Kitabı oku: «Estudios de responsabilidad civil»

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Estudios de responsabilidad civil. Tomo II / Juan Carlos Gaviria Gómez… [et al];

Alejandro Gaviria Cardona, editor académico. – Medellín: Editorial EAFIT, 2021

268 p.; 23 cm. -- (Académica-Derecho).

ISBN 978-958-720-702-6

ISBN 978-958-720-703-3 (version EPUB)

1. Responsabilidad civil. 2. Responsabilidad profesional. 3. Responsabilidad contractual. 4. Responsabilidad extracontractual. I. Gaviria Gómez, Juan Carlos. II. Gaviria Cardona, Alejandro, edit. III. Tít. IV. Serie

346.03 cd 23 ed.

E82

Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

Estudios de responsabilidad civil

Tomo II

Primera edición: abril de 2021

© Alejandro Gaviria Cardona –Editor académico–

https://orcid.org/0000-0002-6660-1699

© Editorial EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur - 50

Tel.: 261 95 23, Medellín

http://www.eafit.edu.co/editorial

Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co

ISBN: 978-958-720-702-6

ISBN 978-958-720-703-3 (version EPUB)

DOI: https://doi.org/10.17230/9789587207026lr0

Coordinación editorial: Carmiña Cadavid Cano

Corrección de textos: Andrés Bustamante y Diana Suárez

Diseño: Alina Giraldo Yepes

Diagramación: Paula Cubillos Gómez

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.

Editado en Medellín, Colombia

Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions

A mis padres, Ana Luisa y Antonio

Contenido

Presentación

Prólogo

Estudio 7. El principio de oponibilidad del negocio jurídico y su incidencia en el ámbito de la responsabilidad civil

Juan Carlos Gaviria Gómez

Introducción

1. Sobre el principio de oponibilidad

2. El principio de oponibilidad de los contratos en el ordenamiento jurídico colombiano y los requisitos para su aplicación

3. Efectos de la violación del principio de oponibilidad. La responsabilidad civil

Conclusión

Bibliografía

Estudio 8. Cláusulas modificatorias de la responsabilidad civil contractual

Angélica María Reyes Sánchez

Introducción

1. Principios en la actividad contractual

2. Elementos contractuales de carácter esencial, natural y accidental

3. De la responsabilidad civil contractual

4. Cláusulas contractuales de responsabilidad civil

Conclusiones

Bibliografía

Estudio 9. Las causales de justificación penal y su incidencia en la responsabilidad civil

Alejandro Gaviria Cardona

Introducción

1. Incidencia de las causales de justificación penal en la responsabilidad civil

1.1 Legítima defensa

1.2 Estado de necesidad

1.3 Justificación por orden de autoridad legítima o en cumplimiento de la ley

1.4 Consentimiento del damnificado

1.5 Ejercicio de un derecho

Conclusiones

Bibliografía

Estudio 10. La responsabilidad civil de los profesionales: análisis conceptual y su tratamiento en Colombia

Juan Sebastián Medina Ríos

Introducción

1. La responsabilidad civil de los profesionales

1.1 El concepto de responsabilidad civil y sus vertientes contractual y extracontractual

1.2 La acepción de profesional y sus variables

1.3 El concepto de responsabilidad civil de los profesionales

1.3.1 Responsabilidad civil extracontractual de los profesionales

1.3.2 Responsabilidad civil contractual de los profesionales

2. Las diferentes obligaciones en cabeza de los profesionales y sus fuentes

2.1 Aproximación al concepto de obligación

2.2 Clasificación de las obligaciones

2.2.1 Concepto de las obligaciones de medios. Obligaciones de medios en los profesionales

2.2.2 Concepto de las obligaciones de resultado. Obligaciones de resultado de los profesionales

2.2.3 Concepto de las obligaciones de seguridad. Obligaciones de seguridad de los profesionales

2.3 Fuentes de las obligaciones

2.4 Fuentes de las obligaciones en cabeza de los profesionales

2.4.1 Medicina

2.4.2 Derecho

2.4.3 Ingenierías y sus profesiones auxiliares y afines

2.4.4 Otras profesiones, enfermería, psicología y contaduría

3. El incumplimiento de las obligaciones profesionales

Conclusiones

Bibliografía

Estudio 11. La ética y la diligencia inexcusables de los administradores

Mary Luz Hincapié Gómez

Introducción

1. Los administradores en las diferentes formas corporativas

1.1 Sector solidario

1.2 Otras entidades sin ánimo de lucro

1.3 Contratos de colaboración

1.3.1 Cuentas en participación

1.3.2 Consorcio

2. Gestión de los administradores

3. Conductas omisivas del administrador

4. Actuaciones desleales en las que puede incurrir el administrador

5. Los administradores en el derecho societario colombiano

5.1 Deberes y obligaciones de los administradores

5.2 Responsabilidad de los administradores

5.2.1 Responsabilidad frente a la sociedad

5.2.2 Responsabilidad frente a los accionistas

5.2.3 Responsabilidad frente a terceros

6. La disyuntiva: responsabilidad latente que coarta actuaciones, o la gestión libre, innovadora, competitiva y talentosa del administrador

6.1 La relatividad de la persona jurídica en los diferentes tipos societarios

6.2 Protección a la tarea de los administradores y a ellos mismos

Conclusión

Bibliografía

Estudio 12. ¿Quién responde por los daños causados con la construcción de edificios que se arruinan?

Mateo Posada Arango

Introducción

1. Panorama normativo y régimen de la responsabilidad civil o por daños causados con la construcción de edificios

1.1 Régimen contractual de responsabilidad civil o por daños causados por la confección del edificio y su garantía de estabilidad en los diez años siguientes a la ejecución de la obra

1.2 Régimen extracontractual de responsabilidad civil o por daños causados en el proceso de construcción de edificios

1.3 Régimen extracontractual de responsabilidad civil o por daños causados por la ruina de edificios en los diez años siguientes a la ejecución de la obra imputables a su construcción

1.4 Síntesis

2. Responsabilidad civil o por daños causados por la ruina de un edificio

3. Agentes que intervienen en la construcción de edificios

4. Quién responde por los daños causados con la construcción de edificios

4.1 Quién es el “empresario” o “guardián” de la edificación

4.2 Cómo imputar responsabilidad por los daños y perjuicios causados por la ruina de un edificio al “empresario” o “guardián”

5. Precisiones y consideraciones finales

Conclusiones

Bibliografía

Notas al pie

Presentación

Hace tres años, cuando iniciamos este proyecto, nos pareció muy ambicioso. Nunca nos alcanzamos a imaginar su verdadera magnitud. Pero gracias al apoyo incondicional y a la confianza de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, en cabeza de Camilo Piedrahíta, así como el de la Editorial EAFIT, liderada por Claudia Ivonne Giraldo, y el acompañamiento de nuestra editora Carmiña Cadavid, logramos salir adelante y superar todas las dificultades y obstáculos que se fueron presentando en el camino.

Ahora, ya en un plano más personal, para el desarrollo de esta obra también fue fundamental el apoyo constante e incansable de mi familia, pero, más concretamente, de mi hija Isabela y mi esposa Johanna, quienes son las grandes sacrificadas de este proyecto. Cada minuto que dediqué a esta obra, es un minuto que les quitaba, y aún así siempre en sus rostros obtenía una sonrisa y tenían palabras de apoyo y motivación. A ellas, gracias, gracias totales.

Es por todo lo anterior que hoy, en mi condición de coordinador académico, me place y enorgullece entregarle a la comunidad jurídica y académica el segundo tomo de esta gran obra colectiva Estudios de responsabilidad civil, anticipando, desde ya, que no será el último.

En este segundo tomo continuamos con el análisis sistemático y coherente que caracterizó al primero, de algunas de las diversas temáticas relativas a la responsabilidad civil, las cuales fueron abordadas con el mismo rigor académico e investigativo. Asimismo, cada uno de los capítulos fue escrito de cara a una pregunta problematizadora, lo cual guio la labor de cada uno de los autores.

Igualmente, he de precisarle al lector que, al tratarse de una obra colectiva, conformada por varios tomos, en este segundo continuaremos con la secuencia iniciada en el primero, es decir, partiremos del estudio 7, por cuanto la primera culminó con el 6.

Alejandro Gaviria Cardona

Editor Académico

Prólogo

Al atender la gentil invitación del doctor Alejandro Gaviria Cardona para prologar el segundo tomo del libro Estudios de responsabilidad civil, obra colectiva de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT en Medellín, procedo a hacerlo con el mayor de los gustos, porque ciertamente el ámbito académico de la responsabilidad civil en Colombia requiere de estos juiciosos análisis en orden a procurar, no solo la difusión de ese tópico jurídico, a mi juicio el más apremiante de los que componen la órbita del derecho privado, sino también el debate abierto y sin cortapisas de lo que en general representa el derecho de daños para lograr el ideal jurídico del equilibrio estable de los derechos e intereses humanos, como impronta de la responsabilidad civil al decir del gran pensador y humanista francés Louis Josserand, en las primeras décadas del siglo XX.

Esta referencia al ilustre decano de la Universidad de Lyon no es algo dicho al desgaire, sino una obligada alusión a quien tanto propendió por la configuración de la estructura actual de la responsabilidad civil en el mundo occidental. Ciertamente, esta institución le debe al insigne maestro francés la debida adecuación y concreción de viejos principios jurídicos a realidades presentes, de lo cual se deriva la aparición de muchos principios jurídicos nuevos que permiten a su vez la real concatenación entre la idea de hombre que hay en una sociedad y el ideal de convivencia que impera en un momento dado.

La institución de la responsabilidad civil permite, además, apreciar la evolución de las viejas y eternas verdades del derecho, porque como lo indicó el sociólogo francés Lucien Lévy-Bruhl, “no hay conquista del pensamiento humano, ni aún en el campo del derecho, que pueda considerarse definitiva e irrevocable, esto es, no sometida a ser combatida y aún suprimida durante un período más o menos largo, en uno u otro pueblo, en razón de las más diversas pasiones humanas , comprendidas las menos nobles, las cuales, siempre resurgiendo, hacen de la vida del derecho y de la vida en general, un drama sin fin”.1

Es un axioma acertado admitir, como lo perfiló Josserand, que, en materia de responsabilidad civil, la verdad de hoy no es la verdad de ayer pero tampoco será la verdad de mañana, sin perjuicio de acoger, igualmente, la idea de Mazeaud según la cual, en esta materia, “no hay nada nuevo bajo el sol”, porque, de distintas maneras, y bajo supuestos históricos distintos, aparecen esos viejos principios clamando por ser adaptados a los nuevos tiempos. A este respecto, valga como ilustración de esta idea el combate permanente entre la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva o, en otros términos, la lucha que gravita entre la culpa y el riesgo, a la manera de un péndulo, desde la época del antiguo derecho romano, pasando por el derecho justinianeo, el derecho medieval, el derecho germánico, el antiguo derecho francés y la época de la codificación iniciada con el Code Civil de 1804.

Expuesto lo anterior, en la obra que tengo el honor de prologar ahora, se abordan distintas temáticas de la responsabilidad civil, muy actuales, con una exposición acertada y sistemática de diversas tesituras que luchan por sobresalir, con una ilustrada exposición, asimismo, de posturas jurisprudenciales que le permiten al lector que se acerque a escudriñarlas formarse una idea cabal de la situación actual de la responsabilidad civil.

De este modo, se exponen tópicos de responsabilidad relacionados con la oponibilidad y su incidencia en la responsabilidad civil, la ética y la diligencia excusable de los administradores, las cláusulas modificatorias de la responsabilidad civil contractual, daños causados con la construcción de edificios que se arruinan, responsabilidad civil de los profesionales, y causales de justificación penal y su incidencia en la responsabilidad civil.

En relación con la oponibilidad y su incidencia en la responsabilidad civil, cuyo estudio –el número 7– acomete el doctor Juan Carlos Gaviria Gómez, si bien es cierto que, como se sabe, debe ser observado ante todo el postulado de la relatividad de los contratos o principio res inter alios acta –que surge de la noción misma de contrato, y que implica que la fuerza obligatoria inherente a tal reglamentación, en tesis general, puede afectar tan solo a quienes fueron sus autores–, la aplicación del principio de los efectos relativos de los contratos, sin embargo, no puede ser llevada al extremo de considerar que el contrato es solo asunto que interesa a los contratantes, en la medida en que terceros puedan verse afectados en la órbita de sus intereses por el incumplimiento de una o de ambas partes.

