquedas de la GFIN
15.2. Regulatory sandbox y la democratización de la provisión y acceso a servicios financieros en Colombia
15.2.1. El rígido sistema regulatorio local que inhibe la democratización y la innovación de productos no-bancarizados
15.2.2. Regulatory sandbox a la medida del actual marco regulatorio: ¿innovación “servida” para la industria?
15.2.2.1. Participación del sector financiero tradicional en la constitución de sociedades de innovación y tecnología financiera
15.2.2.2. Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022. “Pacto por Colombia, pacto por la unidad”, ley 1955 de 2019 (artículo 166)
15.2.2.3. Implementación de la Superintendencia Financiera de Colombia
15.3. A modo de conclusión: ¿cómo no construir castillos en la arena?
Bibliografía
Anexos
CAPÍTULO 16 COMPETENCIA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS DIGITALES
José Orlando Montealegre Escobar
Introducción
16.1. Propósito general de la normativa de libre competencia
16.2. El derecho antitrust norteamericano como referente universal
16.3. Materias que comprende y vías legales de protección
16.4. Antecedentes y desarrollo en Colombia
16.5. Aplicación de las normas de competencia al sector financiero
16.6. Características de los mercados digitales
16.7. Características de las plataformas digitales y el poder de los datos
16.8 Los desafíos que el entorno de la economía digital plantea a las autoridades de competencia
16.9. Propuestas para estimular la competencia en la economía digital
16.10. La adaptación de los instrumentos tradicionales de las autoridades de competencia
16.10.1. Definición del mercado relevante
16.10.2. La determinación de la posición de dominio en el mercado
16.10.3. Las operaciones de integración empresarial
16.10.4. Ajustes a la regulación y la institucionalidad
16.11. El caso del sector financiero
Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 17 EL PRINCIPIO DE TRATO JUSTO Y EQUITATIVO COMO FUNDAMENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS INVERSIONISTAS DE PLATAFORMAS DIGITALES DE INVERSIÓN
Jorge Armando Corredor Higuera, Mauricio Humberto Baquero Herrera, Daniela Ríos Moreno
Introducción
17.1. Características de los servicios financieros ofrecidos a través de plataformas digitales
17.1.1. Información en las plataformas digitales financieras
17.1.2. Protección de la información y privacidad del consumidor por parte de las plataformas
17.1.3. Prestación de servicios financieros de forma transfronteriza por parte de las plataformas electrónicas
17.2. Consumidor financiero digital y su protección por medio del trato justo y equitativo
17.2.1. Consumidor financiero digital
17.2.2. Conceptualización de la noción de trato justo y equitativo
17.2.3. La materialización del principio de trato justo y equitativo en el mercado de valores
17.2.3.1. Por parte de los intermediarios de valores
17.2.3.2. Por parte de los emisores de valores
17.3. Análisis empírico de plataformas transfronterizas que ofrecen servicios financieros virtuales de inversión
17.3.1. Identificación de plataformas de gestión de inversiones
17.3.2. Problemáticas identificadas frente a las plataformas de inversión
17.4. La necesidad de ajustar las políticas de protección al consumidor financiero frente a plataformas transfronterizas que ofrecen servicios financieros virtuales de inversión
17.4.1. Limitaciones y restricciones a las operaciones
17.4.2. Creación de mecanismos de solución de controversias a través de esquemas de autorregulación
17.4.3. Desarrollo de herramientas de economía conductual para la protección de los inversionistas de plataformas de inversión
17.4.4. El trato justo y equitativo frente al consumidor financiero digital
17.4.4.1. Frente al prestador del servicio financiero digital
17.4.4.2. Frente al regulador y supervisor financiero
17.5. Conclusiones
Bibliografía
Notas al pie
PRÓLOGO
Una profunda emoción y un inmenso placer motivaron la redacción de las palabras que sirven de prólogo al presente libro. La importancia y la relevancia actual del contenido de los distintos y muy variados aportes de los autores que hacen parte de esta sólida obra, en materia de la disrupción de las nuevas tecnologías digitales en los mercados financieros, sin duda alguna convierten a la misma en una lectura obligatoria para todos los involucra-dos en dicho ecosistema, desde los estudiantes de pregrado y posgrado en proceso de formación, pasando por los académicos de distintas áreas del derecho, hasta los profesionales que han visto en la práctica la importancia de la tecnología en el sector financiero.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo disruptivo es algo relativo a la disrupción, que es una rotura o interrupción brusca. Sin embargo, el concepto que hoy en día es más relevante y usado se atribuye a Clayton M. Christensen y Joshep Brower, de la Harvard Business School, en su artículo Disruptive Technologies: Catching the Wave, publicado en 1995. Allí los autores compararon el concepto de tecnología sostenible, “que tiende a mantener un ritmo de mejora; es decir, les da a los clientes algo más o mejor en los atributos que ya valoran”, frente al de tecnología disruptiva, que es aquella que introduce “un paquete de atributos muy diferente del que los clientes tradicionales valoran históricamente”, y al menos al principio, dada la preferencia del cliente por lo conocido que le funciona razonablemente bien, tiende a usarse y valorarse solo en nuevos mercados o nuevas aplicaciones, posibilitando la aparición de nuevos mercados1. Otra visión trae a colación conceptos complementarios derivados del área de negocios, que hacen énfasis en que lo disruptivo es algo que produce una gran turbulencia –o terremoto– en el mercado, y que más adelante se complementará inescindiblemente con el concepto de innovación2.
En la medida en que los desarrollos tecnológicos han tenido aparición y desarrollo en los últimos años –como lo ilustra la implementación de negocios y servicios basados en la blockchain–, las actividades empresariales y financieras, y quizás estas últimas más que aquellas, han venido asistiendo a un profundo conjunto de cambios en sus mercados. Esto ha generado una verdadera transformación en la forma de concebir el negocio financiero, aunque en esta primera etapa el upheaval del diccionario Merriam-Webster no haya tenido aún plena aparición. Empero, como lo enseña la literatura especializada, la característica común que distinguió a negocios que desaparecieron fue precisamente que subestimaron los alcances de este cambio, de esta disrupción, y se consideraron a salvo más allá de los riesgos que implicaba.
Por otro lado, es cierto que el sector financiero y del mercado de valores que podríamos llamar tradicional ha venido actualizándose para hacer frente a la competencia, para lo cual ha echado mano de lo que se conoce como canales digitales en la prestación del servicio. En efecto, la innovación a través de medios tecnológicos se ha empezado a convertir en uno de los principales motores del desarrollo de la prestación de los servicios financieros. Adicionalmente, los Estados han sostenido una preocupación por la (re)bancarización e inclusión financiera de sus habitantes, como quiera que el crecimiento económico está asociado al acceso al crédito y, en general, a los distintos servicios financieros; y la tecnología ha demostrado ser un instrumento capaz de tumbar esas barreras que tradicionalmente han existido en los mercados financieros. Así lo ha indicado la Unidad de Regulación Financiera en Colombia: “La innovación financiera es un instrumento de política pública que permite aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios financieros, facilita la inclusión financiera y promueve el desarrollo y la competitividad del sector”3.
Es en este contexto que, en el caso colombiano, el Gobierno nacional ha impulsado una ambiciosa agenda regulatoria en procura de la transformación digital de la actividad financiera, tal y como puede observarse con la reciente regulación de (i) los sistemas de pago de bajo monto, (ii) el espacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera y (iii) crowdfunding, entre otros. Por su parte, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ha reconocido la importancia de la tecnología en la prestación de servicios financieros e incluyó estrategias tendientes a promover la transformación digital sectorial y territorial. En el mismo sentido, el Documento Conpes 3975, “Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Nacional”, busca incorporar tecnologías digitales en el sector privado, así como la creación de ambientes de prueba en sectores sensibles a la regulación financiera.
El Documento Conpes 4005, “Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera”, pretende integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y de las mipymes, entre otros, a través del fortalecimiento de la infraestructura financiera y digital para un mayor acceso a los servicios financieros tradicionales. Por último, la Superintendencia Financiera de Colombia ha implementado mecanismos como InnovaSFC y laArenera para facilitar el proceso de innovación de entidades vigiladas. Lo anterior es clara evidencia de la preocupación del Estado colombiano por la necesidad de integrar esquemas tecnológicos a la prestación de servicios financieros.
Hace unos años se empezó a hacer uso del término fintech (contracción del conjunto de palabras en inglés, Financial Technology) para hacer referencia al uso de tecnología y software para soportar y habilitar servicios financieros, incluyendo innovaciones en modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos que tienen un efecto material en la prestación de servicios financieros, v. gr. en mecanismos de recaudo de dinero, educación financiera e incluso en criptoactivos4. En este punto debe recordarse que en el IBM Interconnect de 2015, Heather Cox, directora de Servicio al Cliente de Citi, manifestó que “la gente necesita servicios bancarios, pero no necesariamente necesita a los bancos”. Se trata de una manifestación que demuestra un descontento de las personas con la banca tradicional, circunstancia que ha impulsado la creación de alternativas y la presencia de nuevos actores en el ecosistema. Ahora bien, es razonable considerar que no es probable que los actores tradicionales desaparezcan por la presencia de nuevos partícipes en el mundo digital, sino que, por el contrario, los primeros han venido encontrando distintas maneras de adaptarse a esta nueva revolución digital. Como lo ha manifestado el Financial Stability Board (FSB), no es evidente que fintech vaya a cambiar la esencia de la intermediación en la prestación de servicios financieros, pero sí ayuda a reducir fricciones, tales como asimetrías de información, externalidades negativas o distorsiones de comportamiento, entre otros5.
La academia no puede ser ajena a estos cambios en los mercados; de ahí que resulta de gran relevancia contar con los distintos y variados aportes de distintos miembros que hacen parte del sector financiero, ya sea desde un punto de vista académico o práctico, máxime cuando la implementación y puesta en práctica de estos nuevos esquemas tecnológicos debe construirse de manera armónica entre los distintos partícipes, siendo la academia un actor fundamental en tan importante tarea.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, y bajo el nombre de Los mercados financieros ante la disrupción de las nuevas tecnologías digitales, la Universidad Externado de Colombia y el Departamento de Derecho Financiero y Bursátil de la misma casa de estudios presentan ante la comunidad académica una obra sin par en el concierto nacional, que recoge casi una veintena de trabajos que tienen como común denominador ocuparse de diversos tópicos tradicionales de los mercados financieros mirados ahora a partir del prisma de las nuevas tecnologías digitales. De esta manera, el libro que usted, amigo lector, tiene en sus manos, lo paseará desde las interesantes facetas del asesoramiento financiero, ahora desde la visión del llamado robo advice, hasta lo relacionado con la naturaleza jurídica de los criptoactivos y la función de la blockchain en la compensación y liquidación de los mercado de valores, pasando por las características y problemáticas de los denominados neobancos y de los ecosistemas de pago digitales, para solo mencionar algunos de los principales temas tratados.
En primer lugar, la obra cuenta con estudios sobre las principales aplicaciones de la tecnología en servicios y productos que tradicionalmente han sido prestados por el sistema financiero tradicional. Así, Erick Rincón presenta un detallado análisis de los ecosistemas de pagos digitales, incluyendo sus problemáticas y las propuestas para dichos sistemas; Paola Carroza nos habla de la nueva banca y la manera como big data, small data y business analytics presentan una oferta de valor para los clientes del sector financiero; Andrés Felipe García analiza la regulación algorítmica en los mercados financieros; Luisa Fernanda Herrera realiza unas apreciaciones de algunos de los efectos jurídicos de la tecnología en el negocio de los seguros y en su comercialización; y Juan Sebastián Peredo lleva al lector por un recorrido de los bancos digitales –neobancos–, su ambiente regulatorio y retos frente a la innovación constante.
En segundo lugar, la obra cuenta con estudios sobre los nuevos actores en los ecosistemas financieros. En este contexto, Daniel Castaño y Sebastián Ocampo presentan al lector un análisis sobre los aspectos orgánicos y los aspectos dinámicos de la innovación fintech y las start-ups; y Jorge Alberto Padilla presenta un análisis sobre el crowdfunding en Colombia, su regulación y propuestas de mejora.
En tercer lugar, se presenta un trabajo del profesor Fernando Zunzunegui en el cual se plantea y desarrolla la figura del robo-advisor, se hace un estudio comparativo entre el asesoramiento tradicional y el automatizado, y, respecto de este último, se analizan su complejidad, ventajas y riesgos. El aporte del profesor Zunzunegui finaliza con unas propuestas concretas sobre su tratamiento futuro.
En cuarto lugar, los autores Jorge Alberto Ramírez Gómez, Jorge Armando Corredor Higuera y Daniela Ríos realizan un juicioso análisis de las implicaciones de la tecnología blockchain en los mercados de valores, en particular en los sistemas de compensación y liquidación; así como su impacto en la inclusión financiera para América Latina. En el mismo sentido, en el libro se estudian distintas aplicaciones de los sistemas de registro distribuido, como lo son las criptomonedas y la regulación de los proveedores de servicios de cambio y de custodia de los monederos electrónicos, aspecto frente al cual Pablo Sanz Bayón nos presenta una interesante perspectiva desde el desarrollo que se ha presentado sobre el particular en la Unión Europea. De igual manera, Ligia Catherine Arias presenta un análisis de los contratos inteligentes en el sistema financiero, incluyendo un estudio desde los elementos de la regulación realmente responsiva. Luis Fernando López y Jorge Alberto Padilla introducen al lector al concepto de garantías inteligentes y su potencial aplicación en el sistema jurídico colombiano. Por último, Constanza Blanco plantea una interesante aproximación a las ofertas públicas iniciales de monedas, incluyendo una propuesta sobre el concepto de valor que tiene en cuenta la naturaleza propia de los criptoactivos.
En quinto lugar, el lector encontrará importantes estudios con respecto a la protección del consumidor en el marco del nuevo ecosistema digital. En este contexto, resultan fundamentales los aportes de José Orlando Montealegre con respecto a competencia en los mercados financieros digitales, de los que se destacan los desafíos que el entorno de la economía digital plantea a las autoridades de la competencia, las propuestas para estimular la competencia y la adaptación de los instrumentos tradicionales a los mercados digitales. Así mismo, los autores Mauricio Humberto Baquero Herrera, Jorge Armando Corredor y Daniela Ríos presentan interesantes análisis con respecto al principio de trato justo y equitativo como fundamento de los mecanismos de protección de los inversionistas en plataformas digitales de inversión.
Por último, el lector encontrará un profundo análisis de las aproximaciones regulatorias al fenómeno fintech, frente al que Mauricio Baquero y Jorge Corredor nos presentan un detallado y completo estudio sobre las areneras regulatorias y la democratización de la provisión y acceso a los servicios financieros a través de fintech.
Esta breve descripción del enfoque y de los temas que fueron tratados por los distintos autores a lo largo de la obra muestran su riqueza y su valor doctrinario para los distintos interesados en el ecosistema fintech. El abanico de temas tratados en el presente libro pretende dar al lector un material de consulta que le permita comprender de manera reflexiva y profunda las distintas manifestaciones de esta revolución disruptiva en los mercados financieros, para luego aplicar las lecciones en un ámbito académico o profesional.
LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA
Director
Departamento de Derecho Financiero y Bursátil
Bogotá, Colombia, octubre de 2021
INTRODUCCIÓN
La cuarta revolución tecnológica está generando un cambio sin precedente en el entendimiento y funcionamiento del mundo, tanto desde los escenarios económicos, como desde los sociales, culturales, religiosos y familiares. Dentro de esta dinámica, los mercados financieros no han sido la excepción, llegando al punto de reestructurar los sistemas financieros locales e internacionales por medio de la presencia de nuevos actores, nuevos productos y servicios financieros digitales, y nuevos retos en materia de regulación financiera y de política monetaria.
Por tal razón, hoy en día se habla de conceptos tales como mercados financieros digitales, fintech, insurtech, regtech, bigtech, consumidor financiero digital, negociación de alta frecuencia, neobanks, tokenización de activos financieros, criptomonedas, cloud, asesoría financiera digital, entre otros.
Bajo estos argumentos, la finalidad de este libro es presentar, analizar y problematizar las herramientas conceptuales y prácticas de la regulación de las nuevas tecnologías digitales en los mercados financieros e identificar los posibles retos a los que se verán inmersos los mercados de capitales en relación con estas tecnologías. Así, en el libro se muestran cada una de las posibles aplicaciones prácticas de las nuevas tecnologías en los mercados financieros y sus correspondientes problemáticas desde el punto de vista regulatorio, operativo y de estructuración.
El desarrollo del libro se realiza de forma transversal abordando los aspectos regulatorio, legal, económico, financiero y de TIC, es decir, desde un punto de vista interdisciplinario, si bien el enfoque regulatorio será fuerte en la obra.
Asimismo, las temáticas no solo se analizan desde la mirada local (Colombia), sino que se busca desarrollar el tema mirando los avances que existen a nivel internacional, en especial desde la perspectiva latinoamericana. Finalmente, el libro va dirigido al público en general, sin desconocer que cada uno de los capítulos del libro tiene el rigor académico de cada caso.
El libro está dividido en tres partes que estructuran metodológicamente la obra del siguiente modo: i) mercados fintech, prestadores de servicios y nuevas tecnologías; ii) blockchain y su impacto en los mercados financieros y iii) aspectos regulatorios y de supervisión. La finalidad de este esquema es buscar que los lectores puedan entender y analizar sistemáticamente el fenómeno fintech a partir de los nuevos prestadores de servicios financieros digitales y las innovaciones disruptivas, a renglón seguido desarrollar el impacto del blockchain en los mercados financieros, para finiquitar con los nuevos retos en materia de regulación y supervisión frente a los mercados financieros digitales.
En la primera parte de la obra, denominada “Mercados fintech, prestadores de servicios y nuevas tecnologías”, se desarrollarán las siguientes temáticas:
“Innovación fintech & start-ups”. Los autores exponen a los start-ups como actores principales de la innovación financiera, para lo cual, inicialmente, se requiere la puesta en marcha de ideas bajo una proyección societaria clara y mecanismos de financiación convenientes para la industria. Así, los autores analizarán los aspectos relativos a la competencia, el cumplimiento normativo asociado a la ética empresarial, la protección de datos personales con un componente ético respecto de la inteligencia artificial, para finalmente reflexionar sobre la política pública que definió la experimentación regulatoria como un mecanismo para fomentar la inclusión mediante el desarrollo de tecnología en el sector.
“Insurtech: apreciaciones de algunos de los efectos jurídicos en el negocio de los seguros y en su comercialización”. La autora analiza y reflexiona sobre el impacto de la cuarta revolución tecnológica en los mercados de seguros, en la que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en la celebración y ejecución de los contratos, así como en la comercialización de ciertos productos y servicios, ya no constituye una expectativa del futuro, por el contrario, es una realidad que invita a la reflexión sobre el perfeccionamiento y la ejecución de los contratos, y los efectos que todo ello produce en el mercado de los seguros y en la función del abogado dedicado a esta área del derecho. Así, la autora pone sobre el debate diversos cuestionamientos de cara al insurtech: ¿estamos ante nuevas tipologías contractuales?, ¿seguimos hablando de contratos?, ¿las formalidades y el perfeccionamiento han variado?, ¿la ejecución del contrato ha variado?, ¿la importancia del consentimiento sigue siendo la misma?
“Regulación del crowdfunding en Colombia: crítica y propuestas”. El autor determina que, en el contexto de desarrollo de finTech, el crowdfunding ha adquirido una gran importancia a nivel internacional debido a su facilidad para lograr la obtención de capital para llevar a cabo proyectos que de otra manera sería imposible realizar. Es así como a nivel global los reguladores han iniciado una labor encaminada a establecer las reglas de juego para el crowdfunding, lo cual ha desembocado en distintos modelos regulatorios, sin que Colombia sea la excepción.
“Los bancos bigitales: neobancos”. El autor señala que el de los neobancos es uno de los fenómenos más actuales de la tecnología aplicada al sector financiero y que a partir del entendimiento de lo que son, de sus características y de su modelo de negocio se puede llegar a una aproximación de la regulación que le es aplicable y de los retos que esa regulación tendrá en el futuro.
“Regulación algorítmica en los mercados financieros”. El autor presenta el desarrollo de los progresos en la implementación del comercio algorítmico en los mercados de valores, evidenciando cómo los participantes de los mercados hacen uso de algoritmos para efectuar cualquier tipo de negociación, gracias a las significativas ventajas que proveen a los que los utilizan. Igualmente, desarrolla las preocupaciones que rondan tanto a académicos como a reguladores por los riesgos que la implementación del comercio algorítmico podría generar, lo cual hace necesario el planteamiento de una regulación algorítmica que contribuya a determinar aspectos esenciales tales como establecer qué es un algoritmo, cuáles son las reglas que deben tenerse en cuenta para la ejecución y el cumplimiento de la regulación, qué reglas deben establecerse respecto de la responsabilidad y cuáles son las medidas de supervisión y monitoreo algorítmico.
“Asesoramiento financiero automatizado (robo advice), nuevo animal financiero”. El autor desarrolla el asesoramiento financiero automatizado, conocido como robo advice, analizando su origen y desarrollo como una de las actividades de las finanzas tecnológicas (fintech) de mayor proyección. Igualmente, hace una revisión de la naturaleza jurídica y su distinción de otras figuras, aborda su régimen legal, en particular desde la Unión Europea, para concluir con algunas propuestas de política legislativa.
“Ecosistemas de pago digitales”. El autor presenta y analiza el impacto de la innovación tecnológica en los sistemas de pago, por los que las iniciativas regulatorias recientes y las expectativas cambiantes de los consumidores masivos están reestructurando rápidamente el sector de pagos, allanando el camino hacia un entorno más abierto para los jugadores no bancarios y trayendo consigo grandes oportunidades para los consumidores mediante la tecnología.
“La nueva banca: big data, small data y business analytics”. La autora plantea que uno de los grandes desafíos que enfrenta la industria financiera de cara a la transformación digital es la incorporación de los datos como una plataforma que entrega valor a las crecientes necesidades de los clientes. De esta manera, el tratamiento y análisis de datos en sus distintas dimensiones, junto con el entendimiento del potencial y valor en el tiempo, son claves para desarrollar estrategias exitosas y diferenciadoras en el mediano y largo plazo.
En la segunda parte de la obra, la cual se denominó “Blockchain y su impacto en los mercados financieros”, se desarrollan las siguientes temáticas:
“Criptomonedas: naturaleza jurídica y regulación europea de los proveedores de servicios de cambio y de custodia de monederos electrónicos”. El autor analiza la regulación de las criptomonedas y de los diferentes proveedores de servicios existentes en este sector, con especial énfasis en el contexto regulatorio e institucional de la Unión Europea y específicamente de España. Igualmente, examina y discute críticamente los presupuestos conceptuales y funcionales que están determinando los últimos desarrollos de las políticas legislativas sobre las criptomonedas, para concluir que, a medida que se adopten socialmente las criptomonedas y evolucione la tecnología digital subyacente (DLT/blockchain), los reguladores y autoridades tendrán que ir modificando el enfoque legislativo actual, que de momento es muy limitado y restrictivo.
“Los contratos inteligentes en el sistema financiero y la regulación realmente responsiva”. La autora hace un desarrollo y análisis de los contratos inteligentes y del impacto de estos tanto en los mercados financieros como en los esquemas de regulación y supervisión financiera. Igualmente, el escrito se centra en las discusiones de tipo contractual sobre la materia, en especial en lo relacionado con las partes, tipos de cláusulas, errores en el programación y ejecución del contrato, exigibilidad del contrato inteligente y, finalmente, los retos regulatorios sobre la materia en Colombia.
“Introducción a las garantías inteligentes en el ordenamiento jurídico colombiano”. Los autores muestran la necesidad de garantías eficientes en el tráfico contractual, en especial en los contratos inteligentes, ya que no hay operación, así sea ejecutable a través de un contrato inteligente en un sistema de registro distribuido, que sea ajena a la materialización de un riesgo y, por ende, a la insatisfacción de un acreedor. Igualmente, establecen la necesidad de contar con mecanismos de garantía al interior de la blockchain para mitigar los riesgos que pueden presentarse en su funcionamiento.
“Ofertas públicas iniciales de monedas (OPM): entre la innovación tecnológica y la regulación”. La autora analiza cómo la emisión de tokens en ofertas públicas iniciales de monedas ICOS, que son emitidos en el nuevo ecosistema DeFi de aplicaciones financieras construido sobre redes blockchain, lleva a la consideración del concepto de valor digital, que se aplicaría tanto a los activos digitales emitidos como a las criptomonedas utilizadas para su adquisición. Igualmente, desarrolla los retos de los reguladores sobre la materia, ya que deben considerar si otorgar autonomía a las innovaciones tecnológicas permitiendo la autorregulación, o ampliar o modificar los conceptos de valor y oferta pública, así como el de dinero legal, para incluir a las ICOS y a las criptomonedas en la regulación del sistema financiero.
“Blockchain en el mercado de valores y su función en los sistemas de compensación y liquidación”. El autor, desde un enfoque general, analiza las principales características de diferentes redes de registro distribuido o blockchain, con el objetivo de esbozar el potencial disruptivo que podría tener esta tecnología en la infraestructura del mercado de valores. A partir de lo anterior, este texto concentra su análisis en cómo los segmentos de compensación y liquidación, dentro del ciclo de la transmisión de valores, podrían verse afectados por el uso de esta tecnología, cuáles serían las ventajas y los desafíos para la industria, el regulador, los inversionistas, y el ordenamiento jurídico.
“Impacto del blockchain en la inclusión financiera para América Latina”. Los autores establecen los posibles efectos del blockchain en materia de inclusión financiera en América Latina, lo cual puede impactar en el alto porcentaje de personas fuera del sistema financiero en la región. Así, los escritores plantean una posible solución, según la cual, al aumentar el uso de la tecnología blockchain se podría: i) reducir la brecha entre bancos y consumidores, ii) reducir el tiempo que lleva completar una transferencia y iii) generar una reducción en los costos de la provisión del servicio financiero.
Finalmente, la tercera parte de la obra, denominada “Aspectos regulatorios y de supervisión”, desarrollará las siguientes temáticas:
“Regulatory sandboxes y la democratización de la provisión y acceso a servicios financieros a través de fintech”. Los autores buscan revisar la tendencia regulatoria global hacia las fintech a través de sandboxes regulatorios, planteando como hipótesis que después del boom de su acelerada implementación global, el denominado “regulatory sandbox” ha probado ser un mecanismo conveniente, pero no el único o principal, para fomentar desarrollos tecnológicos que promuevan la democratización de la provisión segura, así como el acceso a servicios financieros mejores y más económicos, ya que la adopción rápida de este instrumento puede convertirse en limitante de la innovación promovida por pequeños emprendedores que provienen de sectores no regulados e inhibir, por lo mismo, el efecto democratizante y rupturista de la revolución tecnológica en la prestación de servicios financieros.
“Competencia en los mercados financieros digitales”. El autor plantea que la aplicación del derecho de la competencia en los nuevos mercados digitales se ha convertido en los últimos años en un tema de la más alta preocupación entre autoridades, expertos y organismos internacionales que tienen que ver con la competencia y el comercio, ya que la discusión se centra en determinar la idoneidad o insuficiencia de los instrumentos tradicionales de aplicación de las normas de competencia frente a los retos que plantea a los mercados la disrupción tecnológica y, en la actualidad, principalmente, las plataformas digitales.
“El principio de trato justo y equitativo como fundamento de los mecanismos de protección de los inversionistas de plataformas digitales de inversión”. Los autores buscan identificar, desde la perspectiva del trato justo y equitativo, las problemáticas asociadas a las plataformas electrónicas de inversión transfronteriza que generan carencia de un perímetro regulatorio definido y claro, jurisdicciones difícilmente asequibles por factores territoriales e insuficientes para la resolución de controversias surgidas en dichas plataformas y desprotección de los derechos del consumidor financiero digital, cuyos datos personales se encuentran expuestos a riesgos de fraude, delitos cibernéticos y financieros. Igualmente, los escritores analizan los desafíos que enfrentan las autoridades en materia de regulación y supervisión respecto a los nuevos modelos de negocio que emergen de las dinámicas de la industria fintech en la prestación de servicios financieros.
Después de esta presentación, la obra se pone en conocimiento y consideración de los académicos, la industria, las autoridades financieras, estudiantes y público en general que esté interesado en tener un primer acercamiento sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los mercados financieros. Estamos seguros de que este libro será un primer referente para las discusiones que se pueden dar sobre la materia y para futuras investigaciones y desarrollos tanto por la industria como por la academia.
JORGE ARMANDO CORREDOR HIGUERA
PARTE I
CAPÍTULO 1
INNOVACIÓN FINTECH & START-UPS
INNOVATION FINTECH & START-UPS
DANIEL CASTAÑO*
SEBASTIÁN OCAMPO**
RESUMEN: el texto expone a las start-ups como actores principales de la innovación financiera. Para alcanzar ese protagonismo en la innovación se requiere la puesta en marcha de ideas con una proyección societaria clara y con mecanismos de financiación convenientes para la industria. En este documento se analizan los aspectos relativos a la competencia, al cumplimiento normativo asociado a la ética empresarial y a la protección de datos personales con un componente ético respecto de la inteligencia artificial, para finalmente reflexionar sobre la política pública que definió la experimentación regulatoria como un mecanismo para fomentar la inclusión mediante el desarrollo de la tecnología en el sector.
PALABRAS CLAVE: start-ups; fintech; innovación; administración financiera; competencia; regulación financiera; tecnología financiera.
ABSTRACT: This paper presents startups as key actors of fintech innovation, which requires the implementation of ideas under a strong corporate projection and financing mechanisms suitable for the industry. It also studies the main startups’ features related to antitrust, compliance associated with business ethics, and personal data protection with a digital ethical component regarding artificial intelligence. Finally, it elaborates on the public policy that posits regulatory experimentation as a mechanism to promote inclusion through the development of technology in the sector.
KEY WORDS: Start-ups; Fintech; Innovation; Financial Management; Antitrust; Financial Regulation; Financial Technology.
INTRODUCCIÓN
El concepto de Tecnología Financiera (fintech) refiere un nuevo modelo de negocio que involucra empresas emergentes en el desarrollo de experiencias financieras enfocadas en el usuario y en la prestación de servicios de forma desagregada1. La posibilidad de involucrar el uso de tecnología en el sector financiero resulta un reto, debido a que es una de las industrias con mayor regulación en materia societaria y en cumplimiento normativo. Por esta razón, la legislación se ha adaptado mediante la creación de ambientes controlados y el desarrollo de políticas públicas que promueven la inclusión financiera de la mano con la innovación.
Las start-ups tienen la difícil tarea de seguir un modelo de funcionamiento que expone un ciclo de vida exponencial que permite convertir con relativa velocidad ideas en productos mínimos viables2. De ahí la importancia de encontrar un modelo que permita explorar un desarrollo tecnológico para ponerlo en práctica a fin de obtener grandes inversiones y de que sea exitoso en el mercado.
El objeto principal de este capítulo consiste en estudiar los principales aspectos orgánicos y dinámicos de las start-ups en el sector fintech. Por aspectos orgánicos referimos las diferentes circunstancias jurídicas presentes en el proceso de formación de la start-up y por aspectos dinámicos referimos la manera en que las start-ups dan cumplimiento a la regulación financiera y del mercado de valores. El capítulo está dividido en dos partes a fin de facilitar la exposición de las ideas. La primera parte describe, de manera general, cuál es el ciclo de vida de una start-up exitosa3 en el sector Fintech, con el fin de analizar diferentes consideraciones en materia de estructura societaria y de financiación, que se derivan de su dinámica negocial y la incidencia de la regulación financiera, y del mercado de valores sobre dichos aspectos.
De igual forma, la primera parte de este capítulo estudia los aspectos que rodean la personalidad jurídica de la start-up y la decisión de constituir la compañía como una Sociedad por Acciones Simplificada (en adelante, SAS) o una Sociedad Anónima (en adelante, S. A.). También se revisan las vicisitudes que rodean la responsabilidad por acciones y la división del capital. Así mismo, y debido a la importancia de las rondas de capital en asuntos tecnológicos, se presenta el escenario del proceso de financiación y cada una de las fases de obtención del capital de inversión. Finalmente, estas páginas exponen reflexiones sobre las prácticas restrictivas de la competencia, la posición de dominio, la integración empresarial y la creación de una zona de experimentación regulatoria para promover la competencia y la inclusión.
En la segunda parte del capítulo se hace énfasis en los aspectos derivados del cumplimiento normativo y la ética organizacional, los cuales resultan relevantes respecto de la gestión de los riesgos para los modelos de negocio que en materia financiera desarrollan este tipo de empresas. Se aborda la importancia de entender lo que significa una captación masiva y habitual de dinero, la protección de datos personales y las normas sobre competencia como aspectos preponderantes en el desarrollo de modelos de negocio disruptivo en este sector.
1.1. ASPECTOS ORGÁNICOS
1.1.1. LAS START-UPS Y SU CICLO DE VIDA
A pesar de que las instituciones financieras consolidadas tienen la posibilidad de innovar y transformarse internamente, ha surgido la figura de las start-ups o nuevas compañías emergentes, las cuales tienen el propósito de ofrecer productos o servicios de manera diferente en el mercado4. Esto reviste la mayor importancia en consideración a que el desarrollo de modelos de negocio innovadores en el mercado en general, y en el sector financiero en particular, promueve la eficiencia y la competitividad5. Este apartado pretende exponer el ciclo de vida de una start-up y el desarrollo de una estructura compleja en torno al sector.
El modelo de funcionamiento de las start-ups sigue el ciclo de construir, medir y aprender, tal y como lo señala Eric Ries con el método Lean Startup6. Se trata de convertir ideas en productos mínimos viables de bajo costo, y se trata de medir cómo los clientes responden a dichos productos, con el objetivo de que, partiendo del aprendizaje, sea posible pivotear (esto es, realizar cambios en el producto) o perseverar en el producto inicialmente pensado. En teoría, este modelo permite equivocarse rápido y a bajo costo, de manera tal que es posible que múltiples ideas de negocio sean probadas antes de realizar grandes inversiones en productos que pueden no ser exitosos en el mercado.
Las start-ups en la división financiera tienen la particularidad de participar directa o indirectamente en un sector que es rigurosamente regulado en la mayoría de los países, lo que implica unas altas barreras de entrada, unas consideraciones particulares desde el punto de vista societario y sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de competencia, lavado de activos y financiación del terrorismo y protección de datos, entre otras.
Ahora bien, la carga regulatoria en el sector financiero genera grandes barreras de entrada y posiblemente competencia imperfecta, lo que implica que muchas veces existan oportunidades competitivas adicionales para que este tipo de entidades ofrezcan nuevos productos, servicios o modelos de negocio que no hayan sido desarrollados por los jugadores tradicionales7.
En el concepto de start-up los fundadores son el actor protagónico en el componente organizacional, pues son quienes desarrollan las ideas hasta convertirlas en productos viables que al final pueden ser la razón principal por la cual dichas empresas consiguen financiación de una amplia gama de inversionistas. En este sentido, sus intereses son fundamentales a la hora de estructurar los vehículos societarios y los mecanismos de financiación que los acompañan.
De esta manera, es plausible hacer una analogía entre el método “lean startup” señalado por Eric Ries y el propio ciclo de vida de las compañías, con el fin de ilustrar el componente organizacional desde que nacen las ideas, pasando por la constitución de una sociedad a través de la cual se desarrolla el negocio, hasta llegar al momento de la salida. De ser exitoso el modelo y convencer a los inversionistas, los fundadores pueden usualmente monetizar parte o la totalidad de su idea.
Dicho ello con otras palabras, existen cinco grandes hitos en el ciclo de vida de la compañía: la idea, la prueba de concepto, la construcción del producto, el escalamiento y la salida8.
GRÁFICO 1.

Fuente: elaboración propia.
El primer paso consiste en aterrizar la idea. En esta etapa, los fundadores conciben una idea para solucionar o suplir una insatisfacción respecto de determinada característica de un mercado, como lo puede ser el precio o la calidad de un producto o servicio (o simplemente imaginan un modelo de negocio que aún no existe en el mercado respectivo). Sin embargo esa idea, inicialmente en el papel, debe aterrizarse a través de prototipos tangibles que puedan ser sujetos de retroalimentación de potenciales clientes o usuarios.
El siguiente paso es la prueba de concepto. En este hito se construye una primera versión del producto llamada “producto mínimo viable”, a través de la cual los fundadores pueden probar un producto con funcionalidades básicas y de bajo costo de construcción, para recibir retroalimentación por parte de una muestra mayor de clientes.
En el caso de que la prueba de concepto sea positiva, el siguiente paso es la construcción de un producto mucho más robusto para ofrecer al mercado, lo que usualmente implica la necesidad de formalizar una estructura jurídica más compleja y, adicionalmente, invertir recursos adicionales para la contratación de los bienes y servicios necesarios, a fin de poder lanzar al mercado el producto respectivo.
Posteriormente viene la etapa de escalamiento, en la cual se busca expandir la base de clientes de la empresa y de esta forma capturar tanto mercado como sea posible. Evidentemente, esta etapa requiere recursos aún más cuantiosos que las anteriores, pues implica una participación activa en mercados, con frecuencia altamente competidos, en los que es posible que la start-up busque aumentar ingresos, en lugar de rentabilidad9.
La última etapa del ciclo de vida es la madurez y la llamada “salida” de los fundadores, en la que, idealmente, la empresa debe haber demostrado que es un negocio viable que genera o tiene la potencialidad de generar una rentabilidad adecuada para los accionistas. En el modelo típico, la “salida” se da a través de una oferta pública de acciones en la que los fundadores y los inversionistas que acompañaron hasta este punto el crecimiento de la empresa pueden monetizar sus inversiones. No obstante, también puede ocurrir que estas personas puedan ir aprovechando las diferentes rondas de inversión para lograr dicha monetización, o que la salida no se dé a través de una oferta pública inicial, sino de una compraventa de acciones por parte de otra empresa o inversionista institucional.
Vale la pena aclarar que la etapa de “salida” no necesariamente implica que los fundadores dejen la empresa. De hecho, muchas veces siguen siendo empleados, accionistas e incluso accionistas controlantes. Lo que sucede es que en este momento pueden finalmente recibir en efectivo una parte considerable del valor generado y representado en las acciones que han venido adquiriendo desde la fundación de la empresa.
Así pues, se deja por sentando que los fundadores son el actor protagónico en el componente organizacional de las start-ups y que la puesta en marcha de sus ideas sigue, por lo general, un ciclo de vida propio de las compañías. Sin embargo, las etapas iniciales de la idea y de la empresa son solo una parte de las decisiones que se deben tomar. A medida que la start-up gana tamaño, comienzan discusiones desde el tipo de vehículo societario a través del cual realizar el emprendimiento, que dependerá mucho de las actividades que se desarrollarán, pasando por la forma en la que se financiará su crecimiento. Paralelo a todo esto, estas empresas deben tener en cuenta todas las obligaciones legales que se pueden generar, de forma general y, en particular, cuando se desarrollan actividades como las financieras.
1.1.2. CONSIDERACIONES SOCIETARIAS BÁSICAS EN MATERIA FINANCIERA
De forma similar lo que ocurre en Estados Unidos, en donde usualmente se utiliza una “C Corporación de Delaware”10 para constituir un start-up, de modo semejante a las sociedades de capital de responsabilidad limitada. En Colombia, la forma societaria más común es la “Sociedad por Acciones Simplificada” o SAS, aunque tal como se explicará en las páginas que siguen, también podríamos ver start-ups constituidas o transformadas a Sociedades Anónimas o S. A. Este título aborda las cuestiones de constitución societaria y la conveniencia de optar por una figura organizacional u otra desde la perspectiva jurídica.
En el caso de los start-ups, la decisión de constituir una sociedad de capitales como la SAS o la S. A. se fundamenta precisamente en tres de sus principales características típicas: la personalidad jurídica, la responsabilidad limitada y la división del capital en acciones transferibles11.
La personalidad jurídica permite que el start-up se constituya como un sujeto de derechos y obligaciones independiente de sus fundadores. Gracias a la personalidad jurídica, la sociedad tiene “vida propia” y puede contratar con terceros como empleados, proveedores o prestamistas, lo que le permite además demandar o ser demandada judicialmente. En este sentido, los acreedores personales de cada socio no podrán atacar los activos de la sociedad.
Por su parte, la responsabilidad limitada puede verse como la otra cara de la personalidad jurídica e implica que, como regla general, los socios no responderán por las obligaciones de la sociedad. Aunque pareciera simple, el efecto de la responsabilidad limitada es significativo, ya que incentiva la generación de ideas y empresas al reducir múltiples costos de transacción. En este sentido, se considera que menos personas estarían dispuestas a emprender e innovar si es que tuvieran que responder con sus propios activos por las obligaciones de la sociedad.
Otro de los efectos de la responsabilidad limitada es la disminución de los costos de supervisión de los accionistas sobre los administradores, quienes serían mucho mayores si es que estos tuvieran que responder por las obligaciones sociales. No es casualidad que en su momento Nicholas Butler, presidente de la Universidad de Columbia, hubiera afirmado que “la sociedad de responsabilidad limitada es el mejor invento de los tiempos modernos”12.
