Kitabı oku: «Recomponer la democracia»

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OTRA SOCIEDAD, MÁS CIUDADANÍA

La política tiene que estar adaptada a la sociedad. Y esta sociedad ha cambiado profundamente, y sigue haciéndolo a una velocidad acelerada; sin embargo, la política y las políticas no se han adaptado lo suficiente a la nueva realidad social. Hay que insistir en que demasiado a menudo van por detrás, cuando tendrían que ir por delante.

Esta es una sociedad tolerante. Es, junto a las nórdicas, una de las sociedades europeas más abierta en términos de nuevas formas de convivencia y prácticas sociales. Se ha convertido sin excesivos problemas en una sociedad de inmigración (que necesitará aún más de cara al futuro), aunque ahora, a causa de la falta de salidas profesionales, muchos jóvenes españoles, a menudo de entre los mejor formados, deciden irse fuera. En ella, la mujer se ha incorporado plena, aunque aún desigualmente, al mercado de trabajo, y la crisis le ha afectado tal vez en menor medida que a los varones. La desigualdad se había reducido, pero ha vuelto a aumentar. Han aparecido tendencias de desclasamiento social. Vivimos en una sociedad secularizada en la que, sin embargo, la Iglesia católica pesa, y en cuyo seno han aparecido otros credos a los que éramos ajenos, como el evangelismo y el islam. Es una sociedad más individualista, y con unidades de hogar más pequeñas, pues más de la mitad de los ciudadanos viven solos o con una sola persona. Y de la mano de la revolución tecnológica, es una sociedad conectada, una de las más conectadas del mundo, lo que tendrá incidencia en la forma de hacer política, en la participación política.

MENOS JOVEN, MÁS DINÁMICA

Cuando se aprobó la Constitución en 1978, la edad media de la población en España era de 33,5 años. En 2011, había subido a 41,2. La proporción de mayores de 64 años ha pasado en este periodo del 10,99% a un 17,33%, y, según las proyecciones del INE, representará el 21% de la población en 2022 —pasado mañana— y el 37% en 2052. La esperanza de vida al nacer era de 74 años en 1978, de 77 años en 1991, y de 82 años en la actualidad. Y la esperanza de vida a los 65 años —edad en que se fijó la jubilación a principios del siglo XX— era ya de 17,6 años en 1991, y de 20,5 años en la actualidad.

Según Eurostat, en 2020 un 20 % de la población española habrá superado los 65 años, y en 2025 la media de edad será de 45 años (frente a los 39 en Estados Unidos y los 37 en los BRICS [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica], a pesar de incluir una China y una Rusia envejecidas). Europa tiene un problema con el envejecimiento de su población. Y España, también, aunque ligeramente por detrás. La necesaria inmigración no puede ser sino una solución temporal, pues los inmigrantes, como todos, acabarán jubilándose.

Los jóvenes se casan menos y más mayores. Tienen hijos más tarde (la edad media a la que se tenía el primer hijo era, para las mujeres, de 28,5 años en 1975; ahora, de 31 años). Según un estudio del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, la fertilidad por mujer ha descendido más deprisa con la crisis en Europa allí donde el desempleo ha sido más alto. En España, la tasa de nacimientos estaba en 1,24 hijos por mujer a principios de 2000, aumentó con el crecimiento económico (y la inmigración) hasta 1,47 en 2008, y a partir de ahí volvió a caer hasta 1,36 en 2011. Mientras las alemanas aprovechaban la crisis para tener más hijos, en España pasaba lo contrario.

Los que heredan, como recuerda el filósofo francés Michel Serres, también lo hacen más tarde, pues sus padres se mueren más viejos. La familia ha cambiado. Los hijos de madres solteras han pasado del 2% en 1975 al 26% en 2005. Pero la familia, aunque ahora en mayor medida formada por hogares no convencionales, sigue siendo esencial para mantener el tejido social en tiempos de crisis, aunque según Caritas también se está desmoronando. Hoy un 40% de los jubilados ayudan a sus hijos y nietos.

La mujer ha protagonizado una revolución social en España, pese a que persistan muchas desigualdades en términos de salarios o participación en consejos de administración. Su tasa de actividad ha aumentado del 30 al 60% en dos décadas, en los años ochenta y noventa, y la tasa de empleo, del 35 al 55%. El paro se ha incrementado menos entre las mujeres, entre otras razones porque los hombres dominaban un sector como la construcción. En este sentido, la crisis está resultando igualadora.

Son muchos otros los factores que diferencian a nuestra sociedad actual de la de 1978. Entre otros, el nivel educativo, con el analfabetismo prácticamente desaparecido y, como se repite a menudo, con la juventud mejor formada de la historia; de ahí la frustración que provoca el paro juvenil (aunque la mayoría de los jóvenes de 16 a 24 años en paro no ha superado la ESO). Este es un buen ejemplo de cómo la circunstancia se mueve más rápido que el país, pues si hemos avanzado, otros lo han hecho aún más deprisa. Hoy nuestra juventud no compite solo con otros europeos, sino también con la china, la brasileña o la surcoreana, cuya formación ha progresado aún más, lo que ha de llevarnos a una reflexión no ideológica sobre nuestro sistema educativo, en especial el universitario y el de la formación profesional. A todo ello se suma el desfase de la población en general, como ha puesto de manifiesto el informe de la OCDE, según el cual en comprensión de lectura y matemáticas, los adultos españoles (de 16 a 65 años) están prácticamente a la cola de los veintitrés países estudiados, algo que tiene difícil solución.

El hecho de habernos convertido en los años de bonanza en un país de inmigración —a la que habría que otorgar más derechos políticos—, sin por ello haber provocado (salvo excepciones) una reacción política populista o social xenófoba, es positivo: llegamos a 5,7 millones de extranjeros en 2012, lo cual supone el 12,1% de la población, con unos 400.000 «nuevos españoles» nacidos en España. Pero con la crisis, por primera vez desde que hay registros, España (con 47 millones de habitantes) está perdiendo población (205.000 habitantes). En dos años, 216.000 ciudadanos extranjeros han desaparecido de los registros y se supone que han abandonado el país. Se calcula que casi un millón de inmigrantes regulares e irregulares han regresado a sus países, al tiempo que unos 100.000 españoles, muchos de ellos cualificados, han emigrado en estos años. Esta es una emigración de nuevo cuño, profesionalmente formada, de jóvenes que encuentran trabajo fuera, pero no en su país. Si Europa fuera un país, como Estados Unidos, no se viviría como una tragedia. Pero no lo es. Si fuera una emigración temporal de la que estos jóvenes regresaran con experiencia laboral avanzada, tampoco. Pero nada garantiza que así sea.

En comparación con algunos países de nuestro entorno, nosotros hemos llevado a cabo esta transformación de la sociedad en tres décadas o menos, cuando ellos han dispuesto de mucho más tiempo. Incluso así, en algunos aspectos, como el matrimonio homosexual, conseguimos, con Holanda, ponernos a la cabeza. En estas y otras dimensiones, por ejemplo frente a la muerte digna o el debate sobre la eutanasia, por no hablar del aborto, la sociedad avanza más deprisa que su clase política, influida en exceso por las resistencias de la Iglesia católica.

