Kitabı oku: «Reconocimiento de la naturaleza y de sus componentes como sujetos de derechos»

II. CONSTRUCTO JURÍDICO O ESTRATEGIA POLÍTICA

Extender, otorgar o reconocer derechos a la naturaleza sería, en efecto, domesticar toda la naturaleza, para subsumirla en el aparato político humano. John Livingston.

Cabe preguntarse de dónde surge este renovado entusiasmo por la defensa de la naturaleza que se traduce en normas de rango constitucional y leyes disruptivas en concepto de renombrados juristas, acuerdos entre Estados y grupos étnicos que reconocen a los ríos y ecosistemas como nuevos sujetos de derechos y los dotan de personalidad jurídica: fallos jurisprudenciales progresistas que se atreven a desafiar los sagrados cánones del derecho civil, cuyo legado perfeccionado por los jurisconsultos romanos y los eternos códigos herederos de corte eurocentrista, ve amenazados sus principios fundacionales sobre los que se basa la atribución de derechos y responsabilidades en un marco exclusivamente humano. La apología de la Pachamama y la Madre Tierra como esencia de la vida y del destino de la raza humana, llámese Sumak Kawsay o el Vivir Bien, presentes en la Constitución del Ecuador, y de manera grandilocuente en las leyes bolivianas de la Madre Tierra (Clavero 2012; Molina 2014), recuerda el trato venerable que prodigaron los nazis a la naturaleza a través de su ordenamiento jurídico⁴. Este régimen no dudó en promulgar leyes y decretos que convertían el patrimonio natural y los animales en sujetos de protección y cuidado especial y dignos del mayor respeto, con valores intrínsecos independientes de su utilidad para los seres humanos, además de considerarlos como esenciales para la vida y bienestar del pueblo alemán, símbolo de superioridad y fuente de valores morales y éticos que reforzaban la unidad nacional (Uekkoeter, 2006; Lekan, 2005; Sax, 2013).

En ambos casos, la Madre Tierra de las montañas andinas o la Naturaleza del imaginario político nazi son entidades superiores a la raza humana, que proporcionan lo necesario para la existencia en el planeta de todos los seres vivos y constituyen la esencia y fundamento de la vida, tal como la conocemos (Imort, 2005, Gudynas 2012). A pesar de su carácter sagrado y fundacional, este supraorganismo integrador es vulnerable a la acción de los hombres, quienes deben modificar su comportamiento, su modelo de desarrollo y su visión dominante de los elementos naturales para lograr una vida en armonía, productiva y respetuosa de los máximos valores que rigen el mundo natural. Sin embargo, en ambos casos la entronización legal de la naturaleza no obedece a sentimientos altruistas o arrebatos ecologistas radicales propios de mentes visionarias y progresistas; su esencia estriba en una ideología política con objetivos claros y otros menos evidentes; llámese nacionalsocialista en el caso de la dictadura de Hitler en Alemania (Staudenmaier, 1996) o indigenista en la nación boliviana, lo que se busca es desmarcarse de modelos políticos considerados decadentes, hostiles y alejados de la comunidad nacional, como lo es el claro rechazo de los nazis a las democracias europeas (Arendt, 1982, Ferry, 1994), extrañas a su modelo de comunidad política basada en la dirección del líder, o el influyente simbolismo del discurso decolonizador pregonado por Evo Morales, en nombre principalmente de los indígenas de su país y los campesinos (Bascope, Díaz y Huges, 2011), que rechaza las categorías tradicionales del pensamiento occidental dominante durante siglos en Latinoamérica y plantea un nuevo enfoque de justicia ambiental y climática (Mamani, 2012). En palabras de Ulloa (2009: 214):

Desde el final de la década de 1980 las críticas posmodernas de las concepciones occidentales han permitido la deconstrucción y reconfiguración de las oposiciones modernas de naturaleza/cultura, cuerpo/mente, emoción/razón, al igual que la de mujer/hombre, y han ayudado a reconsiderar las epistemologías y metafísicas modernas al concebir las nociones y representaciones sobre la cultura y la naturaleza como socialmente construidas…

