Kitabı oku: «Arauca: Una Escuela de Justicia Comunitaria para Colombia»
Arauca: una escuela de justicia comunitaria para Colombia
Arauca: una escuela de justicia comunitaria para Colombia
Édgar Ardila Amaya
Arturo Suárez Acero
Editores
Instituto de Investigación Sociojurídica
“Gerardo Molina” - Unijus
Bogotá D.C., 2021
CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Arauca : una escuela de justicia comunitaria para Colombia / Édgar Ardila Amaya, Arturo Suárez Acero, editores. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales. Vicedecanatura de Investigación y Extensión. Instituto de Investigación Sociojurídica “Gerardo Molina” (Unijus), 2021.
Incluye referencias bibliográficas e índices de autores y materias
ISBN 978-958-794-554-6 (rústica). -- ISBN 978-958-794-556-0 (e-pub). – ISBN 978-958-794-555-3
1. Universidad Nacional de Colombia (Arauca) -- Escuela de Justicia Comunitaria (EJCUN) -- Fines y objetivos 2. Justicia comunitaria -- Arauca -- Colombia 3. Mecanismos de solución de conflictos 4. Jueces de paz – Arauca -- Colombia 5. Cultura de paz – Arauca – Colombia 6. Negociaciones de paz 7. Administración de justicia – Arauca – Colombia 8. Equidad (Derecho) – Arauca – Colombia 9. Conflicto armado – Arauca – Colombia I. Ardila Amaya, Edgar, 1959-, editor II. Suárez Acero, Arturo, editor III. Serie
CDD-23 378.175 / 2021
Arauca: una escuela de justicia comunitaria para Colombia Colección Gerardo Molina
© Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
© Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
© Vicedecanatura de Investigación y Extensión
© Instituto de Investigación Sociojurídica “Gerardo Molina” - Unijus
© Édgar Ardila Amaya y Arturo Suárez Acero, editores
Primera edición, 2021
ISBN (impreso): 978-958-794-554-6
ISBN (IBD): 978-958-794-555-3
ISBN (digital): 978-958-794-556-0
Dolly Montoya Castaño
Rectora Universidad Nacional de Colombia
Hernando Torres Corredor
Decano Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Alejo Vargas Velásquez
Vicedecano de Investigación y Extensión
Preparación editorial
Instituto de Investigación Sociojurídica “Gerardo Molina” - Unijus
Pedro Elías Galindo León
Director Unijus
Viviana Zuluaga Zuluaga
Coordinadora editorial
Julieth Constanza Leal García
Asistente coordinación editorial
Hernando Sierra
Asistente coordinación editorial
Fabio Toro Lugo
Coordinador académico
Luis Miguel Solórzano
Asesor administrativo y financiero
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Correctora de estilo
María Victoria Mora
Diagramadora
Marcianita Barona
Imagen de cubierta
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.
Hecho en Colombia
Made in Colombia
A quienes desde el Arauca enseñan a construir paz con justicia comunitaria. Alirio Zubieta, Zulma Bastos, María Elena Vallejo y Uriel Garzón: su vida alienta a miles después del fin de sus tiempos.
CONTENIDO
Hacia un lugar para Arauca en el Derecho nacional
Édgar Ardila Amaya
La justicia comunitaria y la construcción de colombianidad en el Sarare
¿Reinventarnos o simplemente reconocernos?
La Escuela en Arauca
Esta obra
Primera parteLECTURAS TERRITORIALES
Justicia en Arauca: entre el Estado y la insurgencia
Arturo Suárez Acero
El revés de la justicia
Reglas armadas: entre la seducción y el miedo
La disputa por la justicia
Mapas de la justicia en el piedemonte
Conflicto, violencia y paz en el piedemonte araucano
Paula Andrea Moreno Pinzón
Regulación de un territorio fragmentado
Conflicto cotidiano: lo que está en juego
La violencia: geografías de la guerra y el abandono
Capacidades locales para la paz: (re)interpretación del territorio y articulación comunitaria
Así se accede a la justicia en Arauca
Édgar Ardila Amaya
Introducción
Diversidad de instancias
Actores armados, conflicto y territorio
Operadores estatales
Conclusión
Segunda parteLA DISPUTA DE LA JUSTICIA COMUNITARIA
Bases de la propuesta de la Escuela a los araucanos
Arturo Suárez Acero
Édgar Ardila Amaya
Trayectos universitarios
¿Transformar el Derecho?
Apuesta metodológica
¿Tiene sentido promover la justicia en equidad en Arauca?
Édgar Ardila Amaya
Hablar de justicia comunitaria
Una precisión conceptual
Diversidad de figuras
El corto vuelo de la justicia en equidad
De la conciliación a la mediación
Construcción regional del acceso a la justicia: travesía y aprendizaje
Arturo Suárez Acero
Francy Aimed Tolosa Vallejo
Sufriendo guerras ajenas
Empezar a llamar justicia a los acuerdos comunitarios
De la paz también se habla y se actúa en Arauca
Aprendizajes y enseñanzas de Arauca
Tercera parteAPRENDIZAJES ARAUCANOS
El aporte de los conciliadores en equidad a la paz de Arauca
Melissa Vargas Silva
Diego Fernando Acosta Daza
Los conciliadores en equidad son personas de carne y hueso que resisten a la violencia
El Programa de Justicia en Equidad se constituye en una capacidad local para la paz
Aportes de la conciliación en equidad a la realidad araucana
Notas de cierre
Sistema local, para que la justicia surja con el diálogo y las respuestas efectivas
Édgar Ardila Amaya
Arturo Suárez Acero
Introducción
Transformar la relación del Estado con la comunidad y sus conflictos
Instancias comunitarias en el Sistema Local de Justicia
El sistema local de justicia y el territorio municipal
Así operan los terminales de justicia
Conclusión
Referencias
Autores
HACIA UN LUGAR PARA ARAUCA EN EL DERECHO NACIONAL
Édgar Ardila Amaya
La Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia —EJCUN— ha venido adelantando desde el año 2005 una labor de extensión e investigación en Arauca con diferentes sectores poblacionales y un amplio espectro de entidades estatales relacionadas de alguna manera con las necesidades de amparo de derechos, la regulación social y el acceso a la justicia. Por diferentes razones, la intensidad en las labores ha sido mayor en los cuatro municipios que descienden desde los Andes orientales por el piedemonte, constituyen la zona del Sarare y reúnen aproximadamente la mitad de la población y del área del departamento de Arauca.
Este capítulo busca entender hacia dónde se dirige la labor que realiza la EJCUN en desarrollo y empoderamiento de instancias comunitarias de gestión de conflictos. Aquí, se describen los elementos fundamentales del enfoque y los principales rasgos de la estrategia y la metodología de búsqueda que la Escuela, como equipo de la Universidad, hace al interior de la región tratando de identificar cómo pueden transformarse positivamente los escenarios jurídicos y, desde allí, extraer aprendizajes para otras regiones de Colombia que pueden estar sometidas a condiciones similares.
Desde su definición misional, la Universidad se propone aportar en la elaboración del proyecto de nación para Colombia. Ese proyecto cultural convoca una serie de acciones de amplio espectro que, aunque tienen su vértice en la formación de profesionales, se encaminan hacia la construcción y transformación de la identidad colombiana en diálogo y sinergia con pluralidad de actores a partir de saberes y capacidades de origen diverso que constituyan respuestas a las necesidades del país.
En el caso de Arauca, nuestro proyecto cultural tiene retos grandes que se vienen sumando a desafíos históricos que en el último medio siglo ni siquiera se habían encarado. Arauca es un territorio marginalizado y olvidado desde el centro del país, de condición fronteriza, profundamente marcada por la desigualdad, el racismo y la discriminación étnica, que no ha logrado construirse como región y tampoco ha contado con canales que la conecten adecuadamente con una nacionalidad que, generalmente, la esquiva o le muestra los dientes.
A continuación, tratamos de precisar en qué se concreta ese compromiso que asumimos en relación con la región desde nuestro lugar como equipo de la Universidad que trabaja en el campo del derecho y la administración de justicia. Luego, enmarcamos teórica y metodológicamente el sentido con el que nos acercamos a interactuar con estas dinámicas sociales. Finalmente, describimos los retos que hemos asumido a lo largo de nuestra experiencia en el departamento de Arauca y evaluamos la manera como los encaramos.
LA JUSTICIA COMUNITARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE COLOMBIANIDAD EN EL SARARE
Hay una gran distancia entre las fórmulas jurídico-políticas de la modernidad y la realidad de nuestras estructuras orgánicas. Mientras en Europa el concepto de nación precede al del Estado y se concibe como un conjunto humano, que por compartir territorio e historia se siente parte de lo mismo, la Constitución establece la nación a partir del discurso de un pequeño grupo que se considera heredero de españoles y no se identifica con la mayoría, de las pretensiones territoriales que fijan en las normas y de los mapas que no están integrados espacialmente. De acuerdo con esto, el orden jurídico se organiza sobre una nación que es poco más que una formalidad, no solo porque carece del requerido fundamento identitario, sino también del alcance territorial que pregona.
La gran profesora colombiana María Teresa Uribe caracteriza amplias zonas por la carencia institucional del Estado, que no implica necesariamente la falta de presencia física, sino su incapacidad de operar y, en consecuencia, su impotencia para producir los referentes simbólicos de lo nacional que ordenen las relaciones sociales. Con lo cual, en caso de conflicto, la acción reivindicatoria o retaliatoria por mano propia solo encuentra alternativas viables en la intervención de poderes territoriales no nacionales que pueden imponer el orden o competir para imponerlo (Uribe, 2001).
Si bien hoy podemos constatar que —además de una plaza de Bolívar y una estatua de Santander— en esos municipios hay jueces y otros operadores de justicia, su presencia allí en muchos casos no es más que simbólica, porque no garantiza el orden nacional en el territorio, pues para actuar carecen de capacidad operativa, de garantías de seguridad para ellos, de respaldo de la fuerza pública para sus actuaciones y de legitimidad en la comunidad (García, 2008). Así, los conflictos que más afectan a la comunidad son gestionados por los poderes extraestatales, en territorios de todas maneras con orden extraestatal o, de manera más violenta y letal, en las zonas de caos donde compiten los diferentes actores por el dominio territorial (Ardila, 2018).
Arauca es un caso particular dentro de este panorama. Sin haber encontrado una vía para que la región avizorara en la historia condiciones físicas, políticas, económicas y culturales de integración con el resto del país, en apenas cinco décadas ha sido sometida a dinámicas provenientes del resto del país que la lesionan y la fraccionan aún más. Arauca, cultural y físicamente, hace parte de la región bastante homogénea que se conoce como “Los Llanos”, y que comparten Colombia y Venezuela. De manera más o menos similar al resto de los departamentos de esta enorme región, Arauca permaneció más integrada con los llanos1 y relativamente aislada del resto del país, y no ha encontrado oportunidad de participar en la construcción de identidad nacional2.
La expansión paulatina y centenaria de la economía ganadera de pastoreo, aunque generalmente no reivindicaba títulos de propiedad, atacó los sistemas de relacionamiento de la población indígena con la naturaleza, especialmente de los pueblos nómadas. La expulsión creciente de los llamados “guahibos” de sus propios territorios ha estado sustentada en un ideario racista desde el que no solo se les ha excluido de las pocas oportunidades existentes, sino que se les ha asesinado3. Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo XX que se producen los rasgos más profundos del actual escenario de fraccionamiento social y cultural, luego de una migración desordenada y agresiva que no solo ataca de frente la territorialidad de los pueblos nativos, sino una cierta comunalidad existente en el pastoreo de ganado.
Durante la mayor parte de la Colonia predominó la población indígena, en parte sometida a la explotación ganadera impulsada por los jesuitas, aunque hubo una paulatina colonización de zonas aledañas, incluso venezolanas, que fueron definiendo una configuración cultural y fenotípica que se conoce externamente como el llanero, y allá denominan criollo. Esta población aprendió de los indígenas su interacción con la naturaleza, pero se vinculó con la ganadería en el pastoreo de los grandes hatos que sucedieron a la expulsión, en el siglo XIX, de la Compañía de Jesús.
Esa situación empezó a tener un cambio rotundo y unos choques interculturales por la migración masiva de los departamentos andinos a partir de la violencia del medio siglo, pero que arreció con la expectativa generada por el descubrimiento de petróleo en los años ochenta. La población del Sarare por lo menos se duplicó en treinta años, principalmente, por la inmigración, que expandió una tendencia cultural y fenotipo andino en los municipios de Saravena, Fortul y Arauquita, que los lugareños denominan “guates”.