De otro lado, las acciones son entendidas como las partes en las que se divide el capital de las sociedades y son las que atribuyen a sus tenedores la condición de socios, y a su vez, permiten disfrutar de los derechos políticos (como el del voto) y económicos asociados (como las utilidades). Así mismo, las acciones como derechos reales pueden ser sujetas de limitaciones, pueden negociarse en mercados secundarios dándole liquidez a sus tenedores y, al ser valores de renta variable, permiten que sus tenedores se beneficien de las variaciones periódicas en las ganancias de la sociedad y de posibles valoraciones en el precio de las mismas.
Es menester resaltar que el hecho de que las acciones sean valores de renta variable y no de renta fija como los bonos, implica que las sociedades pueden también sufrir pérdidas o ser afectadas de otra manera generando desvalorizaciones en las mismas. De otro lado, las acciones permiten que las sociedades tengan vida a pesar de cambios en la composición accionaria, por lo que, en principio, un cambio en dicha composición no debería afectar el funcionamiento de la sociedad.
Ahora bien, como son claras las razones por las cuales un start-up se organizaría como sociedad por acciones, son también evidentes las razones por las cuales la SAS es el tipo societario predilecto para los start-ups locales de todo tipo (no solo las financieras). En particular, resalta sobre este tipo societario la flexibilidad en su constitución y formación, la primacía de la voluntad de los accionistas sobre las normas escritas y, sobre todo, la posibilidad de dividir su capital en múltiples tipos de acciones (acciones con voto múltiple, acciones de pago y otras que los accionistas acuerden)13.
En el caso particular de las fintech, el tipo de societario de la SAS presenta algunas limitaciones que podrían ser relevantes, según la etapa del ciclo de vida del start-up. Estas limitaciones provienen precisamente de las normas que regulan la actividad financiera y el mercado de valores. En este sentido, la primera limitación se presenta cuando la fintech pretende desarrollar una actividad vigilada por la Superintendencia Financiera –como puede ser la captación de recursos del público–, pues en este caso, además de adelantar el proceso de autorización ante dicha entidad, se requeriría de forma general que el tipo societario utilizado sea el de la sociedad anónima14.
En este caso podría argumentarse que el tipo societario es el requisito más sencillo de cumplir, dado que la constitución de una entidad vigilada implica, no solo el cumplimiento de este requisito luego de la autorización, sino también el cumplimiento de otros, como el compromiso de aporte de un monto de capital mínimo establecido en la regulación, dependiendo del tipo de entidad a constituir y que es más alto para aquellas entidades que lleven a cabo actividades más “riesgosas” (p. ej., un banco que presta recursos captados requerirá más capital que una SEDPE que a la fecha no lo puede hacer). Adicionalmente, se requiere la demostración del carácter y solvencia moral de los socios y administradores, así como un plan de negocios satisfactorio para el supervisor que incluya, entre otras informaciones, la correspondiente a la infraestructura tecnológica y administrativa que se va a utilizar y a los mecanismos de control y gestión de riesgos a que se pretende recurrir15.
Por otro lado, en el caso en que la fintech quisiera emitir acciones en el mercado de valores en una oferta pública inicial –considerado este como el hito típico que permite darle salida a los fundadores, inversionistas y empleados propietarios de acciones–, el tipo societario requerido por la legislación vigente es también el de la sociedad anónima.
En relación con lo anterior, y a pesar de que el Decreto Legislativo 817 de 2020 permitió temporalmente (hasta junio de 2022) la emisión de títulos de deuda en el segundo mercado por parte de las SAS, y que las sociedades de responsabilidad limitada pueden ser emisoras de este tipo de títulos, es en general la sociedad anónima el vehículo típicamente usado para emisiones de deuda en el mercado principal16.
De manera general se considera que las normas que regulan a la sociedad anónima pueden acomodarse mejor a aquellas actividades que se relacionan con la captación y administración de recursos del público, dada la obligatoriedad que tienen en este tipo societario órganos de administración como la junta directiva, que permitirían tener un mayor control sobre la administración y la revisoría fiscal o auditoría. Esto sumaría una línea de defensa adicional para accionistas y otras partes interesadas como clientes de la entidad.
Ahora bien, vale la pena resaltar que, desde el punto de vista societario, la escogencia de la SAS o la S. A. tiene implicaciones importantes desde su constitución, estructura y funcionamiento.
En primer lugar, mientras el acto constitutivo de una sociedad anónima requiere ser elevado a escritura pública ante un notario, la constitución de la SAS puede realizarse a través de un documento privado que se puede presentar personalmente en la Cámara de Comercio17 del domicilio de la sociedad, o en notaría (salvo en el caso en que la constitución implique el aporte de bienes que deba hacerse por escritura pública18). Si bien en el primer caso se generan efectos constitutivos (la sociedad existe desde que se eleva a escritura pública el documento de constitución), y en el segundo se requiere del trámite de registro ante la Cámara de Comercio para la existencia de la sociedad, desde el punto de vista de costos la SAS aparece como la opción más sencilla para este tipo de negocios.
Adicionalmente, como se mencionó con anterioridad, existen ciertos órganos como la junta directiva que son opcionales en las SAS, por lo que será decisión de los accionistas tenerla o no como parte de su estructura. En el mismo sentido, si bien no existe requisito de contar con un órgano de revisoría fiscal en la SAS, dicha exención sería inaplicable si se sobrepasan los límites de ingresos activos establecidos en las normas vigentes.
Finalmente, y tal vez lo más relevante para el caso de las fintech, tiene que ver con la posibilidad de crear múltiples instrumentos en la estructura de capital de la empresa que se acomoden mejor al ciclo de vida de los startups. Lo anterior, dada la flexibilidad existente que permite que cada start-up emita los instrumentos que mejor se acomoden a las necesidades propias de los fundadores y de los inversionistas que acompañan el crecimiento de la empresa.
En este sentido, mientras las S. A. generalmente están autorizadas para emitir tres tipos de acciones que se describen más adelante, las SAS pueden emitir, además de las establecidas para las S. A., aquellas establecidas por los artículos 10 y 11 de la Ley 1258 de 2008, y aquellas otras que los accionistas acuerden en los estatutos sociales.
Así pues, el catálogo de acciones que pueden emitir las S. A. comienza con las acciones ordinarias19, que otorgan tanto derechos políticos como económicos a los accionistas, en proporción al valor nominal de las acciones suscritas. Adicionalmente, en la S. A. se pueden emitir acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto20 que otorgan derechos económicos preferenciales en la repartición de dividendos y la liquidación social pero que, como regla general, no pueden votar en las decisiones sociales. Finalmente, las S. A. pueden emitir acciones privilegiadas que en general otorgan beneficios económicos adicionales a las acciones ordinarias, como la prioridad en caso de liquidación y los demás que se acuerden en los estatutos.
Por su parte, como ya se mencionó, las SAS pueden emitir no solo las acciones atrás mencionadas para la S. A., sino también las que acuerden sus accionistas y las que están expresamente señaladas por la Ley 1258 de 2008, de las cuales se pueden resaltar las acciones con voto múltiple. También es de resaltar que tal norma permite crear diversas clases y series en las acciones que se emitan.
En este sentido, no solo se permite la emisión de acciones con voto múltiple, las cuales permitirían que los fundadores, por ejemplo, mantengan el control de las sociedades a pesar de no haber aportado la mayoría del capital, sino que también se acomoda al modelo de las rondas de financiación y series de acciones que se describen a continuación y que es el usualmente usado para la consecución de recursos de este tipo de emprendimientos.
Es posible que, aunque en menor medida, ciertos modelos de negocio puedan hacer uso de contratos de negocios fiduciarios para llevar a cabo todo o parte del modelo. Un negocio fiduciario funge como alternativa para entregar, por parte de los fundadores, bienes a una sociedad fiduciaria a título de fiducia mercantil (constituyendo un patrimonio autónomo) o encargo fiduciario, para que cumplan una finalidad específica, dentro de las cuales podría encontrarse el desarrollo de actividades usualmente asociadas con la actividad financiera, como el préstamo de dinero a título de mutuo, entre otras.
Para ello habría que tener en cuenta algunas de las restricciones aplicables a los negocios fiduciarios, entre las que se encuentra la realización de actos o contratos que no pueda celebrar directamente el fideicomitente, de acuerdo con las disposiciones legales a través del negocio fiduciario. En este sentido, no podría utilizarse a la fiducia para la realización de actividades que están restringidas a las sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera21.
Es claro, entonces, que la personalidad jurídica otorga “vida propia” al emprendimiento y pone de presente la posibilidad de asumir derechos y deberes propios del objeto social. Sin embargo, la tipología escogida asume relevancia, pues determina la responsabilidad limitada de los socios, y para el caso de las fintech, podría implicar la obtención de una autorización estatal y el cumplimiento de otros requisitos como el de aporte de un monto de capital mínimo.
Debido al carácter dinámico de las start-ups, es usual que se creen múltiples instrumentos en la estructura de capital de la empresa que se acomodan mejor al ciclo de vida de la misma. De esta manera, se pueden estructurar los valores o títulos valores que se adecuen a las necesidades propias de los fundadores y de los inversionistas que acompañan el crecimiento de la start-up.
1.1.3. FINANCIACIÓN DE LAS START-UPS
Exigencias que resultan vitales para el crecimiento de una start-up son su financiamiento y escalabilidad. Si bien el capital inicial proviene de los fundadores, estos usualmente deben emprender un camino tendiente a conseguir capital a través de rondas de inversión, razón por cual este apartado busca presentar mecanismos de capitalización en el componente organizacional.
Obtener capital es clave para la supervivencia de las start-ups en el largo plazo, en la medida que en muchas ocasiones el modelo de negocio de estas compañías parte de la base de realizar inversiones agresivas en las etapas iniciales, buscando consolidar una amplia gama de clientes, de manera que a largo plazo, y luego de la etapa de salida, se pueda generar el retorno esperado por los accionistas.
Los fundadores juegan un papel clave en el proceso de financiación, pues es posible que quieran mantener el control de la compañía a pesar de que, desde el punto de vista del capital, la mayoría de los aportes provengan de otros inversionistas que se van incorporando en la estructura de capital o deuda de la empresa a medida que va transitando en su ciclo de vida. Esto se lograría a través de la emisión de acciones con voto múltiple, cuya existencia en la estructura de capital de la empresa puede no ser aceptada por los inversionistas posteriores e incluso en ciertas jurisdicciones para la realización de ofertas públicas iniciales22.
Usualmente el capital se consigue en varias fases y a través de diferentes instrumentos de capital de deuda o híbridos (una combinación entre deuda y capital o entre varios tipos de capital). Estas fases usualmente se denominan “rondas” de financiación y dan lugar a instrumentos con diferentes derechos y precios de suscripción23.
Por lo general existe una ronda inicial en la que se consigue el denominado capital “semilla” que proviene de los fundadores, de sus amigos y familiares o de ciertas personas de alto patrimonio o con fondos que invierten en calidad de “inversionistas ángeles”. Este capital inicial coincide con la etapa final de la idea y el comienzo de la prueba de concepto, que como se describió atrás, implica el desarrollo de prototipos o productos de bajo costo para probar si la idea puede tener acogida en el mercado respectivo. Este capital puede ser suficiente para que los fundadores puedan dedicarse tiempo completo a acompañar el desarrollo adicional del producto probado.
Posteriormente, una vez se demuestra que el producto puede ser viable y que existe un mercado posible, la sociedad da inicio a varias rondas de financiación con inversionistas institucionales especializados (Venture Capital) en este tipo de activos o fondos de inversión creados por empresas tradicionales (Corporate Venture Capital), que usualmente van acompañadas de una letra, siendo la A la primera, la B la segunda y así sucesivamente hasta el momento en que se realiza la oferta pública inicial en el mercado de valores o una venta de la compañía a otros inversionistas.
Una de las particularidades de la ronda de financiación semilla es que es posible que, en lugar de emitir acciones ordinarias o de otro tipo, las sociedades emitan instrumentos híbridos que generalmente consisten en créditos u obligaciones dinerarias documentadas en pagarés (conocidos como notas convertibles), pero que tienen la vocación de convertirse en capital ante la ocurrencia de uno o varios eventos en el futuro, como la suscripción de nuevos instrumentos en rondas posteriores, o la venta de la compañía a un tercero, o simplemente el vencimiento del plazo establecido.
Dado que en tal ronda pueden participar inversionistas especializados en estas etapas conocidas como aceleradoras, en el mercado internacional se han popularizado mecanismos de capitalización como el SAFE (Simple Agreement for Future Equity) o Acuerdo Simple para Capital Futuro de la aceleradora. Y Combinator24 y el KISS (Keep It Simple Securities) o Valores Simples de la aceleradora 500 Start-ups25. Se trata, en general, de instrumentos similares al de las notas convertibles, con ciertas particularidades relacionadas con la existencia o no de fecha límite de conversión o de intereses sobre el monto invertido. En todo caso, se trata de documentos relativamente simples y estandarizados en el mercado que permiten reducir los costos legales y de otra naturaleza asociados a este tipo de negociaciones.
No obstante, al tratarse la conversión de la deuda en acciones de una capitalización de acreencias, previo a su ofrecimiento, se deberá prever por los órganos corporativos competentes la emisión de las respectivas acciones a favor de los tenedores y la cancelación contable de la deuda inicial.
Luego de la ronda semilla y cuando la start-up entra en la etapa de crecimiento, se pasa a las rondas de financiación que dan lugar a “series” de acciones que se acompañan con letras comenzando con la A. En esta ronda usualmente se emiten acciones privilegiadas (con privilegios en la liquidación y en los dividendos), pero convertibles en ordinarias frente a la voluntad del tenedor o de ciertos eventos de conversión, como la oferta pública inicial u otros eventos similares de salida.
A partir de la ronda A continúan las series denominadas con las letras B y siguientes. Generalmente, se utiliza el mismo instrumento que el emitido en la Serie A, las acciones privilegiadas convertibles. En cada una de las rondas se darán discusiones entre los accionistas actuales y los que se incorporan, luego de la ronda respectiva en relación con la composición de la junta directiva u órgano similar, con los derechos de veto de los nuevos inversionistas, entre otros asuntos.
Ahora bien, en el caso colombiano, la mayoría de estas rondas de financiación podrían realizarse por las S. A. o las SAS a través de instrumentos como los Boceas (Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones) o los Bocas (Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones) ofrecidos de forma privada a un número de inversionistas que no supere el límite legal para la realización de ofertas públicas (menos de 100 personas determinadas26). Sin embargo, dado que estos instrumentos requieren vencimientos de por lo menos un año, no es claro que necesariamente se adecúen a las necesidades de los emprendimientos o de los inversionistas que pueden tener horizontes o ciclos de inversión de menor plazo.
Por lo tanto, independientemente de la modalidad en la que se realicen las rondas de emisión, es importante que se generen las estructuras jurídicas y los documentos contractuales necesarios para que, por ejemplo, sea posible que a la hora de realizar las conversiones, cualquiera que sea el evento que las genera, existan, por ejemplo, suficientes acciones en reserva para cumplir con la obligación ante el simple cumplimento de la condición y que, así mismo, se realicen las renuncias a los derechos de preferencia que puedan existir a favor de accionistas actuales.
Para resumir, el proceso de consecución de capital en las start-ups usualmente se obtiene en diversas rondas de inversión y a través de diferentes instrumentos de capital, de deuda o la combinación entre estos, de manera que se logre una mejor alineación entre los incentivos de los fundadores y los inversionistas posteriores.
1.1.4. COMPETENCIA
Dentro de las obligaciones materiales que se presentan para las start-ups en general, incluyendo especialmente aquellas que participan en el mercado de servicios financieros, están las relacionadas con la protección de la competencia. En efecto, el arribo de la industria fintech al mercado financiero tiene un impacto positivo en la competencia, ya que expone un nuevo nicho de mercado para disputar con los actores ya establecidos. Así mismo, al proponer nuevos modelos de negocio y soluciones de manera más eficiente que los jugadores constituidos, es muy posible que en su ciclo de vida sean objeto de compra, inversión o alianzas por los mismos. En este apartado se hará hincapié en cómo el respeto de las reglas de competencia es clave en el desarrollo de estos modelos de negocio, ya sea como competencia o complemento de los actores establecidos, y en cómo se han impulsado iniciativas en el país que buscan un rápido crecimiento de la innovación bajo el presupuesto de fomentar la inclusión financiera.
Las start-ups que tienen un enfoque tecnológico cuentan con el potencial de impulsar la economía y la sociedad a través de la reinvención de modelos comerciales convencionales que cambian el ejercicio de la competencia a nivel organizacional. Ello significa que, además del componente jurídico, las empresas privadas también deberían observar estandares éticos que les permitan tener una mayor transparencia, responsabilidad, auditabilidad y control de su impacto sobre la sociedad27.
De hecho, la expansión de la industria requiere la observancia de las normas comerciales, ya que se presentan fallas de mercado, particularmente con relación al posicionamiento de nuevos actores. Sin embargo, estas empresas permiten materializar una verdadera competencia para disputar una posición dominante, ya que las plataformas propenden por una mayor transparencia, la prevención de conflictos de interés y una mayor participación financiera28.
A efectos del Decreto 2153 de 1992, se considera posición dominante “la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un mercado”29. Pero lo que reprocha el ordenamiento jurídico no es encontrarse en dicha posición, sino el abusar de la misma. En esta medida, cuando se incurre en disminución de precios por debajo de los costos para eliminar la competencia, cuando se aplican condiciones discriminatorias y se subordina el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales; cuando se ofrecen en el mercado productos o servicios en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro consumidor o se obstruye el acceso a los mercados, se puede estar incurso en las sanciones que impone la Autoridad de Protección a la Competencia.
De esta manera, se mantiene en esta industria la prohibición del abuso de la posición de dominio y las prácticas anticompetitivas, las cuales constituyen herramientas de política económica para fortalecer la eficiencia y la participación de actores en el mercado30. De acuerdo con ello, la protección de la competencia aplica a todos los sectores y la autoridad que vela por la materialización de dicha garantía constitucional es la Superintendencia de Industria y Comercio31. No obstante, cuando se de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de forma general el responsable de la aplicación de dichas normas es esta Superintendencia32.
La Corte Suprema de Justicia ha reconocido que las empresas financieras cuentan con ciertas prerrogativas al disponer de un enorme poderío económico. Así, gozan de una posición dominante en virtud de la cual pueden predeterminar unilateralmente condiciones autorizadas para realizar, así como administrar, el esquema contractual de los usuarios33. Aún con lo anterior, refirió el Tribunal que ello pone de presente una significativa desigualdad en la negociación, motivo por el cual los intereses de los clientes no pueden menospreciarse34.
Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado indicó que la manifestación de dicha posición de dominio no implica que se puedan imponer condiciones de abuso contractual35. Así que se puede evidenciar que el mercado financiero impone una condición de dominio, pero dicha circunstancia debe ceñirse a la protección del cliente como parte débil de la relación contractual con una entidad financiera36.
En lo tocante con las prácticas anticompetitivas, la prohibición de dichas conductas comprende el respeto de la lealtad y la libertad competitiva que trazó la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992. Por lo tanto, se prohíbe la realización de acuerdos o convenios para limitar la competencia y los actos anticompetitivos. La entrada de fintech es positiva, pero puede generar problemas sistémicos en los bancos constituidos al, entre otros, reducir los márgenes de ganancia37.
De hecho, al hacer énfasis en las obligaciones derivadas del derecho de la competencia, como la prohibición de prácticas restrictivas, es relevante mencionar al open banking u open data, que son a principios de la segunda década del siglo XX, una de las mayores tendencias en el sector de servicios financieros. De acuerdo con la Directiva Europea de Servicios de Pago, el open banking se entiende como el uso de las API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), big data y tecnología de código abierto para desarrollar nuevos productos y servicios financieros38.
Así las cosas, se puede entender al open banking de forma simple como la posibilidad que tienen los consumidores financieros para entregar sus datos de forma segura a quien ellos indiquen39. De manera más técnica el open banking consiste en “el uso de APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) que permiten que terceros a las instituciones financieras construyan aplicaciones y servicios alrededor de dichas instituciones que expongan sus datos o infraestructura”40. Aunque parece un concepto simple, en aquellas jurisdicciones en donde este intercambio o acceso a la información de las instituciones financieras es en algún grado prosible, es pobable que se generen una gran cantidad de oportunidades de negocios para nuevos jugadores que podrían apalancar sus negocios en los datos financieros recolectados por las instituciones constituidas, ya sea como competencia o complemento de las mismas.
Si bien en ciertos países, como el Reino Unido o Brasil41, este intercambio de información es o será en algún grado obligatorio para las entidades financieras, en otros como Colombia han abierto más recientemente la puerta para que este intercambio pueda darse previa autorización expresa de los consumidores financieros (para cierto tipo de información como saldos, transacciones), pero solamente en las condiciones en las que cada entidad financiera determine42, lo que en últimas implica la necesidad de un acuerdo previo con el tercer destinatario de los datos.
En este sentido, las normas que prohíben las prácticas restrictivas de la competencia también deben ser tomadas en cuenta a la hora de estructurar alianzas entre las start-ups y empresas que participan en el mercado financiero cuando nos encontramos frente a transacciones que no necesariamente implican integraciones como las anteriormente descritas. Lo dicho, porque las autoridades de competencia a nivel internacional han comenzado a revisar las implicaciones que puede tener desde su punto de vista el manejo de grandes cantidades de datos de los consumidores, como sucede con las instituciones financieras43.
De esta manera, todos aquellos escenarios en donde se intercambia información a través de plataformas o aplicaciones, sean o no de start-ups, y en los que puedan confluir varias entidades participantes en un mercado relevante, deben ser estructurados de manera que se prevenga una coordinación horizontal entre las mismas en los casos en los que jurídica o técnicamente sea posible conocer la información sensible de los competidores o sus clientes. Así mismo, en ciertos casos el control de los datos de una gran cantidad de personas puede dar a ciertas entidades, en particular a las llamadas big tech, un poder de dominio en los mercados en el que participan, lo que hace que su entrada a mercados como los financieros sea vista con mayor recelo por los reguladores del mundo44.
De otro lado, en relación con el proceso de salida que pueda presentarse por una adquisición por parte de un tercero, que en el caso de las fintech bien podría tratarse de una institución financiera consolidada, es pertinente referirse a las normas relacionadas con las integraciones empresariales que se presentan cuando hay adquisición del control sobre una o varias empresas, entendiendo control como
la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a la que se dedica la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa45.
Vale la pena adicionar que la Superintendencia de Industria y Comercio ha añadido, a este concepto de control, el de control negativo, entendiéndose como la facultad de un accionista para “vetar las decisiones estratégicas que afecten materialmente el desempeño competitivo de las empresas”46.
Ahora bien, solo aquellas integraciones que cumplan con ciertos requisitos subjetivos (aquellas que desarrollan la misma actividad o están en la misma cadena de valor) y objetivos (aquellas cuyos montos de activos e ingresos son superiores a los establecidos individual o conjuntamente47) son del interés del Estado y requieren ser presentadas a la SIC.
Sin embargo, y contrario a lo que podría pensarse, es muy posible que tales criterios se cumplan en las adquisiciones de control accionario de start-ups directa o indirectamente por parte de entidades financieras con participación activa en el mercado respectivo, o en la adquisición de participaciones minoritarias que les den poder de veto sobre ciertas decisiones, como aquellas “relacionadas con la entrada en nuevos mercados, líneas de negocios o productos, la elección o destitución de miembros de la junta directiva, la adopción del plan de negocios y la autorización de una amplia gama de inversiones”48. Lo anterior dado que el umbral de activos o ingresos establecido puede ser fácilmente alcanzable por la mayoría de las entidades financieras.
Vale la pena aclarar que, si bien aquellas integraciones que cumplan los criterios objetivo y subjetivo deben ser notificadas a la SIC, en principio solo aquellas en donde en conjunto las empresas que se integran tengan más del 20 % del mercado relevante deben ser informadas con requisitos adicionales a partir de los cuales pueden ser objetadas, condicionadas o aprobadas por la SIC.
De esta manera, se deja de presente algunas reflexiones sobre el régimen de competencia que rodea la industria fintech en el país. Es evidente que el surgimiento de la industria tiene un impacto positivo en la competencia, en la medida que su enfoque tecnológico tiene el potencial de impulsar la economía y la sociedad. Sin embargo, como ya se ha mencionado con anterioridad, presenta desafíos de seguridad jurídica, por lo que conviene revisar los aspectos societarios y las reglas existentes en materia de libre competencia y prácticas restrictivas que impactan en la regulación comercial.
Así pues, puede decirse que el sector financiero dispone de un enorme poderío económico que le permite ejercer prerrogativas y predeterminar unilateralmente condiciones autorizadas en el esquema contractual de los usuarios, pero ello no obsta para abusar de la negociación o imponer condiciones de abuso contractual. Así mismo, se prohíbe el abuso de la posición de dominio, así como las prácticas anticompetitivas, cuya autoridad a cargo es la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia Financiera, según corresponda el sector de la start-up.
En este sentido, no solo la actividad comercial del día a día de las Fintech, que cobra especial relevancia por la relación asimétrica usualmente existente entre proveedores de servicios financieros y consumidores, debe apegarse a las normas generales de competencia, sino también que dichas normas no pueden perderse de vista ante aquellos hitos en el ciclo de vida empresarial que impliquen integraciones como las fusiones o adquisiciones de las que pueden ser objeto por parte de actores constituidos en el mercado financiero, o incluso en el marco de alianzas que involucren intercambios de datos.
1.2. ASPECTOS DINÁMICOS
1.2.1. GENERALIDADES DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Una vez revisados los aspectos societarios básicos, de financiación y de situaciones de interés del derecho de la competencia de la industria de fintech, es menester recalcar la importancia de diseñar una estrategia ética y de cumplimiento corporativo que se ajuste a los requisitos del ordenamiento jurídico en el sector y la posible operación supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por lo tanto, este apartado hará hincapié en la razón de ser de un sistema para gestionar los riesgos, su regulación en Colombia y cómo se puede articular este régimen normativo con la tecnología.
El cumplimiento se remonta al documento “Compliance and the Compliance Function in Banks”, publicado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el cual lo definió como
el riesgo de sanciones legales o reglamentarias, pérdida financiera importante o pérdida de reputación que puede sufrir un banco como resultado de su incumplimiento de las leyes, reglamentos, normas, normas de organización autorreguladora conexas y códigos de conducta aplicables a sus actividades bancarias49.
Es decir, se planteó la necesidad de un modelo que presenta una mayor observación de leyes y reglas con el objetivo de adoptar un marco ético de conducta.
Como resultado, esta estrategia busca prevenir el blanqueo de dinero y combatir las infracciones a la reglamentación financiera, la financiación del terrorismo, los conflictos de intereses y el incumplimiento fiscal50. Sin embargo, la propuesta resultó de tal importancia que el modelo se ha extendido más allá del área financiera y en la actualidad se puede hacer referencia al compliance para gestionar la innovación, proteger la privacidad, la sana competencia, la seguridad de la información, así como para prevenir los actos de corrupción51.
Así las cosas, para el abogado Rafael Carrau, el cumplimiento en pymes hace referencia a la adopción de modelos organizacionales dentro de una start-up para prevenir el riesgo de incumplimiento normativo o sancionatorio52. Se trata del ejercicio del gobierno corporativo para tomar la decisión de adoptar un sistema de cumplimiento dentro de cada una de las áreas de la compañía.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la adopción de un programa de este tipo no funciona a modo de eximente o atenuador de la responsabilidad, sino que, por el contrario, tiene como fin un carácter preventivo que disminuye la concreción de los riesgos53. En tal sentido, un programa de cumplimiento eficiente tiene la intención de efectuar el marco normativo para adoptarlo con idoneidad y corregir factores de incumplimiento.
Ahora, gran parte de la iniciativa de adopción de códigos de conducta en el sector privado se puede encontrar en el bloque de constitucionalidad, en tanto que Colombia se adhirió a la Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción y el soborno en las transacciones comerciales internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores en transacciones comerciales internacionales54.
De hecho, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la formación de un marco legislativo, reglamentario e institucional de gobierno corporativo es coherente con el Estado de derecho y respalda una supervisión eficaz para la equidad de los mercados55. La adopción de mecanismos de transparencia no debe ser visto como una carga administrativa o una forma de exponer la competitividad empresarial, sino que se trata de que los directivos puedan tomar decisiones informadas56.
Con relación a ello, la jurisprudencia ha señalado que la intención de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción se ajusta plenamente a la filosofía y principios de la Constitución Política, en el entendido de que dichos fenómenos “atentan contra las bases mismas de la organización jurídico-política por la que optó el Constituyente, y contra sus principios y valores fundamentales”57.
La actividad económica y la iniciativa privada son libres en Colombia y no se podrían exigir requisitos de cumplimiento sin autorización de la ley, de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución Política58. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las actividades financiera y bursátil, al ser de interés público, pueden ser ejercidas solo con previa autorización del Estado59, razón por la cual las incitativas fintech pueden requerir ceñirse a los requisitos reglamentarios del sector financiero. En tal sentido, la Superintendencia Financiera es la encargada de otorgar dichas autorizaciones de operación, ya que es el organismo mediante el cual el presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen la actividad financiera y aseguradora60.
Así mismo, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece la obligación y control de actividades delictivas, en las que se puede identificar un componente preponderante de cumplimiento para las actividades fintech: el artículo 102 del Estatuto. Dicho artículo establece que las instituciones vigiladas “deberán adoptar mecanismos y reglas de conducta que deberán observar sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios”61. En sentido similar, el artículo 325 del Código Penal señala que el miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera que omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control incurrirá en el delito de omisión de control62.
No hay que olvidar que la Corte Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, indicando que “corresponde a los administradores gestionar las empresas evitando que al abrigo de su objeto social se violen las normas penales y se generen daños a la sociedad”63, por lo que el ordenamiento permite sancionar el abuso del esquema societario implicando a sus gestores con medidas privativas de la libertad. Lo anterior en adición a las normas que permiten el levantamiento del velo corporativo, o la inaplicación de la responsabilidad limitada de los accionistas, cuando las sociedades sean utilizadas en fraude a la ley o terceros.
Así mismo, dentro de las medidas anticorrupción que presentó la Ley 1474 de 2011, se puede identificar la previsión de inhabilidades para servidores públicos, la obligación de los revisores fiscales de denunciar actos de corrupción y denunciar la presunta realización de delitos detectados en el ejercicio de su cargo, la creación del Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social, la creación de los tipos penales de corrupción privada, administración desleal, la utilización indebida de información privilegiada, la evasión fiscal, el peculado y los fraudes64. Se trata de indicadores normativos que señalan lo importante que es adecuar conductas éticas en el aparato organizacional de una start-up.
La Ley 1778 de 2016, finalmente, presenta un programa de ética empresarial, de acuerdo con el cual las personas jurídicas deben adoptar programas de transparencia y ética empresarial, que estipulen mecanismos internos de anticorrupción y normas de auditoría para que empleados, contratistas, administradores o asociados, actúen dentro de los presupuestos del marco jurídico aplicable.
De acuerdo con lo anterior, la Superintendencia de Sociedades expidió la Resolución 100-002657 del 25 de julio de 2016, la cual indica que el Programa de Ética Empresarial debe ser adoptado por las sociedades vigiladas por dicha entidad, cuando en el año inmediatamente anterior hayan realizado negocios de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras65. Dentro de la normativa se señala expresamente el sector de tecnologías de la información y comunicaciones, razón por la cual cuando se superen los montos establecidos, se tendrán que implementar programas de debida diligencia, aún si se trata de una start-up que no maneja recursos del público66.
De manera que conviene aplicar debida diligencia en los aspectos legales, contables y financieros, con el objetivo de identificar y evaluar los riesgos de incurrir en esta conducta. Se plantea que la implementación del programa requiere la asignación de un oficial de cumplimiento, que cuente con funciones de dirección, confianza o manejo, así como con autonomía y los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para la puesta en marcha del programa67.
Así mismo, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades refiere la importancia del autocontrol y gestión del riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), en los que los sectores señalados por dicha entidad68 tienen la obligación de la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo69. El programa de cumplimiento debe ser diseñado por representante legal y el oficial de cumplimiento, quienes lo llevarán al máximo órgano social de la compañía para su aprobación, por lo que debe contar en acta de la reunión correspondiente70.
Por su parte, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala que las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, para hacer frente al “ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas”71.
Así pues, las organizaciones tienen la responsabilidad de adoptar mecanismos y reglas de conducta que permitan que sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios actúen conforme a derecho72. Los mecanismos de control y de auditoría relacionan transacciones, operaciones o saldos cuyas cuantías son establecidas por cada entidad estatal, dependiendo del tipo de actividad73.
Lo anterior presenta un escenario en donde los emprendimientos, además de atender a las cuestiones jurídicas propias de su objeto social, deben diseñar un marco ético organizacional, en el que la Unidad de Información y Análisis Financiero es el órgano encargado de la detección, prevención y la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas74. Para facilitar dicha labor se estableció el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con base en la información que deben reportar las entidades vigiladas75.
Desde estos presupuestos, la robustez del sistema de control interno depende del tamaño de la organización, el valor de los activos e ingresos, la existencia o no de recursos captados del público y la naturaleza de las actividades propias de su objeto social, por lo que no existe una fórmula única de cumplimiento para una start-up en el sector financiero76. Ahora, en el caso de las entidades vigiladas, el oficial de cumplimiento debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por los elementos descritos en la Circular Externa 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera, los cuales están relacionados con aspectos personales e institucionales, pero no está incluido el tema de la profesión77.
Así las cosas, los programas de cumplimiento se han orientado a una regulación basada en el riesgo atenuado por normas prudenciales y de conducta, motivo por el cual a cada una de las organizaciones financieras le incumbe prever un sistema de control interno eficiente para surtir una suerte de cooperación entre el supervisor y las organizaciones vigiladas78. Antes bien, el cumplimiento no significa que se deban crear obstáculos innecesarios en las actividades de las start-ups, sino que se respete la autonomía de los particulares y el ámbito de disposición de intereses79.
Una conducta estratégica de debida diligencia pretende adecuar el componente humano de cada dependencia de la organización a los aspectos reglados por el ordenamiento jurídico, que, para el caso de Colombia, se puede desagregar en diferentes aristas. En primer lugar, la prevención, detección, sanción y reducción de la corrupción, la vigilancia del lavado de activos y la financiación del terrorismo y otros delitos conexos80; y en segundo lugar, los programas de cumplimiento para combatir conductas de soborno transnacional.
Ahondando en el sector de la tecnología, los emprendedores Alexandre Glas y Marcin Truszel manifiestan que la aparición del concepto de “fintech” esbozó la existencia de un nuevo modelo de negocio que representó una línea financiera basada en la experiencia del usuario y la prestación de servicios de forma desagregada81. Esto suscitó inconvenientes regulatorios, ya que ante la ausencia de reglamentos específicos para la aplicación de la tecnología en el sistema financiero, las start-ups optaron por plantear esquemas propios de cumplimiento que demostraron que su objeto social se encontraba ajustado a derecho82.
La posibilidad de ofrecer servicios financieros mediante el uso de la tecnología resultó ser una novedad en el sector, porque hasta entonces se habían previsto sistemas para la toma de decisiones en la gestión de riesgos, pero no existía un enfoque basado en el usuario83. De acuerdo con el profesor Kenneth A. Bamberger, para entonces los sistemas de cumplimiento basados en tecnología presentaban contextos de incomprensión, en los que se oscurecía el verdadero sentido de la norma84.
Pero, gracias a los recientes avances en materia de las tecnologías emergentes, este cuestionamiento parece haberse superado de conformidad con lo señalado por el Centro de Innovación del Bank for International Settlements, entidad que aclara que regtech “se refiere a la aplicación de Fintech para los requisitos de reglamentación y cumplimiento y la presentación de informes por parte de las instituciones financieras reguladas”85.
A su vez, una investigación presentada por los profesores Tom Butler y Leona O’Brien indicó que, debido a la gran carga regulatoria de la actividad financiera, los emprendedores se han visto en la necesidad de incurrir en altos costos de asesores y servicios profesionales que resultan en perjuicio de los modelos de sostenimiento86. No obstante, el profesor Nizan Geslevich plantea que las nuevas discusiones sobre regulación de la tecnología (regtech), permiten que la innovación abra camino a un modelo de supervisión cooperativa, en el cual los entes de control guíen a las instituciones financieras en la búsqueda de un cumplimiento adecuado, y a su vez, estas cooperen activamente en la conformación de directrices y buenas prácticas87.
Dentro de los desafíos que se deben tener en cuenta en la implementación de un programa compliance en fintech están los requisitos regulatorios, el impacto de tales normativas en las actividades empresariales y su relación con la política, los riesgos propios de los productos financieros, la relación con los modelos comerciales, el riesgo reputacional, los derechos de consumo88 y las vicisitudes del uso de tecnologías de la información (seguridad de la información, protección de datos personales y portabilidad)89.
Los nuevos fenómenos disruptivos del sector financiero llevan a repensar la forma en la que el supervisor ejerce sus competencias con el objetivo de desarrollar un ecosistema de “Banking for a Smart Society”90. Por lo tanto, la tendencia apunta a adoptar Regtech para implementar sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y gestionar el riesgo de una forma automatizada91.
En el entretanto, el legislador y las autoridades administrativas han expedido nuevas regulaciones que pretenden dotar de mayor seguridad jurídica a la industria fintech. Es el caso de la Ley 1735 de 2014, la cual definió la categoría de Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) para referirse a organizaciones que captan recursos del público exclusivamente a través de los depósitos de bajo monto contenidos en el Decreto 2555 de 2010.
Sin embargo, al captar recursos del público, este tipo de instituciones tiene el deber de cumplir con las mismas obligaciones que tienen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, motivo por el cual para la prestación de los servicios y productos electrónicos se debe observar el régimen legal vigente, incluyendo el oficial de cumplimiento92. Así mismo, los depósitos captados por las SEDPES deben contar con el amparo de un seguro de depósitos en caso de liquidación forzosa administrativa, por lo que es un requisito para la constitución de la sociedad ante la Superintendencia Financiera93.
Con miras a ampliar la brecha de inclusión financiera, el Decreto 2443 de 2018 autorizó a los establecimientos de crédito, a las sociedades de servicios financieros y sociedades de capitalización, poseer acciones o cuotas en sociedades que apliquen innovaciones y tecnologías conexas con el desarrollo del objeto social de las entidades financieras inversoras, para lo cual surge la denominación de “sociedades de innovación” y “fintech”94. No obstante, se prohíbe que estas últimas posean cuotas o partes de interés en sociedades de carácter cooperativo, establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros o sociedades de capitalización que posean acciones o cuotas en su capital95.
Igualmente, el Decreto 1357 de 2018 permitió la simplificación de procesos operativos y el acceso a fuentes de financiación creando la figura del crowdfunding o financiación colaborativa de cara a la profundización financiera. Así, el Gobierno nacional creó la figura de sociedades de financiación colaborativa, que requieren ser sociedades anónimas de objeto exclusivo sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera.
Si bien la prestación del servicio se realiza por medio de una infraestructura electrónica, esta debe “disponer de procedimientos administrativos y contables adecuados, mecanismos de control interno, técnicas eficaces de administración y control de riesgos y mecanismos eficaces de control y salvaguardia de sus sistemas informáticos”96, los cuales se moderan considerando el tamaño, frecuencia y complejidad de los negocios que a través de dichos sistemas se realicen o registren.
Por ello, las sociedades de financiación colaborativa deben cumplir con el trámite de autorización previsto en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y ajustar su operación con las normas de cumplimiento que se han estudiado con anterioridad. De acuerdo con el Decreto 1357 de 2018, se debe llevar registro de las operaciones de financiación, adelantar los procedimientos de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para los receptores y aportantes, divulgar políticas para la prevención, identificación, revelación y administración de los conflictos de interés, así como poner a disposición de las autoridades competentes la información que conozca, relacionada con posibles actuaciones o situaciones que puedan llegar a configurar conductas fraudulentas o ilegales97.
Debido a que el uso de la tecnología implica nuevos riesgos, la Superintendencia Financiera impartió instrucciones con relación a los requerimientos mínimos para la gestión del riesgo de ciberseguridad. Las circulares externas 007 de 2018 y 008 de 2008 adicionaron el capítulo V sobre requerimientos mínimos para la gestión del riesgo de ciberseguridad al Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, en la que se señala que “las entidades deben contar con políticas, procedimientos y recursos técnicos y humanos necesarios para gestionar efectivamente el riesgo de ciberseguridad”98.
En este sentido, corresponde evaluar el riesgo de ciberseguridad en la entidad y adoptar una política que contenga principios, procedimientos y lineamientos aprobados por la junta directiva. En este caso, el responsable no será el oficial de cumplimiento, sino la unidad de seguridad de información y ciberseguridad, quien gestionará la seguridad de la información y llevará la implementación de un sistema de gestión para la ciberseguridad99.