El caso de Ecuador y su Constitución Política de 2008 es un claro ejemplo de movilización de la sociedad civil y de negociación política entre el Estado y los sectores movilizados (Akchurin, 2015) donde fue posible incluir dentro de la norma fundamental un concepto propio de la cosmovisión indígena, la Pachamama, como un nuevo sujeto de derechos (Martínez, 2010). Lo anterior puede ser visto como un gran triunfo de los colectivos indígenas, y sobre todo, un reconocimiento dentro de ordenamientos jurídicos basados en el derecho eurocentrista, de un paradigma de gobernanza ambiental y gestión pública que integra saberes y pretensiones propias de pueblos sujetos a siglos de aculturación y dominio, dentro de normas constitucionales y legales, cuya eficacia simbólica es estratégica para el proceso de gobernabilidad pero que a efectos prácticos debe ser desarrollada a través de políticas públicas, normas y la jurisprudencia⁵.

Si continuamos haciendo un recorrido por las diversas manifestaciones jurídicas que reconocen derechos en cabeza de algunos componentes de la naturaleza, es posible vislumbrar motivaciones de orden político que se sirven del ordenamiento legal para establecer una nueva gobernanza de lo natural basada en el reconocimiento de derechos a nuevos sujetos jurídicos, a la vez que pregonan modelos de autogobierno local en una expresión de democracia directa. Es claro el caso de las ordenanzas municipales estadounidenses (anteriores a la Constitución del Ecuador y las leyes bolivianas, y fuente inspiradora del nuevo paradigma jurídico latinoamericano) que han reconocido derechos a los ríos, arroyos, ecosistemas, humedales, acuíferos y comunidades naturales. Estos procesos de creación normativa, de los cuales los norteamericanos han sido pioneros a nivel mundial, pues fue la localidad de Tamaqua Borough la primera en expedir una norma que reconocía derechos en cabeza de comunidades naturales (Biggs y Margill, 2011; Cano, 2017), han contado con la participación directa de las comunidades y organizaciones no gubernamentales (CELFD, 2006) y tienen como fundamento en algunos casos las Constituciones de los estados federados que consagran el derecho de los habitantes de esos territorios a su libre autodeterminación⁶. Es así como el condado de Mora en Nuevo México aprobó en 2013 una ordenanza en la que se establece que las leyes de ese Estado, las expedidas por cualquier otra agencia estatal, las del Congreso de los Estados Unidos, o cualquier agencia federal, podrán ser reconocidas como leyes preferenciales dentro de ese condado, sólo si aventajan a las ordenanzas y demás normas del condado y proveen mayor protección para la salud, la seguridad y el bienestar de esa comunidad, o la aplicación de esas normas está condicionada a su mayor rigurosidad en relación con la protección de los derechos civiles, el medio ambiente y la limitación de los derechos de propiedad privada de los particulares que pretendan explotar recursos naturales no renovables en desmedro de los nuevos sujetos de derechos (Molina, 2014: 88). Más allá de cualquier activismo ambiental, es evidente la intención política en la promulgación de estas normas de contenido ecologista, pues en el fondo con esas acciones jurídicas se busca impedir que las empresas privadas exploten recursos naturales como petróleo, carbón y gas de esquisto, este último mediante la técnica del fracking, y terminen apropiándose del territorio (uno de los grandes temores de estas comunidades), además de causar daños irreparables al medio ambiente y a la salud de las personas (CELDF, 2006).

El caso de Nueva Zelanda es paradigmático y constituye igualmente un modelo de negociación política de carácter complejo entre el gobierno y los maoríes, quienes llevaban décadas reclamando el reconocimiento de sus territorios ancestrales y el desarrollo de una política pública que garantizara su protección. La Te Urewera Act de 2014, promulgada con enorme despliegue por las autoridades neozelandesas, constituyó un ejemplo de iniciativa pública en beneficio de pueblos tradicionalmente discriminados.