Los desplazamientos forzados por el conflicto armado compelieron por décadas a oriundos de Santander, Boyacá y otras regiones de Colombia a abrirse espacio en este territorio, en disputa con la población ya asentada. Pero los recién llegados no pudieron dejar atrás los factores y los actores que los llevaron hasta allí y tampoco encontraron respuestas institucionales a sus necesidades en el nuevo territorio. Por el contrario, lo protuberante ha sido la presencia y el control de los actores armados. Con un Estado ausente, en medio de los esfuerzos autogestionarios de las comunidades, fueron medrando proyectos territoriales guerrilleros que, ante las necesidades de las comunidades, procuraron cooptar los recursos y las organizaciones que ellas habían desarrollado o, simplemente, imponer sus condiciones para hacer alguna oferta para la solución de conflictos y otras necesidades de la comunidad.
En los años ochenta, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se hizo fuerte y predominó en el territorio. En los noventa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron disputarle amplias zonas e imponerse en varias de ellas en una confrontación crónica que se prolonga hasta esta década, dejando más líderes sociales víctimas que bajas entre las partes. Al comienzo del siglo, aprovechando el repliegue de la guerrilla, logrado por las fuerzas armadas del Estado, grupos paramilitares se expandieron desde el sur, arrasando el liderazgo social existente entonces. En todos los casos, las comunidades tuvieron que reconstruirse luego de que, al asesinar o desplazar a sus líderes, se les privaba de los recursos colectivos para atender sus necesidades.
Frente a muchos de sus problemas, en las últimas décadas, el Estado viene dando respuestas muy precarias y limitadas en su alcance. El Sarare, a pesar de la enorme riqueza petrolera —que en su mayoría se bombea por un tubo sin que llegue a verse—, es una zona marginalizada y se encuentra por debajo de los índices de satisfacción de las necesidades que se registran en el país (datos de pobreza, participación, estratos económicos, PIB per cápita, NBI).
Pero ese no es el único problema, el territorio está fuertemente fragmentado. Por una parte, a causa de la lucha bélica por el territorio, se ha incrementado el aislamiento de unas zonas y otras; y se han dividido en su interior, incluso, las comunidades y hasta a las familias por la desconfianza, la polarización y la estigmatización mutuas. Por otra parte, las dinámicas de poblamiento y la ubicación socioeconómica han demarcado cuatro grupos sociales que tienden a diferenciarse y a discriminar de arriba hacia abajo así: en la cresta, beneficiarios de la economía petrolera y de los recursos públicos, como la burocracia estatal sempiterna; enseguida, los guates, que a través de la apropiación de la tierra y el comercio se han convertido en el sector que dinamiza la economía capitalista en la región y constituye la población mayoritaria, salvo en Tame; en un nivel inferior, está el sector que identifica a todos los llaneros, los criollos, que son población en general carente de propiedades y de acceso a los beneficios sociales y se ubica en zonas muy marginales; en la parte más baja, u’was, hitnüs, macaguanes, betoyes y sikuanis, muy reducidos en sus miembros, población indígena que se mantiene aferrada a su identidad, de cara a una sociedad que mayoritariamente los excluye.
En lo relacionado con la labor que desempeña la EJCUN, se evidencia que las entidades encargadas de garantizar derechos y gestionar conflictos han tenido una presencia insular, discontinua, desarticulada e insuficiente. Por ello, los requerimientos de justicia rara vez llegan a puerto mediante la oferta institucional nacional. De allí que la Constitución y las otras leyes de la República no sean una herramienta reconocida para ordenar la vida y regular los comportamientos sociales en la región. De hecho, a pesar de que en ello se agotan las acciones estatales, las entidades encargadas de agenciar la legalidad en el territorio son muy poco robustas y tienen un alcance territorial que apenas rasguña lo más importante de la conflictividad, que se circunscribe a un radio de acción principalmente urbano. Los programas de promoción y defensa de derechos, y de acceso a la justicia han estado reducidos a unos recursos muy limitados de la cooperación internacional.
La acción coactiva de actores ilegales es, en parte, una consecuencia de esa exclusión. La instrumentalización de la violencia para tramitar los conflictos ha sido un recurso más utilizado que la fuerza que corresponde a los actores estatales en buena parte del territorio. La población se somete a los actores armados no solo por miedo a sus represalias, sino también, en muchos casos, por la necesidad que se tiene de zanjar conflictos que no se está dispuesto dejar en suspenso, y ese es el camino que predomina. Es la contracara de la inacción del Estado que aparece en muchos estudios sobre la violencia en esta u otras zonas del país. Pero tampoco desde aquí puede comprenderse plenamente el conjunto de dinámicas que determinan los comportamientos y enmarcan las dinámicas de orden social reinantes en la zona.
La manera como la gente actúa y se relaciona entre sí, también como tramita sus controversias, es la sumatoria de diversos vectores que interactúan de manera compleja y muchas veces contradictoria. Están sin resolverse los choques que surgen de las normas que siguen las personas para trabajar, para acceder a la naturaleza y a los bienes, para intercambiar recursos, para reproducirse o para participar en las acciones colectivas, pues estas no son homogéneas. Para los indígenas y una parte del campesinado, los parámetros son los que plantaron los ancestros; mientras que, para los colonos de las últimas décadas, son los que trajeron de sus zonas de origen. El impulso de las normas estatales también llega débil al pasar por los filtros de comunidades de fe o de grupos políticos poco interesados en el discurso de la legalidad.
Además, ya hemos visto que, como resultante de ese juego vectorial muchas veces también conflictivo, han ido surgiendo, con mayor o menor sostenibilidad, instancias, saberes y procedimientos mediante los cuales las comunidades han buscado atender por sí mismas las necesidades de justicia que se presentan a su interior. Esas normas y esas instancias, con sus limitaciones y sus defectos, tienen una profunda y extensa significación en la vida de los sarareños. El modo de ser araucano se ha venido construyendo en esa área comunitaria todavía poco visible pero mucho más real y presente que los códigos legales y las metralletas. Hay una trayectoria de experiencias, incluso algunas efímeras y ocasionales, que han ido dejando también enseñanzas sobre cómo abordar los conflictos y han decantado capacidades que se han convertido en el patrimonio más valioso para enfrentarlos. Son esas normas y esas instancias las que representan el sentir y el ser de este territorio llanero.
Es allí donde se ubica el lugar específico de la EJCUN en la misión de la Universidad. La resignificación de la nación no puede hacerse con la exclusión de Arauca, de sus identidades, de su obra colectiva, de las normas que encauzan su interacción, de los instrumentos que han generado para tramitar sus controversias pacíficamente. El sistema jurídico y la función de administrar justicia debe buscar los caminos para que este acumulado pueda ser canalizado. Empeñarse en desconocerlo, intentando imponer modelos únicos, es remar contra la corriente y, sobre todo, puede tener un efecto que solo llega a destruir lo poco o mucho con lo que cuenta la población.
Si, ante la inexistencia o la ineficacia del Estado, son las instancias y las reglas comunitarias lo que funciona en medio de la dura realidad específica del piedemonte, se trata de conocerlas y reconocerlas, de valorarlas y evaluarlas, de fortalecerlas y de criticarlas. De hecho, es necesario partir de la base de que no se trata de una realidad uniforme, sino de un escenario en el que se han ido estructurando tendencias y proyectos diferentes y, en muchos sentidos, contradictorios entre sí. Entonces, nuestra labor no se limita a describir y a ser testigos de su experiencia, se trata de entablar un diálogo con su normatividad y sus instancias en busca de que la propia comunidad se transforme y fortalezca desde sus propias contradicciones y en su interacción con las dinámicas nacionales. Pero también se trata de que el proyecto de nación y de sus estructuras jurídicas se enriquezcan con el aporte que se hace desde una región específica, de que la oferta institucional se nutra con los aprendizajes que se elevan también desde estas realidades que no son excepcionales en el país.
¿REINVENTARNOS O SIMPLEMENTE RECONOCERNOS?
La epopeya fundacional de la nación iroquesa, una de las más extendidas de nuestro continente al momento de la Conquista, no narra una guerra sino una paz. Hiawatha fue un personaje real que dedicó su vida hasta lograr, a través del diálogo cuidadoso y fecundo, que se fueran construyendo las instituciones y las reglas comunes que les permitirían vivir en paz y prosperar sin que las contradicciones fueran causa de conflagración. Onondogas, mohicanos, entre otros, hasta entonces enemigos acérrimos, a través de esa narrativa, proyectaron los valores éticos y políticos con los que fueron dándose sentido como grupo humano y establecieron las condiciones organizativas que requerían para proyectarse hacia el futuro como una nación.
Por la misma época, los Estados europeos se estaban creando a través de la espada y la conquista. Ricardo Corazón de León, el Cid Campeador, Juana de Arco y tantas otras figuras guerreras representan lo que llegó a imponerse como identidad de naciones enteras y que llevó a que, incluso hasta mediados del siglo XX, en el viejo continente no se reconociera preeminencia en quien no hubiera liderado una acción bélica. Fue con esa idiosincrasia que exportaron su institucionalidad y sus modelos de organización política a los territorios de quienes llamaron “pieles rojas” o simplemente “hombres rojos”, destruyendo o reduciendo saberes e instituciones de todo el continente, a veces muy sofisticados, como los que habían alcanzado entre los aztecas mesoamericanos o en el Tahuantinsuyo, de la zona Andina. Muchas estatuas lo dicen, los grandes personajes que han protagonizado la historia luego del siglo XVI se representan con una espada ensangrentada en alto.
La imagen no cambia: un jinete que no se apea para interactuar con la población común. Tanto el conquistador como el prócer representan el poder foráneo que desconoce a los actores y al territorio mismo. De hecho, la gran efeméride del piedemonte araucano es un diálogo de Bolívar y Santander, donde no se recuerda que haya participado la gente de ahí; ni que, posteriormente, las causas de los indígenas y los campesinos de entonces hubieran dejado alguna huella en los planes del gobierno al que le pusieron pertrechos, provisiones y personas que fueron a luchar. Hoy, en la escena siguen campeando guerreros que, sin bajarse de sus cabalgaduras y sus camionetas, aseguran que serán los vencedores.
Las comunidades araucanas, en medio de dificultades y tras reiteradas pérdidas, han tenido que prodigarse por sí mismos, y mediante la cooperación y el apoyo mutuo, muy buena parte de los recursos que disfrutan en común. La base de esa resiliencia ha sido el aprendizaje colectivo para el cuidado de la convivencia mediante normas de comportamiento y la gestión de conflictos. Las pautas de conducta para la interacción interna y con el exterior se dirigen armonizar al máximo los procesos vitales diversos que coexisten, al mismo tiempo que procuran el cuidado colectivo frente a los factores de violencia que pueden irrumpir o escalar. La gran vulnerabilidad en la que se vive, especialmente en las zonas rurales, ha llevado a que cualquier tipo de controversia a su interior sea motivo para que toda la comunidad se sienta implicada y se sienta beneficiada cuando se produzca un resultado satisfactorio que la zanje. Cuantos más incidentes sean resueltos mediante las herramientas comunitarias creadas para atender la conflictividad, menos vulnerables serán a la acción violenta.
En el Sarare no es visible un personaje mítico como Hiawatha, pero de tantos acumulados y tantas capacidades de acción colectiva es posible construir una epopeya que no sea escrita por los amanuenses de los guerreros. Arauca podría ser una esquina del país que, superando los índices más altos de violencia que le han acompañado por décadas, se convierta en el vértice de una narrativa y unas prácticas institucionales, desde las cuales podamos encontrar no solo un lugar para Arauca en lo que somos como país, sino que Colombia se transforme con los acumulados que en el Sarare, al igual que en regiones similares, ya se han venido alcanzado como normas de convivencia e instancias de regulación de conflictos que logran impactos que siguen siendo impensables desde el derecho y las instancias estatales.
Los acumulados comunitarios deben fortalecerse para que se apropien conscientemente con vocación de permanencia y desarrollen su potencial, y para que se proyecten nacionalmente en diálogo con la institucionalidad del país. Y es allí donde encuentra su sentido la labor que realizamos desde una entidad académica como la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia en esas tierras. Entendemos que nuestro papel debe ser el de participar en la construcción del proyecto de nación desde el Sarare y para el Sarare. Es decir, un proyecto dirigido a que lo que es la región sea una parte del horizonte del país y que lo que construimos como país le aporte a la región. Que la suerte de los Hiawathas que germinan en las comunidades piedemontanas sea recogida como activo en los acumulados normativos e institucionales del país y que en lo nacional haya un aporte reconocible y útil para la gestión de las necesidades específicas del territorio, empezando por la convivencia pacífica, la inclusión y la igualdad en las relaciones.