Al respecto, la Circular 029 de 2019 de la Superintendencia Financiera señala que las entidades requieren disponer de los procedimientos y controles necesarios para manejar la información en condiciones de seguridad y calidad, y a su vez, contar con estrategias de omnicanalidad que se ajusten al modelo de negocio de la entidad y las políticas de gestión de riesgos100. El Supervisor reconoce la transformación digital del sector, por lo que autorizó de manera general a las entidades vigiladas para “adoptar tecnologías como realidad aumentada, la internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, big data, robots, entre otras, cuando lo consideren pertinente para mejorar la prestación de servicios a los consumidores financieros y optimizar sus procesos”101. Sin embargo, para esta adopción, la entidad “debe realizar una adecuada gestión de los riesgos asociados a la tecnología adoptada, verificar de manera regular la efectividad de los controles implementados y dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de protección de datos y habeas data”102.
Por su parte, la Política Pública de Formalización Empresarial del Documento Conpes 3956 de 2019, buscó la productividad y competitividad de las start-ups, para lo cual estableció que debe disminuir la carga regulatoria para la formalización empresarial y fortalecerse las actividades de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de las regulaciones103. De ahí que el artículo 166 de la Ley 1955 de 2019 estableciera que las empresas de desarrollos tecnológicos innovadores que quisieran realizar actividades propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, podrán obtener un certificado para operar de forma temporal durante dos años104.
De la mano con esta nueva estrategia de flexibilización en el sector fintech, se expidió el Decreto 222 de 2020, el cual incorpora las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos a la lista de operaciones autorizadas en depósitos de bajo monto y ordinarios, por lo que hay una suerte de facilidades para ofrecer este tipo de producto en el mercado financiero. Hay que tener en cuenta que la norma señala que se mantienen los procedimientos ordinarios
en materia de conocimiento del cliente, seguridad y calidad para el manejo de la información y los requisitos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, establecidos por la Superintendencia Financiera y La Superintendencia de la Economía Solidaria para sus entidades vigiladas, respectivamente105.
Pese a que se ha descrito la mayor parte de la legislación aplicable en materia de cumplimiento para entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, se debe resaltar que no todas las fintech se encuadran en esta situación (p. ej., prestan pero no captan), por lo que sus productos o servicios son regulados o supervisados por otros entes de vigilancia y control, razón por la cual el oficial de cumplimiento debe considerar que hay otros supervisores en el ordenamiento jurídico, como lo puede ser la Superintendencia de Sociedades, el Banco de la República, la Superintendencia de Industria Comercio, entre otras entidades.
Una vez referidas las generalidades sobre el cumplimiento, vale la pena señalar brevemente que la start-up no será vigilada por la Superintendencia Financiera106 si no realiza actividades vigiladas dentro de las que se encuentra, entre otras, la captación y administración de los recursos del público107.
Debe entenderse captación de recursos “la recepción o recaudo masivo de dinero sin prever como contraprestación un bien o servicio”108. Es decir, el dinero se entrega a título de mutuo o crédito para ser custodiado y entregado cuando se cumplen las condiciones del acuerdo, pero esta es una actividad que se encuentra sujeta al interés público, y por ello, solo puede ser ejercida con previa autorización de la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Al respecto, la Corte Constitucional señala que “la actividad financiera es de interés general, pues en ella está comprometida la ecuación ahorroinversión que juega papel fundamental en el desarrollo económico de los pueblos”109, razón por la cual esta tarea de intermediación requiere ser autorizada y supervisada por el Estado. El desarrollo económico corresponde con los fines del Estado y por ello la democratización del crédito mediante una distribución equitativa comprende los intereses generales de esta actividad.
De ahí la razón de contemplar delitos para proteger el orden público económico que, para el presente caso, comprende una pena privativa de la libertad para el tipo penal de captación masiva y habitual de dineros. Así que el que “desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión”110.
La tipología de esta conducta está dada por las “distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las autoridades”111. Ello tiene tal importancia, que se vio la necesidad de decretar una emergencia social para enfrentar la crisis generada por dicho fenómeno.
En tal sentido, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han señalado que se configura la captación masiva si “la persona natural o jurídica ha recibido dinero de más de 20 personas o, sin importar el número de personas, ha pactado 50 o más obligaciones o pasivos que impliquen la devolución del dinero sin dar a cambio un bien o servicio”112. Igualmente, si ha celebrado 20 contratos de mandato en un período de tres meses consecutivos, o en cualquier caso, si la suma de las operaciones supera el 50 % del patrimonio líquido113.
Así las cosas, se puede decantar que la figura del cumplimiento normativo hace referencia a la gestión del riesgo de sanciones legales o reglamentarias, y que, si bien surge en el sector financiero, el modelo se ha extendido a las cuestiones societarias y de la innovación. En consecuencia, se trata del ejercicio del gobierno corporativo para adoptar un sistema dentro del cual se fomente un proceder ético en cada una de las áreas de la start-up.
El ejercicio de la ética empresarial trata de adoptar programas de transparencia que estipulen mecanismos internos para la anticorrupción y normas de auditoría para todas las áreas de la compañía. La normativa colombiana señala expresamente que el sector financiero, así como el de las tecnologías de la información y comunicaciones, deben implementar programas de debida diligencia.
Por ende, el representante legal y el oficial de cumplimiento deben diseñar el programa atendiendo el tamaño de la organización, el valor de los activos e ingresos, los recursos captados del público (de existir) y la naturaleza de las actividades. Así, es finalmente el órgano competente de la compañía el encargado de su aprobación.
El programa compliance en fintech puede presentar desafíos adicionales, porque más allá de los requisitos regulatorios tradicionales, se ven en la necesidad de considerar las vicisitudes propias del uso de tecnologías de la información, como lo es la seguridad de la información y la protección de datos personales. Así mismo, hay un fenómeno de promoción de la seguridad jurídica en este sector, pero pese a que hay una suerte de flexibilización, es necesario disponer de procedimientos administrativos y contables adecuados y mecanismos de control interno en torno a los sistemas electrónicos que la industria utiliza.
Finalmente, el programa de cumplimiento sigue aplicando respecto de los otros supervisores cuando no se capten o administren recursos del público, y en tal caso, resulta conveniente tener el soporte de cumplimiento por parte de los terceros asociados a la start-up que sí hagan parte formal del sistema financiero.
1.2.2. DATOS PERSONALES
La privacidad no es un asunto nuevo para el sector financiero y los bancos tradicionalmente han hecho uso de datos financieros o crediticios para calificar el riesgo de sus usuarios. Sin embargo, el mejoramiento de la analítica de datos y el uso de sistema automatizados representan nuevos desafíos para tener en cuenta dentro del entorno de cumplimiento en el sector fintech. Este apartado aborda estos aspectos de innovación en el sector financiero y presenta el marco regulatorio que le asiste a la protección de la información personal.
Una de las novedades de la transformación digital en servicios financieros es la posibilidad de hacer uso de grandes cantidades de datos para mejorar la productividad y los rendimientos de una compañía114. Para ello, es necesario organizar la información de forma estructurada y crear una metodología que depure la información irrelevante para procesarla automaticamente con sistemas de análitica avanzada o inteligencia artificial.
En este escenario, las start-ups con enfoque fintech adquieren relevancia porque pueden recopilar datos de forma más precisa y estructurada para evaluar el grado de riesgo crediticio con información diferente a la que tradicionalmente se usa en el sector. De hecho, tal y como señala el profesor Claudio Scardovi, “los bancos y las aseguradoras solían confiar sólo en lo que los clientes y las agencias externas de crédito y actuariales les decían”115. Ahora las plataformas digitales pueden acceder a una gran cantidad de datos en tiempo real, con la finalidad de analizar y elaborar un perfil más específico, e incluso, personalizar los productos que les ofrecen.
El modelo de negocio basado en soluciones tecnológicas permite que se realicen acuerdos o alianzas comerciales con otros actores, cuyo objetivo es integrar productos y servicios para ampliar el alcance de la actividad a otros nichos del mercado. En consecuencia, hay un crecimiento exponencial de las bases de datos y del alcance de segmentación de los mismos, ya que se puede hacer uso de servicios de rastreo web o del dispositivo móvil para el estudio automatizado del comportamiento de los usuarios116.
El uso masivo de estos datos significa que las fintech pueden responder a la demanda del mercado de forma más precisa y llegar cada vez a más plataformas. Incluso, la implementación de soluciones de innovación dota de una mayor escalabilidad, razón por la cual una start-up puede abordar diversas esferas de la actividad financiera, como lo pueden ser los pagos, préstamos y servicios de gestión de patrimonio117.
Sin embargo, las reglamentaciones sobre la protección de datos personales se han venido robusteciendo en los últimos años y los responsables del tratamiento de información personal adquieren cada vez más deberes, de conformidad con la política nacional de cada país. Después de todo, el régimen de protección de datos es “un factor decisivo en la viabilidad y eficacia de los modelos de negocio digital emergentes”118.
Para el caso colombiano, el derecho que tienen las personas respecto de su intimidad personal, así como el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, está previsto en el artículo 15 de la Constitución Política. Se trata de la “facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante los demás”119.
Debido a su alcance constitucional, las empresas tienen la responsabilidad de implementar una política de tratamiento de datos personales120, en la que se indique en un lenguaje claro y sencillo la identificación del responsable, el tratamiento y uso que se le dará a los datos personales, los derechos y deberes, el área designada por la organización para atender peticiones, quejas y consultas, el procedimiento para ejercer el derecho de habeas data y el período de vigencia de la base de datos121.
En tal sentido, una empresa debe cumplir el régimen general de protección de datos personales de la Ley 1581 de 2012, y en caso de contar con bases de datos que involucren información de carácter financiero, se adiciona al programa de cumplimiento la Ley 1266 de 2008 sobre habeas data financiero, crediticio, comercial y de servicios.
Así mismo, el principio de responsabilidad demostrada exige que la organización debe ser capaz de demostrar que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con la normatividad existente, sin importar que se trate del procesamiento por conducto de mecanismos automatizados122. De modo que, en caso de un requerimiento de la Delegatura de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, es menester proporcionar una descripción detallada de las operaciones de tratamiento de datos personales, una evaluación de los riesgos específicos para los derechos y libertades, así como la identificación y clasificación de riesgos y las medidas para mitigarlos, conforme con el manual interno de políticas y procedimientos de la empresa123.
Los principios que guían el tratamiento de las bases de datos de carácter financiero son fundamentales en la actividad comercial, ya que se trata de información que sirve para calificar el riesgo crediticio de los usuarios. De ahí la importancia de que los datos sean veraces, completos, exactos y actualizados, conforme a la relación contractual con el cliente, y a su vez, de que estos cuenten con medidas técnicas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado124. De conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1266 de 2008, los responsables deberán actualizar la información reportada con una periodicidad no superior a diez días calendario.
A diferencia de lo que ocurre con la Ley 1581 de 2012, la información financiera recolectada o suministrada puede ser entregada, además de al titular, a los usuarios de la información, las entidades públicas del poder ejecutivo, los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o administrativa, y a otros operadores de datos autorizados por la ley125. En todo caso, el titular tiene derecho a solicitar información acerca de los usuarios autorizados para obtener su información financiera126.
En cuando al reporte negativo sobre el incumplimiento de las obligaciones, la ley exige que antes de realizar el reporte, se debe dar comunicación previa al titular de la información para que este demuestre su pago o efectúe el pago de la misma127. Igualmente, el término previsto para reportes negativos es de cuatro años, contados a partir del pago de la obligación vencida. Para el caso de reportes positivos se mantiene de forma indefinida128.
Así las cosas, el derecho al habeas data financiero ha sido definido en la jurisprudencia
como el derecho que tiene todo individuo a conocer, actualizar y rectificar su información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales de información públicas o privadas, que tienen como función recopilar, tratar y circular esos datos con el fin de determinar el nivel de riesgo financiero de su titular129.
Esto es considerado derecho fundamental, autónomo y diferenciable al habeas data tradicional.
En otra perspectiva, el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 estableció el deber de instaurar el Registro Nacional de Bases de Datos como un directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país, la cual está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para tal fin, el Decreto 886 de 2014 y el Decreto 1074 de 2015 reglamentaron la materia, por lo que los responsables del tratamiento de información personal deben inscribir cada una de las bases de datos que contengan datos personales sujetos a tratamiento.
En decir, los responsables tienen la obligación de aportar las políticas del tratamiento a la autoridad competente, adecuándose al manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación y reglamentos de la autoridad administrativa130. No obstante, los criterios de registro se han ido morigerando y conforme con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 090 de 2018, quienes están obligados a llevar a cabo el registro son las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 Unidades de Valor Tributario, además de personas jurídicas de naturaleza pública.
Ahora, si la operación del negocio y el tratamiento de la información personal se realiza mediante el uso de computación en nube, las legislaciones exigen mantener la protección y seguridad de los datos con limitaciones de ámbito jurisdiccional131. Por consiguiente, la Superintendencia Financiera aceptó el uso de la tecnología de computación en la nube respecto de las entidades vigiladas, pero manifiesta la obligatoriedad del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) y el establecimiento de controles de seguridad para la protección de los datos en ambientes virtualizados, lo que impone condiciones en materia de selección del proveedor del servicio.
El proveedor del servicio de nube debe procesar la información conforme con las normas equivalentes o superiores a las aplicables en Colombia, y tiene que tomar “las medidas necesarias para garantizar que, en el evento de toma de posesión, la SFC, Fogafín, Fogacoop, o quienes estas designen, puedan acceder a la información y a la administración de los sistemas de información que operan en la nube”132.
Al compaginar todo este asunto con el área de cumplimiento, se puede decir que la Delegatura de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio no ha establecido la obligatoriedad de la figura del oficial de protección de datos personales, pero el artículo 23 del Decreto 1377 de 2013 sí establece que todo responsable o encargado debe designar una persona o área encargada de dar trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de sus derechos. La designación puede coincidir con la del oficial de cumplimiento, pero no puede perderse de vista que el programa de cumplimiento ético es sustancialmente diferente de la estructuración, diseño y administración del programa de protección de datos personales.
Además de lo expuesto hasta el momento, vale la pena resaltar que la normatividad en Colombia se ajusta a los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos Europeos, a través de la legislación nacional en la materia y los pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que si bien la Ley 1581 de 2015 no contempló expresamente el procedimiento automatizado de datos personales, sí definió principios que son aplicables a cualquier clase de tratamiento, incluido el resultante respecto del uso de herramientas basadas en inteligencia artificial133.
Al respecto, la Corte Constitucional hizo referencia a la existencia de la administración automatizada de datos personales financieros, por lo que se debe respetar la cláusula general de libertad para que el titular pueda controlar la información que de sí mismo ha sido recopilada por una central de información, a fin de evitar el abuso del poder informático en las entidades financieras134. Igualmente, agregó sobre el régimen general de datos personales, que el sujeto concernido mantiene en todo momento las facultades de conocimiento, actualización y rectificación de la información personal contenida en las bases de datos135.
Se puede concluir, entonces, que la protección de datos personales es uno de los pilares más importantes en el marco del cumplimiento normativo de una start-up, al tratarse de un derecho constitucional desarrollado ampliamente por la ley y la jurisprudencia. El oficial de protección de datos personales o quien haga sus veces, debe diferenciar entre el régimen general de protección de datos personales de la Ley 1581 de 2012 y el habeas data financiero de la Ley 1266 de 2008, para diseñar una política de tratamiento de datos. La start-up debe diseñar también un manual interno de políticas y procedimientos que demuestre a la autoridad de datos personales las medidas implantadas para mitigar los riesgos.
Hay reglas específicas para el tratamiento de información financiera, ya que la información financiera recolectada o suministrada puede ser entregada a otros actores relevantes del sector, pero el titular tiene derecho a conocer con quienes se han compartido sus datos. En cuanto al reporte negativo sobre el incumplimiento de las obligaciones, la ley indica que el término previsto para reportes negativos es de cuatro años, contados a partir del pago de la obligación vencida; para el caso de reportes positivos se mantiene de forma indefinida.
La jurisprudencia señala un carácter diferencial respecto al ejercicio de protección de datos personales de carácter general y los de carácter financiero, por lo que se debe respetar la cláusula general de libertad para que los titulares controlen la información que sobre sí mismo reposa en una central de información.
1.2.3. LA GOBERNANZA ÉTICA DE LAS START-UPS
Además de la reglamentación existente con relación a la protección de datos personales, el derecho comparado ha desarrollado un modelo marco de principios rectores, el cual propone estructuras y medidas de gobernanza interna de cara a la participación humana en la toma de decisiones de inteligencia artificial. De esta manera se sugiere que ante la penumbra que puede existir entre jurisdicciones y sectores industriales, se adopten principios éticos en prácticas organizacionales para el intercambio de datos136.
En consecuencia, para la promoción del uso responsable de la inteligencia artificial resulta conveniente contar con una estructura corporativa ajustada a medidas de gobernanza internas, de acuerdo con las cuales se incorporen valores, riesgos y responsabilidades en la promoción y uso de algoritmos en el ejercicio del objeto social137.
Si bien estas son consideraciones éticas, es posible integrar estas buenas prácticas como un valor corporativo y acoplarlo al cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada, propio de nuestro ordenamiento jurídico. No se puede pasar por alto que “la ética permite a las organizaciones anticiparse y evitar o al menos minimizar errores costosos”138. Al respecto, Mark Coeckelbergh señala que el derecho tendrá que involucrar estrategias regulatorias más fuertes sobre el uso de prácticas que van contra la ética en la inteligencia artificial, pero que en el entretanto, las medidas tecnológicas, los códigos de ética y la educación pueden exteriorizar un ecosistema de transparencia139.
De hecho, la supervisión apropiada respecto de la implementación de la tecnología facilita una mejor gestión de riesgos asociados con el uso excesivo o inadecuado de inteligencia artificial140. Se trata de promover las garantías fundamentales mediante el fomento de la agencia humana, sin eliminar la responsabilidad propia de la start-up.
La gobernanza ética de los sistemas de inteligencia artificial es entonces un aspecto que deben tener en cuenta las fintech, pues el uso de estos sistemas expone problemas de transparencia, responsabilidad, control y explicabilidad algorítmica, que en todo caso pueden vulnerar los derechos humanos y desafiar la intervención del Estado en la economía141. En tal sentido, la adopción de programas de cumplimiento que relacionen el componente tecnológico (más allá de la protección de datos netos), crea un entorno de confianza y de responsabilidades claras con los usuarios y los entes de control142.
Por lo tanto, la start-up puede crear un órgano de coordinación que asigne responsabilidades y actividades al personal relacionados con el despliegue y uso de algoritmos automatizados que, para la consecución de los fines ya expuestos, comprendan el núcleo esencial de la protección a la privacidad y reciban la orientación necesaria para surtir los posibles efectos adversos de su uso143. Así mismo, tiene que surtirse de procedimientos internos para determinar las decisiones que serán automatizadas, evaluar y gestionar la inexactitud o sesgos dentro del algoritmo y estar en capacidad de ofrecer explicaciones sobre las predicciones o modelos propios del diseño de la IA144.
Para facilitar la adopción de esta iniciativa, el gobierno de Singapur optó por crear una auditoría de seguridad que complemente a las organizaciones en la evaluación y alineación de sus prácticas y procesos de gobernanza. El modelo analiza la complejidad tecnológica de las start-ups y la probabilidad de impacto de una decisión autónoma en los derechos individuales145.
Dicho lo anterior, se puede recalcar que la gobernanza ética de los sistemas de inteligencia artificial son un presupuesto para los programas de cumplimiento en las fintech, pues el uso de estos sistemas expone problemas de transparencia, responsabilidad, control y explicabilidad algorítmica, que pueden llegar a vulnerar derechos humanos y a desafiar la intervención del Estado en la economía.
1.2.4. PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN FINANCIERA
Debido a que el sector financiero es uno de los aspectos mayormente regulados en Colombia, presenta dificultades para reinventar sus modelos de negocios y, por ende, creas productos y servicios de carácter innovador. Esta sección busca exponer el marco de promoción fintech en Colombia y algunos retos jurídicos que tendrán que abordarse respecto a los criptoactivos en el marco de la creación de una zona de experimentación.
El Decreto 2338 de 2015 presentó un nuevo escenario para el acceso y uso de productos y servicios fintech con la creación de la Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera. Allí se estableció la Subcomisión Técnica de Fintech, que a través de cinco mesas de trabajo enfocó tareas para estudiar la identidad digital, la asesoría, los medios de pago electrónicos, blockchain e insurtech146.
Se trató de una de las primeras iniciativas del Gobierno nacional para equilibrar la balanza y darles mayores oportunidades a las start-ups para incursionar en cuestiones fintech, siguiendo las experiencias del derecho comparado. De esta forma, comienza una cultura de transformación operacional en los productos y servicios basados en la innovación y el uso de nuevas tecnologías, que permiten promover una mayor inclusión a sectores de la población excluidos o subatendidos en el sistema financiero147.
Ya se habían dado algunos avances con la Ley 1450 de 2011, la cual pretendió reducir la brecha a través de la expansión de la cobertura y la oferta financiera en lugares apartados, en donde los corresponsables ocuparon un rol fundamental, previo a la llegada de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPES)148; pero es la Ley 1955 de 2019 la reglamentación que abre el camino a una verdadera política de promoción de la competencia fintech en Colombia.
El artículo 166 se refirió a la constitución de empresas de desarrollos tecnológicos innovadores dentro del sector financiero y a la posibilidad de obtener un certificado de operación temporal149. Desde entonces, la innovación financiera se convirtió en un instrumento de política pública con la finalidad de facilitar la inclusión financiera y la competitividad y, en consecuencia, el Gobierno nacional impulsó la creación de un espacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera150.
Los areneros de experimentación o sandbox regulatorios buscan promover espacios de innovación regulatoria donde se pueda diseñar, expedir, probar y analizar regulación experimental, de tal forma que se pueda medir su potencial impacto en entornos controlados que luego permitan que dichas normas experimentales se conviertan en permanentes previo agotamiento de los trámites y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico151. De esta manera se puede evidenciar que, bajo ciertas circunstancias152, las areneras regulatorias resultan ser una novedad conveniente en el sector financiero, habida cuenta de que permiten comprender, con base en evidencia empiricamente verificable los desafíos de la tecnología, y permiten promover políticas públicas que se ajusten tanto a la protección del orden económico del Estado como a la actividad financiera misma de la sociedad.
La promoción de esta iniciativa en Colombia resulta de gran importancia, debido a que permite redefinir la forma en el que el Estado participa en la elaboración de la política pública, de tal suerte que se presente un escenario de gobernanza en procesos abiertos de participación y experimentación153.
Por consiguiente, el Decreto 1234 de 2020 estableció el régimen aplicable al espacio controlado de prueba en el sector financiero, en el que la Superintendencia Financiera hace uso del principio de proporcionalidad para el ejercicio de sus facultades de supervisión, vigilancia y control. Se requiere que el start-up aumente la eficiencia, resuelva una problemática para los consumidores financieros, facilite la inclusión, mejore el cumplimiento normativo o mejore la competitividad para tener la posibilidad de optar por el certificado de operación temporal154.
Este escenario de experimentación abre la posibilidad de vigilar y comprender tendencias antes de cualquier intervención, circunstancia que permite la creación de un marco personalizado para la innovación en un entorno vivo. Así mismo, orienta a las start-ups que tratan de ofrecer productos innovadores, facilita la implementación de soluciones tecnológicas en un entorno supervisado, otorga exenciones de una licencia o renuncias y promueve una reforma regulatoria sin intervención subjetiva del supervisor155.
Para el alcance de tales fines, la Superintendencia Financiera creó un Hub de innovación financiera denominado “InnovaSFC”, un grupo de trabajo que sirve como impulsor de productos y servicios financieros con enfoque tecnológico que evalúa los riesgos y promueve las buenas prácticas156.
Uno de los sectores que espera aprovechar en mayor medida estos espacios de prueba son las start-ups que operan con criptoactivos, entendidos como “unidades digitales susceptibles de ser usadas como medio de pago en el intercambio de bienes y servicios, como depósito de valor y como unidad de cuenta”157. La posición del supervisor ha sido muy cautelosa, ya que es uno de los productos con mayor volatilidad e incertidumbre en materia de seguridad jurídica158.
No obstante, la zona de experimentación pretende “que entidades del sistema financiero, en alianza con plataformas de criptoactivos, realicen pruebas temporales en la Arenera de la SFC”159. Esto permitirá que se puedan realizar operaciones de depósito de recursos y retiro de recursos en productos financieros bancarios a nombre de plataformas de intercambio de criptoactivos160.
No es la primera vez que el país se abre camino en esta industria, puesto que ya el Banco de la República había realizado exploraciones al convertirse en el primer Banco Central de América Latina miembro del Consorcio R3, una asociación que pretende desarrollar una plataforma de registros distribuidos para realizar acuerdos financieros161. Ahora le corresponde a la Superintendencia Financiera indagar el camino hacía un mejoramiento de la seguridad jurídica, en donde el hecho de permitir el ingreso y retiro de recursos producto de actividades de criptoactivos ya plantea soluciones de operatividad transaccional en start-ups cuya actividad se relaciona con criptoactivos162.
La importancia de estas iniciativas radica en lo que el Parlamento Europeo ha denominado “riesgos emergentes en los criptoactivos”, puesto que debido al carácter estructural de la tecnología, los criptoactivos cuentan con características transfronterizas que desafían la legislación vigente y se requiere, por lo tanto, evaluar un marco jurídico integral163. Pese a ello, el desarrollo del plan de acción fintech de la Unión Europea consideró que la evolución de los criptoactivos y las ofertas iniciales de criptomonedas son relevantes para el mercado, razón por la cual son estudiados permanentemente por las AES, el Banco Central Europeo, el Consejo de Estabilidad Financiera, entre otros organismos internacionales164.
Así pues, la experiencia internacional indica que el marco regulatorio se debe enfocar en una estrategia de financiación digital, en la que se destaca la seguridad de la información, la mitigación de los riesgos que conlleva el uso de criptoactivos, la manipulación del mercado y la protección de los datos165. Al respecto, el Grupo de Acción Financiera Internacional indicó en sus directrices sobre la comprensión del dinero que los criptoactivos implican riesgos relacionados con el blanqueo y la financiación del terrorismo, por lo que corresponde a los supervisores de los países aplicar un enfoque basado en los riesgos para garantizar que las medidas para prevenir o mitigar sean proporcionales a los riesgos identificados en sus respectivas jurisdicciones166.
De modo que corresponde a la Superintendencia Financiera estudiar cuál es el marco aplicable a los criptoactivos y cómo se acoplará con las obligaciones de cooperación internacional que ha suscrito el país. Mediante las pruebas de la zona de experimentación se espera identificar la legislación vigente sobre servicios financieros, la utilidad que tiene el uso de criptoactivos o tokens y la posibilidad de establecer criptoactivos de carácter estable que hagan frente a la volatilidad167.
Así las cosas, se deja de presente que el desarrollo de políticas públicas entorno a la innovación y el uso de tecnología en el sector financiero promueve la inclusión y facilita la competencia. Muestra de ello es la implementación de zonas de experimentación que buscan aprender sobre la innovación en el mercado financiero y superar los desafíos en una mesa de trabajo multi-sectorial, por lo que es un mecanismo que puede dotar de mayor seguridad jurídica y promover el crecimiento de la industria fintech en Colombia.
Se presenta mucho interés sobre la inmersión de los criptoactivos en el mercado financiero, para lo cual el supervisor abrió la posibilidad de la exploración y el aprendizaje. Hay desafíos que se plantean, particularmente sobre riesgos relacionados con el blanqueo y la financiación del terrorismo, así como sobre cuestiones propias de la política económica de cada uno de los países. Sin embargo, estos mecanismos resultan ser un escenario propicio para mejorar la seguridad jurídica del sector fintech y para aspirar a la posibilidad de promover una mayor inclusión financiera.
1.3. CONCLUSIONES
Las start-ups son actores principales de la innovación en buena parte de los sectores de la economía, y en particular en el financiero, puesto que presentan nuevos productos, servicios y modelos de negocio que generalmente favorecen la competencia y traen beneficios a los usuarios finales. Los fundadores son el actor protagónico en el componente organizacional; la puesta en marcha de sus ideas sigue el ciclo de vida propio de sus compañías. Sin embargo, se requiere atender al objeto social y a la proyección corporativa para estructurar los vehículos societarios y los mecanismos de financiación convenientes para su industria.
En tal sentido, la personalidad jurídica permite asumir derechos y deberes al start-up, en la que la tipología societaria seleccionada en la formación determina la responsabilidad limitada de los socios y la obtención de la autorización de operación en el sector financiero (si es el caso), y el cumplimiento de otros requisitos, como el de aporte de un monto de capital mínimo. Igualmente, el capital se obtiene en diversas rondas de inversión a través de diferentes instrumentos de capital de deuda o mediante la combinación entre deuda y capital; en cada una de las rondas se tratan estructuras jurídicas y documentos contractuales que tienen impacto en la composición de la junta directiva de la start-up.
En cuanto a los aspectos de competencia, se observa que las fintech son una industria naciente con potencial, que ha tenido que enfrentar un escenario de seguridad jurídica que se ha ido construyendo conforme a su expansión. Se debe distinguir claramente el objeto social de la start-up para establecer la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia que la vigila; pero en todo caso, se debe cumplir con la normativa frente al abuso de la posición de dominio, las integraciones empresariales y las prácticas anticompetitivas.
La figura del cumplimiento hace referencia a la gestión del riesgo de sanciones legales o reglamentarias, y su aplicación se extiende a otras áreas, además del sector financiero. Se trata del ejercicio del gobierno corporativo para adoptar un sistema dentro del cual se fomente un proceder ético en cada una de las áreas de la start-up.
Si bien los programas de cumplimiento aparecen en el escenario internacional, ha sido positivizado en el derecho colombiano, motivo por el cual las empresas están en el deber de adoptar programas de transparencia que estipulen mecanismos internos anticorrupción y normas de auditoría. La normativa señala expresamente que el sector financiero, así como el de tecnologías de la información y comunicaciones, deben implementar programas de debida diligencia.
Hay que tener en cuenta que el programa de cumplimiento presenta desafíos adicionales en fintech, porque el riesgo conlleva el uso de tecnologías de la información, en el que se pueden ver involucrados aspectos de seguridad de la información y la protección de datos personales.
Así las cosas, el régimen general de protección de datos obliga a los emprendedores a implementar una política de tratamiento de datos personales, en la cual se especifiquen los requisititos, la aplicación de los principios, los derechos, los deberes, e igualmente, a que se adopte un manual interno de políticas y procedimientos de la empresa, a efectos de cumplir con el principio de responsabilidad demostrada. Ahora, si se realiza el tratamiento de información financiera, tiene aplicación la Ley 1266 de 2008, que especifica parámetros para emitir reportes de cumplimiento de las obligaciones a los bancos de datos crediticos.
La gobernanza ética de los sistemas de inteligencia artificial son un presupuesto para los programas de cumplimiento en las fintech, pues el uso de estos sistemas expone problemas de transparencia, responsabilidad, control y explicabilidad algorítmica que pueden llegar a vulnerar derechos humanos y desafiar la intervención del Estado en la economía.
Finalmente, el país ha optado por acoger un escenario de experimentación regulatoria para que se diseñen políticas públicas en un entorno multisectorial, por lo que la estrategia apunta a dotar de mayor seguridad jurídica y a promover el crecimiento de la industria fintech en Colombia.
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CAPÍTULO 2
INSURTECH: APRECIACIONES DE ALGUNOS DE LOS EFECTOS JURÍDICOS EN EL NEGOCIO DE LOS SEGUROS Y EN SU COMERCIALIZACIÓN
INSURTECH: APPRECIATION OF SOME OF THE LEGAL EFFECTS IN THE INSURANCE BUSINESS AND ITS MARKETING
LUISA FERNANDA HERRERA SIERRA*
RESUMEN: la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en la celebración y ejecución de los contratos, así como en la comercialización de ciertos productos y servicios ya no constituye una expectativa del futuro, por el contrario, es una realidad que invita a la reflexión sobre el perfeccionamiento y la ejecución de los contratos, y los efectos que todo ello produce en el mercado de los seguros y en la función del abogado dedicado a esta área del derecho. La desmaterialización y la era de la información podrían implicar el desvanecimiento de las relaciones humanas por cuanto el dato será la prioridad, con independencia de quién sea su titular; será quien gestione, transmita o utilice los datos personales el eje central de la economía y, por lo tanto, quien tenga la gestión de todo, incluyendo, de algunos de los riesgos a asegurarse.
Aunque parece ser rápida la transición terminológica en todos los sectores de la economía, los cuales son bautizados con el sufijo “tech”, y aunque parece ser cada vez más fuerte el impulso de la economía naranja como factor de flexibilización del desarrollo tecnológico, lo cierto es que aún existen diversos cuestionamientos de cara al insurtech: ¿estamos ante nuevas tipologías contractuales?, ¿seguimos hablando de contratos?, ¿las formalidades y el perfeccionamiento han variado?, ¿la ejecución del contrato ha variado? y ¿la importancia del consentimiento sigue siendo la misma?
PALABRAS CLAVE: insurtech; tecnologías; seguros; regulación; regtech; contratos; Superfinanciera.
ABSTRACT: The incorporation of new technological tools in contracts, as well as in the commercialization of certain products and services, no longer constitutes an expectation of the future, on the contrary, it is a reality that requires reflection. Dematerialization and the information age could imply the fading of human relations, since data will be the priority, regardless of who is its owner; The central axis of the economy will be the one who manages, transmits or uses personal data and, therefore, who has the management of everything, including some of the risks to be insured. The truth is that there are still various questions regarding insurtech: are we facing new contractual typologies? Are we still talking about contracts? What has changed in the contracts? Is the consent of the parties still important?
KEY WORDS: Insurtech; Smart Contracts; Technology; Insurance; Contracts; Regulation; Letaltech; Regtech.
INTRODUCCIÓN
“Los banqueros y agentes de seguros1 se convertirán en los exploradores de este mundo salvaje de redes sociales”, así lo dice Andrés Oppenheimer en su libro The Robots Are Coming, y con ello este escritor solo describe apenas lo que se puede apreciar en la superficie de una profunda realidad que aunque reciente, en su esencia no es nueva, pues la invención y el desarrollo de la ciencia ha sido incesante, tal como sucede en las actividades de los seres humanos, en particular en un ambiente en el que se hace evidente la necesaria transformación de la actividad de los agentes económicos en todos los sectores, y en especial en aquellos que han entendido que las tradicionales formas de permanecer en la mente del consumidor ya no les asegura el mismo éxito comercial que pudieron acariciar pretéritamente, ni siquiera la continuidad de sus negocios.
Así es claro que las empresas, como parte de la cadena económica productiva, han entendido cada vez más que hoy su existencia, y la función que cumplen, dependen de la solución acertada ante la imposición de la necesidad, casi vital, de convertirse en exploradores tecnológicos de la psique social y del consumidor individualmente considerado, de sus dinámicas, de sus tendencias y en general de la satisfacción de lo que sea susceptible de la imaginación, para acuñar y brindar los servicios o productos que serán requeridos, así en este momento ni se sospechen, en una nueva categoría de oferta que estará acorde con los datos y, en general, con la información a la cual se acceda mediante los dispositivos electrónicos.
Es más, todos actualmente, en nuestras sociedades, a veces inconscientemente, tomamos decisiones a sabiendas de que estamos siendo explorados o vistos a través del lente de los datos que hemos suministrado, y por medio de un sinnúmero de canales virtuales que adornan nuestro equipaje diario, u orientados, en sentido contrario, a ser los exploradores cuando fungimos y somos nosotros los voyeristas y oferentes de los servicios, o estamos prestos a insertarnos en determinado ambiente virtual, a mostrar una personalidad digital ajustada a la medida del ego, para tratar de ser admitidos como lo que queremos representar en la sociedad y lo que esperamos que vean de cada uno cuando de regreso nos exploren.
Ahora, en adición a ello, las nuevas formas tecnológicas que se emplean o las que se pueden introducir para la comercialización y la gestión de los derechos apreciables con contenido económico o lo que atañe a la necesidad de protección contra los riesgos que se ciernen sobre ellos, la logística o instrumentos adecuados para su tránsito o a sus efectos comerciales, etcétera, dentro del comercio electrónico, también empiezan a ser miradas y aplicadas en la concepción y génesis de nuevos tipos de emprendimientos, al igual que para efectuar la transformación de las estructuras y los procesos de desarrollo y en general de los modelos de los negocios preexistentes, ejercidos en empresas emblemáticamente conservadoras.
Se reconoce en las herramientas propias de las tecnologías de la información, junto con el big data, los sistemas blokchain, los smart contracts, la base para el cambio y para abordar y solucionar muchos de los problemas actuales asociados a la tensión que genera la disrupción frente a los derechos de los consumidores (habeas data, etcétera) o el de los competidores del mercado; respecto de los primeros, para precaver la abusividad contractual o el uso indebido de la data; o, respecto de los segundos, la comisión de actos restrictivos de la competencia o deslealtad en la misma. Sobre la relevancia de las tecnologías en las nuevas reconfiguraciones sociales, así como en la creación de nuevas necesidades en los consumidores, Don Tapscott y Alex Tapscott resaltan la importancia de los sistemas blockchain en la construcción de la sociedad actual2, sin lo cual no sería posible la existencia de las monedas electrónicas, todo ello con el empleo de algoritmos y big data.
Adoptar una visión radical que niegue o defienda sin restricción ni reflexión alguna la evolución tecnológica sería simplista y, obviamente, no parece ser la vía de solución para el entendimiento del devenir de las cosas. Por eso sí viene siendo hora de estudiar los efectos transversales generados por el empleo global de tales tecnologías en los diferentes ámbitos del quehacer humano, por ejemplo, en materia de intercambio y de los contratos como la forma corriente de la interacción de los asociados, y, en esa medida, también en la manera en que se realiza el ejercicio de nuestras profesiones, cualquiera que sea la disciplina que se tenga. Por lo tanto, deben asumirse posiciones claras frente a lo que se ha vuelto, el obligado uso de las tecnologías de la información y otras emergentes.
Cada paso evolutivo, sean estos avances tildados o no como una revolución, hay que reconocer que configuran una invitación a replantearse el papel y la función que cumplimos los asociados en este contexto de nuestro mundo, en cuanto facilitan su adecuación a la veloz variación de la forma en la que se hacen las cosas hoy, lo que supone aceptar lo que debe dejarse atrás por resultar ahora obsoleto, y en cambio acoger la novedad emergente de lo que está comprobando eficiencia y eficacia de la comunicación.
En esta dirección, véase que la incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas en la celebración y ejecución de los contratos no es meramente formal, sino que se está desplazando también hacia su contenido obligacional, definiendo las condiciones de su ejecución o las de la solución de diferencias, la distribución de los riesgos entre las partes, etcétera, así como desplazando hacia las vías de comercialización de ciertos productos y servicios que ya no constituyen una expectativa del futuro y son, por el contrario, una realidad que concita a la reflexión sobre el alcance y la manera en la que se produce el perfeccionamiento y la forma en la que debe llevarse a cabo la ejecución de los contratos y los efectos que todo ello comporta en el mercado de los seguros, los canales empleados para su promoción, la necesidad o no de los intermediarios, así como también a la reflexión en el campo de la función del abogado dedicado a esta área del derecho de los negocios, que está siendo retado ante el evidente cuestionamiento de las tecnologías de punta y de la información o el cambio a través del comercio electrónico, que por sí solos justifican la adopción positiva que se viene observando del fortalecimiento del derecho de protección de los consumidores, dado que el paradigma de las instituciones jurídicas románicas o galas consagradas en nuestro derecho en gran medida parecen desbordadas por ese desarrollo tecnológico.
La desmaterialización y la era de la información han incidido sustancialmente en nuestro modus vivendi, en cuanto parecen implicar el desvanecimiento o por lo menos el deterioro de las formas y posibilidades de pretender seguir tejiendo las relaciones entre los hombres como antaño. Sintomático de esto es la soledad de las personas que es cada vez más evidente, tanto que ha llegado a ser reconocida y tratada como una enfermedad, en parte porque los sujetos están siendo desplazados por la importancia de la data, la cual será la prioridad si es que en realidad fuera posible negar que ya lo es, independientemente de quién sea su titular, pues en una suerte de desdoblamiento del individuo este pierde su unidad, existiendo un ser físico y paralelamente uno digital; y porque será la data el objeto de la actividad de quien la detente, gestione, transmita o utilice, casi incontrolablemente. De esta manera, con las personas pasa algo similar a la desmaterialización, por la separación entre el ser y sus datos personales que se mueven deshumanizadamente y son la piedra angular de la economía vigente, el blanco del apetito del comercio y por tanto quien ostente la tenencia de ellos y su gestión será el protagonista, excluyente o incluyentemente dependiendo de lo que se hace con los mismos, lo cual toca con la ética y diversos tipos de riesgos, algunos susceptibles de trasladarse a los aseguradores para su protección.
