Kitabı oku: «Si persisten las molestias»

Prólogo
Sobre el progreso de nuestra ignorancia

No es novedad que funcione mal el sistema de administración de justicia, no es novedad el desempleo ni que el salario mínimo sea insuficiente, no es novedad que haya acusaciones de corrupción, no es novedad la desconfianza hacia los partidos políticos ni que el futuro de la economía sea dudoso. Y sin embargo, es difícil deshacerse de la sensación de que hay algo nuevo en la situación actual del país. Es grave, como lo fue en 1982, en 1995, pero hay un clima de desconcierto, de desorientación, que no había entonces.

Algo relativamente nuevo también, cuya importancia no es fácil de calibrar, es la decadencia de las élites. Todas: las élites económicas, políticas, académicas, culturales. Seguramente hay, por partes iguales, ignorancia, ineptitud e indiferencia –y todo ello habría que explicarlo. En lo que puede verse, hay una sorprendente incapacidad para reaccionar con sensatez, e imaginar soluciones para cualquiera de los problemas. Acaso sea el rasgo más dramático: en el espacio público no hay ni siquiera el esbozo de un futuro distinto. Y nos hemos acostumbrado a una nueva normalidad de 20,000 homicidios al año, de un salario mínimo de cuatro dólares diarios, una economía informal que es más de la mitad del producto, cotidianas acusaciones de corrupción, crecimiento mediocre, elecciones que ahondan la crisis de legitimidad, sistemas de educación y de salud pública arruinados, y un turno de figuras políticas, a cual más desacreditada.

No tiene mucho sentido la comparación. No es ésta la peor situación en que se haya visto el país. Pero sí es característica, y relativamente nueva, la sensación de desorientación.

Según lo más probable, los diferentes problemas corresponden a ciclos distintos, y tienen causas diferentes, de modo que en teoría podrían resolverse uno por uno. Pero forman parte de una misma configuración, y la coincidencia de la crisis de seguridad, el marasmo económico, el descrédito de las instituciones, el naufragio de la clase política, es lo que define al presente.

Primera hipótesis: Esto no es una crisis, sino otra cosa. Nuestro confuso presente es resultado del largo proceso de disolución del régimen de la Revolución Mexicana, y en particular, del desmantelamiento del Estado –en su forma histórica concreta, que incluía al pri, las corporaciones obreras, la reforma agraria, y los demás aparatos, recursos, mecanismos, rituales, del antiguo orden. El cambio, más o menos consciente, más o menos deliberado, según el caso, se ha producido en diferentes planos. En primer lugar ha habido una transición económica, o una serie de transiciones económicas, que suponen el abandono del modelo desarrollista, la despolitización de los mercados, la apertura comercial, la autonomía del Banco de México, la austeridad en el gasto público.

El resultado es múltiple. La formación de una economía exportadora dependiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la caída dramática del salario mínimo, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, el aumento de la desigualdad, un crecimiento espectacular de la economía informal, y un intenso movimiento migratorio, dentro y fuera del país.

En segundo lugar, ha habido también una transición institucional, administrativa, guiada en términos generales por criterios de eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, para producir un aparato burocrático teóricamente más ligero, más barato, más eficaz, profesional, más vigilado. Y que tiene muchas aristas, desde las leyes de acceso a la información, los mecanismos de auditoría, la regulación del gasto público, hasta el diseño del sistema de juicios orales, los exámenes de control de confianza.

En tercer lugar, ha habido una transición propiamente política. Es la más visible, la más conocida: el paso del sistema de partido único, o casi único, a un sistema pluripartidista, con elecciones competidas, alternancia. Se ha hablado de ello hasta el cansancio, se han discutido en todos sus detalles, repetidamente, y de hecho, durante casi dos décadas, fue la clave para definir el sentido del proceso histórico: la transición a la democracia.

Es más difícil de fechar, más difícil de identificar en sus rasgos concretos, pero ha habido también, sin duda, una transición cultural. A lo largo de los últimos treinta o cuarenta años ha ido desapareciendo el lenguaje del nacionalismo revolucionario: nación, pueblo, revolución, soberanía; y han perdido eficacia los recursos simbólicos característicos de la cultura del siglo veinte: el campo, el campesino, el antiimperialismo, Hidalgo, Juárez, Zapata. No se han borrado por completo, pero tienen una especie de sobrevida episódica, imprevisible. Ahora bien, lo importante es que ese repertorio simbólico no ha sido sustituido en el espacio público por otro de parecida eficacia, coherencia, de parecida extensión o intensidad emotiva.

