Kitabı oku: «Democracia, gobernanza y populismo»

Los procesos deliberativos en la administración pública:

una reflexión desde las teorías deliberativas

Aurymayerly Acevedo Suárez

Carolina Bravo Vesga

Introducción

El presente escrito esboza de manera breve la concepción de la democracia deliberativa en los procesos dialógicos que realiza la administración pública en Colombia. Partiendo de una reseña de las teorías deliberativas, noción que inicia con Joseph M. Bessette en los años ochenta (Bessette, 1980), y desarrollada posteriormente por filósofos y politólogos como Jürgen Habermas, Joshua Cohen, John Rawls y Jon Elster, entre otros.

Al hablar de democracia deliberativa se hace referencia a una democracia representativa que se caracteriza por la participación consensuada y activa de la sociedad en el proceso de toma de decisiones políticas que atañen a todo el colectivo. Es así como la deliberación en la esfera pública se convierte en el camino para construir sociedades con una democracia fuerte y altamente participativa, siendo una nueva mirada para superar, por un lado, aspectos de la democracia liberal, como el entender la superioridad de los derechos individuales y, por otro, la democracia republicana que considera la soberanía popular como pilar central del Estado.

Ahora, solo por mencionar algunas posturas, se encuentran los aportes de Jon Elster, al considerar la deliberación como un método para la toma de decisiones colectivas en lo público y en los procesos constitucionales, donde la representación de los ciudadanos no culmina con el ejercicio del derecho al voto, claro está, sin obviar que no en todos los escenarios es viable el ejercicio de la deliberación colectiva, existiendo límites en su aplicación.

Por su parte, Jürgen Habermas (2010) propone un procedimiento discursivo imparcial que permite solucionar conflictos morales, legales y políticos a partir de un mismo enfoque y fundamentado en una manera diferente de razón práctica, llamada razón comunicativa. De esta manera se pasa de una razón que tenía como fin orientar la acción del particular, a un concepto de razón representado en el lenguaje con la vinculación a lo moral. Teniendo en cuenta el cambio de paradigma de razón práctica a razón comunicativa, Habermas explica el cambio de concepción de la relación dada entre Facticidad y validez, considerando el lenguaje como un medio universal que permite plasmar la razón. Igualmente, recurre a la idea kantiana, es decir, toma los dos componentes de validez jurídica: coerción y libertad, considerados por Kant como fundamento de la conexión interna del derecho.

Continuando con la línea de Habermas, Joshua Cohen considera importante la opinión pública y la deliberación en la construcción de políticas públicas orientadas a satisfacer los intereses de la colectividad, procurando que ese consenso se realice entre ciudadanos iguales, con los mismos derechos de voto, participación política, así como la existencia de las razones políticas de la autoridad estatal. Es así como Cohen presenta un procedimiento de justificación y razonamiento en lo público o, también llamado, un procedimiento ideal de liberación para la producción de normas (Cohen, 2007).

En resumen, en el proceso discursivo el derecho, el poder político y la democracia se encuentran concatenados a través del medio lingüístico que permite la interacción entre los participantes, quienes, a partir de un reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez y del consenso, logran acuerdo en el contexto social. La investigación fue teórica, su enfoque cualitativo y el proceso inductivo. Se hizo uso del método hermenéutico-analítico para la comprensión de documentos y bibliografía especializada. Este capítulo se encuentra estructurado en tres partes: la primera hace una descripción de las teorías deliberativas y las críticas que han recibido; la segunda continúa con un análisis de la aplicación de la democracia deliberativa en los espacios decisionales de la administración pública colombiana, mediante la participación social y activa de los ciudadanos; y, finalmente, en la tercera se expone la relevancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

I. Una mirada a las teorías deliberativas de democracia

La democracia deliberativa se presenta como un camino para garantizar la convivencia social en sociedades democráticas contemporáneas, considerando la diversidad y la multiculturalidad. Es una noción abordada desde 1980 que se ha venido desarrollando con el tiempo, aunque no se puede obviar que es una herencia de las tradiciones atenienses (Sócrates, Platón y Aristóteles), donde la libre deliberación, basada en el análisis racional, en la reflexión, así como en las emociones y sentimientos, dirigían el debate con argumentos razonables en lo político. La democracia deliberativa se considera un punto intermedio entre la democracia liberal y la democracia republicana, donde la legitimación de la política se funda en la toma de decisiones colectivas, las cuales son tomadas a partir del debate público, del consenso.