Ese marco define los propósitos de una labor académica que para ser participativa exige que se haga de la mano y en diálogo con los diferentes sujetos que interactúan en el territorio. En primer lugar, ante todo la labor es de visibilización. Debe contarse con sensibilidad para percibir los problemas y sus respuestas. Al mismo tiempo, con herramientas conceptuales y metodológicas que permitan reconocer y hacer visibles, para la comunidad y los actores llamados a interlocutar con ella, las dinámicas mediante las cuales se regula y gestiona la convivencia. Se busca que se reconozca el aporte y la potencialidad que tienen a través de un enriquecimiento teórico y comparativo.
En segundo lugar, el rol de la Universidad es el de aportar en la transformación positiva de lo que existe. Es el más exigente, porque nos movemos entre dos extremos peligrosos que deben evitarse. De un lado, existe el riesgo de que se entable una relación vertical en la que se impongan los conocimientos académicos y los valores que portan y, en consecuencia, el mejoramiento que se promueve se reduzca a una modernización más burda o más sofisticada. Del otro lado, puede caerse en una visión que mitifica lo comunitario y se limita a recoger y hacer un mejoramiento formal por considerar que la intervención contamina los procesos, dejando intactas o reforzando dinámicas de violencia estructural, de dominación, de explotación o de discriminación. El mejoramiento implica el diálogo de saberes en un ejercicio constante de autoevaluación de lo que se hace y de autocrítica sobre lo que hay y lo que se propone.
En tercer lugar, nuestra labor es la de aportar en el posicionamiento de las herramientas comunitarias. Su fortaleza y su impacto están marcados por su capacidad de incidir gracias al apoyo que reciben y a los canales mediante los cuales actúan. Entonces, como equipo académico tenemos una tarea de interlocución mediante la cual acompañemos la producción de capital social comunitario y construyamos puentes para generar condiciones para una interacción horizontal y un diálogo de saberes también con los diferentes actores presentes en el territorio, incluidos los operadores jurídicos.
Nuestra labor se dirige entonces a procurar el diálogo con actores e instancias situadas en espacios subalternos o marginales que, aunque no aparecen en los libros de historia, en los discursos políticos ni en los programas oficiales, cimentan algún nivel de convivencia y son lo más importante para que allí pueda continuar la vida en común. Más allá en las comunidades cuentan con muy poco. A esa escala, los códigos y las instituciones oficiales tienen muy poca o nula incidencia en la gestión de los conflictos y el orden social; mientras el uso directo de la fuerza, estatal o no, por basarse primordialmente en la intimidación, puede causar fractura en la comunidad y solo tiene un impacto limitado en el tiempo y en el espacio. Resulta evidente que las respuestas comunitarias a las necesidades de justicia son las que logran impactos sostenibles, y generalmente son las que llegan y resultan creíbles en cada sitio.
Con la misma perspectiva deben leerse los programas de acceso a la justicia que el Estado ha adelantado en este y otros territorios similares en el país. Lo que se ofrece son unas figuras que son sucedáneas de la justicia estatal, que cuentan con menos recursos, menos exigencias formales, casi nulo respaldo institucional y menos alcances para atender casos. En ellas no se ve la intención de incluir y recoger los procesos y las instancias puntuales existentes. Por ello, tampoco resultan creíbles y logran un impacto muy reducido. De hecho, pueden llegar dando palos de ciego al desconocer las prioridades en las necesidades de justicia que tiene la gente en cada lugar. Los irrisorios recursos que se les asignan4 no les permiten continuidad ni en el territorio —porque casi solo alcanzan la zona urbana de municipios rurales— ni en el tiempo —son inversiones episódicas, sin sostenibilidad financiera—, mientras que los actores y las instancias comunitarias están presentes todos los días, en lugares mucho más cercanos física, social y culturalmente para sus factibles usuarios.
LA ESCUELA EN ARAUCA
Llegar a una zona con una oferta insostenible de justicia causa un daño peor que la ausencia generalizada del Estado, porque genera unas expectativas que deslegitiman lo logrado por la comunidad a través de sus propias instancias o procedimientos y transforman intereses en pretensiones jurídicas que probablemente las instancias oficiales no van a poder garantizar. El acceso a la justicia, entendido como la finalidad de mejorar las condiciones de convivencia y garantía de los derechos, tiene mucho más sentido si se construye sobre lo que la comunidad misma prodiga, reconociendo sus limitaciones y sus alcances, sus ventajas y sus desventajas, sus carencias y sus aportes. La gestión de los conflictos y la convivencia puede avanzar mucho, incluso en los programas oficiales, si se apalanca en las capacidades comunitarias y se dirige a trabajar de la mano con sus propias instancias para superar los problemas que tienen.
Y en esa dirección se inscribe la labor de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional. Como actor externo, a través del diálogo y el análisis conjunto con los actores locales, la Escuela apunta a fortalecer en la comunidad la respuesta a las necesidades de justicia que se le presentan y a transformar la experiencia colectiva con la normatividad y los conflictos. Como equipo universitario, no solo aportamos saberes y herramientas que puedan ser apropiadas críticamente en nuestros escenarios directos de acción, sino que procuramos identificar y abstraer los elementos y aprendizajes que pueden favorecer a otros grupos humanos, a través de la gestión de conocimiento dirigido a obras escritas o a la labor pedagógica nuestra o de entidades colegas.
Es en ese sentido que encontramos en esta región una escuela para el país. En conjunto con los actores del Sarare hemos hecho aprendizajes sobre la justicia comunitaria que pueden irrigarse al resto del país para mejorar la respuesta a la conflictividad y la administración de justicia, cohesionarnos desde la diversidad, construirnos como nación desde los diferentes rincones del territorio y convivir pacíficamente en todas las escalas, estableciendo condiciones para que los conflictos sean tramitados adecuadamente desde los espacios más próximos.
En cuanto a lo primero, por la necesidad que tiene la comunidad de unos mínimos de armonía, es prioritario que la gestión comunitaria de los conflictos se realice con integralidad, sobre todo en estas zonas, donde la fortaleza interna de las instancias se funda sobre el propósito implícito de evitar que los conflictos desborden a la comunidad como condición para la sobrevivencia incluso física. En la comunidad puede conocerse el contexto de cada conflicto y los factores que inciden en su desarrollo o tratamiento. Para avanzar en esa gestión integral, debe contarse con herramientas —capacitación específica, recursos y respaldo— que eleven la calidad de las actuaciones y las decisiones e impactar positivamente en los factores que causan los conflictos y los escenarios en los que se generan. Tales herramientas deben afinarse para lograr ampliar progresivamente el espectro de asuntos frente a los que las instancias comunitarias han de actuar en sus diferentes momentos y complementarlas con una coordinación horizontal con la oferta de justicia que hace el Estado.
En cuanto a lo segundo, para prosperar o al menos convivir desde la diversidad de vectores sociales y culturales que confluyen en cada espacio, donde requieren de estructuras de relacionamiento, reglas de asignación, formas organizativas y pautas de comportamiento social, es necesario que la comunidad desarrolle conciencia sobre la existencia, los alcances y los límites de sus normas frente a las imposiciones de actores externos. Allí debe desarrollarse capacidad crítica para identificar las pautas de comportamiento que participan de la violencia cultural o estructural, y de esa forma discernir lo que ha de transformarse en ella misma de los cambios que deben promoverse hacia fuera, hasta el nivel nacional.
Finalmente, la convivencia pacífica es la finalidad que, si bien está presente en todas las experiencias de justicia comunitaria, determina el dinamismo con el que se produce en estas zonas de confrontación armada. Generalmente a partir de un caso, las instancias comunitarias pueden producir impactos de pacificación: desactivación de acciones de violencia directa, disminución de las pretensiones o las acciones de las partes, desmotivación del apalancamiento social en los actores armados y reducción de las posibilidades de sometimiento comunitario a las lógicas bélicas. Son aprendizajes que deben fortalecer a las comunidades internamente como substrato de una sociedad pacífica. Mientras no haya un proceso de paz entre los guerreros, que la guerra sea solo de ellos. Pero, quizás desde los acumulados en los saberes y recursos orgánicos de este Hiawatha subyacente, puede haber instrumentos para que nos convirtamos en un país que pueda vivir en paz.
Poner el énfasis en la experiencia comunitaria con la normatividad y la gestión de los conflictos no significa que lleguemos a las comunidades con las manos vacías desde el derecho y la administración de justicia. En nuestra Constitución Política nacional actual existe una poderosa oferta que en muchos aspectos debe construirse como realidad en la sociedad para llegar a ser el país democrático, garante del amplio catálogo de los derechos humanos, incluyente y participativo que se anuncia desde la cabeza de nuestro ordenamiento jurídico. Es necesario que las prácticas sociales y las dinámicas de poder realmente existentes llenen de contenido esos marcos de acción.
Uno de los temas a construir socialmente de cara al ordenamiento es el de la justicia comunitaria, para la que se establecieron unos vértices en la propia Constitución Política de 1991, a ser desarrollados no solo mediante leyes y reglamentos, sino, principalmente, mediante el encuentro de las figuras legales con las instancias y las dinámicas sociales que tendrían vocación de llenarlas de contenido e impacto en la realidad. Si bien existen otras modalidades de justicia comunitaria, aun en el sistema jurídico, aquí nos ocupamos de las dos figuras que tienen potencialidad y desarrollos sociales en Arauca: la justicia indígena y la justicia en equidad.
En el departamento existen cinco pueblos indígenas organizados en más de veinte comunidades que, además de los problemas que padece el resto de la población, han sido discriminados, excluidos y expulsados paulatinamente de sus territorios. Aunque ellos han logrado sostener sus idiomas, sus estructuras normativas y cierta institucionalidad, la mayoría se encuentran en grave riesgo de extinción étnica e, incluso, física. Haciéndose necesario un plan de salvaguarda (Auto 003 y 004 de la Corte Constitucional de Colombia) dentro del cual descuella el componente gobierno propio y jurisdicción indígena a tono con el artículo 246 y otras normas de la Constitución Política. Si bien ha avanzado un proceso de reconstrucción y fortalecimiento interno, el principal esfuerzo ha sido el dirigido al reconocimiento externo de las instancias, los procedimientos y las normas de cada comunidad, en las instancias estatales.
De otra parte, nueve de cada diez pobladores rurales y urbanos del Sarare son criollos y guates. Entre ellos, pese a su diversidad, encontramos las instancias y normas que se articulan con diferentes procesos organizativos, especialmente la junta de acción comunal que opera con un amplio mandato, por legitimidad y eficacia, como gobierno comunitario y de gestión de conflictos. La sostenibilidad de dichas instancias y normas puede garantizarse si se logra que una figura como la conciliación en equidad, creada también en 1991, les proporcione los canales de interacción con el ordenamiento jurídico nacional sin despojarlas de sus capacidades alcanzadas y los potenciales por desarrollar.
Así, tanto la jurisdicción indígena como la justicia en equidad constituyen una oportunidad real de que nuestra institucionalidad nacional se fortalezca con el contenido que puede proporcionarle nuestra diversidad cultural y social. La jurisdicción indígena se funda en el reconocimiento constituyente de que las comunidades indígenas cuentan con su propio orden jurídico. Por tanto, las autoridades del Estado tienen el deber de interactuar y cooperar con ellas y someterse a su autoridad en lo que tienen competencia. La justicia en equidad remite al consenso de las partes, a las normas propias y a los valores de cada comunidad como la sustancia de las decisiones.
Como puede verse, una y otra ofrecen en esencia marcos legales mínimos —siendo más acotados para la justicia en equidad— que permiten conectar los procesos sociales y culturales existentes a la juridicidad nacional. Desde allí, puede establecerse una interlocución con las instancias homólogas del Estado para construir y desarrollar dinámicas de cooperación y apoyo mutuo.
Pero nada de eso se logra automáticamente. Ha sido necesario desarrollar varios procesos simultáneos en que nos hemos comprometido como EJCUN: 1) procesos de interacción y de diálogo que vayan generando los puentes en el territorio, un lenguaje, objetivos, complementariedades, además de rutas en común entre procesos que han estado históricamente distanciados y apenas empiezan a superar la desconfianza mutua; 2) procesos ante los programas nacionales para superar el centralismo opresivo que reproduce la rigidez —que no ha podido imponerse en el territorio a lo largo de la historia— mediante formatos inamovibles que no estiman la construcción colectiva y controlados por actores ajenos al territorio; y 3) procesos ante los actores armados que se desenvuelven en niveles muy diferentes de la confrontación bélica, para que no obstaculicen la operación de la justicia en equidad y su aporte en la edificación de democracia local.