Una inmensa mayoría de la población española no ha vivido directamente ninguna guerra. Lo más grave fueron los atentados del 11 de marzo de 2004, que marcaron a toda una generación. La guerra civil, las guerras europeas, el franquismo y las posguerras son acontecimientos que quedan ya lejos, aunque llegan a través de las vivencias familiares y de una historia aún incompleta. Como apunta Serres de los de su país, los jóvenes —y muchos de los menos jóvenes— no sufren hoy menos que sus padres, pero sí que sus abuelos. Aunque ahora les ha encontrado la crisis, no han vivido esos grandes desastres nacionales o continentales. Y han pasado de una visión nacional, a una visión europea y ahora global.

DESIGUALDAD Y ESTADO DEL BIENESTAR

El contrato social de la posguerra en Europa occidental, que en España realmente se retrasó a la llegada de la democracia, se está resquebrajando con el embate de los recortes y de la competencia de otros modelos en la globalización. Si bien podemos pensar que el desarrollo económico lleva inexorablemente a nuestro modelo social europeo, eso no es cierto. No lo ha hecho en Estados Unidos, pese a los avances introducidos por Obama (y mucho antes por el New Deal de Roosevelt). Ni lo va a hacer en Asia, donde se están construyendo unos sistemas de bienestar más ligeros, baratos y sostenibles. Además, en toda Europa, el Estado del bienestar se está erosionando desde hace tiempo, desde la década de 1980. Aunque ahora no ha sido sino un gobierno de coalición de liberales y laboristas de uno de los países con mayor protección social, los Países Bajos, el que ha planteado en el debate público la necesidad de pasar del Estado del bienestar a una «sociedad participativa», en la que cada cual ha de proveer mucho más para su propia protección, paso que supone poner fin a derechos sociales. Sin embargo, el Estado del bienestar holandés está aún muy por encima del español.

La construcción del Estado del bienestar, al menos en sus tres universalizaciones —la sanidad, las pensiones y la educación básica públicas—, y mucho después el cuarto pilar —la ayuda a la dependencia, que no se ha desarrollado del todo—, ha ido a la par en España con la construcción de la democracia, en la estela de otros países europeos que lo hicieron mucho antes. España, en la Constitución de 1978, se «constituye como Estado social y democrático de Derecho». Aunque no se puede equiparar esta definición estrictamente con la del Estado del bienestar, sí hay una estrecha relación, sobre todo a partir de 1982. No solo creció la cobertura en estos ámbitos entre la población (no solo la ciudadanía), sino también los servicios y su calidad.

El Estado del bienestar se está recortando, de forma cuantitativa y cualitativa, lo que puede producir su mutación, sobre todo si las clases medias sienten que no se benefician de estas políticas. Esto puede provocar que lo público se quede para quienes tienen menos ingresos, con un menor presupuesto para atenderlos (incluida la justicia, si se elevan en exceso las tasas), lo que implicaría invertir el sentido democrático del Estado social para volver, en parte, a una idea de beneficencia o caridad, o a lo sumo de Estado asistencial.

Ahora, con la crisis y los recortes en gasto público que ha conllevado, junto a otros retos como el encarecimiento de algunos tratamientos médicos, el cambio tecnológico derivado de las ciencias biológicas, o de algunos tipos de enseñanza, el Estado del bienestar se pone en entredicho. Pero la inestabilidad del modelo viene de antes. La sociedad 4-2-1, en la que un hijo es responsable de mantener a dos padres y a cuatro abuelos, no es sostenible. Los jóvenes no podrán mantenerlos, ni querrán hacerlo. Incluso hoy, en plena crisis, ya hemos pasado a tener menos de dos ocupados por cada pensionista, una situación inaguantable. En Suecia, la edad de jubilación aumentará a los 75 años. Aquí también.

Los ciudadanos deben participar plenamente en esta revisión del Estado del bienestar, que ha de incluir un examen de los entitlements, de los derechos, tanto como de los medios para financiar el Estado del bienestar resultante, pues la ciudadanía en su conjunto debe hacerse también responsable.

Desde 1978 —y en algunos aspectos desde antes— los ciudadanos han vivido una acumulación constante de prestaciones sociales de todo tipo. Aunque existen precedentes en otras recesiones, fue en mayo de 2010, cuando el presidente Rodríguez Zapatero anunció los primeros recortes en esta crisis, la primera vez que los ciudadanos comenzaron a vivir realmente recortes en sus prestaciones. Se les comenzó a quitar, en vez de añadir. Como decía Thomas Friedman, hasta ahora la política en democracia, a todos los niveles (en nuestro caso, Europa, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los entes locales), ofrecía cosas (servicios, beneficios sociales, infraestructuras...) a la gente, a los ciudadanos. Ahora se las quita. El clima económico, la revolución tecnológica y la globalización han forzado esta inversión. De nuevo, no es un fenómeno propiamente español, y en el resto de Europa occidental empezó en la década de 1980. En nuestro caso (y en el de los países intervenidos como Portugal o Grecia) parece como si la devaluación interna, tras un shock asimétrico en una unión monetaria, no obligara solo a una reducción de los salarios, sino también de los derechos y las prestaciones sociales.

Como señalamos, a diferencia de algunos países, esencialmente Alemania y Francia, con unos elevados niveles de educación pública, una parte importante de las clases medias en España ha optado por una educación de iniciativa privada, aunque la concertada sea en parte subvencionada (un 27 % en la concertada, y un 5 % en la privada). Y optan por una sanidad privada siete millones de asegurados con pólizas médicas privadas, incluidos funcionarios, por no mencionar los planes de pensiones. Quizá se deba a nuestra trayectoria, a que el Estado del bienestar universalizado entró tarde, cuando una parte de las clases medias ya había optado por lo privado. No obstante, esto significa que una parte importante de la sociedad que contribuye con sus impuestos al Estado del bienestar no se beneficia de igual modo, por decisión propia, de los servicios sociales. De hecho, se presenta interesadamente que el sector sanitario y el educativo privados contribuyen a la «descarga» de las cuentas públicas. Para ello se argumenta que las comunidades autónomas con mayor número de pólizas privadas contratadas son las que cuentan con un menor presupuesto sanitario público por habitante.

De ahí que esa parte de la sociedad vea con más distancia, complacencia o incluso apoyo activo, la evasión fiscal. ¿Para qué pagar impuestos, si no me beneficio del gasto público? Se puede afirmar que en España ha habido un cierto divorcio respecto al modelo. El contenido de la ciudadanía cambia según el nivel social, según la clase social. El reto es mantener el universalismo, pero no solo para los más débiles, sino para todos, y convencer a la élite, a las clases medias más acomodadas, de que también ellas son parte de la comunidad y tienen que beneficiarse de ella mediante un Estado del bienestar inclusivo hacia abajo, sí, tanto como hacia arriba. Si no lo logramos, se acabará el consenso político en lo que atañe a estas políticas públicas.