En lugar de todo aquello se ha impuesto un lenguaje abstracto, aséptico, formal, de acentos técnicos, el que corresponde a lo que se puede llamar el sentido común neoliberal. Y que sobre todo tiene el efecto de despolitizar mucho de la acción pública, y la discusión sobre la acción pública.

El resultado, lo tenemos delante, es lo que, por ponerle un nombre, podríamos llamar una larga transición societal –un cambio hacia nuevas formas de orden, nuevas formas de relación, de autoridad, nuevas estructuras productivas, patrones de consumo, de asociación, nuevos conflictos y nuevas formas de ordenar los conflictos. O sea, una nueva sociedad que no entendemos del todo, que no conocemos del todo –que casi no conocemos, en realidad.

La transición ‟societalˮ se manifiesta de manera dramática en la crisis de seguridad, el aumento vertiginoso de la tasa de homicidios en el país. Pero ese es sólo un indicador. Sólo cuatro rasgos, cuya trama permite perfilar el nuevo orden. Primero, un cambio demográfico: en los últimos treinta, cuarenta años ha habido un intenso movimiento migratorio hacia algunas ciudades en el centro y norte del país, y en particular hacia las ciudades de la frontera, y hacia los Estados Unidos: los veinte millones de mexicanos que viven del otro lado son un componente fundamental de la economía del país, y de la estructura productiva de América del Norte –y un vector político incalculable. Segundo, la nueva estructura productiva ha ocasionado un crecimiento considerable de lo que se llama la economía informal, o lo que se contabiliza como economía informal, que es ya más de la mitad del producto, y la proliferación de las economías ilegales: en minería, madera, gasolina, contrabando, falsificaciones, que generan a su vez sistemas de protección privada.

Tercero, hay un efecto acumulativo de la despolitización de los mercados, la transición administrativa y la transición política, que tiene como resultado la desarticulación de las redes de intermediación política del antiguo régimen. No desaparecen los intermediarios, ni desaparece la necesidad de intermediación, pero cambia el lugar, cambian los recursos, y se abren márgenes impensados para la privatización de los recursos públicos de autoridad, de fuerza, de regulación. Y eso aparece como “pérdida de control”. A eso se suma, cuarto, la “guerra contra las drogas”: la importancia del cultivo y el contrabando de drogas para algunas regiones del país, y la decisión del despliegue masivo de las fuerzas federales, ejército, marina, policía federal, para combatir el narcotráfico, que ha tenido el efecto de desestructurar el orden político local en buena parte del territorio. Y que ha convertido al ejército en un actor político decisivo –que no había sido en el siglo pasado.

Ese proceso de cambio, al menos el inicio de ese proceso de cambio, sobrevino de manera casi accidental, como consecuencia de la crisis de los años setenta: la desaparición del sistema monetario que dependía de la paridad oro-dólar, el embargo petrolero, el agotamiento de la industrialización mediante sustitución de importaciones. Pero su evolución estuvo orientada desde muy temprano por un proyecto. En casi todos los terrenos, el cambio ha sido deliberado, o impulsado por decisiones conscientes, pensadas, aunque con frecuencia fuese con el propósito de conseguir algo muy distinto de lo que finalmente resultó.

Los problemas de hoy, o la configuración en que se presentan los problemas de hoy, es en buena medida producto de decisiones concretas. Está, por ejemplo, la decisión de despolitizar los mercados: desregular, liberalizar, abrir la economía, despolitizar (como si fuese posible) el comercio internacional; es una política que se impone en todo el mundo en esos años, una alternativa al modelo de industrialización anterior, y que parece resolver muchos de sus problemas, pero es una decisión. Igualmente, está la decisión de dar prioridad al control de la inflación sobre cualquier otro objetivo de política económica, y la decisión de que un banco central autónomo maneje la política monetaria con ese solo propósito: otra vez, puede parecer sensato, pero es una decisión. Otro tanto hay que decir con respecto al diseño del sistema electoral, los mecanismos para garantizar la transparencia, el control del déficit público.