Naturalmente que tampoco puede servir el postulado res inter alios acta para impedir que terceros cómplices en la frustración de los designios del negocio queden sin la debida y condigna sanción indemnizatoria, fenómeno que de tiempo atrás se ha conocido en la doctrina y en la jurisprudencia con la denominación de responsabilidad del tercero cómplice de la violación de una obligación contractual, teoría que se sintetiza diciendo que “el tercero que ha tenido conocimiento de que un deudor al contratar con él tiene por objeto violar un contrato y el tercero se presta a esto, es responsable de esta falta, y de esta conclusión se ha llegado por vía de doctrina a esta otra: el acreedor burlado en derechos en virtud de un pacto simulado entre el deudor y un tercero y que le haga imposible la persecución de la cosa, puede dar perjuicios, no sólo al acreedor, sino el tercero cómplice”.2

En este primer capítulo de la obra que prologo, señala el autor que debe elucidarse si en la concepción del ordenamiento jurídico colombiano se puede reconocer un principio de oponibilidad del contrato, que implique admitir que los terceros –absolutos y relativos– deben respetar los contratos ajenos, sin interferir en su ejecución; e inclusive, invocar su existencia.

Para responder a este interrogante, parte el autor de la base de la ausencia de un reconocimiento explícito de la legislación nacional sobre el postulado en mención, lo que implica la revisión de: 1) normas que regulan casos particulares relevantes; 2) doctrina nacional y extranjera en la materia; y 3) sentencias emitidas por la Corte Constitucional y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

A lo largo del capítulo se desarrollan los temas señalados para destacar que es claro que el principio de oponibilidad no se corresponde ni puede ser confundido o asimilado con el principio del efecto relativo del contrato. Se trata de conceptos disímiles, dice el autor, tanto en su acepción como en las repercusiones que generan frente a las partes y frente a los terceros.

Como conclusión señala el autor que 1) en el ordenamiento jurídico colombiano se puede reconocer un principio de oponibilidad del contrato, que le impone a los terceros el respeto por el contrato ajeno; 2) dicho postulado no puede confundirse con el principio del efecto relativo del contrato; 3) el principio de oponibilidad del contrato tiene como presupuesto el conocimiento efectivo o potencial del contrato por el tercero y tiene como límite la afectación de un interés legítimo del tercero digno de especial protección; 4) el principio de oponibilidad no puede afectar el derecho a la libre competencia; 5) la infracción del deber de respeto del contrato ajeno puede estructurar un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, y 6) existen reglas del contrato que pueden amparar al tercero en los eventos en que se reclame de él la indemnización de los perjuicios por el incumplimiento contractual.

El estudio 8 de la obra se dedica a las cláusulas modificatorias de la responsabilidad civil contractual, desarrollado por la doctora Angélica María Reyes Sánchez. En su planteamiento, el estudio de estas cláusulas se aborda a partir de los principios de autonomía de la voluntad, libertad contractual y buena fe como referentes de validez del acuerdo de voluntades, precisando sus límites. La autora hace algunas precisiones conceptuales en torno a los elementos del contrato para destacar la existencia de elementos accidentales que otorgan amplio margen de negociación a las partes; para finalizar con las características de la responsabilidad contractual y sus elementos, especificando en qué medida podrían ser modificados por la voluntad de las partes, en el marco de una investigación jurídica realizada en torno al derecho de los consumidores en el ordenamiento jurídico colombiano.

Por supuesto, las estipulaciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad y con el alcance y sentido de las obligaciones que se asumen en un contrato siempre han estado presentes en mayor o menor medida en las relaciones de los particulares. En ese sentido, puede advertirse la existencia principalmente de cláusulas que tienden a exonerar al deudor de la responsabilidad consiguiente por incumplimiento de sus obligaciones, las que limitan a un monto el valor de la reparación y aquellas que modifican los términos legales para hacer efectivas las acciones judiciales. A las primeras se les ha denominado exonerativas o eximentes, a las segundas limitativas, y a las últimas, abreviadas.

El tratamiento de la doctrina clásica, enfrente de las estipulaciones exonerativas y limitativas, en términos generales, muestra una disposición de reconocerles validez, siempre y cuando no lleguen hasta la supresión de la culpa grave o el dolo, o no afecten derechos de la personalidad u otros relacionados en concreto con la salud o la integridad corporal, apoyada esta orientación en el derecho colombiano, en los artículos 1522 del Código Civil, según el cual “la condonación del dolo futuro no vale”, y en el artículo 16 del mismo Código en cuanto prescribe que “no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”.

El estudio 9, del doctor Alejandro Gaviria Cardona, está dedicado a las causales de justificación penal y su incidencia en la responsabilidad civil, especialmente la legítima defensa, el estado de necesidad, la orden de autoridad competente, el consentimiento del damnificado y el ejercicio de un derecho.

Para el autor de este capítulo, en la legislación civil no existe consagración expresa de las causales de justificación y mucho menos de sus consecuencias, pese a lo cual actualmente no se discute acerca de su incidencia en la responsabilidad civil. Señala con acierto que las causales de justificación pueden dar lugar a la exclusión de la reparación, aunque, en determinadas ocasiones, si bien desaparece la responsabilidad civil, el afectado tiene derecho al pago de una suma dineraria; si bien no a título de indemnización, es posible acudir a otras justificaciones, como, por ejemplo, la equidad. En cuanto a la legítima defensa, acota, exonera tanto a quien directamente actuó, como a aquellas personas llamadas a responder por su actuación e, incluso, al guardián de la actividad peligrosa. Por su parte, para el doctor Gaviria, si bien el estado de necesidad exonera la responsabilidad civil del agente, el afectado tiene derecho a un pago en razón de la lesión, el cual no será a título de indemnización sino de equidad, sin importar si se está en presencia de un estado de necesidad justificante o disculpante. Frente a la orden de autoridad competente, dice el autor, si la orden proferida es legal, no habrá responsabilidad patrimonial del superior ni de la entidad que la profirió, y mucho menos del agente que la ejecutó; por el contrario, si la orden no es ajustada al ordenamiento jurídico, tanto el superior como la entidad a la cual pertenece están llamados a responder patrimonialmente. En este evento, habrá, además, responsabilidad civil directa del agente ejecutor, siempre y cuando esta situación salte a la vista.

De acuerdo con el autor de ese estudio, para que el consentimiento del afectado exonere, debe recaer sobre derechos patrimoniales disponibles y, además, debe ser previo o, al menos, coetáneo, toda vez que, si es posterior, pese a que genera las mismas consecuencias, en estricto sentido, más que una causal de justificación constituye una renuncia a la indemnización. Finalmente, señala que todo ejercicio de los derechos no razonable es apto para hacer surgir el mecanismo de la responsabilidad civil, es decir, los derechos no pueden ser ejercitados sin ningún límite, de mala fe.

Ciertamente, la temática de este capítulo obliga a reflexionar acerca del sentido de la antijuridicidad, entendida en sentido amplio como la violación de deberes jurídicos con la consiguiente sanción a cargo de un sujeto de derecho, fenómeno jurídico que, desde luego, abarca diversos supuestos en la medida en que entran en juego variados deberes susceptibles de ser incumplidos, y de acuerdo con la finalidad que el ordenamiento positivo le asigna al incumplimiento. En lo que atañe a la responsabilidad civil, la sanción tiene un carácter resarcitorio al ocasionarse un daño derivado del incumplimiento del deber general de no causarlo a otro o de haberse incumplido deberes jurídicos concretos u obligaciones singulares y determinadas. En cuanto a la responsabilidad penal se refiere, la teoría clásica de lo ilícito informa que las normas amparan lo que se denominan “bienes jurídicamente protegidos”, por lo que al realizarse la conducta que prohíbe su violación surge una sanción de carácter punitivo a cargo del sujeto que ha satisfecho una de las condiciones previstas en la norma para su aplicación.

La relación entre ambos géneros de responsabilidad es pues indiscutible, dada la fundamentación de una y otra que participan por su propia naturaleza del carácter antijurídico, lo que no impide encontrar algunas diferencias, unas más marcadas que otras.

Por consiguiente, como el ordenamiento jurídico debe ser considerado como un todo armónico y sus distintas formulaciones deben estar debidamente concatenadas, pues en últimas busca imponer y garantizar la disciplina y la convivencia, y regular las variadas relaciones humanas mediante normas jurídicas que expresen la naturaleza y finalidad de sus contenidos, no puede existir contradicción entre las distintas instituciones que lo conforman.

El estudio 10 está dedicado a la materia de la responsabilidad civil de los profesionales, su análisis conceptual y su tratamiento en Colombia, obra del doctor Juan Sebastián Medina Ríos.

El estudio analiza la responsabilidad de los profesionales en Colombia y sus elementos estructurales, partiendo de la jurisprudencia, la doctrina nacional e internacional. El primer acápite despliega el concepto de responsabilidad civil de los profesionales, y para tal efecto aborda los conceptos de responsabilidad civil, responsabilidad contractual y extracontractual; se define al profesional y sus variables, su tratamiento en el ordenamiento jurídico colombiano y, por último, se trata el concepto de responsabilidad del profesional, en el plano contractual y extracontractual. El segundo apartado busca identificar los diferentes tipos de obligaciones de los profesionales, así como sus fuentes en Colombia, y para tal propósito describe la diferencia que existe entre deber y obligación, el concepto de obligaciones de medios, resultado y seguridad, y su presencia en las diferentes profesiones. El tercer y último acápite se ocupa de los eventos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los profesionales y sus consecuencias jurídicas en Colombia.

En el mundo moderno de la responsabilidad civil, y dentro de la finalidad de la institución que busca el pleno resarcimiento de los daños que una persona causa a otra, ineludiblemente hay que abordar el tópico de la responsabilidad profesional, tan en boga hoy en día, dado que las relaciones jurídicas que involucran actividades de esa índole constituyen, a no dudarlo, el gran entramado del derecho de daños, por la trascendencia de los intereses en juego que afectan a la comunidad y que obligan a estar atentos a su desenvolvimiento doctrinario y jurisprudencial; en aras, además, de hacer posibles los postulados de la reparación integral y de la equidad, que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 imponen como de ineludible cumplimiento en todo proceso que se surta ante la administración de justicia y que tengan por objeto la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas.

Cabe advertir que, en rigor, no existe una responsabilidad civil profesional autónoma o específica en el sentido de constituir una institución con caracteres propios o definidos; lo que existe es, desde luego, la aplicación y adecuación de los postulados y principios generales de la responsabilidad civil a actividades concretas en donde se encuentran involucrados sujetos que realizan labores habituales y continuas de prestación de servicios determinados. Sin embargo, por la importancia y trascendencia de las actividades que realizan los profesionales, el grado de diligencia y eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones exige del ordenamiento jurídico un tratamiento más riguroso que el que se dispensa a una persona corriente o normal en su comportamiento dentro del tráfico jurídico. Si bien es cierto entonces que la culpa profesional –entendida en términos generales como aquella en la que incurre una persona que ejerce una profesión por incumplimiento de los deberes u obligaciones que asume– no reconoce o responde a unas reglas particulares, sí ofrece contornos delimitados que afectan su apreciación y vienen a configurar en ese sentido una valoración con perfiles propios dado que la pericia exigida a los profesionales por los intereses generales involucrados y que afectan a la comunidad, no puede ser la misma con la que se ausculta el prototipo del buen padre de familia que constituye el estándar o patrón de comparación de la culpa común en abstracto. En este sentido, es dable afirmar así que la apreciación de la denominada culpa profesional debe hacerse no en relación con lo que habría hecho una persona diligente puesta en las mismas circunstancias que el autor del hecho, sino en lo que habría hecho un buen profesional en la gestión concreta de los asuntos involucrados en el juicio de responsabilidad y en las cuestiones en que se requiera examinar la conducta del implicado, dejando sentado, claro está, que existen actividades profesionales en las cuales el criterio de imputación es objetivo.

El estudio 11, escrito por la doctora Mary Luz Hincapié Gómez, indaga sobre la ética y la diligencia excusable de los administradores. Su propósito es dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es el efecto esperado de la aplicación de las normas de responsabilidad civil en situaciones dañosas derivadas de la gestión de los administradores? Para responderla, la autora hace un estudio bibliográfico, tanto doctrinal como jurisprudencial de los diversos temas asociativos para determinar y establecer los linderos entre gestión e iniciativa y la responsabilidad por acciones u omisiones que pudieran derivar perjuicios.

Se trata igualmente de un tópico de inocultable interés jurídico comoquiera que la responsabilidad de las sociedades comerciales es directa, y no con fundamento en el sistema de responsabilidad por el hecho de otro, según lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, especialmente a partir de la interpretación armónica que sobre el punto consideraron tanto la Sala de Casación Civil como la extinguida Sala de Negocios Generales, en sendas sentencias del 30 de junio de 1962. A partir de este supuesto, se ha impuesto la teoría del órgano, según la cual la persona jurídica actúa por medio de sus agentes y no hay lugar a aplicar la concepción de culpa in vigilando o culpa in eligendo, propia de las personas naturales, por cuanto no se puede predicar que frente a sus agentes dichos entes morales tienen una obligación de vigilancia o elección, desde el momento en que se reconoce a la persona jurídica, desde luego, plena capacidad para actuar en el comercio jurídico mediante la actividad de otros que estructuran su voluntad.

