Kitabı oku: «Violencias contra niñas, niños y adolescentes en Chiapas»

| EE362.880830972N3Violencias contra niñas, niños y adolescentes en Chiapas. Ámbitos de expresión y vulnerabilidades / Austreberta Nazar Beutelspacher.- San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur, 2019.1 recurso digital: ePub, 1.5 MBIncluye bibliografíaE-ISBN: 978-607-8429-80-61. Violencia infantil, 2. Niños indígenas, 3. Violencia juvenil, 4. Abuso sexual infantil, 5. Explotación sexual comercial infantil, 6. Prostitución infantil, 7. Vulnerabilidad social, 8. Violencia doméstica o por razón de sexo, 9. Factores socioeconómicos, 10. Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México), 11. Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Tapachula (Chiapas, México), 12. San Cristóbal de Las Casas, San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México), I. Nazar Beutelspacher, Austreberta (autora). |
Primera edición digital, diciembre de 2019
Primera edición impresa, octubre de 2019
Esta publicación fue sometida a un estricto proceso de arbitraje por pares, con base en los lineamientos establecidos por el Comité Editorial de El Colegio de la Frontera Sur.
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Impreso y hecho en México / Printed and made in Mexico
Contenido
Introducción
Elementos para definir las violencias contra menores
Las vulnerabilidades de niñas, niños y adolescentes
Una reflexión sobre la vulnerabilidad de menores indígenas
Víctimas primarias o directas y victimización secundaria
Propuesta analítica y bases empíricas
Capítulo 1
Violencias contra menores indígenas y no indígenas en México y Chiapas
Fuentes de información sobre violencia contra menores a nivel poblacional para el contexto indígena
Magnitud de las violencias contra niñas, niños y adolescentes en el contexto indígena
Diferentes magnitudes de las violencias en poblaciones indígenas
Capítulo 2
Explotación sexual comercial infantil en el ámbito local
Factores socioeconómicos como precipitantes de la prostitución infantil; barrios y colonias como escenarios
La prostitución local en México y en Chiapas
Contexto de las ciudades de estudio
Aproximación metodológica para el estudio de la prostitución local
Condición de desventaja socioeconómica por barrio y ciudad
La extensión e invisibilidad de la explotación sexual comercial infantil
Prostitución observada en barrios y colonias con distinta proporción de población indígena
Relación entre condición socioeconómica en barrios y colonias con la prostitución observada
Capítulo 3
Violencia física en el ámbito del hogar
Factores explicativos de la violencia contra menores en el hogar
Aproximación metodológica para el estudio de la violencia física en el hogar
La estructura familiar en indígenas y no indígenas
Prevalencia de violencia física en el hogar
Capítulo 4
Abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes
Teorías sobre el abuso sexual contra menores
Aproximación metodológica para el estudio del abuso sexual contra menores
Prevalencia de abuso sexual por ciudad, sexo y adscripción étnica
Diferencias en la prevalencia de abuso sexual por adscripción étnica según ciudad de residencia
Tipo de abuso sexual
Distribución del tipo de abuso sexual por sexo y etnia
Edad a la que ocurrió el abuso sexual por sexo y etnia
Violación e intento de violación en varones y en mujeres por grupos de edad
Manoseo en varones y en mujeres por grupos de edad
Perpetradores del abuso sexual por sexo y etnia
Perpetrador de violación o intento de violación por sexo y etnia
Perpetrador de manoseo por sexo y etnia
Relación entre el acceso a internet y tipo de perpetrador del abuso sexual
Tipo de escuela, probabilidad de abuso sexual y tipo de perpetrador
Capítulo 5
Violencia múltiple
Mayores consecuencias de la violencia múltiple para niñas, niños y adolescentes
Violencia física contra menores y su relación con el abuso sexual
Probabilidad de abuso sexual en hogares con exposición a violencia física múltiple
Nivel socioeconómico del barrio o colonia y violencia física en el hogar en relación con el abuso sexual
Conflictos entre padres e hijos como vía intermedia entre la violencia física en el hogar y el abuso sexual
Reflexiones finales
Bibliografía
Agradecimientos
Deseo expresar mi gratitud a la M. en C. Mariana Torres Arroyo, por las múltiples revisiones realizadas al presente texto y por sus aportes al mismo; su mirada crítica y propositiva han hecho de este, sin duda, un mejor trabajo. También agradezco a la Ph. D. Stefanie Sofía Salazar Delgadillo, colega y amiga, quien durante su estancia posdoctoral aportó, desde la psicología social, los conceptos básicos para el análisis de las violencias en el ámbito local. En particular agradezco al Dr. Benito Salvatierra Izaba, colega y compañero de vida, su generoso apoyo para la publicación de esta obra.
Introducción
El reconocimiento de las violencias contra niñas, niños y adolescentes como un problema social, de salud y un tema de derechos humanos es, históricamente, muy reciente (Beloff, 1999, 2004; unicef, 2015). Apenas en 1970 se advierte que esta violencia, en sus múltiples expresiones, es un problema que debe prevenirse y atenderse mediante la protección del Estado, y en 1989 se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en donde se reconoce internacionalmente que las niñas y niños son sujetos de derechos (unicef, 2006). Más tarde, en 1999, la Organización Internacional del Trabajo (oit) identifica una de las formas más graves de violencia, la explotación sexual, como una de “las peores formas de trabajo infantil” (oit, 2000).
Los esfuerzos realizados para reconocer los derechos de niñas y niños y para promover su protección, se han acompañado y han sido precedidos por fuertes movilizaciones sociales y denuncias; destacan los grupos que demandan protección infantil, incluidos los médicos, por el reconocimiento de la gravedad de las lesiones físicas y psicológicas en las víctimas infantiles (referidas en particular al síndrome del niño apaleado o maltratado), y los movimientos feministas que han tenido una influencia política directa en la visibilización y denuncia del maltrato de la pareja y de la violación (Finkelhor, 2005; Frías, 2017). Estas movilizaciones y acuerdos internacionales para prevenir, atender y erradicar la violencia llevaron a que en la 49.a Asamblea Mundial de la Salud realizada en 1996, la Organización Mundial de la Salud (oms) reconociera que la violencia es un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el mundo, justificando la participación prioritaria del sector sanitario y considerando que las instituciones de salud “está(n) con frecuencia en la primera línea de contacto con las víctimas de la violencia, tiene(n) una capacidad técnica sin igual y goza(n) de una posición especial en la comunidad para ayudar a las personas expuestas a riesgos” (Organización Panamericana de la Salud, ops, 2003: xxii).
Actualmente existe un acuerdo generalizado en el que son inaceptables las violencias en general y las ejercidas contra niñas y niños en particular, cualesquiera que sean sus manifestaciones, gravedad o intención; no obstante, su estudio es muy complejo debido a que las interrelaciones entre los elementos de la desigualdad social y las violencias se expresan de distintas maneras en los diferentes contextos socioculturales, espacios y ámbitos de relación, lo que ha derivado en el reconocimiento del estudio de las violencias como un hecho complejo y multidimensional con numerosas causas y consecuencias. Al mismo tiempo, se entiende como un fenómeno no determinístico en el cual a menudo se documentan diferentes condiciones que influyen en la probabilidad de que tanto las violencias como sus consecuencias ocurran o no, de manera tal que no se han identificado una o varias relaciones unívocas entre causas y condiciones, las violencias y sus efectos, dificultando así las acciones destinadas a su prevención. En general se reconoce que hace falta información sobre la magnitud, las expresiones y consecuencias de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, especialmente para las poblaciones indígenas, por lo que es necesario incrementar los esfuerzos nacionales e internacionales. Este libro pretende contribuir a ello.
Elementos para definir las violencias contra menores
Las definiciones de violencias y niñez provienen principalmente de la legislación, del reconocimiento o la búsqueda de reconocimiento de los derechos humanos y de la academia. Esas definiciones parten de las expresiones de violencia que han cobrado mayor importancia en el ámbito internacional, como la explotación sexual comercial infantil y el tráfico humano de de menores. Sobre dichos temas se han generado debates e importantes esfuerzos que han contribuido a esclarecer qué es un o una “menor” y cómo debe conceptualizarse a una “víctima”. Consideramos que esas definiciones son útiles para ser aplicadas al estudio de distintas expresiones de violencia, como las tratadas en este texto: violencia física contra hijas e hijos, testimonio de violencia física contra la madre, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil.
Como bien señala Aitken (2001), la construcción del concepto de niñez (construcción social, política, económica y moral) y la designación de los límites de edad que incluye, presenta implicaciones importantes para las formas en que se teorizan e implementan la justicia y los derechos de los niños. Las definiciones o conceptos como este han sufrido cambios en el tiempo y varían de un contexto geográfico a otro. A partir de las descripciones que han surgido del estudio de las violencias es posible identificar dos elementos para la reflexión: la edad y el nivel de agencia de las víctimas. Los mismos han sido considerados anteriormente (Appleton, 2014) como elementos clave en la elaboración de las definiciones y alcances explicativos de la explotación sexual comercial infantil, así como para clarificar la política y la práctica, su monitoreo y análisis.
Con base en la legislación, las definiciones más claras que delimitan quién es una persona “menor de edad” son de orden jurídico.1 En México, de acuerdo con el Código Civil Federal, en el artículo 646, la mayoría de edad comienza a los 18 años cumplidos, por lo que el término comprende a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, se define como adolescente a todo ser humano mayor de 12 años y menor de 18 años cumplidos (Castillejos Cifuentes, 2011).