Como equipo de la Universidad venimos trabajando con esa perspectiva desde el año 2005 en Arauca. Ciertamente, con las comunidades indígenas solo ha sido posible desarrollar una labor episódica y puntual. Salvo, entre 2010 y 2012, cuando acompañamos el arranque de un proceso profundo de todas las comunidades indígenas u’wa, hitnü, macaguane, betoyes, sikuani, para el fortalecimiento del gobierno y la justicia propios, gracias a una alianza con la asociación departamental de cabildos y al compromiso institucional de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
En cambio, la labor con la justicia en equidad ha sido más constante. Desde 2006, la EJCUN viene empeñada en la tarea de construir al lado de actores, principalmente comunitarios, una conciliación en equidad que sea el puente que permita que las dinámicas comunitarias de gestión de la conflictividad y la regulación social ganen presencia y eficacia desde las respuestas propias a los problemas propios y encuentren maneras de trabajar de la mano con la oferta estatal, para, desde allí, potenciar su aporte a la paz de la región y del país.
ESTA OBRA
Este libro da cuenta de la contribución que, desde este equipo de la Universidad Nacional, hacemos en la búsqueda de una suerte de Hiawatha sarareño, en un escenario de compleja conflictividad social intensamente impactada por la guerra y afectada por la carencia de potencia del Estado para gestionar las controversias, ordenar el territorio y garantizar la oferta de derechos establecida en sus leyes. La obra se organiza en tres partes. En la primera, se describe el escenario; en la segunda, se da cuenta de la manera como se produce la acción y la interacción de la Escuela en el territorio; y en la tercera, se describen las dos principales estrategias.
La primera parte recoge tres trabajos que buscan generar una aproximación al territorio, desde la perspectiva específica de la regulación social y el acceso a la justicia. En el primer capítulo, se desarrolla una mirada documentada y analítica sobre la incidencia de las dinámicas de poder y de violencia predominantes en el Sarare, que enmarcan la gestión de los conflictos y encauzan las conductas sociales. En el segundo capítulo, se estudia la manera como la diversidad cultural y social participan en la fragmentación y estructuración de un territorio con dinámicas de violencia que trascienden el fenómeno de la guerra. En el tercer capítulo, se describen la diversidad de instancias y procedimientos que determinan la manera como se produce la gestión de los conflictos, principalmente en las zonas rurales.
La segunda parte refiere la manera en la que se ha decantado la postura política respecto del alcance del concepto de justicia comunitaria, a partir de la delimitación del concepto y su enfoque como proceso social transformador. En ella buscamos describir y analizar la orientación de la acción territorial para construir proyecto de nación desde la regulación social y la gestión de la conflictividad. Para ello, se divide en tres capítulos.
El capítulo cuarto presenta las apuestas política y metodológica de la Escuela de Justicia Comunitaria, con miras a situar su lugar de enunciación. Además, presenta la propuesta que la Escuela le plantea al país, propuesta que existe en buena parte gracias al trasegar territorial araucano. En ella sustentamos por qué y cómo podemos ordenar jurídicamente nuestros territorios, incluyendo las necesidades y los acumulados institucionales que se producen incluso en la periferia del país. En el quinto capítulo, exploramos de nuevo la manera como interactúa la justicia en equidad en un territorio como el araucano, y presentamos la justicia comunitaria como un concepto aplicado desde las figuras reconocidas y no reconocidas vigentes en múltiples contextos. Este capítulo permite ver un contraste claro con denominaciones impulsadas desde una visión del Estado neoliberal que restringen su cariz transformador. En la Escuela nos sentimos orgullosos de los avances ejemplares que ha tenido la figura en la región; sin embargo, las tendencias del Estado y su burocracia han reducido sus alcances haciéndose necesario buscar nuevas salidas que la fortalezcan como justicia comunitaria. El último capítulo de esta segunda parte describe el proceso de impulso a la justicia en equidad en el territorio araucano, desde su concepción como construcción social y regional de la justicia, en un diálogo entre las situaciones contextuales que determinaron su configuración inicial, evolución y transformación hacia la necesaria búsqueda de la paz. Allí, los autores hacen una lectura de su propia experiencia como protagonistas desde la Escuela del proceso en el que hemos estado trabajando durante tres lustros. También, muestran cómo la interacción sostenida en el territorio nos enseña y nos lleva a cambiar. Los procesos golondrina que apenas se posan en el territorio por unos meses no tienen que cambiar porque es posible que ni siquiera lleguen a entenderlo.
La tercera parte del libro muestra aspectos destacados de la experiencia de la Escuela en la región: la figura de los conciliadores en equidad y el aporte más importante que se está haciendo desde allí a una estrategia nacional de acceso a la justicia. Por lo tanto, esta parte final es una lectura de los aprendizajes araucanos en dos capítulos.
El séptimo capítulo plantea la comprensión del aporte de los conciliadores en equidad como autoridades comunitarias, entendidos como capacidades locales para la paz desde un enfoque que se orienta a entender su dimensión humana y el aporte que desde su liderazgo hacen a la paz. Gracias a ello puede apreciarse cómo la selección de las personas más valiosas para una práctica que transforme el ideario de justicia lleva a logros si se combina con una metodología de trabajo que se centra en fortalecer su capacidad de conocer y gestionar las normas y los poderes que determinan la vida en su comunidad. El octavo capítulo hace una aproximación a la manera como se están trabajando los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) en el Sarare. Es el planteamiento que recoge los mayores aprendizajes que el territorio araucano lega al resto del país: la configuración de los SLJ como la principal política pública regional de acceso a la justicia, desde sus dos principales dinámicas, la articulación de los operadores y actores de justicia para el diseño e implementación de rutas de acceso a la justicia y el reconocimiento y acompañamiento de las dinámicas de justicia comunitaria en lo veredal, en la figura de Terminales Rurales de Justicia (TRJ). Aquí nos centramos en esta figura como instancia de acceso que produce un impacto sostenible de las instancias estatales mientras se presenta como herramienta efectiva para recoger las capacidades desarrolladas en las comunidades.
Así pues, se cristaliza con este libro un proceso de reflexión alrededor de una experiencia que no solo ha contribuido a transformar el territorio a partir de la intervención de los conflictos, sino a hacer un ejercicio académico situado en los bordes de la juridicidad estatal, allí en donde las comunidades marginales y subalternas inventan y recrean mundos posibles que transforman en esperanza el contexto de guerra al que se resisten en los campos material y simbólico, de tal manera que se pueda reconocer en la academia colombiana que Arauca es una Escuela de Justicia Comunitaria para el resto del país, y, por qué no, para el continente.
Notas
1 Viejos pobladores refieren que en su infancia conocieron la televisión y los símbolos patrios de Venezuela antes que los colombianos.
2 Por ejemplo, es notoria la frustración que produjo en la región la indiferencia nacional que se tuvo con el Sarare en la celebración del Bicentenario de la Independencia, a pesar de la enorme valoración que tiene en la región el encuentro histórico de Bolívar y Santander, por considerar a Tame el punto de partida de la victoria independentista.
3 Está instalada en la memoria de los más viejos como fueron testigos directos de lo que se llamaba “guahibiadas” que eran jornadas en las que grupos de población “criolla” o “guate” cazaban como a manadas de animales silvestres a grupos indígenas en su propio territorio.
4 El dinero invertido o canalizado por el Estado para el programa de Conciliación en Equidad en los cuatro municipios es aproximadamente de USD 400.000 en tres lustros; cifra similar a lo que cuesta una inspección de policía, el menos costoso de los operadores de justicia estatal, en el mismo tiempo.
Primera parte
LECTURAS TERRITORIALES
JUSTICIA EN ARAUCA: ENTRE EL ESTADO Y LA INSURGENCIA
Arturo Suárez Acero
Este capítulo busca explicar las relaciones entre el Estado, la insurgencia y las comunidades con respecto al acceso a la justicia en la región del Sarare, identificando cómo han operado las intersecciones entre las diferentes prácticas de administración de justicia en los municipios del piedemonte araucano y, a partir de este entendimiento, aportar a los diseños institucionales que son necesarios para que las respuestas a las necesidades de justicia contribuyan a la paz del territorio y del país.
En un primer apartado se enuncian algunos aspectos relativos al contexto territorial. Más adelante, se hace un abordaje de la forma en la que se configuraron realidades normativas en esta región a partir de la influencia ejercida por los diferentes actores del conflicto. Posteriormente, se indagará por la forma en la que se dieron intersecciones entre las justicias ejercidas por estos actores. Finalmente, se plantearán algunas reflexiones frente a los actuales procesos de reacomodamiento de las dinámicas del conflicto armado, el proceso de desmovilización de las FARC y la eventual consolidación de un proceso de negociación con el ELN.
EL REVÉS DE LA JUSTICIA
Las diferentes situaciones de la vida social, en las que la interacción es la condición de posibilidad para la emergencia de conflictos que requieren de regulación por parte de autoridades, configuran todo un campo de demandas de justicia, al cual se busca responder mediante la disposición de una oferta institucional integrada por procedimientos, actores y normas. En la lógica del Estado liberal, este es, pues, uno de los factores que da sentido a la existencia de una rama jurisdiccional.
Según el positivismo jurídico, frente a determinado tipo de conflictos, el Estado cuenta con una jurisdicción, una autoridad con competencia para administrar justicia, unas normas sustanciales y otras procedimentales a través de las cuales el ejercicio de la administración de justicia se materializa en decisiones oponibles frente a las partes involucradas y frente a terceros. Esta segmentación de las dinámicas de la conflictividad social reproduce el mito de que el Estado comprende todas las situaciones de contradicción social y, por lo tanto, todo sería susceptible de tener un trámite por parte de los mecanismos formales/judiciales del Estado.
Sin embargo, en los territorios de frontera, esos que se han excluido de la construcción del proyecto de nación para convertirse en su revés (Serje, 2011), en los que no se encuentra una capacidad efectiva de regulación por parte del Estado, resulta altamente factible que, al no disponerse de dispositivos institucionales para la gestión de la conflictividad, se generen escenarios de caos (Ardila, 2018), en los que la obtención de los intereses propios se vuelve una cuestión de fuerza, en la que no pueden apreciarse normas aplicables y cada cual se juega su interés con base en sus propios recursos.
Arauca, particularmente, es un territorio de frontera en una perspectiva doble. Por un lado, es un territorio fronterizo con Venezuela, con quien comparte 296 kilómetros. Pero, del mismo modo, es una frontera interna en relación con la nación colombiana, situada sobre los bordes andinos. De ahí que este territorio hubiese sido poblado principalmente a través de un proceso de colonización dirigida “impulsada por el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970)” (Gutiérrez, 2010, p. 6).
Este proceso, que se orientó principalmente hacia la zona del Sarare, contrasta con la histórica fundación de municipios como Arauca (capital) y Tame, que datan de los tiempos de la Colonia. Sin embargo, y pese al lugar que busca Tame en la historiografía nacional, como cuna de la libertad, al ser el epicentro de la reunión de las tropas de Bolívar y Santander, la presencia institucional en Arauca ha sido tendencialmente precaria, sin ninguna función de integración nacional relevante. De hecho, la capital de Arauca no ha sido especialmente relevante en la centralización de las relaciones y los flujos de la vida intendencial: “En apariencia, no cumple muchas funciones de polarización económica y espacial, social ni cultural” (Gutiérrez, 2010, p. 4).
Margarita Serje (2011) analiza el proceso de colonización del Sarare según las descripciones proveídas por el obispo Builes hacia los años 40 del siglo XX. En estos relatos se empieza a estructurar la imagen de las fronteras de lo nacional como una gesta movida por la “seducción de aventura y la promesa de la inmensidad de los territorios vírgenes donde construir un mundo nuevo” (pp. 216-217).