Por lo demás, y como otro desarrollo de los anteriores asertos, se tiene que, según interpretación de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, la responsabilidad de las sociedades comerciales queda comprometida cuando el hecho es cometido por los administradores, en ejercicio o con ocasión de sus funciones, fórmula amplia que ha sido aplicada y sostenida en el derecho colombiano en sentencias del 28 de octubre de 1975 y el 20 de mayo de 1993, entre otras. De igual manera, al adoptarse la teoría del órgano, la voluntad de la persona jurídica se exterioriza mediante la actuación de sus representantes, que deben moverse dentro del preciso marco de las potestades que se les haya conferido con el fin de cumplir el objeto social y la realización de los actos que permiten su desarrollo y existencia, por lo que, en el derecho colombiano, el artículo 200 del Código de Comercio establece, con la modificación introducida por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, que “los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o terceros”. Por su parte, el artículo 23 de la Ley 222 indica que aquellos deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, por lo que se puede concluir que, si se alude al prototipo de “buen hombre de negocios” y a la imputación de responsabilidad por culpa o dolo, necesaria e ineludiblemente se está en presencia de factores subjetivos, atributivos de responsabilidad, y no frente a aspectos objetivos, constitutivos de responsabilidad objetiva.

La doctora Hincapié Gómez desarrolla su análisis partiendo de determinar quiénes son los administradores en las diferentes formas corporativas, cuál es la gestión de los administradores, cuáles son las conductas omisivas del administrador, las actuaciones desleales en las que puede incurrir el administrador, para concretar después el rol de los administradores en el derecho societario colombiano, y así plantear la disyuntiva: responsabilidad latente que coarta actuaciones, o la gestión libre, innovadora, competitiva y talentosa del administrador, para concluir, según sus palabras, que desde la práctica se ha de entender que el interés social está soportado en los principales aspectos del derecho de sociedades, tales como el querer estar asociado, la diligencia puesta a disposición para la persecución del objetivo propuesto –que conlleva de suyo la inversión y el querer hacer–, la acertada elección de los administradores, la gestión de los mismos, la evaluación permanente de su gestión, y el cabal cumplimiento de las obligaciones de los socios para con la sociedad.

Por último, en el estudio 12, el doctor Mateo Posada Arango plantea el interrogante de quién responde por los daños causados con la construcción de edificios que se arruinan, y en resumen, sostiene con muy buen criterio que, en Colombia, la responsabilidad civil por daños y perjuicios causados con ocasión de la construcción de edificios puede ser contractual o extracontractual, como consecuencia de la desatención de acuerdos contractuales, el ejercicio de la actividad constructiva y, en los diez años siguientes a la entrega del edificio, por su ruina o amenaza de ella, total o parcial y analiza el papel de los distintos agentes que intervienen en la construcción de edificios, con el fin de determinar si les son atribuibles o no los daños y perjuicios causados por su ruina.

En materia de responsabilidad contractual, por supuesto, la medida y extensión, así como la naturaleza de la obligación asumida, le dan sentido y contenido a la obligación de indemnizar, por cuanto esta última tiene una función vicaria o sucedánea de aquella otra. En consecuencia, para precisar la naturaleza de la responsabilidad civil contractual de los empresarios y constructores, es necesario establecer a su vez cuál es la naturaleza de la obligación que contraen frente al comitente o dueño de la obra. Ante todo, es incuestionable que los constructores contraen una obligación de resultado teniendo en cuenta la naturaleza del contrato de obra, pues, en términos generales, existe contrato de obra cuando una persona pone a disposición de otra a título oneroso su actividad, de forma que le prometa la realización de una obra determinada o, en caso de que no se trate de una manifestación corpórea, la producción de un determinado resultado, como lo plantea J. W. Hedemann en su Tratado de derecho civil.

De esta descripción, surge de manera irrebatible la existencia de un resultado que las partes tuvieron en mente al celebrar el contrato, ya sea que ese resultado se materialice en una obra corpórea o que se contraiga a la actividad prometida exclusivamente, sin perjuicio de que ambos estén presentes, pues no son excluyentes.

En materia de responsabilidad civil extracontractual, de manera panorámica, puede decirse que todos los sistemas de responsabilidad civil, es decir, por el hecho propio, por el hecho de otro y por el hecho de las cosas, responden al postulado según el cual toda persona es responsable del daño antijurídico que ocasione a otro como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico a su cargo. La responsabilidad civil extracontractual derivada de la construcción encuentra su fundamento en la responsabilidad por causa de las cosas. En consecuencia, existe cuando el agente causante del daño incumple un deber jurídico relacionado con la custodia y vigilancia que se tiene sobre edificios, ya sea en el momento de la construcción, por razón de su ruina, por la demolición de estos o por un defecto de construcción.

En los anteriores términos dejo expuesto este prólogo con la seguridad de que estos estudios de responsabilidad civil constituyen un aporte muy valioso que, a no dudarlo, serán leídos con provecho por todos aquellos que se acerquen a estos temas con rigor científico.

Jorge Santos Ballesteros

Estudio 7 El principio de oponibilidad del negocio jurídico y su incidencia en el ámbito de la responsabilidad civil

Juan Carlos Gaviria Gómez*

https://doi.org/10.17230/9789587207026ch1

Introducción

En el ordenamiento colombiano se puede reconocer un principio de oponibilidad del contrato, que le impone a los terceros el respeto por el contrato ajeno, y que no se puede confundir con el postulado del efecto relativo de los negocios jurídicos. Dicho reconocimiento tiene como pilares la existencia de las formalidades de publicidad, el deber jurídico general de respetar intereses jurídicos ajenos, la pérdida de vigencia de distinciones tradicionales entre los derechos reales y los derechos personales, y la concesión a terceros de acciones excepcionales para cuestionar la eficacia de contratos en los que no fueron parte. La libre competencia se erige en un límite del principio. La infracción de dicho postulado puede ser fuente de responsabilidad extracontractual.

Ahora bien, el postulado de la relatividad o del efecto relativo de los negocios jurídicos, coherente con la autonomía privada, explica que por regla general los contratos no generan efectos jurídicos frente a terceros.

De allí que las disposiciones de los contratantes solo puedan, en principio, favorecer o afectar a las partes (o a sus causahabientes) o, en términos de la doctrina tradicional, generar derechos u obligaciones para ellas.

El reconocimiento de que el negocio jurídico no conlleva de manera directa una posición de ventaja (atribución) o de desventaja (imposición) para los terceros, no impide admitir que aquel puede proyectarse sobre la órbita de estos, incidiendo en su situación jurídica.

A este respecto, la Sala de Casación Civil ha explicado que

[...] el principio de la relatividad contractual [...] parece hacer una pausa para que los efectos del acuerdo de voluntades puedan extenderse un poco más allá de los lindes del acto, para tocar a quienes, a pesar de no estar explícitamente atados por la relación sustancial –en este caso la de mutuo– hállase en una posición especial que los compromete con las secuelas del negocio jurídico [...].1

En la misma línea, la Corte ha sostenido, en relación con la pertinencia de darle un alcance mayor al principio de relatividad, que:

En el pasado la Sala ha reconocido nuevas realidades que tozudamente buscan identidad, en especial, frente a los efectos relativos de los contratos, en tanto, dijo que tal principio es de los más “ampliamente explicados por los estudiosos del Derecho, pero también es el que más fácilmente es distorsionado”. Tratando de buscarle a esto una explicación, bien podría antojarse que todo empieza porque la frase sentenciosa con que suele identificarse el principio no termina por expresar de modo acabado el genuino sentido de tal fenomenología jurídica. A la verdad, decir a secas que el contrato no afecta a terceros, conlleva vaguedades. Sin necesidad de ir tan lejos dígase de entrada que todo contrato válido, como acaecer fáctico que es, impone el reconocimiento de su existencia por absolutamente todos; en este sentido, nadie podría desconocerlo, sin que quepa la idea, es cierto, de que sea un deudor propiamente dicho; asimismo podría sacarse provecho de esa existencia, sin que quien lo haga sea un acreedor literalmente hablando. No es estólido sostener desde ahí que el contrato es “oponible”. Y si contra esta abstracción, que de veras lo es, alguien se levantase y reclamara sin faltarle motivo para hacerlo, una explicación concreta sobre el particular, habría que recordar que no son pocos los casos en que los negocios jurídicos afectan o aprovechan a personas que no son sus celebrantes en sí […].2

La incidencia del negocio jurídico en la situación de los terceros –salvo casos de excepción, en los cuales aquel genera efectos jurídicos directos para estos–3 no tiene soporte en el principio del efecto relativo, sino en el reconocimiento de que le es oponible a los terceros.

La oponibilidad implica que el tercero no puede desconocer el contrato ajeno ni interferir en su desarrollo; pero, igualmente, que puede prevalerse del mismo.

De allí que estimo pertinente elucidar si en la concepción del ordenamiento jurídico colombiano se puede reconocer un principio de oponibilidad del contrato, que implique admitir que los terceros –absolutos y relativos– deben respetar los contratos ajenos, sin interferir en su ejecución; e inclusive, invocar su existencia.

El análisis que se propone parte de la base de la ausencia de un reconocimiento explícito de la legislación nacional sobre el postulado en mención, e implica la revisión de: 1) normas que regulan casos particulares relevantes; 2) doctrina nacional y extranjera en la materia; y 3) sentencias emitidas por la Corte Constitucional y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

1. Sobre el principio de oponibilidad

En la actualidad existe una tendencia en la doctrina extranjera a reconocer un principio de oponibilidad de los contratos que tiene sustento en el deber jurídico general de no causar daño a otro y en la no interferencia en las relaciones ajenas.

Dicha concepción parte de la base de admitir que todos los derechos subjetivos deben ser respetados, sin que se pueda pregonar una situación de ventaja o prerrogativa para los derechos reales, quedando superado el aserto de que mientras los derechos reales generan efectos jurídicos erga omnes, los derechos de crédito solo producen efectos jurídicos inter partes.

El contrato obliga no solo a sus otorgantes al cumplimiento de las reglas que lo regulan, sino que establece un marco de respeto de su existencia y de los efectos que produce, para todos aquellos que no hicieron parte de aquel, sobre la base de que hayan tenido conocimiento de este.

José Luis Lacruz Berdejo explica al respecto que:

El efecto vinculante se da entre las partes, pero los terceros no pueden pretender ignorar que ha tenido lugar: el contrato, con todas sus consecuencias, en principio es oponible a terceros. O sea: el efecto directo del contrato es la obligación que ha creado. Decir que el efecto del contrato es relativo, significa que el contrato no puede hacer nacer una obligación a cargo o en provecho de persona extraña a su conclusión; pero esto no suprime el deber de los terceros de respetar las relaciones que la convención ha establecido entre las partes: cuando éstas la oponen al tercero, no pretenden vincularle sin su voluntad extendiendo a él las deudas, sino hacerle respetar los efectos que dicho contrato ha producido entre ellos.4

En similar sentido, Miguel Federico de Lorenzo afirma que:

Cabe deducir, en consecuencia, que entre el principio de los efectos relativos (arts. 1195 y 1199 C.C.) y el alterum non laedere (art. 1109 C.C.) no existe un conflicto, sino dos planos de operatividad. Por el primero, se limita los efectos de las obligaciones contractuales a las partes y eventualmente a sus causahabientes; con el segundo, a diferencia, se extiende el deber de no dañar a los intereses que derivan del contrato. Esta distinción permite superar la confusión entre el problema de la eficacia contractual y el de la posibilidad de lesión de las posiciones contractuales por parte de terceros ajenos a ella. La “relatividad” contractual queda redimensionada: las obligaciones nacidas del contrato son relativas (art. 503 C.C.) en el sentido que sólo el deudor está obligado a su cumplimiento. Por el contrario, tanto la existencia del contrato como sus efectos son oponibles a todos. Con este entendimiento puede decirse que el crédito es también, como la relación real, como toda relación jurídica, un derecho absoluto: no con el alcance –se entiende– que todos los terceros están llamados a cumplirlo, sino en el sentido que todos los terceros tienen el deber de respetarlo no dañándolo injustamente.5

A su vez, Renato Scognamiglio se refiere a la implicación del negocio jurídico frente a terceros aduciendo que

[…] lo mejor es reafirmar que el negocio, unilateral o bilateral, sirve para la disciplina de los intereses privados, exclusivamente en lo que hace a sus autores, para quienes, del mismo modo, realiza sus efectos típicos. Otra cosa, y en esto consiste el problema, es que el contrato (negocio) constituya un acto valedero para todos, por la relevancia que adquiere en el mundo del derecho, y que por ello los llamados efectos contractuales se produzcan frente a todos. Esta oponibilidad a los terceros de los efectos jurídicos válidamente constituidos rebasa la eficacia del contrato en sentido estricto, en cuanto éste puede influir en la situación jurídica de otros sujetos, y se integra en el campo más amplio de las interfaces entre los derechos de los distintos sujetos a que da lugar la circulación de bienes donde debe examinarse los posibles conflictos entre aquellos.6 7

En la doctrina nacional, Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta exponen que la oponibilidad de los negocios jurídicos no se contrapone al principio de relatividad, pues este “[...] se limita a impedir que los agentes pretendan imponerles derecho u obligaciones concretos a los terceros”,8 mientras que con la inoponibilidad “se trata de evitar que estos, a su vez, invadan la órbita jurídica de las partes, negando la eficacia de actos que la propia ley reconoce”.9

Es claro que el principio de oponibilidad no se corresponde ni puede ser confundido o asimilado con el principio del efecto relativo del contrato. Se trata de conceptos disímiles, tanto en su acepción como en las repercusiones que generan frente a las partes y frente a los terceros.