Por otra parte, la “agencia” o capacidad de decisión o gestión se aprecian al referirse a las definiciones de explotación sexual comercial2 en la infancia y la adolescencia:
Es una violación de los derechos fundamentales de la niñez. Comprende el abuso sexual por parte del adulto y remuneración en dinero o especie para el niño o para una tercera persona o grupo de personas. El niño(a) es tratado(a) como objeto sexual y como mercancía. Constituye una forma de coerción y violencia y es considerada una forma contemporánea de esclavitud 3 (Declaración y Agenda para la Acción, Estocolmo, 1996, citado por icbf, unicef, oit, ipec y Fundación Renacer, 2006:189).
En esa definición no se incorpora una edad específica para designar quiénes se incluyen en el enunciado, pero sí se determina que el comercio o explotación sexual infantil, en alguna de sus modalidades, es una forma de maltrato infantil.
Por su parte, Mitchell, Finkelhor y Wolak (2010) consideran que las actividades sexuales por adultos con menores han sido claramente identificadas como el centro de preocupación en el campo del maltrato infantil, aun cuando involucren alguna forma de participación “voluntaria” de parte de las personas jóvenes (p. 19). Sobre ese fundamento, en su estudio identifican una tipología de “jóvenes en condición de prostitución” con base en los esfuerzos legales en Estados Unidos para considerarles como delincuentes o víctimas. Los autores mencionan tres grupos: a) jóvenes que sufren explotación por terceros; b) quienes lo hacen de manera aislada “por voluntad propia”, y c) los casos convencionales de comercio sexual con pago (p. 24).
Según Reid y Piquero (2016), las personas jóvenes que son explotadas en la prostitución son vistas de maneras dispares por la sociedad y en el ámbito de la justicia criminal, con respuestas que varían ampliamente desde el arresto de quienes se encuentran en condición de prostitución, hasta su protección como víctimas sexuales de tráfico.
La ley federal de Estados Unidos, mediante el Trafficking Victims Protection Act (2000), clasifica a todos los menores involucrados en cualquier tipo de actividad sexual comercial como víctimas de una forma severa de tráfico humano, sin que se haya involucrado el uso de la fuerza, la coerción o el fraude (los mismos elementos sí son necesarios para determinar si un adulto requiere protección por ser víctima). De esta manera, el sexo de supervivencia —término usado frecuentemente por investigadores para referirse al intercambio de sexo por necesidades básicas tales como comida o vivienda— puede ser legalmente considerado como “tráfico humano” (Reid y Piquero, 2016).
En las definiciones anteriores se contempla, desde luego, la edad en la que son incorporados a esta actividad, pero también aparece la “agencia” o capacidad de decisión del menor para involucrarse, elemento sustantivo para el tema de prostitución y explotación sexual comercial. En relación con el primer aspecto, existe un amplio consenso en los países occidentales, derivado de definiciones de orden jurídico, para considerar “menores de edad” a quienes no han cumplido 18 años, como en el caso mexicano y el de los Estados Unidos.
En cuanto al tema de la “agencia” coincidimos con lo planteado por Gutiérrez, Vega y Rodríguez (2008: 404) y lo establecido por la legislación de Estados Unidos (con la ya mencionada Trafficking Victims Protection Act) en el sentido de que por tratarse de personas muy jóvenes, la prostitución debe ser conceptualizada como consecuencia del abuso de poder y como una forma central de maltrato infantil: “En cualquier caso, se trata de personas menores de 18 años de edad, usurpadas de su derecho a ser respetadas y protegidas contra la esclavitud y el abuso sexual, la discriminación, las enfermedades y la delincuencia, entre otros”. En relación con esto mismo, Hallett (2017), señala que es muy diferente nombrar a “niñas prostitutas” o “víctimas de abuso”; en la primera denominación se infiere cierta capacidad de decisión personal, generalmente como delincuentes, mientras que la segunda, claramente las posiciona como víctimas. En este libro, al utilizar el término prostitución de niñas, niños y adolescentes, haremos referencia a menores de 18 años en su calidad de víctimas, evitando con ello cualquier forma de criminalización.
Las vulnerabilidades de niñas, niños y adolescentes
En el caso de la violencia contra niñas y niños, si bien puede seguirse el marco analítico propuesto para la clasificación de las violencias contra mujeres adultas, debe enfatizarse una condición específica de la niñez, referida a la vulnerabilidad que conlleva la debilidad física y la dependencia, lo que les impide afrontar la fuerza y poder de los adultos, la posición de contacto involuntario con sus maltratadores familiares sin opciones para alejarse, la dificultad para acceder a las instancias sociales que podrían protegerlos de un contexto de riesgo, así como la ausencia de herramientas o el no contar con experiencias suficientes que les permitan valorar lo bueno y lo malo, y los riesgos a los que están expuestos (Finkelhor y Dziuba-Leatherman, 1994: 177).
La vulnerabilidad en la niñez tiene, además, un componente histórico-social que ha definido los distintos grados de la tolerancia familiar, comunitaria y legal, así como la legitimación social y cultural de los abusos contra menores. Bagley y King (1990) refieren que, durante siglos, la niñez ha tenido escasa o nula protección individual y social, y no es sino hasta 1962, a partir del estudio y descripción que Henry Kempe hiciera del síndrome del niño apaleado o maltratado, que se empieza a reconocer el maltrato infantil como una categoría problemática (unicef, 2015). En 1970 es cuando se reconoce como un problema que debe prevenirse, y atenderse, mediante la protección del Estado.4 En América Latina, es a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, cuando ocurre un cambio radical que implica la oposición de dos grandes modelos: el modelo tutelar de la situación irregular y el modelo derivado de la Doctrina de la protección integral. El primero, ante la explotación sexual comercial infantil, considera a los menores en situación “irregular” y no como sujeto de violación de derechos humanos, mientras que el segundo los considera sujetos de derecho (Beloff, 2004; unicef, 2006). Más adelante, en 1999, la Organización Internacional del Trabajo (oit) reconoce este tipo de violencia como una de las peores formas de trabajo infantil (oit, 2000). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (oms) admite en 1996 que la violencia es un problema esencial de salud pública, y desde 2002 ha desarrollado importantes esfuerzos para prevenirla (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano, 2002).
Pese al reconocimiento legal y a los acuerdos internacionales, en la práctica las violencias contra la niñez siguen existiendo, incluso en modalidades generalizadas de comercio, explotación y esclavitud, sobre dos bases importantes: la estructura jerárquica y el ejercicio del poder dentro del hogar, y la tolerancia cultural e indiferencia social a su victimización, asociada al patriarcado y a su legitimación. La desprotección real del Estado juega un papel clave en ello. Este último elemento es uno de los componentes de la vulnerabilidad social, pero se refiere específicamente a las normas que han definido el estatus social y vulnerabilidad de niñas y niños ante la violencia. Es un tipo de vulnerabilidad específico de la niñez, diferente al concepto de vulnerabilidad social que suelen compartir individuos y ciertos grupos de población (Busso, 2001; Kaztman, 2000: 278; Pizarro, 2001).5
La vulnerabilidad social, a decir de Pizarro (2001), se presenta como un rasgo social dominante del nuevo patrón de desarrollo, convirtiéndose en un concepto explicativo complementario al de pobreza y desigualdad social, y como retomamos en este trabajo, es complementario al de vulnerabilidad por edad y sexo de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, la vulnerabilidad a la que hacen referencia Finkelhor y Dziuba-Leatherman (1994), por su especificidad, aleja el estudio de la explotación sexual comercial infantil —en la expresión de prostitución—, del debate sobre la prostitución producto de una elección individual (Lamas, 2016), que compete a la prostitución de mujeres, generalmente adultas. No obstante, tanto niñas, niños y adolescentes, como personas adultas, pueden compartir las condiciones de vulnerabilidad social como condición subyacente. La explotación sexual comercial de la niñez, abarca la doble condición de vulnerabilidad antes expuesta, y debe ser analizada considerándola en su especificidad.
Cuando se trata de abuso sexual infantil, se reconocen tres elementos como componentes de la vulnerabilidad, que tienden a incrementarla: la edad, ya que a menor edad es más fácil que sean víctimas por la fuerza o que sean involucradas en conductas sexuales que no comprenden; la existencia de alguna discapacidad física o mental, que les otorga mayor indefensión; que él o la menor ya haya sido víctima de abuso sexual, y que sea niña, porque en las mujeres la problemática aumenta (unicef, 2015), aun cuando los varones también pueden ser víctimas de abuso y explotación sexual (Adjei y Saewyc, 2017).
Una reflexión sobre la vulnerabilidad de menores indígenas
Las violencias en el hogar ocurren de manera diferenciada en los ámbitos urbano y rural (Arriola, 1995), así como en términos de etnicidad y género, en donde los indígenas y las mujeres son los grupos más afectados (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inegi, 2017; Sistema de Naciones Unidas en Panamá, 2010). De acuerdo con lo expresado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, redim (2010), la población infantil indígena se encuentra sujeta a las condiciones de desventaja social y discriminación que vive la población indígena en general en el país.
