Kitabı oku: «Principios, valores e instituciones»

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EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

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Alameda 390, Santiago, Chile

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PRINCIPIOS, VALORES E INSTITUCIONES.

El Departamento de Derecho Público UC ante el cambio constitucional.

Reflexiones y propuestas

Arturo Fermandois Vöhringer (Editor)

©Inscripción Nº 265.982

Derechos reservados

Junio 2016

ISBN edición impresa Nº 978-956-14-1810-3

ISBN edición digital Nº 978-956-14-2659-7

Diseño:

Salvador E. Verdejo Vicencio

versión | producciones gráficas Ltda.

CIP-Pontificia Universidad Católica de Chile

Principios, valores e instituciones: el departamento de Derecho Público UC ante el cambio constitucional: reflexiones y propuestas / Arturo Fernandois Vöhringer (editor)

Incluye bibliografías.

1.Derecho constitucional – Chile.

2.Derechos civiles – Chile.

3.Constitucionalidad de la ley – Chile.

4.Tribunal constitucional – Chile.

I. Fernandois Vöhringer, Arturo, ed.

2016342.83 + 23RCAA2

Diagramación digital: ebooks Patagonia

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ÍNDICE GENERAL

BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES

PRESENTACIÓN DEL EDITOR

CONFERENCIA INAUGURAL. LA CONSTITUCIÓN DE VALORES EN EL PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE· JOSÉ LUIS CEA EGAÑA

PARTE IPRINCIPIOS, VALORES Y DERECHOS FUNDAMENTALES: VIGENCIA Y PROYECCIÓN

§ 1.La jurisprudencia de valores del Tribunal Constitucional · MARISOL PEÑA TORRES

§ 2.La dignidad humana ante la jurisprudencia de la Corte Suprema · MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

§ 3.El concepto de familia en la Constitución: matrimonio y libertad religiosa · SEBASTIÁN ZÁRATE ROJAS

§ 4.Subsidiariedad: dualidades olvidadas · RODRIGO DELAVEAU SWETT

§ 5.La servicialidad del Estado, ¿es una base de la institucionalidad utópica? · EDUARDO SOTO KLOSS

§ 6.Servicialidad del Estado, servicialidad de la Iglesia Católica · JORGE PRECHT PIZARRO

§ 7.Protección jurisdiccional de los derechos económicos, sociales y culturales frente a los cambios constitucionales · RODRIGO DÍAZ DE VALDÉS BALBONTÍN

§ 8.Desarrollo energético privado y cambio constitucional · EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA

PARTE IIREPENSANDO INSTITUCIONES FUNDAMENTALES

§ 9.¿Semipresidencialismo en Chile? El caso a favor · JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GARCÍA

§ 10.Tres propuestas en torno a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República · SEBASTIÁN SOTO VELASCO

§ 11.Régimen presidencial. Comentario a los trabajos de J. F. García y S. Soto · GERMÁN CONCHA ZAVALA

§ 12.Régimen presidencial: ¿Causa de la crisis política? Comentario a los trabajos de J. F. García y S. Soto · CATALINA SALEM GESELL

§ 13.Rol del Tribunal Constitucional. Nivel de actividad necesario para que cumpla su función · DOMINGO POBLETE ORTÚZAR

BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES

José Luis Cea Egaña. Abogado. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Instituciones Legales y Doctor en Derecho por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, siendo Director de su Departamento de Derecho Público en diversos periodos, y habiendo recibido recientemente el Premio Abdón Cifuentes. Presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Autor de varios libros y artículos en revistas especializadas en materias constitucionales. Fue ministro y Presidente del Tribunal Constitucional de Chile. Correo electrónico: jlcea@uc.cl

Germán Concha Zavala. Abogado. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Premios Monseñor Carlos Casanueva y Luis Gutiérrez Allende. Magíster en Ciencias Militares con mención en Política de Defensa, Academia de Guerra del Ejército de Chile. Profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Socio de Schweitzer & Cía. Abogados. Autor de varias publicaciones en materias constitucionales y regulatorias. Fue integrante del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas. Correo electrónico: gconchaz@uc.cl

Rodrigo Delaveau Swett. Abogado. Licenciado en Derecho y Magister en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la P. Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Becario de la Russel Baker Scholarship Fund. Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Regulatorio, y Derecho Comparado en cursos de pre y post grado de la Universidad Católica. Ha dictado cursos de Análisis Económico del Derecho en las Universidades Adolfo Ibáñez y de los Andes. Autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas y columnista de la revista Capital. Correo electrónico: rjdelave@uc.cl

Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín. Abogado. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magister in Legal Studies en la Universidad de Oxford. Socio Internacion Baker & McKenzie. Se desempeña como Jefe del Departamente de Litigios, Arbitrajes y Libre Competencia. Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas. Correo electrónico: bdiaz@uc.cl

Eugenio Evans Espiñeira. Abogado. Licenciado en Derecho y Magíster en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Profesor de las cátedras de Derecho Constitucional y Eléctrico en la Universidad Católica de Chile. Ha asesorado profesionalmente a empresas por más de 20 años en proyectos y asuntos regulatorios. Autor y coautor de varios libros, destacando Derecho Eléctrico (LegalPublishing) y más de 40 artículos publicados en revistas especializadas. Socio fundador de CubillosEvans Abogados. Correo electrónico: eevans@cubillosevans.cl

Miguel Ángel Fernández González. Abogado. Doctor en Derecho. Magíster en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Investigación Jurídica por la Universidad de los Andes. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y en Universidad de los Andes. Director del Programa de Magíster, LL.M. de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Secretario de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y miembro del Comité Consultivo Nacional del Centro de Estudios Constitucionales. Es Ministro Titular del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia. Correo electrónico: mafernag@uc.cl

José Francisco García García. Abogado. Licenciado en Derecho y Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional (Premio Alejandro Silva Bascuñán) por la Pontifica Universidad Católica de Chile. Máster y Doctor en Derecho de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Fue académico visitante en la Facultad de Derecho de la U. de Oxford, Reino Unido. Es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autómoma de Chile y Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica. Es también socio en Fermandois & Cía. abogados. Ha editado diversos libros y publicado más de 30 artículos en revistas académicas especializadas en temas constitucionales, regulatorios y de política pública judicial. Correo electrónico: jfgarcia@uc.cl

Marisol Peña Torres. Abogada. Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Premios Monseñor Carlos Casanueva y Luis Gutiérrez Allende. Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile. Ministra del Tribunal Constitucional. Es Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, llegando a ser la Directora del Departamento de Derecho Público de dicha Facultad. Ha sido docente en diversas asignaturas de Derecho Público en las Universidades de Chile y Santiago de Chile, entre otras, como asimismo, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y en la Academia de Guerra del Ejército. Autora de diversos artículos en revistas especializadas y libros sobre Derecho Político, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Correo electrónico: mpenat@uc.cl

Jorge Precht Pizarro. Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Licenciado en Ciencias del Desarrollo (equivalente a Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales), Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Magíster en Derecho Internacional y Derecho Comparado, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Profesor Titular Adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, donde imparte Derecho Administrativo y Justicia y Doctrina Social de la Iglesia. Autor de diversos libros y decenas de artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Correo electrónico: jprecht@uc.cl

Domingo Poblete Ortúzar. Abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho por la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Cuenta también con un Diploma en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica y socio de Fermandois & Cía. abogados. Como litigante, ha sido destacado por el ranking internacional Chambers and Partners en el área de Derecho Público (2015 y 2016) y por el ranking Leading Lawyers en Derecho Constitucional (2015). Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas en materias regulatorias y constitucionales. Correo electrónico: vdpoblet@uc.cl

Catalina Salem Gesell. Abogada. Licenciada en Derecho y Magíster (c) en Derecho, mención Derecho Constitucional, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como Abogado Asistente en el Tribunal Constitucional. Profesora de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado en diversos seminarios especializados sobre Derechos Humanos y Justicia Constitucional, tanto a nivel nacional como internacional. Correo electrónico: cesalem@uc.cl

Eduardo Soto Kloss. Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Doctor en Derecho de la Universidad de París. Doctor honoris causa de la Universidad de los Andes. Profesor Titular Adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde imparte Derecho Administrativo. Director fundador de la revista Ius Publicum de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Profesor Honorario de la Universidad de Mendoza y miembro correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina. Autor de nueve libros de Derecho Público y de numerosas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Correo electrónico: esotok@uc.cl

Sebastián Soto Velasco. Abogado, Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho de la Universidad de Columbia, NYC. Doctorándose en Derecho por la Universidad de Chile. Es abogado consultor del estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos y está a cargo del programa constitucional de Libertad y Desarrollo. Es Profesor de Derecho Constitucional de la UC, tanto en pregrado como en su programa de Magíster. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Georgetown y de la Universidad de Harvard. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas en materias de derecho público. Fue Jefe de la División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre 2010 y 2014. Correo electrónico: jssoto@uc.cl

Sebastián Zárate Rojas. Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho (PhD) por la Universidad de Bristol, Reino Unido. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad de Salamanca, España. Magíster en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Académico de jornada completa y profesor de Derecho Constitucional y Derecho de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a nivel de pregrado, magister y doctorado. Correo electrónico: sezarate@uc.cl

PRESENTACIÓN DEL EDITOR

Hace exactamente 90 años se crearon en nuestra Facultad de Derecho los primeros seminarios. Estos fueron los de Filosofía del Derecho, Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho Internacional y Ciencias Económicas, y Derecho Constitucional. Estos seminarios, dirigidos por los profesores más distinguidos de la Facultad, estaban integrados además por los ayudantes, elegidos entre los alumnos y ex alumnos más destacados. Cumplían un doble objetivo: en lo inmediato, guiar y supervisar a los alumnos en sus trabajos escritos, sus investigaciones y sus memorias; en lo permanente, abrir a los ayudantes la oportunidad de completar sus conocimientos y de especializarse con el fin de prepararlos para transformarse en los futuros profesores de la Facultadi.

Según la Memoria del Rector de 1937, seguían funcionando en ese año los seminarios de Derecho Privado, Derecho Público, Derecho Penal, Medicina Legal y Ciencias Económicas, dirigidos por los ilustres académicos de la Facultad, entre los que sobresalía la figura del profesor Alejandro Silva Bascuñánii.

En 2015, quisimos reforzar esta casi centenaria tradición de discusión y conocimiento al interior de los departamentos. Simultáneamente, nuestro departamento de Derecho Público UC buscaba una deliberación serena e ilustrada en torno al proceso de cambio constitucional por el que atraviesa el país. Así, surgió la idea de invocar la tradición reflexiva del mejor ius publicismo de la Facultad, reviviendo esta institución al servicio del estudio y elaboración de propuestas en los temas más relevantes del derecho público nacional.