Sobre la distinción que existe entre ambos principios contractuales –efecto relativo y oponibilidad–, Díez-Picazo y Gullón explican que

[...] una cosa es que el contrato no pueda crear derechos y obligaciones para terceros sin su consentimiento, y otra distinta que estos terceros tengan que contar con él y sus efectos, [...] con razón decía Ihering que todo negocio jurídico produce un efecto reflejo para los terceros porque, al igual que ocurre en el mundo físico, todo hecho jurídico no se puede aislar en el mundo jurídico, sino que se relaciona con su entramado.10

Delimitado el alcance del principio de oponibilidad, y diferenciado este con nitidez del principio de relatividad, resulta preciso fijar las condiciones para su reconocimiento en el ordenamiento jurídico colombiano.

2. El principio de oponibilidad de los contratos en el ordenamiento jurídico colombiano y los requisitos para su aplicación

Los principios que de manera explícita consagra la legislación civil colombiana con respecto a la etapa de ejecución de los contratos son el de normatividad, el de buena fe y el de diligencia y cuidado (artículos 1602 a 1604 del Código Civil).

La legislación de derecho privado en Colombia no consagra de manera expresa el principio de relatividad ni el principio de oponibilidad. La doctrina nacional reconoce de manera general el primero, pero no el segundo.

La falta de consagración expresa del principio de oponibilidad justifica el análisis acerca de si este puede o no ser admitido en la legislación colombiana como un postulado rector de los negocios jurídicos.

En la legislación nacional se regulan supuestos expresos que consagran la oponibilidad de ciertos negocios jurídicos, sobre la base de que las partes cumplan con una formalidad de publicidad, que se erige en el presupuesto para que los terceros deban respetar los efectos del acto jurídico ajeno, en el entendido de que se trata de actos que pueden incidir en la situación jurídica de aquellos.11

Son ejemplos de normas que consagran formalidades de publicidad: 1) el artículo 47 de la Ley 1579 de 2012 contentiva del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, en cuanto dispone que “Por regla general, ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de su inscripción o registro”; 2) el artículo 1960 del Código Civil al prescribir que la cesión del crédito le debe ser notificada al deudor, so pena de no producir efectos frente a este y frente a terceros; 3) el artículo 888 del Código de Comercio al establecer que la cesión de contratos de ejecución periódica o sucesiva y de ejecución instantánea que consten en escritura pública podrá realizarse por escrito privado, pero que la misma no producirá efectos frente a terceros “mientras no sea inscrita en el correspondiente registro”; y 4) el artículo 196 del Código de Comercio al disponer que las limitaciones y restricciones de las facultades de la persona que represente a la sociedad que no consten en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros.

El problema por elucidar es si se puede admitir la existencia, en cabeza de los terceros, de un deber jurídico de respetar los contratos respecto de los cuales la legislación no consagró formalidades de publicidad; y como antes se dijo, si dichos terceros pueden inclusive prevalerse del acto jurídico ajeno.

Existen dos posibilidades interpretativas: 1) entender que la exigencia de la formalidad de publicidad atañe a un asunto de interés especial, que le impone al tercero el deber excepcional de respetar el contrato ajeno, sin que sea posible reconocer un verdadero principio de oponibilidad; o 2) asumir que por principio, cuando el contrato ajeno es conocido por el tercero, las partes le pueden aducir su contenido; perspectiva dentro de la cual la formalidad de publicidad genera una especie de presunción no desvirtuable, de conocimiento del contrato, pero sin que la oponibilidad se agote en este supuesto.

Personalmente, encuentro razones idóneas para acoger el segundo criterio. En efecto, el deber jurídico genérico, ligado necesariamente al propósito de una convivencia social pacífica, implica el respeto por los intereses legítimos ajenos, en tanto no afecten a su vez intereses jurídicos propios dignos de mayor tutela. Así, siendo indiscutible que el contrato genera una situación jurídica que vincula a las partes y que tiene especial relevancia jurídica, en principio el tercero no tiene el poder de desconocer dicha relación, ni de afectar o interferir su cabal desarrollo.

De otro lado, y en respaldo del criterio que se defiende, solo por excepción la legislación les atribuye a terceros mecanismos jurídicos para impugnar negocios jurídicos ajenos, en tanto estos resulten lesivos de sus intereses jurídicos. Ello evidencia que el ordenamiento jurídico reconoce que los contratos pueden incidir en la esfera de terceros, y que, solo por vía de excepción, estos pueden entrar a desconocer dichos actos. En este contexto se destacan la acción de simulación y la acción pauliana.

Si bien la doctrina discute la naturaleza jurídica de dichas acciones,12 lo cierto es que la atribución de estas a terceros afectados tiene como base el reconocimiento de que tales contratos (el que entraña fraude pauliano o el simulado) no pueden afectar la situación jurídica de los terceros, es decir, que dichos negocios no les pueden ser oponibles.

Como dichos mecanismos –que tienden a evitar que los efectos del negocio se proyecten negativamente sobre la esfera de terceros– son excepcionales, ello permite afirmar que, en situaciones normales, vale decir, de no mediar el fin fraudulento, el contrato sí sería oponible al tercero.

Es incuestionable, además, que el ordenamiento protege al tercero que de buena fe se ampara en un negocio jurídico ajeno; y ello es así por cuanto el contrato originario le es oponible. Por ello, en eventos de simulación o de resolución del contrato, e inclusive de nulidad, la voluntad real de las partes o las fallas que se presenten en la ejecución del contrato o los vicios que afecten el negocio le son inoponibles al tercero, que se confió legítimamente en la seriedad y eficacia negocial.13

De allí que el principio de oponibilidad de los contratos se cimente en: 1) el deber de respeto por la situación jurídica ajena surge con independencia de que la misma involucre derechos reales o derechos de crédito, dignos ambos de tutela jurídica; 2) la buena fe como parámetro de conducta social; 3) la existencia de las formalidades de publicidad en relación con negocios jurídicos que en el orden normal de las cosas pueden tener incidencia frente a terceros; y 4) el carácter excepcional de los mecanismos jurídicos que le atribuyen a los terceros la posibilidad de incidir en la órbita del contrato ajeno.

De lo expuesto, igualmente se puede concluir que las condiciones para que se imponga el deber jurídico de respeto del contrato ajeno, son dos: 1) el conocimiento del contrato ajeno por parte del tercero, y 2) que dicho contrato no lesione un interés legítimo del tercero que merezca especial protección.

En relación con el primer punto, se enfatiza que dicho conocimiento debe ser efectivo en los casos en los que la legislación no impone la formalidad de publicidad, y potencial en los eventos en los que la legislación consagra dicho formalismo. Mientras que, en el primer caso, es necesario que se demuestre que el tercero sí conocía efectivamente el contrato (o por excepción, que estaba en una posición jurídica que le exigía su conocimiento), en el segundo caso el tercero no puede alegar el desconocimiento de la formalidad de publicidad cumplida, ni la buena fe para negar los efectos de la oponibilidad.

En lo concerniente al segundo punto, es preciso insistir en que el contrato le será inoponible al tercero en los casos en que este afecte un interés jurídico suyo que sea merecedor de especial tutela, tal como sucede: 1) con el acreedor cuando el acto ajeno le lesiona el derecho de crédito por afectar el patrimonio del deudor como prenda general de garantía; 2) con el cónyuge en los eventos de lesión de los gananciales; o 3) con el representado, cuando el representante excede los poderes conferidos.

Pero igualmente, la imposición del deber de respeto del contrato ajeno encuentra un límite concreto en el postulado de la libre competencia, de tal forma que, si el negocio jurídico va en contravía de esta, dicho acto le es igualmente inoponible al tercero, salvo que el ordenamiento jurídico haya adoptado otro remedio jurídico frente a tal situación.

Sobre la libre competencia la Corte Constitucional ha afirmado que

[…] es una garantía constitucional de naturaleza relacional. Quiere esto decir que la satisfacción de esta depende del ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control de las actuaciones de los agentes que concurren al mercado, con el objeto de evitar que incurran en comportamientos abusivos que afecten la competencia o, una vez acaecidos estos comportamientos, imponer las sanciones que prevea la ley. Sobre el particular, la Corte ha insistido en que “se concibe a la libre competencia económica, como un derecho individual y a la vez colectivo” (artículo 88 de la Constitución), cuya finalidad es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa sólo como garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades.

[...] Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado.14

Este carácter relacional de la libre competencia económica también ha servido para que la jurisprudencia constitucional defina las libertades básicas de los participantes en el mercado, que operan como mecanismos para resolver la tensión generada por los intereses opuestos de dichos agentes. Así, a partir de la revisión de la doctrina sobre la materia, la Corte ha dispuesto que estas libertades refieran a:

a) la necesidad que los agentes del mercado puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones que por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades; b) la libertad de los agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las condiciones y ventajas comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que requieren.15

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha privilegiado el principio de libre competencia afirmando que:

La competencia, esto es, la oposición de fuerzas entre dos o más rivales entre sí que aspiran a obtener algo, tiene su significado propio en el campo de las relaciones mercantiles, pues aquello que se busca obtener no se consigue como fruto de un esfuerzo momentáneo, sino como resultado de un proceso en el que influyen factores de muy diversa índole, tales como el prestigio comercial, la calidad de los productos o servicios ofrecidos, los antecedentes personales y profesionales del empresario, las condiciones de precios y de plazos, la propaganda y el lugar de ubicación de los establecimientos de comercio.

Considerada objetivamente, la competencia debe significar una emulación entre comerciantes tendiente a la conquista del mercado con base en un principio según el cual logrará en mayor grado esa conquista el competidor que alcance la mejor combinación de los distintos elementos que puedan influir en la decisión de la clientela.

Así concebida la competencia, encaja perfectamente dentro del esquema de la libertad de empresa (art. 32 C.N., hoy art. 333) y, por tanto, la posibilidad de competir por la clientela se convierte en un verdadero derecho para el empresario, garantizado en las disposiciones constitucionales [...].16

Se sigue de lo expuesto que los negocios jurídicos que atenten contra el dinamismo del mercado, contra la libertad de los agentes que intervienen en este o contra la libertad de elección del consumidor son inoponibles a terceros, sin perjuicio de que, como antes se dijo, la legislación imponga otras consecuencias jurídicas (v. g. nulidad o ineficacia), que igualmente tienden a su protección evitando abusos de posición dominante, monopolios, prácticas restrictivas o desigualdades significativas.

Los parámetros teóricos planteados parecen claros, pero su aplicación a casos concretos suscita serias dudas, advirtiendo que el desarrollo jurisprudencial en Colombia en la materia es incipiente.

Así, ¿si A y B celebran un contrato de promesa, y C conoce de la existencia de dicho contrato, ello sería óbice para que C le formule una oferta a A que pudiera dar al traste con el cumplimiento del contrato de promesa?

Desde una óptica –coherente con el derecho anglosajón– C podría justificar su conducta en la libertad negocial, e inclusive en la libre competencia, aduciendo que tal libertad no puede ser limitada por la decisión de terceros. El negocio preparatorio celebrado por las partes no podría impedir que un tercero en procura de sus intereses y del dinamismo económico, formule una mejor oferta, sin que ello –salvo cuando haya un fin abusivo o torcido– le acarree responsabilidad.