Esta población ha enfrentado históricamente condiciones de discriminación y marginación que se observan en mayores tasas de analfabetismo, pobreza, desnutrición, trastornos mentales, mortalidad y morbilidad materna e infantil, entre otras, que la posicionan en situaciones de extrema vulnerabilidad, más aún en el caso de las mujeres y las niñas que son sujetas a una doble discriminación, la étnica y la de género (Hernández, 2010; Esteinou, 2015; Gómez-Restrepo, Rincón y Urrego-Mendoza, 2016). En cuanto a problemas y trastornos mentales, a nivel global las tasas suelen ser mayores que las de población no indígena que habita en las mismas zonas, lo cual redunda en pobreza socioeconómica y de calidad de vida, violencia y un deterioro del tejido social y cultural (Clarke, Colantonio, Rhodes y Escobar, 2008; Gómez-Restrepo et al., 2016).
Algunos autores (Gómez-Restrepo et al., 2016; Vargas-Espíndola et al., 2017; Yepes Delgado y Hernández Enríquez, 2010) se han inclinado a explicar la violencia y otros problemas de salud pública en poblaciones indígenas como producto de un creciente contacto con la sociedad occidental hegemónica y por cambios en el contexto geográfico que conducen a un desarraigo cultural, desestructuración de identidad y ruptura de formas tradicionales de organización social, lo que explicaría el hecho de que la población urbana, en donde este contacto entre cultura indígena y occidental podría asumirse como más intenso, tenga prevalencias más altas de violencia física, emocional y económica que la población rural. Sin embargo, González (2012), ha citado otras explicaciones: una subdeclaración debida a que las mujeres rurales no identifican como violencia algunas acciones que tienen connotaciones disciplinarias, o bien, a que deseen ocultar la conducta de sus esposos.
En el mismo sentido, se ha hecho referencia a un trauma histórico derivado de innumerables cambios sociales, marginación, precariedad económica y otras situaciones de desventaja que se traducen en problemas de salud mental, abuso de alcohol y violencia doméstica que no son “naturales” de la población indígena (Briseño-Maas y Bautista-Martínez, 2016; Gómez-Restrepo et al., 2016; Vargas-Espíndola et al., 2017). Esta última afirmación es muy importante porque separa el hecho de ser indígena —como el “otro, otra”, diferente—, de sus condiciones de precariedad y desventaja social. Es frecuente encontrar el sobreentendido de que la etnia como categoría de análisis engloba todas las condiciones de desventaja social y de conductas y relaciones de riesgo, como pertenecientes al grupo por ser indígenas, como si fuera “natural” en ellas y ellos, creando y manteniendo estereotipos que lejos de aportar elementos para la comprensión de su situación y relaciones, contribuyen a naturalizarlas, homogeneizarlas y generalizarlas.
Olivera, Bermúdez y Arellano (2014) señalan que la violencia se sostiene de discursos y prácticas culturales aprobadas por las familias y comunidades y, en sus diferentes formas, justificada por las propias víctimas; pero estos discursos y prácticas han sido utilizados con frecuencia para reforzar el estereotipo de relaciones culturales favorecedoras de las violencias en los grupos indígenas, por su condición étnica, naturalizando su ejercicio e incluso legitimándolo (Briseño-Maas y Bautista-Martínez, 2016). Estos discursos y prácticas cambien constantemente y pueden ser modificados para contrarrestar los actos violentos o sus consecuencias para las víctimas. Su condición cambiante conlleva, en todo caso, a situarlos y comprenderlos en contextos socioeconómicos de desigualdad y jerarquía social particulares y en distintos subgrupos de población, incluyendo a indígenas.
En este libro se presentan en forma comparativa las distintas expresiones de violencia y la magnitud diferenciada entre niñas, niños y adolescentes indígenas y no indígenas, enfatizando la desventaja social de los primeros; también se muestra su impacto en relación con las mujeres, niñas y adolescentes indígenas que habitan en áreas urbanas de Chiapas.
Víctimas primarias o directas y victimización secundaria
Es importante reconocer la diferencia entre víctimas directas (o primarias) y víctimas indirectas. El artículo 4.o de la Ley General de Víctimas en México indica:
Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Ley General de Víctimas. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada dof 03-01-2017).
Esta ley reconoce como víctimas indirectas “a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”. Las víctimas indirectas son quienes sufren no solamente consecuencias psicológicas derivadas del ambiente de violencia dirigido a otros integrantes en el hogar, sino que pueden llegar a ser también víctimas, aunque inicialmente no eran el destino de esa violencia (por ejemplo, al intentar defender a aquellos integrantes del hogar que están siendo victimizados). La definición considera lo que algunos autores denominan “víctimas secundarias” (Castro y Frías, 2010; Castro y Riquer, 2012: 25; Margolin y Gordis, 2004: 152; Edleson, 1999: 839).
Frecuentemente se asume que la violencia contra las hijas e hijos es una extensión de la violencia hacia las mujeres adultas, en la que los niñas, niños y adolescentes son considerados “víctimas secundarias” o “indirectas” (Castro y Frías, 2010; Castro y Riquer, 2012: 25; Margolin y Gordis, 2004: 152; Edleson, 1999: 839), definición que tiende a invisibilizar la violencia ejercida contra los menores como víctimas primarias, y cuya magnitud supera a la de las mujeres adultas (Finkelhor y Dziuba-Leatherman, 1994).
Propuesta analítica y bases empíricas
Para el estudio de las violencias, Frías (2017) ha señalado que es necesario diferenciar los componentes de su clasificación, misma que aporta las bases para la propuesta que aquí se hace. La autora ejemplifica destacando que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se reconocen los siguientes tipos o expresiones de la misma: física, sexual, patrimonial, psicológica o emocional y feminicida, pero que el concepto de “modalidades”, referentes a las expresiones de violencia, puede generar confusión, pues en dichas expresiones se alude también a los contextos de relación y el lugar de ocurrencia. Para la autora, deben ser definidos la expresión de la violencia (tipo), el contexto de relación (vínculo que existe entre la víctima y la persona agresora) y el lugar de ocurrencia. Los dos últimos elementos conforman lo que llamaremos ámbito de ocurrencia, que hace referencia al espacio físico en el que sucede la violencia, pero también es entendido como el ambiente donde se delimitan relaciones particulares entre individuos, sujetas a normas de interacción; estas subyacen a la ocurrencia o no de las distintas expresiones de la violencia en determinados lugares y por diferentes perpetradores o perpetradoras. Retomar esa propuesta permite:
No centrar el hecho de violencia en la víctima, evitando con ello su culpabilización y criminalización.
Identificar ámbitos específicos de relaciones interpersonales que se enmarcan en contextos normativos y morales, así como en estructuras, jerarquías y valores particulares en diferentes grupos poblacionales, por ejemplo, urbanos y rurales, indígenas y no indígenas, y por condición socioeconómica, entre otros.
Facilitar un acercamiento para la comprensión de la co-ocurrencia de las expresiones de la violencia, en uno o más ámbitos de ocurrencia.
La justificación para ello es que la complejidad del estudio de las violencias radica en que existen marcos teóricos distintos para cada una de sus expresiones (cuadro 1), lo que contrasta con lo que ocurre en el plano empírico. A partir de los marcos teóricos formulados desde diferentes disciplinas, es posible identificar distintas dimensiones o escalas de análisis para cada expresión de violencia, mientras que, desde el plano empírico, se ha hecho evidente que existen fuertes interrelaciones entre expresiones que comúnmente se estudian por separado, tales como el maltrato físico a las mujeres adultas y el maltrato físico y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, así como la violencia en el hogar y en el barrio o colonia. Las interrelaciones de las violencias entre ámbitos han sido estudiadas desde hace varias décadas, principalmente en países industrializados, destacando las teorías del crimen que relacionan a las familias con los barrios y colonias o viceversa; o bien, para el estudio de las consecuencias de las violencias ejercidas contra menores en el hogar, la escuela o el trabajo, con el consumo de drogas o la delincuencia.
La ubicación de la expresión de violencia en un ámbito específico y primario de relaciones podría contribuir a la comprensión de su ocurrencia y las condiciones particulares en las que se desarrolla, además de las posibles interacciones entre diferentes ámbitos de relaciones, por ejemplo, en el hogar y en el barrio, o por qué se expresan con mayor frecuencia en ciertas ciudades. Esto contribuye, asimismo, a identificar algunos elementos útiles para la intervención en ámbitos de relación específicos.
En términos operativos, se propone que la articulación conceptual, metodológica y empírica del estudio de las violencias en los distintos ámbitos puede ser realizada considerando una expresión de violencia central (aunque es factible retomar otras en co-ocurrencia). Con base en lo reportado por la literatura, dicha violencia central podría ubicarse en un espacio o lugar predominante de ocurrencia y, a partir de ahí, analizar las relaciones interpersonales que hacen posible su expresión, así como la interrelación del ámbito primario de ocurrencia con explicaciones relativas a otros espacios y expresiones. Por ejemplo, la violencia física contra hijas e hijos y aquella contra la madre comparten la expresión de la violencia, pero también el espacio en el que es más probable que se presente: el hogar, lo que posibilita acceder a su estudio como contexto de relación, por lo general referido a los vínculos familiares. No obstante, debe ser considerada la distinta posición de las personas en la jerarquía familiar, debido a que esta, por edad y sexo (entre las más conocidas) definen la probabilidad de ocurrencia y tipo de expresión de la violencia. El análisis de la jerarquía, el poder y el conflicto puede ser central en el estudio de las violencias y las desigualdades entre sus integrantes.