Diversos profesores aceptaron la invitación. El seminario se llevó a cabo el 10 de agosto del 2015. La mayoría de los trabajos que surgieron a raíz de esta convocatoria, tanto presentaciones como comentarios que se hicieron de ellas, forman parte de este libro y quieren transformarse en un aporte técnico del más alto nivel, en días en que el país se apresta a discutir sobre las cuestiones sustantivas del debate. Estos trabajos transmiten el intenso compromiso de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de su cuerpo académico con los destinos del país. Dicho compromiso queda reflejado en el profesor José Francisco García, cuyo aporte a la organización y edición de la obra ha resultado fundamental. Vaya mi sincero agradecimieto para él.

EL DEBATE CONSTITUCIONAL EN PERSPECTIVA

Como sostuvo Carlos Estévez Gazmuri, destacado profesor de Derecho Constitucional de la Facultad entre 1930 y 1950, en una importante conferencia de 1941 que examinaba el proceso de cambio constitucional que derivaría en la Carta de 1925, el derecho constitucional, como todas las ramas del derecho, “vive en constante evolución”, sea “para adoptar las instituciones a las nuevas modalidades nacionales”, o para “crear los organismos que situaciones diferentes hacen necesarios”. Sostuvo a continuación que:

“La reforma constitucional de 1925, que es en nuestra historia política una parte de ese proceso evolutivo, tuvo a mi juicio un aspecto de importancia que es necesario recordar: no pretendió destruir lo que el esfuerzo de casi un siglo de vida constitucional había creado en nuestro país, respetó las tradiciones que la experiencia política había aquilatado, sólo procuró amoldar las instituciones existentes a las modernas orientaciones del derecho público”iii.

Para Estévez, las constituciones escritas y rígidas tenían una serie de ventajas respecto de las consuetudinarias, y por ello eran predominantes a nivel global. Las ventajas de la supremacía y la rigidez constitucional impedían, a juicio de Estévez, “modificaciones bruscas en las instituciones fundamentales de la Nación, y obligan a que su reforma sea el resultado de un justificado anhelo de la opinión pública”iv.

Por su parte, al celebrarse el vigésimo quinto aniversario de vigencia de la Carta de 1925, el destacado profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Gabriel Amunátegui, sostenía respecto de las constituciones escritas que estos textos, “por su propia naturaleza, deben ser de la máxima estabilidad posible. Su proyección en el tiempo, al vincular el pasado con el presente y futuro, determina su necesaria consagración, permite que se creen prácticas marginales y un marco de tradición y prestigio”v. También sostuvo que “no son simples creaciones del espíritu y especulaciones a priori”vi y que “el proceso evolutivo de las instituciones públicas de Chile hacia la realización de su gobierno democrático, significa, en el cuadro de Hispanoamérica, una nota de singular excepción”vii.

Existen diversas posiciones respecto de la conveniencia y necesidad del cambio constitucional. Con todo, la labor del ius publicista, siguiendo los consejos de Estévez y Amunátegui, reside precisamente en tomar distancia, evaluar pausadamente las ventajas y desventajas de las proposiciones puestas sobre la mesa y examinar con rigor su coherencia y racionalidad. Especial énfasis se debiera poner en la valoración de aquellas instituciones de profunda raigambre en nuestra tradición constitucional y en nuestra cultura política, como asimismo en los perfeccionamientos que a lo largo del tiempo las han mejorado y actualizado, a la luz del Derecho Comparado.

No es rol de los académicos ser portadores del espíritu de la consigna o del ideologismo. No puede existir un debate sobre el cambio constitucional fecundo y rico sobre dichas bases. Y es aquí donde surgen las virtudes del oficio del académico: serenidad, paciencia, reflexión ante el objeto de estudio. Y el debate constitucional ha dejado un espacio especial para los ius publicistas. Debemos estar a la altura de dicho llamado.

ESTRUCTURA DEL LIBRO

El libro que presentamos comienza con la conferencia inaugural del Seminario que dio origen a esta obra, dictada por el profesor José Luis Cea Egaña. El profesor Cea, luego de enunciar diversos elementos conceptuales vinculados a los valores y examinar tanto las doctrinas que promovieron la exclusión de estos del universo de conceptos esenciales, como aquellas que la rectificaron, caracteriza el núcleo de una Constitución de valores. A continuación, junto con destacar el rol del juez en la implementación de una Constitución de valores y examinar críticamente las posiciones doctrinarias contrarias, describe el conjunto de valores que forman parte de nuestra Carta Fundamental. Concluye, a modo de epílogo, destacando la importancia de los valores en la modelación de la conducta cívica democrática y republicana.

La obra luego se divide en dos partes. En la primera, ocho trabajos examinan los principios, valores y derechos fundamentales que integran tanto la arquitectura constitucional actual, como una futura.

Así, en primer lugar, la profesora MARISOL PEÑA, analizando diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como el recurso a los valores y principios recogidos en la Carta Fundamental, especialmente en su artículo 1°, ve que ello constituye un recurso hermenéutico permanente para decidir los diversos tipos de conflictos jurídicos que se someten a su conocimiento. Ello lo hace en particular, sostiene, cuando se trata de instituciones que requieren una precisión para estimular un ejercicio del mismo plenamente congruente con el régimen democrático, o bien, para apoyar el desarrollo por el juzgador de “derechos implícitos” que, lejos de intentar sustituir la voluntad del constituyente derivado, persiguen contribuir a materializar una Constitución “viviente” cuya legitimidad no esté sometida a prueba periódicamente.

Luego, el profesor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ examina el concepto de dignidad humana en nuestro sistema jurídico. Tras recorrer las conceptualizaciones que en torno al mismo ha entregado la doctrina constitucional más respetada, el autor aborda la jurisprudencia de la Corte Suprema en diversos ámbitos. Este análisis lo lleva a sostener que nuestro Máximo Tribunal utiliza, repetidamente, el valor de la dignidad para sustentar sus decisiones vinculadas a los más variados derechos fundamentales, aunque sin profundizar en su sentido y alcance, con finalidades jurídicas diversas: justificar una interpretación de la normativa vigente en favor del peticionario, sostener la procedencia de una reparación integral, plantear que es fuente de derechos, como explicación para validar la actuación de una persona o para inclinar la balanza de la ponderación.

Enseguida, el profesor SEBASTIÁN ZÁRATE explora la relevancia que tiene la libertad religiosa en la definición y posible alteración de la manera en que el Estado configura a la familia o regula el matrimonio. Tras examinar el reconocimiento actual de la Carta Fundamental respecto de la familia y sus formas de protección, plantea que la ausencia del concepto de matrimonio en la Constitución y su relegación al ámbito legislativo no resulta congruente con la importancia que tiene el derecho a contraer matrimonio en la sociedad. Para ello presenta jurisprudencia del Derecho Interamericano y Comparado sobre la materia dando cuenta de la existencia de conceptualizaciones y regulaciones más exigentes. En este contexto, la importancia de la libertad religiosa, sostiene el autor, comienza a incrementarse con los cambios legislativos que se observan en distintos países, no solo en lo tocante a la regulación de la familia, sino en las leyes antidiscriminación, apareciendo, en consecuencia, con más fuerza el ejercicio de las objeciones de conciencia.

Luego, el profesor RODRIGO DELAVEAU desarrolla tres dualidades relevantes en torno a la subsidiariedad, tanto en el plano intelectual como en su concreción en nuestro sistema jurídico. Ellas se vinculan al origen, al concepto y a la naturaleza bilateral de la subsidiariedad (en relación con el principio de solidaridad). Para el autor, lejos de ser concluyente, el debate sobre la subsidiariedad está por iniciar un proceso lleno de interrogantes, lo que hace necesario deconstruir y construir los elementos en discusión.

Por su parte, el profesor EDUARDO SOTO KLOSS examina la servicialidad del Estado como pilar fundamental de las Bases de la Institucionalidad de la Constitución. Tras examinar su origen, terminología y naturaleza jurídica, profundiza en las implicancias que tiene respecto de la Administración del Estado, especialmente considerando que la actividad administrativa está en relación constante, cotidiana e ineludible en muchos sectores de la vida humana. Dicha actuación debe sujetarse a ciertos estándares (eficacia, idoneidad, proporcionalidad, racionalidad, entre otros), parte integrante de la juridicidad. Asimismo, desarrolla cómo la inactividad puede devenir en antijuridicidad, generando responsabilidad. Con todo, el autor concluirá que la satisfacción de necesidades públicas tiene como exigencia ineludible e insoslayable respetar los derechos y garantías de las personas y que toda potestad pública tiene como límite tanto en su contenido como en su ejercicio el respeto de los derechos que emanan de la naturaleza humana.

Enseguida, el profesor JORGE PRECHT analiza la servicialidad de la Iglesia y cómo el debate constitucional pudiese generar restricciones en esta materia. Sostiene que el Estado no posee el monopolio de la servicialidad, y que esta alcanza tanto a los particulares como a las organizaciones sin fines de lucro, concurriendo todos ellos a la “sociedad” con aportes sustantivos en áreas tales como educación o salud. En esas relaciones destaca que debe también campear el principio de subsidiariedad, junto al de solidaridad. Para el autor, el derecho de la Iglesia a ser apoyada por el Estado en el desarrollo de las actividades de servicialidad material y espiritual está sólidamente anclado en nuestra institucionalidad; sin embargo, hay algunos ámbitos, como la educación, en que ello no se está cumpliendo, obstaculizándose la labor de la Iglesia en su servicialidad social.

Por otro lado, para el profesor RODRIGO DÍAZ DE VALDÉS, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son derechos fundamentales que emanan de la dignidad de la persona humana. Más que aspiraciones o meras expectativas, e independientemente de las capacidades económicas de un Estado, su realización es condición esencial para la vida y el desarrollo de las personas, no desconociendo que los Estados tienen distintos niveles de protección de estos derechos, precisamente porque sus capacidades económicas son distintas; sin embargo, sostiene que la capacidad económica de un Estado no es una eximente para dejar de cumplir el mínimo esencial garantizado. Tal criterio goza hoy de reconocimiento en el sistema internacional de Derechos Humanos, como así también en nuestro continente que, como demuestra el autor, en diversos países cuenta con un modelo amplio de justiciabilidad de estos derechos sobre la base de estándares como “mínimo vital” o la “vida buena”. La jurisprudencia nacional ha tenido criterios dispares, siendo más bien deferente con la política pública. Lo anterior lleva al autor a concluir que una reforma constitucional podría dar mayor énfasis en la justiciabilidad de estos derechos, sin embargo, los mecanismos deben ser analizados cuidadosamente, proponiendo criterios para su implementación.