Previa la visión anterior, que únicamente busca mostrar una realidad, sin sesgos ni juicios de valor, ahora se aterriza sobre lo más destacado que se encuentra en nuestro medio regulatorio al respecto, a partir del marco establecido para la materia, en cuanto a la transformación tecnológica y la adopción de políticas públicas en Colombia, siendo para ello de obligatoria referencia inicial el reciente documento Conpes 3975 de 2019, precisamente sobre la política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial, en el cual, aunque no se hace mención expresa al insurtech, sí ofrecen consideraciones que por supuesto deberán ser tenidas en cuenta al estudiar la evolución del mercado asegurador, sin que esto vaya en perjuicio del reconocimiento del avance que al respecto se observa en la tarea en la que viene empleándose la Superintendencia Financiera de Colombia.
En dicho Conpes se indica que, aunque frente al índice de competitividad digital Colombia figura en el puesto 58 entre 63 países, es posible evidenciar que el uso de la inteligencia artificial en los próximos años podría llegar a significar un factor de crecimiento mínimo anual de 4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), que es el estimado para los próximos diez años, lo cual indica la importancia inaplazable y creciente de estas tecnologías en todos los sectores de la economía, que impone inaplazablemente su formalización.
De igual forma, en el artículo 166 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022[3], mediante el cual se plasman los objetivos de la Ley Naranja –Ley 1834 de 2017– y, en general, los propósitos que fundamentan la economía naranja, se consagraron medidas dicientes de esta tendencia: por ejemplo, de flexibilización en la constitución de empresas de desarrollos tecnológicos innovadores, que realicen actividades propias de las sociedades que son materia de vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Así, esta norma permite que este órgano de control estatal autorice y otorgue certificados temporales para ese fin. Entonces, vale preguntarse: ¿cuáles serán, en la práctica, los hechos o los efectos o, mejor, las opciones que bajo el amparo de dicha norma y la tendencia hacia el comercio electrónico en el sector asegurador se vean, y en qué tiempo el surgimiento de nuevas compañías o el cambio de las existentes hacia las nuevas tecnologías o la digitalización? Esta pregunta se formula renonociendo que en la historia hemos visto que la resistencia al cambio normalmente se convierte en una talanquera para el desarrollo y ha significado muchas veces la extinción de empresas, debido a que se quedan estancadas en una zona de confort por la inercia del lugar que ocupan de vieja data, actuando con unas reglas ya conocidas y decantadas para su funcionamiento.
Aunque ahora parece ser rápida la transición terminológica en el ámbito de las difertentes actividades financieras de los actores autorizados para su actuar en la economía, por ejemplo, bautizándolas con el sufijo “tech”, y aunque igualmente parece ser cada vez más fuerte el impulso de la economía naranja como factor de flexibilización del desarrollo tecnológico, lo cierto es que persisten diversos cuestionamientos de orden legal: ¿estamos ante nuevas tipologías contractuales?, ¿seguimos hablando de contratos?, ¿las formalidades y la forma para su perfeccionamiento han variado?, ¿la ejecución del objeto contractual cambió?, ¿la importancia esencial del consentimiento se conserva o sigue siendo la misma?
La innovación disruptiva en los contratos ha generado diversos interrogantes en el derecho, entre ellos el interrogante sobre si el contrato inteligente o smart contract y todo lo que su uso implica, en cuanto comporta un negocio sin la aparente necesidad de una manifestación de la autonomía de la voluntad de quién acude al mismo, habría eliminado la necesidad de auscultar la verdadera intención de las partes sobre la veracidad del ejercicio del consentimiento libre de vicios, e incluso a reformular el concepto de la confianza, del trust. Pues, lo cierto es que, por ejemplo, la internet de las cosas, la inteligencia artificial, las tecnologías blockchain, el bitcoin, etcétera, ese tipo de contratos ciertamente se traduce en un acto de confianza dejando el cumplimiento y la ejecución de los mismos a la automatización, y a su comercialización electrónica, considerando que en realidad suponen la previa determinación de todas y cada una de las condiciones requeridas para su formación, cumplimiento y las opciones de las partes ante la distribución de los riesgos inherentes a su naturaleza y carga obligacional, que suple a los jueces y resuelve de manera anticipada la forma en la que se encausarán las diferencias. O será que, al contrario, ¿las deja sin solución? ¿Podría decirse entonces que todo ello está orientado a eliminar la intermediación o al ser humano, orientado a replantear el consentimiento como fundamento de la contratación moderna? ¿Será que al garantizar, sin tener que someterse a un largo juicio, el cumplimiento automático de las obligaciones –como por ejemplo cuando el asegurado para recibir la indemnización únicamente requiera acceder a la respectiva plataforma o aplicación (app) dispuesta por su asegurador, y solo con un clic la obtenga– este último conservará o mejorará el control sobre los riesgos que aseguró, o el de los índices de siniestralidad? ¿Se genera un impacto tal que el fundamento del contrato de seguro, su aleatoriedad y la obligación condicional del asegurador sufrirán un cambio o replanteamientos sustanciales en su definición y alcance?
Aunque no es así, parecería que con el devenir de las tecnologías las relaciones contractuales, tal como las conocemos, dejarían de tener la necesidad para su validez del cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 1502 del C. C., porque en apariencia no tendrían que contar con el consentimiento de las partes, en la medida que la automatización supuestamente lo suple, o sino se trata de una forma en la que este se deduce pues se habría tomado con anticipación y de manera automática, cuando el sujeto opta concertar, comprar o adquirir, incluso sin que se tenga certeza de que él lo sabe, cuando se contrata usando la inteligencia artificial o la internet de las cosas, como cuando mediante dispositivos de los que el vehículo está dotado, ordena y obtiene el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y el pago de la prima se debita del mismo modo, o el amparo que lo cubre contra todo riesgo. De ahí que sea el manejo de los datos la clave de este inmenso mar de posibilidades, que generarían un sinfín de negocios jurídicos asegurativos, y en verdad serán el eje central de la existencia, eficacia y validez de la relación contractual.
El insurtech como fenómeno de evolución tecnológica en el mercado se viene concretando con la introducción de nuevos mecanismos de comercialización. El reto para los modelos conocidos hasta ahora está, por ejemplo, en la cada vez más cuestionada necesidad de la intermediación e incluso la propia existencia de las mismas aseguradoras, pues se podrían establecer instrumentos digitales que sin ser contratos de seguro, sí cumplan con un papel de protección o distribución de los riesgos. Pero hoy definitivamente es claro que insurtech en el contrato de seguro inteligente conllevará un cambio por lo menos formal en la etapa del perfeccionamiento y en su ejecución. Para ilustrar el funcionamiento del insurtech o sus utilidades podrían resumirse algunos de los mecanismos posibles, en los siguientes ejes: (i) la gestión de sitios web para la comparación entre productos del sector asegurador; (ii) los seguros peer to peer; (iii)) la prestación de servicios de asesoramiento mediante inteligencia artificial; (iv) los seguros reputacionales, y (v) la implementación del contrato inteligente en los seguros.
Insurtech consiste en el desarrollo de los anteriores ejes a través del uso de tecnologías como la telemática, los sistemas de inteligencia artificial, la internet de las cosas, los sistemas de procesamiento del big data, blockchain, plataformas de economía colaborativa mediante las cuales se procesan los datos de los usuarios y el uso de tecnologías accesorias como chatbots y la automatización de procesos a través de algoritmos. La mayoría de los modelos de negocio en insurtech funcionan bajo el peer to peer (P2P) fundados en una base colaborativa, y en los cuales a diferencia de los modelos “del negocio al consumidor” o business to consumer (B2C), sí existe una empresa intermediaria involucrada en las transacciones por medio de la cual se facilita la interacción entre los actores relevantes o partes de las relaciones negociales4. En este escenario, el contrato y su contenido obligacional surgen gracias a la plataforma online operada por la intermediaria y que permite la interacción entre pares, con independencia y sin importar si estos son o no profesionales5.
Con el empleo de las tecnologías mencionadas, el asegurador tendrá más herramientas para no solo acceder a los datos, acorde con lo autorizado por los usuarios, sino también para interpretarlos y emplearlos con el uso de algoritmos, para identificar sus necesidades, clasificarlos, segmentarlos, y así ofertar, etcétera. Lo cual también le permitirá establecer de manera más eficiente lo que se requiere, la evolución del riesgo amparado, y de ahí que vale la pena cuestionarse sobre el derecho a la protección de los datos de la persona, a la potestad de rechazar o impedir su uso o su conservación, o, al contrario, a reconocer la dilución u obsolecencia de la figura de la reticencia, respecto del verdadero estado del riesgo al momento de contratar, o de su variación una vez asegurado, tal como resulta obvio al ver que ya se habla de que la anunciada nueva cédula electrónica tendría incluso la información relativa a la historia clínica de la persona, lo cual trastoca la consagración y utilidad futura de la causal de anulabilidad que estatuye el artículo 1058 del C. de Co.6, o el efecto automático de la terminación del seguro por la agravación del estado del riesgo no informada al asegurador (artículo 1060, ibid.), entre otras secuelas.
Por otro lado, de cara al cumplimiento de las obligaciones de información, orientación y protección, que recaen sobre las entidades financieras, para con sus usuarios, previa a la celebración de los contratos, tenemos que ante el avance por la vía veloz de esta evolución tecnológica habrá que garantizar del mismo modo igual celeridad para hacer la entrega de lo necesario al consumidor, en tiempo real y oportuno, para la satisfacción oportuna de esas cargas informativas y demás, que en virtud de la Ley 1328 de 2009, el estatuto orgánico del sistema financiero y la Ley 45 de 1990 se imponen en consideración a la tutela positiva de los derechos del consumidor financiero, lo cual podría efectuarse tal como se debe hacer cuando se quiere obtener el permiso de ingreso a cualquier sitio web, en el que la posibilidad de ese paso se sujeta a que el usuario acepte primero los términos y condiciones preestablecidos para el efecto, todo lo cual se realiza en tiempo real, de forma automática y electrónica.
Si bien las plataformas digitales, mediante las cuales se obtiene o brinda la asesoría e información comparativa entre los diferentes productos, parecieran realizar o suplir la misma función desarrollada por los diversos canales de promoción o de intermediación para la colocación de las pólizas, lo cierto es que ello no necesariamente debiera generar la futura supresión por inutilidad de estos actores o gestores del mercado, sino por el contrario, debiera motivar reinventos de los servicios que prestan y de la forma de hacerlos efectivos, anticipando lo que viene en materia de la identificación, gestión y prevención de riesgos. Por lo tanto, se abre un abanico de nuevas posibilidades y, por ende, sería recomendable y esperable asumir los avances tecnológicos no como amenaza, sino como oportunidades claras de mejora en la prestación de dichos servicios, para agregar valor a los destinatarios de la oferta aseguraticia, y en el diario replanteamiento de los requerimientos de quiénes somos al final del día los destinatarios de esa oferta, siendo clave la pertinencia de la armonía entre los riesgos que nos interesa y requerimos proteger, empezando por los que se ciernen sobre la sostenibilidad y permanencia, pues a partir de ello es que se toman las decisiones relativas a la protección, que va mucho más allá de la de cubrir los activos, en un mundo en el que el valor de la información y los datos esta incrementándose a pasos agigantados.
En la toma de decisiones y en la adopción de políticas internas en las compañías, será importante trabajar por el balance entre ambas posiciones, así como entre las posibilidades que ofrecen las tecnologías y los derechos de los consumidores, para conciliarlas, sabiendo que los derechos de estos están cada vez más retados por las fronteras de la pérdida de la privacidad y la relativización de la titularidad de los datos, en cuanto es casi imposible que los consumidores puedan neutralizar o limitar absolutamente todo lo que de ellos ya está en la web, escapando de su efectivo control, convirtiéndolos en blanco de los mercaderes del universo del mercado electrónico.
Por eso, es común que los seguros reputacionales, los peer to peer y las plataformas de economía colaborativa, o los ofertados por medios masivos, permitan un crecimiento de la cultura asegurativa, con la inclusión de nuevos consumidores de seguros, quienes tendrán las herramientas disponibles para optimizar también su experiencia ante la vía por la que los agentes del sector ofertan sus productos, como resultado de la evaluación de cuáles son los intereses de los consumidores y, así, guiar la demanda orientada a mecanismos más rentables, que aseguren en forma adecuada tanto la pertinencia del amparo de los riesgos asegurables a los que estén expuestos los intereses asegurables de los consumidores –y por tanto sirvan de motivación para la sostenibilidad del sistema–, como también el aumento del consumo, incorporando a sectores de la población ordinariamente marginados del mercado, por el mayor riesgo o por la insuficiente historia crediticia.
El uso del big data permitirá obtener mayor certeza en la ejecución de los contratos de seguro y, aunque ello también plantea cuestionamientos sobre la protección del habeas data, con las herramientas jurídicas de defensa y amparo ya reglados en nuestro ordenamiento podrían obtenerse las respuestas requeridas, al menos por el momento. Echar la mirada a otros modelos también puede ser clave, el reglamento general ropeo de protección de datos personales, por ejemplo, consagra el derecho del usuario de impedir que sus datos sean utilizados con el fin de construir perfiles o categorizaciones de consumo, o para que se les hagan ofertas, o para que se conserve sus datos después de finalizado el contrato que tienen concertado con algún actor del sector asegurador.
Finalmente, en cuanto algunos de los riesgos que se podrían derivar del uso de las nuevas tecnologías, deben replantearse las políticas frente a la gestión de los mismos, en especial a aquellos relativos a la ciberseguridad, dado el acelerado acceso virtual, efectivo y tecnológico a datos e información privilegiada y delicada; por lo tanto, el objetivo final será garantizar desarrollos tecnológicos responsables y sostenibles. En ello, el seguro puede tener un rol crucial por cuanto puede ser el instrumento que permitirá su cobertura y permitirá así amortiguar el peso de la generación de dichos riesgos que comporta la innovación, incentivando a su vez las inversiones y los desarrollos tecnológicos con herramientas ya usadas en el mercado, para contenerlos, o las que se puedan desarrollar, aparte de la observancia de la norma ISO 27001, para garantizar la seguridad de la información.
La Superintendencia Financiera ofrece tres mecanismos para el control, Sandbox, Hub y RegTech7, mediante los cuales se privilegia la flexibilidad sobre la excesiva regulación, pero por supuesto con control. Sin embargo, no se ha reglado la materia a fondo; tal vez el hecho de evitar promover una regulación especial, precave replanteamientos y por ese camino la potencial modificación sustancial en la teoría general del contrato, su régimen respecto de los elementos esenciales del contrato de seguro, máxime estando cerca la posibilidad del proyecto de reforma de los códigos civil y mercantil en Colombia. Sin embargo, un estudio adecuado del tema debiera indicar, por el contrario, la adopción de una regulación que, aunque permita el uso suficiente y eficiente de las nuevas tecnologías, también reivindique los elementos esenciales de estos contratos. Es momento de asumir entonces una posición cierta y clara, observando de manera crítica la forma de conjurar los riesgos de la disrupción, ya sea privilegiando la flexibilización de la innovación y haciendo que la regulación ceda el espacio necesario para hacerlo, dada la posibilidad que por sí misma puede ofrecer para el autocontrol y la potencialidad de que el órgano supervisor estatal pueda verificarlo8, por cuanto aquella es incontenible; o en su lugar, establecer una rígida o excesiva reglamentación, intervencionista, sobre las alternativas de los emprendimientos que pretendan emplear las tecnologías disruptivas, lo cual ralentizará su aplicación extendida y dejará rezagado al sector respecto de lo que está pasando en otras latitudes, lo cual no es recomendable.
Ahora, tal como se pretende mostrar en este artículo, si bien es insoslayable el estudio de las consecuencias de las tecnologías en el sector, también debe afirmarse que esto no implica la existencia de una nueva tipología contractual o que los elementos esenciales del contrato de seguro se hubieren modificado o estén en crisis. Es necesario volver a las nociones esenciales, y defender las relaciones contractuales, lo cual no es otra cosa que reivindicar la armonía y la paz en las relaciones humanas, porque los emergentes modelos de negocio no entrañan la existencia de un nuevo contrato o de una nueva teoría general de las obligaciones, y el reconocimiento de la importancia de los datos en la economía no puede implicar, desde ningún motivo, que el titular de estos pierda el poder sobre ellos o su importancia, ni que el consentimiento, como requisito de validez del contrato, deje de ser necesario y tenga la relevancia que lógica y etiológicamente ha tenido y debe conservar en la teoría general del derecho privado.
Este artículo pretende ofrecer una visión general de los retos jurídicos impuestos por el insurtech, y extender una invitación al lector a que indague sobre su rol en este contexto, su manera de avocarlo y su futuro. Son, pues, cuestiones que ya no podemos darnos el lujo de procrastinar.
2.1. INSURTECH, INNOVACIÓN DISRUPTIVA Y RETOS EN EL SECTOR ASEGURADOR
La dinámica actual de los mercados demuestra un interés generalizado por la innovación disruptiva, pero quizás por el afán desmesurado de llegar a ella no se ha entendido su verdadero significado y alcance, y tal vez sea esta la razón de las confusiones o interrogantes que existen sobre sus verdaderos efectos o su regulación bajo las reglas positivas y bajo la órbita de la teoría general de los contratos. Desaciertos en la definición de disrupción, si únicamente se entiende como una interrupción brusca de lo que viene haciendo, conlleva el equívoco de estimar que cualquier desarrollo tecnológico sea tildado como tal, cuando puede que simplemente obedezca tan solo a la categoría de innovación incremental, la cual se define como aquella mejora paulatina o agregada de las invenciones o productos existentes, por ejemplo, con el fin de hacer frente a la entrada de nuevos competidores en el mercado. Este fenómeno ciertamente es ajeno a lo que es la innovación disruptiva, pues esta genera o por lo menos busca crear nuevas necesidades en la sociedad, y esto deriva en la generación de competencia a través de la creación de nuevos servicios y de ahí la formación de nuevos mercados, con estrategias diversas al mero apetito que eventualmente se quiere provocar en el consumidor a través del precio, o los productos secundarios, miméticos o sustitutos9.
El uso generalizado de la internet y la potencialización de la informática en el mundo, si bien ha sido clave para llegar al estado actual de las cosas, en el desarrollo de las sociedades, también ha permitido el auge protagónico de la tecnología en los diferentes ámbitos de la economía, y estamos siendo testigos de un nuevo modelo disruptivo, que ha puesto en entredicho el pronóstico de vida de las maneras tradicionales del comercio, cuestionando el supuesto carácter perenne que se le atribuía a una serie de empresas o a algunos modelos y tipos de negocio, como los centros comerciales, los mercados de grandes superficies, los bancos comerciales, los aseguradores, etcétera, al punto de que por esto se ha requerido que todos los actores, si quieren permanecer, deban empezar el cambio de la forma en la que venían desarrollando sus negocios, invirtiendo en investigación e innovación. Por ejemplo, la banca y los seguros a esta altura, si no lo están haciendo ya, se encuentran contemplando que será perentorio hacerlo, pues a su lado están aparejándolos con nuevos servicios y maneras de brindarlos, competidores antes insospechados, que dieron lugar a que se acuñara así los términos de tecnología financiera o “FinTech”, y de tecnologías en los seguros “Insurtech”10.
Sin duda la aplicación de tecnologías de la información, la inteligencia artificial, la inteligencia de las cosas, se ha adelantado a descubrir la satisfacción de necesidades que antes ni siquiera se consideraban existentes o no se identificaban, como por ejemplo, la necesidad de hacer un pedido y la compra que se hace, aún sin la consciencia del adquirente, solo porque el refrigerador automáticamente emite desde su sistema computarizado una orden con destino a un abastecedor para que se le despache determinado producto con la mera detección electrónica de que la existencia del mismo se agotó. Por eso la disrupción ha estado orientada a abordar y a satisfacer las necesidades existentes o nuevas de los consumidores, a la bancarización y mejora de la inclusión financiera, a solucionar los vacíos en los modelos de comercialización actuales, permitiéndole a los consumidores acceder a beneficios en la agilidad y eficiencia en los bienes y servicios adquiridos. Ahora, la eficiencia y la inmediatez facilitadas por las tecnologías no garantizan per se la seguridad, ni los derechos de los consumidores, lo cual es predicable en principio y debe por eso auscultarse cuáles son las promesas inmersas en el insurtech y cuáles son los retos jurídicos de ello, en especial de cara al balance de los derechos e intereses involucrados11.
El uso de la tecnología en los seguros no implicó la creación automática de la denominación “InsurTech”. Fue solo hasta 2011 que empezó a usarse, y hasta 2015 se extendió su uso después del Primer Startupbootcamp Global de Insurtech, mediante el cual se promovió la financiación y el asesoramiento a empresas emergentes12, contemplando riesgos inherentes a su propia continuidad. Ahora, sobre la definición de este término, resulta apropiado mencionar la esbozada por parte de la Asociación Española de Fintech, según la cual el uso de aquel término refiere a
cualquier compañía que, trabajando dentro de la cadena de valor del sector seguros, utiliza las nuevas tecnologías y modelos de negocio para innovar, agilizar y hacer más eficiente todo el proceso de creación, distribución y gestión de seguros centrados en el cliente13.
Igualmente, es definido por Emanuel Stoeckli como el “fenómeno que comprende las innovaciones de uno o más agentes del mercado tradicionales o no tradicionales que explotan la tecnología de la información para ofrecer soluciones específicas para la industria de seguros”14. Jesús Jimeno Muñoz plantea el análisis y la gestión del riesgo como los principales objetivos de las tecnologías aplicadas al derecho de seguros: “La utilización de sistemas basados en tecnologías big data, blockchain e inteligencia artificial proporcionan una herramienta útil para el análisis y la gestión del riesgo”15.
Muñoz reconoce que los efectos de dichas tecnologías no solo son evidentes en la comercialización, sino también en todos los demás eslabones del sector, atribuyéndole al insurtech también la posibilidad de servir de herramienta para la gestión del riesgo en todos los niveles sociales, económicos, empresariales e institucionales16, así como para el desarrollo de pólizas de seguro dinámicas con la posibilidad de que varios sujetos puedan acceder al tiempo a información que permita la evaluación paulatina de la evolución del riesgo amparado durante la ejecución del contrato de seguro.
Al introducir tanto la digitalización como el análisis masivo de datos en los seguros, resulta conveniente discutir y estudiar el papel de los nuevos ecosistemas digitales en este sector, y de las garantías que brindan las tecnologías de cara a la protección de datos. A través de estudios de Morgan Stanley se destacan tres tipos diferentes de enfoques del modelo de negocio tecnológico: (i) el segmento de la distribución y comercialización de pólizas de seguro, (ii) la posibilidad de ofrecer al consumidor solo una fuente o un lugar para la adquisición de productos y servicios y (iii) los avances ofrecidos por la internet de las cosas u objetos conectados de cara a los datos que con ello pueden obtenerse para la gestión y administración de los riesgos asumidos por las aseguradoras17. Así, con independencia del enfoque y de la tecnología utilizada, la prioridad ha sido cumplir con las expectativas de los consumidores. Y sin embargo, el reto sigue siendo el de garantizar también el respeto y la protección de sus derechos.
De otro lado, es menester precisar que la mayoría de las actividades insurtech se vienen centrando en la distribución y comercialización, más no en la prevención, gestión y asunción de los riesgos, lo cual genera mayores preocupaciones o preguntas en el sector de los intermediarios, mas no entre las compañías de seguros. De manera concordante, y de cara a las ventajas del insurtech, estudios del sector señalan, en igual sentido, que corresponde a un fenómeno que tiene un alto potencial de disrupción en la distribución de seguros, y las aseguradoras podrían beneficiarse de la disminución de costos derivados de la intermediación, así como de la inadecuada gestión del riesgo, e incluso de los errores en cálculos actuariales que impiden realizar reservas precisas y ciertas al interior de las Compañías18.
2.2. ¿CÓMO REGULAR INSURTECH SIN RESTRINGIR LA INNOVACIÓN?
Lo expuesto genera entornos de innovación en donde no solo surgen nuevos actores y competidores, sino también oportunidades para el diseño de alianzas y acuerdos entre los emprendimientos insurtech y las aseguradoras; de ahí se deriva la importancia de optar por modelos de regulación flexibles, pero a su vez conscientes de los retos jurídicos impuestos por la innovación. En este punto es preciso recordar que, aún en el escenario de innovación tecnológica, la constitución de compañías aseguradoras sigue siendo una actividad regulada y, de no cumplirse con los requerimientos legales, el nivel máximo al cual podrían llegar las empresas de innovación en esta área sería el de la intermediación; de ahí la importancia de las alianzas y acuerdos comentados entre emprendimientos disruptivos y aseguradoras19. No obstante, los requerimientos para la constitución de compañías aseguradoras deben ser matizados en Colombia, como se concibe en el artículo 166 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, por cuanto desde el espíritu de lo que consagra es posible ver una flexibilización de las reglas relativas a la constitución y el funcionamiento de las entidades vigiladas, abriendo el paso a que los innovadores que produzcan desarrollos tecnológicos para realizar actividades propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera puedan constituir empresas de ese tipo y obtener certificado para operar temporalmente:
Quienes se propongan implementar desarrollos tecnológicos innovadores para realizar actividades propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, podrán constituir una de estas entidades y obtener un certificado para operar temporalmente, de acuerdo con las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales, incluyendo la determinación o aplicación de capitales mínimos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Dicho certificado de operación temporal no excederá de dos (2) años y podrá ser revocado en cualquier momento por la Superintendencia Financiera.
El precepto transcrito, entre otras cosas, también se motiva en la realidad incontestable de la imposibilidad de negar que la innovación disruptiva está abarcando áreas o modelos de negocio y servicios inherentes a los entes vigilados por dicha superintendencia, pero que se consideraban inexistentes para los modelos de negocio, o que nadie prestaba de maneras distintas a la tradicional, para los servicios, operando en frentes asignados al mercado financiero o al asegurador, pero sin la intervención de bancos comerciales o aseguradores legalmente constituidos. Esto trajo lamentables consecuencias, por ejemplo, por las crisis de solvencia y de liquidez de empresas que sin autorización captaron ahorro del público sin respaldo (como los casos Estraval S. A. y el grupo de sus empresas vinculadas o Elite International SAS, etcétera), que a su turno ocasionaron graves perjuicios a los usuarios que confiados depositaron sus ahorros en ellas. Por eso, hoy debía generarse la posibilidad de formalizar sus innovaciones mediante la constitución de sociedades vigiladas como lo prevé el citado artículo 166.
Michael Naylor20 afirma que, en este contexto de disrupción digital, en el cual se evidencia la flexibilización de la regulación de la actividad aseguradora, las compañías aseguradoras deben prepararse para los cambios de paradigmas y adoptar modelos organizacionales orientados hacia el “fracaso creativo.” En estudio de la Universidad de St. Gallen, para ejemplificar dicha cultura, se trae a colación la filosofía adoptada por Google X, compañía que ofrece un modelo a seguir, según el cual se motiva el error y por eso se afirma “fallar rápido, fallar a menudo, fallar adelante”. Sin embargo, aunque la innovación exige valentía a la hora de afrontar los retos del camino y quizás los errores sean solo oportunidades de mejora, lo cierto es que se ha evidenciado que aún es determinante el temor al fracaso y a las consecuencias de la innovación en el sector asegurador21.
Es evidente cómo la tecnología no solo está impactando el sector asegurador, sino también la regulación en forma de RegTech o empresas de base tecnológica con desarrollos innovadores orientados a la adaptación y al cumplimiento de los requerimientos regulatorios. Las tendencias giran a manera de péndulo en esta materia: algunos defienden la regulación minuciosa de las tecnologías, mientras que otros defienden la autorregulación en el interior de la misma industria. Lo cierto es que con independencia de la posición que se adopte en ambos escenarios debe priorizarse lo siguiente22: (i) el balance entre los incentivos a la innovación y la regulación expresa y rigurosa de los efectos jurídicos de las tecnologías, así como también (ii) el diseño de la regulación hacia la promoción de la competencia y la eliminación de barreras de entrada al mercado, y (iii) la aplicación equilibrada del principio de neutralidad tecnológica, según el cual el objeto de la regulación no son las innovaciones tecnológicas sino cómo la tecnología permite la automatización de procesos y la prestación de servicios. En virtud de dicho principio, se prioriza la libertad de las compañías en la adopción y utilización de herramientas tecnológicas para la prestación de servicios.
De lo anterior se deduce la importancia de adoptar políticas públicas y legislativas orientadas a promover la innovación, y ello se logra garantizando la neutralidad tecnológica en el sentido de no privilegiar ciertas soluciones técnicas sobre otras, y además eliminando los bloqueos o barreras que obstruyan la competencia y que impidan la explotación de tecnologías emergentes por nuevos competidores.
En cuanto a Colombia, como se dijo, la Superintendencia Financiera ha integrado el InnovaSFC, un espacio liderado por el Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica, con el fin de facilitar procesos de innovación de la industria financiera desde un sistema regulatorio que permita la aplicación del RegTech o autorregulación23. En este espacio se han desarrollado tres mecanismos de regulación y de apoyo de estos procesos de innovación: el Hub, el cual consiste en un punto de contacto con la Superintendencia Financiera para evaluar los procesos internos de las compañías y así poder determinar el estado de evolución y las posibilidades de incluirlas en entornos regulatorios denominados sandbox o areneras, en virtud de los cuales se crean ámbitos precisos y especiales tanto de regulación como de supervisión para proyectos tecnológicos específicos. Con ello se busca tener un seguimiento real de los avances en las pruebas piloto, así como en la gestión de riesgos y el apoyo en los diseños requeridos, dependiendo de las tecnologías utilizadas y los servicios ofrecidos o por ofrecer.
2.3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y LA TRADICIONAL CONCEPCIÓN DE LOS SEGUROS
Así pues, la dinámica del mercado ha demostrado algunos vacíos en la gestión de los proyectos de innovación de cara a la tradicional concepción de los seguros, pues aún prevalece el aplazamiento de la digitalización y el temor a la disrupción, poniéndose así en evidencia la ausencia de experiencia en dichos campos, y en especial en la gestión y aplicación del big data, por ejemplo. Además, existen otras falencias frente al tema de la seguridad de las tecnologías, la agilidad en los proyectos innovadores y la aplicación de tecnologías predictivas.
En efecto, ante el contexto actual se advierte, de manera frecuente, una desbordada confianza en la tecnología. Sin embargo, ello debería corresponder con la comprobación real y material de su madurez, efectividad y seguridad. En ese sentido, por el momento hay que analizar también las posiciones de quienes sostienen que ciertas tecnologías, como el blockhain, aún requieren de mayor madurez para ser aterrizadas al derecho de seguros. Al respecto, Valentina Gatteschi, Fabrizio Lamberti, Claudio Damartini, Chiara Pranteda y Víctor Santamaría sostienen con total acierto que la tecnología debe ser una herramienta para satisfacer solo las necesidades de los usuarios, y su implementación no debe obedecer a decisiones apresuradas orientadas a satisfacer las expectativas de los consumidores, restándole importancia a sus necesidades y derechos de cara a la seguridad y privacidad de su información:
El riesgo es que uno esté tan enamorado de esta tecnología que le resulte imposible juzgar objetivamente sus verdaderos beneficios. Como lo enfatizó Adam Cooper, arquitecto técnico del Banco de Inglaterra, “[con blockchain] el enfoque como siempre debería estar en satisfacer las necesidades de los usuarios, no en implementar tecnologías simplemente porque son inteligentes o interesantes”24.
Los mismos autores señalan también, de manera enfática, que existen indicios de que la tecnología blockchain actual no es lo suficientemente madura, de ahí que sostengan que con el tiempo ella puede devenir en obsoleta o perder sus parámetros de seguridad, cuando la cadena de bloques en la cual se hubiere invertido pierda su compatibilidad y soporte con redes más amplias y con mayor desarrollo. Al respecto, de manera literal sostienen estos autores lo siguiente:
Una empresa podría desarrollar una aplicación que explote una determinada cadena de bloques y descubrir después de unos años que la cadena de bloques elegida ya no es compatible con la red más amplia. El uso de una cadena de bloques pública compatible con pocos nodos podría aumentar el riesgo de ataques (ya que pocos nodos podrían controlar la mayor parte de la red)25.
Los cuestionamientos tecnológicos y la aversión a los riesgos que conllevan la innovación son dos retos que impone el insurtech en el sector segurador, y aunado a ellos se suman también los interrogantes que desde el derecho exigen un análisis de temas tales como los efectos jurídicos en la naturaleza, elementos y características del contrato de seguro, así como frente a la gestión y explotación del big data. No obstante, de manera previa al estudio de dichos temas es relevante plantear el modelo actual, basado en una economía colaborativa y comportamental que denota características similares a la forma como nació el derecho de seguros.
2.4. LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: UN REGRESO EN EL TIEMPO AL ORIGEN DE LA INSTITUCIÓN ASEGURADORA
En el Primer tratado de seguros de Pedro Santarém26, escrito en el siglo XV, se mencionan los modelos de seguro de autoayuda como la regla general, y como se ve, es esa la tendencia actual:
En verdad, los comerciantes providentes, muy a menudo, después de pensar en los peligros en el mar, protegen sus cosas contra la crueldad de la fortuna con el escudo de la seguridad y los defienden al ponerse de acuerdo con otros contra los casos de fortuna adversa [...] Acerca de este acuerdo de garantía, es habitual que surjan y crezcan grandes disensiones entre los comerciantes. Por esta razón, primero debemos ver si el acuerdo por el cual una persona, habiendo acordado con otra sobre el precio de un riesgo, asume la desgracia de otra persona, es lícito en la forma en que normalmente se practica27.
La evolución tecnológica ha introducido en la gestión de los riesgos características propias de los fondos mutuales28, los cuales constituyen los antecedentes históricos de los contratos de seguro, solo que a diferencia de estos últimos, las mutualidades permitían el cubrimiento recíproco de riesgos por parte de miembros suscriptores que celebraban acuerdos subyacentes orientados a que la indemnización se gestionara de manera conjunta, así como con las primas y los deducibles, los cuales podían ser pagados con los recursos del fondo29. En ese sentido, a diferencia del contrato de seguro tal como vino a concebirse posteriormente, en las mutualidades o intercambios de seguros recíprocos no se hacía un traslado de riesgos a un tercero a cambio de una contraprestación, como sí ocurre en el seguro30.
Lo cierto es que, antecedentes del contrato de seguro con las características actuales no se han encontrado ni siquiera en fuentes romanas. En estas, lo más parecido a ello era el empréstito marítimo (foenus nauticum) y su versión terrestre (foenus quasi nauticum). Foenus nauticum era la denominación en latín del “préstamo a la gruesa ventura”31, el cual constituía un contrato de mutuo en el que un prestamista se obligaba a entregar dinero u otros bienes fungibles a un naviero, con el fin de que Este destinara dichos recursos para cubrir lo requerido en la travesía marítima; por su lado, el naviero tenía que pagar luego al prestamista el riesgo del viaje (pretium periculi) en caso de que no se realizara siniestro alguno; a contrario sensu, en el evento en el que el viaje fracasara, es decir, si sufría perdida, el prestamista no exigía dicho pago, pues en ese supuesto el naviero quedaba liberado de la deuda, de manera que aquel –por supuesto– perdía capital e intereses32.
Lo mismo fue regulado en el Código de Hamurabi de 1728 a. C., en cuyo contenido es posible encontrar las primeras formas del seguro, como se indicó atrás, concebido como préstamos a la gruesa, mediante la siguiente regulación:
Si un negociante dio a un legado dinero para vender (prestar a interés) y comprar y lo puso en ruta (lo designó viajante), el comisionista en viaje hará fructificar la plata que se le ha confiado […] si en el lugar de destino obtuvo beneficios sumará los intereses y lo que ha recibido, deducirá los gastos de sus días de viaje y pagará a su negociante33.
Lo propio sucedía en el comercio marítimo de Rodas (Grecia) y también se regulaba la posibilidad de que en casos de avería gruesa y de verse obligados a efectuar la maniobra de lanzamiento de la mercancía movilizada por la borda, procurando evitar la realización del riesgo de hundimiento, como ocurre hoy, las pérdidas debían distribuirse de manera proporcional entre todos los interesados en la carga transportada34. En esa medida, es posible recordar en el devenir histórico cómo el origen de los seguros se adjudica mayoritariamente a la necesidad de cubrir los riesgos del intercambio, específicamente a través del transporte marítimo. Ahora bien, la concepción del contrato de seguro era distinta a la presente, pues consistía en la asunción recíproca de riesgos sin que estos fueran trasladados a un tercero que los cubriera.
Así, esos primeros pasos en la gestión del riesgo mediante seguros colaborativos dieron origen a mutualidades que posteriormente, en muchos casos, se convirtieron en aseguradoras. Para el propósito de este escrito, se resume en pocas líneas, como ejemplo, lo que fue el origen y evolución de lo que hoy es Mapfre, siendo en 1933 la formación de la Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Fincas Rústicas de España, con el fin de asegurar a los trabajadores de las explotaciones agrícolas35. Lo cierto es que ahora dicho principio colaborativo en la gestión del riesgo vuelve a su papel protagónico inicial, pues de esa manera funcionan los seguros peer to peer (P2P)36.
Sobre esta modalidad de seguros, los profesores Pierpaolo Marano y Kyriaki Noussia aterrizan los modelos P2P al sector asegurador de la siguiente forma:
En el sector asegurador, la expresión seguro P2P se utiliza para describir nuevos modelos de negocio basados en tecnología que permiten al asegurado poner en común sus riesgos y su capital, autoorganizarse y administrarse para minimizar sus pérdidas y maximizar sus ganancias. De hecho, el seguro P2P se trata de una combinación de riesgo y capital, dado que en estos modelos al menos una parte, a veces la totalidad del riesgo lo asumen los propios pares37.
La colaboración y la agrupación de personas con el fin de compartir riesgos corresponde a las características inherentes a la condición humana, y de ahí que de manera histórica haya sido esta la tendencia, informada también por el principio de solidaridad, hasta el día de hoy, pues es ahora cuando más predominan los modelos cooperativistas orientados a la creación de figuras como los fondos o cooperativas de empleados. Con el objeto de dar protección a los intereses y la asunción de riesgos de manera colectiva, Antígono Donati describe los antecedentes de la asistencia y repartición de riesgos como fenómenos naturales y propios de la evolución de la humanidad:
La asociación de varias personas con finalidades de asistencia y repartición de los riesgos es un fenómeno normal de la humanidad y se puede decir que nace con ella: inicialmente la familia, después el clan y la tribu, la realizaron naturalmente. Más tarde, con el surgimiento de la organización estatal, la asociación para mutua asistencia se transforma en un fenómeno voluntario; la encontramos en la India, Persia, Palestina, Fenicia, y existen referencias a ella en el Talmud y el Código de Hammurabi38.
El profesor Andrés Ordóñez, en una cita que hace de él el doctor Hernán Fabio López en su libro Comentarios al contrato de seguro, reconocía que el origen del derecho de seguros se le asigna mayormente a este tipo de operaciones, haciendo referencia al préstamo a la gruesa. Y en cuanto a los seguros de personas, se encuentran huellas de su surgimiento luego del incendio de Londres de 1666, así:
No es extraño que el seguro naciera en el dominio de la actividad en la cual primero y durante mucho tiempo se manifestaron casi con exclusividad los riesgos al patrimonio de las personas: la navegación marítima. La forma negocial premonitoria del contrato de seguro, en la cual la más generalizada doctrina cree encontrar el más lejano antecedente del mismo, el préstamo a la “gruesa ventura”, se utilizó en los primeros tiempos el desarrollo del comercio marítimo en el Mediterráneo. Las formas de seguro terrestre, en cambio, si excluyen algunas modalidades de previsión en el campo de lo que hoy llamaríamos seguros de personas que se dieron también desde épocas muy antiguas, comenzaron a desarrollarse con ocasión del gran incendio de Londres de 1666, también como lo reconoce la más reconocida doctrina en esta materia39.
Empero, solo hasta el siglo XIV surgió en Italia el contrato de seguro con las condiciones que lo caracterizan hoy en día40, pues la primera póliza escrita que se conoce data de 1347, y su origen habría tenido lugar en Génova. Lo cierto es que se ha extendido el contrato de seguro y cada vez se hace más imprescindible en el tráfico jurídico y en la gestión de los riesgos en la sociedad, en la economía, etcétera. De manera acertada sostiene
el profesor Hernán Fabio López que es por eso que a medida que se incrementa el avance económico, cultural y tecnológico, mayor resulta la importancia del seguro, ya que solo en un estadio avanzado de civilización puede estimarse el destacado papel de ese intangible que representa la necesidad de protección.
En ese sentido, con independencia del origen del derecho de seguros, es innegable su importancia, y por eso es que ahora el análisis de los efectos derivados de la aplicación de tecnologías disruptivas en la gestión del riesgo y en la ejecución del contrato de seguro se han vuelto tareas ineludibles. Como se pasará a relatar, pues los modelos modernos del derecho de seguros conservan su estirpe originaria, y han implicado un retorno a las tradicionales figuras vistas que no tienen por qué alterarse en el insurtech.