Al respecto, Sen (1990) señala que en el hogar acontecen relaciones de cooperación y conflicto y que su resultado se encuentra mediado por instituciones sociales que definen lo permitido y lo deseable, lo cual a su vez influye en las valoraciones y acciones de los individuos en el interior de los hogares, contribuyendo a la reproducción de las desigualdades desde una base de acuerdo implícito o explícito. Consideramos que este es el fundamento sobre el que tiende a normalizarse el ejercicio del poder y las violencias, a la vez que contribuye a invisibilizarlas y reproducirlas dentro y fuera del hogar. Adicionalmente, la influencia del contexto sobre las familias también se expresa en inseguridad, indefensión, exposición a riesgos y estrés de grandes grupos de población, especialmente en las áreas urbanas, y se acompaña de cambios en las estructuras familiares, sus relaciones y estrategias. Estas son las características con las que Pizarro (2001) define la vulnerabilidad social, la cual es, de acuerdo al autor, el rasgo dominante de la nueva realidad social de América Latina; la pobreza, la desigualdad y la exclusión social también son parte de esa realidad.
En cuanto al abuso sexual infantil, de acuerdo con Finkelhor (2005) suele ocurrir en el espacio y contexto de relación del hogar (vínculos familiares). Sin embargo, si la expresión de la violencia a estudiar es la explotación sexual comercial infantil, aun cuando conlleva el abuso sexual, el panorama cambia sustancialmente, pues aunque la explotación sexual de niñas y niños puede ocurrir en el hogar, por lo general se da fuera de él y entran en juego otras relaciones sociales relativas a la precariedad, marginalidad e inseguridad de barrios y colonias, contextos de frontera, grupos delictivos transnacionales o movimientos armados, entre otros (Azaola y Estes, 2003; Borda Niño, 2012; Escobar y Nogueira, 2008; Sánchez, 2008), articulando diferentes aspectos de orden estructural, más cercanos a las teorías del crimen y a explicaciones como las relaciones económicas y sociales consecuencia del capitalismo y del patriarcado; por ello, en el estudio de esta expresión de la violencia, las familias no suelen ser el ámbito primario de estudio. Es más, visto en ese contexto, la explotación sexual comercial infantil se liga a otros ámbitos, compartiendo la explotación, lugares y abusadores con personas adultas, en el marco de una “industria” muy rentable (Jeffreys, 2000; Azaola y Estes, 2003).
En el presente libro, el análisis se centra en la violencia contra niñas, niños y adolescentes, indígenas y no indígenas, en su condición de víctimas primarias, contextualizando las condiciones estructurales de dos de los principales ámbitos de ocurrencia: el ámbito local definido por los barrios y colonias, y el del hogar. Se analizan, mediante datos cuantitativos,6 algunas expresiones de violencia contra menores en tres áreas urbanas del estado de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez y San Cristóbal de Las Casas.
Se hará evidente la importancia de esta aproximación metodológica mediante diferentes análisis basados en datos de dos encuestas probabilísticas: una en hogares (n = 4,488) y otra en estudiantes de escuelas secundarias (n = 7,914), con población indígena y mestiza representativa de las ciudades implicadas en el estudio. Mediante las encuestas se recabó información sobre explotación sexual comercial infantil, violencia física contra hijas e hijos, testimonio de violencia física contra la madre y abuso sexual, con información relativa a los hogares y a los barrios y colonias, contrastando a las poblaciones indígenas y no indígenas.
En el primer capítulo, se presenta información estadística que documenta la pertinencia del estudio de las violencias en población indígena (y no indígena), especialmente para el estado de Chiapas, a la vez que se identifican las principales fuentes de información sobre el tema a nivel nacional. Entre ellas destacan la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ensademi) 2008, llevada a cabo en 2006-2007, y la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres (enim), la cual también hizo un esfuerzo para mejorar la disponibilidad de información con representatividad de población rural e indígena (De Castro et al., 2016; insp y unicef, 2016). A partir del panorama de las violencias contra niñas, niños y adolescentes en población indígena y no indígena en México y en Chiapas, se ubica la importancia de este libro en cuanto responde al llamado para continuar e incrementar los esfuerzos para el estudio de las violencias en estas poblaciones, especialmente las relacionadas con niñas, niños y adolescentes.
El segundo capítulo, sobre explotación sexual comercial infantil, expone los datos en el ámbito ‘local’ de barrios y colonias. Es un esfuerzo para identificar la situación en dicha escala; explotación que suele ser invisible, minimizada y normalizada por colonos y gobiernos, haciendo evidente su relación con las condiciones de desventaja social y económica de los barrios y colonias. Se propone como aproximación teórica la de desorganización social y se utiliza una metodología indirecta mediante el testimonio de vecinos y colonos (prostitución observada) sobre esta forma de violencia contra niñas y adolescentes, aportando evidencias de su existencia como un fenómeno ampliamente extendido en las tres ciudades chiapanecas.
El tercer apartado sitúa el análisis de las expresiones de violencia física contra hijas e hijos, en el ámbito del hogar, ubicando a las niñas, niños y adolescentes como víctimas primarias antes que secundarias, a la vez que se aporta una caracterización de esa violencia en un análisis comparativo de población indígena y mestiza, considerando la estructura familiar, el papel de la etnia y la vulnerabilidad de los menores por edad y sexo, así como en relación con la desventaja socioeconómica de las familias.
En el capítulo siguiente, dedicado al análisis del abuso sexual infantil, se señalan las diferentes vulnerabilidades de menores indígenas y mestizos en cada una de las tres ciudades del estudio. Se identifica un riesgo diferenciado de ocurrencia del abuso sexual por ciudad, a la vez que se propone una explicación basada en los aspectos normativos que lo toleran y favorecen desde un esquema de dominación masculina y desorganización social. La exploración del tipo de abuso y sus perpetradores aporta elementos para comprender la vulnerabilidad y riesgos a los que están expuestos diferencialmente niñas y niños, indígenas y mestizos, en el ámbito del hogar y fuera de él. Se hace especial mención a los abusadores que las víctimas conocieron por Internet y se discute el tema ligado al acceso y uso de las tecnologías de información y redes.
El quinto capítulo analiza las violencias múltiples, incluyendo la violencia física en el hogar y el abuso sexual. Se muestran las múltiples interrelaciones entre ámbitos (ciudades, barrios y colonias y familias), con un marco explicativo de concatenación de violencias y acumulación de riesgos que conducen al abuso sexual de menores en Chiapas; esto es, la polivictimización.
Los hallazgos del estudio, además de estimaciones probabilísticas de la magnitud de las distintas expresiones de violencia en niñas, niños y adolescentes indígenas y mestizos de Chiapas, elaboradas sobre los datos proporcionados directamente por la población, aportan distintos elementos para la reflexión en torno al efecto de la desigualdad socioeconómica, la étnica, la de género, la edad y las estructuras familiares. Se analiza la interconexión entre distintas expresiones y ámbitos de ocurrencia de las violencias, y se examina el hogar como espacio de victimización primaria de menores o de generación de condiciones para que suceda el abuso sexual, así como su papel en la articulación y mediación de las condiciones socioeconómicas y culturales en barrios y colonias y en las ciudades, con las niñas, niños y adolescentes. Lo anterior en un contexto de acelerados cambios económicos, sociales y culturales que se expresan en la composición y relaciones familiares, incrementando la fragilidad de las familias y las complejidades de la crianza, más aún en un estado como Chiapas, caracterizado por su pobreza, marginación, desigualdad social y de género, discriminación, y grandes grupos de población muy vulnerables, como son los menores indígenas y no indígenas.
1 Existe un debate sobre la palabra menor para referirse a niñas, niños y adolescentes. Fuera del ámbito jurídico, el término se interpreta como “un sello” para marcar la condición social de niñas, niños y jóvenes, y “se utiliza para criminalizar la pobreza, a cierto grupo social, o para definir a los que no tienen la suerte de contar con oportunidades” (Castillejo Cifuentes, 2011: 69). Es una palabra que estigmatiza y refuerza una condición denigrante. En la presente obra, cuando se mencione menor o menores, se hará en referencia a niñas, niños y adolescentes que no han cumplido 18 años, sin ningún sentido de estigmatización o criminalización.
2 La noción de comercio sexual en un contexto de intercambio y explotación, Finkelhor (2005), desde las teorías de la supremacía masculina, habla del menor como una “comodidad de valor” a la que trata de maximizar su acceso para satisfacer necesidades sexuales.
3 Subrayado nuestro.
4 Baita y Moreno (unicef, 2015) identifican cuatro reformas en países occidentales, como Reino Unido y Estados Unidos de América. La primera fue la legislación para proteger a la niñez mediante su separación de padres abusivos; la segunda fue el “movimiento humanista” derivado de la Revolución francesa, que en primera instancia se opuso a la crueldad contra los animales (1866) y después, en 1874, se atendió la prevención de la crueldad contra niñas y niños. Estas reformas, con origen en la “Ley de pobres” del Reino Unido, buscaban, desde un fundamento moral, proteger a la sociedad de las niñas sexualmente activas, más que amparar a las propias niñas, al mismo tiempo que se mantenía una fuerte discriminación contra los pobres, incluyendo a los menores. La tercera reforma se refería al tratamiento más que al castigo a la niñez, sobre todo a niñas y niños “delincuentes”, mientras que el abuso sexual y el abuso físico tuvieron mucha menor atención. La cuarta reforma, ocurre por el reconocimiento social e internacional de la violencia física y sexual como importantes problemas sociales y de salud pública, pero, como se dijo previamente, es muy reciente.