Más allá del enorme simbolismo de esta norma, que declara como persona jurídica a un área de especial importancia cultural, social ambiental y espiritual para los maoríes, que en sus inicios fue un parque nacional, existen aspiraciones de vieja data del pueblo maorí en defensa de su territorio, víctima de una terrible expoliación y deterioro ambiental desde su conquista y anexión por la Corona inglesa (Ponting, 1992); en este caso el gobierno renunció a la propiedad formal de la tierra y le otorgó personalidad jurídica (New York Times, 2016). En 2017 el río Whanganui fue declarado también como sujeto de derechos, deberes y, en general, con las atribuciones de una persona jurídica, incluyendo la representación legal, culminando así un pleito de más de 140 años entre los maoríes y la Corona, que se inició con la firma del tratado de Waitangi en 1840, mediante el cual se reconoció la soberanía británica, definiendo también la propiedad de los nativos sobre la tierra, siendo acusados los ingleses de haber incumplido dicho tratado, situación que se buscó remediar con esta novedosa declaratoria (Cano, 2018).

La capital del Estado mexicano no se ha quedado atrás en esta nueva tendencia jurídica. El artículo 18 de la Constitución del Distrito Federal promulgada en 2017 (cuya entrada en vigencia fue en el mes de septiembre de 2018), estableció los siguientes principios:

[…] 2) El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.

3) Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos los ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos.

Esta norma había estado precedida de la denominada Ley de la Tierra, promulgada en 2013 y que en su artículo 86 establece:

… Para efectos de la protección y tutela de sus recursos naturales, la Tierra adopta el carácter de ente colectivo sujeto de la protección del interés público. En su aplicación se tomarán en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes…

Es posible que el giro biocéntrico de las normas de la metrópoli mexicana esté influenciado por la búsqueda de un control más estricto sobre las actividades altamente contaminantes que hacen de Ciudad de México una de las de mayor índices de polución del aire para el promedio latinoamericano, con grave riesgo para la salud humana y animal (El País, 2019); es posible comprobar que gran parte de la percepción ciudadana sobre el grave problema de contaminación está mediada por las manifestaciones de las entidades públicas y los centros especializados en medición de la calidad del aire, en los que participan otros actores como empresarios, activistas ambientales, políticos y líderes comunitarios, contribuyendo a construir socialmente un problema ambiental y a aumentar o minimizar sus consecuencias (Lezama, 2004).

Podría decirse que el nuevo paradigma del derecho ambiental, enfocado en el reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos, se impregna de un fuerte contenido político y no parte necesariamente de la iniciativa de operadores jurídicos o ambientalistas radicales preocupados por la gravedad del deterioro del patrimonio natural. Las antiguas categorías de análisis basadas en la dualidad hombre-naturaleza, propia de las ciencias sociales de corte occidental que han dominado por siglos la escena académica y política, son reemplazadas en el caso latinoamericano por un enfoque que reivindica un papel activo del entorno natural, alejándolo de la concepción de una naturaleza débil, altamente socializada y dominada por la ciencia y la técnica que desde finales del siglo XX pregonaban sociólogos de la talla de Habermas (1996) y Ulrich Beck (1998: 13):

La contraposición de naturaleza y sociedad es una construcción del siglo XIX que servía al doble fin de dominar e ignorar la naturaleza. La naturaleza está sometida y agotada a finales del siglo xx, y de este modo ha pasado de ser un fenómeno exterior a ser un fenómeno interior, ha pasado de ser un fenómeno dado a ser un fenómeno producido. Como consecuencia de su transformación técnico-industrial y de su comercialización mundial, la naturaleza ha quedado incluida en el sistema industria…

La nueva visión ecológica es plenamente consciente de los terribles efectos de la explotación de los recursos naturales, de la contaminación generada por la industria y de los resultados de las perversas políticas de desarrollo a costa de los ríos, bosques y otros ecosistemas. Frente a tales desafíos contrapone la acción política y la militancia jurídica, fundamentadas en un renovado entendimiento de la relación entre los seres humanos y el medio natural. Para Ulloa (2009: 215),