Véase que los sistemas que funcionan bajo el modelo peer to peer (P2P), describen nuevos modelos de negocio basados en la tecnología que pueden funcionar, entre otras alternativas, mediante la agrupación de personas que han adquirido el mismo tipo de seguro, permitiendo que colaborativamente los usuarios del sistema puedan repartir entre ellos los riesgos y los pagos de las primas, conformando con estas un fondo común. No es nuevo este modelo en el sector asegurador y de hecho así funcionan los fondos mutuales, que son expresiones de modelos característicos de actividades que en muchos casos han antecedido la institución del asegurador, tal como se dijo anteriormente. Aquí es oportuno citar el ejemplo de la compañía Friendsurance que funciona con este modelo: se trata de una empresa alemana que ofrece en calidad de intermediaria una plataforma online en la cual
los consumidores eligen un seguro puesto a disposición por una de estas empresas (Compañías Aseguradoras) y pagan el mismo precio que pagarían si concluyeran el contrato directamente con el asegurador. Parte del dinero se entrega directamente a la aseguradora. Friendsurance luego forma grupos de personas que han comprado el mismo tipo de seguro y el resto del dinero se utilizará para pagar los deducibles (o las reclamaciones si son menores). Al final del año, cualquier cantidad que quede en el fondo se divide entre sus miembros y se utiliza para pagar una parte de sus primas para el año siguiente41.
Inspeer es otro ejemplo de estos modelos de negocios, que se ha instituido en una plataforma de seguros comunitarios en el ramo de automóviles, con sede en Francia, y que funciona también asegurando el monto de los deducibles de las pólizas de seguros suscritas por los miembros de los fondos, y adicional a ello, mediante algoritmos permite gestionar y predecir la concreción de los riesgos42.
Vouch for me43 ha desarrollado una herramienta en línea que permite que el tomador del seguro solicite una garantía a sus amigos y con ello se genera una situación comercial en la que el usuario acepta un deducible más alto, reduciendo así de manera automática el monto de la prima de seguro. Adicional a ello, el garante solo paga en el caso en que el asegurado presente un reclamo por culpa. Ahora, lo cierto es que la filosofía del modelo pretende que los conductores sean más cuidadosos conduciendo, pues saben que su conducta puede afectar directamente a otra persona individual que de manera voluntaria se ha constituido en su garante. Se trata entonces de una nueva modalidad de gestión del riesgo que, pese a su novedosa filosofía, reproduce las tradicionales figuras del origen del derecho de seguros.
De otra parte, pese a que en la actualidad han regresado figuras de cooperativismo y mutualismo, jurídicamente y en especial bajo la interpretación que ha hecho la Superintendencia Financiera de Colombia44, se trata de figuras diversas del contrato de seguro, tanto en sus características como en sus efectos de cara a la gestión de los riesgos. En cuanto a la distinción entre fondos mutuales y el contrato de seguro, es importante hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular:
1. El seguro comercial supone la concurrencia de dos personas distintas en la relación: el asegurador y el asegurado, mientras en la protección mutual los asociados asumen mutuamente sus propios riesgos.
2. El seguro comercial presupone en contrato bilateral del cual emanan obligaciones y derechos recíprocos; el amparo mutual presupone un convenio o contrato de asociación de la cual emana la obligación de cotizar o contribuir y el derecho de auxilio.
3. En el seguro existe prima fija, el asegurador tiene derecho a apropiarse de la renta residual o empresarial, mientras en el amparo mutual ésta, cuando se produce, forma parte de la propiedad colectiva o solidaria de la entidad de la cual los asociados amparados son los mismos dueños.
4. En el seguro la prima no es susceptible de aumento o disminución. En el amparo mutuo la contribución es variable y modificable.
5. El seguro incluye, como comercial o mercantil que es, ánimo lucrativo en el asegurador, mientras el amparo mutuo excluye la idea de beneficio o provecho lucrativo.
6. El seguro expide póliza, mientras que en el amparo mutuo se obtiene un servicio por los convenios de cooperación, que origina la relación asociativa (Acuerdo Cooperativo art. 3° de la Ley 79 de 1988).
7. El seguro supone la contraprestación total del riesgo y la protección mutual hasta la concurrencia del fondo. Es decir, el fondo mutual responderá hasta el monto total de dicho fondo45.
Así, entonces, en los fondos mutuales se cubre el riesgo con la totalidad de los recursos de estos; en cambio en el contrato de seguro dependerá de la póliza pactada y de la contraprestación total pactada hasta la concurrencia del tope máximo asegurado. Ahora, tal como lo ha manifestado la Superintendencia Financiera, estas figuras son ajenas también por cuanto la actividad aseguradora se encuentra regulada de manera especial y, para constituirse en compañía de seguros, se requiere autorización por parte del Estado.
El numeral 3 del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero prescribe lo siguiente:
La autorización estatal para desarrollar la actividad aseguradora. Salvo lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 39 del presente Estatuto y en normas especiales, solo las personas previamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. En consecuencia, se prohíbe a toda persona natural o jurídica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora.
Dicha norma también consagra que de incumplirse lo anterior se entenderá que los contratos y operaciones no tendrán efecto alguno.
Los contratos y operaciones celebrados en contravención a lo dispuesto en este numeral no producirán efecto legal, sin perjuicio del derecho del contratante o asegurado de solicitar el reintegro de lo que haya pagado; de las responsabilidades en que incurra la persona o entidad de que se trate frente al contratante, al beneficiario o sus causahabientes, y de las sanciones a que se haga acreedora por el ejercicio ilegal de una actividad propia de las personas vigiladas por la Superintendencia Bancaria.
En ese orden de ideas, la Superintendencia Financiera ha considerado que solo es viable jurídicamente la creación de fondos mutuales, siempre y cuando en su funcionamiento se alejen del contrato de seguro, pues el principio como se ha dicho es diferente, siendo el de los fondos la solidaridad y el cooperativismo, mientras que en la actividad aseguradora es la bilateralidad inmersa en el contrato de seguro.
Así las cosas, es acertado lo sostenido por varios autores cuando manifiestan que aunque las tecnologías utilizadas en los sistemas insurtech son disruptivas y nuevas, son modelos basados en recetas del pasado que invitan a los usuarios y demás actores del mercado a gestionar sus riesgos de manera colaborativa46. Ahora bien, la construcción de los modelos actuales también ha imprimido en ellos características de los fondos mutuales, los cuales se distancian de manera regulatoria de la actividad e institución aseguradora. De ahí que la regulación actual no admitiría la constitución de aseguradoras cuyo funcionamiento sea similar o idéntico a los fondos mutuales. Sin embargo, como se mencionó atrás, y se reiterará adelante, ya existen ingredientes orientados a que la regulación se adapte a la innovación. Un ejemplo de ello es el artículo 166 del Plan Nacional de Desarrollo, citado atrás. En definitiva, la regulación es un reto por debatir y estudiar.
2.5. INSURTECH, CONTRATOS INTELIGENTES Y EL CONTRATO DE SEGURO
La implementación de la tecnología en el derecho de seguros ha hecho posible la trazabilidad real del riesgo, y aunque ello podría generar replanteamientos acerca de las obligaciones de las partes, en especial de la obligación condicional del asegurador de indemnizar, y en especial de cara a la información requerida en esta relación contractual, sigue siendo inviable concebir un contrato sin partes y en el cual, supuestamente, serían las tecnologías las que asuman o distribuyan tanto derechos como obligaciones contractuales. Sobre el particular, Tim Swanson47 sostiene que las tecnologías emergentes, como el contrato inteligente, eliminan la necesidad de confiar en las partes; no obstante, de ser esto cierto, ¿sería posible afirmar que ahora los derechos y las obligaciones recaen en la tecnología, más no en las partes?
La respuesta a dicho interrogante, a la luz del ordenamiento jurídico actual, por supuesto, es negativa; sin embargo, los pasos hacia la innovación deben darse de manera cautelosa, pues la adopción irreflexiva de la tecnología puede generar cambios trascendentales en el perfeccionamiento y en la ejecución del contrato de seguro48. La necesaria razonabilidad en estos procesos exige reivindicar la noción tradicional de los contratos, y sumado a ello, los seres humanos deben recuperar su rol protagónico y central en las relaciones negociales; y es que aun ante la automatización, son las partes –por supuesto– quienes siguen y seguirán siendo las dueñas de lo pactado, y de ahí que siga vigente la intangibilidad de los contratos, la regla pacta sunt servanda49, que expuesto por Domat se traduce en que “las convenciones crean los compromisos por el consentimiento de dos o más personas que hacen entre sí una ley para ejecutar lo que se prometen50. Así pues, ni este principio, ni la definición de contrato han sido desplazados por el empleo de las nuevas tecnologías; de ahí que el contrato siga siendo el “acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas”51.
De cara a la definición de contrato, resulta pertinente volver a hacer la reflexión respecto de si los contratos inteligentes constituyen o no contratos verdaderos, desde la definición expuesta previamente, o si solo constituyen mecanismos para la ejecución de los acuerdos. En el informe del Banco Central Europeo, los smart contracts son definidos como “arreglos de tipo contractual incorporados en un software que este último puede validar, ejecutar y grabar de manera automática en una plataforma de tecnologías de registro distribuido, tan pronto como se cumplan ciertas condiciones preprogramadas y acordadas por humanos”. La entidad diferencia los contratos inteligentes de los convencionales a partir del potencial que tienen los primeros, para que por medio de un software se puedan automatizar las respuestas previamente acordadas, condicionado a la ocurrencia de eventos específicos, determinados ex ante por las partes contractuales. El ejemplo más claro de DLT o tecnologías de registro distribuido y su convergencia con contratos inteligentes es la plataforma descentralizada operada por la Fundación Ethereum, que se compone de miles de nodos que ejecutan el software relacionado con el blockchain de Ethereum.
Se ha dicho que la aplicación de los contratos inteligentes y los sistemas blockchain permitirían que los reclamos presentados a las compañías sean procesados de manera expedita y eficiente, como quiera que el mismo código integraría las reglas para habilitar las transferencias o reembolsos a los asegurados; ello podría reducir tanto costos como errores humanos en el análisis de los siniestros. Aunado a ello, también permite esta tecnología establecer redes P2P, que permitan el seguimiento real y continuo de la conservación del estado del riesgo, lo cual podría contribuir en la atenuación de la siniestralidad y la prevención de los riesgos; a su vez, esto podría tener efectos a la baja en las primas.
El sistema blockchain permite que los participantes de la red que ejecutan nodos de bitcoin (miners) tengan acceso a la información, la cual es pública, transparente, inmutable e inmodificable. Lo contrario sucede en la internet, pues en este contexto la información es maleable y fugaz, y la información emitida no requiere validación con registros anteriores, lo cual no constituye garantía sobre la veracidad de la información ni sobre la transparencia en lo acordado entre las partes contractuales. Así, tal como se ha interpretado el desarrollo del blockchain, desde su creación por Satochi Nakamoto, se trata de un sistema orientado no solo a prescindir de la intermediación o a la necesidad de terceros, sino que se asegure, de manera algorítimica que todo el íter contractual fue consensuado y aceptado en forma de bloques y cadenas. En ese sentido, se plantean modelos de seguros decentralizados en los que a partir de derivados se gestiona el riesgo de manera pública y transparente, permitiéndole a las partes el acceso constante a los términos y condiciones de las pólizas de seguro, y de ese modo, contar con la garantía de transacciones transparentes, acordes con lo pactado y blindadas contra el fraude52. En ese sentido, tanto el consumidor como la compañía aseguradora derivan beneficios de ello. En estos sistemas, las compañías cuentan con la posibilidad de adoptar decisiones con base en un acercamiento más veraz y real a los riesgos actuariales53, respecto de los cuales el análisis se nutre de datos relacionados con el comportamiento del asegurado y con otros factores relativos a la capacidad económica de las personas. Así, el sistema blockchain pretende garantizar un medio en el cual la información sea verificable, sólida y criptográficamente segura, lo cual se traduce en mayor confianza depositada por las partes en la tecnología, la cual, como se dijo, en su desarrollo tampoco está exenta de fallas tecnológicas ni de errores humanos.
Por su parte, Szabo, quien acuñó el concepto de “smart contracts”, los ha definido como “protocolo transaccional computarizado que ejecuta los términos de un contrato. Los objetivos generales son satisfacer las condiciones contractuales comunes, minimizar las excepciones temerarias y fortuitas, y minimizar la necesidad de terceros intermediarios fiable”54.
En ese sentido, los contratos inteligentes se orientan a la sustitución de los intermediarios y a la eliminación o reducción de trámites innecesarios, depositando la confianza requerida en el código informático como elemento esencial en el proceso de elaboración y diseño del contrato. A diferencia de la vending machine o máquina expendedora, en los smart contracts se busca, precisamente, eliminar la acción de quien introduce la moneda con el fin de activar el funcionamiento del sistema. Así, la automatización inherente a los contratos inteligentes tiene como objetivo el de eliminar o al menos reducir los errores humanos, los costos e inconvenientes que generan los requerimientos formales atados a la documentación análoga o en papel, y a su vez facilitar la ejecución de transacciones contractuales55.
Ahora bien, la automatización no se traduce de manera automática en que los smart contracts sean inteligentes en sí mismos, ni mucho menos en la eliminación total de la intervención del ser humano. Por el contrario, el software solo permite la automatización comentada una vez las condiciones contractuales hubieren sido preprogramadas y, por ende, acordadas por las partes56. Adicional a ello, no es posible eliminar por completo el error humano ni los conflictos entre las partes, los cuales requerirán ser resueltos por un intermediario imparcial e independiente de las partes. Tal como se señaló en acápite anterior, los errores y las dificultades técnicas presentes en el software no son evitables y por el contrario es muy probable que sucedan dada la paulatina maduración y adaptación de las tecnologías emergentes. En cuanto a los conflictos, cuando ellos requieran la intervención de un juez, por ejemplo, en casos de imprevisión contractual, resolución o nulidad, quien conozca de dichos conflictos debe contar con facultades jurisdiccionales y, por lo tanto, ser administrador de justicia, incluyéndose por supuesto la posibilidad de acudir al pacto arbitral en el contrato. En cuanto a aquellos conflictos que no requieran la intervención de un juez, las mismas tecnologías emergentes han permitido el desarrollo de aplicativos como Kleros57, que de manera decentralizada sobre Ethereum, sirve de tercero para resolver disputas contractuales y, en ese sentido, es posible que las partes le confíen también a la tecnología la resolución de sus conflictos.
Igualmente, desde lo jurídico, ¿es posible sostener que los contratos inteligentes cuentan con las características de contratos propiamente dichos? Sobre el particular, y dado el funcionamiento indicado, pareciera más bien que los contratos inteligentes funcionan como acuerdos accesorios cuya función es la de implementar acuerdos contractuales previos. Pero, entonces, ¿siempre se requerirá la existencia de un contrato anterior o previo? ¿O acaso el código informático en sí mismo constituye la ley especial por la que se rige la relación entre las partes?58.
Considerar que el contrato inteligente constituye en sí mismo un sistema regulatorio alternativo y diferente59, desde la teoría “code is law”, conlleva diversos riesgos, pues la tecnología, como se ha indicado, no está exenta de errores y fallas; tan es así que técnicos expertos en el tema han afirmado que la blockhain aún no es lo suficientemente madura como para aplicarla al derecho de seguros. Sin embargo, al final del día, dependerá en gran medida de la legislación y del sistema jurídico en el cual se esté discutiendo la naturaleza jurídica de los contratos inteligentes60. Además, la doctrina ha desarrollado los elementos básicos requeridos para la conformación de un contrato válido, para lo cual habría que considerar –por supuesto– los requisitos de validez de los diversos ordenamientos jurídicos y, adicional a ellos, tres elementos que han sido considerados indispensables: (i) la evidencia de la intención de las partes de constituir relaciones legales, lo cual, aunque las más de las veces represente dificultades, pues se trata de derivar dicha voluntad del entendimiento del código informático, sigue siendo la prueba central y la más importante de la intención común de las partes; (ii) la prueba de los términos contractuales relevantes, pues se ha considerado que los contratos inteligentes que puramente digitalizan el íter contractual, pero que no integran términos y condiciones contractuales, no pueden concluirse como contratos válidos, sino tan solo acuerdos mediante los cuales no se suscriben obligaciones sino que se implementan aquellas, y (iii) su exigibilidad externa, pues aunque la regla en estos contratos sea la automatización, lo cierto es que no están exentos de estudio y análisis por parte de los jueces, y por eso deben ser claros los mecanismos de resolución de conflictos acordados por las partes en el contrato.
De lo anterior se concluye que de cumplirse con dichos requisitos podría concluirse la validez jurídica de los contratos inteligentes y su potencialidad para ser fuente de obligaciones. Sin embargo, otro cuestionamiento válido que se hace la doctrina es si la inmutabilidad y la certeza en el cumplimiento como características prístinas del smart contracts no evita, por el contrario, que se pueda hablar de contrato. En efecto, si se trata de presumir el cumplimiento y de evadir, de manera técnica, cualquier situación de incumplimiento, pues la conclusión o ejecución del contrato está garantizada por el código programado. Para Svelyev, citado por el doctor Ernesto Rengifo, el contrato inteligente no crea obligaciones jurídicas, pues solo se trata de una herramienta para la autolimitación técnica de ciertos derechos61.
Planteada la discusión, puede concluirse de manera parcial que no ha sido uniforme la doctrina, y que aún existen dudas sobre la naturaleza jurídica de los contratos inteligentes. Sin embargo, es innegable su aplicabilidad y uso en el derecho de seguros, en el que el contrato es consensual y, al no requerir su perfeccionamiento de otras diligencias, podrían las partes acordar incluir ciertos términos en una tecnología como estas. Ahora bien, la automatización que imprimen los smart contracts implicaría que de plantearse la posibilidad de que una póliza de seguros sea expresada en dicha tecnología, tendría que ser en un escenario fácilmente objetivable y cuya condición –es decir, la realización del siniestro– no dependa de un análisis caso a caso, lo cual sucedería en siniestros en los que se discuta la responsabilidad civil, por ejemplo. Un punto a discutirse será el lenguaje de programación del contrato y si con ello se cumplen con los requerimientos de claridad y con las obligaciones de información de cara a la relación entre el asegurador/intermediario y el consumidor financiero.
Lo cierto es que la ventaja de esta herramienta es –por supuesto– sus pretensiones de certeza en las relaciones. Sobre el particular, en entrevista del 20 de julio de 2015, Anronopoulos responde lo siguiente:
Si realizamos una gran transacción con una estructura de control específica, podemos predecir el resultado en cualquier momento dado. Si realzamos una transacción firmada y verificada por una serie de firmas en una cuenta multifirma, podemos decir si la red verificará la transacción. Y si la red puede verificar la transacción, entonces esa transacción puede liquidarse y de una manera irreversible. Ninguna autoridad central o tercera parte puede revertirla, ni nadie puede anular el consenso de la red. Esta idea es nueva tanto en el derecho como en las finanzas. El sistema de bitcoin proporciona un altísimo grado de certidumbre sobre el resultado de un contrato62.
De esta forma, se permite la gestión del riesgo de manera más segura y certera, y con ello se orienta la industria aseguradora a cumplir con otra de sus funciones, la de prevenir los riesgos:
La gestión del riesgo, de la que la seguridad forma parte, está destinada a proteger a individuos y compañías de pérdidas y quiebras. Más en general, la gestión del riesgo en los mercados financieros ha dado lugar a una mirada de productos derivados y otras herramientas financieras cuyo objeto es proteger el dinero de contingencias imprevisibles o incontrolables. Según las últimas estimaciones, el valor de todos los derivados extrabursátiles asciende a 600 millones de dólares. El sistema de blockhain soporta modelos de seguro decentralizados, que hacen que el uso de derivados para gestionar el riesgo sea mucho más transparente. Utilizar sistemas de reputación basados en el capital social y económico de una persona, sus actos y otros factores de reputación permite a las aseguradoras hacerse una idea más clara del riesgo actuarial y tomar decisiones más informadas63.
Así, el insurtech se convierte en un mecanismo para que la industria aseguradora pueda desempeñar su otra función, la de prevenir los riesgos, y ello también se logra con los datos a los cuales se tiene acceso por medio de la internet de las cosas y también por el mismo funcionamiento de las redes blockchain, en las cuales las partes autorizan que por intermedio del Oracle se obtenga información y datos outbound, externos o inbound, es decir, del mismo software, para nutrir el seguimiento de la ejecución del contrato y, en ese sentido, predecir la forma como se ejecutará el contrato por las partes.
En consecuencia, aunque siguen vigentes y sin solución los interrogantes relacionados con la naturaleza jurídica de los contratos inteligentes, la aleatoriedad en el contrato de seguro64, la validez del smart contract en el derecho de seguros y los efectos de la automatización en la obligación de informar el estado del riesgo por parte del tomador y del asegurado, así como la forma como se encuentra regulado el contrato de seguro en el ordenamiento jurídico colombiano, sigue incólume. Además, la aplicabilidad del contrato inteligente depende del cumplimiento de las condiciones, características y elementos esenciales inherentes al contrato de seguro, más no al contrato inteligente65. En otras palabras, pese a los retos que representan los smart contracts, no solo en cuanto a la capacidad jurídica de las partes sino también frente a la naturaleza jurídica del acuerdo, se reitera la premisa señalada de manera preliminar: al final del día lo importante será impedir que la inovación desplace al contrato como fuente de las obligaciones, y que en los procesos de disrupción se procure reivindicar el papel protagónico de las partes, pues los principios de la autonomía de la voluntad y el pacta sunt servanda siguen teniendo total vigencia y aplicabilidad, prevaleciendo frente a los códigos informáticos. La esencia de lo anterior no puede cambiar y, en definitiva, giros trascendentales en ellos no solo tendrán efectos prácticos en el derecho de seguros, sino que también podrían significar la transformación de la filosofía del derecho de contratos.
2.6. BIG DATA: RETOS DEL INSURTECH FRENTE A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAS, por sus siglas en inglés), ha advertido, y con razón, que la obtención de los datos de los asegurados representa retos frente a la regulación de las nuevas tecnologías y sus efectos tanto en los seguros como en la protección del consumidor66. Y en efecto, la evolución del derecho de seguros conlleva interrogantes sobre las medidas jurídicas requeridas para normatizar ese tipo de innovaciones y garantizar que la evolución tecnológica no replantee o desnaturalice de manera errónea, insegura e imprecisa, la figura del contrato de seguro en perjuicio de los consumidores. Por eso este acápite se enfoca en el examen de los derechos de los consumidores, en especial considerando la data utilizada por las aseguradoras para la prevención y gestión de los riesgos, la promoción de sus productos, el acceso y envío directo al público objeto de su oferta, etcétera.
Son innegables los efectos de la masiva obtención de datos, su acumulación y uso en las dinámicas sociales y en las estructuras de poder; todo ello trae consigo también el replanteamiento de la función del ser humano en el mundo67. De ahí que, en dicho ámbito de la evolución tecnológica, también sea necesario indagar acerca de la función y la suficiencia del derecho y de la regulación aplicable, y en ese proceso, en un movimiento pendular –como puede describirse la trayectoria fenomenológica del devenir circular común en la vida–, tenemos que su comprensión normalmente deja rezagada su regulación en el mundo jurídico, la cual va entre posiciones orientadas a la adopción minuciosa de legislaciones y reglamentaciones que en forma intervencionista procuran reglar cada uno de los aspectos o manifestaciones de los participantes del mercado, de cuyos partícipes pueda evidenciarse tráfico negocial –o, como en este caso, los efectos de la interrelación entre las dinámicas sociales y el empleo de la tecnología–, hasta aquellas otras tendencias que defienden la libertad para que los gestores procuren formas de auto-regulación y esperan que sobresalga en su actuar la flexibilización normativa.
Lo cierto es que en ese movimiento semicircular del péndulo, tenemos que “si estas tecnologías liberan o esclavizan a las sociedades dependerá del cuidado y la sabiduría de quienes las diseñan e implementan”68, pues es sabido que el ímpetu en que irrumpe la innovación es irrefrenable y normalmente esta termina imponiéndose. Por ende, la utilización del derecho como herramienta de análisis y regulación para la solución de las tensiones consecuentes y la colisión de los derechos de los empresarios innovadores versus los partícipes de los mercados tradicionales, en el derecho de la competencia, y sobre todo con respecto a los propios consumidores –que comúnmente optan por permitir el acceso a sus datos personales con tal de acceder a los servicios ofrecidos en la web o empleando las herramientas tecnológicas–, concita a la necesidad de propenderse por una posición que garantice la liberalización de las sociedades, por cuanto ello no implica desde ninguna perspectiva que se pone al ser humano al servicio de la tecnología, sino al contrario. Tampoco se trata de que este pierda su relevancia en la construcción y en el foco de la regulación jurídica de las relaciones sociales. Entonces, ¿cómo se armoniza la necesidad de utilizar las herramientas tecnológicas de manera eficiente y útil en el sector asegurador, con la garantía del respeto de los derechos de los titulares de los datos, al igual que de los demás partícipes del mercado? Sobre el particular, habrá de tenerse en cuenta que la definición de consumidor financiero consagrada en el literal d) del artículo 2 de la Ley 1328 de 2009 expresa que es “todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas” y, en ese sentido, aún es incierto qué régimen sería el aplicable a los consumidores de las insurtech o de aquellas compañías que surjan en la cadena de valor de los seguros pero que por diversas razones regulatorias no sean ni vigiladas ni supervisadas.
La filosofía de la información de Floridi, aunque no es intrínsecamente negativa, si está lejos de ser moralmente triunfalista. Para él, la tecnología genera momentos creativos que logran nuevas posibilidades ontológicas, pero también podrían dar lugar a situaciones de opresión que exigen de los operadores jurídicos y de la administración estatal acciones responsables orientadas a determinar cuáles son las regulaciones más acertadas69.
En la audiencia pública de 10 de abril de 2010, Mark Zuckemberg (de Facebook) compareció ante el Congreso de Estados Unidos, y en ella se examinó, ante vulneraciones por parte de su empresa, la relevancia de los datos personales en la libertad de las personas, derivándose de ello diversas lecciones que, aunque parecieran no haberse aprendido aún, sí indican las graves consecuencias de un tratamiento impropio de datos personales sin el debido control y manejo. Y todo ello también resulta relevante –por supuesto– para la gestión de los datos de cualquier explorador que los vaya a emplear, lo cual es predicable en el mercado de las compañías aseguradoras y por supuesto en el insurtech. La audiencia en mención fue motivada por el caso CambridgeAnalytica, el cual significó el uso de perfiles de más de 50 millones de usuarios del facebook para re-direccionar la campaña política del presidente Trump, lo que habría influido en las decisiones de los votantes. Y sobre el particular, resulta pertinente la transcripción literal de lo sostenido por el senador Jon Tester, quien expuso de manera clara la relación entre la libertad y la privacidad, sobre lo cual se busca enfatizar en este momento:
Facebook es una empresa estadounidense, y con eso, creo que tienes la responsabilidad de proteger las libertades estadounidenses que son fundamentales para nuestra privacidad. Facebook permitió que una empresa extranjera robara información privada. Permitieron que una empresa extranjera robara información privada de decenas de millones de estadounidenses, en gran parte sin ningún conocimiento propio.
Quién y cómo elegimos compartir opiniones es una cuestión de libertad personal. Con quién compartimos nuestros gustos y disgustos es una cuestión de libertad personal. Este es un episodio preocupante que destroza por completo esa libertad, para que entiendas la magnitud de esto. Los habitantes de Montana están profundamente preocupados, están profundamente preocupados por esta violación de la privacidad y la confianza70.
Sobre el particular, y en la misma línea, Ann Cavouskian, directora ejecutiva del Privacy and Big Data Institute de la Universidad de Ryerson, ha sostenido que la “libertad se basa en la privacidad”, y que ello lo aprendió en Alemania, el “primer país del mundo en protección de la privacidad y la información. Tuvieron que sufrir abusos del Tercer Reich y la total supresión de las libertades que empezó con la total eliminación de su privacidad. Cuando terminó dijeron: Nunca más”71.
Las tecnologías disruptivas de las cuales se ha servido el insurtech han permitido el manejo de reclamos y la automatización de la suscripción y ejecución del contrato de seguro mediante contratos inteligentes. Aunado a ello, se ha facilitado el análisis masivo de datos que permite el seguimiento continuo y permanente de la evolución del riesgo. Un ejemplo de lo dicho son los dispositivos que instalados en los vehículos pueden recopilar datos sobre la velocidad con la que conduce una persona, y de conformidad con ello, realizar cobros de primas de manera personalizada. Igualmente, los contratos de seguro dental de la Compañía Beam pueden ajustar las primas de manera automática dependiendo de los hábitos del asegurado. Así entonces, el insurtech se caracteriza por la utilización del big data, el cual ha sido definido de la siguiente forma:
Es proceso para brindar información sobre la toma de decisiones. El proceso utiliza personas y tecnología para analizar rápidamente grandes cantidades de datos de diferentes tipos (datos estructurados de tabla tradicional y datos no estructurados, como imágenes, videos, correo electrónico, datos de transacciones e interacciones en redes sociales) de una variedad de fuentes para producir un flujo de conocimiento72.
Aunada a dicha definición, el informe Gartner se centra en tres criterios para definir el big data, y con ello se ha instituido el modelo de las 3 V: (i) volumen creciente en la cantidad de datos, (ii) velocidad en el procesamiento de datos y (iii) variedad de datos73.
El procesamiento de datos mediante el big data ha permitido que por intermedio del insurtech se evalúen los perfiles de riesgo de los clientes de una manera más precisa, a través de diversas herramientas que permiten el análisis de los datos, mas no generalizaciones basadas solo en aproximaciones estadísticas según situaciones particulares como las son el género o la edad. Sin embargo, ello podría dar lugar a cuestionamientos sobre discriminaciones injustificadas, y sobre lo anotado es necesario mencionar cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha prohibido a las aseguradoras diferenciar primas del seguro de automóviles en función del género74. Ahora, por supuesto, la legitimidad en la utilización de datos por parte de las aseguradoras también dependerá de la forma como se hubieren recopilado dichos datos, y si hubo la autorización correspondiente por parte de los titulares. Sería, por ejemplo, cuestionable o al menos criticable evaluar y calificar perfiles de riesgo de los clientes a partir de datos que se recolecten tomando como fuente las redes sociales, ello aunado a que las tecnologías no garantizan toda la seguridad necesaria en el almacenamiento y la conservación de información.
Una de las primeras plataformas informáticas descentralizadas con pretensiones de igualdad y transparencia fue Enigma, la máquina desarrollada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius con el fin de interceptar comunicaciones durante la guerra y así poder coordinar estrategias militares y prevenir ataques. En la actualidad Guz Zyskind y Oz Nathan en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) han creado el nuevo “enigma” mediante el cual se ha hecho el registro público de blockchains75. Sin embargo, todo ello, aunque parece ser la solución a los fraudes, lo cierto es que aún no se ha garantizado de manera total la seguridad de los algoritmos ni tampoco la ausencia de fallas técnicas. Sin embargo, se siguen esperando las mejoras futuras a las cadenas de bloques o blockchain para así garantizar de manera total sistemas informáticos confiables en la sociedad76.
El uso, procesamiento y análisis de los datos ha permitido al insurtech introducir la personalización del seguro a través de algoritmos, lo cual permite la flexibilización en el establecimiento de las primas y demás condiciones, adecuándolas a los hábitos de los asegurados, acorde con sus condiciones y necesidades. El uso de la telemática, por otro lado, le permite a las compañías el seguimiento de la carga en seguros de transporte, así como en seguros de vida y de salud, en los que los hábitos de ejercicio y consumos de bebidas alcohólicas o de cigarrillo suministra insumos importantes para cálculos actuariales relativos a las primas, así como para la calificación de las contingencias. Esto permite establecer reservas económicas más precisas y acordes con la realidad, así como disminuir la siniestralidad en ciertos sectores.
Ante el escenario descrito, en donde se vislumbran tanto ventajas como riesgos, ¿cómo se garantiza la protección de los datos personales de los consumidores?, ¿cómo se evita que la tecnología tenga mayor control sobre la información personal que los mismos seres humanos? Lo cierto es que el “entusiasmo generalizado que ha inspirado el big data debe atenuarse por el hecho de que el secreto, en lugar de la divulgación, es la herramienta legal más poderosa para proteger muchas inversiones en este nuevo campo77. La garantía cierta y existente debe ser el respeto del habeas data como derecho constitucional fundamental y en búsqueda del balance de derechos, sin impedir que con ello se obstaculice de manera injustificada la innovación.
La Corte Constitucional ha entendido el habeas data como el “derecho fundamental autónomo que tiene la función primordial de equilibrar el poder entre el sujeto concernido por el dato y aquél que tiene la capacidad de recolectarlo, almacenarlo, usarlo y transmitirlo”78. Igualmente, esta misma Corporación ha establecido que la autorización o consentimiento al encargado o responsable de los datos debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) que sea previo, (ii) expreso y (iii) informado. Todos estos numerales deben cumplirse en el contexto de la tecnología emergente utilizada para la recopilación de los datos, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, y que cuando se trate de datos sensibles y personales deberá tenerse en cuenta que, al ser de rango constitucional, prevalecerá frente a otros derechos e intereses económicos cuyo reconocimiento sea legal mas no constitucional.
Si bien ni la jurisprudencia colombiana ni la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) han hecho referencia a la gestión y almacenamiento automatizado de datos por sistemas de inteligencia artificial, de blockchain o demás tecnologías utilizadas en insurtech, la SIC sí ha hecho referencia al concepto de cookies, los cuales fueron definidos como “archivos que recogen información a través de una página web sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y eventualmente podrían conformar una base de datos de acuerdo a la definición legal de la Ley 1581 de 2012”79.
En cuanto a las autorizaciones requeridas para el tratamiento de datos personales, la Corte Constitucional ha indicado que el consentimiento debe ser previo, expreso, inequívoco e informado; de ahí que sea necesario que el titular de los datos conozca cuáles serán las finalidades y objetivos del tratamiento conferido a su información:
El consentimiento del titular de la información es un presupuesto para la legitimidad constitucional de los procesos de administración de datos personales, tratándose de un consentimiento calificado: ya que debe ser previo, esto es, que la autorización debe ser suministrada en una etapa anterior a la incorporación del dato; expreso, en la medida que debe ser inequívoco; e informado, toda vez que el titular no sólo debe aceptar el tratamiento del dato, sino también tiene que estar plenamente consciente de los efectos de su autorización80 [cursiva añadida].
El artículo 7 del decreto 1377 de 2013[81] establece que esta autorización se puede obtener de forma escrita u oral, y en ningún caso el silencio del Titular puede ser considerado como una autorización. Además, se obtuvo la autorización si un titular realizó una conducta que inequívocamente demuestre que aprueba el tratamiento de sus datos personales.
Técnicamente, y para garantizar la seguridad de la información compuesta posiblemente por datos personales, debe implementarse, entre otras medidas, procedimientos de encriptación y de hash para proteger las llaves de acceso a la data.
Finalmente, y en cuanto a servicios digitales, el ordenamiento jurídico vigente consagra que, en el diseño e implementación de tecnologías mediante las cuales se procesen, gestionen y almacenen datos personales, se garantice “la protección de la información que exige la incorporación en las especificaciones de diseño de tecnologías, procesos, prácticas de negocio e infraestructuras físicas que aseguren la protección de la privacidad de la información”82. Así las cosas, el big data no es un fenómeno aislado: debe ser analizado de manera acorde con los demás elementos jurídicos necesarios y presentes en la introducción de las nuevas tecnologías en los seguros, y así, darle también prioridad a la protección de los datos de los usuarios.
2.7. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE INSURTECH Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
A manera de complemento de los puntos esbozados a lo largo del artículo, es oportuno añadir algunos otros retos jurídicos que impone la utilización de la inteligencia artificial para el análisis de datos, la gestión de los riesgos y para la automatización de la suscripción de las pólizas de seguro. Así, es menester recordar algunos de los usos de esta tecnología, que, integrada con la internet de las cosas, el blockchain y el big data, permite la automatización de la suscripción de los contratos de seguro, y con ello se busca blindar las transacciones ante fraudes; de ahí que también sea utilizada dicha tecnología para el procesamiento de los reclamos83.
Véase que ha devenido frecuente la práctica de atar las pólizas de seguros a la instalación de sensores telemáticos en automóviles y en bienes inmuebles, con el fin de prevenir y vigilar, pero igualmente con esos implementos se pueden detectar y obtener datos sobre hechos que descubren hábitos de los asegurados, concomitante con el monitoreo de lo que determina el estado actual y real del riesgo y sus cambios, mejorándose con ello la capacidad de respuesta ante incendios, inundaciones o robos. Todo esto se apareja de lo aplicable también en los dispositivos móviles que permiten hacer un seguimiento confiable y constante del usuario, de su ritmo cardíaco y, en general, de su situación de salud, lo cual le permite a las empresas, y podría ser también a las aseguradoras, previa autorización del usuario, analizar el big data para la construcción de perfiles y para realizar cálculos actuariales, empleando logaritmos, facilitando la graduación de las primas de conformidad con el estado real de los riesgos y su potencial evolución. De esta forma, a partir de los datos proporcionados por los asegurados, se establecen primas para riesgos particulares, y además se construye de manera certera la clasificación de las contingencias permitiendo establecer reservas precisas desde estos modelos predictivos84. Ahora, ¿cómo se garantiza la no discriminación en la creación de perfiles de riesgo?, ¿cómo se garantiza que la categorización y demás decisiones adoptadas en la automatización de procesos están exentas de errores técnicos o humanos programáticos? Como se ha visto, todos estos son interrogantes aún por resolver completamente.
2.7.1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN COLOMBIA
Conviene hacer ahora una breve alusión a lo que se observa en la evolución de la inteligencia artificial en el ámbito colombiano. Para ello, el Ministerio de las TIC, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá, promovieron el estudio de digitalización realizado por parte del Observatorio de Economía Digital, mediante el cual se evidenció un mayor uso de tecnologías maduras –se pasó del 26 % en 2015 a un 55 % en 2017– y que solo el 1,8 % de las empresas aprovecha la inteligencia artificial. De otra parte, en documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3975 de 2019, el Departamento Nacional de Planeación, como se dijo atrás, estimó que la implementación ampliada de la inteligencia artificial podría significar un crecimiento mínimo anual de 4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante los próximos 10 años.
Frente a la interrelación entre la inteligencia artificial y el tratamiento de datos, en mayo de 2019 Colombia suscribió la “Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Inteligencia Artificial (IA)”, durante la reunión anual del Consejo Ministerial de dicha organización, cuyo tema fue “Aprovechando la transición digital para el desarrollo sostenible”. En dicho documento se menciona la importancia de contar con marcos legales en los cuales se integren de manera armónica los desarrollos de la inteligencia artificial con los derechos humanos, la protección de datos personales y del consumidor, los derechos de propiedad intelectual, la conducta empresarial responsable y la competencia.
En lo que respecta a la protección de datos, la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad colombiana en esta materia, ha reconocido la aplicación de la declaración relativa a la ética y protección de datos en inteligencia artificial. En ella se pone en evidencia el estrecho vínculo existente entre la recolección y conservación, el uso y la revelación de datos personales, y el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta declaración se dio a conocer en la 40ª Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad. En su contenido se plasmaron los siguientes principios:
- Los sistemas de inteligencia artificial deben ser desarrollados, con especial atención a los efectos que ello puede generar en la sociedad, y dándole primacía al respeto de los derechos humanos fundamentales.
- Debe trabajarse de manera constante en la transparencia y en la claridad de los sistemas de inteligencia artificial.
- Debe procurarse un balance entre la innovación en inteligencia artificial y derechos humanos, y por lo tanto su desarrollo y estructura debe impedir clasificaciones y categorizaciones discriminatorias.
Adicionalmente, en el documento “Recomendaciones generales para el tratamiento de datos en la inteligencia artificial”85 de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, se recomienda a las empresas desarrolladoras efectuar estudios de impacto de privacidad o Privacy Impact Assessment (PIA). Con ello se busca que las empresas introduzcan en el proceso de diseño y desarrollo de la inteligencia artificial la privacidad desde el diseño y por defecto. De acuerdo con dicho documento, la privacidad por diseño “promueve la visión de que el futuro de la privacidad no puede ser garantizada sólo por cumplir con los marcos regulatorios; más bien, idealmente el aseguramiento de la privacidad debe convertirse en el modo de operación predeterminado de una organización”.
Otro de los puntos álgidos es el relativo a los retos jurídicos impuestos por eventuales perjuicios derivados del uso de la inteligencia artificial, y el régimen de responsabilidad aplicable en caso de que se deriven del empleo de esta tecnología, incluso para sus desarrolladores, cuando ocurre un siniestro derivado de fallas técnicas. En otras legislaciones, como en Reino Unido, se ha llegado a legislar este punto en materia de seguros estableciéndose en el Automated and Electronic Vehicles Act (AEVA) exclusiones de la póliza por fallas en el software, debido a omisiones o actuaciones del asegurado de cara al cuidado y mantenimiento del sistema operativo, como cuando, por ejemplo, no realiza actualizaciones del software. En Alemania se ha establecido que la responsabilidad en estas situaciones debe ser imputada a los productores de vehículos. En cuanto a Colombia, aún se discute cuál sería el mejor régimen aplicable; sin embargo, en aras de hacer un breve comentario sobre el particular, procede mencionar que el régimen de responsabilidad del guardián de la cosa pareciera ser el aplicable. Para ello, el guardián es definido como aquel que tiene el uso, control y dirección de la cosa86 y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, se presume que el propietario de la cosa es su guardián y, por lo tanto, la víctima puede iniciar su acción contra él87. Estamos entonces ante un régimen objetivo de responsabilidad.