Finalmente, cierra esta parte el profesor EUGENIO EVANS, quien intenta demostrar cómo el desarrollo privado de la industria energética del país ha sido posible, en buena medida, gracias a la existencia de un marco jurídico institucional que, a partir de la Constitución Política, lo ha posibilitado con la consideración de tres aspectos esenciales, a saber, i) servicios públicos prestados por agentes privados; ii) regulación constitucional económica suficiente; iii) Estado de Derecho definido y estatuto de garantías constitucionales. Según esto, se perfila la idea de que solo es posible que pueda desarrollarse privadamente este importante sector económico y de servicios, en la medida en que exista un estatuto que confiera efectiva seguridad jurídica, la que necesariamente debe tener su punto de partida en la Constitución y seguir en la normativa inferior que, respetándola, regule sin dañar u olvidar esos aspectos esenciales.

En segundo lugar, se incluyen cinco trabajos que buscan repensar instituciones fundamentales. En particular, los comentarios evalúan nuestro régimen político presidencial y el Tribunal Constitucional.

Así, el profesor JOSÉ FRANCISCO GARCÍA pondera las razones que se han esgrimido para reconfigurar el régimen político chileno, en el contexto del debate sobre cambio constitucional. Sobre la base de un diagnóstico crítico respecto de los incentivos institucionales que genera el hiperpresidencialismo y la revisión de la doctrina más respetada, recomienda tomarse en serio la posibilidad de evaluar la conveniencia de un sistema semipresidencial para Chile. Hacia el final del documento desarrolla la configuración del Ejecutivo en el sistema constitucional francés y presenta las conclusiones.

Luego, el profesor SEBASTIÁN SOTO sugiere tres reformas en materia de iniciativa exclusiva presidencial que, sin discutir el catálogo de materias existentes, busca plantear un mejor balance entre el poder del Presidente de la República y el Congreso Nacional. Para ello, y tras examinar algunos elementos generales de la iniciativa exclusiva y las críticas al actual régimen regulatorio, el autor plantea introducir materias que sean de iniciativa exclusiva parlamentaria, e incorporar las figuras del patrocinio y la delegación dentro de las reglas del proceso legislativo.

Comentan los artículos de los profesores García y Soto los trabajos de los profesores GERMÁN CONCHA y CATALINA SALEM. Para el primero, en el plano de avanzar hacia un régimen semipresidencial, cualquier propuesta en esta dirección debe considerar el sentido del actual presidencialismo reforzado y que se vincula con la contención del populismo. Asimismo, plantea como alternativa un sistema parlamentario como ideal a la hora de resolver la cuestión de la responsabilidad política. Respecto de la idea de introducir un sistema de iniciativa exclusiva parlamentaria en algunas materias, el autor recomienda un diseño especialmente cuidadoso para no generar incentivos perversos. La profesora Salem, por su parte, sostiene que cualquier debate sobre el sistema de gobierno que se adopte debe partir por identificar aquellos problemas de diseño institucional que están impidiendo la adecuada interdependencia y coordinación entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional. El régimen vigente, a su juicio, ha contribuido a la estabilidad política institucional de Chile, no generando tampoco crisis institucional entre los poderes políticos. Una hipótesis alternativa que pudiera explicar la crisis política actual la encuentra en el deficitario funcionamiento del sistema de partidos políticos. Sobre dicho marco conceptual, examina críticamente las propuestas de los profesores García y Soto.

Finalmente, el profesor DOMINGO POBLETE aborda el control preventivo de constitucionalidad como mecanismo de protección de la vigencia de la supremacía constitucional. Asumiendo la necesidad de mantener el control preventivo ante los problemas que ha presentado la operación del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el autor reflexiona acerca de la operación de esta variante de control y sobre el diseño del Tribunal Constitucional. Plantea que existen alternativas de operación del control preventivo y de diseño institucional, principalmente relacionadas con la integración, que influyen directamente en la posibilidad del Tribunal Constitucional de cumplir su rol, sin necesidad de intervenir constantemente por medio de la dictación de sentencias.

Con este libro, el Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica busca contribuir en forma concreta al país, en momentos en que, como comunidad política, repensamos nuestras reglas constitucionales. Es nuestro modesto tributo a las generaciones de juristas del pasado, del presente y del futuro, que cada una en su tiempo han aportado y aportarán al perfeccionamiento de nuestra arquitectura constitucional.

ARTURO FERMANDOIS VÖHRINGER

Director del Departamento de Derecho Público

Facultad de Derecho UC

iKREBS, Ricardo; María Angélica MUÑOZ y Patricio VALDIVIESO (1994): Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile 1888-1988. Tomo I (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile), pp. 280-81.

iiKREBS y OTROS (1994), p. 281.

iiiESTÉVEZ, Carlos (1942): Reformas que la Constitución de 1925 introdujo a la de 1833 (Santiago, Universidad de Chile - Dirección General de Prisiones), p. 47.

ivESTÉVEZ, Carlos (1949): Elementos de Derecho Constitucional Chileno (Santiago, Editorial Jurídica), p. 10.

vAMUNÁTEGUI, Gabriel (1951): “Discurso del Profesor de Derecho Constitucional don Gabriel Amunátegui”, en FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: La Constitución de 1925 y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), p. 20.

viId.

viiAMUNÁTEGUI (1951), pp. 20-21.

CONFERENCIA INAUGURAL. LA CONSTITUCIÓN DE VALORES EN EL PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE 1

JOSÉ LUIS CEA EGAÑA

Profesor Titular de Derecho Constitucional Facultad de Derecho P. Universidad Católica de Chile

RESUMEN. El autor, luego de enunciar diversos elementos conceptuales vinculados a los valores y examinar tanto las doctrinas que promovieron la exclusión de estos del universo de conceptos esenciales, como aquellas que la rectificaron, caracteriza el núcleo de una Constitución de valores. A continuación, junto con destacar el rol del juez en la implementación de una Constitución de valores y examinar críticamente las posiciones doctrinarias contrarias, describe el conjunto de valores que forman parte de nuestra Carta Fundamental. Concluye, a modo de epílogo, destacando la importancia de los valores en la modelación de la conducta cívica democrática y republicana.

SUMARIO. I. Precisiones conceptuales / II. Reflujo y rectificaciones / III. Nuevo constitucionalismo / IV. Hermenéutica axiológica / V. Valores en la Constitución chilena / VI. Epílogo / Bibliografía.

I. PRECISIONES CONCEPTUALES

Los valores son ideales realizables: ideales en el sentido de arquetipo o modelo de excelencia y perfección en su línea2; y realizables, o sea, susceptibles de llevarse a cabo con voluntad decidida y perdurable3. Los valores no son, consecuentemente, elucubraciones fantásticas inventadas por nuestra mente; quimeras irreales, imaginarias o inverosímiles, derivadas de simplificaciones, como las ideologías, o de ilusiones febriles generadas en sujetos que evaden la realidad de la vida o rehúyen afrontarla como es.

Los valores existen; pueden ser estudiados, comparados, constatados y apreciados en su cualidad de entes que impelen al acatamiento y la preferencia4.

Los valores han existido siempre, aunque solo en los últimos dos siglos, aproximadamente, fue reconocida su presencia, su objetividad absoluta, la identificación con el deber ser, con la belleza, la verdad y el bien de la naturaleza humana.

El pensamiento liberal, y algunas modalidades que lo han seguido hasta hoy, propugnaron la exclusión de los valores del universo de los conceptos esenciales, afirmando que existen, pero nada más que en la mente de cada individuo con uso de razón. De algunos filósofos de esa corriente de pensamiento viene la tesis de la elución5, es decir, de apartar los valores de la acción porque dividen, fomentan las tensiones o tornan imposible contraerse nada más que a ciertos asuntos en que se divisa la eventualidad de arribar a acuerdos, consensos o entendimientos.

Triunfante esa tesis durante largo tiempo, significó la separación de la moral y el derecho. Primero Augusto Comte, con su visión de los tres estados por los que ha atravesado la sociedad humana, transitando desde el teológico al metafísico, para culminar en la etapa positiva, es decir, la más alta forma de conocimiento, consistente en la descripción de los fenómenos sensoriales, evitando cualquier especulación6; seguido en el derecho por Hans Kelsen7, según el cual cada ciencia se desarrolla con su propio método, de modo que, en lo jurídico, tiene que ser apartado el análisis de los valores éticos, políticos e históricos, pues la dogmática positiva se preocupa de responder qué es y cómo es el derecho, excluyendo el deber ser respectivo; hasta rematar en las casi inentendibles formulaciones de la postmodernidad, heredadas del nihilismo de Friedrich Nietzsche, o sea, el estado de creencia en la nada, sin designio ni propósito alguno8, con la evasión del pensar coherente para, en su lugar, reconstruirlo mediante la búsqueda de contradicciones y conflictos que tornen imposible alcanzar cualquier premisa sobre la base de la cual formularlo9.

Secuela de tales impulsos ha sido el individualismo, que halla en cada persona singular la unidad básica del análisis político y normativo, con las colectividades y sociedades aceptadas como meras adiciones numéricas de aquellas individualidades, sin entidad propia10.

Quedamos así ya en el seno del relativismo, incesantemente expansivo y a un paso del anarquismo, es decir, al rechazo de cuanta idea provenga del ambiente o de otros sujetos11.

II. REFLUJO Y RECTIFICACIONES

La rectificación de esas corrientes filosóficas comenzó con Hans Clemens Von Brentano en su libro La psicología desde el punto de vista empírico, aparecida en 187412. En ella se retorna a la intencionalidad o dirección con que realizamos los procesos mentales, enfatizando así el espíritu por sobre lo físico o material, la voluntad que gobierna a la libertad y la armoniza con el orden. José Ortega y Gasset, en su primera época, se inscribe en esa escuela de pensamiento. De ella, en Chile, nadie ha superado las elaboraciones del filósofo y jurista Jorge Millas Jiménez (1923-1985).

En sus apuntes de Filosofía del Derecho, ya citados, Millas formuló una lúcida, coherente y persuasiva tesis axiológica, en la cual hallamos aseveraciones que merecen ser aquí recordadas. Escribió Millas13 que el Derecho es un régimen de convivencia para el servicio de la vida, que va caminando y cambiando con ella y que implica siempre algún sistema de valores. De estos, Millas realzó lo que llama forzosidad de la ética, esto es, un ideal que exige acatamiento y preferencia. La justicia, el orden, la paz, la seguridad, la libertad y la igualdad son especies de deber ser, de bienes que fluyen de aquella forzosidad intrínseca de los valores. Consecuentemente, Millas finalizó afirmando que el fundamento último del orden jurídico es axiológico, pues el derecho es, en sí mismo, un sistema de valores que, además, sirve de medio para realizar los otros valores recién aludidos y muchos más14.