… las discusiones actuales en torno a la naturaleza se centran en nuevos tipos de análisis, en los cuales la naturaleza es un ente con capacidad de acción y con un dinamismo propio que replantea la visión de una naturaleza pasiva o prístina. Así mismo, la naturaleza y la cultura se plantean como construcciones sociales que implican que los humanos no son determinados por el medio ambiente y a su vez que la naturaleza no es determinada por los intereses individuales…

Bajo este escenario que presupone la transformación de la naturaleza objeto en naturaleza sujeto (Martínez y Acosta, 2017), y detrás de las normas de protección ambiental, en especial alentando el nuevo enfoque que pregona y hace posible el reconocimiento de personalidad jurídica a elementos icónicos de la naturaleza (ríos, bosques, páramos, ecosistemas, etc.), podemos captar la influencia de movimientos o ideologías que han asumido como estrategia de orden local, regional o nacional la defensa legal de lo natural, dando un paso adelante al reconocer en aquel más que derechos morales, derechos legales que deben concretarse en normas positivas. En este caso la movilización de diversos colectivos, ya sean comunidades locales, indígenas, campesinos o habitantes urbanos, tiene múltiples objetivos, por ejemplo, la imposición de una ideología particular o la defensa de derechos civiles y políticos, lo que incluye la percepción del territorio que habitan, el mantenimiento de una visión compartida del medio ambiente y de la naturaleza que ha sido definida y construida colectivamente, y el rechazo a modelos de desarrollo que amenazan con modificar profundamente su manera de estar en el mundo, cada vez más despojado de su verdadera esencia por el resultado de las acciones humanas.

En el fondo este ideal de producción simbólica y reconocimiento de nuevos sujetos de derechos en los componentes de la naturaleza (Youatt, 2017) alberga una pretensión de totalidad, que se traduciría en la conformación de un nuevo universo simbólico (Berger y Luckman, 1995) surgido de los avances legales y jurisprudenciales del derecho ambiental y de las teorías políticas y filosóficas, que busca un espacio en el orden jurídico o macrouniverso legal tradicional, y sobre todo su plena legitimación a ojos de los operadores jurídicos, del Estado administrativo ambiental y de los mismos ciudadanos. En palabras de Ramírez (2017: 174):

Esta transformación no es de carácter meramente lingüístico; en realidad, tiene un trasfondo jurídico-filosófico mucho más profundo, pues se cambia la concepción de la naturaleza como otro bien intercambiable indefinidamente al servicio del hombre, por una concepción donde la naturaleza es concebida como sujeto de derechos que convive con el ser humano…

El caso del Ecuador y Bolivia, así como el de las comunidades organizadas en los Estados Unidos y los logros de los maoríes en Nueva Zelanda, demuestran claramente que la movilización social en marcos democráticos de deliberación discursiva puede alcanzar objetivos de protección ambiental más ambiciosos que los previstos en los ordenamientos positivos, aunque su eficacia e impacto sobre las políticas públicas y el modelo de desarrollo aún sea discutible (Molina, 2016; Solón, 2016). De acuerdo con Eckersley (1996) la apertura de nuevos espacios para la discusión de los derechos de la naturaleza que sobrepasen las simples motivaciones éticas y morales, y se proyecten en un contexto político y legal amplio, puede contribuir al descubrimiento de herramientas críticas que ayuden a guiar la forma y el enfoque de los nuevos movimientos verdes, posibilidad que parece no haber sido reconocida en su verdadera dimensión por los ambientalistas y ecologistas de nuestro país.