Asimismo, como señala Crouch, en la posdemocracia se está produciendo una comercialización del Estado del bienestar, tanto en la educación como en la sanidad pública, e incluso en otras esferas del Estado, como la Justicia, con una creciente asunción por parte de empresas o de asociaciones privadas de estos servicios. Es la externalización, la privatización, no (aún) de la titularidad de los derechos, sino de la prestación de los servicios. Y esto cambia también el sentido de la ciudadanía en un contexto posdemocrático. E incluso de la función pública, pues los funcionarios que se quedan en la administración pierden pericia en sus cometidos frente a los técnicos que asumen sus funciones desde el sector privado.

Como señalara Thomas H. Marshall, los derechos sociales se adquirían antes por el hecho de ser un ciudadano, y no porque se pudieran comprar en el mercado. Esto ha cambiado. La comercialización del Estado del bienestar es parte también de la comercialización de la ciudadanía. Los ciudadanos son considerados cada vez más como consumidores. Y de ahí, la democratización del crédito y del consumo antes que de la política o de la riqueza que acompañó la burbuja inmobiliaria y financiera.

Junto a la implosión controlada del Estado del bienestar, existe otro elemento vinculado al anterior que está socavando el sistema democrático: la desigualdad. Este fenómeno ha sido citado por el Foro Económico Mundial como uno de los riesgos globales, y como uno de los vectores por parte de la OCDE —incluso más que la pobreza—, de la inseguridad. Todo ello a pesar de que el nivel de seguridad es uno de los elementos definitorios de las sociedades europeas y se está manteniendo en esta fase de la crisis, también en España donde según el Barómetro Social no se ha generado un aumento de la delincuencia gracias al papel de las redes sociales de apoyo. ¿Hasta cuándo?

Pero la creciente desigualdad, desatada en el mundo y en algunas sociedades durante los últimos treinta años, tiende a socavar la democracia, y la actual transparencia global la hace todavía más visible en sociedades que tendían más al igualitarismo, como las europeas. Un autor como Charles Tilly afirma, sin embargo, que lo importante es la fluidez: Estados Unidos es desigual y democráticamente estable, porque es fluido.

En los últimos años y sobre todo a causa de la crisis, como bien ha analizado el sociólogo José Saturnino Martínez, la desigualdad ha aumentado sobremanera en España. No es un fenómeno propiamente español, pero en otros países, incluso algunos que han sido intervenidos como Grecia o Portugal, además de Francia, esta desigualdad no ha aumentado. En general, la individualización de las relaciones laborales, la financiarización y la globalización de la economía sí han generado mayor desigualdad, como también la suelen generar las épocas de rápido crecimiento económico —como sucedió en España entre 1994 y 2007—, así como las de crisis aguda, como la que vivimos desde 2008. Además, aunque durante el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero aumentó el gasto social —hasta que empezaron los rigores de la austeridad en mayo de 2010—, la política fiscal, más a favor del capital que del trabajo —en especial con la reducción de impuestos, incluida la supresión del tributo que gravaba el patrimonio—, también puede haber contribuido a esta desigualdad.

Si en los años de crisis, en términos de riqueza por habitante, hemos retrocedido casi una década (ocho años), en términos de desigualdad, medida por el índice de Gini o según otros baremos, el retroceso ha sido de tres décadas. Somos mucho más ricos que hace tres décadas (el doble que en 1982), más pobres que hace una —dada la contracción de la economía, la devaluación interna de los salarios y la pérdida general de valores de las empresas y fondos—, pero somos más desiguales, lo que también ha contribuido a quebrar el pacto social vigente desde 1978. Y cuidado, pues puede haber un punto, un tipping point, en la desigualdad, a partir del cual se socave el tejido social e incluso el conjunto de la economía.

En toda Europa y en Estados Unidos estamos ante un relativo fracaso de las políticas de redistribución. No han funcionado como se esperaba, y de ahí que cada vez más, desde el centro izquierda, aunque también desde el centro derecha, se estudien más las posibilidades que puede brindar lo que se ha llamado «la predistribución». De entre esas posibilidades destaca, en primer lugar, la igualdad de oportunidades a través de la educación. Pero también lo hace la i+D+I pública, siempre que de ella se beneficien no solo las empresas, sino también el conjunto de la sociedad.

CIUDADANÍA Y POLÍTICA CONECTADAS

Para el gran público, Internet es algo reciente, pero su enorme despliegue ha sido sumamente rápido. No digamos ya los teléfonos móviles. Estos eran cosa de ricos o de altos funcionarios hace menos de veinte años. En el mundo de hoy, más de un 80% de los seres humanos —muchos más de los que tienen acceso a un sanitario— tiene acceso a un móvil. La telefonía móvil no es ya cosa de ricos y pobres (la biotecnología sí puede acabar siéndolo).

Las redes sociales son ya esenciales en la política, y lo son de forma creciente. En Estados Unidos, que en esto, sin duda, es un precursor, las cifras hablan por sí solas. Un 39% de los estadounidenses adultos participaron en algún tipo de actividad política en las redes sociales en la campaña de 2012, frente a un 26 % que las usaron en la campaña anterior de 2007. Según los datos del centro Pew, en 2012, un 17% de los adultos pusieron vínculos a artículos o historias políticas, y un 19% posteó otro tipo de contenido político, es decir, seis veces más que en 2008. El 12% de los adultos siguió o apoyó a un candidato político o alguna otra figura política en una red social, y pertenecía a algún grupo dedicado en estas redes a impulsar algún asunto político y social. Tres veces más que cuatro años antes.

Ya en 2004 Carol Darr publicó un estudio en el que indicaba que, en Estados Unidos, los que más participan políticamente en Internet son ciudadanos, además, influyentes en la sociedad. En Italia, si Beppe Grillo logró notoriedad y atractivo político es porque consiguió trasladar su fama como cómico a las redes sociales. Antes que en las urnas, se convirtió en una fuerza política on-line. Por el contrario, Berlusconi dominaba y domina medios tradicionales.

En España, según los últimos datos publicados por la Fundación Telefónica, un 94,3% de la población tiene un teléfono móvil, llegando al 99% entre los jóvenes de 25 a 34 años. Un 63,2% de los «movilizados» tiene smartphones, o teléfonos inteligentes, que combinan voz y datos, con acceso a Internet. En este sentido, España es el país de los grandes de la UE que mayor proporción de smartphones tiene, y su uso sigue creciendo. Y un reciente estudio del Pew Institute señala que España ocupa el quinto puesto del mundo como sociedad con más usuarios por habitantes de redes sociales: el 49% de los españoles las utiliza.

Entre la red y la telefonía móvil estamos ante una revolución que está ya transformando el tejido social con estas conexiones y con las redes sociales tipo Twitter o Facebook. Hay que insistir en que esto no ha hecho más que empezar. Pensemos que el primer smartphone con impacto social real, el iPhone de Apple, tan solo se empezó a comercializar en 2007 (antes, para mensajes y correo electrónico, en 1999 había llegado el precursor, la Blackberry).