Desde otra perspectiva, la conducta de C comportaría una infracción del deber jurídico de respetar la situación jurídica ajena creada por el contrato (violación del principio de oponibilidad), que lo haría responsable de los perjuicios generados por el incumplimiento contractual que le es imputable.

Personalmente –y admitiendo la dificultad del caso propuesto–, considero que la conducta del tercero sería constitutiva de una conducta jurídicamente reprochable, dado que sobre él pesaba el deber jurídico de respetar el contrato ajeno, sin que su interés personal pueda anteponerse al del respeto de la situación jurídica ajena consolidada.

El contrato parece ser el punto de partida para predicar la existencia del deber jurídico referido, estimando que el mismo no debe ser extensivo a una situación antecedente como la de la oferta, teniendo en consideración que en esta etapa negocial el oferente cuenta con la potestad de revocar la oferta indemnizando los perjuicios que genere como consecuencia de la lesión del interés negativo del destinatario.17

Diferente es el caso de un pacto que entrañe una afectación del derecho a la libre competencia, tal como ocurre con ciertas cláusulas de exclusividad o de acuerdos de precios, que tienden a limitar la circulación de productos, afectando el mercado y a los consumidores.

En relación con las cláusulas de exclusividad, la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 1997, al analizar la constitucionalidad del artículo 19 de la Ley 256 de 1996, indicó que:

La interdicción de la ley no se predica de todos los pactos de exclusividad que se convengan en los contratos de suministro. Sólo se aplica la prohibición a las cláusulas que tengan por objeto o como efecto “restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios”.

Agregando que

El examen de estricta proporcionalidad de una disposición legal que injiere en la libertad de empresa, postula que la intervención debe fundarse en un bien, fin, o interés que exhiba una jerarquía constitucional por lo menos semejante a la libertad afectada y que la restricción sea necesaria y no represente para el titular del derecho costos o cargas excesivas, sin perjuicio, desde luego, de la función social que debe cumplir la empresa y de la observancia de los límites que a ésta señala el artículo 333 de la C. P. 18

El criterio planteado por la Corte Constitucional, que implica una ponderación de intereses jurídicos, permite reafirmar que la libre competencia se erige en un límite al principio de oponibilidad de los contratos, sin que tal aserto se resquebraje por el hecho de que en algunos supuestos las cláusulas que comporten afectación a la libre competencia tengan como consecuencia jurídica la nulidad absoluta o la ineficacia del acto jurídico, puesto que finalmente, lo que se pretende, es evitar que los intereses legítimos de los terceros se vean afectados por el contrato ajeno.

3. Efectos de la violación del principio de oponibilidad. La responsabilidad civil

La trascendencia del reconocimiento del principio de oponibilidad del contrato se concreta especialmente en que su violación podría ser fuente de responsabilidad civil, que le impondría al tercero indemnizar los perjuicios generados por el incumplimiento contractual suscitado con su conducta, con independencia de que esta se haya verificado a través de otro negocio jurídico o haya consistido en un acto material.

Cuando el contrato ajeno es vulnerado por un negocio jurídico subsiguiente celebrado por el tercero, normalmente en complicidad con una parte contractual, el efecto jurídico es igualmente indemnizatorio, sin que de dicho acto se pueda predicar ineficacia o más concretamente, un vicio de nulidad, excepto que el mismo entrañe una causa ilícita (v. g. cuando el móvil determinante es el de afectar la relación jurídica ajena).

La doctrina tiende a situar la responsabilidad del tercero en el ámbito extracontractual, en el entendido de que esta no tiene origen en el incumplimiento de una obligación previa, sino en la violación del deber jurídico general, sin que tal posición sea del todo pacífica.

Geneviève Viney expone al respecto que:

La cuestión es discutible: en favor de la tesis contractual, se puede hacer valer que ella presenta vínculos con el contrato puesto que es la sanción de “la obligación de inviolabilidad”, pero el hecho de que sea imputada a un tercero al contrato condujo a la mayoría de la doctrina a defender la calificación extracontractual que es consagrada por los tribunales constantemente. Sin embargo, esta referencia de principio no elimina las dificultades que afectan tanto las condiciones como los efectos de esta responsabilidad.19

Parece difícil defender de manera consistente la tesis de la responsabilidad contractual, precisamente por el principio del efecto relativo de los negocios jurídicos. Si bien la celebración del contrato está generando para el tercero el deber de respetarlo, este deber no tiene como fuente el negocio jurídico mismo, sino el deber general de respeto por la situación jurídica ajena. Dicho deber jurídico no se puede confundir con las obligaciones que emanan del contrato, y es solo el incumplimiento de estas el que estructura la responsabilidad contractual.

Se considera que el tercero debe responder bajo los criterios del régimen de responsabilidad civil extracontractual, esto es, con fundamento en la trasgresión del deber general de comportamiento de no causar daño injustificado a otro, pues el tercero no se haya vinculado a las partes por ninguna clase de pacto contractual que regule su comportamiento, ni por una obligación previa, la cual no puede confundirse con un deber de abstención derivado del deber jurídico general.

Según lo expone Christian Larroumet:

Como la existencia del contrato celebrado entre dos personas se impone a terceros, estos no podrán actuar de tal manera que su comportamiento demuestre que no se proponen tener en cuenta la existencia del contrato. Si su comportamiento es fuente de perjuicio para uno de los contratantes, estarán obligados a repararlo. Sin embargo, aunque ciertos autores hayan podido admitir lo contrario, se trata de una responsabilidad extracontractual de los terceros, la cual los obliga a reparar el daño causado sobre el fundamento de los arts. 1382 y 1383 del C. C. En efecto, puesto que los terceros no están obligados al cumplimiento de una obligación contractual, no es posible obligarlos a la reparación del daño con base en la responsabilidad contractual. Pero esto no impide sostener una culpa en su contra, culpa que consiste en haber obrado con desconocimiento de los derechos conferidos a otro por un contrato cuya existencia no tiene la intención de respetar. En realidad, los terceros habrán perjudicado a uno de los contratantes con el establecimiento de relaciones con el otro contratante, ya que estas relaciones no son compatibles con las que resultan del contrato del cual es parte la víctima. Esta es la razón por la cual se considera que hay complicidad de un tercero en la violación de su obligación contractual de parte del contratante que establece relaciones con el tercero.20

Valga advertir que se debe acudir al principio general de responsabilidad civil por el hecho propio (culpa probada), consagrado en el artículo 2341 del Código Civil, el cual es aplicable a todos aquellos eventos que no pueden ajustarse a alguna de las tipologías especiales que ofrece el catálogo de la responsabilidad extracontractual.

Finalmente, se resalta que la calificación del supuesto dañoso dentro del ámbito de la responsabilidad civil extracontractual no está exenta de problemas, especialmente en lo que concierne a los perjuicios susceptibles de ser indemnizados y a la cuantía de la indemnización.

La aplicación de las reglas del régimen de responsabilidad contractual determina que en principio solo sean indemnizables los perjuicios directos previsibles, mientras que las reglas de la responsabilidad extracontractual determinan que sean indemnizables todos los perjuicios directos.

Igualmente, las partes contractuales pueden haber pactado en desarrollo de la autonomía privada cláusulas limitativas de indemnización o cláusulas penales, en aras de regular el ámbito del perjuicio que se generaría por el incumplimiento del contrato.

En tales eventos, el problema que se genera es el de establecer si el contratante afectado por el incumplimiento puede reclamar del tercero una indemnización de perjuicios superior a la prevista en el contrato amparado en las reglas de la responsabilidad civil extracontractual, o si puede valerse de reglas contractuales ventajosas, como la cláusula penal, para efectos de obtener la indemnización del tercero.

La aplicación del principio del efecto relativo del contrato pareciera rechazar la posibilidad de extender tales cláusulas al tercero, puesto que, como ya se explicó, las reglas del contrato no vinculan ni se hacen extensivas a este.

Sin embargo, ello puede ocasionar situaciones paradójicas, como la antes planteada (permitir que el contratante víctima del incumplimiento obtenga del tercero una indemnización superior a la que podría reclamarse a la parte).

Estimo que, en estos casos, la ortodoxia jurídica debe ceder, en el entendido de que cuando se pactó la cláusula limitativa de la indemnización, la parte contractual reconoció el tope máximo del perjuicio que podría sufrir por el incumplimiento del contrato, y tal reconocimiento le es oponible al tercero.

En sentido contrario, considero que la cláusula penal no le sería extensiva al tercero, puesto que ella comporta unas ventajas probatorias que el tercero en ningún momento aceptó conceder. La regla general es que la víctima debe probar el perjuicio y su cuantía, y la alteración de esta regla por convenio entre las partes, le es inoponible a un tercero, pues comportaría la afectación de derechos dignos de tutela, como el que concierne al debido proceso.

Aunque se pueda aducir incoherencia en las dos soluciones planteadas, estimo que se trata de dos problemas diferentes y por ello no deben ser resueltos bajo un mismo criterio.

Conclusión

Conforme a los planteamientos precedentes, se puede concluir que 1) en el ordenamiento jurídico colombiano se puede reconocer un principio de oponibilidad del contrato, que le impone a los terceros el respeto por el contrato ajeno; 2) dicho postulado no puede confundirse con el principio del efecto relativo del contrato; 3) el principio de oponibilidad del contrato tiene como presupuesto el conocimiento efectivo o potencial del contrato por el tercero y tiene como límite la afectación de un interés legítimo del tercero digno de especial protección; 4) el principio de oponibilidad no puede afectar el derecho a la libre competencia; 5) la infracción del deber de respeto del contrato ajeno puede estructurar un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, y 6) existen reglas del contrato que pueden amparar al tercero en los eventos en que se reclame de él la indemnización de los perjuicios por el incumplimiento contractual.

Bibliografía

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Díez-Picazo, Luis María y Antonio Gullón, Sistema de derecho civil, vol. II, Madrid, Tecnos, 2001.

Jaramillo V., Hernando, La acción pauliana: Resolución contractual por incumplimiento. Bogotá, Editorial Temis, 1986.

Lacruz Berdejo, José Luis et al., Derecho de obligaciones: Parte general. Teoría general del contrato, vol. I, Madrid, Editorial Dykinson, 2000.

Larroumet, Christian, Teoría general del contrato, vol. I, trad. Jorge Guerrero R., Bogotá, Editorial Temis, 1993.

Ospina Fernández, Guillermo y Eduardo Ospina Acosta, Teoría general de los actos o negocios jurídicos, Bogotá, Editorial Temis, 1987.

Scognamiglio, Renato, Teoría general del contrato, trad. Fernando Hinestrosa, Bogotá, Editorial Universidad Externado de Colombia, 1996.

Viney, Geneviève, Tratado de derecho civil: Introducción a la responsabilidad, trad. Fernando Montoya Mateus, Bogotá, Editorial Universidad Externado de Colombia, 2007 (obra original publicada en 1995).

Normas

Artículos 1602-1604 y 1960 del Código Civil.

Artículos 196 y 888 del Código de Comercio.

Artículo 47 de la Ley 1579 de 2012.

Sentencias de la Corte Constitucional

Expediente: D-1698 (C-535 de 1997), M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Expediente: D-3367 (C-815 de 2001), M. P. Rodrigo Escobar Gil.

Expediente: D-7865 (C-228 de 2010), M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

Expediente: 3939 (SC3939), 12 de septiembre de 1995, M. P. Nicolás Bechara Simancas.

Radicado: 1999-00449-01 (SC1999-00449), 28 de julio de 2005, M. P. Manuel Isidro Ardila.

Radicado: 11001-3103-020-2002-00026-01, 27 de noviembre de 2008, M. P. Edgardo Villamil Portilla.

Radicado: 110013103033-2004-00080-01, 1.º de diciembre de 2015.

Estudio 8 Cláusulas modificatorias de la responsabilidad civil contractual

Angélica María Reyes Sánchez*

https://doi.org/10.17230/9789587207026ch2

Introducción

La satisfacción de necesidades, la adquisición de bienes, la prestación de servicios y, en general, múltiples actividades humanas, son posibles en el marco de una relación jurídica que se fundamenta en principios como la buena fe, la autonomía de la voluntad y la libertad contractual; y se concreta en la negociación y celebración del contrato, entendido como “un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas”.1

El contexto descrito, corresponde a la denominada relación jurídica contractual y supone la participación de dos partes con derechos, intereses y responsabilidades propias, con una fuente específica: el contrato, toda vez que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.2

Ese carácter vinculante del contrato se fundamenta en el acuerdo de voluntades obtenido de manera autónoma, libre y de buena fe, sin menoscabo de las normas de orden público o las buenas costumbres; en consideración de aquellas cosas que le son esenciales, naturales o accidentales y de las cuales dependen los términos y condiciones de la ejecución del objeto contractual, esto es, el cumplimiento o no del mencionado acuerdo y, en consecuencia, la posibilidad para la parte cumplida de exigir responsabilidad contractual a su favor.