Segunda hipótesis: No nos sucedió, lo hicimos (o lo hicieron) deliberadamente. Las decisiones que orientaron la transición no fueron azarosas, improvisadas, reactivas, sino que formaban un sistema coherente. Como conjunto, obedecían a lo que se puede llamar un modelo ideológico del futuro, con cuatro ideas fijas como soporte: Democracia, Mercado, Transparencia, Derecho. Y un nuevo actor, la Sociedad Civil. El modelo se definió por oposición al “antiguo régimen”, o más exactamente, por oposición a una imagen caricaturesca del antiguo régimen –simple, esquemática, abstracta, como el modelo mismo.

Es característico del tiempo, y muy significativo, que la discusión de las reformas en el espacio público se llevan generalmente en términos abstractos, y con una intensa carga normativa. Los asuntos más prosaicos, más engorrosamente concretos, daban lugar a conversaciones puramente especulativas. La regulación de la publicidad política en las campañas electorales, por ejemplo, acabó teniendo como término de referencia la libertad de expresión. La posibilidad de reelección de los cargos electos se explicaba con el argumento de que permite que el elector pida cuentas a su representante. Y así las demás, desde la regulación de los mercados, los juicios orales, las candidaturas independientes, hasta el impuesto a las plusvalías en la constitución de la ciudad de México.

No es trivial. Significa que en todos los casos se discutía si el país: las leyes, las instituciones, las prácticas, se ajustaban a las exigencias de un modelo –y normalmente no se ajustaban.

Al mismo tiempo, en la academia, y en los centros de estudio, en las empresas de consultoría, se adoptó poco a poco un método general de análisis, de diagnóstico, evaluación, que era igualmente abstracto, un método que dependía del diseño de modelos formales, la definición de variables susceptibles de medición, y algún sistema de comparación. Así se ha diseñado un extenso aparato de auditoría de todas las actividades del sector público. En todo caso, se trata de comparar el desempeño de las instituciones, o una variable que pueda usarse como indicador verosímil de su desempeño, con un estándar de eficiencia. Es un método cuya virtud consiste en hacer abstracción del contexto (que se supone que tiene un interés puramente anecdótico).

No hay para sorprenderse: siempre que se evalúan con un mecanismo semejante, resulta que los municipios son ineficientes, las policías son ineficientes, el sistema de procuración de justicia es ineficiente, la educación superior es ineficiente, pemex es ineficiente. Pero lo más importante no es eso, sino que el método mismo de análisis está hecho para reproducir los clichés del programa ideológico, y mantenerlos como aspiración.

Se podría decir, sin mucha exageración, que se trata de un programa fundamentalmente higiénico, que quiere separar nítidamente lo formal de lo informal, lo legal de lo ilegal, civismo de clientelismo, que es separar, se supone, lo moderno de lo tradicional –con miras a desaparecer lo informal, lo ilegal, lo tradicional. Pero que ha tenido el efecto paradójico de multiplicar los espacios de informalidad e ilegalidad.

La transición, como proceso con un sentido identificable, comienza en los años ochenta, aunque tiene una prehistoria en el movimiento del 68, o más exactamente, en la elaboración imaginaria del movimiento del 68 como primera escaramuza en la lucha por la democracia. Esa prehistoria imaginada importa porque contribuyó a la cristalización de la imagen del antiguo régimen como dictadura: la larga resistencia, el fraude electoral, la violencia represiva. Y puso el componente heroico en el relato de la transición democrática.

En 1982 era urgente hacer algo, porque todo había fallado al mismo tiempo. La política económica estaba en punto muerto: la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones había encontrado obstáculos insalvables, y no parecía haber futuro para la idea de un desarrollo protegido, orientado por el Estado. La crisis fiscal, producto del encarecimiento de la deuda y la devaluación del peso, hacía imposible el funcionamiento de muchos de los mecanismos básicos del sistema político: precios de garantía, subsidios al consumo, inversión pública. Pero además había una crisis de legitimidad del régimen revolucionario, producto de las repetidas crisis económicas, las devaluaciones, y la visibilidad de la corrupción. La caricatura que se hizo del gobierno de José López Portillo, que de por sí se prestaba para la caricatura, expresa con perfecta claridad el momento –en sus motivos y en su trazo. En general, era un retrato agresivo, bilioso, pintado con humor grueso, que sobre todo subrayaba la frivolidad y la corrupción, con aderezo de chismes de pasillo, de alcoba, historias de familia, la imagen inconfundible de la decadencia.

