Líneas estructurales para la fuerza pública: medio ambiente e inteligencia militar

La expresión estructural evoca aquello que es importante en relación con un andamiaje o construcción; en el caso del texto que aquí se presenta alude en efecto a materias que son esenciales en el proceso permanente y gradual de elaboración y realización del ideal regulativo de la Fuerza Pública en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Bajo esta perspectiva, el lector encontrará que el Ejército de Colombia es una organización en permanente transformación, y que en el «abanico» de asuntos que provocan su interés destacan aquellos que generan tensiones relevantes en el cumplimiento de su misión constitucional. La primera parte de los escritos de este volumen, explora la razón de ser de los deberes que tiene el Estado relativos a la protección del medioambiente y, de forma inédita, se ocupa de las acciones concretas de protección que deben desplegar las Fuerzas Militares y hacer propuestas de uso específico de las funciones de conducción de la guerra en esta tarea. Igualmente, se aborda la pertinencia del principio de precaución para contribuir a evitar los daños ambientales, bajo el reconocimiento de la potencialidad dañina del accionar militar y, en consecuencia, del deber superior de reflexión, en cabeza de la Fuerza, al momento de preparación, planeación, ejecución y evaluación de las operaciones militares. Otra cuestión cardinal, y especialmente sensible en relación con la legitimidad de la Fuerza Pública, vista desde la perspectiva más tradicional del concepto, es la asociada al ejercicio de una de las funciones de conducción de la guerra: la inteligencia. En un momento en que aún están vigentes los titulares periodísticos que cuestionan el posible uso indebido de este tipo de capacidad estratégica, la institución militar ha propiciado el análisis reposado y estricto sobre los límites normativos con especial atención a su condición de medio para la garantía de los fines esenciales del Estado de libertad y de convivencia pacífica, al tiempo que se reconoce el importante riesgo que su uso desviado puede implicar para la vigencia de derechos fundamentales.