Esta revolución tiene enormes consecuencias de todo tipo, pues otorga poder a los individuos y a las minorías, además de las mayorías, con lo que llamamos la «fuerza de los pocos» y de los muchos. Además, la explosión de los nuevos medios cambia el sentido de la comunidad. Estructura socialmente, pero a la vez fomenta la fragmentación de la sociedad. Las conexiones virtuales pueden socavar las físicas y las producidas cara a cara, como ya demostró Robert Putman en Estados Unidos. España, sin embargo, parece una sociedad en la que esas relaciones virtuales se suman a las directas, debido a nuestra forma de vida, y en ella se generan nuevos tipos de comunidades.

Este enorme cambio está transformando el concepto de intimidad, y el de seguridad, como ha demostrado la filtración sobre el sistema Prisma de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos en lo que supone una nueva dimensión del complejo militar-industrial: la ciberinteligencia. Hay aquí una nueva dimensión de vigilancia por parte de las empresas y los Estados, a quienes en cierta medida los ciudadanos han dejado hacer a su antojo, lo que puede plantear un grave reto a la democracia. Si los ciudadanos —convertidos más en usuarios que en consumidores o clientes— están dispuestos a ceder privacidad, no es tanto en aras de la seguridad como de una ansiada comodidad. Respecto al control de la ciudadanía desde el Estado o desde las grandes empresas, ¿preferimos que sean Google y Facebook quienes accedan a nuestros datos? Criticamos a los servicios secretos de gobiernos democráticos, aunque algunas veces no se comporten como democráticos, y no tenemos ningún inconveniente en compartir nuestros datos con empresas mucho más grandes y potentes que algunos Estados, y que a su vez los comparten con los servicios de inteligencia. La nueva situación supone una vulnerabilidad añadida de los ciudadanos que puede llevarlos a desconfiar de sus propios gobiernos cuando los espían, incluso cuando lo hacen en nombre de la lucha contra el terrorismo. Como señala Ian Bremmer, si en un primer momento la información empoderó a los ciudadanos, el reino de los datos está empoderando a las empresas y a los Estados.

La política no puede escapar a estas transformaciones, y menos aún en una sociedad tan conectada como la española. Quienes no lo hayan entendido se quedarán atrás. La relación entre el ciudadano y la política está cambiando ya de la mano de este salto tecnológico cuyos futuros difícilmente podemos pronosticar, salvo para señalar que el impacto sobre la política va a ser aún mayor, enorme. De modo que conviene salir a su encuentro.

Baste con el ejemplo de la colaboración ciudadana para localizar, en el llamado crowdsourcing, a los autores de los atentados en la maratón de Boston, los hermanos Tsarnaev, en abril de 2013. Aunque como indican Eric Schmidt y Jared Cohen, ambos directivos de Google, «la consecuencia de tener a más ciudadanos informados y conectados es que van a ser tan críticos y perspicaces sobre los rebeldes como sobre el gobierno». El caso es que estas tecnologías y servicios plantean también una demanda de mayor transparencia en todas las actividades de los poderes públicos, y nuevas posibilidades para que tal transparencia se materialice. En Internet, o como quiera que se llamen las redes que superen a esta, siempre va a haber mucha más información al alcance de todos.

Si en ciencia y en tecnología la cooperación en red está dando unos resultados espectaculares, cómo no iba a ser así con una nueva interacción entre ciudadanos y políticos, capaz de conseguir inteligencia o, al menos, talento de forma colectiva (a pesar de que colectivamente también se puedan cometer grandes errores, como lo fue el nazismo, y, sin ir tan lejos, lo es el consumismo). Sin entrar en lo que se ha venido en llamar el e-gobierno —hoy en pleno desarrollo—, la participación ciudadana ya es una realidad. Por ejemplo, en la elaboración de las propuestas de reforma de las administraciones públicas por parte de la correspondiente Comisión de expertos, se abrió una línea caliente ciudadana y se examinaron más de dos mil doscientas sugerencias.

Algunos dirán que se puede prescindir de los políticos, como si no hicieran falta profesionales del ámbito público que además representen opciones diversas. La democracia representativa sigue siendo esencial, pero está crecientemente inscrita en una sociedad en la que pueden plantearse muchas vías de participación, algunas canalizadas por los poderes públicos. Es decir, una democracia mucho más participativa. Beth Noveck, inspiradora de los primeros pasos de Obama en este ámbito, ha creado el concepto de «democracia colaborativa». En su libro Wiki Government, explica que se trataría de encontrar a aquellos que realmente pueden mejorar el proceso de decisión a partir de su conocimiento y su pericia en temas concretos. Existirá la posibilidad de que muchos más expertos y ciudadanos participen en la elaboración de las medidas que se vayan proponiendo. Estamos solo al inicio de un nuevo sistema de participación de la ciudadanía en las políticas, modelo que se llevará a cabo a través de estos y otros cauces.

Guste o no, cada vez se tendrán que testar más medidas entre la población, con encuestas de uno u otro tipo y prácticamente en directo, lo cual cambiará la forma de gobernar. «La voz vota permanentemente», afirma Serres, aunque en realidad no es lo mismo una encuesta permanente que un voto permanente, que no es tan manejable. No obstante, conseguir 500.000 firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (un millón en el caso europeo) resultará mucho más fácil.

Las nuevas tecnologías van a permitir a los ciudadanos que lo deseen (que no tienen por qué ser todos, ni siquiera una mayoría) participar en el proceso de generación de decisiones. Esto no representa una democracia directa. Mas sí supone un gran crecimiento social de la dimensión deliberativa. Sobre todo, como decimos, puede llevar a una democracia más participativa, más allá del voto en las urnas, incluso en un nuevo entorno mediático más lleno de confusión, ruido y asimetrías.

No se trata solo de nuevas tecnologías. La nueva Constitución frustrada en Islandia se fraguó tras un proceso de deliberación con una asamblea nacional formada por novecientas cincuenta personas elegidas al azar, en un terreno preparado por siete personalidades designadas por el Parlamento. Aunque una parte importante de sus propuestas fueron ignoradas por la posterior y regular Asamblea Constituyente, sí fue un caso político de ensayo de inteligencia colectiva.

De hecho, como veremos en el capítulo correspondiente, de la mano de las nuevas tecnologías, los partidos están transformando sus estrategias para acercarse mucho más a los ciudadanos. Es bueno que así sea, pese a que esta forma de hacer campaña tenga una esencial dimensión de marketing. La otra cara, negativa, de la moneda es la mayor capacidad de los grupos de interés y de presión para influir, al disminuir con esta tecnología sus costes de movilización. Quienes dispongan de mayores recursos, de más dinero, tendrán más capacidad para influir, para imponer sus políticas. Esto es una consecuencia de lo que podríamos llamar la «lobbización» de la política, ya muy presente en España. El gobierno y la política van a tener que competir en tiempo casi real con toda suerte de actores, desde ONG a grupos de presión, grupos pequeños o individuos movilizados que interactúan. En este contexto, la capacidad de liderazgo político será aún más importante y la representación más compleja.