En ese momento cristaliza definitivamente la imagen del antiguo régimen como Antiguo Régimen, es decir, algo compacto y pasado, que está ya en proceso de disolución (en la portada del número 103 de la revista Vuelta: “pri: hora cumplida”; y un ensayo de Gabriel Zaid que empieza así: “Sería muy extraño que el pri fuera eterno”). El gobierno y la oposición están de acuerdo en el diagnóstico, coinciden en ver un Estado autoritario, ineficiente y corrupto. Tras los excesos retóricos, financieros, institucionales, de José López Portillo, el pri resulta de pronto algo pueblerino y anticuado, que urge reformar. Miguel de la Madrid hace campaña “por una renovación moral de la sociedad”.

La reforma, que poco a poco empieza a llamarse modernización, inspira algunas protestas, pero no hay una resistencia ideológicamente articulada. En el espacio público, los cambios parecen casi de sentido común. La reducción de la burocracia, el control del gasto, la privatización de la banca.

En sintonía con el clima global, entre las élites mexicanas emerge un nuevo consenso a partir del cual se va a definir el programa para un nuevo régimen. Parece lo más ajustado decir que el consenso “emerge”, porque no hay ninguna discusión de fondo: el nacionalismo revolucionario está hundido, el pcm ha abandonado el modelo soviético, de modo que tal parece que todos hubiesen estado de acuerdo desde un principio.

El modelo se puede definir con cuatro rasgos: Democracia, Mercado, Transparencia, Estado de Derecho. En primer lugar, la única legitimidad aceptable, y la única que hace falta, es la de los procedimientos democráticos –y de ahí, pluralismo, alternancia, con una idea de la política reducida casi a gestión, que idealmente depende de un vínculo cuasi contractual entre electores y representantes, de ser posible sin la mediación de los partidos. Es decir, una democracia despolitizada. En segundo lugar, los problemas de producción, distribución, asignación de recursos, sólo se resuelven de manera eficiente a través del mercado. Y cuanto más libre, cuanto menos regulado, mejor. Tercero, para combatir la corrupción, la arbitrariedad, las prácticas arcaicas del sistema político, es indispensable la transparencia –acceso a la información, licitaciones, auditorías, que significa procedimientos más rígidamente formalizados. Y para todo lo demás, para las tareas de gobierno propiamente dichas, no hace falta otra guía sino el Estado de Derecho, aplicar la ley.

En el fondo hay el movimiento de despolitización que es característico del momento neoliberal. La acción del Estado se descompone en dos elementos: el derecho y la política. El derecho son reglas, la política son decisiones. El derecho, se supone, es un conjunto de normas generales, que tienen la misma vigencia para todos y no dependen de la voluntad de nadie; la política, en cambio, se trata del ejercicio del poder, y eso significa a fin de cuentas imponer la voluntad de un individuo, un grupo, un partido. Por eso, lo que se espera del Estado es la aplicación de la ley, que es lo único compatible con la libertad. Y reducir al mínimo los márgenes de discrecionalidad.

Nadie se opone realmente al nuevo modelo ni tiene otra idea, nadie entre las élites. Las resistencias son episódicas y sobre todo marginales, de viejos sindicatos, guerrillas, movimientos populares. En el lenguaje dominante en el espacio público todos ellos están desacreditados de antemano como expresión de intereses particulares (intereses creados, grupos rentistas, poderes fácticos). Por oposición a ellos adquiere protagonismo un nuevo sujeto, a la altura del programa: la Sociedad Civil. Desde luego, no está claro lo que significa el término, según el caso significa una cosa u otra, pero en general se invoca como instancia desinteresada, o atenta sólo al interés público, que por eso puede vigilar la correcta operación de las instituciones –por eso, una de las claves del tránsito es la “ciudadanización”.

La Sociedad Civil es una colectividad imaginaria, abstracta, hecha de individuos sólo provistos de buena voluntad. Y es depósito de todas las virtudes que de ninguna manera podrían reconocerse a las colectividades concretas de sindicatos, corporaciones, ambulantes, ejidatarios. En un sentido muy concreto, la Sociedad Civil no es política, y por eso se puede confiar en ella. Por eso proliferan los llamados a la “participación”, como si fuese obvio lo que eso significa, como si fuese un movimiento espontáneo, individual, de intención cívica.