En esta misma línea podemos encontrar planteamientos teóricos que asumen la preeminencia de la cuestión verde en las modernas democracias; conceptos como el Estado Ambiental de Derecho (Mesa Cuadros, 2010), the Green State analizado magistralmente por Eckersley (2004), Earth Jurisprudence (Koons, 2008; Burden, 2011), el Derecho Salvaje (Wild Law), descrito ampliamente por Cullinan (2011), se aproximan en cierta medida a los objetivos perseguidos por los adalides del nuevo paradigma jurídico, aunque se detienen en aspectos como la consideración moral de la naturaleza y el desarrollo de regulaciones enfocadas hacia la protección de todos los elementos que componen la vida en el planeta, sin ser explícitos en atribuirle derechos a los elementos naturales o considerarlos como sujetos de derechos, pues se enfocan más en principios morales y en una relación armoniosa, interdependiente e igualitaria entre los humanos y el entorno natural.

Un paso más allá se encuentra la teoría biocrática (Winter, 1994; Leimbacher, 2017) que tiene como principal objetivo de análisis la naturaleza como sujeto jurídico, a la vez que titular de derechos, los cuales deben ser garantizados en el marco de la protección y el respeto de los derechos humanos, pues los dos principios son inseparables y deben ser garantizados como presupuestos esenciales de la vida en el planeta. En palabras de Winter (1994: 7), quien acuñó el término a principios de los años noventa del siglo pasado:

Básicamente, la naturaleza no depende de que el hombre le otorgue sus derechos. El hombre depende incluso de la naturaleza para proporcionar condiciones de vida que le permitan sobrevivir. La naturaleza no está interesada en si los cambios climáticos, las erupciones volcánicas o las epidemias interfieren con el derecho humano constitucional a la integridad física. La naturaleza está por encima de los intereses de todas las especies que ha promovido y también sobre la especie humana y su sistema legal. Al “conceder” derechos propios a la naturaleza y por tanto ponerlos al mismo nivel de su sistema legal el hombre se sirve a sí mismo…

El hombre puede protegerse mejor protegiendo a la naturaleza de sí mismo. Si el hombre reconoce y hace cumplir un derecho fundamental a la existencia para todos los seres vivos, entonces esta es también una estrategia de supervivencia para los seres humanos…

En el mismo sentido escribía el alemán Hans Jonas, autor de uno de los libros más influyentes de fines del siglo pasado sobre la relación del hombre con la naturaleza. Para este filósofo, quien publicó su trabajo en plena época de la Guerra Fría y en medio de una terrible competencia industrial, militar y científica entre los bloques políticos dominantes, a la naturaleza le era indiferente si la agresión provenía de la izquierda o la derecha o si el agresor era marxista o liberal-burgués, dando a entender que el problema era de orden global y debía ser enfrentado a ese mismo nivel (Jonas, 1995: 302). Por tal razón una gran parte de su razonamiento se basaba en las ventajas y desventajas de que fuera un sistema político capitalista o comunista el que asumiera la enorme responsabilidad de saldar la deuda con el planeta y garantizar la vida de las generaciones futuras de la mejor manera, en el marco de una civilización marcada y condenada por los avances de la industrialización y la tecnología. Su alegato está claramente enfocado hacia una acción política radical que garantice un mejor modo de vida en armonía con lo natural, sin las limitaciones de la ética antropocéntrica.

En todo caso, es imposible desconocer la enorme influencia del activismo político en el impulso del concepto hoy en boga de la naturaleza como sujeto de derechos, el galopante deterioro ambiental, la grave amenaza del cambio climático, la acelerada desaparición de especies de la biodiversidad, el surgimiento de gobiernos escasamente preocupados por las cuestiones ecológicas en países estratégicos desde el punto de vista del equilibrio ambiental global como Estados Unidos, Rusia y sobre todo Brasil con su mutacionismo ambiental y su total desprecio por las normas de protección de los recursos naturales renovables (El País, 2019), que han hecho necesarias nuevas formas de acción que trascienden el marco de las instituciones ambientales. Frente a la desconfianza ante al modelo de gobernanza ambiental manejado por los expertos bajo un criterio de racionalidad administrativa ambiental (Dryzek, 2006), que no produce resultados concretos sino que ralentiza los procesos de gestión de lo natural, ha surgido como una tabla de salvación en los comienzos del siglo XXI, una estrategia jurídico-política que enarbola la atribución de derechos en cabeza de nuevos sujetos icónicos de la naturaleza, investidos de tal condición por su enorme simbolismo y su estrecha relación con los seres humanos, y también por los daños reales de que están siendo objeto. La estrategia ha dado resultados, aunque no precisamente los que se esperaban y aún queda mucho camino por recorrer para lograr el rompimiento de las barreras jurídicas, políticas y culturales que retrasan la verdadera consolidación de este paradigma que contribuiría a generar efectos reales benéficos sobre el ecosistema mundial.