El sufrimiento es una escuela indiscutible e insuperable de perfeccionamiento humano. Por eso, digo que fueron necesarios testimonios masivos de atrocidades para concluir, setenta años atrás y después, que es menester terminar con la sospecha, según la cual toda regla moral encubre un afán de dominio de unos seres humanos sobre sus semejantes, sean personas, grupos, etnias, naciones15 y en el presente, la comunidad internacional. Imperativo es reconocer que fueron las penurias inhumanas padecidas bajo dictaduras y totalitarismos las que forjaron la conciencia, primero en líderes esclarecidos, que la moral no es un asunto única ni principalmente privado; que ella es inseparable de la política, de la economía, de la sociología y del derecho; que el nihilismo, es decir, que todo da lo mismo con sujeción a una autonomía individual que no acepta deberes ni reconoce valores como el de la solidaridad, es inconciliable con el despliegue de la personalidad de cada cual en ambientes compartidos de certidumbre y confianza, aunque sean mínimas.

Grandes guerras, fueran mundiales y regionales o internas, esto es, civiles; revoluciones y contra revoluciones singularizadas por la violencia con miseria espiritual y física; arbitrariedades, angustias y discriminaciones; en fin, trastornos mentales masivos, evidenciados desde la infancia, y otros males semejantes impusieron, finalmente, el reconocimiento de la dignidad humana16 con el rango de valor supremo, derivado de la cual se garantizan los derechos y deberes que emanan de ella17.

Pienso que ese fue el reencuentro de la civilización contemporánea con las proclamaciones humanistas de Estados Unidos en julio de 1776 y de la Revolución Francesa en el mismo mes de 1789. Hallamos también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948 la resonancia nítida y actualizada de esa reentronización del humanismo lastrado, eso sí, por el positivismo formalista que resiste independizarse del Estado como fuente del derecho.

III. NUEVO CONSTITUCIONALISMO

Testimonios de la fe que los líderes tuvieron en el derecho; de la esperanza cierta que ellos sintieron en la potencialidad de sus valores, principios y normas cuando son rectamente concebidos, interpretados y ejecutados fue la restauración del imperio de los límites que el ordenamiento traza al poder para que sea juiciosa, controlada y responsablemente ejercido.

Así en las Constituciones de Italia (1947), Alemania Federal (1949), Francia (1958) y España (1978), sucesivamente, hallamos positivizados aquellos valores. Esas Constituciones se erigen en claves del nuevo constitucionalismo vivido en democracia. Marcan ellas la naturaleza y finalidad del Estado de nuestra época y de las relaciones internacionales regidas por tratados elaborados, precisamente, para forjar un mundo centrado en la dignidad, los derechos y deberes, en fin, las garantías o defensas ya aludidos.

La influencia del nuevo constitucionalismo democrático va siendo asimilada en otros países, incluido Chile en su proceso de treinta y seis reformas a la Carta Fundamental de 198018.

Vivimos el tiempo de la Constitución de Valores, como la llamó Antonio Baldassarre19, Presidente Emérito de la Corte Constitucional de Italia. Tal es el más reciente modelo de Constitución, aunque paradojalmente puede afirmarse que es, también, el más antiguo de los paradigmas constitucionales. Suficiente resulta para demostrar esta tesis recordar la tipología de los gobiernos, buenos y malos, explicada en el libro La Política de Aristóteles más de 2.300 años atrás; o los escritos de Cicerón en La República; las enseñanzas de John Locke sobre los regímenes despóticos y las insurrecciones que provocan; o la virtud, de la cual Montesquieu hizo el rasgo esencial del gobierno legítimo.

La Constitución de Valores entroniza a la persona humana, con su dignidad y atributos esenciales, en la jerarquía del valor máximo de la civilización. El Estado debe servir ese valor, el cual se impone igualmente al prójimo, sea en cuanto individuo o asociado. En el despliegue del mismo valor va creciendo el cúmulo de los atributos esenciales, transitando de los derechos subjetivos a los del ciudadano para arribar a los derechos sociales, o de segunda generación, cuya realización, paulatina y progresiva, es un testimonio ético de progreso en la calidad de la convivencia para el bien de todos, sin discriminaciones.

Los principios de subsidiaridad y solidaridad, concretados en el esfuerzo conjunto y armónico del Estado y de la Sociedad Civil, impulsan la asunción de nuevos desafíos vinculados al bien común. Este es, sin duda, un valor y de la mayor amplitud y transcendencia.

La Constitución de Valores impone al Estado enfrentar, con leyes y otras medidas, los enormes tropiezos que padecemos en el camino hacia el buen gobierno. Me refiero a la injusta distribución de la renta nacional, con miseria, pobreza y marginalidad que provoca envidias, odiosidades y resentimientos.

La Constitución de Valores exige al Estado erradicar la corrupción, patente en los conflictos de intereses, en el cohecho, el soborno, la opacidad o falta de transparencia en las decisiones públicas, la manipulación por gobernantes que victimiza a la ciudadanía, en fin, la evasión y la elución tributaria.

La Constitución de Valores compele a los órganos del Estado a que adopten medidas eficaces para que sean estrictamente respetados los principios éticos que regulan las decisiones de los servidores públicos, trátese de gobernantes, parlamentarios, jueces, fiscales, jerarcas o funcionarios administrativos.

La Constitución de Valores demanda que el Estado fomente la filantropía y el mecenazgo de los particulares en su contribución al bien colectivo.

La Constitución de Valores presupone que el Estado y la Sociedad Civil eduquen en la formación cívica, desde la infancia, inculcando el sentido y el compromiso con la solidaridad, el sacrificio, el cumplimiento de los deberes, la abnegación, el respeto, la tolerancia y la honestidad.

En fin, la Constitución de Valores reconoce, con el rango de excepcionalmente elevado y trascendental, la incidencia de la ética en el origen de la vida, su curso, desarrollo y extinción, es decir, la bioética, desde la concepción hasta la muerte natural, tornando inexcusables e ilegítimos los resquicios que buscan quebrantarla20.

IV. HERMENÉUTICA AXIOLÓGICA

En la consumación de la Constitución de Valores desempeñan roles esenciales los jueces, primordialmente los de índole constitucional. Lo hacen así para honrar numerosos postulados de esa especie de Carta Fundamental. De ellos aquí subrayo solo tres: primero, la vigilancia del principio de supremacía con respecto al legislador; segundo, la irradiación de esa axiología a todo el ordenamiento jurídico; y tercero, la interpretación del derecho desde la Constitución y para volver a ella, nunca a partir de la ley ni menos subordinando el Código Político a lo dispuesto en preceptos legales. Todos esos postulados denotan que en la Carta Suprema se halla condensado el mejor derecho, el de más rango y mejor calidad en relación con el humanismo que hemos realzado.

Me preocupa hallar no pocos pronunciamientos contrarios a la Constitución de Valores, en Chile y el derecho comparado21. ¿Qué razones pueden explicar tal escepticismo o, más todavía, la hostilidad hacia ese concepto? Retorno, en respuesta, a lo que dije minutos atrás apuntando al positivismo formalista, hoy y afortunadamente en declive ostensible y al recelo de quienes creen que los valores son una vía para imponer, desde el iusnaturalismo católico una cosmovisión política y jurídica de determinada orientación religiosa. En un mundo sumido en el laicismo, se torna ostensible advertir tales empeños, a menudo exitosos.

Tenemos que, real y lealmente, disipar en la práctica tal animosidad, demostrando que la ética es un valor anterior y superior a la normatividad positiva e inseparable de ella, sin satisfacer aquella exigencia aceptando el que algunos llaman un mínimo ético, con regaño denotativo de falta de argumentos. Debemos también demostrar que la existencia y vigencia real de los valores, la fe en ellos y el rol que cumplen no es algo en que crean solo quienes son animados por la antropología cristiana, pues agnósticos y ateos pueden detentar igualmente axiologías y, no sin frecuencia, suscitar admiración en la práctica de ella. Por último, creo se vuelve imperativo impugnar las visiones filosóficas carentes de una antropología sólidamente cimentada, cualquiera sea ella si ignora o cuestiona la dignidad humana como clave del humanismo que propugnamos22.

V. VALORES EN LA CONSTITUCIÓN CHILENA

Nunca una Constitución, cualquiera sea ella, carece ni puede carecer de valores, aunque el tesón por omitirlos, conscientemente o no, renueve el impulso tras esa meta. Incluso las Constituciones mínimas, aquellas que se limitan, como quisieron, ochenta años atrás, Harold Laski, A. Shumpeter, y ahora Bruce Ackerman, solo a fijar las reglas generales aplicando las cuales sea posible arribar a acuerdos, tienen en esas reglas precisamente valores con los cuales forjan la paz y evitan o reducen las opciones de guerra o de caída en otras vías de facto.

La Carta Fundamental chilena vigente contiene numerosos valores, excepcionalmente llamándolos así, por su nombre23. Fácilmente se los halla en preceptos de diversa índole, trátese de la parte dogmática, de la parte orgánica o de la relacional entre las dos anteriores.

En el capítulo I, Bases de la Institucionalidad, se condensa la mayoría de esa axiología, con los valores de más alta prominencia.

Una ojeada al texto supremo permite señalar, por ejemplo, que cada inciso del artículo 1° comprende varios valores. Así, son tales las personas, su libertad e igualdad, cimentadas en la dignidad y en los atributos, derechos y deberes que emanan de ella; idénticamente pertinente es el reconocimiento de la familia con la cualidad de núcleo fundamental de la sociedad, el reconocimiento de la subsidiaridad estatal a favor de los grupos intermedios, la servicialidad del Estado en beneficio de la persona, la realización constante y nunca terminada del bien común, o la serie de deberes que se imponen a la autoridad política, abarcando la participación con igualdad de oportunidades en el amplio espectro de la vida nacional.

En este breve ensayo no cabe detenerse en cada artículo, ni siquiera de los reunidos en el capítulo I, advertencia que no nos exime de realzar determinados valores, por ser señeros, escogidos de presentes en los artículos 2° a 9° de aquel.

Los emblemas nacionales, nombrados en el artículo 2°, son demostrativos de valores como el patrimonio y de la veneración de la tradición chilena.

La solidaridad, aludida en el artículo 3° inciso 3° y en al artículo 115 inciso 1°, es también un valor. Lo es la democracia republicana, tal como la supremacía de la Carta Política, al tenor de los artículos 4° y 6°.