5 Busso (2001: 8) define a la vulnerabilidad social “como un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas”.
6 Las bases de datos sobre las que se elaboró esta obra provienen de una consultoría solicitada a la autora por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif-Chiapas), cuyo propósito fue explorar la trata de menores en la entidad. El trabajo de campo inició en 2011, y el dif otorgó todos los derechos para realizar investigación científica utilizando las bases de datos, una vez entregados los informes a esa institución.
Cuadro 1 Teorías explicativas sobre la violencia primaria contra niñas, niños y adolescentes
| Abuso sexual infantil |
| Teorías sobre el ofensor |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico y sociológico.Ámbito de explicación: Individual del agresor.Propuesta teórica: Inicialmente considera al agresor como psicópata, posteriormente se teoriza con base en sus experiencias de desarrollo.*Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Teorías sobre la víctima |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico.Ámbito de explicación: Individual del menor.Propuesta teórica: Se basa en la idea de que el niño no es víctima pasiva sino responsable de su victimización (provoca, accede y guarda silencio).*Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Aislamiento social |
| Enfoques y modelos: Enfoque sociológico.Ámbito de explicación: Familiar.Propuesta teórica: El aislamiento social de la familia crea condiciones para el incesto y lo mantiene fuera de la vista pública.Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Papeles de confusión |
| Enfoques y modelos: Enfoque sociológico.Ámbito de explicación: Familiar (familia nuclear).Propuesta teórica: Los adultos colocan a los niños en un papel sexual adulto. El incesto es una adaptación funcional o un forzamiento de papeles derivado de matrimonios problemáticos.Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Ambiente de abandono |
| Enfoques y modelos: Enfoque sociológico.Ámbito de explicación: Familiar.Propuesta teórica: El incesto ocurre en respuesta al miedo de las hijas al abandono por parte del padre y a la disolución familiar.Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Conflictos maritales |
| Enfoques y modelos: Enfoque sociológico.Ámbito de explicación: Familiar.Propuesta teórica: Los conflictos maritales dan mensajes contradictorios al niño sobre el sexo, dificultando su habilidad para manejar un abuso sexual.Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Supervisión deficiente |
| Enfoques y modelos: Enfoque sociológico.Ámbito de explicación: Familiar.Propuesta teórica: Cualquier situación que resulte en negligencia hacia el niño puede vulnerarlo ante el abuso sexual.Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Supremacía masculina-género |
| Enfoques y modelos: Enfoque sociológico.Ámbito de explicación: Cultural.Propuesta teórica: La violencia ligada al ejercicio de poder: en sociedades que sostienen un sistema de dominio masculino, el grupo dominante trata de maximizar su acceso al sexo como comodidad de valor para satisfacer su urgencia sexual.Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Fragmentación social |
| Enfoques y modelos: Enfoque sociológico.Ámbito de explicación: Contextual.Propuesta teórica: El abuso como síntoma de soledad profunda: el aislamiento reduce la intensidad de la supervisión social y priva de intimidad o apoyo socialmente aceptables, de manera que se recurre a formas tabú.Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Modelo integrador de Faller (1993) |
| Enfoques y modelos: Enfoque sociológico.Ámbito de explicación: Individual (del agresor y el menor), familiar y social.Propuesta teórica: Identifica condiciones propiciatorias del abuso sexual, diferenciándolas de factores que contribuyen a la aparición del abuso sexual sin provocarlo.Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Maltrato físico |
| Teorías sobre el ofensor |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico y sociológico.Ámbito de explicación: Individual del agresor.Propuesta teórica: Inicialmente considera al agresor como psicópata, posteriormente se teoriza con base en sus experiencias de desarrollo.*Exponentes: Finkelhor; Faller. |
| Teorías de la cognición social |
| Enfoques y modelos: Modelo psiquiátrico-psicológico.Ámbito de explicación: Individual del agresor o del niño.Propuesta teórica: Explican la relación entre el maltrato físico y características de la personalidad. Los padres abusivos tienen dificultad para reconocer y expresar emociones, además de expectativas poco realistas sobre las capacidades de sus hijos; el niño, puede presentar ciertos rasgos (conducta, estado de salud, edad) que constituyen factores de riesgo para su maltrato, mediados por el estrés, la frustración y rechazo de sus cuidadores.Exponentes: Belsky; Milner; Zuvarin; Ribord, Hill, Kropp y Haynes. |
| Teorías tradicionales sociológicas |
| Enfoques y modelos: Modelo sociológico.Ámbito de explicación: Familiar-social y cultural.Propuesta teórica: Explica el maltrato infantil con base en condiciones familiares (estrés por penurias económicas, aislamiento) y la cultura (aceptación social de la violencia, organización social).Exponentes: Belsky; Camras, Chaffin, Kelleher y Hollenberg. |
| Teorías de segunda generación (enfoque de la interacción social) |
| Enfoques y modelos: Modelo socio-interaccional: Parke y Collmer (1975) y Wolfe (1987).Ámbito de explicación: Individual de los cuidadores, familiar y social.Propuesta teórica: Analiza el maltrato infantil en el contexto familiar y social, desde la interacción padre-hijo mediada por factores individuales y sociales. Identifica déficits psicosociales de los cuidadores.Exponentes: Belsky; Parke y Collmer; Wolfe; Cicchetti; Vasta. |
| Teorías de segunda generación (enfoque de la interacción social) |
| Enfoques y modelos: Modelo transaccional de Cicchetti (1981, 1989), basado en Sameroff y Chandler (1975).Ámbito de explicación: Multicausal y multi-dimensional (énfasis: familia y vecindario).Propuesta teórica: Incluye factores que potencian o amortiguan el maltrato. El maltrato infantil ocurre cuando los potenciadores superan a los amortiguadores.Exponentes: Belsky; Parke y Collmer; Wolfe; Cicchetti; Vasta. |
| Teorías de segunda generación (enfoque de la interacción social) |
| Enfoques y modelos: Modelo ecológico de Belsky (1993), basado en Bronfenbrenner (1979).Ámbito de explicación: Multicausal y multi-dimensional.Propuesta teórica: Considera que el proceso de desarrollo o crianza de los padres, así como los sistemas familiar, comunitario y cultural, generan efectos como productos de su interacción.Exponentes: Belsky; Parke y Collmer; Wolfe; Cicchetti; Vasta. |
| Teorías de segunda generación (enfoque de la interacción social) |
| Enfoques y modelos: Modelo de los dos componentes de Vasta (1982).Ámbito de explicación: Individual, familiar y contextual.Propuesta teórica: El maltrato se origina en el castigo como forma de disciplina y la hiperreactividad emocional de los padres. El comportamiento aversivo del niño y el ambiente de estrés, son condiciones que sostienen la secuencia de maltrato.Exponentes: Belsky; Parke y Collmer; Wolfe; Cicchetti; Vasta. |
| Teorías de segunda generación (enfoque de la interacción social) |
| Enfoques y modelos: Modelo transicional de Wolfe (1987).Ámbito de explicación: Individual del agresor y familiar.Propuesta teórica: Provee un marco dentro del cual ciertas características parentales llevan al maltrato a través de un proceso de escalamiento en etapas.Exponentes: Belsky; Parke y Collmer; Wolfe; Cicchetti; Vasta. |
| Teorías de tercera generación |
| Enfoques y modelos: Teoría del procesamiento de la información social de Milner (1995).Ámbito de explicación: Individual del agresor.Propuesta teórica: El maltrato físico se debe a errores en la forma de procesar la información de los padres sobre el comportamiento del niño.Exponentes: Milner; Hillson y Kuiper. |
| Teorías de tercera generación |
| Enfoques y modelos: Teoría del estrés y del afrontamiento de Hillson y Kuiper (1994).Ámbito de explicación: Individual (del menor y del agresor), familiar y contextual.Propuesta teórica: Las estrategias para afrontar el estrés derivado del propio comportamiento, interacciones sociales y el ambiente, pueden ser desadaptativas y conducir al maltrato físico.Exponentes: Milner; Hillson y Kuiper. |
| Negligencia o abandono |
| Precariedad económica de Wolok y Horowitz (1984) |
| Enfoques y modelos: Enfoque sociológico.Ámbito de explicación: Individual, familiar.Propuesta teórica: Centra la etiología de este tipo de violencia en la carencia económica.Exponentes: Polansky, Wolfe, Crittenden y Milner. |
| Déficit parental de Herrenkohl, Herrenkohl y Egolf (1983) y Wolfe (1985) |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico.Ámbito de explicación: Individual parental, interacción familiar.Propuesta teórica: Los padres carecen de las habilidades y conocimientos necesarios para cuidar a sus hijos. “Síndrome de apatía”: Los padres pueden tener una falta de motivación hacia los hijos.Exponentes: Polansky, Wolfe, Crittenden y Milner. |
| Modelo de afrontamiento del estrés de Hillson y Kuiper (1994) |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico.Ámbito de explicación: Individual parental.Propuesta teórica: Las personas con alto riesgo de ser negligentes utilizan estrategias específicas para solucionar conflictos: falta de implicación (conductual y psicológica); eliminación de actividades; y búsqueda de apoyo social inapropiado.Exponentes: Polansky, Wolfe, Crittenden y Milner. |
| Teoría del procesamiento de la información |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico. Modelos de Crittenden (1993) y Milner (1995).Ámbito de explicación: Individual parental, familiar.Propuesta teórica: La manera de procesar la información (experimentación de la realidad e interpretación de significados) de los padres influye en la percepción del estado de los niños y la respuesta ante sus necesidades.Exponentes: Polansky, Wolfe, Crittenden y Milner. |