A pesar del enorme avance que supone el reconocimiento de derechos en cabeza de la naturaleza, ya sean ríos, ecosistemas, humedales, etc., y de las fuertes exigencias de las normas y sentencias que abogan por una protección efectiva de los nuevos sujetos jurídicos, aún no ha sido posible sacar de su letargo al Estado y a la sociedad civil e iniciar una discusión amplia sobre las nuevas formas jurídicas que están empezando a regular la relación de los humanos con la naturaleza y el cuestionamiento del antropocentrismo aún dominante en la economía, la ética y el derecho. Esta labor correspondería en gran parte a las instituciones políticas que deben replantear su papel frente a las actuales amenazas que enfrenta el ecosistema mundial y alentar el debate público sobre la necesidad de desarrollar un modelo encaminado hacia la democracia verde (Dobson y Lucardie 1993; Christoff, 2005), algo que parece imposible actualmente frente de la deriva de muchos regímenes políticos hacia la ultraderecha y el conservadurismo, pero que deja de ser utópico en la medida que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos irrumpe con fuerza desde el escenario judicial y empieza a generar un debate sobre su necesidad, conveniencia y efectividad.

Creemos que ante el imparable proceso de degradación ambiental a escala planetaria, los efectos del cambio climático imposibles de ocultar, la probada ineficacia del Estado administrativo ambiental, y un desconocimiento aún generalizado de las posibilidades del biocentrismo jurídico, situación que trunca el camino de una reconciliación con lo natural y el surgimiento de una visión alternativa y fraternal de la naturaleza, ya se empieza a perfilar un nuevo camino para garantizar la supervivencia de la especie humana a largo plazo, que no es otro que el autoritarismo ambiental, cuyas primeras manifestaciones concretas se dieron durante el régimen nazi⁷, y actualmente se evidencia en países asiáticos (Beeson, 2010); también parece haber dado resultados positivos en el control y manejo de los factores de deterioro ambiental en ciudades densamente pobladas (Ortmann, 2016). Jonas (1995) se refiere a este clase de ejercicio del poder político, el cual encuadra bajo un concepto de totalitarismo o tiranía benevolentes orientados hacia la protección ambiental, donde la cúpula dirigente adopta medidas sin ningún tipo de consenso con la sociedad civil, pero en interés de todos los afectados por la degradación del medio ambiente. Sin embargo, el filósofo no deja claro si esa postura política extrema puede tener lugar en regímenes de izquierda o derecha, aunque parece inclinarse por el marxismo, habida cuenta de la costumbre crónica de los Estados socialistas de restringir las libertades individuales e imponer directrices de conducta a las masas, condición necesaria para la imposición de sacrificios colectivos de tipo ambiental⁸. Para Dobson (1997: 107) se trataría de un autoritarismo centralizado que parte del reconocimiento de la existencia de una crisis medioambiental y contempla obligaciones impuestas por los Estados-naciones a falta de una voluntad generalizada para la asunción de sacrificios en materia de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual no hace necesarios cambios institucionales profundos. En tal caso los gobiernos decidirían sobre las líneas de actuación conducentes a remediar la crisis y garantizar la sustentabilidad (proteccionismo, racionamientos, control demográfico, restricción a la inmigración) y estas se harían efectivas sin tener en cuenta a la oposición.