ANARQUISMO MEDIÁTICO

Todo este cambio de sociedad se da —de forma paradójica, pues hay una eclosión de medios de comunicación a lavez que desaparecen otros tradicionales— en un momento en que se están perdiendo los referentes mediáticos, desde luego en nuestro país. La prensa escrita, que en papel impreso marcó durante la Transición el debate de información y de ideas, está atravesando una triple crisis: la del vital sustento de la publicidad, que desaparece de estos medios y se ha reducido por efecto de la recesión; la derivada de la pérdida de calidad en la información, consecuencia de la falta de dinero para invertir en ella, es decir, en buenos periodistas y colaboradores; y la de la competencia —en algunos casos propia— de Internet, aunque los periódicos de calidad tiendan cada vez más a ser de pago en la web. A pesar de que la revolución tecnológica lleva a ampliar el espacio de deliberación pública, esta se hace de forma más desestructurada, a menudo en detrimento del rigor y la calidad del debate. Más de la mitad de las lecturas de medios en Internet se hace directamente a través de links, sin pasar por la página principal de la web o del medio en cuestión.

Las dificultades económicas de los medios tradicionales, los antiguos referentes, están haciendo a estos cada vez más dependientes de sus fuentes de financiación, en especial de los bancos. En la actualidad, el mundo financiero y las grandes empresas influyen en los medios españoles mucho más que hace diez años. De hecho, algunos expertos consideran que ha habido una toma financiera —y, por detrás, de los gobiernos conservadores— del poder de la prensa, lo que reduce su independencia. Menos calidad y menos independencia agudizan la pérdida de la condición de referentes.

No resultará fácil la recuperación o la creación de referentes mediáticos como los que hemos tenido hasta el año 2000, momento en que empezaron a salir a Bolsa en España (antes lo hicieron fuera de nuestro país) los grandes conglomerados mediáticos, trastocando algunos de sus principios con la búsqueda de beneficios a toda costa. Si la generación de beneficios era una manera de asegurar la independencia de algunos medios, las salidas a Bolsa invirtieron los términos, a lo que se sumaron los efectos de la crisis económica y de la propia revolución de la red.

Los jóvenes llevan en España ya muchos años distanciándose de la prensa tradicional de calidad. Se informan y desinforman de otra manera. En Estados Unidos Internet es, para los menores de 50 años, la primera fuente de información a la hora de consumir noticias nacionales e internacionales. Este segmento es el más crítico con la prensa tradicional. Es una cuestión generacional que, no obstante, incide en la desestructuración del espacio público de debate, aunque a la vez, como hemos apuntado, la sociedad en general se conecte de formas nuevas y mucho más intensas.

Si a este anarquismo —aunque creativo— de los medios le sumamos el hecho de que en nuestro país lo que ocurre en el Parlamento no llega bien al público, el deterioro del debate político está servido. Los gobernantes de los últimos tiempos rehúyen demasiado a menudo no ya las conferencias de prensa, sino incluso asistir a programas de televisión para explicar lo que, llegado el caso, han explicado en el Parlamento. Esto revela un error de óptica, sobre todo cuando la situación exige una constante y directa explicación política. Después de todo anuncio importante o debate en el Parlamento —lugar en el que se debe empezar— Angela Merkel siempre acude a un plató de televisión para ser entrevistada por periodistas independientes.

La televisión sigue siendo el medio principal, y los medios públicos son, o deben ser, factores importantes de cohesión social y territorial. Uno de los grandes aciertos de Rodríguez Zapatero fue fomentar la neutralidad de RTVE, la televisión y la radio pública nacionales. Es de lamentar que el gobierno de Rajoy haya dado marcha atrás en este terreno, un retroceso que ha hecho perder credibilidad y audiencia al ente público. ¿Nunca llegaremos a tener una BBC en España? Las grandes democracias se caracterizan por tener una televisión pública de calidad y políticamente neutra, así como, desde luego, por el correspondiente pluralismo en los canales privados, un pluralismo que todavía se da en España, pese a la concentración de su capital. Para mejorar, la democracia española también necesita una reforma en profundidad de la televisión nacional y, por supuesto, de las televisiones autonómicas, excesivamente costosas y por completo controladas por la mayoría política que gobierna en cada lugar.

EL PODER DE LA IGLESIA

En España no hay un «problema religioso» en sentido social, pese a que la Iglesia católica mantenga una influencia social y política que no conserva en otros países de nuestro entorno, con excepción de Italia, Polonia, Irlanda y Croacia. Aunque como muestran algunos datos sociales (número de matrimonios y abortos, por ejemplo) sea un poder en regresión, buena parte de este poder deriva de una realidad sociológica. Por otro lado, los acuerdos que mantiene con el Estado español, negociados antes de la entrada en vigor de la Constitución, le otorgan enormes ventajas desde el punto de vista educativo y fiscal.

Quizás el conservadurismo a ultranza que ha mantenido la cúpula episcopal estos últimos años no se corresponda ni con la apertura y secularización de la sociedad ni con los nuevos aires que soplan desde el Vaticano tras la llegada del papa Francisco, precedido por unos pontificados, los de Wojtyla y Ratzinger, mucho más tradicionalistas, sobre todo en el caso del último.

Desde el punto de vista sociológico, España es una sociedad que se considera católica, aunque el nivel de asistencia a los actos religiosos se haya reducido sobremanera. Es una sociedad poco religiosa, pero que practica sus ritos. Según los datos de recientes encuestas del CIS, un 71% de los encuestados se define como católico, y un 3% como seguidor de otras religiones; el 16% lo hace como «no creyente» y el 9% como «ateo». Sin embargo, como decimos, el nivel de práctica religiosa ha disminuido en gran medida, tanto en nuestro país como en el conjunto de Europa. Solo uno de cada cuatro españoles se declara católico practicante.

La Conferencia Episcopal considera católicos a 34,5 millones de un total de 47 millones de habitantes en España. Por su parte, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas calcula que hay 1,2 millones de cristianos evangélicos y protestantes, de los cuales dos terceras partes son inmigrantes. Hay que destacar la penetración del credo evangélico entre los gitanos en España. En todo caso, el cuasi monopolio de la Iglesia católica sobre los cristianos en España se ha resquebrajado de la mano de la inmigración. Asimismo, desde el punto de vista religioso, España se ha hecho también más plural con casi dos millones de musulmanes (la Unión de Comunidades Islámicas los estima en 1,67 millones), además de los adeptos a otras confesiones.