Ahora bien, no todos los sistemas de inteligencia artificial requieren del control por parte de un ser humano. Existen algunos sistemas automáticos que prescinden de él para su funcionamiento y de existir un siniestro habría dificultades en la imputación de responsabilidad. No existe, pues, una regla expresa en el ordenamiento jurídico colombiano para hacerlo.
No obstante, resulta pertinente acudir en estos casos a las normas sobre la responsabilidad por producto defectuoso, régimen de conformidad con el cual sería posible imputar responsabilidad del daño al productor o distribuidor de dispositivos robóticos generadores de los daños en cuestión. Para el efecto, habría que aplicar el Estatuto de Protección del Consumidor –Ley 1480 de 2011–, norma en la cual se consagró la obligación de seguridad frente al consumidor y que además de objetiva es solidaria, siendo posible su exigencia por parte del productor y del proveedor o distribuidor.
2.8. CONCLUSIONES
La confianza y la buena fe siguen siendo el fundamento de la construcción de relaciones jurídicas y sociales, y ni siquiera la automatización de los contratos o el procesamiento masivo de datos ha desplazado las bases sobre las cuales se han regulado, de manera histórica, los contratos. El sector asegurador no es la excepción. De ahí que en el proceso de adopción o empleo del insurtech o de las tecnologías disruptivas, ocupe un papel principal la reivindicación de la protección del consumidor y de las funciones fundamentales del seguro (la prevención, la asunción y la gestión de los riesgos). Precisamente, la evolución tecnológica ha hecho evidente la necesidad de volver a las bases de la construcción del negocio jurídico y de los contratos, para así recordar que el contrato de seguro sigue contando con las mismas características y funcionalidades conocidas, conforme con la regulación vigente.
Ahora, lo anterior no desplaza la necesidad de apelar a la prudencia y cautela en la adopción de decisiones y políticas de innovación, sin reducir la velocidad que requiere esta tarea. En efecto, las ventajas de la automatización en cuanto a reducción de costos y de los tiempos invertidos en los diversos trámites no eliminan los interrogantes y retos impuestos por la desmaterialización de los contratos, por el respeto del habeas data, por el cumplimiento de los deberes de información y demás cargas convencionales de los aseguradores respecto de los consumidores. Don y Alex Tappscott han sostenido que la confianza es la condición sine qua non de la economía digital, y la consciencia de ello permitiría también la construcción de una nueva forma de organización social.
Si bien es inexorable el estudio de las consecuencias de tales tecnologías en el sector, ello no implica la entrada de un nuevo contrato o que los elementos esenciales del contrato de seguro se hubieren modificado. Es necesario volver y reiterar las nociones esenciales, y defender las relaciones contractuales, lo cual no es otra cosa que reivindicar las relaciones humanas: los nuevos modelos de negocio no entrañan la existencia de un nuevo contrato o de una nueva visión de la aplicación de la teoría general de las obligaciones, y el reconocimiento de la importancia de los datos en la economía no puede implicar, bajo ningún motivo, que el titular de los datos pierda su importancia, ni que el consentimiento, como requisito de validez del contrato, deje de tener la relevancia que tradicionalmente ha tenido en la teoría general del derecho privado.
Finalmente, el insurtech es incontenible y será la constancia de su empleo cada vez más extendida y, por eso, las instituciones del derecho actual han de aplicarse, resultando suficientes, sin perjuicio de lo que se encuentra pendiente de adopción, conforme con el plan de desarrollo a 2022. Ahora, también deberán ser evaluados los efectos del proyecto de Ley 413 del 2021 que ha sido anunciado por los medios como el “revolcón en la industria de seguros”, pues consagra medidas jurídicas para el funcionamiento de seguros inclusivos como los son algunos modelos colaborativos y los seguros paramétricos, así como la intermediación tecnológica que, aunque no es muy claro su funcionamiento y este requerirá de normas reglamentarias, sí se detecta e infiere el crecimiento de la inversión en tecnologías insurtech en Colombia.
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CAPÍTULO 3
REGULACIÓN DEL CROWDFUNDING EN COLOMBIA: CRÍTICA Y PROPUESTAS
CROWDFUNDING REGULATION IN COLOMBIA: CRITIQUE AND PROPOSALS
JORGE ALBERTO PADILLA SÁNCHEZ*
RESUMEN: el desarrollo de fintech ha tenido como consecuencia el advenimiento de nuevos tipos de inversionistas y actores en el sistema financiero. En este contexto, el crowdfunding ha adquirido una gran importancia a nivel internacional debido a su facilidad para lograr la obtención de capital para realizar proyectos que de otra manera sería imposible adelantar. A nivel global, los reguladores han iniciado una labor encaminada a establecer las reglas de juego para el crowdfunding, lo cual ha desembocado en distintos modelos regulatorios. El presente texto tiene como objeto realizar un análisis crítico de la regulación del crowdfunding financiero en Colombia y presentar un conjunto de propuestas para fomentar su desarrollo en el país.
PALABRAS CLAVE: fintech; crowdfunding; plataforma de financiación colaborativa; aportante; receptor; regulación prudencial.
ABSTRACT: The development of FinTech has resulted in new types of investors and actors in the financial system. In this context, Crowdfunding has acquired great importance at an international level due to its ease of obtaining capital to carry out projects that would otherwise be impossible. Around the globe, regulators have begun work to regulate Crowdfunding. The purpose of this text is to carry out a critical analysis of the regulation of Financial Crowdfunding in Colombia and present a set of proposals to promote its development in the country.
KEY WORDS: FinTech; Crowdfunding; Crowdfunding Plataforma; Investor; Issuer; Prudential Regulation.
INTRODUCCIÓN
Mucho se ha hablado en los últimos años con respecto al porvenir de la prestación de servicios financieros en el mundo con ocasión del desarrollo de la tecnología y su impacto en la forma como nos relacionamos. Lo cierto es que la tecnología está, y seguirá, cumpliendo un rol de vital importancia en los mercados financieros. Hemos sido testigos de la manera como los actores tradicionales del sistema financiero se han visto obligados a adaptarse a la “disrupción” propiciada por las empresas fintech, de ahí que muchos concuerden en que fintech es el futuro en la prestación de servicios financieros. Fenómenos que afectan la vida en sociedad, como por ejemplo el distanciamiento social como medida para combatir la pandemia de la covid-19, que fue implementado por varios Estados en los primeros meses del 2020, ponen de presente la necesidad de contar con herramientas digitales que faciliten la prestación de servicios en el mundo sin necesidad de tener un contacto directo. En este sentido, nos encontramos en un mundo donde lo digital está haciendo tránsito de lo excepcional a lo ordinario; donde conceptos como “nube”, “blockchain” e “inteligencia artificial”, entre otros, se están volviendo parte del argot ordinario en los mercados financieros. El impacto de la tecnología en la prestación de servicios financieros es innegable.
En este contexto, es preciso señalar que nos encontramos ante una explosión de innovaciones disruptivas en la prestación de servicios financieros producto de varios factores: (i) la importancia de los millenials como consumidores financieros, generación que tiene un índice de utilización de dispositivos móviles, lo cual permite extender su experiencia a nuevas formas de prestar servicios financieros; (ii) avances en tecnología, como servicios de nubes, blockchain y contratos inteligentes, open-source software, inteligencia artificial, entre otros; y (iii) una ola de emprendimiento que tiene como finalidad solucionar los problemas que de antaño han presentado los mercados financieros frente al consumidor financiero1.
Así las cosas, los mercados ha sido objeto de una profunda transformación que no es ajena a los actores tradicionales del sistema financiero. En efecto, los mercados financieros han venido evolucionando a una velocidad increíble a través del uso de la tecnología. El término “fintech” (contracción del conjunto de palabras en inglés, Financial Technology) ha sido utilizado para hacer referencia al impacto que tiene la tecnología en la prestación de servicios financieros2. El desarrollo de la fintech, entre otros, ha atraído nuevos tipos de inversionistas y actores que buscan mover recursos de extremos superavitarios a deficitarios mediante la utilización de plataformas electrónicas. Nos encontramos ante un paisaje financiero dinámico en constante cambio. En efecto, tanto los medios de pago, como los créditos y depósitos están sufriendo una revolución, se están creando nuevas monedas o activos digitales, como el bitcoin, e incluso se están creando nuevas maneras de realizar asientos contables a través de blockchain.
Por otro lado, debe indicarse que en la actualidad muchas personas se encuentran excluidas del acceso al capital, o, de manera más genérica, del acceso a los servicios bancarios, a tal punto que impidan a las personas naturales el consumo de bienes y servicios básicos3. El uso de la tecnología puede servir para desbloquear las barreras de entrada a los servicios financieros. Pues bien, el crowdfunding es un mecanismo que promueve la inclusión financiera mediante el uso de nuevas tecnologías y que ha adquirido una gran importancia debido a su facilidad para obtener recursos financieros para realizar proyectos. Al conectar receptores de recursos con aportantes de recursos, la figura provee una solución a problemas emanados del recaudo de fondos, financiación institucional y ofertas públicas, entre otros4; otorga la oportunidad al público de invertir; y estimula la economía como motor de crecimiento económico.
A nivel global, los reguladores han iniciado una labor encaminada a establecer las reglas de juego para el crowdfunding, lo cual ha desembocado en distintos modelos regulatorios que incluyen, entre otros, regulaciones específicas de la actividad, regulación a través de las normas generales o incluso su prohibición. En este contexto, Colombia reguló el fenómeno del crowdfunding mediante el Decreto 1357 de 2018. Se trata de una regulación restrictiva para las plataformas que se dedican a dicha actividad, razón por la cual se ha convertido en un obstáculo para los empresarios que pretendían constituir dichas plataformas. En efecto, después de más de un año desde la entrada en vigencia del Decreto 1357 de 2018, Colombia solo cuenta con una plataforma de crowdfunding financiero, esta es a2censo.
Ahora bien, con la entrada en vigencia del Decreto 1235 de 2020, que modifica el Decreto 1357 de 2018, el Gobierno adoptó una postura mucho más flexible con el fin de facilitar e impulsar el acceso y desarrollo de los mercados de capitales, especialmente a través del crowdfunding. Se trata de una regulación que permite fomentar de manera mucho más adecuada la figura.
El presente texto tiene como objeto realizar un análisis crítico de la regulación del crowdfunding financiero en Colombia y presentar un conjunto de propuestas para fomentar su desarrollo en el país. Para tal efecto, el texto se dividirá en tres partes. En la primera se presentarán los aspectos generales de la figura, analizando su concepto, tipos, beneficios y riesgos. Una vez establecido este marco conceptual, la segunda parte se encarga de presentar los aspectos críticos de la regulación de la figura en Colombia. Finalmente, la tercera parte del texto presenta un conjunto de propuestas con respecto a la regulación de la figura con el fin de propender a un escenario regulatorio que propicie su desarrollo.
3.1. ASPECTOS GENERALES DEL CROWDFUNDING
Con el fin de realizar una aproximación crítica a la regulación del crowdfunding en Colombia es preciso, ab initio, presentar un conjunto de consideraciones con respecto a los aspectos generales del crowdfunding. Primero, se planteará el concepto de crowdfunding aplicable al presente documento y se describirá, en términos generales, su operación. Luego, se describirá brevemente su origen y evolución para, después, explicar los distintos tipos de crowdfunding. Por último, se analizarán los beneficios y riesgos de la figura.
3.1.1. CONCEPTO Y OPERACIÓN DEL CROWDFUNDING
Lo primero que ha de indicarse sobre el concepto del crowdfunding es que dicho término es comúnmente utilizado para referirse a mecanismos de recaudo masivo de capital del público para financiar nuevas empresas o proyectos a través de una plataforma en la internet o en línea5, actividad a la cual, en Colombia, se le ha otorgado el nombre de “financiación colaborativa”. Así mismo, la expresión “crowdfunding” no cuenta con un significado homogéneo dentro de la literatura jurídica o las regulaciones a nivel global, máxime cuando tampoco hay un tratamiento homogéneo sobre la figura.
Lo cierto es que los distintos conceptos que se han planteado sobre la figura contienen un conjunto de elementos en común, a saber: (i) es un mecanismo de recaudo de recursos financieros, (ii) a través de una plataforma de la internet, (iii) provenientes de pequeñas contribuciones individuales de un gran número de personas, (iv) con el fin de financiar proyectos o empresas de distinta índole. Así las cosas, y para los efectos del presente texto, el crowdfunding puede ser definido como un mecanismo de recaudo de recursos financieros a través de una plataforma de la internet que pone en contacto a un gran número de personas que realicen contribuciones individuales, denominadas “aportantes”, a personas, denominadas “receptores”, que requieren financiar proyectos o empresas de distinta índole.
En este contexto, el crowdfunding es un mecanismo de recaudo de recursos para la financiación de un proyecto a través de una plataforma de la internet que se encarga de publicar el proyecto, así como del recaudo y pago de los recursos que aporten los inversionistas6. De este modo, una campaña de crowdfunding requiere de una preparación previa por parte del receptor, en la que deberá definir las características del proyecto a financiar y preparar toda la documentación necesaria para iniciar el recaudo de los recursos a través de la plataforma. Una vez publicado el proyecto en la página de la internet de la plataforma electrónica, inicia en estricto sentido la campaña del crowdfunding, que habrá de terminar luego del plazo determinado para el recaudo de fondos, sea o no exitoso; o incluso antes si se logra obtener el monto esperado antes de tiempo. Por último, inicia la etapa de ejecución del proyecto y de cumplimiento de las obligaciones que el receptor hubiera adquirido a favor de los aportantes.
3.1.2. ORIGEN DEL CROWDFUNDING
El origen remoto del crowdfunding puede encontrarse en 1885 con el ensamblaje de la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos de América, que recaudó más de 100.000 USD de más de 160.000 personas en seis meses, siendo la mayoría de las donaciones de menos de un dólar7. En efecto, ni el Congreso de los Estados Unidos ni el estado de Nueva York querían aprobar la financiación para el pedestal sobre el cual debía ubicarse la estatua, razón por la cual el New York World inició una campaña de recaudo de recursos. A cambio de una donación de 1 USD el donante recibiría una réplica de la estatua de seis pulgadas; y a cambio de una donación de 5 USD una de 12 pulgadas8. Se trató, por tanto, de un mecanismo de recaudo de pequeñas sumas de dinero de parte del público para financiar un proyecto. Sin embargo, dicho mecanismo no contaba aún con los beneficios de la tecnología.
Con la llegada de la internet todo cambió9: la internet y el uso de grandes redes permite una comunicación en tiempo real entre varias personas ubicadas en distintos lugares, lo cual hace posible la divulgación de información a gran escala y fomenta la cooperación y colaboración entre un sinnúmero de personas. En 1997, la banda de rock Marillion financió su gira por los Estados Unidos a través de su grupo de fans que decidió aportar más de 60.000 USD a través de la internet10. Marillion sentó las bases para la creación de ArtistShare, una plataforma de la internet creada en el año 2001 para la financiación de músicos11. En el 2000 se creó JustGiving, una plataforma social global diseñada para realizar donaciones a fundaciones o entidades sin ánimo de lucro.
En este punto resulta de vital importancia señalar que en el año 2004 se acuñó el término “Web 2.0” para referirse a la segunda generación del World Wide Web. Se trata de una nueva versión de la red que incluye nuevas aplicaciones y permite una mejor interacción con el usuario, incluyendo la existencia de blogs, wikis e incluso networking12. En el caso que nos ocupa, la Web 2.0 promueve la participación del usuario al permitir que los deudores que buscan capital puedan crear perfiles, usar fotos y hacer atractivo su proyecto dentro de la plataforma de la internet. En este contexto, en 2008 y 2009 se crearon dos de las plataformas más importantes, respectivamente, Indiegogo y Kickstarter13, diseñadas para promover proyectos innovadores, que van desde documentales hasta relojes inteligentes.
Si bien la internet representa un avance de transcendental importancia para el crowdfunding, tal vez el mayor impulso en su desarrollo fue la crisis financiera de 2008. Con la crisis, la reputación y la confianza en los bancos y entidades financieras se encontraba por el piso. En este sentido, muchos consumidores comenzaron a buscar alternativas a la banca tradicional, ya porque preferían acudir a nuevos actores para la consecución de recursos al no confiar en los actores tradicionales, o porque los bancos no querían o no podían ofrecerlos.
En efecto, el trance tuvo como efecto la implementación de una nueva regulación con el fin de evitar que una crisis así volviera a ocurrir14, lo cual restringió considerablemente la posibilidad para los bancos de prestar dinero a personas que no podían otorgar garantías15. Así las cosas, los esquemas P2P (peer-to-peer) se volvieron cada vez más populares, permitiendo al crowdfunding suplir los vacíos existentes en la prestación de servicios financieros a pequeñas o medianas empresas y a personas naturales16. En este contexto, el crowdfunding se ha convertido en un cada vez más importante y dominante mecanismo de financiación de proyectos y pequeñas y medianas empresas, cada vez más utilizado debido a las facilidades que otorga, tanto para los inversionistas como para aquellos que pretenden iniciar una empresa o proyecto productivo.
3.1.3. TIPOS DE CROWDFUNDING
Luego de haber presentado una aproximación al concepto de crowdfunding, nos corresponde en este punto estudiar los distintos tipos de crowdfunding, todo con el fin de circunscribir el objeto del presente documento. Atendiendo a la retribución del aportante de los recursos, la figura puede ser clasificada de la siguiente manera: (i) crowdfunding de donación (Social lending/donation Crowdfunding); (ii) crowdfunding de recompensa (Reward Crowdfunding); (iii) crowdfunding de préstamo (Lending-Based/Peer-to-Peer Lending); y (iv) crowdfunding de valores (Equity Crowdfunding). Los dos primeros se enmarcan dentro de la categoría de crowdfunding social (Community Crowdfunding), mientras que los dos últimos pertenecen al crowdfunding financiero (Financial Return Crowdfunding o FR Crowdfunding).
El crowdfunding social consiste en una forma de recaudar fondos para causas de caridad o como mecanismo de preventa de productos que no ofrecen un retorno financiero a los inversionistas17. Este modelo de crowdfunding se caracteriza porque los motivos que guían a los aportantes de los recursos son filantrópicas o altruistas y sociales; o con la espera de una recompensa, pero no financiera. Así las cosas, este tipo de crowdfunding no implica el ejercicio o desarrollo de una actividad financiera. Dentro de esta categoría se encuentra el crowdfunding de donación que tiene como origen una motivación filantrópica por parte del aportante, toda vez que este aportará una suma de dinero sin esperar una compensación monetaria o, lo que es lo mismo, el aporte que hace el aportante al proyecto se traduce en una donación. Esto quiere decir que el aportante no recibirá nada distinto a la satisfacción de haber sido parte de un proyecto a cambio de sus contribuciones. Por su parte, en el crowdfunding de recompensa el aportante participa por motivos sociales combinados con el deseo de obtener una recompensa, que se puede traducir en un regalo o en la pre-adquisición de un producto o servicio18. En este modelo los aportantes de recursos no esperan un retorno financiero, pero, a diferencia del crowdfunding de donación, sí esperan una recompensa a cambio.
Por otro lado, el crowdfunding financiero se caracteriza porque en él los aportantes realizan aportes por motivos financieros y no exclusivamente sociales o de recompensa, como quiera que en este modelo nos encontramos ante una actividad financiera, ya sea a través del otorgamiento de créditos o de la emisión de valores. Este tipo de crowdfunding incluye al de préstamo y al de valores. El crowdfunding de préstamo se caracteriza porque la forma de contribuir al proyecto o campaña es por medio de un préstamo de dinero a los receptores de los recursos a cambio del pago del capital junto con el reconocimiento de un interés. Por su parte, en el crowdfunding de valores los aportantes reciben una participación accionaria en la compañía o vehículo especializado que va a realizar el proyecto, o valores crediticios de renta variable y de renta fija, como es el caso colombiano.
Solo resta mencionar que en Colombia el crowdfunding social no requiere regulación porque no implica una actividad financiera, mientras que el crowdfunding financiero si lo amerita. En efecto, el crowdfunding de valores fue regulado mediante el Decreto 1357 de 2018 y, por lo tanto, se encuentra permitido en el país. Por otro lado, el de préstamo no fue regulado, razón por la cual no es una actividad financiera autorizada.
3.1.4. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL CROWDFUNDING
Luego de haber determinado el marco conceptual que servirá de base para el desarrollo del presente texto, nos corresponde en este punto examinar los beneficios y riesgos de la operación, como quiera que una regulación adecuada y prudencial debe tener en cuenta ambos factores a efectos de permitir que la figura obtenga un desarrollo a cabalidad dentro del mercado financiero en Colombia.
3.1.4.1. BENEFICIOS
La figura ha resultado ser exitosa debido al conjunto de beneficios que otorga a las partes involucradas. A continuación describimos los beneficios que el crowdfunding ofrece a (i) la economía, (ii) los receptores y (iii) los aportantes.
En primer lugar, con respecto a los beneficios que el mecanismo ofrece a la economía, debe indicarse que el crowdfunding ha creado un nuevo actor en el mercado, circunstancia que promueve la competencia dentro de los mercados financieros, imponiendo a los demás partícipes del mercado la necesidad de innovar y lograr la prestación de servicios financieros de manera más eficiente y menos costosa. En efecto, al ofrecer alternativas de financiación para las pequeñas y medianas empresas, obliga a la banca tradicional y al mercado público de valores a ofrecer financiación a menores costos y de manera más eficiente. En el mismo sentido, el mecanismo ayuda a promover el crecimiento económico a través de la promoción y financiación de pequeñas y medianas empresas, al ofrecer una alternativa de financiación para la inversión en proyectos que a largo plazo pueden impulsar la producción, a un costo relativamente bajo y de manera eficiente. La figura ofrece a aquellas empresas que no tienen acceso al sistema financiero tradicional un canal para la financiación de sus proyectos. En efecto, utilizan la figura como un mecanismo para llenar vacíos, al no exigir garantías y al no estar sujeta a los requisitos de capital bajo los estándares de Basilea III.
En segundo lugar, con respecto a los beneficios que el crowdfunding ofrece a los receptores, es preciso indicar que permite a los receptores acceder a recursos financieros a un menor costo respecto de la banca tradicional o el mercado público de valores19, ya que tiene una “estructura de operación más liviana que la requerida en el negocio bancario tradicional, lo que reduce de forma importante los costos de operación”20. Como quiera que las plataformas operan a través de la internet, no es necesario para ellas tener una red de oficinas, lo cual les permite funcionar con menor capital humano21.
Además, la figura ofrece un espacio para que personas que tienen un buen perfil de riesgo, pero no tienen la posibilidad de ofrecer garantías a los acreedores financieros, puedan acceder a fuentes de financiación. El mercado público de valores exige la presentación de información que dé cuenta de la trayectoria y solvencia del deudor y del proyecto, con el fin de atraer inversionistas, circunstancia que genera grandes dificultades para las pymes o start-ups que no tienen historial crediticio al momento de financiar sus proyectos. Por su parte, la banca tradicional normalmente exige la constitución de garantías como requisito para el acceso al crédito. El crowdfunding brinda un nuevo canal de financiación que no exige los requisitos propios del sistema financiero tradicional. Adicionalmente, el crowdfunding sirve como mezanine o escalón para acceder a otros tipos de recursos22 y permite que el proyecto utilice los fondos recaudados a través de crowdfunding para obtener el resto de la financiación mediante mecanismos tradicionales.
En tercer lugar, con respecto a los beneficios para los inversionistas o patrocinadores, el crowdfunding les permite diversificar sus portafolios al ofrecer una gran multiplicidad de proyectos en los cuales pueden invertir su dinero. Así las cosas, el inversionista puede alcanzar niveles de rentabilidad iguales o incluso superiores a una alternativa donde su portafolio no esté diversificado, junto con un riesgo similar o menor al evitar la concentración de la cartera a un solo activo.
3.1.4.2. RIESGOS
Luego de haber analizado los beneficios de la figura, nos corresponde en este punto hacer una breve mención de los riesgos asociados a la operación. A continuación se analizarán los diferentes tipos de riesgo que deben ser tenidos en cuenta al momento de establecer sistemas de regulación y al entablar relaciones jurídicas por medio de instrumentos contractuales como mecanismos de previsión.
Primero, el crowdfunding conlleva un riesgo sistémico, consistente en el riesgo de un colapso generalizado de un sistema o de un mercado23. Se trata de un riesgo que se presenta cuando un actor principal pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema como consecuencia del esquema de interrelaciones que supone el sistema financiero24. Según la IOSCO, el crowdfunding aun no presenta un riesgo sistémico ya que el mercado es muy pequeño25. Sin embargo, se trata de una industria con gran potencial de crecimiento, lo que significa que en poco tiempo su tamaño llegará a representar un riesgo sistémico considerable26.
Segundo, al crowdfunding es inherente un riesgo de liquidez. Dicho riesgo hace referencia principalmente a la inhabilidad o dificultad que tiene un inversionista de obtener liquidez de una inversión una vez hace parte de ella27. Es decir, este tipo de riesgo hace referencia a la inhabilidad del inversionista para vender su inversión inmediatamente o en un corto tiempo en un mercado, esto es, liquidar su portafolio o inversión. El riesgo de liquidez se encuentra presente en la mayoría de mercados de portafolios. Sin embargo, depende de cada plataforma de crowdfunding ofrecer opciones de liquidez a sus inversores. Es así como hay algunas plataformas, como Lending Club y Prosper, que ofrecen a sus inversionistas un mercado secundario con el fin de facilitar la liquidación total o parcial de su portafolio, mientras que otras plataformas compran ellas mismas el portafolio de sus inversionistas cuando estos requieren liquidez. En este contexto, se puede afirmar que hay diferentes formas de generar liquidez y de mitigar este tipo de riesgo. No obstante, es cada plataforma la que decide cómo lo hace y esto depende enteramente de su modelo de negocio.
Tercero, las operaciones de crowdfunding se encuentran expuestas a un riesgo de incumplimiento, esto es, la contingencia de pérdida por el incumplimiento de las obligaciones de los receptores. El riesgo de crédito puede manifestarse de distintas maneras: por un lado, es posible que el deudor incumpla sus obligaciones por entrar en un estado de insolvencia, que en el ordenamiento jurídico colombiano se expresa a través de la cesación de pagos, es decir, un estado patrimonial incapaz de satisfacer sus deudas. Por otro lado, puede ocurrir que el deudor sea solvente, pero decida no cumplir con sus obligaciones. En el caso del crowdfunding, como quiera que se trata de una figura relativamente nueva, aún no hay estadísticas confiables sobre el incumplimiento de los proyectos productivos, ya que la mayoría de casos de financiación aún no han alcanzado el plazo de vencimiento. En todo caso, este riesgo puede mitigarse a través de la diversificación del portafolio del inversionista, ya que al repartir la inversión total en varios proyectos es más probable que si una parte incumple el costo de dicho incumplimiento pueda ser absorbido por los otros. Por otro lado, es posible mitigar el riesgo a través de un fondo de seguro solidario (pooled insurance fund) el cual proporcionaría una compensación en caso de incumplimiento del receptor28.
Cuarto, el crowdfunding se encuentra expuesto a un riesgo operativo, que se refiere a la pérdida derivada de un inadecuado proceso interno o de sistemas29, que se traduce principalmente en los problemas técnicos que puedan presentar las plataformas electrónicas. Es posible que se presente el cierre temporal o permanentemente de la plataforma, lo cual podría ocasionar la pérdida de cartera de los inversionistas, ya que la plataforma, que obra como intermediario, incumpliría con sus labores. Por ejemplo, en el 2011 la plataforma Quackle tuvo un cierre repentino durante la noche que ocasionó pérdidas del 100 % de las inversiones a los inversionistas debido a que se perdió toda la información acerca de los préstamos realizados por los mismos30. Para mitigar este riesgo operativo, las plataformas deben estar constituidas de forma que tengan una cuenta separada por medio de la cual el dinero sea transferido del inversionista a cada proyecto de manera independiente. Así, en caso de que ocurra un cierre temporal o permanente de la plataforma, la cuenta pueda ser asumida por otro administrador, permitiendo la continuidad de la operación.
3.2. REGULACIÓN DEL CROWDFUNDING EN COLOMBIA
En agosto de 2016, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) y el Ministerio de Hacienda de Colombia publicaron un documento denominado “Alternativas de regulación del crowdfunding”. Aunque no está redactado como una propuesta de ley, ofrece un análisis sobre aspectos críticos que los reguladores han de tener en cuenta al momento de regular la figura. El estudio hecho por la URF establece que los países que han optado por crear una regulación específica del crowdfunding han abordado tres temas en común: (i) consideraciones sobre las plataformas, (ii) la regulación del emisor y de los deudores y (iii) la protección al inversionista o prestamista. El documento de consulta brinda un marco general del estado del arte global de la regulación del crowdfunding y estudia los riesgos y beneficios de las aproximaciones regulatorias a nivel internacional. Por último, el documento propone ciertas opciones de ajustes al actual marco regulatorio colombiano y alternativas para una futura específica regulación.
El 15 de noviembre de 2017 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó, para observaciones, el proyecto de decreto “Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 para reglamentar la actividad de administración de plataformas electrónicas de financiación colaborativa, y se dictan otras disposiciones”. Dicho proyecto proponía una regulación mucho más estricta a la adoptada finalmente en el Decreto 1357 de 2018 y que fue modificada debido a la presión por parte de partícipes del mercado, así como por parte de la academia colombiana e incluso de asociaciones como Colombia Fintech. El Gobierno nacional recibió un feedback por parte de la sociedad que puso de presente la necesidad de contar con una regulación mucho más flexible que no generara obstáculos o barreras de entrada innecesarios. Pues bien, resulta afortunado que el Gobierno fue receptivo a los comentarios y en su versión definitiva aminoró un conjunto de barreras a la actividad.
En este contexto, el 31 de julio de 2018 fue expedido el Decreto 1357 de 2018. Se trata de un conjunto normativo que propende por establecer el conjunto de normas que regulan la actividad de administración de plataformas de financiación colaborativa a través de un complejo normativo compuesto por cinco títulos de la siguiente manera: (i) disposiciones generales, (ii) reglas aplicables a las entidades que desarrollen la actividad de financiación colaborativa, (iii) reglas aplicables a los receptores de recursos y a los proyectos productivos, (iv) reglas aplicables a los aportantes y (v) de los valores emitidos en las entidades que realicen la actividad de financiación colaborativa. En efecto, se trata de una aproximación basada en la regulación de los intervinientes dentro de la operación de crowdfunding y sobre la cual procedemos a pronunciarnos.
Por último, el 14 de septiembre de 2020, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1235 de 2020 con el fin de flexibilizar la regulación prevista en el Decreto 1357 de 2018, modificando ciertos límites y requisitos para impulsar el desarrollo de la figura en Colombia. En efecto, dentro de las consideraciones del Decreto 1235 de 2020 se encuentran, entre otras, las siguientes: (i) contribuir en el desarrollo del mercado de capitales, (ii) implementar medidas para dinamizar la oferta y demanda en los mercados de capitales, (iii) incentivar el acceso a las plataformas de financiación colaborativa y (iv) ampliar los montos máximos de financiación para las pymes. En este sentido, y como se verá a continuación, el Decreto 1235 de 2020 modificó el régimen del crowdfunding de la siguiente manera: (i) amplió el catálogo de actividades que pueden desarrollar las plataformas de financiación colaborativa, (ii) amplió el plazo para que las plataformas de financiación colaborativa den cumplimiento a su deber de reportar información, (iii) modificó el tipo de información que debe proporcionar el receptor de los recursos, (iv) aumentó los límites a los montos máximos de financiación y (v) flexibilizó el régimen de circulación de valores, entre otros.
3.2.1. DISPOSICIONES GENERALES
El primer título del Decreto 1357 de 2018 contiene un conjunto de disposiciones generales con respecto a la actividad de crowdfunding, incluyendo su ámbito de aplicación y la determinación de las entidades autorizadas para la actividad de financiación colaborativa, así como sus requisitos de organización.
En primer lugar, su artículo 2.41.1.1.1. indica que su ámbito de aplicación se limita al crowdfunding de valores. En este sentido, de la lectura de la disposición podría entenderse que el crowdfunding de préstamo quedó excluido de la regulación nacional y que, por lo tanto, no se encontrará permitido en Colombia, lo cual representa una limitación a la utilización de la figura. Adicionalmente, establece que las sociedades de financiación colaborativa en Colombia serán aquellas entidades que se encarguen de realizar la actividad de financiación a través de un medio de comunicación electrónica, a través de la cual se ponen en contacto de manera profesional a un número plural de aportantes con receptores que solicitan financiación, excluyendo a aquellas que tengan “como destino la realización de una donación o la recepción de un bien o servicio a cambio”. Por último, la disposición define lo que se entiende por proyecto productivo como “aquel desarrollado por personas naturales o jurídicas con el fin de obtener una rentabilidad económica a partir de actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios”.
Adicionalmente, el artículo 2.41.1.1.2 del Decreto establece que la financiación colaborativa puede lograrse de dos maneras: (i) a través de valores representativos de deuda o (ii) a través de valores representativos de capital social. Por otro lado, su artículo 2.41.1.1.5 únicamente autoriza la operación de crowdfunding a través de plataformas electrónicas en el territorio nacional. De la lectura de la norma se desprende que los receptores también deben ser residentes colombianos. Además, la norma indica que el Decreto no regula las actividades de las plataformas ubicadas en el extranjero ni la actividad de los residentes colombianos en ellas.
En segundo lugar, el artículo 2.41.1.1.3 del Decreto 1357 de 2018 dispone que la actividad de financiación colaborativa únicamente podrá realizarse por sociedades anónimas de objeto exclusivo y por bolsas de valores y los sistemas de negociación o registro de valores autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia que realicen dicha actividad.
Además, el artículo 2.41.1.1.4. del Decreto 1357 de 2018 exige a las sociedades que pretendan administrar una plataforma electrónica el cumplimiento de un conjunto de requisitos, que puede suponer dificultades en su constitución, de los cuales vale la pena mencionar la obligación de constituirse como entidad financiera que cumpla con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Dicha exigencia comporta una gran cantidad de trámites y costos operativos para las plataformas, razón por la cual es razonable considerar que solo unas pocas podrán acceder al mercado. Se trata de un procedimiento que no fue diseñado para este nuevo tipo de entidades, sino para los establecimientos bancarios o, en general, las entidades que conforman el sistema financiero tradicional y que, por lo tanto, va en contra de la labor de minimizar los costos de transacción que debe tener el Derecho dentro de la actividad económica31.
3.2.2. REGLAS APLICABLES A LAS PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN COLABORATIVA
En segundo lugar, el Decreto 1357 de 2018 establece un conjunto de funciones, deberes y prohibiciones a cargo de las sociedades de financiación colaborativa, ante cuyo incumplimiento podrán ser objeto de sanciones administrativas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Primero, con respecto a sus funciones, su artículo 2.41.2.1.1 estableció que las sociedades de financiación colaborativa deberán prestar las siguientes funciones:
(i) Recepción, clasificación y publicación de proyectos de financiación colaborativa.
(ii) Creación, desarrollo y utilización de canales para facilitar la entrega de información de los proyectos productivos a los aportantes.
(iii) Habilitar las herramientas necesarias para ejecutar las operaciones que formalicen la financiación del proyecto productivo.
(iv) Realizar el recaudo de los recursos financieros relacionados con la financiación de los proyectos productivos a través de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, distintas a las propias entidades de financiación colaborativa.
(v) Mantener los recursos recaudados para la financiación de un proyecto productivo, en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que aseguren la segregación patrimonial de dichos recursos, de los activos y recursos propios de las entidades que realicen la actividad de financiación colaborativa y de aquellos que esta última recaude en virtud de otros proyectos productivos, y garantizar la disponibilidad y conservación de los mismos acorde con las obligaciones previstas en el presente decreto.
(vi) También podrán prestar servicios adicionales de cobranza y publicidad para la divulgación del proyecto productivo.
Lo primero que ha de indicarse sobre el particular es que, como quiera que se trata de entidades con objeto social exclusivo, serán estas las actividades que compongan su objeto social principal, y para las cuales se encuentren habilitadas a realizar por el ordenamiento jurídico, sin que sea necesario que se encuentren previstas de manera expresa en los estatutos sociales.
De dicho listado vale la pena resaltar que es función de las sociedades de financiación colaborativa realizar la “recepción, clasificación y publicación de proyectos de financiación colaborativa”. Se trata de la función principal de este tipo de entidades, pues las sociedades de financiación colaborativa han de seleccionar los proyectos que los potenciales receptores le presenten, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, las condiciones del potencial receptor y el debido cumplimiento de los requisitos que la sociedad exija con respecto a su vinculación. La clasificación del proyecto debe responder a criterios objetivos que no generen un eventual o potencial conflicto de interés en cabeza de la sociedad de financiación colaborativa. En este sentido, de acuerdo con el artículo 2.41.2.1.2 del Decreto 1357 de 2018, es un deber de la sociedad de financiamiento colaborativo contar con un procedimiento de calificación de proyectos de público conocimiento. En el mismo sentido, el artículo 2.41.2.1.4 del Decreto dispone que la clasificación de proyectos productivos no implica “la calificación de los riesgos asociados a los mismos, ni la emisión de una opinión o el aseguramiento de obtención de rentabilidades para los aportantes”.
Así mismo, debe mencionarse que la sociedad de financiación colaborativa tiene como función el recaudo de recursos a través de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que permitan asegurar la segregación patrimonial de los recursos destinados a financiar cada proyecto productivo y lograr mantenerlos separados de los recursos y activos propios de la sociedad de financiación colaborativa. Se trata de una norma que impondrá costos adicionales a la operación, pues implica la necesaria intervención de nuevos partícipes. Sin embargo, el Decreto le otorga una prevalencia a la segregación de recursos y a la prevención o mitigación de riesgos de conflicto de interés en aras de la protección del aportante y del receptor de los recursos. Dicha labor de recaudo podrá lograrse a través de contratos de fiducia mercantil o de la apertura de cuentas especiales en entidades financieras para la administración de los recursos.
En este punto solo resta mencionar que el Decreto 1235 de 2020 adicionó un parágrafo al artículo 2.41.2.1.1. en los siguientes términos:
Las entidades que desarrollan la actividad de financiación colaborativa también podrán:
1. Prestar servicios adicionales de cobranza y publicidad para la divulgación del proyecto productivo.
2. Administrar sistemas de registro de operaciones sobre los valores de financiación colaborativa que hayan sido emitidos a través de la propia plataforma de financiación colaborativa.
3. Prestar servicios que permitan que los receptores inscritos en la plataforma reciban donaciones.
Sobre el particular, vale la pena mencionar lo siguiente: (i) el numeral primero del parágrafo ya se encontraba previsto en el numeral 6º del artículo de la referencia, por lo que no se entiende su incorporación como actividad adicional; (ii) el numeral segundo permite a las plataformas administrar los sistemas de registro de operaciones sobre valores de financiación colaborativa, circunstancia que permite que los titulares de dichos valores puedan realizar transacciones sobre dichos valores, sobre lo cual nos pronunciaremos a continuación, y (iii) el numeral tercero permite una práctica que ha operado en otros ordenamientos, según la cual además de recibir aportes financieros, los receptores también pueden permitir donaciones. Se trata de un conjunto de actividades que seguro van a impulsar el desarrollo de la figura en Colombia.
Segundo, el artículo 2.41.2.1.2. del Decreto 1357 de 2018 establece un conjunto de deberes en cabeza de las sociedades de financiación colaborativa, sobre lo cual nos permitimos señalar lo siguiente. Lo primero que ha de indicarse es que estas entidades deberán expedir un reglamento de funcionamiento que deberá ser aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que deberá tener un contenido mínimo. Se trata de un conjunto de requisitos que buscan establecer parámetros a la actuación de dichas sociedades en sus relaciones con los aportantes, los receptores y el mercado en general. Así mismo, varios de los requisitos apuntan a que la labor de las sociedades de financiación colaborativa sea objetiva, tales como la exigencia de reglas que establezcan los derechos y obligaciones de los aportantes y receptores y los criterios previstos para su admisión y vinculación. Por su parte, hay exigencias que pretenden mitigar, o incluso eliminar, conflictos de interés en cabeza de la sociedad de financiación colaborativa, verbigracia la exigencia de establecer “procedimientos y sistemas establecidos a través de los cuales se conserven y distribuyan los fondos de los aportantes y la remuneración del capital invertido”, fondos que, se recuerda, deben ser administrados por una entidad financiera distinta a las sociedades de financiación colaborativa. En el mismo sentido, se requiere establecer políticas y procedimientos para prevenir, administrar y revelar los conflictos de interés.