En este sentido, la democracia fundamentada en la libre deliberación de los miembros de una sociedad en la esfera pública facilita la producción de normas y políticas públicas orientadas a satisfacer los intereses colectivos y fortalece la integración social. Para ahondar un poco en la naturaleza de la democracia deliberativa, se expondrán elementos relevantes de las teorías deliberativas de autores como Jürgen Habermas, Joshua Cohen y John Rawls.

Jürgen Habermas, filósofo alemán de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, en su obra Facticidad y validez (2010), propone un carácter social integrador y manifiesta que las normas deben tener en cuenta dos aspectos considerados contradictorios: se imponen conductas fácticamente y, a su vez, las normas deben ser válidas, es decir, legitimadas. Sin embargo, para Habermas la validez tiene una perspectiva diferente. Vgr. Kelsen entiende por legitimidad la fuerza obligatoria del derecho (Kelsen, 1970); Hart habla de una regla de validez que garantiza el cumplimiento de la regla de reconocimiento, y se denomina regla del sistema (Hart, 1998, p. 125); y Habermas la entiende como el hecho de que un orden político tenga reconocimiento, es decir, un poder político que materializa los valores de la identidad social a través de un proceso dialógico y de comunicación.

En este sentido, este último autor entiende el derecho como el conjunto de acciones comunicativas que dan origen a reglas jurídicas que, al ser sometidas a la reflexión por la sociedad, se convierten en derecho. Así es como el derecho resulta siendo la conexión entre el sistema y el mundo de la vida. El derecho surge de ese proceso consensual discursivo y democrático de la razón práctica. A partir de la opinión pública, y haciendo uso del lenguaje, se consolidan procesos políticos que permiten la integración social entre todos los ciudadanos.

La tensión entre facticidad y validez, entre legalidad y legitimidad, entre los ámbitos mundo-vitales y sistémicos solo puede resolverse, en un mundo desencantado postindustrial, a través del derecho. Por tanto, los procedimientos que dan origen a las normas legales, si bien son complementarios, también son independientes de los procedimientos que configuran la racionalidad práctica. Así las cosas, surge la tensión que tiene el derecho respecto de tratar de conciliar la integración social y la positividad funcional-sistémica de la ley y sus necesidades de justificación (Mejía Quintana, 1997, p. 34).

Con su teoría del discurso, Habermas propone la idea de procedimientos y presupuestos comunicativos de la formación de la opinión y de la voluntad pública que trazan la racionalización discursiva en las decisiones del derecho y la ley, y de la administración. En este sentido, propone una política democrática deliberativa que difiere de la democracia que exponen Norberto Bobbio (1986) y Robert Dahl (2012), ya que no tienen en cuenta el procedimiento democrático de la toma de decisiones en la opinión pública. Es precisamente esa opinión pública la que se da en la esfera pública, donde la acción comunicativa conecta los sistemas del saber y la acción, al interior del mundo de la vida, respecto a temas políticamente relevantes y dejando lo especializado al sistema político (Habermas, 2010, p. 440).

De acuerdo con lo expuesto, para Habermas la democracia se concreta y se legitima en la participación ciudadana, mediante el proceso deliberativo que encuentra su fundamento en la teoría del discurso y en la acción comunicativa. Ese poder comunicativo que se da en la sociedad tiene influencia en el poder administrativo. Según el autor, existen tres tipos de poderes: el poder comunicativo, que se refiere a la opinión pública consolidada mediante el discurso de los ciudadanos como principales actores políticos; el poder político, que consiste en la institucionalización del poder comunicativo a través de procedimientos democráticos y legislativos, lo que lleva a la reglamentación del sistema mediante las leyes y las políticas públicas: a esto se denomina poder administrativo. De esta manera expresa la importancia de la sinergia entre el derecho y el poder político, resaltando que debe existir el poder de sanción, por parte del Estado, con el fin de garantizar la protección de derechos subjetivos o individuales —los cuales se consolidan en derechos fundamentales— que requieren de una estructura y una administración de justicia que ejerza ese poder de sanción para proteger, perfeccionar y precisar el derecho (Habermas, 2010, p. 201).

Ahora bien, no se debe confundir derecho y poder político con norma y realidad, pues no se habla del poder como una facticidad social. Existe una conexión entre derecho y poder político. El poder político se da a partir de la institucionalización de los derechos fundamentales, además, esa conexión cuenta con otro elemento: el poder comunicativo. Este poder lo toma de Hanna Arendt de forma crítica, quien entiende el poder político como fuerza autorizadora. El poder comunicativo que se da en el proceso discursivo y dialógico por parte de los actores ciudadanos, y se convierte así en una herramienta de integración social orientada a transformarse en un poder administrativo, que se puede entender como autorizar al Estado a ejercer el poder comunicativo de las masas (Habermas, 2010, p. 218).