En el marco de la autonomía de la voluntad, la libertad contractual y la buena fe, las partes del contrato procuran la inclusión de todas y cada una de las eventualidades que lo rigen; entre ellas se ha reconocido la existencia de un conjunto de cláusulas particulares que modifican los efectos de la responsabilidad civil contractual, de allí que los intereses del presente capítulo se concentren en las denominadas cláusulas contractuales de responsabilidad civil.

Este estudio es el resultado conceptual y teórico de una investigación jurídica en torno a los derechos de los consumidores, titulada “Fundamentos normativos de la mediación en línea de los conflictos derivados del comercio electrónico transfronterizo: estudio del caso Mercosur y CAN”, y expone uno de los componentes de la relación contractual: las cláusulas modificatorias de la responsabilidad civil, base conceptual para comprender la relación de consumo en cuanto relación contractual, actividad adelantada al interior de la investigación al “describir el comercio electrónico transfronterizo como relación negocial de consumo a fin de comprender los principales conflictos que de ella se derivan”,3 entre los que se encuentran, sin duda, las consecuencias de las cláusulas modificatorias de la responsabilidad civil contractual; en tal sentido, se presenta la base conceptual y normativa de estas cláusulas.

Los resultados se derivan de una investigación jurídica de alcance explicativo y enfoque cualitativo con el uso de las reglas de las enumeraciones y repeticiones, a partir de la pregunta: ¿cómo se modifica la responsabilidad civil contractual, en el ordenamiento jurídico colombiano?

Para abordar el tema propuesto, se emplea la misma metodología del proyecto de investigación que le sirve de soporte, presentando los resultados a partir de una referencia a los principios de autonomía de la voluntad, libertad contractual y de contenido y la buena fe, como fundamento de la relación contractual y como base de la consideración de las cláusulas contractuales de responsabilidad. En este sentido, se establecen algunas precisiones conceptuales sobre los elementos esenciales, naturales y accidentales del contrato, a fin de referir los componentes afectados por las consideraciones contractuales de responsabilidad, y las particularidades de la responsabilidad civil contractual para la comprensión de las posibilidades de negociación de términos. Por último, se exponen las características, elementos e implicaciones generales de las cláusulas modificatorias de la responsabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano.

1. Principios en la actividad contractual 4

Todo acuerdo de voluntades supone el surgimiento de obligaciones y derechos y, atendiendo a dichas implicaciones, exige de parte de quien se obliga un ejercicio responsable de su autonomía y libertad, en aras de celebrar y cumplir lo pactado, en el marco de la buena fe. De allí que la consideración de todas las circunstancias contractuales, incluyendo las denominadas cláusulas contractuales de responsabilidad civil, obedezcan a esos tres principios, que se esbozan a continuación.

La autonomía de la voluntad es concebida como la potestad del ser humano para autodeterminarse, de acuerdo con sus consideraciones personales, incluso morales, y en este sentido, se han formulado diversas teorías en torno suyo, resaltándose aquella en virtud de la cual la autonomía es la “potestad para comportarse”,5 que en el marco del contrato se traduce en la potestad de actuar en función de una relación jurídica, ya sea para crear, modificar o extinguir los efectos de esta en el contexto jurídico; de allí que el acuerdo de voluntades sea producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, esta autonomía no es absoluta, pues el contrato debe nacer a la vida jurídica y ejecutarse en el marco de la buena fe, sin desconocer los límites que el orden público y las buenas costumbres han marcado.

De lo anterior se colige que el alcance de la autonomía de la voluntad se relativiza por los límites legales establecidos; pero, además, con los límites que se han impuesto en el marco de la protección constitucional de los derechos de terceros, el bien común y el principio de solidaridad, en función del denominado fenómeno de la constitucionalización del derecho, que si bien no es objeto de estudio en este capítulo, sí demarca un escenario que debe ser observado por las partes en desarrollo de la actividad contractual, toda vez que exige un ejercicio responsable de la libertad contractual, sin abuso del derecho o de la posición dominante, lo que implica la disminución de espacios de libre intercambio entre los particulares, pues siempre debe concebirse la autonomía de la voluntad sujeta a los parámetros de la buena fe y “debe comprometerse con la realización de propósitos igualitarios, redistributivos y orientados hacia el bien común”.6

El ejercicio de la autonomía de la voluntad posibilita otras libertades, entre ellas la libertad contractual, es decir, la facultad de decidir si se contrata o no y con quién se contrata, así como la libertad de contenido, es decir, definir los términos y las formas en las que se celebrará el contrato. Por ello, en el proceso de formación del acuerdo “la libertad de contratar responde a un momento estático y la libertad de contenido responde a un momento dinámico, dentro del negocio jurídico”,7 en virtud de los cuales las partes definen las formas y contenidos de su relación jurídica contractual, entre ellos la inclusión o no de cláusulas de responsabilidad civil.

Es por ello por lo que las libertades derivadas de la autonomía de la voluntad se conciben como un segundo principio contractual, atendiendo al “poder normativo que otorgan a los particulares para autorregular sus intereses por medio de sus propias relaciones contractuales”,8 puesto que esa determinación y la forma en que se hace será la que produzca efectos de ley para las partes, al encontrarse soportada en el ejercicio legítimo de la autonomía de la voluntad.

La libertad contractual y de contenido tampoco son absolutas, toda vez que responden a las mismas limitaciones de la autonomía de la voluntad que les sirve de fundamento, de allí que, en el siguiente acápite, sea necesario precisar algunas particularidades de los elementos que son de la esencia, de la naturaleza y accidentales del negocio jurídico. Los primeros, de obligatoria observancia para las partes que pretenden el perfeccionamiento de su acuerdo; los segundos como supletorios de su voluntad, y los terceros como máxima expresión de autonomía y libertad, en cuyo contexto nacen las cláusulas de modificación de la responsabilidad.

Como tercer principio contractual, la buena fe exige que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”,9 y al concretarse en la relación contractual, exige que “los contratos deben ejecutarse de buena fe”,10 integrándose de manera directa con todos “aquellos deberes que emanan de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella”.11

Por lo anterior, la buena fe debe estar presente en todos los momentos del contrato, esto es, desde su formación, pasando por su celebración y finalizando con la ejecución de los términos establecidos para el tipo contractual requerido y definido por las partes; así se colige de la consideración que el mismo Código Civil expresa, al considerar que la actuación de buena fe obliga a lo considerado dentro del negocio jurídico y a “todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”.12 Así lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia al concebir la buena fe como un instituto que

se proyecta a lo largo de las diferentes fases que, articuladas, conforman el plexo contractual –en un sentido amplio–: la atinente a la formación del negocio jurídico, lato sensu (fase formativa o genética), la relativa a su celebración (fase de concreción o de perfeccionamiento) y la referente a su desenvolvimiento, una vez perfeccionado (fase ejecutiva; de consumación o post-contractual).13

Esa concepción de la buena fe como un principio latente en todo negocio jurídico, exige a las partes una conducta permanente de rectitud que vele por el adecuado diseño y ejecución del negocio, que guarde los intereses de las partes; de allí que se conciba como límite o marco de actuación de la autonomía de la voluntad y las libertades derivadas, ya mencionadas.

En función de las denominadas cláusulas contractuales de responsabilidad civil, los principios de autonomía de la voluntad, libertad contractual y de contenido y la buena fe, sirven como fundamento para su establecimiento y ejecución, en la medida en que son las partes quienes, en ejercicio de su autonomía y libertad, deciden sobre su inclusión o no, otorgando validez al acuerdo, siempre que las mismas hayan sido objeto de negociación, se ajusten a los límites establecidos por la ley, el orden público y las buenas costumbres y se predique de ellas la buena fe. Así, se reconoce que las

cláusulas modificatorias de la responsabilidad son válidas con fundamento en la autonomía privada, pero deben respetar los límites de validez, los cuales tienen como fundamento el orden público que incluye las normas imperativas, la buena fe y las buenas costumbres, que buscan proteger el equilibrio contractual en beneficio del bien común.14

Los principios mencionados establecen el marco de actuación para las partes, en virtud del cual la declaración o exteriorización de la voluntad se manifiesta y, cumpliendo los elementos esenciales del negocio pretendido, el acuerdo produce los efectos de ley, siempre que se haga con los medios o con las solemnidades establecidas en la ley para que sea reconocido por el derecho con las condiciones establecidas por las partes, razón por la cual, a continuación, se hace mención de aquellos elementos que son de la esencia, la naturaleza y accidentales al negocio jurídico.

2. Elementos contractuales de carácter esencial, natural y accidental

Se ha advertido, de manera enunciativa, la existencia de unos principios en la actividad contractual, como fundamento para la celebración, perfeccionamiento y ejecución de la relación jurídica y que dichos principios están sujetos, entre otros, a la observancia de disposiciones que garantizan su existencia y que le dan validez. Pues bien, dichas disposiciones obedecen, en primera medida, a elementos contractuales de carácter esencial, que son complementados por elementos de carácter natural y accidental.

Esas disposiciones que hemos denominado elementos contractuales están definidas por el Código Civil colombiano como aquellas cosas que se distinguen en cada contrato. Cosas que son de su esencia, de su naturaleza y las puramente accidentales:

Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.15

En función de la libertad contractual y de contenido, las partes tienen un marco de actuación restringido en los elementos esenciales y naturales; mientras que gozan de amplio margen de decisión en los elementos accidentales. Los primeros son de naturaleza obligatoria, vinculante e impositiva para que el contrato produzca efectos amparados por el ordenamiento jurídico y responda a las necesidades contractuales de las partes; los segundos son de naturaleza vinculante supletoria de la voluntad de las partes, en la medida en que se entienden incluidos dentro del acuerdo, aún sin consagración expresa, y en aras de garantizar el adecuado desarrollo del mismo; los últimos deben ser consagrados expresamente por las partes, quienes han de definir su alcance y contenido para que produzcan los efectos esperados por su voluntad declarada, sin la cual no podrá exigirse ni perseguirse su cumplimiento.

En el marco general del contrato, los elementos mencionados interactúan de manera armónica, en función de la finalidad para la cual fue celebrado; sin embargo, en el proceso de formación las partes deberán hacer un ejercicio consciente sobre la naturaleza de cada uno, a la hora de definir el contenido contractual.

Sobre los elementos esenciales, una vez definido el tipo contractual, las partes están obligadas a definir el contenido de los componentes necesarios para la existencia del negocio, consagrando de manera expresa sus particularidades. Respecto a los elementos naturales, se consagren o no expresamente como contenido contractual, regirán la relación jurídica en los términos establecidos por la ley; y, por su parte, los elementos accidentales deberán ser considerados y declarados expresamente dentro de las estipulaciones contractuales para que produzcan efectos.

Para ilustrar lo referido, pensemos como ejemplo que José está necesitando un celular y ha encontrado que Daniel ya no necesita el suyo porque desea adquirir otro, por lo cual han conversado sobre la posibilidad de que Daniel entregue a José su celular y a cambio este reconocerá como contraprestación una suma de dinero determinada. Para establecer la relación jurídica de nuestro ejemplo, es necesario advertir que la misma implica que Daniel transfiera su derecho de dominio sobre el celular a favor de José, por lo que la figura contractual a celebrar corresponde al contrato de compraventa de bien mueble. Definida la figura contractual, las partes deberán establecer como elementos esenciales el precio y la cosa; mientras que podrán o no acordar el plazo para el pago y la entrega, pues en el evento de estipularse serán en la forma y momento definido por las partes; mientras que, de no estipularse, la ley suplirá la voluntad de las partes advirtiendo que el pago deberá hacerse una vez perfeccionado el contrato –esto es acuerdo de precio y cosa– y la entrega una vez efectuado el pago. Con estos elementos ha quedado perfeccionado el contrato y solo bastará que las partes cumplan con sus obligaciones de pago y entrega. Sin embargo, si las partes han querido establecer alguna circunstancia adicional o especial que solo a ellos interesa, deberán consagrarla expresamente; por ejemplo, pensemos que Daniel le ha comentado a José que la cámara del celular NO funciona de manera adecuada, circunstancia que José acepta pues la necesidad para adquirir el celular es para comunicarse mediante llamadas entrantes y salientes, por lo que establecen como cláusula específica que la responsabilidad de Daniel recaerá sólo sobre los daños que impidan el funcionamiento del equipo para los propósitos contratados, por lo cual José no podría, eventualmente, reclamar por los daños sobre la cámara, siendo este un elemento accidental que, a propósito, modifica la responsabilidad de Daniel en su calidad de vendedor.