Por otro lado, y con el fin de balancear la asimetría de información existente entre los inversionistas y los proyectos productivos, así como el riesgo de fraude, se rescata que las plataformas deban proveer información al público de las “características generales de los proyectos productivos, las condiciones financieras bajo las cuales se otorga su financiamiento y de cualquier actualización o información adicional que reporte el receptor de los recursos”. Se trata de información del todo oportuna para los aportantes para que puedan tomar una decisión informada con respecto a si realizan o no una contribución a un proyecto determinado. Dicha información debe estar disponible por lo menos durante un año con posterioridad a la fecha de emisión de los valores de financiación colaborativa, salvo que su plazo de redención sea menor.
Tercero, el artículo 2.41.2.1.3. del Decreto 1357 de 2018 señala un conjunto de prohibiciones para las sociedades de financiación colaborativa, de la siguiente manera:
Las entidades que realicen la actividad de financiación colaborativa no podrán:
Prestar asesoría relacionada con los proyectos productivos que se financien a través suyo, ni respecto a cualquier situación que pueda generar conflictos de interés respecto de la actividad.
Administrar directamente los recursos de los proyectos productivos financiados, acorde con lo previsto en los numerales 4 y 5 del Artículo 2.41.2.1.1 del presente Decreto.
Asegurar retornos o rendimientos sobre la inversión realizada.
Otorgar préstamos, crédito o cualquier otro tipo de financiamiento a los receptores, o actuar como aportante en los proyectos que se promuevan o financien a través de la misma entidad.
Asumir el carácter de receptores de proyectos productivos que se publiquen o financien a través de la misma entidad para la financiación colaborativa.
Las prohibiciones establecidas en el presente artículo serán extensivas a los accionistas, administradores y demás funcionarios de la entidad.
Antes de pronunciarnos con respecto de cada una de las prohibiciones previstas a las sociedades de financiación colaborativa, es preciso poner de presente que dichas prohibiciones se extienden a sus accionistas, administradores y demás funcionarios de la entidad.
En primer lugar, las sociedades de financiación colaborativa no podrán prestar asesoría relacionada con los proyectos productivos que se encuentren publicados en ella. Se trata de una prohibición que tiene como fundamento la prevención de conflictos de intereses en cabeza de la sociedad de financiación colaborativa y la protección de los intereses de los inversionistas. Es razonable considerar que la prohibición de asesoría se traduce en la emisión de opiniones sobre los proyectos productivos que se encuentren listados en su plataforma. Dicha prohibición es de recibo, ya que de modo contrario la sociedad de financiación colaborativa podría incurrir en un conflicto de interés en perjuicio del consumidor. Solo resta mencionar que la prohibición no se extiende a la emisión de opiniones sobre proyectos productivos que se encuentren listados en otras plataformas de otras sociedades de financiación colaborativa. En principio, dichas entidades podrían emitir dichas opiniones, sin perjuicio de los efectos que dichas afirmaciones puedan tener en el marco de otro tipo de regulaciones, verbigracia el régimen del derecho de la competencia.
En segundo lugar, las sociedades de financiación colaborativa no podrán administrar los recursos de los proyectos financiados. Sobre el particular, debe recordarse que son funciones de dichas sociedades (i) realizar el recaudo de los recursos a través de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y (ii) mantener dichos recursos en entidades vigiladas que aseguren la segregación patrimonial de dichos recursos. En este orden de ideas, es razonable considerar que lo que pretende la norma es establecer una medida prudencial en busca de mitigar el riesgo sistémico y evitar que el incumplimiento por parte de un receptor no afecte a los inversionistas de otros proyectos, así como evitar situaciones que puedan implicar un conflicto de interés, razón por la cual se prevé la segregación de los fondos.
Esta prohibición genera la necesaria vinculación de un tercero a la operación, pues se requiere de una entidad distinta que deba administrar directamente los recursos, lo cual tendrá como efecto un incremento en los costos de transacción y, a su vez, se traducirá en (i) un aumento en el costo de acceso al dinero por parte de los receptores y (ii) un incremento en la complejidad de la operación. Sin embargo, podría argumentarse que como quiera que la administración y segregación de recursos a cargo de una entidad vigilada, que es autónoma e independiente a la operación de crowdfunding, mitiga los riesgos asociados de manera considerable, lo cual también habrá de tener un impacto positivo sobre el costo del dinero. Se trata de una previsión que brinda una protección razonable al consumidor financiero, léase aportante y receptor, así como al mercado de crowdfunding, pues permite aumentar la confianza que tiene el mercado en la operación.
En tercer lugar, las sociedades de financiación colaborativa tienen prohibido “asegurar retornos o rendimientos sobre la inversión realizada”. De entrada, debe indicarse que la prohibición no recae sobre el aseguramiento de una tasa de retorno o rendimiento, sino sobre la efectividad del retorno o rendimiento. En efecto, si la prohibición recayera sobre el aseguramiento de una tasa de retorno, podría indicarse que se trata de una prohibición que tendría sentido cuando se trata de valores representativos de capital social, pero no adquiere mucho sentido cuando se trate de valores de deuda, tales como bonos, donde sí es posible asegurar una tasa de retorno. Sin embargo, la prohibición lo que busca es evitar que se garantice que el inversionista efectivamente va a recibir dicha tasa de retorno, máxime cuando a la sociedad de financiación colaborativa le es imposible anticipar y, menos aún, garantizar el éxito del proyecto financiado.
En cuarto lugar, las sociedades de financiación colaborativo no pueden “otorgar préstamos, crédito o cualquier otro tipo de financiamiento a los receptores, o actuar como aportante en los proyectos que se promuevan o financien a través de la misma entidad”. La prohibición tiene dos partes: por un lado, se prohíbe otorgar préstamos, crédito o cualquier otro tipo de financiamiento a los receptores; por otro lado, les prohíbe actuar como aportantes en los proyectos que se promuevan a través de su plataforma.
En este punto debe indicarse que la prohibición de otorgar créditos o préstamos a los receptores tiene como finalidad evitar que la sociedad de financiamiento colaborativo tenga un interés directo en el éxito del recaudo de recursos y de la ejecución del proyecto, lo cual podría generar un conflicto de interés en perjuicio de los aportantes. Ahora bien, consideramos que dicha prohibición no va en contravía de la promoción de la inclusión financiera en Colombia y no genera un obstáculo al acceso al mecanismo a los receptores. En efecto, el crowdfunding no es una fuente exclusiva o excluyente de financiación, por el contrario, los receptores de recursos pueden acudir a otras fuentes de financiación para lograr el capital necesario para el desarrollo del proyecto productivo.
Por otro lado, la norma prohíbe a las sociedades de financiación colaborativa actuar como aportantes de proyectos productivos listados en su plataforma. Al igual que la primera parte de la disposición, se trata de una norma que busca evitar conflictos de interés en cabeza de dichas entidades, al prevenir que tengan un interés directo en el exitoso desarrollo del proyecto productivo. Ahora bien, nada obsta para que la sociedad de financiación colaborativa actúe como aportante en proyectos que se encuentren en plataformas de otras entidades dedicadas a la actividad de financiación colaborativa. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de una norma prohibitiva y que, por lo tanto, debe estar sujeta a un criterio de interpretación restrictiva y de manera alguna se pueden extender los supuestos previstos en ella.
En quinto y último lugar, las sociedades de financiación colaborativa tienen prohibido “asumir el carácter de receptores de proyectos productivos que se publiquen o financien a través de la misma entidad para la financiación colaborativa”. En el mismo sentido que la anterior prohibición, la prohibición tiene como finalidad evitar que se presente un conflicto de interés en su cabeza. En efecto, al ser receptores de proyectos productivos podrían darle una mayor visibilidad al proyecto sobre otros similares y se perdería la objetividad con la que estas entidades han de tratar a los demás proyectos productivos. Adicionalmente, se podría llegar incluso a distorsionar la información que se provee a los aportantes con el fin de lograr un mayor recaudo de recursos, lo cual puede configurar una inducción a error por parte de las sociedades de financiación colaborativa. En este orden de ideas, la prohibición es afortunada.
3.2.3. REGLAS APLICABLES A LOS RECEPTORES DE RECURSOS
El Título 3 del Decreto 1357 de 2018 establece un conjunto de reglas aplicables a los receptores de recursos y a los proyectos productivos, dentro de las cuales se encuentra la obligación del receptor de suministrar información a las sociedades de financiación colaborativa, los límites o montos máximos de financiación de los proyectos productivos y el número mínimo de aportantes y plazos máximos de publicación de los proyectos productivos.
En primer lugar, el artículo 2.41.3.1.1 del Decreto 1357 de 2018 estableció un deber de suministrar a la sociedad de financiación colaborativa la información necesaria para que pueda tomar la decisión de vincular o no al receptor. Además del registro mercantil y la hoja de vida de los socios o accionistas del receptor, es preciso que se prepare un documento con toda la información financiera, contable y de negocios del proyecto. En este punto debe mencionarse que el Decreto 1235 de 2020 flexibilizó el deber de información, como quiera que ya no exige una hoja de vida de todos los socios, sino la descripción del perfil de los socios que ostenten más del 5 % del capital del receptor.
Adicionalmente, no resultaría extraño que las plataformas exijan documentos adicionales para actualizar la información del receptor en caso de que las circunstancias descritas en la descripción del proyecto o relacionadas con el mismo receptor o sus accionistas cambien. En efecto, es de suma importancia que la información se mantenga siempre actualizada para que los aportantes puedan tomar una decisión informada. Adicionalmente, debe mencionarse que resulta afortunado que la suscripción del formato de vinculación implique aceptación con respecto a (i) al conocimiento del reglamento de funcionamiento de la sociedad de financiación colaborativa y (ii) que los proyectos no son objeto de autorización de la Superintendencia Financiera y que dicha entidad de control no certifica su bondad o solvencia (se trata de una norma similar al contenido proyecto de aviso de oferta en el mercado público de valores).
En segundo lugar, el artículo 2.41.3.1.2. del Decreto 1357 de 2018 estableció un límite de 10.000 SMMLV al monto máximo de financiación de cada receptor, cuando los recursos provienen de aportantes calificados o de aportantes calificados y aportantes no calificados. Dicho monto fue ampliado por el Decreto 1235 de 2020 a 58.000 SMMLV. En caso de que los recursos provengan únicamente de aportantes no calificados, el límite al monto máximo de financiación de cada receptor fue aumentado a los 3.000 SMMLV. Dicho monto fue ampliado por el Decreto 1235 de 2020 a 19.000 SMMLV. En este sentido, el monto máximo de financiación por receptor fue fijado en función del tipo de aportante y del nivel de protección que cada uno de estos inversionistas debe recibir. Sin embargo, la relación de conexidad de dicha diferenciación frente a los límites previstos a los receptores no resulta del todo claro, máxime cuando la misma regulación prevé un tratamiento diferente para los distintos tipos de aportantes. El límite de financiación debió haber sido de 58.000 SMMLV, o incluso mayor, para todos los receptores de recursos, sin importar el tipo de aportantes que busquen financiar el proyecto32. En cualquier caso, el Decreto 1235 de 2020 permitió a la Superintendencia Financiera de Colombia ampliar los montos máximos de financiación mediante instrucciones de carácter general.
Así mismo, el Decreto 1357 de 2018 faculta a las sociedades de financiación colaborativa para establecer montos de financiación inferiores para cada uno de los receptores, de acuerdo con el procedimiento de clasificación de proyectos. Así las cosas, de acuerdo con el nivel de riesgo que pueda suponer cada receptor, las sociedades de financiación colaborativa podrán establecer montos inferiores de financiación. Se trata de una facultad que debe ser utilizada por dichas entidades con extrema cautela y sin incurrir en arbitrariedades, so pena de desmotivar el uso del crowdfunding como mecanismo de financiación.
En tercer lugar, el artículo 2.41.3.1.3. del Decreto 1357 de 2018 estableció que los proyectos deben contar con un número plural de aportantes. En este sentido, las sociedades de financiación colaborativa podrán establecer un mínimo de aportantes. Sin embargo, la norma no indica si dicha limitación se debe predicar en general para todos los proyectos productivos o si las sociedades de financiación colaborativa pueden imponer límites en tal sentido a unos proyectos y a otros no, sin perjuicio de que deban asegurar un tratamiento equitativo para los receptores.
Así mismo, los proyectos productivos tienen un plazo máximo de seis meses a partir de la publicación del proyecto para la consecución del porcentaje mínimo de la financiación. La utilización de plazos máximos de tiempo cortos resulta afortunada, ya que permite a los aportantes tener seguridad en un menor tiempo con respecto a si los recursos fueron o no transferidos al proyecto y si este obtuvo o no la financiación suficiente para su ejecución. En caso de que no se alcance el monto mínimo de financiación, será imposible continuar con la financiación del proyecto y se devolverán los recursos a los aportantes dentro de los 30 días siguientes al vencimiento el plazo. En este orden de ideas, se trata de un mecanismo “todo o nada” (allor-nothing) que establece que, en caso de que no se logre recaudar el objetivo de financiamiento establecido dentro del período de campaña fijado, no se cobra el valor del aporte a los aportantes y, por lo mismo, los receptores no reciben los fondos.
3.2.4. REGLAS APLICABLES A LOS APORTANTES DE RECURSOS
El Título 4 del Decreto 1357 de 2018 contiene la regulación aplicable a los aportantes de recursos. En primer lugar, su artículo 2.41.4.1.1 define al aportante como “las personas que intervienen en cualquier operación de financiación que se lleve a cabo a través de las entidades autorizadas para realizar la actividad de financiación colaborativa con el fin de financiar proyectos productivos”.
El artículo 2.41.4.1.2. del Decreto 1357 de 2018 establece que existen dos tipos de aportantes: por un lado, los aportantes calificados, esto es, aquellos que al momento de realizar la inversión (i) tengan un patrimonio igual o superior a diez mil salarios mínimos legales mensuales vigentes; (ii) sean titulares de un portafolio de inversión en valores superior a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, excluyendo valores de financiación colaborativa; (iii) tengan una certificación de profesional del mercado como operador; (iv) tengan la calidad de entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia; o (v) sean un organismo financiero extranjero o multilateral. Por otro lado, son aportantes no calificados aquellos que al momento de realizar la inversión no tengan ninguna de las calidades previstas para los aportantes calificados.
Se trata de una clasificación que repercute en los límites a la inversión que tiene cada aportante, toda vez que el ordenamiento ha reconocido que hay un tipo de inversionistas que requiere un mayor nivel de protección. En este sentido, el artículo 2.41.4.1.4. del Decreto 1357 de 2018 dispone que los aportantes no calificados únicamente pueden invertir recursos hasta por el 20 % de sus ingresos anuales o de su patrimonio, el que resulte mayor; mientras que los aportantes calificados no tienen límites en el monto de su inversión. Así las cosas, la norma es afortunada al eliminar los límites para los aportantes calificados, toda vez que ello genera un incentivo para que realicen sus inversiones a través de crowdfunding.
Por otro lado, debe indicarse que el artículo 2.41.4.1.3 del Decreto establece un conjunto de requisitos de admisión para los aportantes de manera similar a como lo hace frente a los receptores. En efecto, los aportantes deben entregar a las plataformas electrónicas (i) su identificación y demás datos necesarios para el proceso de conocimiento de cliente y (ii) un formato de vinculación diligenciado en el que se acepte, entre otros, que los proyectos productivos no son objeto de autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, así como los riesgos que implica la suscripción de valores, entre otros.
3.2.5. REGLAS APLICABLES A LOS VALORES DE FINANCIACIÓN COLABORATIVA
Por último, el Título 5 del Decreto 1357 de 2018 se encargó de establecer un conjunto de normas sobre los valores de financiación colaborativa, en particular con respecto a (i) su emisión, (ii) el régimen de su información y (iii) su circulación. A continuación, nos permitimos realizar una serie de consideraciones y comentarios sobre cada uno de estos aspectos.
En primer lugar, el artículo 2.41.5.1.1. del Decreto 1357 de 2018 estableció que los instrumentos representativos de deuda o de capital que sean emitidos en ejercicio de la actividad de financiación colaborativa tendrán la naturaleza de valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 964 de 2005, y recibirán la denominación de “valores de financiación colaborativa”. Adicionalmente, y de manera acertada, el Decreto estableció que dichas emisiones no constituirán una oferta pública de valores, razón por la cual en el RNVE no podrán estar inscritos el receptor ni los valores.
Por otro lado, el artículo 2.41.5.1.2. del Decreto 1357 de 2018 establece que los recursos únicamente serán entregados al receptor si el proyecto alcanza al monto mínimo de financiación al finalizar el plazo previsto para tal efecto. Así las cosas, tiene sentido que la emisión de valores únicamente sea realizada cuando el recaudo alcance el monto mínimo de financiación dentro del plazo establecido. Ahora bien, si el monto mínimo se alcanza de manera previa a la expiración del plazo inicialmente previsto, es posible proceder a la emisión de los valores de financiación colaborativa.
Adicionalmente, el artículo 2.41.5.2.1. indica que las sociedades de financiación colaborativa tienen la obligación de suministrar al mercado un conjunto de información que recae sobre el receptor de los recursos y el proyecto productivo, razón por lo cual es apenas lógico que la sociedad de financiación colaborativa requiera, al momento de la vinculación del receptor, que este le entregue la totalidad de la información para poder cumplir con dicha obligación. Debe llamarse la atención con respecto a que el artículo 2.41.5.2.2 indicó que las sociedades de financiación colaborativa son responsables “en aquellos eventos en los cuales tal inexactitud, falsedad u omisión en la divulgación de la información les resulte atribuible”.
Por último, el capítulo 3 del Título 5 del Decreto 1357 de 2018 establece un conjunto de reglas con respecto a la circulación de valores de financiación colaborativa. Así, lo primero que indica sobre el particular es que dichos valores podrán ser enajenados según con las normas mercantiles que les resulten aplicables (art. 2.41.5.3.1). Al mismo tiempo, inicialmente el artículo 2.41.5.3.1 del Decreto 1357 de 2018 había restringido el foro de circulación de dichos valores al señalar que no es posible negociar o enajenar valores de financiación colaborativa a través de las plataformas administradas por las sociedades de financiación colaborativa. Sin embargo, el Decreto 1235 de 2020 eliminó dicha prohibición al permitir que las plataformas de financiación colaborativa prestaran servicios de administración de sistemas de registro sobre transacciones de dichos valores. Así las cosas, adicionó el artículo 2.41.5.3.1 de la siguiente manera:
Si la entidad que desarrolla la actividad de financiación colaborativa donde se realizaron las emisiones presta el servicio de administración de sistemas de registro sobre los valores de financiación colaborativa y si la entidad emisora decide que sus valores sean registrados en dicho sistema, los aportantes podrán enajenar o disponer de los valores de financiación colaborativa adquiridos, únicamente en los mecanismos electrónicos que la entidad que desarrolla la actividad de financiación colaborativa disponga para el efecto.
Así las cosas, la nueva regulación permite reducir el riesgo de liquidez al permitir que los titulares de los valores de financiación colaborativa tengan un escenario en el que puedan enajenar o disponer de su inversión. Se trata de un mecanismo que ha de celebrarse al hacer más atractiva la figura para potenciales aportantes.
Ahora bien, no es posible negociar o enajenar dichos valores en el mercado principal o en el Segundo Mercado (art. 2.41.5.3.6 D. 1357 de 2018). En este orden de ideas, el riesgo de liquidez sigue existiendo, toda vez que únicamente podrán ser negociados en los mercados secundarios de valores.
3.3. PROPUESTA
Luego de haber realizado un recorrido por los aspectos generales del crowdfunding y sobre su regulación en Colombia, nos corresponde en este punto realizar un conjunto de consideraciones con respecto a la necesidad de regular la figura y los principios que han de tenerse en cuenta al momento de regular nuevos instrumentos financieros.
3.3.1. APROXIMACIÓN REGULATORIA
Como quiera que el crowdfunding financiero hace parte de los servicios prestados en el marco del sistema financiero, es oportuno en este punto señalar las razones por las cuales el fenómeno ha de ser regulado. En efecto, la necesidad de regulación de la actividad financiera se encuentra relacionada con la asimetría de la información existente entre las entidades financieras y los consumidores, así como con el recaudo y utilización de recursos del público33, máxime cuando el sistema financiero es el pilar de la economía en tanto promueve el desarrollo económico de un país.
Así las cosas, una adecuada regulación del fenómeno financiero debe propender por la acumulación eficiente de capital, la efectiva asignación de recursos, así como por la seguridad y solidez de los partícipes del mercado. La regulación debe lograr un balance entre los intereses de los consumidores financieros y de las entidades financieras. En efecto, si se carece de una regulación apropiada, las instituciones financieras tenderán a asumir riesgos sumamente altos34. Por otra parte, una regulación inadecuada puede tener como efecto el aumento injustificado de costos de transacción.
En este orden de ideas, una regulación excesiva puede generar para las entidades financieras un conjunto de obstáculos que desmotiva la creación de nuevos productos y servicios financieros35. El surgimiento de nuevas tecnologías como blockchain ha impuesto a los reguladores un desafío: ¿cómo lograr un equilibrio entre la necesidad de motivar la creación de nuevos y más eficientes servicios y productos financieros, y al mismo tiempo regular dichos mercados para proteger al mercado?36. Pues bien, a nivel global muchas empresas fintech o entidades financieras se han visto desalentadas por el costo que implica realizar un registro ante las autoridades financieras, sumado a los costos que implica cumplir con los requisitos regulatorios.
En efecto, una regulación inapropiada puede imponer cargas injustificadas a los mercados, lo cual puede llegar a traducirse en un obstáculo para su crecimiento y desarrollo. Es por eso que no debe haber barreras de entrada o de salida de los mercados y que los reguladores deben tener en cuenta los efectos económicos de los requisitos impuestos a los partícipes.
Sin importar cuál sea la aproximación regulatoria que se decida adoptar, lo importante es que el regulador tenga clara sus tareas, esto es, guiar la transición que está ocurriendo en los mercados financieros y crear nuevos mecanismos de cumplimiento de normas (regtech), que permitan realizar un monitoreo en tiempo real, lo cual promueve la estabilidad y la competencia.
Para que los reguladores puedan cumplir con sus tareas, es importante que tengan en cuenta qué regular, cuándo regular y cómo regular un fenómeno, máxime cuando nos encontramos ante fenómenos tecnológicos que avanzan a una velocidad mucho mayor que la del derecho37. En el caso que nos ocupa, el objeto de la regulación ha de ser el uso de la tecnología y la competencia y acceso a los mercados financieros38. Por su parte, la determinación del momento adecuado para regular implica la adopción de una postura en cuanto a si se quiere ser cauteloso frente al fenómeno o si se quiere asumir un riesgo frente a una actividad no regulada39. Así las cosas, el regulador deberá determinar si adopta una regulación ex ante o ex post. En este sentido, la regulación debe ser adoptada con base en información suficiente, lo cual implica que resulta menester definir el objeto de la regulación antes del momento para regular. Sobre el particular, vale la pena señalar las siguientes consideraciones: (i) ciertos tipos de regulación deberían ser aplicables únicamente cuando ciertos umbrales hayan sido cruzados; (ii) si los reguladores utilizan sus recursos para tratar de entender cada nueva innovación tecnológica, ello podría redundar en un resultado ineficiente, tanto para los reguladores como para la industria; (iii) la tecnología necesita tiempo para encontrar su uso y aplicación final, y (iv) el mercado debería asentarse antes de una intervención regulatoria.
Por último, solo resta solucionar cómo regular el fenómeno40. En este punto debe indicarse que la presión de la necesidad de fomentar un crecimiento económico, junto con la agenda internacional encaminada a promover la inclusión financiera, han generado la necesidad a los reguladores de crear ambientes propicios para la innovación. Lo anterior se ha traducido en cuatro aproximaciones regulatorias al fenómeno fintech: (i) no regular y crear un ambiente propicio para la innovación con base en los mandatos del laissezfaire, (ii) permitir cierta flexibilidad en cada caso en concreto41, (iii) crear contextos experimentales estructurados para estudiar la manera como un producto o servicio se desarrolla en el mercado (sandbox) y (iv) realizar una regulación específica sobre el nuevo producto o servicio.
En suma, la regulación de nuevos e innovadores servicios financieros debe ser proactiva, dinámica y receptiva o reactiva. Para tal efecto, es recomendable contar con una regulación con base en principios y no con base en reglas, que ofrezca flexibilidad a las partes y evite que la innovación se paralice. Por el contrario, una regulación basada en reglas involucra altos costos de cumplimiento por parte de los partícipes. Por otro lado, es recomendable contar con una regulación mínima que ofrezca escenarios experimentales como sandbox, que funjan como espacio seguro para la innovación sin necesidad de cumplimiento estricto de normas y con los que se promueva la innovación. En este orden de ideas, es posible lograr una regulación progresiva de la figura con base en la información que el Estado y los mercados reciban del sandbox. Así las cosas, la madurez de las empresas puede justificar un cambio de aproximación. En la medida en que las entidades o intervinientes evolucionan, el cumplimiento de reglas también debería hacerlo. Los mayores costos del cumplimiento de normas podrían, incluso, llegar a verse como un beneficio para las partes involucradas.
Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que en Colombia el Decreto 1357 de 2018 se circunscribe al crowdfunding de valores, a continuación nos permitimos realizar un conjunto de consideraciones en torno a los objetivos que busca la regulación de los mercados de valores. En este sentido, la IOSCO ha señalado que dichos objetivos son: (i) la protección al inversionista como parte vulnerable de la relación, (ii) la formación de capitales y (iii) la obtención de un mercado justo y equitativo.
La protección al inversionista es el primer objetivo de la regulación de los mercados financieros, y es uno de los más significativos, ya que el inversionista es sin duda uno de los actores más importantes y vulnerables debido a la asimetría de información que se presenta en su contra42. En este orden de ideas, la IOSCO ha señalado que la mejor manera de proteger al inversionista es el suministro de información para que pueda adoptar una decisión informada43.
Así las cosas, es importante que la regulación establezca deberes de información a cargo de las entidades financieras. Ahora bien, resulta de vital importancia que una vez los inversionistas conozcan sus derechos y riesgos derivados de la operación, cuenten con un conjunto de mecanismos y vehículos jurídicos que les permitan emprender acciones para la protección de sus intereses. Así, la forma más directa de proteger al consumidor financiero es disponiendo una serie de derechos en su cabeza, junto con mecanismos jurídicos que les permitan ejercer acciones de manera eficaz y sin mayores obstáculos.
En segundo lugar, la formación de capital es uno de los principales objetivos de la regulación del mercado financiero, toda vez que permite optimizar y agilizar la consecución de fondos para llevar a cabo proyectos empresariales44. En efecto, la formación de capital depende de la inversión y esta a su vez depende en gran medida de la confianza en el mercado financiero, la cual se genera a partir de “un marco legal, fiscal y contable apropiado y efectivo dentro del cual puedan operar los mercados de valores”45. Solo resta mencionar que se trata de un objetivo que se encuentra en estrecha relación con la inclusión financiera, en virtud de la cual se busca que cada día más personas puedan acceder a los servicios financieros.
El tercer objetivo de la regulación de los mercados financieros es la promoción de un mercado justo y equitativo. Se trata de un objetivo que se encuentra en estrecha consonancia con los anteriores objetivos. Para lograr un mercado justo y equitativo, es necesario que la regulación pueda: (i) detectar, impedir y penalizar la manipulación del mercado y otras prácticas desleales de negociación; (ii) tender a asegurar que los inversionistas puedan acceder de manera justa tanto al mercado como a la información de dicho mercado o a información sobre los precios; (iii) promover prácticas en el mercado que aseguren el tratamiento justo de las órdenes y un proceso de fijación de precios que sea fiable, y (iv) promover la eficiencia del mercado, entre otros.
3.3.2. PROPUESTA
De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, toda regulación de nuevos fenómenos, especialmente aquellos relacionados con fintech, debe suponer un claro entendimiento de la figura por parte del regulador. Solo cuando se tiene un claro conocimiento sobre el objeto de regulación se debe proceder a adoptar una postura con respecto a la forma como habrá de ser regulado. En este orden de ideas, es razonable considerar que, en el caso del crowdfunding, el regulador debe observar la manera como se ha venido comportando la figura en Colombia, con el fin de establecer los aspectos que realmente requieren de limitaciones y restricciones, esto para salvaguardar los intereses de los consumidores financieros y del mercado.
Así mismo, es necesario que tanto el regulador como el supervisor sean conscientes de que las sociedades de financiación colaborativa no son homogéneas a las entidades financieras tradicionales, razón por la cual han de ser flexibles en el cumplimiento de los requisitos para su constitución, especialmente aquellos previstos en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Habría sido deseable que la regulación del crowdfunding hubiera previsto un procedimiento especial para su constitución, procedimiento que estuviera diseñado para atender las especiales características de este tipo de entidades. Un claro entendimiento sobre la naturaleza de estas entidades tiene como consecuencia una regulación a la medida que redunda en beneficio en común de todo el sistema financiero.
Por otro lado, la imposición de numerosas funciones, deberes y prohibiciones a las sociedades de financiación colaborativa impone altos costos de transacción para aquellas empresas que están interesadas en la actividad. Es razonable considerar que dichos requisitos, dentro de los cuales se encuentran numerosos reportes de información a las autoridades, sean reevaluados. Solo aquellos requisitos que sean imprescindibles para evitar la materialización de los riesgos asociados al crowdfunding deben ser mantenidos. Los demás han de ser sujetos de evaluación y podrán ser implementados de manera gradual dependiendo del comportamiento de la figura en el mercado.
Adicionalmente, las restricciones con respecto a la circulación de los valores de financiación colaborativa representan una clara preocupación para los inversionistas, como quiera que su liquidez se encuentra en extremo limitada. La regulación debería permitir la creación de mercados en los que puedan ser negociados estos tipos de valores, de tal forma que no se generen obstáculos a los interesados en realizar aportes en estos esquemas de financiación.
Es entendible que la primera aproximación regulatoria en Colombia hubiera adoptado una postura proteccionista del mercado y de los consumidores financieros, como quiera que se trata de una nueva y desconocida figura. Sin embargo, dicha postura ha generado un obstáculo para su desarrollo, razón por la cual se deberían adoptar mecanismos que permita ponderar (tal vez de manera más equilibrada) los intereses de quienes se encuentran en juego. En suma, la regulación debe flexibilizarse a tal punto que permita al crowdfunding ofrecer un modelo de negocios rentable para aquellas personas interesadas en ser parte de esta nueva figura, ya sea como sociedades de financiación colaborativa, aportantes o receptores. El primer paso hacia una regulación flexible lo dio el Decreto 1235 de 2020, empero, aún queda mucho camino por recorrer.
3.4. CONCLUSIONES
El crowdfunding es un nuevo instrumento para recaudar fondos que ahora se encuentra en la mira de los reguladores alrededor del mundo, principalmente debido a su distanciamiento de los mecanismos tradicionales y la intervención de nuevos actores y problemáticas. Este mecanismo que, de la mano con la evolución de la tecnología y como parte de la corriente fintech, permite la prestación de servicios financieros de manera más eficiente y menos costosa, sirve como un mecanismo de inclusión financiera. Si bien se trata de un mercado joven o incipiente, es un mercado prometedor y que ha de encontrarse bajo la mira de empresarios, emprendedores, reguladores y supervisores, todo con el fin de buscar la manera de impulsar su desarrollo de la manera más eficiente. Dicho crecimiento e interés que ha generado a nivel global se debe a los beneficios que ofrece la figura.
Su regulación es de vital importancia como quiera que a nivel global se ha reconocido que la operación involucra la existencia de riesgos sistémicos, de liquidez, de crédito, de mercado, operativo, de fraude y asociados al inversionista. La regulación de la figura debe propender por adoptar mecanismos para mitigar dichos riesgos y al mismo tiempo promover su crecimiento dentro del mercado de los servicios financieros.
En el caso colombiano, el Decreto 1357 de 2018 reguló el crowdfunding de valores con base en tres pilares: los aportantes, los receptores y las sociedades de financiación colaborativa. Dicha regulación estableció un conjunto de requisitos, deberes y prohibiciones a las sociedades de financiación colaborativa, circunstancia que ha resultado en un obstáculo para aquellas empresas interesadas en servir de plataformas electrónicas en Colombia. Vale la pena traer a colación la necesidad de que las empresas interesadas en constituirse como sociedades de financiación colaborativa tengan que agotar el procedimiento previsto en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, procedimiento previsto para entidades tradicionales cuya naturaleza y características difieren por completo de las sociedades de financiación colaborativa. En el mismo sentido, el Decreto ha establecido limitaciones a los valores de financiación colaborativa, a los aportantes y a los receptores de recursos, lo cual también desincentivará su participación en el mercado.
Dos años después, el Gobierno, consciente de los obstáculos propios del Decreto 1357 de 2018, expidió el Decreto 1235 de 2020 con el fin de flexibilizar la regulación propia del crowdfunding. Se trata de una postura que reconoce que la regulación de este tipo de fenómenos debe ser flexible y atractiva para las partes y que seguro tendrá un impacto positivo en su desarrollo. Sin embargo, la regulación del crowdfunding en Colombia sigue siendo restrictiva, circunstancia que ha evitado un impulso de la figura en el país.
En suma, y de cara a la problemática planteada a lo largo del texto, es necesario contar con una regulación basada en principios, que sea dinámica y que permita que la figura se desarrolle. Es importante que el regulador permita que este nuevo fenómeno se exprese en los mercados, con el fin de conocer su estructura y funcionamiento y poder para, de ese modo, advertir los puntos de riesgo que efectivamente deben ser regulados. En este sentido, una regulación flexible que genere mayores incentivos y menos obstáculos para aquellos interesados en hacer parte de la financiación colaborativa podría ser la respuesta a la ausencia de dinamismo que ha caracterizado a la figura en Colombia.
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CAPÍTULO 4
LOS BANCOS DIGITALES: NEOBANCOS
DIGITAL BANKS: NEOBANKS
JUAN SEBASTIÁN PEREDO BERNAL*
RESUMEN: los neobancos son uno de los fenómenos más actuales de la tecnología aplicada al sector financiero. A partir del entendimiento de lo que son, de sus características y de su modelo de negocio se puede llegar a una aproximación de la regulación que les es aplicable y de los retos que esa regulación tendrá en el futuro. Los neobancos, podremos evidenciar, traerán una nueva forma de competencia, la cual tendrá como consecuencia el replanteamiento del uso de la tecnología en el sector financiero.
PALABRAS CLAVE: bancos; innovación; cambio tecnológico; ley; comportamiento; finanzas.
ABSTRACT: Neobanks are one of the most current phenomena of technology applied to the financial sector. From the understanding of what they are, their characteristics and their business model, we will be able to reach an approximation of the regulation that is applicable to them and the challenges that such regulation will have in the future. Neobanks, as we will be able to portray, will bring a new form of competition and will result in a rethinking of the use of technology in the financial sector.
KEY WORDS: Banks; Innovation; Technological Change; Law; Behavioral; Finance.
INTRODUCCIÓN
La evolución en tecnología y la adopción de esta por parte de las personas ha llevado a que los diferentes sectores en la economía migren hacia nuevos modelos de negocio y afronten la manera de operar de una manera diferente. Los neobancos o bancos digitales son una respuesta a la nueva forma de acceder a productos y servicios por parte de la población y a una reformulación del modelo de negocio de los bancos a partir de la utilización de tecnología de manera integral. Con su operación, los neobancos han llevado a la realidad una capilaridad aumentada en la prestación del servicio al apalancarse en dispositivos móviles, dispositivos inteligentes e internet para la prestación de servicios financieros.
A manera introductoria, se hará uso del término neobanco o banco digital en un mismo sentido teniendo en cuenta que la diferencia que en algunos escenarios se le ha dado es sutil. A los neobancos se los ha entendido como entidades reguladas que se encuentran dispuestas sin ningún tipo de infraestructura física que soporte la operación de cara al cliente (p. ej. sucursales) y que son independientes de otras entidades reguladas dentro del mercado. El término banco digital, en estos mismos escenarios, ha sido entendido como una operación separada y digital de una entidad financiera ya constituida. Para efectos de este capítulo, la utilización del término neobanco o banco digital responderá siempre a la primera concepción, la de una entidad eminentemente digital, soportada por procesos digitales y con una relación digital con el cliente, que a su vez es independiente de otras entidades financieras constituidas (si bien podrían hacer parte de un mismo grupo).
Así mismo, para efectos de este capítulo no se hará un análisis especializado, aunque sí se hará una mención al concepto de los challenger banks, los cuales entenderemos a partir de la introducción de un modelo digital para la prestación de servicios financieros. En todo caso, asumiremos que el concepto de challenger bank se encontrará en la mayoría, sino en todos, los neobancos.
El análisis respecto de los neobancos debe partir de la concepción de banco. A través de la diferente literatura se ha propuesto que el término neobanco podría aplicarse tanto para entidades que cuentan con licencia bancaria como para aquellas que no cuentan con licencia bancaria (pero ofrecen algunos servicios similares a los bancos). En nuestra concepción, el término neobanco debería entenderse exclusivamente para las entidades que tienen permitido realizar operaciones bancarias. En el caso colombiano, aplicaría únicamente a entidades que han sido autorizadas para ser banco en el país. Es por esto por lo que el término neobanco difícilmente podrá sustraerse de la naturaleza regulada de las operaciones bancarias, aun cuando haya proponentes que entiendan la expresión desde la posibilidad de realizar alguna operación bancaria y no el conjunto de estas. A esta apreciación se le deberán sumar el resto de las características que permiten entender que una entidad sea considerada un neobanco, las cuales se analizarán a través de este capítulo.
Desde esta perspectiva, los neobancos son el modelo más avanzado en digitalización y tecnología en la prestación de servicios financieros, por cuanto traen los fenómenos digitales a la entidad regulada más sensible. Los neobancos deben, entonces, buscar el cumplimiento regulatorio sin perder de vista el cumplimiento de un objetivo adicional: la prestación de sus servicios de manera completamente digital. Y, en este sentido, ¿hasta dónde llega el componente digital? La respuesta es: todo. El componente digital no debe quedarse en la prestación del servicio frente al cliente y debe incluir la operación de manera integral. La operación del neobanco debe ser integralmente digital y la infraestructura tecnológica debe estar diseñada para responder a esto.
Esto nos lleva al objetivo de este capítulo, entender: (i) cuáles son las características esenciales que permiten considerar una entidad como un neobanco; (ii) cuáles son sus diferencias con los bancos tradicionales y con las empresas de tecnología financiera que ofrecen servicios similares; y (iii) cuál es el tratamiento regulatorio que reciben, y que deben recibir, para efectos de llevar a cabo su objeto social.
Para estos efectos, se abordarán los siguientes asuntos: en primer lugar, se realizará un análisis de la digitalización y tecnología en los servicios financieros con un especial enfoque en la operación de los neobancos. En segundo lugar, a partir de la identificación tecnológica, se propondrá una definición de neobancos. En tercer lugar, se realizará un análisis del ambiente regulatorio aplicable a los neobancos. Por último, se compartirán unas conclusiones.
4.1. DIGITALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Los neobancos son la forma más avanzada de digitalización de los servicios bancarios, llevando la tecnología a sus procesos de manera integral y nativa, tanto en el relacionamiento con el cliente como en la operación de la institución. Para llegar a los neobancos, en todo caso, se tiene que pasar por varias formas de digitalización de servicios financieros que permiten evidenciar cómo la era digital ha permeado los servicios y productos que ofrece la industria financiera.
Para esto, se tiene que partir de la premisa de que la digitalización en los servicios financieros no ha sido una respuesta emergente de los actores en el sistema sino, como en la mayoría de otras evoluciones en otros sectores, una respuesta a los desarrollos tecnológicos existentes en el mercado y utilizados por las personas. Es decir, la tecnología desarrollada para otros usos y circunstancias fue posteriormente adoptada, utilizada y desarrollada por el sector financiero.
Para efectos de analizar la evolución de la digitalización en los servicios bancarios y en particular de la tecnología desplegada por los neobancos, realizaremos una división frente a lo que el cliente ve o es evidente para este (front-end) y frente a lo que el cliente no ve o no es evidente para este (back-end).
4.1.1. EN RELACIÓN CON LO QUE EL CLIENTE VE
En los últimos años hemos tenido una evolución exponencial en los servicios digitales y, por lo tanto, en la forma en la que los bancos prestan sus servicios. Sin dejar de lado la importancia de la adopción de tecnología para la realización de operaciones bancarias, cuatro de los grandes hitos en la evolución tecnológica bancaria siguen siendo actuales: los cajeros automáticos, los POS (Point of Sale, o terminal de punto de venta), la internet bancaria y la banca móvil. Estos cuatro hitos, a su vez, tienen un efecto similar al que plantean ahora los neobancos, de manera radical, la disminución de la realización de operaciones a través de sucursales bancarias.