Respecto a los derechos y principios, Habermas realiza una reconstrucción interna y discursiva del derecho: primero el sistema de derechos y luego los principios en el Estado de derecho. En relación con el sistema de derechos, intenta mostrar una reconstrucción dialógica del derecho a partir del principio de discurso, que debe estar en consonancia con el sistema para que pueda adoptar la forma de un principio democrático, permitiendo así una relación recíproca entre la autonomía privada y la autonomía pública. Habermas afirma que la autonomía del ciudadano y la legitimidad del derecho se remiten entre sí. De esta manera, el derecho surge a partir de la opinión pública y la voluntad de los ciudadanos dentro de un proceso discursivo. Esta autonomía puede ser privada o pública. Cuando se habla de autonomía pública, puede ser garantizada a los ciudadanos mediante los mecanismos de participación democrática, mientras se garantice la autonomía privada y viceversa, por eso es que se encuentran relacionadas o se remiten, de cierta manera, la una a la otra, generando así una “conexión circular” (Habermas, 2010, p. 491).

En ese proceso de reconstrucción de la teoría del derecho, Habermas aduce que las normas morales y las normas legales no se excluyen entre sí, sino que se consideran complementarias. Por esta razón, el principio del discurso se convierte en el eje que permite interrelacionar lo político, lo legal y lo moral, moviéndose en un alto nivel de abstracción y logrando así la neutralidad entre estos tres aspectos, pues se refieren a normas de acción en general.

Esa interrelación entre el principio discursivo y la forma jurídica la entiende Habermas como la “génesis lógica de derechos” (Habermas, 2010, p. 187), que inicia con el principio del discurso aplicado al derecho y concluye al institucionalizar jurídicamente el proceso discursivo. Es así como se originan los derechos fundamentales que, en abstracto, se reconocen en tres categorías:

a) Derechos fundamentales que resultan del desarrollo y configuración, políticamente autónomos, del derecho en el mayor grado posible de iguales libertades subjetivas de acción.

Los que exigen como correlatos necesarios:

b) Derechos fundamentales que resultan del desarrollo y configuración, políticamente autónomos, del status de miembro de la asociación voluntaria que es la comunidad jurídica.

c) Derechos fundamentales que resultan directamente de la accionabilidad de los derechos, es decir, de la posibilidad de reclamar judicialmente su cumplimiento, y del desarrollo y configuración, políticamente autónomos, de la protección de los derechos individuales. (Habermas, 2010, p. 188)

Estos derechos deben ser el resultado de la aplicación del principio de discurso que garantiza la autonomía privada de sujetos jurídicos, quienes reconocen su papel de destinatarios de leyes siendo sujetos de derechos. Pero solo con los siguientes derechos pueden lograr la calidad de sujetos jurídicos en el sistema jurídico:

•Derechos fundamentales a participar con igualdad de oportunidades en procesos de formación de la opinión y la voluntad comunes en los que los ciudadanos ejerzan autonomía política y establezcan derecho legítimo (Habermas, 2010, p. 189).

•Los derechos políticos que dan el estatus de ciudadanos libres e iguales, y dan la posibilidad de cambiar su posición jurídica material.

Todos los derechos mencionados implican:

Derechos fundamentales que garanticen condiciones de vida que estén social, técnica y ecológicamente aseguradas en la medida en que ello fuere menester en cada caso para un disfrute en términos de igualdad de los derechos civiles (Habermas, 2010, p. 189).

Este sistema de derechos logra conciliar la tensión entre facticidad y validez, cuando nace de un proceso discursivo que ha sido aprobado por los actores ciudadanos y se ha materializado en ley para ser aplicado a todos los individuos que conforman el mundo de la vida. En estos términos, los derechos logran cumplir su función integradora cuando surgen de un discurso racional discursivo en la esfera pública y, solo con la participación ciudadana crítica y reflexiva, se consolidan las democracias deliberativas.

Asimismo, Joshua Cohen continúa la línea habermasiana y presenta un procedimiento ideal de liberación (Cohen, 1997, p. 413) donde la libertad e igualdad entre los individuos y la forma y contenido de las razones políticas de la respectiva autoridad configuran la legitimidad política. Cohen trasciende en los derechos individuales y afirma que se debe garantizar la inclusión en la protección de las libertades de credo y religión, en el entendido de que un individuo razonable es aquel que da un trato igual a los demás miembros del colectivo, sin realizar distinciones o discriminaciones por la diversidad en creencias morales y religiosas, agregando que ese trato igual se debe extender a la libertad de opinión política.