Por su parte, las cláusulas que limitan la responsabilidad recaen sobre la forma de reparación, ya sea estableciendo un monto máximo o formas específicas para la modalidad de la reparación.

La finalidad de este conjunto de cláusulas permite a las partes “decidir que el responsable se libere total o parcialmente de su obligación frente a la víctima, habida cuenta del interés privado que está inmerso en los derechos de crédito asociados a un contrato”.50

Frente a los efectos de las cláusulas modificatorias de la responsabilidad, es necesario advertir plena validez y eficacia, siempre que se incorporen por el acuerdo de las partes, de manera previa al incumplimiento y respetando los límites establecidos por el orden público y las buenas costumbres, en aras de conservar el equilibrio contractual y observar los derechos de las partes y de terceros, so pena de considerarse como no escritas, dejando el contrato libre de estipulaciones que atentan contra la buena fe que debe mediar toda relación humana, y especialmente aquella que otorga libertad a las partes para establecer la ley que regirá su relación jurídica: el contrato. La misma suerte corre para aquellos acuerdos de voluntades que por naturaleza son de adhesión, o que no siéndolo por naturaleza, su contenido ha sido dispuesto y propuesto por una de las partes, siempre que se evidencie desconocimiento de la buena fe y la legalidad; así como el aprovechamiento del poder negocial que las circunstancias fácticas del acuerdo puedan implicar.

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Normas

Artículos 83 y 1603 de la Constitución Política de 1991.

Artículos 63, 1495, 1501, 1602-1604 y 1613 del Código Civil.

Artículo 28 del Código General del Proceso.

Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera

Radicado: 85001-23-31-000-1997-00440-01 (16530), 26 de marzo de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

Sentencia de la Corte Constitucional

Expediente: D-8146 (C-1008 de 2010), M. P. Luis Vargas Silva.

Sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

Radicado: 11001-31-03-026-2000-24326-01 (SC5220), 26 de noviembre de 1999, M. P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

Radicado: 1100102030002001-00170-01 (SC6146), 2 de agosto de 2001, M. P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

Radicado: 11001-3103-012-1999-01957-0130 (SC1999-01957), 30 de agosto de 2011, M. P. William Namén Vargas.

Estudio 9 Las causales de justificación penal y su incidencia en la responsabilidad civil

Alejandro Gaviria Cardona*

https://doi.org/10.17230/9789587207026ch3

Introducción

Uno de los elementos de la responsabilidad civil es la imputación, la cual implica que la actuación (u omisión) del agente le sea atribuible jurídicamente a este. Por lo tanto, para poder imputar se requiere ya sea una culpa –imputación subjetiva– o un riesgo –imputación objetiva–, aunque, tratándose de la responsabilidad contractual, basta el incumplimiento de la obligación, atendiendo que, en esta clase particular de responsabilidad, la imputación está dada en términos de insatisfacción del débito, el cual puede ser de medios o de resultado.

Ahora bien, la verdadera culpa exige, además del error de comportamiento, que dicha conducta no se deba a una causa extraña ni a una causal de justificación. Es por ello por lo que, al margen de las discusiones que se han concitado en el derecho penal en relación con la ubicación de las causales de justificación, en la responsabilidad civil estas se encuentran dentro de la imputación, dado que solo ante su ausencia se podrá predicar la existencia de una verdadera culpa.

Es decir, no basta un actuar imprudente o negligente del presunto responsable, sino que se requiere, adicionalmente, que ese actuar no se haya causado por una causa extraña ni por una causa de justificación, toda vez que, de ser así, se rompe la imputación y, por ende, no habría lugar a una responsabilidad civil, aunque, eventualmente, tal y como se verá más adelante, en algunos eventos, tendrá derecho al pago de una suma dineraria.

En general, las causales de justificación tienen la función de excluir la antijuridicidad del acto. Como se ha señalado, en el ámbito civil la culpa cubre los requisitos objetivos que debe cumplir el acto del demandado para que haya lugar a la responsabilidad (infracción a un deber de cuidado). Por eso, quien dice que un acto es culpable, dice también que es antijurídico, y viceversa. Y en circunstancias [en] que las causales de justificación han sido construidas como excusas, que puede hacer valer quien ha cometido una conducta que es ilícita en principio, su lugar sistemático más correcto en el derecho civil es precisamente como factores excluyentes de la culpa.1

En este texto se analizarán y expondrán las consecuencias jurídicopatrimoniales de las causales de justificación penal2 en la responsabilidad civil, para lo cual se ha acudido a reconocida doctrina nacional e internacional. Se aclara que, al menos en Colombia, el tema no ha sido desarrollado jurisprudencialmente, razón por la cual no se acudirá a este tipo de fuente.

1. Incidencia de las causales de justificación penal en la responsabilidad civil

Las causales de justificación penal están configuradas por “circunstancias excepcionales en las cuales el agente, suponiendo, claro está, que no haya incurrido en culpa anterior, está excusado por haber observado una actitud que, normalmente y sin ellas, hubiera sido culposa”,3 es decir,

las causales de justificación permiten neutralizar el juicio de ilicitud de la conducta: si bien la conducta infringe un deber objetivo de cuidado (y, por consiguiente, en principio es culpable), quien ha actuado de ese modo tiene una excusa poderosa que permite eximirlo de responsabilidad.4

Sea lo primero entonces señalar que las causales de justificación no se agotan en lo previsto por la legislación penal, sino que se encuentran diseminadas a lo largo de todo el ordenamiento jurídico.5

Pese a ello, debe resaltarse que, dentro de la legislación civil, no existe ninguna norma que de forma expresa consagre la existencia de las causales de justificación y mucho menos sus consecuencias;6 no obstante, actualmente, no se discute que las mismas tienen aplicación dentro de la responsabilidad civil,7 y también se ha aceptado, de forma más o menos pacífica, que se trata de eventos de ausencia de responsabilidad debido a “la justificación de la conducta del agente”,8 toda vez que “se trata de situaciones en las que el ordenamiento jurídico considera que el agente actuó de forma legítima, dadas las condiciones que rodearon la realización del hecho dañino”.9

Mientras en materia penal las causales de justificación excluyen la antijuridicidad del hecho típico, en sede civil actúan sobre la culpa, porque ésta se confunde con el juicio de ilicitud. Su función, por tanto, es servir de excusa razonable para el hombre prudente.

[…]

En verdad, su reconocimiento se desprende de los principios generales de nuestro derecho, según los cuales sólo se responde de los daños causados con dolo o culpa. En el ámbito del derecho civil, sin embargo, debe considerarse que las causales de justificación no excluyen la pena, sino la obligación indemnizatoria, con el efecto de que es la víctima quien debe soportar el daño sin derecho a la reparación.10

En otras palabras, las causales de justificación penal permiten que en los supuestos consagrados como tales “pese a haberse producido un daño como consecuencia de un comportamiento humano culpable, no surge para el agente la obligación de resarcir el daño causado, puesto que no concurre el presupuesto objetivo de la antijuridicidad”,11 por lo que “las causas de exclusión de la antijuridicidad pueden definirse, siguiendo a Schlesinger y a Torrente, como aquellas circunstancias en presencia de las cuales un comportamiento dañoso, que en otro caso sería fuente de responsabilidad para el agente, deviene justificado, de forma que no ha de resarcirse el daño que del mismo se haya derivado”.12

Es decir, en términos generales,

la presencia de una causa de exclusión de antijuridicidad –o causa de justificación– determina que en ese concreto supuesto la lesión de un derecho o de un interés legítimo no integra el supuesto de la responsabilidad civil extracontractual que ahora nos ocupa, de manera que no surge a cargo del agente del daño la obligación de contenido reparador o indemnizatorio que le es propia,13

Lo cual no impide que, eventualmente, pueda surgir otra clase de obligación fundamentada en otros criterios, como por ejemplo, la equidad.14

Igualmente, téngase presente que las llamadas causales de justificación son diferentes a los efectos que produce la sentencia penal en el proceso civil:

Si bien se trata de fenómenos íntimamente relacionados, debe advertirse que una cosa es el fenómeno sustancial que produce la justificación de la conducta frente a la responsabilidad civil y otra es el fenómeno procesal que determina si se le reconocen efectos de cosa juzgada a la providencia penal que absuelve al sindicado por encontrar que su conducta está justificada por el ordenamiento.15

Las causales de justificación constituyen fenómenos sustanciales de carácter universal que tienen implicaciones en la determinación de la responsabilidad civil y que no dependen de la existencia de un proceso penal en contra del causante del daño. El juez civil deberá analizar, en ciertos casos, si la conducta del causante del daño se encuentra justificada por el ordenamiento y determinar los efectos que esta situación presenta frente a la responsabilidad civil, así no se haya adelantado un proceso penal por ese mismo hecho.16

Las causales de justificación penal se han fundamentado en el llamado principio de ausencia de interés y el principio del interés preponderante,17 en donde, frente a la colisión de “dos bienes jurídicamente protegidos, la tutela jurídica debe obrar en favor del interés superior o mejor”.18

Veamos a continuación cada una de las causales de justificación por separado, atendiendo que los efectos serán diversos en cada una de las hipótesis:19

La presencia de una de las causas de exclusión de la antijuridicidad en el evento jurídico dañoso determina consecuencias jurídicas diversas para el agente según cuál de ellas concurra. Así, algunas –la legítima defensa, el ejercicio legítimo de un derecho o el consentimiento del perjudicado– provocan la no resarcibilidad del daño; otras –el estado de necesidad–, por determinación de la propia ley que las contempla, determinan la necesidad de una compensación pecuniaria o indemnización pese a que se esté en presencia de un daño justo.20

Ahora bien, se aclara desde ya que estas solo originan algún tipo de consecuencia en la responsabilidad civil cuando no se configura ni el abuso ni el exceso en las mismas:

Las causas sólo legitiman el acto si en su ejercicio no ha mediado abuso o exceso. Existe abuso si, bajo el pretexto de uno de aquellos motivos, se infiere un daño innecesario, lo que revela la antifuncionalidad de la conducta.

[…]

La diferencia entre abuso y exceso, que no siempre es sencilla de demarcar, guarda interés en materia penal, porque en el abuso la justificación se borra y queda en evidencia el delito, como si se tratara de una situación corriente, mientras que, en el caso del exceso, sólo puede imputarse responsabilidad al dañador a mérito de culpa, siempre que estuviese tipificada bajo tal categoría el delito de que se tratare. En cambio, en materia de responsabilidad civil, no existen diferencias de tratamiento entre el acto abusivo y el excesivo, puesto que en ambos existe antijuridicidad y el daño resultante no está justificado.21

1.1 Legítima defensa

Sea lo primero señalar que los efectos civiles que se derivan de la legítima defensa se extienden no solo al directamente responsable, sino a los terceros civilmente responsables, como, por ejemplo, al guardián de la actividad peligrosa:22 “[L]a absolución por dicho motivo tiene efectos de cosa juzgada no solo frente al sindicado, sino frente a la persona que por él debía responder o al guardián de los instrumentos o armas con los cuales se produjo el daño justificado”.23

Es decir, “cuando el sindicado causa el hecho en legítima defensa, el hecho se justifica no solo penal sino civilmente, pues el injusto no puede dividirse en aspecto civiles y penales. El hecho es conforme o contrario a la ley, pero no puede serlo parcialmente”.24

Para que la legítima defensa produzca efectos liberatorios en la responsabilidad civil25 se requiere la concurrencia de los requisitos exigidos en materia penal: “[...] agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende”.26

La legítima defensa, precisada y declarada en la causa criminal, impide en absoluto que se impute por el mismo hecho a quien repelió la agresión, un delito o un cuasidelito civil, a los efectos de la reparación del daño. Existe sobre el particular una evidente incompatibilidad: el derecho usado por quien actuó en legítima defensa no puede transformarse en culpa civil, por levísima que sea.