| Maltrato y abandono emocional |
| Teoría del apego de Bowlby (1983) |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico.Ámbito de explicación: Individual, familiar.Propuesta teórica: Se basa en la reciprocidad de las relaciones tempranas niño-cuidador como condición para que ocurra el desarrollo normal.Exponentes: Bowlby y Ainsworth, Belsky, Wahler. |
| Teoría del aprendizaje social de Youngblade y Belsky (1990) |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico.Ámbito de explicación: Individual parental, familiar.Propuesta teórica: Centrada en las pautas de socialización inadecuadas de los cuidadores que les impide manejar situaciones problemáticas.Exponentes: Bowlby y Ainsworth, Belsky, Wahler. |
| Hipótesis de la continuidad social de Wahler (1990) |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico.Ámbito de explicación: Individual, familiar.Propuesta teórica: Necesidad del niño de generar sincronía, ya sea a través de una relación de cooperación niño-cuidador o de comportamientos perturbadores o coercitivos, mismos que constituyen experiencias de aprendizaje.Exponentes: Bowlby y Ainsworth, Belsky, Wahler. |
| Explotación sexual comercial [ESC] |
| Teorías desde el enfoque de derechos |
| Enfoques y modelos: Doctrina de la situación irregular.Ámbito de explicación: Individual del menor.Propuesta teórica: La ESC del menor se debe a una “situación irregular” del menor, legitimando prácticas peno-custodiales y represivas contra el mismo. Enfoque en las respuestas y la atención: castigos, terapia e institucionalización de los menores.Exponentes: Beloff, organizaciones internacionales para la protección de la infancia. |
| Teorías desde el enfoque de derechos |
| Enfoques y modelos: Doctrina de la protección integral.Ámbito de explicación: Individual del menor, familiar, social.Propuesta teórica: Los niños son sujetos de derecho; tienen todos los derechos de un adulto, más derechos específicos por encontrarse en desarrollo. Se justifican las reacciones estatales coactivas frente a infractores y no frente a “potenciales infractores”.Exponentes: Beloff, organizaciones internacionales para la protección de la infancia. |
| Teorías feministas |
| Enfoques y modelos: Teoría general de la tensión de Agnew (1992).Ámbito de explicación: Individual del menor.Propuesta teórica: El estrés se relaciona indirectamente con el crimen a través de la formación de emociones negativas (ira, depresión, miedo), así como mecanismos inefectivos de afrontamiento. La disfunción familiar puede llevar a la delincuencia: la necesidad de escapar de situaciones de abuso puede desencadenar la huida o la desconexión de la escuela y/o familia y llevar a encuentros con traficantes.Exponentes: Reid. |
| Teorías desde la psicología del ofensor |
| Enfoques y modelos: Teorías implícitas de Word y Keenan (1999) [aplicadas a la pornografía].Ámbito de explicación: Individual del agresor.El traficante sexual tiene una serie de creencias distorsionadas (teorías implícitas) sobre sí mismo, sobre otros y sobre el mundo, las cuales sesgan la información y derivan en formas que originan y mantienen la agresión sexual.Exponentes: Bartels y Merdian. |
| Teorías del crimen |
| Enfoques y modelos: Enfoque psicológico.Ámbito de explicación: Individual.Propuesta teórica: En un inicio, consideraba a las mujeres en prostitución como biológicamente deficientes, moralmente inferiores y menos capaces de controlar impulsos. Las nuevas investigaciones se centran en esquizofrenia, depresión y tendencias suicidas.Exponentes: Freud. |
| Teorías del crimen |
| Enfoques y modelos: Perspectivas biológicas.Ámbito de explicación: Individual, familiar.Propuesta teórica: Explican el crimen (considerando como criminales a los jóvenes en prostitución) en relación con variables genéticas, neurológicas, químicas o fisiológicas, de manera que la conducta criminal es producto de la herencia.Exponentes: Akers; Lombroso; Eysenck; Osborn y West; Rowe; Ellis. |
| Teorías del crimen |
| Enfoques y modelos: Teorías de desórdenes de la personalidad.Ámbito de explicación: Individual.Propuesta teórica: Tienden a analizar problemas de la personalidad y problemas emocionales del “criminal”.Exponentes: Eysenck. |
| Teorías del crimen |
| Enfoques y modelos: Teoría funcionalista de Davis (Enfoque sociológico**).Ámbito de explicación: Familiar, social.Propuesta teórica: La prostitución cumplía un papel de protección la unidad familiar y mantenimiento de la castidad y pureza de la ciudadanía.Exponentes: Thomas y Pollack; Winick y Kinsie; Lemert; Davis; Flowers; Shuterland; Burgess y Akers. |
| Teorías del crimen |
| Enfoques y modelos: Teorías de la transmisión cultural (enfoque sociológico**).Ámbito de explicación: Familiar, social.Propuesta teórica: Las teorías de la transmisión cultural han visto la prostitución de adolescentes como resultado de un debilitamiento de la familia y el control de barrios, así como de la transmisión de persona a persona de comportamientos criminales. Lo anterior, asociado a la anonimidad urbana y a la pérdida de valores.Exponentes: Thomas y Pollack; Winick y Kinsie; Lemert; Davis; Flowers; Shuterland; Burgess y Akers. |
| Teorías del crimen |
| Enfoques y modelos: Teorías del control social (enfoque sociológico**).Ámbito de explicación: Individual, familiar, social.Propuesta teórica: Explican las conductas antisociales de los jóvenes en términos de un control externo inadecuado, creando una libertad en donde el crimen se vuelve posible. La teoría de la vinculación social es una de las más influyentes en este grupo e identifica vínculos que enlazan a los jóvenes al orden social.Exponentes: Thomas y Pollack; Winick y Kinsie; Lemert; Davis; Flowers; Shuterland; Burgess y Akers. |
| Teorías del crimen |
| Enfoques y modelos: Teorías de la transmisión cultural (enfoque sociológico**).Ámbito de explicación: Individual, familiar, social.Propuesta teórica: La delincuencia juvenil como resultado de conductas aprendidas. Resalta la teoría de la asociación diferencial de Shuterland (1939): las personas que son diferencialmente expuestas a asociados criminales son más propensas a adquirir estos rasgos. La teoría del aprendizaje social de Burgess y Akers (1960), y la teoría de la reacción social (“labeling theory”) explican la huida y la prostitución de adolescentes; la primera en función de sus interacciones sociales y la segunda debido a que son etiquetados como delincuentes por el sistema de justicia obligándolos así a unirse a grupos socialmente desviados.Exponentes: Thomas y Pollack; Winick y Kinsie; Lemert; Davis; Flowers; Shuterland; Burgess y Akers. |
| Teorías económicas |
| Enfoques y modelos: Enfoque de negocio aplicado al tráfico.Ámbito de explicación: Individual del agresor.Propuesta teórica: El traficante se involucra en el negocio basado en decisiones racionales, minimizando costos y maximizando beneficios; la forma más eficiente de abordar este fenómeno es volviendo el tráfico un negocio demasiado costoso para involucrarse. |
| Teorías económicas |
| Enfoques y modelos: Modelo de la inversión parental de Dessy y Pallage (2005).Ámbito de explicación: Individual del menor, familiar, contextual.Propuesta teórica: Los niños pueden terminar en la prostitución cuando esta es una opción económicamente más viable que otras. Reconoce el trabajo infantil como resultado de: a) una elección o b) de la esclavitud y el engaño. El primero, desaparecería si las condiciones económicas fueran mejores. |
| Teorías económicas |
| Enfoques y modelos: Teoría de Winick y Kingsey.Ámbito de explicación: Individual de la víctima.Propuesta teórica: La decisión de prostituirse se debe, principalmente, a escasas oportunidades de trabajo y el reconocimiento del ingreso potencial que representa la prostitución. |
| Teorías económicas |
| Enfoques y modelos: Enfoque de género de Lemert.Ámbito de explicación: Individual de la víctima y social.Propuesta teórica: La inferioridad de poder de la mujer en la sociedad (incluyendo menor control sobre sus ganancias materiales) convierte a la prostitución en una opción viable para balancear el diferencial de género. |
| Teorías económicas |
| Enfoques y modelos: Marco teórico integrador de Lutya y Lanier (2012).Ámbito de explicación: Individual y social.Propuesta teórica: Combina elementos de teorías económicas, criminalísticas, de la demanda y de la elección racional para explicar la “causa criminal” de la prostitución involuntaria de niñas y mujeres. Los traficantes identifican víctimas que suplan una demanda determinada, realizan un cálculo de la fuerza de castigo contra las probables ganancias del tráfico y toman ventaja de los procesos de globalización. |
| Teorías económicas |
| Enfoques y modelos: Modelo de López y Minassians (2018).Ámbito de explicación: Individual del traficante y el adolescente.Propuesta teórica: Existe una relación simbiótica entre la psicología del adolescente y el traficante como psicópata, como en el Síndrome de Estocolmo. Las variables psicológicas tienen un impacto en el involucramiento y la continuación de la víctima en el tráfico sexual. |
| Teorías desde el enfoque de factores de riesgo |
| Enfoques y modelos: Teoría del curso de vida de Elder (1994) y Modelo exploratorio de la vulnerabilidad a la explotación sexual de las niñas en la prostitución (Reid, 2011, basado en Agnew 1992).Ámbito de explicación: Multidimensional.Propuesta teórica: Identifican dos tipos de riesgo o “vulnerabilidades” para el tráfico sexual y la prostitución: individuales (género, historia de abuso sexual, haber huido de casa, asociación con pandillas, violencia doméstica, etc.) y condiciones comunitarias (pobreza, características del ambiente urbano tales como altas tasas de crimen y prostitución de adultos). Investigaciones destacadas las han llevado a cabo: Estes, Azaola, Weiner, Giardino, Clawson, Pastor Escobar.Exponentes: Reid. |
Fuente: Elaboración propia, con base en: Bartels y Merdian (2016); Beloff (1999, 2004); Finkelhor (2005); Flowers (2001); Lopez y Minassians (2018); Musto y Trajtenberg (2011); National Research Council (1993); Reid (2011, 2012a, 2012b, 2016); Smallbone (2006); y Dessy y Pallage (2005).