Según Metroscopia, solo el 41 % de los españoles valora de forma positiva a la Iglesia católica en general, valoración que desciende al 21 % en el caso de los obispos y aumenta a un 51 % en el de los curas de las parroquias. Aunque no sea lo mismo la cúpula que ha ido contra los procesos de secularización natural de la sociedad, que la base de la Iglesia católica en España, y no todos los que se declaran católicos sean fervientes seguidores de la Iglesia oficial, como institución es un actor social de importancia, tanto en el terreno de la educación con las escuelas confesionales y concertadas, como a través de la enseñanza de la religión —de nuevo puntuable en las calificaciones escolares tras el cambio introducido por el gobierno del PP, a instancias de la última Conferencia Episcopal—, con profesores seleccionados por la Iglesia pero pagados por el Estado, como en obras de beneficencia y hospitales.

Todos los partidos tienen un fuerte componente católico, incluido el PSOE, en el que un 70% de los militantes se declara de tal condición. Ello no ha impedido que los gobiernos de UCD y del PSOE hayan introducido cambios legislativos en contra de los criterios de la Iglesia, desde el divorcio hasta la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio homosexual, dos leyes en estos últimos casos que el PP ha objetado y pretendido modificar en un sentido restrictivo. Conviene destacar también el peso de una parte de la Iglesia en los movimientos soberanistas en el País Vasco y en Cataluña. De hecho, los únicos partidos importantes formalmente democristianos están en las citadas autonomías.

La salud de la democracia española necesita que la Iglesia pierda peso político. Para ello sería necesario denunciar los acuerdos alcanzados con la Santa Sede antes de la entrada en vigor de la Constitución para reemplazarlos por unos nuevos y más acordes con la laicidad del Estado. Ningún gobierno se ha atrevido. Los del PP, porque tienen ahí una parte de su electorado y ven en la Iglesia católica un factor de su propia cohesión. Y los del PSOE, por miedo a que la Iglesia organice campañas en su contra, y por la división —por edad y territorios— de su electorado al respecto. Unos nuevos acuerdos deben reducir tanto el peso de la Iglesia en la educación financiada con dinero público como las ventajas fiscales de esta, sin ignorar, sin embargo, su papel en el Estado del bienestar, papel difícilmente reemplazable a corto plazo, debido a la falta de fondos derivada de la austeridad.

PELIGROSOS DESCLASAMIENTOS

España está sufriendo un proceso de desclasamiento de la mano de la crisis y el paro. La sensación, y la realidad, de pérdida de estatus social de gran parte de las clases medias es patente. Estas sufren el declive a causa del desempleo, la reducción de sus salarios y la pérdida de valor de sus bienes y sus capacidades profesionales, además de la sobreimposición de un exceso de impuestos sobre ellas; al mismo tiempo, es cada vez más evidente la pauperización de las clases trabajadoras.

Como indican Heather Boushey y Adam Hersh, del Center for American Progress en Washington, respecto a la clase media de Estados Unidos (algo también válido para Europa), «la interacción y la concurrencia de la creciente desigualdad surgida con el colapso financiero y con la Gran Recesión, han planteado nuevas cuestiones sobre si una clase media debilitada y la mayor desigualdad deben entrar a formar parte de nuestra forma de pensar sobre los motores del crecimiento económico». De hecho, salvo excepciones, este era un asunto de sociólogos, y no de economistas. Desde hace algún tiempo, la economía se ve obligada a entrar cada vez más en estas cuestiones, pues afectan directamente a su objeto de estudio. Una clase media fuerte, indican estos autores, impulsa el desarrollo del capital humano y de una población educada; crea una fuente estable de demanda de bienes y servicios y de financiación de los servicios públicos a través de impuestos; incuba la siguiente generación de emprendedores y apoya instituciones políticas y económicas inclusivas, que a su vez sostienen el crecimiento económico. Y, cabe añadir, vota a opciones políticas moderadas que hacen posible el entramado institucional que da soporte a ello.

El politólogo de Stanford Francis Fukuyama ha alertado sobre la posibilidad de que la democracia liberal en el mundo occidental no sobreviva a un declive de las clases medias. Si sigue su curso destructivo, la crisis económica puede llevar a una gran crisis social y política. Ya ocurrió en la década de 1930. En esto Fukuyama puede estar más acertado que en su tesis de 1989 sobre el fin de la historia.

En España, el proceso de movilidad social ascendente hasta la década de 1980 tuvo mucho que ver con el cambio estructural, cuando una mayoría pasó de las ocupaciones agrarias e industriales de baja cualificación a otras de mayor cualificación y de servicios, como recuerda José Saturnino Martínez. Dado que ese cambio estructural no volverá a producirse en las sociedades avanzadas, y dada la realidad de la crisis que comenzó en 2007-2008, las expectativas de movilidad social ascendente se ven considerablemente reducidas. Este proceso conduce a una dinámica diferente, puesto que quienes pertenecen a las clases medias —ahora en plural— no aspiran ya a subir, sino a no caer. Esta sería una explicación factible para el 15-M y movimientos afines. Son parte de las clases medias que se movilizan ante la caída, mientras que las protestas vividas en Brasil y Turquía, en 2013, muestran un sentido contrario: las protagonizan clases medias que en su ascenso reclaman justamente ser clases medias y no bajas.

Los mileuristas que tanto centraron la atención en el periodo de bonanza se están convirtiendo ahora casi en privilegiados ante el desempleo creciente y la reducción salarial derivada de la devaluación interna y de la competencia en la globalización, pues esta ha provocado en los países desarrollados una reducción a la baja de los salarios y de la protección de los trabajadores. Sin embargo, con los productos y los servicios de bajo coste —una ventaja de la globalización—, así como con el pirateo de la oferta cultural en Internet, la clase media, en una cierta medida, se adapta.

Las clases medias representan la mitad de los ocupados en España; no obstante, el paro les afecta ya de lleno y puede hacerlo aún más si la crisis y la aplicación de la reforma laboral en época de recesión persisten. La sensación de retroceso se está acelerando. Según datos de Millward Brown, en diciembre de 2011, el 20,1% de los individuos de clase media pensaba que sus ingresos podrían bajar durante el año siguiente. En febrero de 2012 este porcentaje había subido al 33,1%, y siguió su camino ascendente. La sensación de riesgo y de descenso social se ha extendido a gran velocidad.

Es importante señalar que las clases medias están también siendo «atacadas» en tanto el empleo público es un espacio natural de este grupo. Los despidos de interinos y los recortes en los sueldos de funcionarios les están haciendo daño, y conllevan un proceso de empobrecimiento en profesiones como las de maestro y médico, que se suma a la pérdida de prestigio social que han protagonizado durante los últimos años.

La disminución de ingresos alcanza a muchos hogares, con las crecientes estrecheces económicas de las familias, agravadas en el sector privado por el rechazo mediante prejubilación o despido de los asalariados mayores de 45-50 años, que hasta ahora habían sido el paraguas de la crisis a la hora de asumir los costes de los desempleados y de los jóvenes. Con la aplicación de la última reforma laboral están perdiendo este paraguas. La pérdida de empleo en este sector de edad puede desencadenar un drama social y poner en peligro a la familia como colchón de la crisis en este país.