En palabras de este jerarca católico,
[…] tomad como ejemplo esas soleadas regiones del Sarare, arcas de inagotable riqueza, reservas de energía, fuente copiosa de posibilidades futuras. Si os preguntáis qué cosa es el Sarare se os dirá que es un país lejanísimo, con una fauna primordial, donde residen unas tribus morenas, armadas de envenenados dardos. (Serje, 2011, p. 217)
Desentrañar el discurso que sirve como base de tan magníficas descripciones permite identificar la imagen de una belleza natural protegida del avance civilizatorio por los fieros y bravos hombres, salvajes, equipados con armas rudimentarias. Pero también salta a la vista en la descripción cómo el desconocimiento de una tan maravillosa zona escapa aún al “rumor de la patria que no llega” (Serje, 2011, p. 218), lo cual no es otra cosa que la afirmación de que el derecho territorial del Estado legislado desde los pulpitos de la democracia liberal centralista no ha bautizado esas inhóspitas tierras como parte del territorio sagrado de la ciudadanía nacional.
Por tal razón es que el término de “Baldíos de la Nación” es pertinente para entender la pretensión de que esa inmensidad virgen sea extraída para el crecimiento de las arcas de la república. Sin embargo, la república no puede irradiar con el imperio de la ley un proyecto de explotación que integre a ese Sarare mítico. De ahí que surja la necesidad de que los valientes acometan la labor de la integración.
Ahora bien, el proceso de la colonización de la región del Sarare, y el consecuente establecimiento de dinámicas de poblamiento basadas en la tumba del monte, la fundación, la apropiación de tierras consideradas como baldíos de la nación y la paulatina urbanización, que fueron contribuyendo al desarrollo territorial del departamento de Arauca, constituyen en su conjunto todo un proceso social de producción del territorio, definido por las dinámicas autogestionarias basadas en lazos de colaboración y solidaridad, mientras que el Estado se mantiene, en cierto modo, ausente.
Así, se fueron consolidando,
dos núcleos de crecimiento demográfico y económico de importancia: Arauca, la capital, en pleno llano y Saravena, en el piedemonte, sobre la selva del Sarare. Entre estos municipios se ha dado una suerte de complementariedad y competencia por el liderazgo político y económico. (Gutiérrez, 2010, p. 9)
En este sentido, vale la pena considerar que la fragmentación que ha hecho de Arauca una zona de frontera en las dos perspectivas vistas, ha generado también una fragmentación institucional, que han provocado “divergencias profundas […] sobre la manera como se concibe, se interpreta y se aplican las normas. Esto es particularmente notorio en los órganos encargados de mantener el orden público” (García, 2008, p. 38).
La fragmentación institucional y las fisuras de una soberanía que nunca estuvo exclusivamente en cabeza del Estado fueron el escenario propicio para la penetración guerrillera en Arauca: hacia 19661, los primeros militantes del ELN llegan a la zona de colonización a establecer formas organizativas comunitarias en los renglones económicos a manera de cooperativas, y de reclamación ante el Estado frente a las necesidades de acceso a tecnologías, créditos, infraestructura y conformación de mercados (Gutiérrez, 2010).
Para entender la forma en la que se dio el proceso de la colonización, y la manera sobre la cual debería operar lo institucional, Serje (2011) devela la existencia de un estado civil que solo puede crearse por efecto de crear primero al Otro, a un Otro monstruoso, bruto, sin habla, salvaje, con desenfreno de sus propias pasiones. Este es el Otro que habita el estado de naturaleza, el cual resulta imprescindible para fundar el estado civil, como justificación para su eliminación.
Este Otro no tenía necesariamente que ser un “comegente” para poder ser el objeto de la violencia de la gesta civilizadora —llamada regulación normativa—, solo resistirse ante el poder avasallador de la colonia era argumento suficiente para ser calificado como un vestigio del atraso. “A partir de entonces, toda forma de resistencia al orden urbano colonial-moderno se ha visto convertida en barbarie y delincuencia” (Serje, 2011, p. 228). Delincuencia, curiosa apelación nuevamente a una categoría jurídica.
Además de sujetos que deben ser regulados mediante la implantación del Derecho formal, un aspecto útil para entender el contexto territorial tiene que ver con la aparición del petróleo como un factor fundamental que explica las dimensiones de las relaciones vigentes en Arauca vistas a través del lente de la integración nacional: la extracción de recursos minero-energéticos en una modalidad de enclave.
Esta ha sido la forma de integración económica de la colonización.
La imaginación geopolítica del territorio que sustenta esta doble coerción es la base de un sistema de apropiación y de administración que se resume en la política del enclave: la forma de intervención que ha sido privilegiada para integrar los territorios salvajes a la nación y, con el mismo gesto, al mercado global. El enclave sintetiza las políticas de explotación y de pacificación que han caracterizado históricamente la intervención metropolitana en las regiones de frontera. (Serje, 2011, p. 261)
En este sentido, la economía de enclave, de característica extractivista, parte de concesionar para que las empresas privadas actúen como promotores de la regulación, desde criterios de mercado. Operan, en zonas salvajes que empiezan a ser controladas, como fuertes en los que se crea una cabeza de playa, desde la cual organizar las avanzadas sobre los baldíos. Se debe tener en cuenta que el enclave es un vaso que comunica el centro de un mercado global con los confines de las periferias; una característica fundamental del enclave como modelo productivo es la necesidad de garantía de seguridad, con lo cual es evidente que su operación en “territorio enemigo” ha hecho que sean unos de los principales promotores de las relaciones de las empresas con paramilitares.
Pero la relación no estaría completa si se olvida el rol orientador del Estado nación en la conquista de las vastas tierras vírgenes para la explotación: “Está de más señalar que las explotaciones de enclave han contado con el apoyo incondicional de los gobiernos/élites nacionales y locales, gracias al poder de corrupción de las empresas, que continuamente compran y sobornan funcionarios” (Serje, 2011, p. 266). Es por esta razón que se dan las fracturas de lo territorial. Esta idea es reforzada por el planteamiento de que en Colombia “ha habido más territorio que nación, más nación que sociedad, más sociedad que Estado y más partidos políticos que democracia” (García, 2008, p. 31).
A continuación, se verá cómo se han configurado algunos de los órdenes en el territorio araucano, en especial buscando acotar el análisis a la zona del piedemonte.
REGLAS ARMADAS: ENTRE LA SEDUCCIÓN Y EL MIEDO
En condiciones de caos institucional y de ausencia reconocible de regulación, existen dos tipos de salidas: por un lado, se impone el principio de Estado y se amplía la ciudadanía como un campo institucional o, por otro lado, se establecen equilibrios entre diferentes órdenes de regulación y se configura una constelación pluralista (Santos, 1991). Dicho en otras palabras, toda situación de conflicto representa una posibilidad de definir órdenes de regulación para que salir del caos se constituya en una de las condiciones propias de la producción social del territorio (Ardila, 2006).
La llegada de los grupos armados, previa incluso a la aparición del petróleo hacia principios de los años ochenta, viene a ocupar los espacios que requerían de la presencia de una autoridad que regulara un sinfín de situaciones que necesitaban ser atendidas para garantizar un orden. Así, las insurgencias aportaron criterios normativos y de regulación a un territorio del que, por otra parte, hicieron su retaguardia estratégica.
Durante más de tres décadas, la presencia del ELN, así como la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), ha definido la forma en la que las comunidades se organizan y establecen patrones para la tramitación de sus conflictos, lo cual ha estado respaldado en que, a través de los brazos armados de las insurgencias, en los márgenes de la soberanía, surgen los contrapoderes como nuevas formas de soberanía.
En palabras de Gutiérrez,
Durante más de 15 años esta organización construyó en el piedemonte un poder sin hacer uso de amenazas de muerte o actos de violencia sobre la población civil o los representantes del Estado […]. Cabe anotar que parte del éxito subversivo consistió en ofrecer y garantizar seguridad a los medianos y grandes hacendados contra el abigeato y la usurpación de tierras. (2011, p. 10)
Como parte de la estrategia de guerra del ELN, se definió la construcción del Poder Popular2 como una forma de establecer un poder paralelo en las zonas de influencia de la guerrilla, fortaleciendo y estimulando las organizaciones sociales de las comunidades campesinas. Así, estas tendrían la legitimidad estatal, pero serían al mismo tiempo, el fundamento de un ejercicio diferente de poder transformador, consciente de los contextos y las particularidades de cada zona.
Lo anterior traía consigo la construcción de formas organizativas tanto en la esfera institucional como estatal; con la finalidad de “combatir al Estado desde sus entrañas”3; así como desde lo extrainstitucional (Aguilera, 2014), en el anuncio de una nueva sociedad, sustentada en los criterios locales, rescatando la identidad regional en lo comunitario, a partir de la estructuración de formas de democracia directa4, en un combate frontal al individualismo y la hegemonía burguesa.
En referencia a la manera en la que se da la regulación de la vida social en las zonas de presencia del ELN, se reconoce la adjudicación de normas para la redistribución, la moderación de ciertas explotaciones, el cuidado y respeto a las temporadas de caza, pesca y recolección, las disposiciones sobre lo productivo, como por ejemplo sobre los pagos de jornales, la distribución y adjudicación de tierras, las reglamentaciones del derecho de propiedad y la imposición de sanciones.
El poder popular se manifiesta con el desarrollo de formas y prácticas alternativas de justicia. La mayoría de las normas no constituyen una novedad, por cuanto están contempladas en las legislaciones estatales. Lo realmente llamativo es que el procedimiento coloca en manos de una instancia comunitaria la solución de una amplia gama de conflictos, sin que su violación signifique una fuerte sanción o amenaza para el infractor. (Aguilera, 2006, p. 247)
De otro lado, las FARC, desde su perspectiva estratégica, integraron aspectos de los modelos de guerra prolongada5 e insurreccional6, con un énfasis en la consolidación militar de un aparato nacional con capacidad operativa para la toma de un centro de despliegue estratégico en Bogotá.
Sin embargo, el crecimiento de la capacidad operativa de las FARC no se vio reflejado en el logro de sus objetivos estratégicos, pese a que llegaron a rodear la capital y contaban con corredores de movilidad que interconectaron el país, se ubicaron las retaguardias estratégicas y se consolidó un ejército con plena financiación.
La construcción de retaguardias nacionales basculó, principalmente, hacia el sur del país y los márgenes de la cordillera oriental hacia el piedemonte llanero. El Bloque oriental, que operaba en Meta, Guaviare, Casanare, Arauca, Boyacá, Guainía y Vaupés, fue el que acumuló el mayor peso de la confrontación (Aguilera, 2014). En Arauca, operaron principalmente los frentes 10 y 45.
El control de las FARC en las zonas de retaguardia se asentaba en la incidencia de sus cuadros dentro de las estructuras de las Juntas de Acción Comunal (JAC), presionando frecuentemente a los campesinos de sus zonas de influencia a participar en la organización comunitaria, asistir a las reuniones y a las jornadas de trabajo colectivo. “Esa política de las FARC de colocar bajo su control a las juntas comunales, parece haber sustituido la formación de ligas campesinas o de otras organizaciones agrarias conectadas al Partido Comunista” (Aguilera, 2014, p. 416).
Las FARC planteaban como parte de su política de masas la obligación de colocar a las organizaciones comunales de su lado, para ganar la consciencia de las masas y movilizarlas en la lucha por el reclamo y la defensa de sus derechos, y también para que las organizaciones comunales le exigieran al gobierno que financiara y adelantara las obras necesarias para el progreso.
Sin embargo, este mandato a las JAC no debía hacerse de manera hostil, sino como resultado de una acción pedagógica, así como de la instauración de un orden regulatorio, eficaz frente a los conflictos que se presentaban entre el campesinado.
Al respecto, Pedro7, dirigente social de Saravena, afirma que los primeros tipos de normas que fueron implantando las organizaciones insurgentes estuvieron enfocadas en acabar con situaciones consideradas como desagradables por parte de las comunidades:
Cuando ellos llegaron, había situaciones muy jodidas; por ejemplo, se robaban el ganado, se robaban las cosas de las casas. Entonces, esas fueron unas de las razones por las cuales ellos empezaron a decirle a la comunidad que a los ladrones había que aplicarle la pena de muerte. Lo otro es que ellos jamás estuvieron de acuerdo con el consumo de sustancias estupefacientes, sobre todo la marihuana, en esa época, y ya después el bazuco y la cocaína. Ellos no aceptaban la presencia de consumidores de esas sustancias. (Pedro, comunicación personal, 18 de mayo de 2017)
De este testimonio se puede extraer que, en efecto, las normas que fueron impuestas por la insurgencia pueden agruparse en dos categorías. Por un lado, normas dirigidas hacia la protección de la organización, a través de las cuales se amparase la seguridad de los guerrilleros y milicianos, dentro de las cuales se cuentan aquellas que estaban destinadas a restringir la movilidad o la circulación: “En ese entonces, como ahora, era necesario ejercer control sobre las personas extrañas que llegaban al territorio, porque podían ser agentes encubiertos, lo que en esa época se llamaba la mano negra. Eso era para cuidar su territorio” (Pedro, 2017).