La limitación en el ejercicio de la soberanía por el respeto que siempre merecen los recursos humanos, no solo confirman la servicialidad del Estado en pro del humanismo, sino que el valor de este principio configurante del Athos de la Constitución entera.

Para terminar, son valores la probidad y la transparencia en las actuaciones de los órganos públicos, tanto como la tutela de la vida humana amenazada por el terrorismo, esencialmente contrario a los derechos que fluyen de la naturaleza humana, con sujeción a los artículos 8° y 9° del Código Supremo.

VI. EPÍLOGO

Los valores tienen que ser enseñados desde la infancia, con fe en ellos. Así se modela la conducta cívica democrática y republicana tantas veces proclamada, invariablemente admirada, pero no rara vez quebrantada, ignorada o menospreciada.

Los valores cimentan sólidamente a las instituciones en su naturaleza y roles, infundiendo estabilidad y continuidad al sistema político y socioeconómico, a la vez que flexibilidad a las cambiantes situaciones que provocan las mutaciones y alteraciones derivadas del paso del tiempo, con generaciones que no piensan igual, pero que, por respeto a tales valores, identificándose con ellos, contribuyen a la realización concreta de la vida buena en comunidad24.

Bibliografía

Libros y artículos

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BLACKBURN, Simon B. (2008): Oxford Dictionary of Philosophy (Oxford, Oxford University Press).

CEA EGAÑA, José Luis (2013): “Bosquejo del anarquismo en Chile”, Revista Societas (Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales), vol. 14.

FERRATER MORA, José (1979): Diccionario de Filosofía. Tomo I. (Madrid, Alianza Diccionarios).

FRONDIZI, Risiere (1972): ¿Qué son los valores? Introducción a la axiología (México DF., Fondo de Cultura Económica, 3a ed).

GROULIER, Cedric (director, 2014): L´ État moralisateur. Regard interdisciplinaire sur les liens contemporais entre la morale et l´actionpublique (París, Ed. Mare y Martin).

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KELSEN, Hans (1965): Teoría Pura del Derecho (Buenos Aires, EUDEBA).

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SANDEL, Michael (2014): Justicia ¿hacemos lo que debemos? (Barcelona, Ed. Debate).

TAYLOR, Charles (2015): La Era Secular. Tomo II (Barcelona, Ed. Gedisa).

Otros

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (1992) (Madrid, Asociación de Editores del Catecismo).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Diccionario de la Lengua Española (Madrid, Ed. Espasa-Calpe).

1Texto leído el lunes 10 de agosto de 2015 en la inauguración del seminario de profesores del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica de Chile. Resumen y sumario han sido incluidos por el Editor.

2REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001), p. 1245.

3ID., p. 1906.

4MILLAS JIMÉNEZ (2012), pp. 202-203. Una visión diferente, propia del empirismo integral de su autor, se halla en FRONDIZI (1972), pp.119 ss.

5Consúltese HOLLENBACH (1996), p. 144 y ss.

6BLACKBURN (2008), pp. 70 y 283.

7Véase KELSEN (1965).

8BLACKBURN (2008), pp. 261-262.

9ID., p. 95.

10SANDEL (2014), pp. 241 y ss.

11Véase CEA (2013), pp. 200 y ss.

12FERRATER MORA (1979), pp. 383 y ss.

13MILLAS JIMÉNEZ (2012), pp. 154 y 343.

14ID., pp.155 y 201-203.

15NÚÑEZ LADEVÉZE (2005), pp. 15-16.

16SANDEL (2014), pp. 122 y ss.

17CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (1992), pp. 1700 y ss.

18La última enmienda constitucional, de octubre de 2015, se refiere a la elevación del Servicio Electoral al rango de órgano estatal de la jerarquía más alta, fortaleciendo su autonomía.

19BALDASSARRE (1997), pp. 187 y ss.

20PRIETO SANCHIS (2013), pp. 120 y ss.

21PARDOW y VERDUGO (2015), pp. 123 y ss.

22Véase GROULIER (2014), pp. 11 y ss.

23Por ejemplo, el artículo 22 inciso 2°.

24Consúltese TAYLOR (2015), pp. 645 y ss.

PARTE I

§ 1. LA JURISPRUDENCIA DE VALORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MARISOL PEÑA TORRES

Profesora Titular de Derecho Constitucional Facultad de Derecho P. Universidad Católica de Chile

RESUMEN. La autora sostiene, examinando diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el recurso a los valores y principios recogidos en la Carta Fundamental, especialmente en su artículo 1°, constituye un recurso hermenéutico permanente para decidir los diversos tipos de conflictos jurídicos que se someten a su conocimiento. Ello lo hace en particular, plantea, cuando se trata de instituciones que requieren una precisión para estimular un ejercicio del mismo plenamente congruente con el régimen democrático, o bien, para apoyar el desarrollo por el juzgador de “derechos implícitos” que, lejos de intentar sustituir la voluntad del Constituyente derivado, persiguen contribuir a materializar una Constitución “viviente” cuya legitimidad no esté sometida a prueba periódicamente.

SUMARIO. I. Constituciones, valores y hermenéutica constitucional / II. Aplicación concreta de los valores y principios constitucionales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional / II.1. La dignidad humana como fundamento directo de la protección y garantía de derechos fundamentales / II.2. Aplicación del principio de subsidiariedad en lo que dice relación con el derecho a la protección de la salud / II.3. Respeto y protección de la autonomía de los grupos intermedios en materia educacional / II.4. El principio democrático, el accountability y el derecho de acceso a la información como “derecho implícito” / III. Conclusión / Bibliografía.

I. CONSTITUCIONES, VALORES Y HERMENÉUTICA CONSTITUCIONAL

En un artículo publicado hace algunos años, en la Revista Chilena de Derecho, afirmábamos que desde el punto de vista de la ciencia del derecho, la crisis de valores que afectaba a nuestras sociedades había motivado una reacción contra el positivismo jurídico, que se expresaba, a lo menos, en dos tendencias extraídas de las lecturas de Luciano Parejo Alfonso:

“1) La afirmación de que la Constitución Política representa ‘un orden de valores’ que no sólo obliga a una interpretación finalista de sus preceptos, sino que pone énfasis en la tesis de que la Carta Fundamental debe interpretarse como un todo sistemático en el que cada precepto adquiere su pleno valor y sentido en relación con los demás (…).

2) El desarrollo de una ‘jurisprudencia de los valores’, principalmente a partir de la eficaz garantía de los derechos fundamentales y de su evolución, conforme a la cual éstos superan la concepción de simples mecanismos de defensa y protección frente al Estado, en un esquema típicamente liberal, para proyectar ciertos elementos objetivos del ordenamiento, así como principios que imponen deberes positivos de actuación no sólo a la autoridad sino que a cualquier persona. Se ha llegado a afirmar que el sistema de valores a que responden los derechos fundamentales guarda estrecha relación con la finalidad básica de la Constitución misma, razón por la cual dichos derechos ocupan una posición preferente en el orden establecido por ella”1.

Desde el punto de vista del control constitucional, el profesor García de Enterría había afirmado, por su parte, que el reconocimiento de una “superlegalidad material” no solo asegura a la Constitución una preeminencia jerárquica sobre todas las demás normas del ordenamiento (sino que) esas demás normas solo serán válidas si no contradicen, ya no solo el sistema formal de producción de las mismas que la Constitución establece, sino, y, sobre todo, el cuadro de valores y de limitaciones del poder que en la Constitución se expresa2.

Asimismo, se afirma que, en la actualidad, vivimos en la época de Constituciones “materiales y garantizadas”. La primera de esas características apunta, precisamente, a la circunstancia de que las Cartas Fundamentales se presentan con un denso contenido sustantivo donde es posible distinguir normas de diferente denominación3: valores, principios y reglas, las que se diferencian por el mayor o menor grado de libertad que otorgan a los operadores del derecho para su aplicación. En este sentido, para Alexy4, las reglas obedecen a normas que no presentan alternativa en su aplicación: o se cumplen o no. En cambio, los principios envuelven “mandatos de optimización”, esto es, normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible. Expresado en otros términos, “no agotan en absoluto su eficacia como apoyo de las reglas jurídicas, sino que poseen una autónoma razón de ser frente a la realidad”5.

Lo que resulta claro es que las normas incluidas en las Constituciones contemporáneas tienen una textura abierta que exige que el intérprete las dote de contenido. Además, no debe perderse de vista la vocación de permanencia que tiene la Constitución, lo que obliga también a que la interpretación se plantee más allá de la casuística, para ir reafirmando su carácter de pacto constitutivo y ordenador de la vida en sociedad con cierta proyección de futuro. Esta última perspectiva es la que anima la idea de una Constitución “viviente”6 cuya legitimidad se va renovando permanentemente en la medida en que la Carta sea capaz de ir dando respuesta a las nuevas necesidades y requerimientos que la sociedad va experimentando.

Aunque no es el tema de este trabajo, las características anotadas son las que permiten sostener que la interpretación constitucional no puede seguir estrictamente los cánones aplicables a la interpretación de la ley. Como plantea Guastini, “se trata principalmente de los procedimientos interpretativos (en sentido lato) que se aplican a disposiciones constitucionales que expresan no ‘reglas’, sino ‘principios’”7. Y es que la existencia de principios (y valores) como parte del contenido de la Constitución cumple ciertas funciones ineludibles a la hora de favorecer la unidad del ordenamiento jurídico como un todo y, particularmente, como orientación para resolver las lagunas y antinomias normativas. Desde luego, los principios caracterizan al sistema jurídico de que se trata. Además, desde el fundamento axiológico o valórico (justificación ético-política) a una pluralidad de otras normas del sistema es, finalmente, el mismo sistema el que los concibe como normas “justas” o “correctas”8.

Sobre la base de lo explicado es que nuestro Tribunal Constitucional ha afirmado que “los preceptos que contienen estos principios y valores se erigen como normas rectoras y vitales que coadyuvan a desentrañar el verdadero sentido y espíritu del resto de las disposiciones de la Constitución”9. Más tarde ha agregado que “deben desecharse las interpretaciones constitucionales que resulten contradictorias con los principios y valores rectores”10.

A su turno, nuestra Magistratura Constitucional ha identificado, desde la vigencia de la actual Carta Fundamental, a su Capítulo I como aquel que contiene lo esencial del entramado de valores y principios que han de guiar la interpretación del resto de sus preceptos y del ordenamiento jurídico como un todo. Respecto de este conjunto de disposiciones ha precisado que “tiene fuerza obligatoria y no está constituido por meras declaraciones programáticas”11. Esta afirmación destaca, sin duda, que los valores y principios constitucionales participan de la característica de verdaderas normas jurídicas, con fuerza vinculante directa respecto de toda persona, institución o grupo, tal como se desprende del inciso segundo del artículo 6° de la misma Carta. Hay aquí una diferencia evidente con aquellas Constituciones cuyos valores y principios fundantes se encuentran contenidos en su Preámbulo, el que, constituyendo una verdadera declaración, no goza de la eficacia directa que tienen normas jurídicas como las que contienen los nueve primeros artículos de la nuestra.