Ha caído toda la Bolsa y muchos fondos de inversiones y de pensiones, con lo que, junto a las famosas preferentes, se han evaporado parte de los ahorros de amplias capas sociales. Según el Barómetro Social, también se han registrado caídas importantes en los activos inmobiliarios y financieros en manos de las clases medias. Con el pinchazo de la burbuja, el patrimonio inmobiliario por persona ha pasado de 83.969 euros en 2007 a 59.536 en 2012. Y el patrimonio financiero por persona, que llegó a su punto máximo (34.150 euros) en 2006, había disminuido en 2011 a 26.444.

La relación entre política y clases sociales está cambiando. «La relación con la política de las nuevas categorías sociales surgidas en la economía postindustrial se conforma de manera cercana al modelo posdemocrático», indica Crouch. Los partidos de izquierda han perdido su base social tradicional. La clase obrera está numéricamente en declive. El número de cuellos azules que la sustentaba está en retroceso, y el de cuellos blancos también. Asistimos a la desaparición paulatina de los empleados de la «nueva clase media», cuyo ejemplo tipo era el empleado de banca. La transformación del sistema productivo ha hecho que aparezcan nuevas profesiones ligadas a la informática y a trabajos no estandarizados, circunstancia que ha roto la homogenización de tareas, formas de vida y relaciones sociales que daba lugar a los instrumentos de corrección de la agresividad del mercado que inventaron los socialdemócratas a finales del siglo XIX: sindicatos y partidos. Como apunta Gómez Yáñez, ahora ya no hay estos instrumentos, motivo por el cual el juego social se ha desequilibrado.

Con la crisis, se vuelve a hablar de clases sociales, aunque ya no en un sentido marxista vinculado a los medios de producción. Si seguimos el esquema de Erik O. Wright, el posicionamiento de las clases sociales se define por los bienes de capital, los bienes de cualificación y la posición jerárquica en la empresa (los bienes de organización). De acuerdo con este triángulo, el declive de las clases medias es patente, a pesar de su mejora en el segundo elemento, la cualificación, que probablemente aporta, como ya hemos apuntado, la generación joven mejor formada de la historia. De hecho, si se examinan las cifras de paro, la educación superior sigue siendo en España un elemento que favorece la posición social.

Un nuevo estudio en el Reino Unido patrocinado por la BBC, el Great British Class Survey, apunta a la existencia de siete clases sociales en aquella sociedad: la élite, la clase media establecida, la clase media técnica, los nuevos trabajadores adinerados, la clase trabajadora tradicional, los trabajadores de servicios emergentes, y el precariado. Aunque la traducción a nuestra sociedad no se puede hacer de manera automática, sí sirve para analizar la situación, y ver cómo se están resquebrajando las clases medias y las de los trabajadores.

En cuanto al precariado, hace ya algún tiempo que los estudios impulsados por la Fundación Friedrich Ebert (socialdemócrata) habían desarrollado su concepto, referido a un estrato social que, en el mismo proceso de transformación postindustrial, parecía cada vez más desconectado del resto de la sociedad alemana. A menudo lo conforma gente que vive en familias monoparentales y sufren enfermedades crónicas. No votan ni emiten votos de protesta, y desconfían de las instituciones políticas.

Guy Standing realiza un análisis de lo que denomina «nueva clase peligrosa». A su juicio, esta nueva clase habría estado creciendo como una realidad escondida de la globalización —la nueva Gran Transformación— hasta llegar a la superficie con la crisis iniciada en 2008. El sociólogo británico interpreta el fenómeno como el de un «precariado global» de varios millones de personas que carecen en el mundo de todo anclaje y estabilidad. No son parte de la «clase obrera» ni del «proletariado clásico», términos menos útiles cuando la globalización ha fragmentado las estructuras nacionales de clase. Es una clase en proceso de creación, formada por un número creciente de personas —Standing calcula que una cuarta parte de los adultos de las sociedades europeas se pueden considerar precariado— sumidas en situaciones de precariedad y expuestas a una exclusión económica y cultural. La caída en el desempleo y la economía sumergida es parte de la vida del precariado. También lo son sus diferencias formativas respecto a la élite privilegiada y la pequeña clase trabajadora técnicamente instruida.

Los integrantes del precariado son «nómadas urbanos» que no comparten una identidad en el tipo de ocupación, pues esta cambia, pero sí en cuatro características: «la ira, la anomía, la ansiedad y la alienación». No son solo jóvenes; también engrosan sus filas, ante la crisis del sistema de pensiones, personas mayores. Y son personas que a menudo han tenido que romper con sus lugares de origen, adaptarse constantemente a nuevos entornos, a un coste psicológico elevado. Según Standing, es una «clase peligrosa» por su condición de pasto de todo tipo de populismos y extremismos, incluido el nacionalismo exacerbado, el proteccionismo y el antieuropeísmo. Es necesario, pues, tomar medidas para evitar su crecimiento.

En la década de 1930 hubo una destrucción masiva de empleo y millones de personas fueron a la calle. No obstante, conocían la experiencia de los sindicatos y de haber tenido un trabajo de clase obrera o media. Los precarios actuales no tienen ni eso. Carecen de la cultura, de la experiencia, de la organización de entonces, añade Gómez Yáñez. El mundo en la década de 1920 era extraordinariamente violento e ideológico. Este no. Era un mundo de organizaciones políticas y sindicales. Este no. Por ello, esta situación no tiene una salida fascista ni socialdemócrata, y por eso estamos saliendo de la crisis sin proyectos políticos diferentes.

Para el citado estudio de la BBC, el precariado representa un 15% de la sociedad británica, con una edad media de 50 años. Aunque difícil de cuantificar, en el caso español podríamos tener un precariado compuesto de gente de esa edad que ha perdido sus empleos y sustentos, y a la vez de jóvenes que no han llegado a tenerlos o que también los han perdido sin poder beneficiarse de rentas sociales. Luchar contra su permanencia en ese estrato o clase con nuevos programas de formación y otras medidas debe ser una de las prioridades de toda política social. La persistencia de esta clase puede socavar los fundamentos de la estabilidad democrática.

Esta estabilidad también se puede ver afectada por la frustración que supone el fenómeno del desclasamiento, que implica, sobre todo, la percepción de que los hijos vivirán peor que sus padres y, por tanto, una ruptura de la idea de progreso. El descenso de clase es un sentimiento, tanto individual como colectivo, del que en España aún no tenemos experiencia social e histórica, de modo que sus consecuencias son harto inciertas. Y este sentimiento lo albergan clases populares que se sienten irresistiblemente atraídas hacia abajo, pero también clases medias, desestabilizadas, a la deriva. Conlleva un «sentimiento agudo de frustración», de profundas implicaciones políticas, estudiadas para el caso francés por Camille Peugny.

El desclasamiento tiene unas consecuencias políticas que favorecen la «derechización» de la sociedad. Para Peugny, la izquierda se encuentra incómoda ante esta situación. También en España. La política para combatirlo debe pasar por una articulación entre la enseñanza y el mercado de trabajo, a fin de reducir la distancia entre empleo y formación y evitar así que la frustración se convierta en el sentimiento dominante de la experiencia de trabajo, en una fobia al sistema y a la globalización por parte de los desclasados.