También fueron reconocidas como normas la restricción de movilidad entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, el cese obligatorio de actividades agrícolas y comerciales durante los paros armados y, ante informaciones de presencia del ejército, los guerrilleros alertaban a la gente para que no tuvieran ningún trato, que no tuvieran ningún tipo de conversación con las fuerzas militares, so pena de morir ajusticiado.
Por otra parte, había normas dirigidas a regular las relaciones de la comunidad, principalmente a través de prohibiciones; por ejemplo, frente al consumo de estupefacientes, el robo de ganado y los hurtos comunes. De ese modo se estableció la pena de muerte para violadores, para cuatreros y para casos reconocidos de reincidencia de ladrones o consumidores de sustancias psicoactivas.
También era obligatorio asistir a las actividades comunitarias y de participación en asambleas populares. “También se puede ver que la administración de justicia tenía que ver con los linderos y también en los problemas entre vecinos, como incluso las infidelidades, que era un asunto muy delicado” (Pedro, 2017).
En ese contexto, el papel de la insurgencia se hizo necesario para resolver los problemas entre vecinos, entre ellos, las infidelidades, los problemas de linderos, las deudas, los chismes, etc. Por ejemplo, una vereda llamada Puerto Miranda, anteriormente era llamada “Puerto Machete”, debido a que allí, la mayoría de las veces, los conflictos entre pobladores —principalmente santandereanos y boyacenses— se resolvían a machete, causando lesiones y mutilaciones, o incluso la muerte. Esta forma de resolver los problemas fue regulada por las FARC prohibiendo que los conflictos entre vecinos fueran tratados de manera directa. De ese modo, quien hiriera o matara a otra persona era sancionado con la pena capital.
Sin embargo, también se reconocen un tipo de sanciones menores, como limpiar caminos. María, lideresa de Tame, pudo presenciar la aplicación de este tipo de sanciones. Ella describe que para delitos que no eran sancionados con pena de muerte, pero que debían ser ejemplarizantes, le ordenaban al infractor limpiar un camino con un machete sin filo y sin el mango, de tal manera que el rigor del trabajo quedara marcado en sus manos.
Pedro (2017) también relata que, donde existía la posibilidad de hacer aseo o arreglos a los caseríos, los ponían a cumplir diversas tareas para que la gente viera que una persona debía comportarse bien. Esta exposición pública implicaba que todos los habitantes sabían que había cometido alguna irregularidad. Muchas obras públicas fueron realizadas por lo que en aquel entonces se conocían como “los sancionados”. “Si usted iba por un camino y veía a una persona o a un grupo de personas trabajando ahí solas, usted decía: ah, a estos los sancionaron. Así que algunas sanciones eran purgadas con trabajo comunitario”.
También menciona que en alguna ocasión le preguntó a un guerrillero de las FARC sobre la razón de imponer la pena de muerte. La respuesta fue tan simple como contundente: “porque no tenemos cárceles. Como no se puede tener a nadie preso, toca matarlo”.
Había una práctica cuando los primeros grupos empezaron a llegar. Ellos reunían a las comunidades y las mantenían informadas sobre las decisiones que habían tomado y las que había que tomar. Y cuando había ajusticiamientos, ellos ponían el caso a disposición de la asamblea popular, para que la comunidad decidiera por la vida de esa persona que hubiera cometido un delito, como un robo, una violación u otro. (Pedro, 2017)
Pese a que se desarrollaran estos procesos a instancias de la comunidad, según Pedro, se garantizaban algunos derechos, como el derecho a la defensa: “Yo he escuchado que incluso, un miembro del grupo armado o de la comunidad actuaba como defensor” (Pedro, 2017).
Ante la pregunta sobre la motivación para cumplir las normas impuestas por las insurgencias, Pedro responde que a la mayor parte de la gente le gustaba que por fin hubiera gobierno. Necesitaban un gobierno y en ese contexto a las comunidades les parecía adecuado, porque entendían que las sanciones eran drásticas.
Esta legitimidad se derivaba de que era ocasional que algunos comandantes fueran los que tomaran las decisiones respecto de la aplicación de sanciones, puesto que resultaba más común que fuera la comunidad la que decidiera, con lo cual se incrementaba el sentimiento de que se estaba haciendo justicia y no cometiendo alguna arbitrariedad. “En la mayoría de los casos reunían a las comunidades para hacerles esas consultas. Yo una vez tuve que participar de un juicio revolucionario siendo profesora en la vereda La Palestina” (María, comunicación personal, 15 de mayo 2017).
En este punto, vale la pena traer la reflexión de Mario Aguilera, a través de la cual, siguiendo al tratadista italiano Norberto Bobbio, se entiende que el Derecho puede surgir en el marco de procesos de institucionalización en los que la presencia de normas define un contexto en el que se sitúan los fines de un determinado orden, los medios para alcanzar aquellos fines, y se distribuyen las funciones entre los actores para alcanzar tales fines.
Afirma Aguilera,
La guerrilla tiene una organización y por medio de ella llega a constituir un ordenamiento jurídico. Las guerrillas cuentan con un orden hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, expresada en una estructura político-militar con mandos jerarquizados, unas estrategias de guerra sometidas a evaluaciones en congresos y conferencias, una distribución territorial, unas normas disciplinarias para juzgar faltas y delitos, etc. Hacia afuera, el orden de la guerrilla se manifiesta en la configuración de retaguardias con contrapoderes en los que se realizan actos de gobierno y justicia, la extracción de recursos, la ubicación de frentes de acuerdo a estrategias político-militares, la aplicación de medidas judiciales en las zonas de disputa, etc. (Aguilera, 2014, p. 122)
Por otro lado, debe ser reconocido que, a nivel normativo, la economía del petróleo también ha definido una realidad regulatoria:
[...] las reglas las ponían las compañías y el Estado se limitaba a conceder, con tal de que entraran el capital y el porcentaje acordado de regalías. Este manejo contó siempre con la anuencia del Estado, que en su afán por “crear condiciones favorables a la inversión”, se hizo el de la vista gorda, al igual que lo hizo con el exterminio de las poblaciones indígenas y con los asuntos laborales, permitiendo a las compañías toda clase de abusos. (Serje, 2011, p. 270)
Así pues, se ha configurado una especie de pluralismo jurídico, en el que la regulación de las empresas se oculta bajo un manto de presunta juridicidad representado en la licencia de explotación, la concesión, el contrato o la exención tributaria para el estímulo de la inversión privada. “Entre las facultades que se le concedían se contemplaba, incluso, que podía nombrar funcionarios de justicia, lo que generó conflictos de soberanía con los funcionarios de la administración colonial en los niveles local y regional” (Serje, 2011, p. 273).
Sin embargo, se trata de una presunta juridicidad, porque como lo señala Serje:
La explotación de los territorios salvajes y de las tierras de nadie, siempre a través de economías extractivas y de enclave, se ha visto enmarcada en el complejo juego de legalidades e ilegalidades ligado a sus formas particulares de producción y comercialización: la usurpación, el esclavismo, la servidumbre, el endeude. (Serje, 2011, p. 279)
Esta dimensión de regulación se sostenía en un equilibrio muy frágil en el que la ventaja la tiene quien ejerce los monopolios de coercitividad. Pero, en todo caso, la seguridad no resultaba solo en un uso de la fuerza, en la tensión monopolio-dispersión en el uso de la violencia, sino en lógicas de regulación con instituciones muy definidas tales como el contrabando.
Ahora bien, debe plantearse que en Arauca no ha habido solo presencia de guerrillas en confrontación con lo Estatal. El paramilitarismo fue un fenómeno que impactó fuertemente las relaciones en el territorio, dejando tras de sí una estela de sangre que fracturó de manera dramática el tejido social.
Los paramilitares ingresaron desde el sur hacia el municipio de Tame. Venían de Casanare y Meta, promovidos por las bandas de los hermanos Mejía Múnera. Entraron por Tame y llegaron hasta Puerto Rondón y Cravo Norte. Iniciaron su incursión desde 1997, perpetrando masacres y asesinando esporádicamente “maestros, líderes agrarios, sindicales, políticos y periodistas, en lo que no eran, con propiedad, operativos contrainsurgentes” (Gutiérrez, 2010, p. 21).
Según lo expresa Ruth, una habitante de Tame que para esa época vivía en la vereda Puerto Gaitán —en la que se asentarían los paramilitares—y de la que salió en uno de los desplazamientos masivos, como los paramilitares no tenían una base social, ni el apoyo de los terratenientes e industriales, la principal forma de buscar su espacio en los municipios de Arauca fue a través de las demostraciones de crueldad y poder sin límite.
Al respecto, Gutiérrez explica que la imposibilidad de incrustarse más decididamente en la vida social de Arauca tiene que ver con que la dirigencia política local y departamental no se alió con los paramilitares para derrotar a las guerrillas: “Tampoco encontraron mucho eco entre propietarios medios de las zonas rurales o habitantes de los barrios de Arauca y Saravena” (Gutiérrez, 2010, p. 22).
No obstante, es apreciable una incidencia sobre las normas de comportamiento, influenciada por las autodefensas. En la descripción de María (2017) se evidencia un cambio en los modos de relación en Tame:
Se vivía con miedo. Muchos de los muchachos de aquí, que vimos crecer, también los vimos volverse sicarios de los paramilitares. Andaban en camionetas con vidrios polarizados, se imponían mediante amenazas. A que ganara el más mal encarado. Los paramilitares instauraron una época de terror y de silencio. (María, comunicación personal, 2017)
Uno de los cambios más notorios tenía que ver con la desconfianza que se generó en los habitantes de Tame:
No se podía confiar en quien era un vecino o amigo. A cualquiera lo podían tildar de auxiliador de la guerrilla. Aquí el chisme se volvió una norma social que le costó muchas vidas al municipio. Los paramilitares no preguntaban, solo iban matando, y entre más cruel fuera la muerte, para ellos mejor 8. (Ruth, comunicación personal, 10 de mayo 2017)
María relata cómo los jóvenes tameños incorporaron un ritual que le aprendieron a los paramilitares llegados, en su mayoría, de la costa Caribe y Antioquia. Se trataba de arrancar una motocicleta a toda velocidad y cruzar las intersecciones viales sin ningún tipo de precaución, con la finalidad de “probar su suerte”. De ese modo podían saber cabalísticamente qué tan cerca estaban de la muerte ese día, y sentirse “machos” y protegidos, llenos de vida:
Esa norma aún hoy pervive en varios muchachos. Todavía ve uno que van en esas motos como locos y se atraviesan sin mirar, y dicen: hoy no me va a tocar. Y se retan y se desafían para ver quién es más macho, o a quien lo coge un carro u otra moto. (María, comunicación personal, 2017)
Las sanciones que aplicaron los paramilitares no solo implicaban la eliminación física, sino que su sello característico era la crueldad. Cuanto más cruel e inhumana fuera la ejecución, más se reafirmaba su poder. Se tiene noticia de que en Puerto Gaitán hubo instalaciones con estanques llenos de caimanes a los cuales arrojaban los restos de sus víctimas.
A un señor una vez lo metieron desnudo en el platón de una camioneta, a pleno rayo de sol. Cuando se empezaron a notar las quemaduras le echaron sal encima. Lo cubrieron de sal para que se quemara más. Así lo tuvieron durante un poco más de diez días. Un día pasaron en esa camioneta al lado mío y yo lo vi y él me miró como rogando para que lo mataran de una vez. Aun no puedo retirar esos ojos de mi memoria. (Ruth, comunicación personal, 2017)
Otro de los factores en el que incidiría el paramilitarismo en Arauca se sitúa a nivel de las estigmatizaciones que se generaron y que no dejaron a casi nadie libre de señalamientos. Era común escuchar —y aun hoy persiste—, que los habitantes de Saravena no podían aparecer por Tame o Arauca capital, porque era equivalente a firmar su sentencia de muerte. De la misma forma, se generó un prejuicio sobre los tameños, afirmando que son paramilitares. También se produjo una fractura muy profunda entre los habitantes de las áreas rurales y los habitantes del sector urbano, debido a los mismos tipos de señalamiento.