Prueba de lo que se acaba de sostener es la mención que ha hecho el Consejo Constitucional Francés del Preámbulo de la Constitución de 1946 como parte del “bloque de constitucionalidad”, esto es, de un conjunto de normas que, sin formar parte de la Constitución en un sentido material, se erigen, tal como ella, en parámetros válidos para el control de los preceptos infraconstitucionales.

Cabe preguntarse ahora por la inspiración que, a juicio del Tribunal Constitucional, preside el conjunto de valores y de principios que se condensan esencialmente en el Capítulo I de la Constitución. Al respecto ha sostenido que “aparecen animados de una concepción humanista que se expresa en la primacía que asignan sus disposiciones a la persona humana, a su dignidad y libertad natural, así como en el respeto, promoción y protección a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que se imponen como deber de los órganos del Estado”12.

II. APLICACIÓN CONCRETA DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La síntesis que se consigna a continuación es solo una pequeña muestra de la forma concreta en que el Tribunal Constitucional ha acudido a los valores y principios constitucionales, tanto para realizar una interpretación conforme a la Constitución (en el caso de los controles preventivos) cuanto para resolver si la aplicación de un precepto legal, en una gestión judicial determinada, produce resultados contrarios a la Carta Fundamental (en el caso de las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad).

II.1. LA DIGNIDAD HUMANA COMO FUNDAMENTO DIRECTO DE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
II.1.1. En materia de derecho a la intimidad

Como se sabe, la intimidad es aquel espacio que cada persona desea resguardar del conocimiento ajeno, a menos que ella misma consienta en la divulgación de su contenido. Desde el punto de vista de nuestra Constitución, se trata de un bien jurídico asegurado a toda persona en el artículo 19, numerales 4° (derecho a la honra y a la vida privada de la persona y de su familia) y 5° (inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Escué Zapata vs. Colombia, señaló que: “(…) la protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública” (Párrafo 88).

En lo que respecta a nuestro Tribunal Constitucional, la sentencia recaída en el Rol N° 389, de 2003, correspondiente al control preventivo de constitucionalidad del Proyecto de Ley que creó la Unidad de Análisis Financiero y modificó el Código Penal en materia de lavado de activos, entendió la dignidad como “la cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre a un trato de respeto, porque ella es la fuente de los derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que sean resguardados” (considerando 17°). Por su parte, y en fallo Rol N° 521, del año 2006, se agregó que la dignidad humana representa, además, el “fundamento del orden político y de la paz social”, siguiendo al Tribunal Constitucional de España (considerando 18°).

La primera sentencia mencionada resaltó la “relación sustancial, clara y directa que existe entre la dignidad de la persona, por una parte, y su proyección inmediata en la vida de ella y de su familia” (considerando 18°). Esta misma conexión entre dignidad humana y derecho a la honra ha sido desarrollada en los fallos que han acogido la inaplicabilidad del artículo 2331 del Código Civil permitiendo que, en caso de imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona, la indemnización de perjuicios que se persiga no solo abarque el daño emergente y el lucro cesante, sino que, también, el daño moral13.

II.1.2. En lo que concierne al derecho a la identidad personal

Se trata de un derecho que no está recogido expresamente en el catálogo del artículo 19 de la Constitución, a diferencia de lo que sucede con ciertos tratados internacionales en materia de derechos humanos que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes, como la Convención de los Derechos del Niño.

En sentencia Rol N° 1340, del año 2009, con ocasión de la acción de inaplicabilidad deducida por un juez de familia respecto del artículo 206 del Código Civil, en un juicio de reclamación de paternidad contra los herederos del supuesto padre fallecido, el Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a la identidad personal -entendido como la posibilidad que tiene toda persona de conocer sus orígenes y el lugar que ocupa dentro de la sociedad- constituye una emanación de la dignidad humana. Enseguida agregó que el derecho a la identidad constituía un derecho “implícito” comprendido dentro del derecho a la honra y que aun cuando no tuviera reconocimiento expreso por la Constitución, debía ser protegido por el juez constitucional, en cuanto se trata de un derecho esencial que emana de la naturaleza humana.

II.2. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN LO QUE DICE RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

El principio de subsidiariedad tampoco tiene reconocimiento expreso en nuestra Carta Fundamental, pero se desprende de la regulación aplicable a los grupos intermedios, contenida en el inciso tercero del artículo 1° constitucional, que obliga al Estado a reconocerlos y ampararlos, así como a respetar su autonomía en la medida que obren en el campo de sus propios fines específicos. De allí que, usualmente, se ha entendido que el principio de subsidiariedad es la contrapartida del principio de las autonomías sociales. La subsidiariedad rige, entonces, las relaciones entre la sociedad mayor y las sociedades menores impidiendo a aquella interferir en el legítimo ámbito de acción de estas últimas cuando ellas, por sus propios medios, pueden alcanzar sus fines específicos. De otro lado, la subsidiariedad supone que la sociedad mayor va en auxilio de las sociedades menores supliendo sus carencias o falta de medios, en el logro de sus fines específicos.

En el esquema constitucional vigente, el principio de subsidiariedad constituye la columna vertebral del “orden público económico” que orienta las relaciones entre el Estado y los particulares en materia económica, al tiempo que define el ámbito de acción del Estado empresario.

El Tribunal Constitucional acudió, precisamente, al principio de subsidiariedad cuando debió decidir la primera acción de inaplicabilidad del artículo 38 ter de la Ley de ISAPRES, en el denominado caso “Peña Wasaff”, en la sentencia Rol N° 976. En dicha oportunidad sostuvo que “no sólo los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos consustanciales a la dignidad de la persona humana, sino que esa obligación recae también en los particulares, aunque sea subsidiariamente (…)” (considerando 34°). Lo anterior en referencia a las ISAPRES, creadas y administradas por particulares que colaboran con el Estado en el financiamiento de las prestaciones de salud, tal como lo permite expresamente el inciso final del artículo 19 N° 9° de la Constitución.

II.3. RESPETO Y PROTECCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS GRUPOS INTERMEDIOS EN MATERIA EDUCACIONAL

El artículo 1°, inciso tercero, de la Constitución señala que: “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”.

En el último tiempo, el Tribunal Constitucional ha debido emitir una serie de pronunciamientos que inciden en la labor que cumplen los establecimientos educacionales, amparados por la garantía de la libertad de enseñanza, y que suelen organizarse precisamente bajo la modalidad de grupos intermedios.

Fue así como en la sentencia Rol N° 2731, de 26 de noviembre de 2014, referida al requerimiento parlamentario deducido respecto del Proyecto de Ley que creaba la figura del Administrador Provisional de Educación, se conectó la libertad de enseñanza, asegurada en el artículo 19 N° 11° de la Constitución, con la autonomía de los grupos intermedios. Así lo consignó expresamente el considerando 34° del voto disidente, al sostener: “Que, efectivamente -como reconoce la sentencia-, la figura del administrador provisional existe respecto de otras instituciones (bancos, Isapres y establecimientos de enseñanza básica y media). Lo que ocurre es que, en este caso, tratándose de establecimientos de enseñanza superior, la autonomía de que ellos gozan, reconocida expresamente en el artículo 104 de la Ley N° 20.370, como expresión de la libertad de enseñanza, asegurada en el artículo 19, N° 11°, de la Carta Fundamental, en conexión con su artículo 1°, inciso tercero, impone un examen particularmente riguroso de una eventual afectación del derecho de propiedad que pudiera lesionar o anular dicha autonomía. La dimensión constitucional de la autonomía universitaria es reconocida, por lo demás, en el fallo, en su considerando vigesimoséptimo”.

En forma similar, en la sentencia Rol N° 2787, de 1° de abril del 2015 referida también a un requerimiento parlamentario sobre el proyecto de ley que regulaba la admisión de los estudiantes y prohibía el lucro en los establecimientos educacionales, un grupo de ministros del Tribunal argumentamos de forma muy parecida ante la sola posibilidad de que la decisión de admisión a un establecimiento educacional quedara entregada a un ente administrativo como la Superintendencia de Educación. Interesante resulta, a efectos de este análisis, el considerando 3° del voto disidente, que afirmó: “Que la Constitución Política de la República que actualmente nos rige no es neutra en esta materia. El Proyecto de Ley se sustenta en valores y disposiciones propias de una Constitución distinta que, a la fecha, no existe, más allá de algunas aspiraciones de cambio constitucional en este ámbito expresadas por la Presidenta de la República (….)”.

Asimismo, sostuvo -luego de recordar el alcance a la autonomía de los grupos intermedios entregada en la sentencia Rol N° 226- que: “(…) lo anterior condice con la facultad de ‘organizar’ establecimientos educacionales que asegura a todas las personas el citado artículo 19, N° 11°, inciso primero, de la Constitución. La cual entraña la posibilidad de construir, configurar y establecer dichos recintos para lograr un proyecto o ideario educativo merced a la coordinación de los medios y las personas adecuadas, autónomamente determinadas, es decir, sin que a este respecto quepa intromisión de personas ajenas a esa comunidad, ni interferencias que vulneren esa libertad de decisión que compete a sus propias autoridades (Eduardo Soto Kloss, ‘Derecho Administrativo. Temas Fundamentales’, 2009, pp. 60-66). Misma facultad que resulta lesionada en este caso cuando a los señalados establecimientos educacionales se les obliga a recibir como miembros, en calidad de nuevos alumnos, a quienes imponga el órgano ministerial, sobre la base de criterios que éste ha de definir en un propio reglamento gubernamental” (Considerando 27° del voto disidente).

II.4. EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO, EL ACCOUNTABILITY Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO “DERECHO IMPLÍCITO”

En diversas oportunidades, el Tribunal Constitucional ha apelado al principio democrático contemplado en el Capítulo I de la Carta Fundamental, específicamente en su artículo 4°.

Así, en el requerimiento destinado a declarar la inconstitucionalidad del movimiento “Patria Nueva Sociedad”14, se explicó el alcance que tiene la disposición contenida en el inciso sexto del artículo 19 N° 15° de la misma sosteniendo que “la democracia únicamente puede existir de la mano del pluralismo, cuyo antecedente histórico es la tolerancia. El pluralismo se enmarca dentro de la libertad, tanto en el campo de las creencias e ideas como en el de las organizaciones voluntarias, entre las que cabe señalar a los partidos o movimientos políticos (…). En este sentido, es posible afirmar que ‘la democracia es tanto más real cuanto mayor libertad existe para que las corrientes de opinión y de voluntad de los individuos desemboquen, por medio de pequeñas y grandes asociaciones, en la formación de la voluntad estatal a través del parlamento’” (citando a Stein).