EL DESPEREZAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil siempre ha sido débil en España. Sin embargo, se había reforzado con la proliferación de organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones, al amparo de unas leyes más flexibles, aunque todavía demasiado restrictivas, cuyo objetivo principal parecía ser el de evitar la evasión fiscal y no fortalecer esa sociedad civil.

Un problema añadido consiste en que demasiadas ONG, pese a su nombre, vivían y viven de subvenciones públicas antes que privadas. La crisis y la política de austeridad han obligado a reducir esas aportaciones económicas, y con ellas se han limitado sus actividades, a veces necesarias en estos tiempos alarmantes; un ejemplo son los comedores sociales, incluidos algunos infantiles. La mortalidad está siendo alta entre las ONG de nuestro país.

El movimiento asociativo se desarrolló en España en la década de 1980, pero en los primeros años del siglo XXI había dejado de crecer. Sin embargo, la crisis está provocando el nacimiento de un nuevo tipo de movimiento asociativo, aún débil, pero con potencial, y esta vez al margen de los partidos políticos (aunque algunos los apoyen) y de la financiación pública.

La Plataforma contra los Desahucios o Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha logrado una presencia social importante y un efecto político, hasta el punto de introducir en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (500.000 firmas) que, no obstante, tuvo poca influencia en la plasmación de la nueva ley. Las diversas plataformas contra los recortes y las privatizaciones en la sanidad pública son otro ejemplo de reivindicaciones activas desde la sociedad civil, aunque no hayan logrado sus objetivos ni una dimensión suficiente y suprarregional.

El 15-M y los indignados fueron el mayor movimiento espontáneo surgido desde la sociedad civil, después de las protestas en su momento manifiestas contra la falta de información tras los atentados del 11 de marzo de 2004. Como ya hemos analizado en otro lugar, una parte de los ciudadanos que no creía que el reparto de la crisis fuera equitativo, una ciudadanía que desconfiaba de los principales partidos políticos, decidió echarse a la calle en ese mayo de 2011. El campo era en extremo inflamable y la mecha terminó prendiendo. Aquellas movilizaciones ciudadanas no eran las primeras. Solo un mes antes, bajo el lema «Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo» varios miles de jóvenes salieron en Madrid a la calle para expresar su malestar contra las medidas de ajuste y la clase política, así como para llamar la atención sobre la falta de perspectivas de su generación y su alejamiento de la política oficial con el «No nos representan». Con todo, lo más llamativo no era lo nutridas que estaban siendo las manifestaciones del 15-M en Madrid y en otras ciudades, sino la (tardía) repercusión política y mediática que lograron, así como la ola de simpatía que despertaron. Este movimiento fue la expresión de una fractura social profunda y generalizada entre amplias capas de la población que pensaban que el sistema político y económico estaba quebrado; el económico, porque generaba inseguridad y desigualdad, pocos ganadores y una mayoría de perdedores, y el político porque era incapaz de contrarrestar al poder económico. El acierto, pero también la limitación, del 15-M estuvo en su estrategia de evitar el surgimiento de líderes e incluso de plataformas programáticas.

La crisis ha provocado un cierto despertar, un desperezamiento, de la sociedad civil, aunque no ha construido ninguna resistencia eficaz frente a algunos cambios que rechaza. En el debate sobre la necesaria reforma del sistema político han surgido foros y plataformas cívicas, en particular para reivindicar cambios profundos en la ley de partidos. En Cataluña, plataformas civiles como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana han sido las articuladoras de las grandes manifestaciones independentistas y de la cadena humana de la Diada de 2013.

Así, paradójicamente, la crisis está reforzando a la sociedad civil en España, y esta se está desarrollando con un menor apoyo institucional. Ahora bien, unas instituciones políticas de alta calidad son una condición previa para una sociedad civil fuerte, como señala Thilo Bodenstein. Y una sociedad fuerte requiere un Estado fuerte. Lo contrario, habitual en España, es la debilidad mutua.

REFORZAR LA CIUDADANÍA

Con la crisis ha aumentado el interés por la política en España, aunque, según un análisis de Carol Galais, solo un 28% de españoles se declara bastante o muy interesado por la política, lejos del 44% en Francia, del 58% de Alemania o del 70% de Dinamarca. Sin embargo, ha crecido la percepción de la política como algo que tiene influencia en la vida cotidiana. Este mayor interés por la política, ¿viene para quedarse? Eso está por ver.

Según Belén Barreiro, «por un lado, el electorado está más informado que antes. Una parte del mismo se informa relativamente poco y lo hace a través de la televisión, y la otra es el consumidor voraz que quiere más información y cuanta más, mejor. Y además quiere contrastar. Es una audiencia obsesionada con la información». El problema de la política, añade, es «tener que dirigirse a estas dos audiencias que son radicalmente distintas, como si estuviéramos en una sociedad dual». A la ciudadanía bien informada no le valen los mensajes simplistas y no se fía del optimismo oficial. La otra, insiste Vallespín, peca de ser excesivamente pasiva.

La democracia ha de ser una democracia de ciudadanos. ¿Está despertando un nuevo ciudadano? Sería deseable. La nueva sociedad debe llevar a una nueva política, y esta a una nueva ciudadanía. El concepto de «ciudadanía» ha de adaptarse a las nuevas posibilidades sociales que brinda la nueva conectividad, con una mayor participación directa de los ciudadanos en la conformación de las decisiones políticas.

Este concepto de «ciudadanía» ha de enriquecerse también con un renovado impulso de la ciudadanía europea, que España llevó a cabo en su día. La ciudadanía no puede ser solo un catálogo de derechos, sino también de deberes, a escala europea, estatal, regional y local —después de todo, «ciudadanía» viene de «ciudad»—. La Transición se basó esencialmente en la promoción de derechos. Hay que completarla con la de los deberes ciudadanos.

La democracia, entendida en un sentido amplio, se encuentra en un momento de grandes desafíos, no porque se confronte, al menos en Europa, con alternativas, sino porque se puede vaciar. Para salir adelante se necesita un proyecto y un esfuerzo colectivo. Otros países, como Finlandia, Suecia o Dinamarca, lo están consiguiendo con un amplio diálogo social. Y con un sentimiento de inclusión, y no de exclusión. El desclasamiento, la creciente desigualdad y, por supuesto, la pérdida del trabajo o el no llegar a entrar en el mercado laboral no favorecen ni este diálogo ciudadano ni el sentimiento de pertenencia sobre el que ha de reposar todo concepto de ciudadanía actual en nuestra sociedad.

Una nueva ciudadanía, una ciudadanía reforzada, requiere de una nueva política y de una nueva cultura política capaces de movilizar para el bien común las nuevas identidades que están surgiendo en nuestra sociedad. La ciudadanía puede tirar de la política para renovarla. Y la política a su vez debe apostar por más ciudadanía.