El Bloque Vencedores de Arauca se desmovilizó en diciembre de 2005. Las organizaciones insurgentes se valieron de su fortaleza en el territorio para contrarrestar la avanzada paramilitar: “Estar anclados en la vida social, electoral y al gobierno de Arauca, fue la clave de los frentes guerrilleros para derrotar a los paramilitares” (Gutiérrez, 2010, p. 33). Sin embargo, aún vendrían otros ciclos de violencia protagonizada por las FARC y el ELN.
Como colofón de la presencia de los paramilitares en Tame, a Puerto Gaitán fueron citadas más de cien mujeres que habían establecido relaciones con los diferentes comandantes y paramilitares rasos. Supuestamente las habían citado para tener una fiesta de despedida, debido a que ahora los paramilitares irían a internarse en cárceles en el marco de la aplicación de la Ley 975 de 2005, como parte de la desmovilización. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que encerraron a las mujeres en unas casas y las acribillaron, como forma de evitar que a futuro testificaran dentro de los procesos de Justicia y Paz. Los gritos de las mujeres suplicando por su vida y el sonido de las motosierras aun retumban en la memoria de quienes presenciaron estos macabros hechos, “solo se salvaron tres muchachas, yo todavía no sé cómo escaparon” (Ruth, comunicación personal, 2017).
Desde hace cerca de dos años, en la vereda Puerto Gaitán, se está adelantando un proceso de retorno de un grupo de víctimas de desplazamiento forzado y del despojo de sus tierras. No obstante, en la zona hacen presencia otros habitantes. Se trata de segundos ocupantes, personas que compraron las fincas, aparentemente de buena fe. El proceso de retorno no ha sido fácil, han empezado a conocerse noticias de amenazas a los retornados y a los reclamantes de tierras. Además, son notorios cada vez más los conflictos entre unos y otros, sin que se tenga claridad aún sobre cómo se podrán entrar a regular las relaciones9.
LA DISPUTA POR LA JUSTICIA
A continuación, se describirán algunos rasgos que han definido la disputa entre las diferentes expresiones de la justicia en los municipios del piedemonte. Naturalmente, cada municipio presenta unas características especiales, entre ellas, se puede resaltar que en Saravena y Fortul se reconoce más abiertamente la influencia guerrillera; y en Tame, aun cuando las insurgencias hacen presencia, no se reconoce abiertamente la influencia de las guerrillas en la vida cotidiana.
Saravena, a diferencia de Fortul, muestra una relativa autonomía de las instituciones de la administración municipal, debido a que su desarrollo urbanístico permite que sus dinámicas sean más parecidas a las de una ciudad grande que a un pueblo de colonización. En cambio, en Fortul sí se observa una mayor sujeción de las autoridades municipales a los designios de la insurgencia del ELN.
Como común denominador se puede plantear que en los tres municipios la presencia de organizaciones sociales10 representa las bases de las organizaciones insurgentes, que han configurado una gran incidencia a través de la cual los límites entre sociedad civil e insurgencia son porosos, poco definidos y se desdibujan constantemente.
Por otra parte, se puede detectar una continuidad entre la insurgencia y algunas JAC. Como parte de la inserción regulatoria en sus zonas de presencia, tanto las FARC como el ELN han buscado promover la vinculación de la población en estas formas organizativas. De este modo, persiguen la participación y el control a la gestión de los recursos, así como la promoción de liderazgos locales.
Es notoria una tendencia en la que las JAC en lo rural operan en su totalidad, lo cual quiere decir que todos los miembros y directivos están atentos a la participación activa, mientras que en lo urbano solo suele trabajar el presidente, lo cual contribuye a que existan prácticas corruptas debido al bajo involucramiento de los demás dignatarios para hacer eventualmente control social y veeduría.
Naturalmente, este tipo de relaciones impactan el campo de la justicia y a continuación se describirán algunos aspectos relevantes.
Desde el poder insurgente
En Fortul, Tame y Saravena, las prácticas de justicia guerrillera han representado históricamente la expectativa de amparo por parte de sus pobladores, creando una interpretación local del derecho, en la que el recurso de la justicia estatal se percibe, cuando menos, subsidiario o complementario.
Como lo ha planteado Aguilera (2014), estas prácticas de justicia guerrillera explican cómo la soberanía nacional se ha puesto en cuestión desde el nivel básico de lo regulatorio. La justicia guerrillera funciona como un cuerpo de procedimientos, actores y normas que configuran un campo de administración de justicia, que puede operar en coincidencia con normas estatales, en las que la promesa es la de una justicia eficaz, barata, rápida y de fácil acceso; o puede ocurrir que las normas aplicables no sean las del derecho, sino las de la equidad, caso en el cual se genera una complementariedad con la justicia comunitaria.
Así, el concepto de soberanía encuentra uno de sus fundamentos en la provisión de cierto tipo de servicios y funciones de cara a la población, lo cual demuestra que el problema de la soberanía es un problema de quién ejerce una serie de determinadas ofertas, dentro de las que se destacan “la oferta de seguridad, el mantenimiento del orden, la administración de justicia y algunas contribuciones al bienestar de la comunidad” (Aguilera, 2014, p. 23).
Esta perspectiva funcional es muy valiosa para entender la emergencia del concepto de contrapoder como posibilidad de brindar con eficacia esos tipos de ofertas. De este modo, los contrapoderes se pueden interpretar como una construcción de un contrato social implícito que emerge como fundamento de una autoridad legítima en la que se imbrican la coerción y el intercambio, según lo planteado por Wickham-Crowley (1987).
En este sentido, y siguiendo a este autor, esas ofertas presentes en el contrapoder se condensan en que el contrato social incluye obligaciones de “a) Defensa, especialmente contra enemigos externos; b) la conservación del orden y la paz interna, y la solución de conflictos; y, c) el aporte al bienestar material de la comunidad” (Aguilera, 2014, p. 33).
Hasta este punto, se entiende que el contrapoder persiste en las fisuras de la soberanía, no como un fenómeno misterioso de movilización de fuerzas excepcionales, sino que aparece casi como el resultado inevitable del incumplimiento del contrato social en las zonas del territorio en las que la población le realice tales demandas al Estado.
Dicho de otro modo, las comunidades se autoorganizan y pueden establecer estructuras para la autogestión de su seguridad, la tramitación de sus conflictos y sus propios servicios comunitarios, o pueden desarrollarse campañas revolucionarias que, a través de brazos armados, provean aquello que el Estado no cumple a sus comunidades. Independientemente, es en los márgenes de la soberanía en donde surgen los contrapoderes como nuevas formas de soberanía.
Esto último es apreciable en los tres municipios del piedemonte araucano. Actualmente, se puede constatar que las JAC están influidas por alguno de los actores armados presentes, e incluso, se han conocido casos en los que en una misma vereda existen dos JAC, cada una asociada al trabajo organizativo y disputándose las bases de cada organización.
Sin embargo, esto se ha disimulado poniéndoles nombres que las diferencien, por ejemplo, JAC de la vereda Alta y JAC de la vereda Baja. En realidad, no es que haya dos veredas: una ubicada río arriba y otra río abajo; lo que hay es dos juntas en una misma vereda11.
En San Salvador, en jurisdicción de Tame, incluso se crearon dos JAC, una asociada a los paramilitares y la otra asociada al ELN, y se llegó al punto de que hubo amenazas entre dirigentes de las dos JAC. Así, se presentó el asesinato de la presidenta de la JAC asociada al paramilitarismo12, lo que generó su desintegración definitiva.
En este punto es necesario revisar situaciones en Tame que evidencian la manera en la que afloran prácticas normativas sustentadas en los vacíos de soberanía estatal y que son llenadas por la acción de una justicia insurgente, que no solo es funcional, sino que además desarrolla los sentimientos locales de lo que es correcto y justo. En la vereda La Palestina, la JAC, por autorización de las FARC, está expidiendo permisos para que los habitantes puedan comprar y vender sus fincas y parcelas. Lo anterior está en consonancia con las actuales condiciones de agrupamiento de las FARC, en proceso de desmovilización, en la zona veredal ubicada en Filipinas, vereda del municipio de Arauquita.
Los habitantes de La Palestina tienen miedo de que ingresen a la zona nuevos agentes del paramilitarismo, narcotraficantes o infiltrados de las fuerzas armadas, con interés en desestabilizar la comunidad. Incluso, prevén el ingreso de forasteros que pongan en peligro a las mujeres y niños de la vereda, por lo que se han venido extremando los controles por parte de algunos líderes de la comunidad.
Por tal razón cada vez son más comunes las voces que, según lo relatado por María (2017), proponen un agrupamiento armado para garantizar la seguridad local, a manera de autodefensa campesina, con un interés de autoprotección ante amenazas externas.
Por otra parte, según lo que le han contado a María (2017) “los líderes de la vereda han estado viendo agrupaciones de migrantes venezolanos que llegan a robar y a violar a mujeres y niñas. Adicionalmente, ha llegado una gran cantidad de mujeres venezolanas a ejercer la prostitución”.
Ante este contexto, se han presentado dos tipos de respuestas. Por un lado, la guerrilla de las FARC realizó un censo casa por casa en La Palestina, para reconocer quien es venezolano. Una vez contabilizada la totalidad de la población migrante, mediante procedimientos coercitivos, han devuelto a los venezolanos “al lado de allá del río”, amenazándolos para que no se atrevan a regresar a territorio colombiano. Este procedimiento —independientemente de lo antidemocrático— ha resultado altamente eficaz a fin de evitar el retorno de los migrantes.
Esto contrasta con la gran inversión de recursos que destinó la Gobernación de Arauca para deportar a quince venezolanos —cerca de 2.800.000 pesos por persona— y el resultado insuficiente, toda vez que en menos de una semana habían entrado nuevamente a Colombia, de manera ilegal, los mismos quince migrantes, acompañados de otros que llegaban por primera vez al país.
A tal punto llegó esta situación que las administraciones municipales tuvieron que entregar un carné13 para que las mujeres en ejercicio de prostitución, que se cuentan por decenas en cada zona de tolerancia, puedan ejercer su trabajo en territorio colombiano.
El segundo tipo de respuestas que se presentaron están asociadas a que se les ha impuesto una prohibición a los hombres para acudir al centro poblado los domingos, día de mercado, con la finalidad de que no vayan a gastarse el dinero de sus familias con las mujeres en ejercicio de prostitución provenientes de Venezuela. Esto ha transformado, por ejemplo, los roles de género poniendo a las mujeres en la obligación de administrar los dineros y encargarse de comprar los víveres y productos en el mercado.
En otras zonas del municipio de Tame, se ha venido presentando una contradicción entre la comunidad y las fuerzas militares. En las carreteras que conducen hacia veredas como Botalón, Floramarillo, Puerto Jordán, así como también en Puerto Nariño, perteneciente a Saravena, se han instalado unos peajes comunitarios a través de los cuales los habitantes de la vereda recogen una contribución de los conductores que pasan por esa vía, con el propósito de contratar una máquina que haga mantenimiento a ese eje vial del municipio, ya que el llamado que se ha hecho a la administración municipal no ha sido respondido, aduciendo no tener disponibilidad presupuestal.
Lo cierto es que el 17 de mayo de 2017, el Ejército citó a la secretaria de Gobierno de Tame y a los dignatarios de las JAC y Asojuntas para que se suspendan esos peajes ilegales, y así “se evite una presunta forma de financiación de las acciones de la guerrilla del ELN”. En el consejo de seguridad en el que se trató este tema se desestimó la pretensión del Ejército, debido a que, por eficacia, se llegó a la conclusión de que el estado de las vías era mejor en esas zonas: “del Tigre a Malvinas es prácticamente una autopista, entonces ¿yo por qué me tengo que molestar por contar con una carretera en buen estado?” (María, 2017).
A través de las JAC, la guerrilla autoriza la realización de la obra. Para ello, les ordena que compren el material, el combustible de la maquinaria y ellos pongan la mano de obra. Actualmente, la cuota para carro pequeño son 3000 pesos, para carro grande son 6000. En los años 1999 – 2000 la norma era que cada camión entrara una carga de balastro y después podía seguir con su trabajo y sacar el plátano. Antes también eran las reinas de belleza las que recolectaban esa contribución.
Como oferta estatal
Particularmente en los municipios del piedemonte se evidencian bajos niveles de acceso, debido sobre todo a que a nivel rural no se cuenta con una red de operadores de justicia que reciban las demandas o denuncias de parte de sus pobladores. Sin embargo, a nivel urbano tampoco se cuenta con un estándar de atención satisfactorio.
Uno de los problemas es que no se encuentran análisis sólidos sobre el estado del acceso a la justicia, debido a la dificultad para encontrar cifras consolidadas que permitan establecer líneas de base respecto a los niveles de atención, el seguimiento a casos y la efectividad de las respuestas.