* El modelo de Marshall y Barbaree (1990, en Smallbone, 2006) trata de integrar estas teorías, señalando que los hombres están biológicamente preparados para la agresión sexual, pero un desarrollo psicosocial positivo restringe este potencial; la conducta de agresión social ocurre en individuos no restringidos, debido a factores situacionales como la ira, la intoxicación o la oportunidad.
** En la década de 1950, se consideró que los crímenes femeninos eran de motivación sexual. Las teorías sociológicas modernas han explicado la prostitución relacionada con la familia, la estructura social, la patología sexual y la moralidad.
Capítulo 1
Violencias contra menores indígenas y no indígenas en México y Chiapas
La población infantil indígena vive sujeta a condiciones de la población indígena en general (Red por los Derechos de la Infancia en México, redim, 2010), es decir, en condiciones de precariedad económica, alimentaria, de salud y educación, que constituyen un acumulado de desventajas sociales, especialmente para las niñas. Cifras de 2016 muestran que 71.9 % de la población indígena en México vive en situación de pobreza, y alrededor de una tercera parte presenta rezago educativo, inseguridad alimentaria y altas tasas de analfabetismo, con una brecha mayor para las mujeres (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, coneval, 2018).
En México, 6.6 % de la población mayor de 5 años habla lengua indígena,1 pero solo seis estados del país concentran el 64 % de esta población: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla y Yucatán (coneval, 2018; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inegi, 2015). En el caso de Chiapas, 26.6 % de la población habla lengua indígena —cifra que asciende a 39.4 % en población más joven (de 0 a 17 años)— y aunque la misma se encuentra dispersa en todo el estado, se concentra en las regiones Altos, Selva y Norte, donde se ubican las etnias: tseltal, chol, y zoque (inegi, 2004).
Fuentes de información sobre violencia contra menores a nivel poblacional para el contexto indígena
La información sobre la violencia, proporcionada por encuestas nacionales e instancias gubernamentales —así como de estudios basados en las mismas— es útil para ubicar en el contexto los aportes de esta obra. En México, tal tipo de fuentes se sitúan principalmente en el ámbito del hogar y se centran en el maltrato infantil (físico, emocional y negligencia) y en la violencia de género contra mujeres de 15 años y más, como se presentará más adelante. Por otra parte, ambas fuentes, encuestas e instancias gubernamentales, presentan datos de diferente naturaleza. Con las encuestas se hace un esfuerzo para lograr la representatividad de diferentes grupos de población (por edad, por género y, en algunos casos, etnicidad), mientras que las instancias gubernamentales, tales como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) y el Ministerio Público, atienden y registran casos de abandono, maltrato físico y abuso sexual infantil, dando una idea de la problemática; sin embargo estas cifras están mediadas por factores asociados a la no denuncia (inegi, 2014), por ejemplo, desconfianza en el sistema de justicia, miedo a la reacción del agresor, presiones sociales o la creencia de que se trata de hechos que no ameritan un castigo o que conciernen a la esfera privada.
En cuanto a las encuestas, vale la pena destacar que su instrumentación ha sido relativamente reciente. La Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar (envif) constituyó el primer esfuerzo para recabar información estadística sobre la violencia física, emocional y sexual en el ámbito del hogar, aunque tuvo cobertura únicamente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (inegi, 1999). Por otra parte, en 2003 se realizaron las primeras encuestas de carácter nacional dirigidas de forma específica a la medición de la violencia contra las mujeres en el hogar: la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (envim) y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh). De igual modo, en relación con la representatividad indígena, aunque varias encuestas registran la etnicidad a través del habla de lengua indígena o de la adscripción étnica,2 la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas, ensademi (2008), llevada a cabo en 2006-2007, constituyó el primer esfuerzo para dar cobertura a mujeres indígenas y tomar en cuenta su diversidad cultural (Instituto Nacional de Salud Pública, insp, 2008). Posteriormente, en 2015, se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres (enim), la cual también hizo un esfuerzo para mejorar la disponibilidad de información base sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en México y para lograr la representatividad de población rural e indígena (De Castro et al., 2016; insp y unicef, 2016).
El cuadro 1.1 presenta una lista de encuestas nacionales que consideramos útiles para ubicar los análisis y hallazgos presentados en este libro, respecto a las diferentes expresiones de violencia contra niñas, niños y adolescentes indígenas. Cada una aporta información enfocada en dichas expresiones, centradas en el maltrato físico y emocional infantil o la violencia contra las mujeres de 15 años y más. En general, identifican agresores, ámbitos y dos o más expresiones de violencia, variando en la profundidad en la que se indaga sobre estos aspectos. Asimismo, algunas hacen un esfuerzo para mantener la compatibilidad con encuestas previas de carácter nacional o internacional, y un par de ellas incorporan preguntas sobre uso y acceso a tecnologías de la información. Cabe señalar que, probablemente debido a la complejidad y cuestiones éticas asociadas, la información que se proporciona sobre violencia sexual en la infancia es limitada y de carácter retrospectivo. En este sentido, se espera que los hallazgos del presente estudio formen parte del cuerpo de evidencia que se ha generado a nivel nacional.
Cuadro 1.1 Información sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes a nivel poblacional en México Abuso sexual infantilEncuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (envim), 2003 y 2006
Instituciones: Instituto Nacional de Salud Pública (insp), 2003; Secretaría de Salud, 2006.
Población, expresiones de violencia y perpetradores: Dirigida a mujeres de 15 años en adelante. Incluye pregunta (retrospectiva) sobre violencia sexual antes de los 15 años, identificando al principal agresor. Construye la variable “violencia de por vida”, que incluye la experiencia de violencia sexual por parte de cualquier hombre en cualquier momento de su vida.
Registro de información del contexto indígena: La envim 2006 identifica lengua indígena.
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh), 2003, 2006, 2011 y 2016
Instituciones: inegi e inmujeres.
Población, expresiones de violencia y perpetradores: Dirigida a mujeres de 15 años y más. Se enfoca en la frecuencia y magnitud de diferentes expresiones de violencia contra ellas en los ámbitos hogar, escolar, laboral, comunitario. Identifica agresores. La endireh-2016 indaga con mayor detalle sobre situaciones específicas de violencia; para el caso de violencia sexual, se incluye abuso sexual en la infancia (retrospectiva) y declaraciones sobre intento de violación y acoso a través de medios virtuales.
Registro de información del contexto indígena: La endireh-2006 contempló una submuestra de mujeres hablantes de lengua indígena. La endireh-2011 permite identificar etnicidad (lengua indígena) a nivel individual y hogar. La endireh-2016 identifica adscripción étnica.*
Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (enadis), 2005, 2010 y 2017
Instituciones: inegi en colaboración con sedesol (2005), unam (2010) y conapred (2017).
Población, expresiones de violencia y perpetradores: Se enfoca en la discriminación en los ámbitos hogar y escuela a través de las relaciones socioculturales, recuperando información sobre la desigualdad social que enfrentan las personas por su condición (por ejemplo, indígena, edad, mujer, discapacidad, empleo) con base en sus experiencias en los últimos 12 meses y 5 años.
Contiene módulos para “niñas y niños” de 9 a 11 años y para “adolescentes y jóvenes” de 12 a 29 años, así como para personas indígenas de 12 años o más.
Registro de información del contexto indígena: Entre las condiciones de discriminación está ser indígena. Registra lengua indígena y adscripción étnica.* En el módulo para personas indígenas se recaban opiniones respecto a problemáticas indígenas predefinidas y percepciones acerca de prejuicios y barreras de acceso a la información.
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ensanut, 2006, 2012, 2018 (N/D)
Instituciones: insp.