En la misma línea teórica, científicos políticos, biólogos y economistas sientan una posición clara y proponen un nuevo sistema de control estatal de la crisis medioambiental, enfoque que supera con creces los postulados y objetivos de la nueva relación entre el hombre y la naturaleza como sujetos de derecho. Para Ophuls (1992) los actuales sistemas democráticos idealizados como únicos paradigmas de gobierno, han sido superados por la escasez ambiental y en tal sentido están llamados a desaparecer; lo que se requiere es una nueva filosofía de lo público, así como renovadas instituciones políticas que, a juicio del autor, podrían tender hacia el autoritarismo. Ante una grave situación de agotamiento de los recursos naturales y de escasez ambiental, los ciudadanos se verían obligados a pensar, no en lo que es deseable en materia ecológica sino en lo que es necesario para su bienestar y supervivencia, lo cual requiere un estado con garantías de estabilidad, conformado por verdaderos expertos, que pueda llevar a cabo este trabajo, así sea imponiendo restricciones a las libertades públicas, en especial las asociadas a la libre iniciativa que puedan conllevar deterioro ambiental.

En su clásico texto sobre la tragedia de los comunes, Garret Hardin analiza con total franqueza y de manera convincente un problema mundial como es el de la reproducción humana sin control, la cual atenta contra el concepto de los bienes comunes; este autor sugiere restricciones y limitaciones fuertes en aras de mantener un planeta habitable, por lo que ha sido identificado con la corriente autoritaria ambiental. En sus propias palabras (1995: 8):

Es un error pensar que podemos controlar el crecimiento de la humanidad en el largo plazo haciendo un llamado a la conciencia.

[…]

Para muchos, la palabra coerción implica decisiones arbitrarias de burócratas distantes e irresponsables; pero esto no es necesariamente parte de su significado. La única clase de coerción que yo recomiendo es la coerción mutua, mutuamente acordada por la mayoría de las personas afectadas…

Esta opción política está a la vuelta de la esquina y cada vez se hace más deseable a ojos de políticos, filósofos y ecologistas, entre otros, ante el acelerado deterioro y agotamiento del capital natural, la débil gobernanza ambiental, la ineficacia de muchas de las normas de protección del medio ambiente y los recursos naturales, la falta de debate público y consenso en la sociedad civil sobre la necesidad de cambios estructurales en los patrones de producción, consumo y gasto de energía.

Sin embargo, un verdadero acercamiento a la naturaleza o lo que queda de ella después de siglos de “socialización” y transformación, la comprensión de sus dinámicas internas, la revaluación de algunos prejuicios antropocéntricos y un poco de humildad, son acciones necesarias para dejar de considerarla exclusivamente como objeto, como naturaleza producida o como entidad existente solamente para la satisfacción de las necesidades humanas. No se trata tampoco de crear una imagen de ensoñación o idealizada de lo natural e insistir en la penosa situación en que está debido a la acción del hombre, para acto seguido atribuirle derechos sin mayores argumentos de orden filosófico y científico, y la condición de sujeto jurídico, estatus totalmente ineficaz si no lleva aparejada una acción institucional decidida y pragmática alejada de arreglos burocráticos e interminables ejercicios de planeación y discusión propios de la racionalidad administrativa ambiental. Es claro que el reconocimiento de ríos y ecosistemas como sujetos de derechos es una realidad jurídica construida a través de la acción política, como lo han sido los derechos humanos, civiles y los derechos de las minorías, impensables hace pocos siglos. Así, la construcción de nuevas formas jurídicas para la gestión del medio ambiente no estará exenta del rechazo y la crítica de sectores de la institucionalidad, juristas, operadores jurídicos y parte de la sociedad civil; en tal caso, el discurso político que sostiene este nuevo enfoque debe ser fortalecido para que el problema, más allá de las contiendas argumentativas de los tribunales, llegue a la arena de la discusión pública, lo cual podría legitimar en mayor medida la expedición de políticas públicas, normas y desarrollos jurisprudenciales favorables a los nuevos sujetos construidos por el Derecho⁹.