La justicia estatal ha estado presente en los municipios del piedemonte araucano, aunque no son necesariamente los operadores con mayor demanda. Es posible que a nivel de actores de la justicia que actúan en nombre de la institucionalidad estatal, se acuda en mayor medida a las comisarías de familia, a las inspecciones de policía o a las personerías municipales.
Gracias a un ejercicio de indagación adelantado por la EJCUN durante el 2016 y 2017, mediante el cual se consultó a cada operador de justicia de la región, se han podido detectar los siguientes aspectos que definen, desde la perspectiva formal, el estado actual de la prestación de servicios de justicia en los tres municipios: se encontró que los principales conflictos en Saravena tienen que ver con violencia intrafamiliar, sobre todo en la zona rural. La comisaría de familia recibe un caso de violencia intrafamiliar al día, es decir, entre veinte y treinta casos mensuales, que generalmente terminan con la imposición de una medida de protección. Sin embargo, esta resulta ineficaz por cuanto la Policía no hace el acompañamiento como garantía de cumplimiento de la medida de protección, especialmente para los casos ubicados afuera del anillo de seguridad o zona rural del municipio.
En la comisaría de familia de Tame, se atienden aproximadamente cuatro casos diarios de violencia intrafamiliar, causados mayoritariamente por intolerancia, la situación económica y la misma desinformación que existe alrededor de los procesos de denuncia de este tipo de situaciones.
En Fortul, el maltrato a menores es un fenómeno que ha existido, pero que se ha mantenido oculto producto del poder que ejercen los mayores, quienes suelen ser sus principales agresores. Existe una alta tasa de conflictividad intrafamiliar que se manifiesta a través del rechazo de la responsabilidad en la manutención, la crianza de los hijos y el abandono del hogar. También, se percibe que los jóvenes desarrollan relaciones de pareja que desencadenan violencia, debido, entre otras cosas, a actitudes de adulterio y promiscuidad y al desarrollo de relaciones sexuales a temprana edad; todo esto sumado a los patrones culturales y roles sexistas imperantes en la sociedad fortuleña. Adicionalmente, se ha detectado consumo de sustancias alucinógenas o psicotrópicas, que empiezan a ser utilizadas por jóvenes desde los 13 años, en especial la marihuana, que se consigue fácilmente y a bajo costo.
En Saravena, los casos que ingresan al centro zonal del ICBF son generalmente de embarazo en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas y abandono de menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena, aproximadamente veinte a veinticinco mensuales. Sin embargo, este centro zonal no cuenta con la capacidad suficiente para dar respuesta al número de casos que ingresan, teniendo en cuenta que se reciben problemáticas de los municipios de Fortul, Arauquita y Cubará.
Por otra parte, la Policía de Infancia y Adolescencia de Tame reconoce que las situaciones que afectan con más frecuencia a niños, niñas y adolescentes son el abandono del hogar por parte de los menores de edad, así como el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente por parte de quienes se encuentran por fuera del sistema educativo. Lo anterior tiene una contracara y es el incremento del expendio de estupefacientes a las salidas de los colegios. Este tipo de situaciones son atendidas, aproximadamente, entre dos y tres veces por semana.
En Fortul, la Inspección de Policía recibe mensualmente un promedio de quince casos relacionados con linderos y conflictos vecinales de convivencia. Entre los conflictos más frecuentes se encuentran las disputas vecinales por tierras, linderos y animales. Sin embargo, se quedan sin resolver las riñas que se generan en espacios de esparcimiento, causados por el alto consumo de alcohol o los accidentes de tránsito.
La Inspección de Policía de Tame, por su parte, señala que los conflictos que más se atienden son los vecinales, los cuales se manifiestan a través de riñas, por causas como la falta de control de los animales domésticos, el volumen de la música, las condiciones de habitabilidad de las viviendas —goteras, humedad— y especialmente por los chismes; generando que en la semana se lleguen a atender entre cinco y siete quejas y se registren entre diez y quince riñas, para un total de entre cuarenta y sesenta casos al mes. No obstante, también se reportaron como muy frecuentes los conflictos interculturales entre colonos e indígenas, los conflictos por linderos, y los conflictos intrafamiliares.
La Personería Municipal de Fortul recibe aproximadamente 350 casos en el año, atendiendo principalmente conflictos de linderos e invasión de espacio público y privado. La Personería Municipal de Tame ha llegado a recibir hasta setenta personas al día. Los conflictos que más se ponen en su conocimiento son especialmente los derivados de ocupaciones irregulares de predios, mal llamadas invasiones, de donde se derivan reclamos por títulos de propiedad; exigencias en torno a servicios públicos y conflictos de convivencia entre vecinos, los cuales en algunas ocasiones terminan en riñas.
Otros de los conflictos que son allegados continuamente al despacho de la Personería Municipal son los ocasionados por asuntos de linderos, especialmente en la zona rural del municipio. Adicionalmente, son recibidos asuntos familiares, tales como casos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, a razón promedio de dos casos al día. También, se conocen casos de abandono de personas mayores, con un promedio de dos casos por semana. Según la Personería, los asuntos que se presentan con mayor frecuencia y que involucran niños, niñas y jóvenes en el marco de entornos escolares y establecimientos educativos son el abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas y las riñas entre menores de edad, que generalmente producen lesiones personales.
Los jueces municipales tramitan casos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Los primeros casos generalmente se resuelven de común acuerdo y es muy poco el porcentaje que termina en condena, mientras que para los segundos en pocas ocasiones se adelantan órdenes de captura. Por juzgado se reciben un promedio de ochenta casos mensuales, que en promedio, se demoran de seis meses a cuatro años en proferir fallo. En Tame, por otra parte, el juzgado promiscuo municipal recibe mensualmente entre veinte y veinticinco procesos, principalmente por inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar.
En Tame, la Fiscalía actualmente presenta represamiento de casos, llegando a los 2000 expedientes. Ante esta situación de congestión, el recurso humano resulta insuficiente, dado que un solo fiscal local no da abasto con el trámite e investigación de casos. Debe tomarse en cuenta que el asistente fue recientemente trasladado y solo dos personas trabajan en la Fiscalía Seccional, mientras que, tanto en Medicina Legal como a nivel de Policía Judicial no se cuenta con el recurso humano suficiente para dar respuesta a las diligencias que diariamente se compulsan desde la Fiscalía. La Fiscalía de Saravena, con la cual se adelantan eventualmente procesos que ingresan por Tame, atiende además casos de municipios aledaños como Fortul, Cubará y Arauquita. Para dar respuesta se cuenta con dos fiscalías locales y tres seccionales.
En los casos de violencia sexual, según la Policía Nacional, las principales víctimas son niños, niñas y adolescentes, en casos en los que generalmente los agresores son familiares o personas allegadas a las familias. En promedio, de cada seis casos, se realizan dos denuncias, esto implica que dos terceras partes de los casos no son puestos en conocimiento de las autoridades. Según información de los operadores de justicia, en la mayoría de los casos las madres conocen de la ocurrencia de las agresiones, pero prefieren no denunciar para proteger a los victimarios. Los bajos niveles de denuncia se explican también ante el hecho de que no se conocen adecuadamente las rutas y procedimientos para instaurar una acción de carácter penal.
Es elocuente el análisis que hace la Personería Municipal, en el que afirma que usualmente los conflictos no terminan en actuaciones que provean respuestas integrales, sino que se limitan a la atención del nivel más superficial del conflicto, sin que sean abordados sus aspectos estructurales, por lo que, con el tiempo, tienen tendencia a escalar.
Con este balance se entiende que los municipios del piedemonte presentan unas condiciones de accesibilidad muy precarias. Pero, además de los casos que ingresan al sistema, resulta diciente el hecho de que si, por ejemplo, los conflictos llegan a la Fiscalía, el proceso puede demorarse en promedio de tres a cuatro años, así que, cuando el caso es de invasiones, generalmente termina sin ninguna solución, ya que los entes encargados no dan una respuesta oportuna y eficaz. Finalmente, es importante resaltar que al no contar con entidades de salud especializadas en el control del abuso de sustancias psicoactivas no se puede dar una respuesta efectiva a este tipo de casos, salvo las acciones que se adelanten netamente desde lo punitivo.
Ahora bien, frente a este panorama debe entenderse, como lo plantea García (2008), que aun cuando hay presencia de jueces y fiscales en casi todos los municipios del territorio nacional, la precariedad del Estado en estos territorios afecta gravemente su impacto y relevancia en la realidad municipal. Y, sin embargo,
[...] la presencia de actores armados no resulta incompatible, en la práctica, con el funcionamiento formal de la justicia. Cuando la guerrilla o los paras, o ambos, llegan a un pueblo, por lo general los despachos siguen atendiendo a la gente y los jueces siguen tomando decisiones como si nada hubiese pasado. Sin embargo, el impacto que tiene la presencia de los actores armados sobre los despachos es dramático y se nota en el tipo de decisiones que los jueces toman –y que no toman-, en el tipo de los casos que entran al juzgado y en general, en la actitud de los jueces de no interferir en los asuntos del conflicto. (García, 2008, p. 42)
Justicia en equidad como proyecto comunitario
Por otra parte, la justicia comunitaria se ha visto sobre todo en la intervención de la conflictividad que se imparte desde las Juntas de Acción Comunal (Aguilera, 2014). Sin embargo, desde el año 2006, la Universidad Nacional de Colombia llevó a cabo un proceso de formación de Conciliadores en Equidad avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial. Desde esta experiencia se ha llegado a establecer conciliadores en los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Para el 2009, se implementó un fortalecimiento a la estrategia y durante el 2015 se formó el grupo más reciente de conciliadores en Tame, Fortul y Saravena. Así, Arauca cuenta con un enriquecido equipo de conciliadores con un perfil de autoridades comunitarias y, por tanto, intervienen los conflictos desde un enfoque constructivo y a partir de las normas sociales y el justo comunitario.
Sin embargo, esta experiencia en su momento presentó cierto declive por cuanto había oposiciones fuertes a esta figura, principalmente desde sectores cercanos al ELN, que planteaban que a través de la Conciliación en Equidad se le “hacía la tarea al Estado y se le relevaba de su responsabilidad de cara a la ciudadanía”.
De hecho, a algunos conciliadores que empezaron a conocer algunos asuntos en sus veredas y barrios los llamaron los mandos de las insurgencias para preguntar por el contenido de sus acciones y recomendarles que no se entrometieran en asuntos que no fueran de su incumbencia. En todo caso, los citados explicaron los fundamentos de la Justicia en Equidad, las potencialidades de cara al fortalecimiento comunitario y la razón por la cual no van ni a suplantar al Estado ni a disputar a la insurgencia sus espacios de autoridad.
Esta aparente oposición se agudizó cuando, a mediados de 2008, fue asesinado Jeremías, un conciliador en equidad formado por la Universidad Nacional. En ese momento, el equipo de conciliadores interpretó esa muerte como un mensaje claro que les indicaba que no debían meterse en los asuntos que solo estaban destinados a ser resueltos por la insurgencia.
No obstante, varios años después se pudo aclarar la trágica muerte de Jeremías. Según María (2017), no se trató de un ajusticiamiento por conocer casos como conciliador en equidad, sino porque Jeremías hacía parte de las bases sociales de las FARC y, cuando se realizó una delimitación de los territorios en control de cada guerrilla, Jeremías continuó viviendo del lado opuesto —él interpretó que al no ejercer acciones políticas y “no meterse con nadie” no tenía por qué temer—. Infortunadamente, Jeremías fue asesinado por desafiar la delimitación de fronteras entre las organizaciones insurgentes.
Pese a las dificultades, a 2017, el Programa de Justicia en Equidad para el Piedemonte Araucano muestra su fuerza y vigencia en la vida institucional de Tame, Saravena y Fortul e incluso, actualmente existe un relativo reconocimiento de los conciliadores por casi todos los actores de la justicia local. Hay un valioso horizonte ubicado en la solicitud que han hecho las JAC a sus diferentes alcaldías, promovidas desde Asojuntas de cada uno de los tres municipios, para que los miembros de las comisiones de conciliación y convivencia sean formados como conciliadores en equidad y puedan cualificar su ejercicio de intervención en la conflictividad.
Ante este panorama, las organizaciones sociales, e incluso algunos actores que son respetados por el ELN, han manifestado su beneplácito por contar con una modalidad de Administración de Justicia emancipadora que contribuye a fortalecer las dinámicas del poder local.
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