En este sentido, la digitalización de los servicios financieros y, en este caso, de la actividad bancaria lleva a una clara disminución de la operación física y manual al otorgarle mecanismos digitales y remotos a las personas para la realización de sus transacciones. De esta manera, para el cliente pasa a ser evidente que la forma de interactuar con los bancos ha dejado de ser única y exclusivamente a través de sucursales u oficinas bancarias, ha dejado de necesitar del papel para todas las operaciones que desea realizar y le ha permitido acceder a los servicios bancarios, en últimas, sin tener que ir a una oficina de un banco. A manera de utilizar los hitos mencionados como ejemplo, los clientes dejaron de asistir a las oficinas bancarias para depositar y retirar sus recursos (el efecto de los cajeros automáticos), los clientes empezaron a realizar pagos a través de POS y dejaron de retirar efectivo a través de oficinas bancarias o cajeros automáticos para realizar el pago de bienes o servicios y los clientes dejaron de necesitar ir a los bancos para la realización de operaciones u otras transacciones al poder realizarlas desde la internet o los dispositivos móviles.
Para todo esto, en todo caso, ha sido necesario una etapa de adopción por parte de las personas de estas nuevas tecnologías. No ocurrió de la noche a la mañana la adopción de los cajeros automáticos, los POS y la internet bancaria. Por esta razón, el desarrollo de servicios digitales para el uso de las personas debe venir acompañado de la adopción de la tecnología por parte de la población en general1. De manera acertada, el Bank for International Settlements (BIS) menciona que “al evaluar el impacto reciente de las nuevas tecnologías en la industria bancaria, dos factores son especialmente relevantes, a saber: (i) la tasa de adopción de la tecnología en la sociedad, y (ii) el grado y la omnipresencia de los conocimientos tecnológicos dentro de la población general”2. Entonces, así como el BIS menciona estos dos factores, los relaciona con la adopción tecnológica en el pasado y el presente. Pone como ejemplo las dos décadas que tomó la adopción de los cajeros automáticos y el menor tiempo que tomó la adopción de la internet para los servicios financieros. En la medida que la tecnología crece de manera exponencial, también lo hace la ratio de adopción y la capacidad de adaptación de la sociedad a las nuevas tecnologías. Esa adopción más rápida se traduce en que los efectos de la digitalización y de la innovación se pueden replicar de manera más rápida en la sociedad3.
Esto último es entendido dentro del concepto de “comportamiento del consumidor” (o consumer behaviour). El comportamiento del consumidor es una rama de la investigación y del mercadeo extensa que, para efectos de este capítulo, lo entenderemos como la investigación, análisis y estudio de cómo los consumidores seleccionan, utilizan, compran y adoptan bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Esta, aunque una definición simplista, permite entender el concepto para efectos de analizar su aplicación a los servicios financieros y la adopción de tecnología.
Los consumidores, ahora, se encuentran expuestos a tecnología siempre cambiante y a métodos de utilización de la tecnología que se desarrollan constantemente. La forma en la que los consumidores hoy en día adquieren sus productos y servicios es diferente a la forma en la que los adquirían hace 40 años. La industria financiera, respondiendo a la ola de cambio, ha venido adaptándose a esta nueva forma de consumo de las personas. Si la internet trajo la compra de productos a través de plataformas digitales, la industria financiera respondió con mecanismos para la adquisición de esos productos utilizando instrumentos financieros. Si el desarrollo de móviles generó una tendencia en la utilización de estos dispositivos para realizar tareas diarias y mecánicas diferentes a solo comunicarse para llamadas, la industria financiera respondió con la posibilidad de llevar las sucursales a los celulares. Es decir, la industria financiera, tanto regulada como no regulada, ha respondido a las tendencias de comportamiento de consumo de las personas adaptándose a las mismas. Ahora, como se verá más adelante, los neobancos son una respuesta generalizada a la forma de ver el consumidor financiero y no una respuesta segmentada por períodos a evoluciones tecnológicas.
Bajo esta perspectiva, se vuelve fundamental para el estudio de la digitalización bancaria el análisis de la adopción tecnológica por parte de los consumidores financieros.A un ritmo más acelerado de adopción tecnológica por parte de los consumidores, existirá una exigencia más acelerada por parte de los consumidores para la recepción de servicios financieros digitales a la medida de los dispositivos y acciones digitales que estos utilizan.
En la actualidad, el reto estará dado, por un lado, por la respuesta acelerada de las instituciones financieras a la adopción tecnológica de las personas y, por otro lado, por la respuesta regulatoria de los países para efectos de permitir esta adopción tecnológica financiera y lograr mantener los estándares de protección para los consumidores financieros y el sistema financiero.
La apertura de los teléfonos móviles, en particular los smartphones, para la realización de operaciones financieras ha abierto la posibilidad a la inyección de tecnología en muchos frentes. Desde la utilización de biometría para la seguridad de los dispositivos y de la realización de transacciones, geolocalización para la protección contra el fraude, así como mecanismos múltiples de autenticación para lograr asegurar que las personas que están utilizando los dispositivos son los dueños de los productos. A esto se le debe sumar la llegada de otro tipo de tecnología que permitirá realizar operaciones financieras de manera muy diferente, como por ejemplo la internet de las cosas.
Dentro de las tendencias que empiezan a tomar forma en la prestación de servicios bancarios se encuentra la adopción de chatbots, la posibilidad de realizar transacciones a través de parlantes con asistentes de voz inteligentes, la utilización de relojes inteligentes para los servicios bancarios, entre muchas otras cosas. En síntesis, la utilización de los dispositivos, no solamente los teléfonos móviles, para la realización de operaciones.
En relación con la regulación de cada uno de estos fenómenos, la práctica ha consistido en entender la tecnología y sentar unas bases (en la mayoría de los casos relacionadas con el canal) para promover una regulación relacionada con el mismo. Es así como, en el caso colombiano, podemos encontrar instrucciones especiales para las operaciones que se realicen a través de cajeros automáticos, internet, banca móvil y otros. Recientemente, nos encontramos ante un enfoque de la Superintendencia Financiera de Colombia de permitir a las entidades vigiladas adoptar tecnologías basadas en la internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, big data, entre otras, para la prestación de servicios y mejoramiento de procesos.
En este sentido, todo lo que hemos visto parte de concebir el modelo de negocio a partir de un enfoque en el consumidor. Esta concepción es generalmente encontrada en las compañías de tecnología y, actualmente, en los bancos digitales. Funcionar bajo este tipo de concepción, es decir, ofrecer al consumidor la utilización de servicios financieros a través de la forma como se interrelaciona con las cosas y la tecnología, implica una capacidad de desarrollo y un apalancamiento en tecnología sustantivo, lo que lleva a estudiar el back-end de este tipo de entidades.
4.1.2. EN RELACIÓN CON LO QUE EL CLIENTE NO VE
La magia de la digitalización y tecnología de las operaciones bancarias sucede en lo que no se puede ver o no es del todo evidente para el cliente. ¿Por qué comenzar con esta primera frase? Si bien los cambios en la forma en la que los bancos se relacionan con sus clientes son fundamentales para entender la digitalización en la prestación de servicios financieros, el cambio en el paradigma de cómo opera un banco ocurre en el back-office, en la forma como este opera y en la tecnología e información en la que se encuentran soportados.
Una migración natural que han tenido los bancos tradicionales, en su mayoría, ha sido la creación de un front-office digital que le permite a los clientes interactuar con sus bancos alejándose de las sucursales y oficinas físicas (en muchos casos no por completo). Sin embargo, estas plataformas para interactuar digitalmente con los clientes no están soportadas por una tecnología que apalanque a su vez la infraestructura operativa de los bancos tradicionales. Es decir, mientras el banco tradicional ofrece interactuar con el cliente a través de una interfaz digital, necesita de una operación tradicional para la prestación del servicio, con tecnología on-premises4, manual y con información limitada. Este tipo de operación trae consigo costos de operación mucho más altos, déficit en la eficiencia de las operaciones, limitación en el uso y manejo de la información y limitaciones en la escalabilidad. Lo anterior, a su vez, repercute en el cliente, en los costos asociados a sus productos y en la agilidad para la prestación del servicio.
Es por esto que, si bien es importante presentarle al cliente mecanismos digitales para hacer uso de los servicios financieros, es aún más importante que estos servicios estén soportados por tecnología de punta, automatización que permita el escalamiento en la prestación del servicio, mayores estándares de seguridad a la hora de realizar transacciones financieras, mayor capacidad de recuperación, mayor agilidad y menores costos de operación.A través de esto se logra soportar una continua y eficaz evolución e innovación constante.
La tecnología se expresa de muchas maneras en las operaciones bancarias. Se puede hablar, para efectos bancarios, de cuatro segmentos en los que la tecnología está realizando cambios significativos en las operaciones bancarias: (i) automatización; (ii) analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial; (iii) blockchain y distributed ledger technology (DLT); y (iv) computación en la nube5. El análisis de cada uno de estos se hará a partir de su uso en las operaciones bancarias, sin entrar a analizar en detalle cada uno de estos fenómenos, los cuales en algunos casos son vistos en mayor profundidad a lo largo del libro.
En general estas herramientas tecnológicas, además de un enfoque en el desarrollo por parte de la entidad, permiten apalancar operaciones bancarias que se enfocan en el consumidor y en la forma en que este quiere interrelacionarse con un banco.
4.1.2.1. AUTOMATIZACIÓN
La automatización “consiste básicamente en crear un hardware o software que sea capaz de hacer las cosas automáticamente, sin intervención humana”6. Es decir, es permitir realizar operaciones de manera automática y con la utilización de tecnología, sin necesidad de la intervención de personas. Es permitir que la tecnología reemplace en procesos y procedimientos a seres humanos. La automatización trae consigo eficiencia en la realización de operaciones (mayor agilidad y menores costos) y reasignación de roles de manera que las personas aporten valor en procesos no automatizados7.
Automatización no es lo mismo que inteligencia artificial o machine learning, aunque en algunos casos para efectos de la automatización se utilizan este tipo de tecnologías. Tomando como base los ejemplos mencionados antes, el despliegue de cajeros automáticos hace algunos años fue una muestra de automatización en la industria financiera. Se automatizó el proceso manual realizado por cajeros personas naturales, con la posibilidad para los bancos de ofrecer el retiro de dinero (y después muchas operaciones más) a través de una máquina que requería mínima intervención humana (instalación, mantenimiento).
La automatización es un proceso que se debe mencionar de inicio, en tanto hace parte de cualquier conversación relacionada con la digitalización de los servicios financieros, pero que para efectos de este capítulo debe ser entendida en conjunto con el despliegue de otras tecnologías que permiten una automatización a profundidad de procesos, funciones, y operaciones.
La automatización trae consigo la posibilidad de utilizar los recursos humanos, las personas, en procesos que generan mayor valor para el banco. Estas personas, realizando procesos de generación de valor y no procesos automatizables, podrán aportar a la evolución más rápida y a la innovación en la actividad de dicho banco:
La automatización tiene un único propósito: permitir que las máquinas realicen tareas repetitivas y monótonas o en palabras de algunas personas “sacar al robot del humano”. Esto libera tiempo para que las personas se concentren en tareas más importantes y creativas que requieren el toque personal y el juicio. El resultado final es un negocio más eficiente, rentable y una fuerza laboral más productiva8.
De esta manera, a través de procesos automatizados las compañías logran que sus procesos sean más ágiles y eficientes, que se pueda procesar información y transacciones en un mayor volumen, que se reduzcan los costos de operación relacionados con los procesos automatizados y que las personas puedan tener una mayor dedicación a procesos de aportación de valor (utilizando su creatividad para lograrlo). Los neobancos, por defecto, tienen desde su nacimiento un enfoque basado en la automatización de procesos y funciones, soportado en tecnología.
4.1.2.2. ANALÍTICA AVANZADA, MACHINE LEARNING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El volumen de datos disponible para una empresa y, en especial, para un banco es enorme. Estos datos provienen de todo tipo de fuentes y en diferentes formas. Durante muchos años los datos no fueron objeto de estudio y análisis por parte de las compañías e inclusive los bancos. Sin embargo, hoy en día, es imposible pensar en un escenario de digitalización y de prestación de servicios financieros sin pensar en analítica avanzada de datos. Es decir, no se puede pensar en sistemas financieros que tomen sus decisiones a partir de factores diferentes a los datos, a la información.
La analítica avanzada de datos aplicada a los bancos permite lograr un mejor rendimiento de estos al optimizar la forma en la que segmentan, dirigen, adquieren y retienen clientes, en la forma en la que gestionan los riesgos y detectan el fraude9. Con esto se logra una mayor eficiencia y certeza en el monitoreo de fraude, en la predicción de riesgos y su cuantificación, en el análisis de comportamiento de clientes y en la retención de estos.
En absoluta competencia, tendrá una mejor oportunidad en el mercado una institución que tome sus decisiones basadas en datos que aquella que no las toma de esta manera.
Por su parte, los conceptos de machine learning e inteligencia artificial los podemos ligar al concepto de utilización de datos y de fundamentar las decisiones y procesos de las instituciones en los mismos. Machine learning permite que un algoritmo se mantenga actualizado al tener la capacidad de aprender, a partir de datos y sin la necesidad de interferencia humana. En este sentido, el algoritmo no tendrá que ser modificado por personas cada vez que nueva información sea recibida, sino que, por el contrario, el algoritmo se actualizará automáticamente a partir de la nueva información que reciba. Por otro lado, inteligencia artificial se entendería como la capacidad de una máquina de tomar decisiones como un humano y de simular sus acciones, es decir, de tomar decisiones con inteligencia. Machine learning, para ser breves, es entendido como un concepto de la aplicación de inteligencia artificial (sin embargo, no son lo mismo).
Partiendo nuevamente de la base de una institución basada en datos y aplicando conceptos de machine learning e inteligencia artificial se puede llegar a una nueva generación de servicios financieros. Servicios financieros diseñados a partir de datos, a partir de la ingesta de enormes cantidades de datos que es procesada de manera automática y que permite, mediante el uso de herramientas tecnológicas, el constante aprendizaje y evolución, de manera que todos esos beneficios que se mencionaban arriba en relación con analítica avanzada continúen siendo actualizados y permitan a las instituciones tomar decisiones.
Estas herramientas y modelos de negocio (i. e. a partir de datos) han sido utilizados intensamente por empresas de tecnología financiera y por las bigtech10:
Las compañías de tecnología financiera basadas en modelos de negocio de agregación de datos, o bigtech, utilizan datos de clientes para obtener un conocimiento profundo de sus usuarios (a través del historial de búsqueda, datos personales y preferencias compartidas en las redes sociales, hábitos de consumo y gasto, etc.) y tienden a competir directamente con los bancos por la propiedad de la relación con el cliente (escenarios bancarios distribuidos, relegados y desintermediados)11.
Así es como la fundamentación de los modelos de negocio de este tipo de entidades12 viene dada por su capacidad de agregación de datos y de análisis de estos. Esa capacidad frente a la información implica una ventaja en términos de conocimiento del cliente y de ofrecimiento de productos diseñados a la medida. Ahora bien, al incluir a los neobancos dentro del grupo de entidades fundamentadas en datos, se debe añadir un componente adicional: su conocimiento especializado del mercado bancario. Esta conjunción lleva a la utilización de datos para un mayor conocimiento de cliente que llevará consigo una adecuación de los productos a estos, un entendimiento del riesgo aún mayor y por lo tanto un pricing ajustado.
4.1.2.3. COMPUTACIÓN EN LA NUBE
Como definición, la computación en la nube es la presentación de múltiples servicios de computación, tales como almacenamiento de datos, software, plataformas de desarrollo de software, a través de internet, sin la necesidad de una gestión activa por parte del usuario del servicio13. A diferencia de la tecnología on-premises, desarrollada desde hace décadas por los bancos tradicionales, los centros de cómputo (hardware) de la tecnología en nube no se encuentran ubicados en la infraestructura del banco. Estos centros de cómputo se encuentran ubicados en diferentes países, con funciones distribuidas en servidores que se encuentran en diferentes lugares y a los cuales se acceden a través de la internet.
En este sentido, los proveedores de servicios en la nube administran completamente la infraestructura física y el usuario paga por los servicios que consume. De esta manera, si se trata de un banco, el proveedor de servicios en la nube solo cobrará por la cantidad consumida por el banco. A diferencia, la tecnología on-premises necesita de la instalación de infraestructura física que tendrá una limitación natural dada su capacidad instalada, en el caso de requerir mayor capacidad de procesamiento, será necesario ampliar y mejorar la infraestructura física instalada.
Uno de los aspectos en que los bancos tradicionales y los neobancos encuentran diferencias de inmediato se presenta frente a la computación en la nube. Los neobancos traen consigo, naturalmente, este tipo de tecnología que permite economías de escala, mayor eficiencia en el gasto en tecnología, mitigación de riesgos y mejores tiempos de recuperación. Esta diferencia fundamental en la forma en la que operan neobancos y bancos tradicionales permite evidenciar que la potencialidad de crecimiento entre unos y otros tendrá un factor determinante asociado a la capacidad de adaptación de su infraestructura tecnológica.
El British Bankers’ Association en el 2017 identificó tres motivos para la adopción de tecnologías en la nube para los bancos14: (i) innovación ágil: al mejorar la agilidad, eficiencia y la productividad; (ii) mitigación de riesgos: la tecnología en la nube permite reducir los riesgos asociados con la tecnología tradicional, tales como la capacidad, redundancia y resiliencia; y (iii) costo-beneficio: el ahorro es significativo, especialmente al tener en cuenta la reducción en la inversión de capital comparado con lo requerido en inversión frente a tecnología tradicional. Así mismo, menciona la BBA, durante los períodos de mayor demanda por parte de los clientes la nube puede permitir a los bancos administrar la capacidad informática de manera más eficiente.
A esto se pueden sumar otros beneficios, como la posibilidad de utilizar la capacidad de tecnología en la nube para el mayor procesamiento de información, no solo con fines de escalabilidad frente a los clientes, sino con el fin de procesamiento de datos para el monitoreo y prevención del fraude y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo15.
La tecnología en la nube o la computación en la nube, en este sentido, es uno de los grandes disruptores en el mercado bancario, teniendo en cuenta la potencialidad que le otorga a los nuevos bancos y específicamente a los neobancos. Los comentarios de hace unos años de la BBA evidencian unos beneficios frente a la tecnología tradicional. En todo caso, esta tecnología que está disponible para todas las instituciones financieras es de inmediato uso para los nuevos actores y, de querer ser utilizada por los actores tradicionales, implicará una inversión (tanto en dinero, como en tiempo) en la transferencia de la tecnología.
Por último, partiendo de la base de un sector bancario que está migrando hacia los negocios basados en datos, la tecnología que se utilice para el procesamiento de estos será fundamental y, en esa línea, también lo será la necesidad de migrar hacia tecnología en la nube. Los negocios basados en datos tienen una necesidad intrínseca de capacidad de procesamiento. A mayor cantidad de información, mayor necesidad de análisis de volúmenes de información y mayor necesidad de capacidad de procesamiento.
4.1.2.4. BLOCKCHAIN Y DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT)
Blockchain es esencialmente, y en términos muy sencillos, una base de datos compartida llena de entradas que deben confirmarse y cifrarse. Blockchain, a su vez, hace parte de las tecnologías llamadas distributed ledger, sin que por esto sean lo mismo. DLT es básicamente una base de datos que existe en varias ubicaciones o entre múltiples participantes. A diferencia de las bases de datos común y corrientes que se encuentran en una única y centralizada ubicación, DLT se encuentra en varias al mismo tiempo. Al encontrarse en varias ubicaciones y con múltiples participantes, DLT minimiza el riesgo de la centralización derivada de una única ubicación y participante. Al encontrarse la base de datos distribuida, la tecnología se soporta en algunas características: (i) asignación de una marca de tiempo a los archivos, (ii) visualización por parte de los participantes de los registros, (iii) asignación de una firma criptográfica y (iv) verificabilidad del historial de registros.
La diferencia fundamental entre blockchain y DLT, aunque el primero pertenezca al segundo, es que blockchain se soporta en una secuencia de bloques (lo cual no es necesario en DLT) y en el concepto de proof of work y proof of stake (según el modelo adoptado por cada tipo de blockchain, así como todas sus variaciones), lo cuales son analizados con mayor profundidad en otras secciones de este libro.
Para efectos prácticos, DLT ofrece una serie de capacidades al sistema en términos de automatización, eficiencia y seguridad en las transacciones. No tradicionalmente se encuentra embebido dentro de la operación interna bancaria (en ambientes digitales), pero sí comúnmente en los últimos años en la forma de relacionamiento entre entidades financieras para la realización de operaciones entre ellas. En todo caso, sin ser en este momento un sine qua non de la operación bancaria digital, el DLT ofrece muchas ventajas actualmente en los sistemas de pago al reducir tiempos de conciliación, permitir la inmediatez en las operaciones, en la desintermediación de algunos servicios y en la mejora en las capacidades de intermediación de otras. En Colombia, recientemente, se probó con éxito en la industria de los derivados financieros. Como uso adicional, se podrán encontrar ventajas en términos de DLT para la distribución de bases de datos entre entidades de grupos financieros y para efectos de su consolidación y reporte.
4.2. DEFINICIÓN DE LOS NEOBANCOS
A través de las anteriores secciones se han aportado algunas características de los neobancos. Estas características nos permiten acercarnos a una definición de neobanco. Los neobancos son instituciones financieras reguladas y constituidas como banco de conformidad con la normativa de un país, los cuales tienen autorizados la realización de las operaciones financieras de los establecimientos bancarios y los cuales no requieren de una infraestructura física para interactuar con sus clientes, bastándose solo de mecanismos y dispositivos digitales para este efecto. Los neobancos, a su vez, están basados en tecnología y adoptan, como regla general, una visión de negocio con enfoque en el consumidor, razón por la cual tienen que responder a las exigencias tecnológicas que esto implica.
Es decir, un neobanco es un banco que presta sus servicios a través de mecanismos digitales. Así de sencillo y así de complejo al mismo tiempo. Un neobanco, por lo tanto, debe realizar la actividad de intermediación financiera a partir de la captación de recursos del público y la colocación a través de créditos. No podría hablarse de un neobanco cuando se trata de una entidad que presta algunos servicios bancarios, pero no todos. Especialmente, no debería hablarse de neobanco cuando no se realiza intermediación financiera. No podría hablarse de un neobanco cuando se hable de una entidad que no cuente con una licencia bancaria otorgada por la autoridad de supervisión competente. No podría hablarse de un neobanco si la relación con el cliente no es gestionada directamente por el neobanco, si los servicios no son provistos por la institución y si los riesgos de la prestación de estos servicios y de esta relación no son asumidos por esta16. En este sentido, los neobancos son instituciones financieras que, asentadas en mecanismos digitales, tanto en front-end como en su back-end, proveen servicios financieros a sus clientes. En todo caso, no podrá hablarse de un neobanco cuando se trata de una entidad u operación apalancada en la infraestructura de una entidad financiera tradicional, aun cuando la misma tenga un alto componente digital.
Profundizando en la definición de neobanco, podemos asignarle algunas características adicionales: (i) fundamentan su operación en la automatización de procesos, procedimientos y funciones, disminuyendo la carga operativa manual de la institución; (ii) sus decisiones son tomadas basadas en el análisis de datos; (iii) requieren de una capacidad en tecnología mayor que un banco tradicional; y (iv) son entidades financieras independientes, es decir, no son un producto dentro de una entidad financiera ya establecida.
Esto nos llevará, siempre, a ser fieles al origen de la expresión neobanco, es decir, nuevo banco.
Entregando algunas diferencias adicionales con actividades realizadas por empresas de tecnología financiera o con entidades reguladas con licencias diferentes a los bancos, los neobancos realizan la actividad de intermediación de inicio a fin: captando recursos del público para después hacer su colocación. En este sentido, los neobancos son los que captan los recursos para ellos mismos colocarlos al público.
Así mismo, los neobancos son entidades que buscan cambiar el status quo de los servicios bancarios. Por esto, se los engloba en este capítulo dentro del concepto de challenger banks y no se los diferencia de estos. Se entiende el concepto de challenger bank como aquel banco que con modelos diferenciales buscan ganar posición en el mercado.
4.3. ANÁLISIS DEL AMBIENTE REGULATORIO PARA LOS NEOBANCOS
Los neobancos y, en general, las actividades fintech tienen un reto frente a la regulación dado por la posibilidad de que muchos de los desarrollos innovadores de estos y la tecnología que utilizan no estén cubiertas por las normas existentes. Más adelante se abordará el asunto de la neutralidad tecnológica aplicable a la prestación de servicios financieros.
En algunos puntos, como la relación de los neobancos frente a la regulación bancaria, la relación entre regulación y neobanco puede ser muy clara. Sin embargo, frente a la implementación de tecnologías innovadoras y nuevos modelos de negocio, la regulación puede o bien contemplar un marco general para el desarrollo y utilización de tecnología o puede no establecer nada particular, lo que en algunos casos puede implicar un impedimento para su utilización. Esto podría aplicarse a todos los servicios, desde las interfaces ofrecidas al cliente hasta los sistemas de back-office e infraestructura17.
4.3.1. FRENTE A LA ACTIVIDAD BANCARIA
De manera inicial, y para tomar el caso colombiano, la normativa aplicable a los neobancos nace de la consideración de que estos son bancos. Es decir, los neobancos realizan las actividades propias de los establecimientos bancarios18 de acuerdo con la ley colombiana. Partiendo de esta base, la operación de un neobanco en Colombia estará sujeta a la obtención de la autorización por parte de la autoridad competente en Colombia, es decir, la Superintendencia Financiera de Colombia.
Se debe tener en cuenta que los neobancos, a partir de la definición a la que se ha llegado, en esencia realizan la actividad de intermediación financiera, la cual, según la definición de la Superintendencia Financiera corresponde a
una actividad sometida al control de este Organismo, ya que es propia de las instituciones vigiladas, y se entiende como la captación profesional de recursos del público mediante operaciones pasivas (recepción de depósitos), y a su vez la transferencia de dichos recursos mediante la realización de operaciones activas (otorgamiento de créditos), gestión que por su naturaleza requiere previa autorización administrativa19.
De acuerdo con lo anterior, la regulación de los neobancos en Colombia parte de una premisa básica y es que, para su operación, será necesario obtener autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia20. Así mismo, teniendo en cuenta esta situación, los neobancos en Colombia, con el fin de obtener autorización para funcionar en el país, deberán cumplir con una serie de requisitos mínimos (dando cumplimiento a las normas colombianas), entre los cuales se destacaría contar con el capital mínimo exigido por la ley21, así como tener una infraestructura que permita el cumplimiento de las normas que rigen a los establecimientos bancarios en Colombia.
En Colombia, en particular, a partir de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”) se sentaron unas bases para que la Superintendencia Financiera pudiera otorgar en el futuro licencias de operación temporales a empresas de tecnología financiera que pretendan realizar actividades propias de las entidades vigiladas por esta Superintendencia. En el artículo 166 de la mencionada ley se establece que este tipo de empresas
podrán constituir una de estas entidades y obtener un certificado para operar temporalmente, de acuerdo con las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales, incluyendo la determinación o aplicación de capitales mínimos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional. Dicho certificado de operación temporal no excederá de dos (2) años y podrá ser revocado en cualquier momento por la Superintendencia Financiera.
El mencionado artículo permitiría un proceso de autorización paralelo y diferenciado con una característica particular, la cual es la temporalidad en procura de la obtención de un certificado permanente con base en las mismas reglas aplicables a los demás. Este artículo de la ley, así mismo, cubre todo el espectro de entidades financieras bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Por esta razón, la labor del regulador en este punto es crucial, al tener que determinar no solo los requisitos que se deberán cumplir para poder buscar este certificado de operación temporal, sino también al tener que analizar para qué tipo de entidades este tipo de certificado de operación temporal podría ser aplicable, teniendo en cuenta la protección de los recursos del público y la criticidad de algunas de estas entidades (frente a las cuales una revocación del certificado de operación temporal o una falta de obtención del certificado de operación definitivo podría ser traumático para los consumidores).
Por otro lado, y sumado a la necesidad de constituir un neobanco en Colombia como un establecimiento bancario, la operación de los neobancos deberá sujetarse a las reglas que son exigidas por la norma a estos últimos. Es decir, en su actuar, los neobancos en Colombia deberán seguir la normativa aplicable a los bancos, en especial la relacionada con el cumplimiento de las normas prudenciales y de las normas de protección de consumidores financieros. En este punto nos devolvemos a la concepción inicial de banco y a la actividad de intermediación financiera. La importancia de que un neobanco sea una entidad sometida a la regulación bancaria (sin perjuicio de que la misma se adapte en los diferentes países para permitir el correcto despliegue tecnológico) radica en la protección del ahorro de las personas y en la estabilidad del sistema financiero.
La perspectiva colombiana es similar a la perspectiva dada en la mayoría de las demás jurisdicciones, en donde la actividad bancaria es una actividad regulada que exige un licenciamiento previo a su operación y el cumplimiento de las normas aplicables a los bancos por parte de los neobancos. Todo esto, por una razón particular, la protección de los recursos del público y la profesionalidad que tiene que existir para efectos de realizar correctamente la actividad de intermediación financiera, gestionando los riesgos propios de la misma.
4.3.2. FRENTE A SUS CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS Y TECNOLOGÍA
Para analizar este tema es necesario dividir esta subsección en tres asuntos relevantes en relación con la aproximación de la regulación frente a los neobancos y sus características operativas y tecnológicas. En primer lugar, se hará un análisis en relación con el apalancamiento de los neobancos en información. En segundo lugar, se realizará un análisis frente a las características diferenciales en la gestión de riesgos. En tercer lugar, se hará una mención específica a la regulación en relación con la computación en la nube. Por último, se realizarán unos comentarios frente a los retos regulatorios de los neobancos dados por su constante innovación.
4.3.2.1. MODELO DE NEGOCIO BASADO EN DATOS
Tener una modelo de negocio basado en datos, con una tecnología que lo soporta como machine learning y computación en la nube, trae consigo múltiples retos frente a la protección de los datos personales de clientes.
Desde el punto de vista legal, los neobancos tendrán que cumplir con las normas de protección al cliente de una manera sustantiva. Asuntos que particularmente son relevantes están dados por el consentimiento del cliente, por la seguridad aplicada a la información y por los mecanismos de borrado y olvido de información. En el caso de modelos de negocio basados en datos, la discusión para efectos de cumplir con las normas de protección de datos implicará un ejercicio detallado de la infraestructura de datos, incluyendo específicamente: los datos que se utilizarán, la identificación del tipo de datos de acuerdo con la legislación aplicable, los lugares donde se procesarán los datos, los acuerdos que se tendrán con los terceros que tienen encargado el procesamiento de datos y las finalidades para las cuales esos datos serán utilizados.
De manera inicial, y no siendo diferente a los bancos tradicionales, los neobancos tienen que obtener la autorización previa y expresa para el tratamiento de datos personales de sus clientes. En un modelo de negocio que no se encuentra basado en datos este presupuesto no es complejo, en la medida en que tanto los datos que utilizarán como los fines para los que los utilizarán serán menores y fáciles de comunicar a sus clientes. En un modelo de negocio basado en datos la pregunta es más compleja y solo puede responderse desde el análisis de la infraestructura de datos mencionada arriba. Una vez realizado ese análisis se podrá comunicar al cliente qué datos usará, de qué tipo de datos se tratará, si necesitará procesar información en países diferentes y para qué utilizarán los datos. Con esto podrá lograrse obtener el consentimiento informado del cliente frente a los datos que podrán ser utilizados.
En relación con la seguridad desplegada para la protección de la información, la regulación bancaria fijará determinados estándares para efectos de tener los parámetros de cumplimiento. Así mismo, la regulación de protección de datos aplicable en otros países permitirá obtener parámetros de seguridad adicionales. En todo caso, dependerá de cada institución la aplicación de medidas de seguridad tanto en el tránsito de la información como en su almacenado, de manera que se proteja la información de los clientes.
Ahora bien, los retos en materia de protección de datos tienen una siguiente fase en lo denominado como open banking. Básicamente, el punto crucial frente al open banking y el acceso a través de APIs22 (como el modelo se encuentra actualmente soportado) está dado por el acceso que se les otorga a terceras partes a información del consumidor (permitida) para la prestación de servicios. Es decir, permitir que terceros accedan a la información financiera de clientes en un banco.
La legislación y regulación a través de los diferentes países es diferente: hay países que exigen el open banking de sus instituciones, otros que lo facilitan, otros que lo restringen y otros que están aún en proceso de determinación. Todo esto en la medida de buscar la salvaguarda de la información de las personas y, al mismo tiempo, buscar que a través de la innovación y la interacción entre varias plataformas se logre una mejora en la prestación de servicios financieros y se facilite la innovación. En palabras nuevamente del BIS:
La adopción de API públicas para el intercambio de datos podría generar oportunidades para que los bancos y terceros obtengan información y estimulen la innovación en los servicios financieros. Una economía de intercambio de datos podría cambiar el modelo de negocio bancario tradicional. Sin embargo, a pesar de las oportunidades potenciales, se expandió el intercambio de datos también podría exponer al sector bancario a un conjunto ampliado de riesgos operativos y de reputación23.
En este sentido, con el open banking la exposición de datos de clientes a terceros se multiplica. Bajo ese entendido, la discusión pasa por las medidas de seguridad exigidas a los terceros para la protección de la información, así como estándares API comúnmente aceptados. A esto deberá sumarse la potencial implementación de nuevos tipos de modelos de negocios, dependientes profundamente del estado de madurez tecnológico de la entidad, tales como banking-as-a-service y platform banking.
Para el caso colombiano, no existe aún normativa relacionada con la exigencia de open banking, sin perjuicio de que las entidades reguladas, en la medida de su negocio, de los estándares de protección y gestión de riesgos, puedan gestionar modelos de apertura singulares.
4.3.2.2. GESTIÓN DE RIESGOS
En relación con la gestión de riesgos, los neobancos tienen una tarea especial frente a los bancos tradicionales, especialmente en lo relacionado con la gestión del riesgo operativo, ciberseguridad, crédito y lavado de activos y financiación del terrorismo. La infraestructura tecnológica, el modelo de negocio y la forma de vinculación de clientes traen varios retos nuevos desde la perspectiva regulatoria. Sin perjuicio de existir un capítulo dedicado a regtech en este libro, a continuación se describen algunos de los retos regulatorios en torno de la gestión de riesgos.
En relación con riesgo operativo y ciberseguridad, la administración de riesgos a partir de estructuras digitalizadas, de interconexión con terceros y de apalancamiento en tecnologías en nube implica, por un lado, para las entidades, el adecuado levantamiento de matrices de riesgo y de medidas de control para prevenir los mismos, y, por otro, para los reguladores, el entendimiento de estos nuevos modelos de operación, de la tecnología subyacente, de sus beneficios y riesgos.
En el caso colombiano, la Superintendencia Financiera ha venido adoptando medidas e impartiendo instrucciones con el fin de contemplar preocupaciones generales en relación con la seguridad de la información y la gestión de riesgos de ciberseguridad. Esto, sumado al despliegue de instrucciones relacionadas con la gestión y seguridad en los canales y la tecnología que se utiliza para efectos de realizar transacciones por parte de los clientes.
Evidentemente, la administración de riesgo operativo y de ciberseguridad dependerá de cada entidad. Con la llegada de nueva tecnología, dependerá de cada entidad el análisis correcto de beneficios, riesgos y controles que se pueden poner en funcionamiento para la adecuada gestión de estos. Los marcos regulatorios tienen a estar diseñados para la facilitar la adopción de nueva tecnología, facilitando la información, pero sin perder de vista que será responsabilidad de la entidad la adecuada gestión del riesgo y el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos por la regulación.
En relación con el riesgo de crédito, la tendencia a nivel global por parte de los bancos y, en particular, por parte de neobancos ha venido dada por la utilización de analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial, con base en los cuales se fundamentan los modelos de otorgamiento de crédito. Nuevamente, la correcta gestión del riesgo de crédito vendrá dado por el desarrollo y prueba de este tipo de modelos de acuerdo con las necesidades actuales y con la información de la que se nutren las diferentes entidades.
Sumado a esto, la adecuada gestión de la cartera será un asunto particular para tener en cuenta, con un especial énfasis en la originación. Para los neobancos, la originación digital es necesaria para su operación. En el caso colombiano, a partir de la Ley 527 de 1999 esto no es un problema. Estará en cada entidad la adecuada administración de los protocolos para la celebración de actos jurídicos electrónicamente. De esta forma, la cobranza no se ve afectada por la utilización de mecanismos digitales.
En relación con el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la regulación colombiana ha venido avanzando en procura de replantear la manera en la que se exige a las entidades vigiladas realizar el proceso de conocimiento del cliente. Con la existencia de biometría y otros mecanismos de verificación de identidad, así como con la posibilidad de acceder a información a través de diversos sistemas públicos, la necesidad de requerir la información que taxativamente se encuentra en un formulario se ha venido replanteado. En primer lugar, a través de la implementación de excepciones para productos simplificados y, en segundo lugar, a través de la propuesta del supervisor de replanteamiento del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Con esta última medida se buscaría que, a partir del enfoque basado en riesgos, las entidades realicen un análisis singular de productos, servicios, sectores, entre otros, y sean capaces de llegar a un modelo de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo basado en la tecnología disponible y en la información existente.
4.3.2.3. COMPUTACIÓN EN LA NUBE
Si bien hablar de computación en la nube aparentaría ser una referencia muy particular a un tipo de tecnología disponible, el caso particular es que este tipo de tecnología es la tendencia para las entidades financieras digitales y es la tendencia en migración de las entidades financieras tradicionales. La tecnología en la nube, existente ya hace varios años y utilizada en los últimos por el sector financiero, comporta una serie de retos inéditos.
Los fenómenos de tercerización por parte de entidades financieras (los cuales tienen regulación particular) no son ajenos a la industria. Sin embargo, la infraestructura en nube, por sus características especiales de localización, trae consigo aspectos muy particulares. Desde el punto de vista colombiano, este tipo de tecnología ha tenido una regulación muy particular relacionada tanto con las cualidades que deben tener los proveedores de este tipo de tecnología, así como con los niveles de servicio que deben ofrecer. De esta manera, la regulación ha buscado permitir la utilización de este tipo de tecnología bajo un marco de quiénes pueden proveerla y en qué condiciones.
No obstante, en la medida en la que las entidades financieras a nivel global migren a tecnología en nube, los principales proveedores de esta tecnología comenzarán a concentrar la operación financiera de múltiples entidades, con los efectos sistémicos que esto puede generar.
En particular, la European Banking Authority (EBA), en su guía respecto al uso de proveedores en nube, mencionó los siguientes asuntos como sensibles en la gestión de este tipo de tecnología:
protección de datos y ubicación, problemas de seguridad y riesgo de concentración, no solo desde el punto de vista de cada institución, pero también a nivel de la industria, ya que los grandes proveedores de servicios en la nube pueden convertirse en un punto único de falla cuando muchas instituciones se apalancan en ellos24.
El asunto aún no tiene regulación y, por lo pronto, debe partir de la base del análisis de riesgos de cada entidad, de hacer la debida diligencia en entender las capacidades técnicas del proveedor frente al volumen declarado procesado por el mismo. En el futuro se discutirá desde los proveedores de servicios, las instituciones y los reguladores.
4.3.2.4. RETOS REGULATORIOS FRENTE A LA INNOVACIÓN CONSTANTE
De manera transversal a todos los anteriores puntos se encuentra el reto de permitir la innovación en tecnología a través de la apertura regulatoria. Teniendo esto en cuenta, se debe hacer mención del principio de neutralidad tecnológica. Bajo el principio de neutralidad tecnológica se:
permite la aplicación analógica del derecho cuando la actividad realizada es exactamente la misma independientemente del soporte utilizado, lo que supone implícitamente la existencia de límites en la aplicación de normas vigentes para actividades novedosas y, por tanto, la posibilidad de establecer nuevos regímenes jurídicos para las nuevas actividades, posibilidad mediada por el principio de proporcionalidad25.
Con esta premisa, se debe hablar de una regulación de las actividades bancarias más no de una regulación sobre la tecnología en sí misma; la tecnología entendida como el medio para llevar a cabo una actividad que, en el futuro, podrá ser cambiada por otro tipo de tecnología para adelantar esa misma actividad.
La innovación en la prestación de los servicios financieros llevará a que las herramientas utilizadas por los neobancos evolucionen constantemente y sean reemplazadas en el tiempo. Esto mismo hará que la manera como los consumidores esperan poder utilizar los servicios financieros evolucione y con ello los bancos. Por esta razón, el reto regulatorio está en crear marcos de acción que permitan el progreso tecnológico.
Como un ejemplo de legislación que perdura en el tiempo sin impedir la evolución e innovación se cuenta con la Ley 527 de 1999, a través de la cual se da validez a los mensajes de datos, la firma electrónica y la firma digital para la celebración de negocios jurídicos. Esta ley, con un marco amplio de entendimiento y, en general, sin cerrar la concepción de la celebración electrónica de negocios jurídicos de un tipo de tecnología en específico, ha permitido la actuación y validez electrónica de los mensajes de datos desde hace más de 20 años.
En el ámbito financiero se deberá procurar porque la utilización de tecnología respete estándares mínimos de seguridad para los clientes y el sistema, sin que por esta razón se legisle o regule para un tipo de tecnología en particular. El reto estará en crear un marco regulatorio amplio para la innovación en la prestación de servicios financieros que permita la utilización de tecnología presente y futura.
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