El programa se explica a partir de una crítica bastante sumaria del antiguo régimen. Nunca había habido en realidad un buen conocimiento del antiguo régimen, ni de la sociedad ni del Estado, ni del funcionamiento del sistema político. Ese desconocimiento se agravó a partir de 1968, porque se impuso una lectura beligerante, con frecuencia sectaria.

Tercera hipótesis: En algún momento, perdimos (o perdieron) de vista al país. Los diagnósticos del país, los que circularon en el espacio público en esos años, fueron fundamentalmente políticos, los de la derecha, los de la izquierda, los del gobierno. La idea básica era que la enfermedad del país era política: autoritarismo, fraudes electorales, arbitrariedad, corrupción. Lógicamente, eso significaba que la vía de solución tenía que ser también política –y era, palabras más o menos, acabar con el pri.

Para dos generaciones, tanto en la prensa como en la academia, el punto de partida para entender al país fue El sistema político mexicano de Daniel Cosío Villegas. Era un libro incisivo, muy asequible, que proponía una explicación simplona, esquemática, inexacta, vertical, de la política vista desde los pasillos de palacio, pero que se correspondía con lo que decía el sentido común –empezando por la idea de la “monarquía absoluta sexenal, hereditaria en línea transversal”. Y por eso servía como recurso de orientación, incluso para la clase política. Era una especie de elaboración mitológica del sistema político, cuyas claves eran un presidente omnipotente, un partido omnipresente.

La imagen recibida, cuando inicia la transición, sobre todo subrayaba la integración de gobierno, partido, sindicatos, corporaciones: todo eso era uniformemente el antiguo régimen, y todo era un obstáculo para la modernización, desde la reforma agraria y el ejido, hasta la Ley Federal del Trabajo, el sistema electoral o las empresas públicas. La política, toda, repentinamente se convirtió en “el pasado”. Era la forma histórica concreta de la sociedad mexicana la que resultaba obsoleta, y se suponía que podía, que debía ser reemplazada de todo a todo por formas modernas.

El consenso de los ochenta, para darle un nombre, se nutre del auge de la cultura del neoliberalismo, el giro de la izquierda para privilegiar la democracia, el lenguaje antiautoritario de los años sesenta. También hay una veta académica que contribuye a su cristalización en las décadas siguientes. En primer lugar, la aceptación de los modelos de “transición a la democracia”, y los intentos de asimilar en sus términos el proceso mexicano –que contribuyeron en mucho a hacer todavía más borrosa la imagen del antiguo régimen. En segundo lugar, por supuesto, el predominio de la economía neoclásica (la que se llama macroeconomía de microfundamentos). Y en tercer lugar, con parecida importancia, un pensamiento jurídico fundamentalmente doctrinario, abstracto, que pone en boga el nuevo lenguaje de los derechos.

En las últimas décadas hemos enviado a cientos, miles de estudiantes a estudiar en Estados Unidos, y se han formado muchos, acaso la mayoría, en una ciencia social de angustiada ambición científica, que necesita fórmulas, modelos, regresiones –algo que pueda ponerse en un gráfico. Y que por eso tiene como materia de estudio los aspectos medibles de la realidad, si no es que los puros modelos de comportamiento de hipotéticos actores racionales. Es una ciencia social cuyo mérito consiste en prescindir del contexto tanto como sea posible, porque busca explicaciones generales. El resultado han sido dos generaciones de académicos, algunos excelentes, pero con un modo característico de entender el país, un modo característico de no entender el país. En particular, por supuesto, quienes han estudiado allí economía, ciencia política o administración pública, cada vez más indiscernibles, con preocupaciones, supuestos, prejuicios y modelos muy similares –y con una influencia desproporcionada en la toma de decisiones (en comparación con historiadores, antropólogos, algunos sociólogos).