Quien crea la apariencia de coparticipación en una situación delictiva y después en la legítima defensa dirigida contra él sufre un daño, no está soportando un gravamen excesivo, sino las consecuencias de su propia maniobra engañosa, mediante la cual ha conducido al que se defiende a una posición de inferioridad. La víctima de quien actúa en legítima defensa debe responder por las consecuencias de su comportamiento y debe asumir el costo de que el defensor se comporte tal como le ha sido impuesto por el contacto social.27

Frente a la racionalidad, se precisa que esta debe ser analizada en concreto, atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar: “[...] al apreciar la racionalidad del medio empleado en la defensa legítima, no debe exigirse una identidad matemática, porque la existencia de proporcionalidad está condicionada a una serie de matices que deben apreciarse en cada caso”.28

Ahora, si nos encontramos frente a un exceso29

el acto de quien se defiende será ilícito en la medida de tal exceso; por lo cual el supuesto deberá considerarse como de culpa concurrente, respondiendo el agredido-defensor del daño producido a su atacante, en proporción a su propia culpa, la que existirá por lo superfluo o excesivo del acto que repulsa.30

Tratándose de la legítima defensa putativa,31 la solución no es tan clara, toda vez que “cuando el sindicado está errado en cuanto a las circunstancias de legítima defensa y, a consecuencia de ello, genera un daño penal por el cual es absuelto, habrá que determinar hasta qué punto se violan los principios que rigen la culpa civil”,32 es decir, en estos casos la discusión se torna netamente civil y será el juez civil quien finalmente debe decidir si el actuar del agente fue culposo o no:33

Si el juez civil considera que un hombre normal, colocado en las mismas circunstancias en que se hallaba el sindicado al momento de ocurrir el hecho, también habría errado, la legítima defensa putativa también surtirá sus efectos en materia civil y, en consecuencia, esa causal de inculpabilidad deberá aplicarse en el proceso civil y la sentencia deberá ser absolutoria. Por el contrario, si el juez civil considera que un hombre prudente y normal, colocado en las mismas circunstancias en que se hallaba el sindicado penal, no habría causado el daño, la sentencia penal que absuelve por legítima defensa putativa no constituye cosa juzgada para efectos de una acción civil indemnizatoria.34

Finalmente, cuando la víctima sea un tercero ajeno al evento dañoso, se ha dicho que

La causa de exclusión de la antijuridicidad constituida por la legítima defensa excluye la responsabilidad por los daños que el defensor causa al agresor. En el caso de que la víctima sea un tercero (totalmente extraño al suceso), el agente o defensor estará obligado al resarcimiento de los daños causados a sus derechos o intereses legítimos según las reglas generales de responsabilidad, hecha la salvedad de la posibilidad de aplicar, cuando las circunstancias de hecho lo permitan, el estado de necesidad, con las consecuencias en orden al quantum de la indemnización […].35

Es decir, si resultara afectado un tercero completamente ajeno a la actuación, este tendrá derecho a ser reparado:

Como una consecuencia de la existencia de esta causa de justificación, de su configuración en la especie, el agente no debe indemnización alguna por los daños causados al agresor. Si de resultas de la defensa surgieren daños para un tercero, persona extraña al agresor, es procedente a su respecto el resarcimiento de daños.36

Es claro que, frente a la víctima, ambos (el agresor y el agredido) son responsables de forma solidaria, siguiendo los planteamientos del artículo 2344 del Código Civil.37

Piénsese, por ejemplo, en una persona agredida, quien, al defenderse, hiere a su agresor y a un tercero que transitaba por el lugar. Es claro que frente al agresor no habrá obligación de resarcir ningún perjuicio en cuanto fue este quien dio lugar a la reacción del agredido. Cuestión diferente ocurre con el tercero ajeno a la agresión, quien tiene derecho a ser plenamente indemnizado de los perjuicios que haya sufrido. Esta obligación deberá correr tanto por cuenta del agresor como del agredido, de forma solidaria, como se acabó de indicar.

Ahora, si bien es cierto que frente a la víctima la obligación de indemnizar es solidaria, entre los responsables surge otra clase de vínculo. Veamos:

Si el resarcimiento corrió por cuenta del agresor, este no tendrá derecho a reclamarle nada al agredido, mientras que, si la víctima fue indemnizada por el agredido, este podrá solicitarle al agresor que le reembolse aquellos dineros que haya debido sufragar. El análisis es simple: las consecuencias deben ser asumidas por quien dio lugar a la legítima defensa y no por quien se defendió o defendió bienes ajenos, toda vez que esta actuación está justificada, en tanto la de aquel que dio lugar a la legítima defensa es una actuación antijurídica, razón por la cual deberá asumir todas las consecuencias derivadas de su actuación, incluyendo el perjuicio sufrido por el afectado con la legítima defensa.

1.2 Estado de necesidad

Este tema ha sido ampliamente discutido en la doctrina nacional y foránea,38 donde existen corrientes que excluyen la indemnización y otras que la permiten, atendiendo a la complejidad de la situación que se puede llegar a presentar:

El caso para considerar, por tanto, es el que junta a un autor y a un damnificado inocentes (o no culpables) de la situación de necesidad.

Es este el supuesto que ha dificultado, de antiguo, una solución por entero satisfactoria, ya que el estado de necesidad, por definición, importa un conflicto entre intereses legítimos, esto es, atisbos protegidos por el Derecho.

Contemplado el problema desde el punto de vista de los principios de la responsabilidad extracontractual, la solución justa es imposible.

Si se mira a quien ha sufrido el daño sin haber hecho nada para merecerlo, parece de plena justicia reconocerle el derecho a la completa reparación: nadie puede ser obligado a contribuir, con sus bienes personales o patrimoniales, a la salvación de otro.

Pero si se atiende a quien, por necesidad no culpable, ha causado un mal para evitar otro más importante, también se afirmaría que es justo no imponerle, al menos íntegramente, la obligación de reparar el daño –lo mismo que si fuese autor de un acto ilícito y culpable– puesto que el acto necesario, según la tesis que se adopte, o es conforme a derecho (lícito) o es ilícito, pero inculpable, y en una u otra concepción los principios comunes de la responsabilidad subjetiva eximen al agente de responsabilidad.39

Es por ello por lo que para un sector de la doctrina el estado de necesidad “declarado en el proceso penal tiene efectos de cosa juzgada en un proceso de responsabilidad civil aquiliana derivada del mismo hecho, así el Código de Procedimiento Penal guarde silencio al respecto”,40 lo que implica, obviamente, la exclusión de la reparación, pese a lo cual reconocen que esta solución conlleva injusticias, toda vez que se obliga al afectado a correr con las consecuencias de la justificación:

La irresarcibilidad ha sido sostenida, ante todo, por quienes reconocen la ‘licitud’ del acto necesitado, ya que entonces la exención resulta ser una mera consecuencia: si quien actúa en estado de necesidad obra lícitamente, no puede ser obligado a reparar el perjuicio inferido, por cuanto su conducta se ajustó a lo que el derecho le permitía hacer.41

Existe, asimismo, otra corriente que entiende que pese a que el estado de necesidad como causal de justificación se hace extensiva a la responsabilidad civil, se debe buscar otra fuente que justifique la obligación de reparar a favor de la víctima, es decir, “el estado de necesidad comporta una exención de responsabilidad penal, que no excluye el otorgamiento en sede civil de, al menos, una compensación o indemnización de equidad”.42 Luego,

el estado de necesidad excluye la acción propiamente indemnizatoria de la víctima por el daño ocasionado, pero no obsta el ejercicio de la acción restitutoria del daño producido para obtener un provecho propio o ajeno, pues el derecho no puede amparar el enriquecimiento injusto de quien salva un bien propio con cargo al patrimonio de otro.43

Para ello, entienden, se debe acudir a la equidad y solidaridad social,44 a la agencia oficiosa45 y al enriquecimiento sin causa,46 siempre que el afectado y el beneficiario sean personas diferentes:47

Por consiguiente, podemos decir que la responsabilidad civil aquiliana no puede comprometerse cuando ha habido un estado de necesidad, ya que el hecho se justifica, es decir, es lícito. Cabe, sin embargo, la posibilidad de acudir a los cuasicontratos de enriquecimiento sin causa (si el bien salvado pertenece al agente) o de agencia oficiosa (si el bien salvado es de un tercero) como fuentes que permitan indemnizar el daño causado en estado de necesidad.48

Igualmente, debe aclararse que se ha expuesto que el encargado de realizar este pago es el beneficiado con la actuación:49

En estos supuestos de estado de necesidad, de acuerdo con una larga tradición, el daño no antijurídico ocasionado se resarce, no por el causante del daño sino por el beneficiario del sacrificio que se ha impuesto a la víctima y no se resarce en la medida del daño, sino en la del enriquecimiento.50

En estos eventos, la reparación a cargo del agente y del beneficiario no se compagina, en estricto sentido, con una indemnización de perjuicios, sino que se debe a título de compensación o restablecimiento del equilibrio patrimonial, en cuanto no estamos frente a un supuesto de responsabilidad civil,51 la cual ascenderá, como monto máximo, al valor del beneficio obtenido.52

Si se acepta la tesis del enriquecimiento sin causa, el quantum del resarcimiento estará limitado por el monto que resulte ser menor, de entre los que correspondan al enriquecimiento del autor del daño y al correlativo empobrecimiento de la víctima: no podrá exceder del beneficio del autor del acto necesitado, si el mismo resultó inferior al empobrecimiento de la víctima, o del monto de este último de ser mayor el enriquecimiento.53

En teoría, esta posición podría parecer más justa que la inicial, pero suscita un problema adicional: cuando el daño no reporta ninguna clase de beneficio o cuando lo dañado es un intangible no medible pecuniariamente, no parece posible hablar del enriquecimiento sin causa, pues este exige que estemos frente a un enriquecimiento de una parte y un correlativo empobrecimiento de la otra, o incluso, cuando las medidas adoptadas no fueron exitosas. Se insiste, el beneficio no aparece tan claro cuando estamos frente a una situación de afectación de derechos intangibles54 o de ausencia de beneficio,55 es decir,

esta explicación resulta insuficiente en los casos en que el agresor no logra la salvación de su persona o bienes con la realización del acto necesitado, y no obtiene por ende ningún enriquecimiento; en cuyo supuesto, la acción de in rem verso no sería procedente, por ausencia precisamente del enriquecimiento, que es uno de sus requisitos condicionantes.56

Por lo demás, la idea de “enriquecimiento” tiene sentido patrimonial y sólo es útil en los conflictos a propósito de cosas. ¿Pero cómo aplicar este principio con relación a bienes personales? ¿Cuál sería el enriquecimiento que obtiene una persona que salva su vida a costa de la lesión corporal a un tercero o de un ataque a su libertad? ¿Qué es lo que aquélla tendría que “restituir”? Y aun en los casos de conflictos relativos a cosas, este principio no obligaría a indemnizar siempre que el mal mayor no fue evitado, en definitiva, puesto que el agente no habría logrado ningún enriquecimiento.57

Adicionalmente, para hacer frente a estas situaciones, se ha dicho que en caso de que no se haya obtenido ningún beneficio por parte del beneficiario, la indemnización se debe a título de equidad.58

Ahora bien, debe precisarse que, de acogerse esta teoría, la misma tiene una excepción y es cuando el estado de necesidad se dio como consecuencia de una causa extraña, toda vez que en este evento ninguna indemnización se debe, pero no amparados en el estado de necesidad sino en la causa extraña: “[...] en consecuencia, si el estado de necesidad contiene las características de la fuerza mayor, ninguna indemnización se debe”.59

Es decir, en razón de la causa extraña, pese a la configuración del estado de necesidad, es posible que se justifique la actuación del presunto responsable: “[…] si ese estado de necesidad constituye una fuerza mayor no hay lugar a indemnización alguna; por el contrario, si no constituye causa extraña (fuerza mayor o caso fortuito), la víctima podrá invocar el cuasicontrato de agencia oficiosa o de enriquecimiento sin causa y en esta forma podrá lograr la reparación del daño”.60

Piénsese, por ejemplo, en la siguiente situación: una persona, mientras conduce un vehículo, para evitar su muerte por un deslizamiento de tierra, invade el carril contrario, lo cual le ocasiona la muerte a un motociclista.

Si bien el conductor no es, en estricto sentido, responsable por el fallecimiento causado, el afectado tendrá derecho al pago de una suma de dinero, la cual no se deberá a título de indemnización sino de equidad, salvo que la situación sea constitutiva de una causa extraña, como, por ejemplo, que el deslizamiento de tierra fue externo, imprevisible e irresistible61 y fue esta situación la que ocasionó la mortal colisión, en cuanto lo arrojó hacia el motociclista. En este último evento, nada se le deberá al afectado, toda vez que se rompe el nexo de causalidad y no es posible “cargarle” esa situación al actor, en cuanto, se insiste, el fallecimiento no se debió a un estado de necesidad sino a la causa extraña que fue la que, en últimas, ocasionó el fatal accidente.

En este punto es importante precisar que la consecuencia es similar, sin importar si estamos frente a un estado de necesidad justificante o exculpante (también llamado disculpante). Es decir, sin importar la equivalencia, o, por el contrario, la disimilitud de los bienes jurídicos tutelados en juego, deberá el actor compensar al afectado con el estado de necesidad.62

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Yaş sınırı:
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Litres'teki yayın tarihi:
22 ekim 2025
Hacim:
384 s. 8 illüstrasyon
ISBN:
9789587207033
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