A su vez, en el control preventivo del Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública15, nuestra Magistratura se pronunció sobre la relación entre democracia y plebiscitos dictando una sentencia interpretativa que, en esta materia, dispuso que: “El plebiscito es expresión de que Chile es una República democrática (artículo 4° de la Constitución) y que las personas tienen el derecho a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional (artículo 1° de la Constitución). Respecto de la Municipalidad, el principio participativo es especialmente relevante (…)”.

Pero, incluso, el principio democrático contenido en el artículo 4° de la Carta Fundamental ha servido de fundamento para el desarrollo de un derecho que -hasta hoy- se encuentra implícito en nuestro texto constitucional: el derecho de acceso a la información pública. Es así como, en sentencia recaída en el Rol N° 63416, referido a un requerimiento de inaplicabilidad sobre el artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se afirmó que “(…) el presente requerimiento incide en un derecho -el derecho de acceso a la información pública- cuyo reconocimiento constitucional no merece duda a la doctrina de los iuspublicistas y tampoco a la jurisprudencia. En primer lugar, por el hecho de que Chile es una república democrática, tal y como se afirma en el artículo 4° de la Constitución Política. Como sostuvo el profesor Rolando Pantoja Bauzá, durante la discusión parlamentaria de la reforma constitucional de agosto de 2005, respecto de la publicidad, recordó que a nivel constitucional se entiende que es una norma implícita dentro de la Carta Fundamental. El hecho de que Chile sea una República democrática implica que las autoridades públicas responden a la sociedad; por lo tanto tiene a disposición de los ciudadanos los actos y da cuenta de ellos (…)”.

Agregó, más adelante, que “es posible afirmar que el derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Carta Fundamental -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía (…)”.

III. CONCLUSIÓN

Como ha podido observarse a través de esta breve reseña de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el recurso a los valores y principios recogidos en la Carta Fundamental, especialmente en su artículo 1°, constituye un recurso hermenéutico permanente para decidir los diversos tipos de conflictos jurídicos que se someten a su conocimiento. En particular, cuando se trata de instituciones (plebiscito) que requieren una precisión para estimular un ejercicio del mismo plenamente congruente con el régimen democrático, o bien, para apoyar el desarrollo por el juzgador de “derechos implícitos” que, lejos de intentar sustituir la voluntad del Constituyente derivado, persiguen contribuir a materializar una Constitución “viviente” cuya legitimidad no esté sometida a prueba periódicamente.

Bibliografía

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ALEXY, Robert (2011): “La construcción de los derechos fundamentales”, en CLERICO, Laura, Jan-R. SIECKMANN y OLIVER LALANA (coordinadores): Derechos fundamentales, Principios y Argumentación. Estudios sobre la teoría jurídica de Robert Alexy (Granada, Editorial Comares).

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1981): La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional (Madrid, Editorial Civitas).

GUASTINI, Riccardo (2007): Teoría e ideología de la interpretación constitucional (Madrid, Editorial Mínima Trotta).

PEÑA TORRES, Marisol (1993): “La jurisprudencia de valores emanada del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social”, Revista Chilena de Derecho, vol. 20, ns. 2-3: pp. 628-638.

PRIETO SANCHÍS, Luis (2007): “El constitucionalismo de los derechos”, en CARBONELL, Miguel (editor): Teoría del neoconstitucionalismo (Madrid, Editorial Trotta).

VALENZUELA SOMARRIVA, Eugenio (2006): “Criterios de hermenéutica constitucional aplicados por el Tribunal Constitucional”, Cuadernos del Tribunal Constitucional, N° 31 (Santiago, Tribunal Constitucional de Chile).

ZAGREBELSKY, Gustavo (2011): El derecho dúctil (Madrid, Editorial Trotta).

1PEÑA (1993), p. 627.

2GARCÍA DE ENTERRÍA (1981), p. 50.

3PRIETO SANCHÍS (2007), p. 213.

4ALEXY (2011), p. 2.

5ZAGREBELSKY (2011), p. 118.

6ACKERMAN (2011).

7GUASTINI (2007), p. 73.

8Id., pp. 74-75.

9STC Rol N° 46, considerando 21°.

10STC Roles N° 1185 y 2410.

11STC Roles N° 46, 280, 1185 y 2410.

12STC Roles N° 1185 y 2410.

13STC Roles N° 1185 (considerando 16°) y 2411 (considerando 8°).

14STC Rol N° 567, considerando 22°.

15STC Rol N° 1868, de 20 de enero de 2011, c. 19°.

16STC Rol N° 634, de 9 de agosto de 2007, c. 9°.

§ 2. LA DIGNIDAD HUMANA ANTE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Profesor de Derecho Constitucional Facultad de Derecho P. Universidad Católica de Chile

RESUMEN. El autor examina el concepto de dignidad humana en nuestro sistema jurídico. Luego de recorrer las conceptualizaciones que en torno al mismo ha entregado la doctrina constitucional más respetada, el autor aborda la jurisprudencia de la Corte Suprema en diversos ámbitos, análisis que lo lleva a sostener que nuestro Máximo Tribunal utiliza, repetidamente, el valor de la dignidad para sustentar sus decisiones vinculadas a los más variados derechos fundamentales, aunque sin profundizar en torno a su sentido y alcance, con finalidades jurídicas diversas: justificar una interpretación de la normativa vigente en favor del peticionario, sostener la procedencia de una reparación integral, plantear que es fuente de derechos, como explicación para validar la actuación de una persona o para inclinar la balanza de la ponderación.

SUMARIO. I. Introducción / II. Dignidad humana / II.1. Aproximación / II.2. Doctrina constitucional / III. Sentencias de la Corte Suprema / III.1. Sede penal / III.2. Honra y vida privada / III.3. Derecho a la vida y migrantes / III.4. Libre competencia / IV. Conclusión / Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN.

Al concluir esta extensa e intensa jornada de trabajo de los profesores del Departamento de Derecho Público UC, con motivo de su Primer Seminario, me referiré a la dignidad humana, con el objeto de evaluar su sentido y alcance a propósito de algunas sentencias de la Corte Suprema, porque en aquel valor trascendente se encuentra la base del Derecho Constitucional Chileno y, por ello, de todo nuestro ordenamiento jurídico.

II. DIGNIDAD HUMANA

El artículo 1° inciso 1° de la Constitución reconoce que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

II.1. APROXIMACIÓN

Para acercarse a la noción de dignidad, es preciso comenzar reconociendo que:

“La idea de persona concita hasta hoy un grado de respeto y ejerce un poderío de sentido, no necesariamente ligados a la profundidad y claridad con que se la comprende, sino, más bien, a algo que desde antiguo la rodea. Diríase de ella que es una palabra con carisma (…). Es que la idea de persona es eminentemente cristiana y no parece posible desgajarla de ese tronco a la hora de comprender su dignidad. Es cierto que tomará un relieve propio a su paso por la filosofía práctica de Kant y contemporáneamente por la ética de Scheler -donde la persona es la sede de los valores- o en otras corrientes como el personalismo americano o la ideología de la revista Esprit, pero su fuerza originaria está esencialmente ligada a la primera formulación del pensamiento cristiano (…)”17.

En efecto, y yendo a aquella fuente originaria, tiene que decirse que:

“Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana, y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la coacción. Piden igualmente la delimitación jurídica del poder público, para que la amplitud de la justa libertad tanto de la persona como de las asociaciones no se restrinja demasiado. Esta exigencia de libertad en la sociedad humana se refiere sobre todo a los bienes del espíritu humano (…)”18.

Por ello, útil es advertir que la conceptualización de la dignidad en nuestro Derecho se ha ido orientando a considerarla como la cualidad del ser humano que lo hace acreedor, o sea, merecedor, siempre -sin excepción de especie alguna-, a un trato de respeto, es decir, considerado y deferente19.

No puede olvidarse, en fin, que el origen del precepto constitucional contenido en el artículo 1° inciso 1° de la Carta Fundamental se encuentra en su homónimo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al tenor del cual “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

II.2. DOCTRINA CONSTITUCIONAL

Al examinar los antecedentes de la actual Constitución se constata el sentido y alcance20 que motivó la incorporación de aquella norma constitucional:

“El nuevo régimen político institucional descansa en la concepción humanista del hombre y de la sociedad, propia de la civilización occidental y cristiana a la que pertenecemos, y según la cual los derechos del ser son anteriores y superiores al Estado, el que tiene el deber de darles segura y eficaz protección”21.

Por su parte y revisando la doctrina más directamente vinculada con la nueva preceptiva constitucional, don ALEJANDRO SILVA BASCUÑÁN expuso que:

“La característica esencial del hombre, que lo separa de las demás criaturas, consiste en estar dotado de la inteligencia, que le permite conocer la ley que se cumple en él e imponerse de la realidad que lo circunda, y de libre albedrío, que le faculta para actuar en forma que propenda a la perfección de su ser o lo aleje de ella. La dignidad del hombre tiene, al mismo tiempo, como fundamento que, según la Revelación Divina, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para encontrar, más allá del tiempo, su plena felicidad en Él”22.

A su turno, don ENRIQUE EVANS DE LA CUADRA sostuvo que:

“La Constitución, en su artículo 1°, contiene una afirmación inicial de extrema importancia y que debe extenderse como precepto rector del Capítulo III (…). Recuérdese que este ideario viene de la concepción cristiana del hombre y de la sociedad y fue tomado, con redacciones más o menos similares, en diversos documentos que hemos citado, desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, artículo 1° (…). Hemos insistido, al presentar los preceptos matrices de este artículo, que se trata de preceptos constitucionales, vale decir, normas de conducta para gobernantes, legisladores y jueces. No son meras declaraciones de principios, de los que se pueda prescindir en razón de otros preceptos constitucionales (…)”23.

Abundando en el tema, el profesor HUMBERTO NOGUEIRA explica que:

“La dignidad humana es una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y cualquier ser humano, constituyendo un atributo que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e irrenunciable de la condición humana (…) constituye la columna vertebral básica de todo el ordenamiento constitucional chileno y es fuente de todos los derechos fundamentales, irradiando todo el sistema jurídico el que debe interpretarse y aplicarse conforme a las condiciones en que dicha dignidad se realice de mejor forma”24.