A título de ejemplo, un libro reciente de Raymundo Campos, economista del Colegio de México; en la introducción explica lo que significó para él regresar al país después de estudiar su doctorado en la Universidad de California: “Cuando regresé a mi país tuve un choque cultural: algunas personas tiraban basura en la calle, algunas personas violaban claros reglamentos de tránsito (no respetar semáforos, vueltas indebidas, entre otras)...” Es revelador que los pocos años de su doctorado bastasen para que se sintiera estadunidense de tal manera que al regresar a México experimentase un “choque cultural” con esa otra cultura en que la gente tiraba basura en la calle y hablaba español. Y si es notable que un mexicano se sorprenda a los cuarenta años de que haya quien tire basura en la calle en México, es mucho más notable que no haya visto que en Estados Unidos también la gente tira basura en la calle, da vueltas prohibidas o se salta el semáforo, y compra y vende comida en la calle, o drogas, como en todas partes, y contrata trabajadores sin papeles. Es decir, que en realidad no era que se hubiese asimilado a la cultura estadunidense, sino a una versión intensamente ideologizada de la cultura estadunidense –que le hacía pensar que “allá” no había nada de eso.

En ese contexto ideológico, hay dos actores nuevos, relativamente nuevos, que tienen una función decisiva en el proceso de transición. Uno: las empresas de consultoría. A veces son sencillamente eso, empresas, en el negocio de elaborar información, aconsejar, evaluar, levantar encuestas; a veces son centros de educación superior que se habilitan como consultores para alguna institución pública; y a veces son a medias consultoras, a medias organizaciones militantes, con una causa concreta: la seguridad, la transparencia. Las diferencias no son irrelevantes, pero la función es muy parecida. La desconfianza hacia lo público, la fe ciega en las virtudes del mercado, el endiosamiento de la Sociedad Civil, el desarrollo de una cultura de la auditoría, todo contribuye al ambiente en que esas organizaciones privadas de administración del conocimiento resultan indispensables. Elaboran diagnósticos, diseñan políticas, imponen sistemas de evaluación. Muchas de las tareas del Estado se dislocan, y se asignan a las empresas de consultoría. El problema, uno de los problemas en todo caso, es que su manera de trabajar requiere un método que inevitablemente sesga los resultados: la improvisación en la materia que sea, la prisa por entregar documentos, la necesidad de simplificación, la pretensión científica, producen un conocimiento estandarizado, pobre en contexto, que no es ideológicamente neutral.

El otro actor, con parecida importancia, son los intelectuales mediáticos. Siempre ha habido alguna presencia de escritores, historiadores, en el espacio público –Daniel Cosío Villegas, por ejemplo. En los años ochenta, noventa, hay un cambio: hay una importante inversión de dinero público para sostener la conversación pública de un grupo relativamente pequeño de intelectuales, las revistas Vuelta y Nexos para abreviar, proliferan los programas de análisis político, o de conversación sobre temas políticos, en la radio y la televisión, y hay una transformación de la prensa, impulsada en particular por el diario Reforma, que hace de los artículos de opinión el atractivo básico de los periódicos.

Se formó así un pequeño conjunto de notables, conocidos sobre todo porque aparecían en la televisión, y porque opinaban en la prensa: eran los interlocutores privilegiados del gobierno, que acreditaba así su apertura en un diálogo fundamentalmente moderno, y eran la encarnación concreta de la Sociedad Civil. Obligados a opinar sobre todo, de improviso, según los accidentes de la coyuntura, se convirtieron en portavoces del sentido común de la época. También sirvieron como garantía de integridad en todos los consejos “ciudadanos” que acompañaron el proceso de transición. Seguramente no hace falta decirlo, pero su autoridad dependía de que no formasen parte en ningún sentido del aparato de gobernación del antiguo régimen.

Así emprendimos la travesía hacia la democracia, la transparencia, el libre mercado, el Estado de Derecho. Nos toca hacer el corte de caja.

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Este volumen es resultado de las conversaciones del Círculo de Chimalistac, y debe mucho a la inteligencia de Gibrán, Alejandra, Iván, Esteban, Rodrigo, Estela, Rainer, Marco, Héctor, María Fernanda, Juan Pedro, Gauri, Juan, María, Jorge, Frida, Julián, Miguel Ángel, y desde luego, a la generosidad de Javier Elguea.

El subtítulo que hemos escogido viene de un texto de Antonio Álvarez. Estamos en la idea de que se explica solo: a veces, lo que sabemos resulta ser un estorbo, nos impide ver sencillamente, directamente, lo que hay –la veritá effettuale della cosa.

En Chimalistac, Ciudad de México, 7 de marzo de 2018.