En fin, sostengo que, desde el punto de vista de la doctrina constitucional chilena, quien más y mejor ha examinado el concepto de dignidad es nuestro profesor JOSÉ LUIS CEA EGAÑA, como queda constancia en su Derecho Constitucional Chileno25:

“Antes y sobre los derechos públicos subjetivos mencionados y otros más, en la Constitución consta hoy proclamado el valor de la dignidad de la persona humana, nada menos que en el umbral, esto es, al comienzo del primero de sus artículos. La dignidad humana se erige así en el valor sustentable de aquellos derechos inalienables, en la fuente o base de arranque de ellos y que debe ser tan respetada y promovida como estos (…). Trátase de otro concepto iusnaturalista. Significa que toda persona humana, por ser tal y sin más exigencias, nace y ha de convivir con la cualidad de digno, o sea, de trascendente a la historia, sujeto libre e igual al prójimo, cuyo destino es realizar un proyecto de vida, con sello singular o propio. El hombre resulta ser así un depósito o cúmulo de valores supremos, con los cuales nace y los concreta durante la vida. Entre éstos se hallan los derechos públicos subjetivos o facultades que el ordenamiento jurídico le reconoce con carácter de inalienables, imprescriptibles e inviolables en todo momento, lugar y circunstancia (…). Pues bien, la dignidad es la fuente de esos atributos naturales”26.

Se comprenden, entonces, las dimensiones cautelares, protectoras y promotoras de los derechos humanos a que debe llegarse por vía del respeto a la dignidad de la persona, en la interpretación y aplicación de la Constitución, pues:

“El artículo 1° inciso 1° de la Constitución señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, es decir, cada individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, nace con dichos atributos o propiedades inherentes y no es el Estado, la sociedad organizada ni la Constitución quienes se los reconocen, pues es titular de ellos por el solo hecho de ser persona”27.

Resumiendo, tal y como exponen GONZALO GARCÍA PINO y PABLO CONTRERAS VÁSQUEZ en el Diccionario Constitucional:

“Existen dos concepciones a partir de las cuales se puede entender la dignidad humana: como autonomía o como igualdad. Las concepciones no son mutuamente excluyentes pero permiten resaltar propiedades fundamentales de los seres humanos, al igual que incardinar discusiones normativas acerca de la justicia, los límites de la acción del Estado y el bienestar social y material de los individuos. Ambas, además, muestran el carácter conflictivo de los derechos fundamentales. (i) Dignidad como autonomía: desde este punto de vista, la Constitución resalta la condición de agencia moral de los seres humanos y su posibilidad de discernimiento en el obrar y actuar. Se trata, en consecuencia, de una comprensión que remarca la idea de libertad, abarcando la idea occidental de libre albedrío. Los seres humanos, por tanto, son entes autónomos que merecen reconocimiento y protección jurídica en virtud de su posibilidad de optar racionalmente por su distinto proyecto de vida. Esta concepción, además, acerca la idea de dignidad humana con el libre desarrollo de la personalidad de los sujetos (…). (ii) Dignidad como igualdad: desde este punto de vista, el Derecho resalta la igual condición de reconocimiento y respeto que merecen todos los seres humanos. Se trata de una dimensión que se valora adecuadamente a través de la historia: la dignidad, entendida como un atributo que los seres humanos poseen sin distinción, permite entender por qué esclavos, mujeres, personas de distinta raza, menores de edad y discapacitados, todos tienen dignidad humana. La noción de igualdad precave los problemas de ausencia de agencia -ya sea ‘natural’, en el caso de dementes, o convencional, en el caso de menores de edad- pero abre perspectivas a nuevos problemas. Por ejemplo, si la dignidad humana es el fundamento último de protección de los derechos humanos, entonces cuál debe ser el estatus de los extranjeros en el reconocimiento de los mismos. La merma de protección de derechos sociales y el condicionamiento extremo del ejercicio de los derechos políticos para estos sujetos plantea nuevos problemas en la titularidad de los derechos fundamentales”28.

La dignidad, en suma, es un valor principal que reconoce la Constitución para caracterizar a los seres humanos y lo hace, vale la pena reiterarlo en la actualidad, desde su concepción29, cualificándola como el rasgo que los distingue y desde el que surgen los derechos inalienables que es forzoso reconocerles30.

III. SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA

Comienzo refiriéndome, aunque lo hago brevemente, pues es muy conocido y ha sido objeto de diversos comentarios por parte de la doctrina nacional31, a la dignidad como supuesto para condenar, en sede penal, violaciones a los derechos humanos.

III.1. SEDE PENAL

Si bien son numerosos los pronunciamientos, a título ilustrativo, refiero uno de los últimos que se han conocido:

“Que en relación al recurso promovido en representación del Fisco de Chile, cabe considerar que, tratándose de un delito de lesa humanidad, lo que ha sido declarado en la sentencia, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna (…). Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta improcedente, por cuanto la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código reconoce, al estipular en el artículo 4° que las disposiciones especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código. ‘De esta forma, el Código Civil es supletorio y orientador de todo el Derecho Privado y si bien el fenómeno de la codificación se plantea para los fines que don Andrés Bello explicara en su época tomando como fuente el derecho extranjero, particularmente el Código Civil francés, para construir un sistema integral, estructurado y coordinado de la legislación’ (Alejandro Guzmán, ‘Andrés Bello Codificador. Historia de la fijación y codificación del derecho civil en Chile’. Ediciones de la Universidad de Chile), sin embargo, la descodificación se ha transformado en la manera empleada por el legislador para adoptar, de manera más dinámica, la forma en que adecua a las nuevas realidades y situaciones emergentes que no se encuentran en el sistema existente, atendidas sus finalidades y valores propios, y si en el renovado sistema de protección de los derechos en que han surgido principios y normas especiales a modo de descodificación material con postulados diversos y a veces en pugna con los del derecho privado regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse, esta rama emergente representativa de la supremacía de la finalidad centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, se aparta de aquellos postulados”32.

III.2. HONRA Y VIDA PRIVADA

Un segundo ámbito donde nuestros Tribunales Ordinarios han acudido a la dignidad para fundar sus sentencias, también muy conocido por ustedes, tiene que ver con casos de vulneración a la honra y a la vida privada33, de los cuales solo traigo a colación un pronunciamiento donde el demandado objetó que se haya otorgado indemnización por daño moral, habida consideración que, a su juicio, no puede considerarse que el dolor constituya por sí solo un daño moral si no va unido al detrimento real y probado de algún atributo o derecho inherente a la personalidad, situación que no se acredita, y ni siquiera se prueban los hechos que habrían originado ese perjuicio, tanto en su existencia, naturaleza y entidad:

“Que en relación con lo expresado es necesario señalar que el daño moral estriba en el sufrimiento, trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero. De esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial no sólo por el dolor o sufrimiento que se padece. Lo recién consignado se tiene en cuenta para concluir que la aseveración del recurso corresponde a una visión reduccionista del daño moral, pues el daño extrapatrimonial protege más allá del pretium doloris, que es sólo una especie del mismo. Así, por ejemplo, si la víctima ha sufrido un daño corporal -biológico, fisiológico o estético- o un daño a la dignidad humana o a otros derechos de la personalidad, debe ser indemnizada por daño moral (Marcelo Barrientos Zamorano. ‘Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del pretium doloris’. Rev. Chilena de Derecho, Abr. 2008, vol. 35, N° 1, p. 85-106. ISSN 0718-3437)”34.

III.3. DERECHO A LA VIDA Y MIGRANTES

En tercer lugar, y no podía ser de otra manera, la dignidad aparece a propósito de la defensa de la vida, desde luego, en la sentencia pronunciada por la Corte Suprema el 31 de agosto de 2001 (Rol N° 2.186-2001), a propósito de la denominada píldora del día después y la legitimación activa para defender la vida, cuyo considerando 4° señala:

“Que el derecho para proteger la vida que tienen los seres que aún se encuentran en etapa de desarrollo o de gestación y que culminará en el nacimiento, también se encuentra entre los fundamentos de la legitimación activa que reclaman los actores, puesto que como asociaciones propenden a la defensa, protección, cuidado, preservación y desarrollo del pleno derecho a la vida y el respeto a la dignidad humana desde el momento mismo de la concepción. Por ello que han podido accionar para obtener, por esta vía de protección constitucional, el retiro de la autorización del fármaco, uno de cuyos efectos podría ser abortivo”.

Lo mismo, en nexo con la huelga de hambre donde basta remitirse al artículo de don JORGE PRECHT PIZARRO y JUAN JORGE FAUNDES, quienes concluyen del análisis jurisprudencial:

“Por sobre la doctrina mayoritaria de los fallos citados que resguardan a los organismos públicos frente a problemas de profunda connotación social y política, hemos dejado en claro que la huelga de hambre no es un ilícito per se. Por el contrario, consideramos que la huelga de hambre, en los casos y bajo los presupuestos planteados, es una acción lícita, por lo menos en el caso de los adultos, aunque extrema, que cuestiona las potestades estatales. Esta posición no hace más que dar valor al fuero íntimo del individuo ayunante, quien apela al último recurso que ofrece su Dignidad. Por ello, es preciso decir que la huelga de hambre es un gesto humano extremo en relación a bienes intrínsecos y relevantes. Entonces, tal como la acción heroica y altruista que contiene un riesgo o la entrega de la vida, como ocurre con bomberos, policías, héroes patrios o anónimos y los mártires de la Iglesia, quienes arriesgan su vida o la han entregado por amor al prójimo, la patria o su profundo amor a Dios, su gesto sacrificial, lejos de ilícito, enaltece la vida como valor y se encuentra en el seno mismo de la dignidad humana. No obstante, en el caso de los menores de edad que puedan iniciar la acción de ayuno, se plantea una tensión no resuelta, pero que se centra en la mediación paterna, la cual, desde su deber de cuidado, deberá buscar la compleja forma de compatibilizar un pensamiento político en maduración íntimamente asociado a la libertad, con el deber para con la vida y la salud de sus hijos. En conclusión, previa reserva del especial caso de los menores de edad referido, consideramos razonable, proporcional y ajustado a derecho, bajo un auténtico enfoque de Derechos Humanos, que personas que se consideran injustamente encarceladas o que buscan un cambio sustancial en las condiciones políticas y sociales del Estado y la sociedad, puedan hacer una huelga de hambre en nombre de la libertad o la educación como medio de reclamo social y búsqueda de justicia que podemos llamar la ‘Protesta de la Dignidad’”35.

En cuarto lugar, es posible encontrar también sentencias donde se invoca o se sustenta lo decidido en la dignidad, aunque no siempre se acuda a ella explícitamente, en relación con el trato de migrantes36.

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