Población, expresiones de violencia y perpetradores: Registra daños a la salud a los adolescentes (10-19 años) por robo, agresión o violencia en los ámbitos escolar y hogar y en la vía pública. Presenta los resultados por entidad federativa.
Registro de información del contexto indígena: Registra lengua indígena, aunque los informes al respecto no realizan un desglose considerando esta variable.
Encuesta de Maltrato Infantil y Factores Asociados, 2006
Instituciones: inmujeres e Instituto Nacional de Psiquiatría.
Población, expresiones de violencia y perpetradores: Se enfoca en estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de los estados de Baja California, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, abarcando varias expresiones de maltrato (físico, sexual, negligencia) y los factores de riesgo asociados.
Con fines de comparación con información reportada por la unicef en Latinoamérica, se incluyeron y ampliaron indicadores sobre factores comunitarios, ambiente familiar y características de las relaciones familiares.
Registro de información del contexto indígena: Identifica hablantes de lengua indígena (encuestado y sus familiares).*
Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior (eneivems), 2007, 2009 y 2013 (N/D).
Instituciones: sep.
Población, expresiones de violencia y perpetradores: Se realizó en planteles de educación media superior, recuperando información sobre agresiones en el ámbito escolar por parte de los compañeros, así como la relación entre profesores y estudiantes. También preguntó sobre violencia en el hogar y en el noviazgo con enfoque de género y sobre intolerancia y adicciones. Incluyó preguntas relacionadas al acceso a tecnologías de la información (celular e internet).
Registro de información del contexto indígena: Registra lengua indígena.
Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ensademi), 2008.
Instituciones: insp.
Población, expresiones de violencia y perpetradores: Incluye mujeres de 15 a 59 años. Identifica agresores y diferentes expresiones de violencia.
Para mantener la comparabilidad con la envim 2003 y 2006, el diseño de la sección sobre violencia es el mismo, incluyendo violencia en la infancia y violencia de por vida.
Registro de información del contexto indígena: Constituye el primer esfuerzo para dar cobertura a mujeres indígenas y tomar en cuenta su diversidad cultural. Incluye ocho regiones indígenas.
Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (enim), 2015
Instituciones: insp y unicef México.
Población, expresiones de violencia y perpetradores: Incluye información sobre las prácticas empleadas para disciplinar a los niños de 1 a 14 años en el hogar —identificando castigos psicológicos y físicos— y la valoración de actitudes de mujeres de 15 a 49 años ante los golpes contra las esposas o parejas a fin de identificar la justificación social de la violencia en el hogar.
Utiliza una metodología estandarizada para obtener datos representativos a nivel nacional que sean comparables entre países.
Registro de información del contexto indígena: Recupera variables del contexto: zonas rurales, pobreza, etnicidad. Sobre muestreó hogares en zonas rurales. La etnicidad del hogar se determinó con base en la etnia del jefe del hogar (consideró lengua y adscripción étnica*).
* La adscripción étnica se determina en los cuestionarios del inegi con base en la pregunta “De acuerdocon sus costumbres y tradiciones, ¿(nombre) se considera indígena?” o “¿De acuerdo con su cultura, (nombre) se considera indígena?”.
Fuente: Elaboración propia, con base en: Casique (2009); Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2006); De Castro et al. (2016); Frías y Castro (2014); Frías y Ríos-Cázares, (2017); inegi (2011, 2014, 2016, 2017a y 2017b); inmujeres (2006); insp (2003 y 2016).
Magnitud de las violencias contra niñas, niños y adolescentes en el contexto indígena
La violencia en sus diferentes expresiones afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en el país. De manera general, de la violencia, abuso y acoso sexual, se sabe que se ejerce más sobre las niñas, aunque los niños no se hallan exentos; quien la perpetúa suele ser una persona que la víctima conocía con anterioridad; y ocurre más en las familias y entornos laborales muy cerrados, como el trabajo doméstico (redim, 2010).
Para el periodo de 1999 a 2004, el dif reporta haber atendido entre 20 y 25 mil casos anuales de maltrato infantil en el país, siendo el maltrato físico el más común, seguido de negligencia (unicef, 2013). Cabe mencionar que el castigo corporal es la única forma de violencia interpersonal tolerada en México legal y culturalmente; es decir, es tolerada por la ley, sin estar explícitamente prohibida, y según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (enadis), siete de cada diez personas afirman que no se justifica pegarle a un niño para que obedezca, pero más del 95 % de la población cree que es una práctica común (unicef, 2013).
Por otra parte, los resultados de la enim (2015), reportados por el insp y unicef (2016) para niños de 1 a 14 años, muestran que más del 40 % sufrieron agresión física y más de la mitad, agresión psicológica3 por parte de algún miembro de su hogar durante el mes anterior a la aplicación de la encuesta. Los padres y madres aparecen como los principales agresores, de acuerdo con datos de la ensademi (2008). Por otra parte, la enim (2015) muestra diferentes tendencias en las formas de castigo en ámbitos rurales y urbanos y por condición socioeconómica: el castigo físico fue más común en hogares rurales en comparación con los urbanos (46.6 % y 42.7 %, respectivamente), mientras que el castigo psicológico presentó cifras similares para ambos (53.0 %). El castigo físico fue similar en los hogares más pobres y en los más ricos (45.0 %), pero el psicológico obtuvo cifras más altas para los más ricos (50.0 % en el quintil más pobre, 59.2 % en el quintil más rico). La encuesta pone en evidencia que se dan las mismas formas de castigo entre hogares indígenas y no indígenas, y en los indígenas se reportaron los menores porcentajes de castigo físico y psicológico (indígenas: físico 37.5 % y psicológico 36.7 %; no indígenas: 44.3 % y 54.7 %, respectivamente).
Los resultados de la ensademi 2008 (insp, 2008), en su exploración sobre las diferentes expresiones de violencia sufrida por las mujeres antes de los 15 años y en su vida adulta, también permiten hacer otro acercamiento a los hogares indígenas, al registrar tanto a hablantes de lengua indígena y de español, como a hablantes de lengua indígena monolingües y bilingües. Así, esta encuesta muestra que la prevalencia más alta de maltrato (físico y psicológico) antes de los 15 años se reportó en mujeres que solo hablan español (37.0 %), mientras que en hablantes de lengua indígena monolingües y bilingües fue de 31.3 % y 31.8 %, respectivamente. En cuanto al abuso sexual antes de los 15 años, las mayores prevalencias se reportaron para las mujeres que hablan español exclusivamente (9.2 %), seguidas de las bilingües (6.6 %); las de habla indígena monolingües presentaron la prevalencia más baja (1.3 %). Por otra parte, tanto el maltrato como el abuso sexual infantil presentan diferentes matices dentro de la población indígena, como se verá más adelante.
En lo que respecta a explotación sexual comercial infantil, la red internacional ecpat4 y su asociación promotora en México, ediac (Espacios de Desarrollo Integral, 2014), en el Informe de monitoreo de país sobre la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes (ediac y ecpat, 2014) alertaron sobre la falta de información actualizada y desagregada de acuerdo a los tipos de explotación de este sector (trata, explotación sexual comercial, matrimonio forzado, prostitución, pornografía, viajes y turismo). Los datos provenientes de encuestas son críticos para tener una imagen más clara de la problemática a nivel poblacional; permiten identificar patrones y aportar a la búsqueda de determinantes, por lo que recuperar la información no solo es útil sino necesario.
Esta explotación es un negocio altamente lucrativo, sin embargo, con frecuencia no se tiene acceso a cifras exactas y las estimaciones son de carácter general, de manera que no se conoce con precisión la magnitud y consecuencias de la situación. Se genera una gran carga de estigma, y se ha señalado un vacío desde el marco científico y una necesidad de orientar proyectos de investigación al respecto. Aun cuando se sabe de la existencia del abuso y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México, y que las cifras van en crecimiento, no hay estadísticas precisas sobre su alcance (Chávez y Ramírez, 2008, citado por Escobar y Nogueira, 2008; redim, 2010).
De manera extraoficial, las autoridades estiman que en el país hay entre 16 mil y 20 mil niños explotados sexualmente. Los focos rojos se ubican en ciudades que son al mismo tiempo centros importantes de turismo y tráfico nacional e internacional, entre ellas Acapulco, Mérida, Tapachula y Cancún. (ecpat, s/f; redim, 2010), aunque también se ha documentado en las fronteras norte y sur de México. En las regiones fronterizas, el fenómeno migratorio tiene un gran peso por sus lazos con diversas expresiones de violencia, incluida la explotación sexual. Por ejemplo, en un estudio realizado en una comunidad de tránsito migratorio internacional en Sonora, en el que se entrevistó a niños menores (varios de ellos indígenas provenientes de Chiapas, Oaxaca Guerrero y Guatemala) que habían sido deportados de Estados Unidos, se reportan agresiones físicas, psicológicas y sexuales, todas ellas perpetradas tanto por las autoridades como por miembros de la sociedad o delincuentes (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cdi, 2007). Por otra parte, las dinámicas de explotación suelen tener sus particularidades en cuanto al contexto y formas de operar en las fronteras norte y sur del país.
En cuanto a la frontera norte (Azaola, 2003: 240-322), los patrones observados muestran una mayor proporción de mujeres que vienen de zonas urbanas y adolescentes que llegan a las localidades fronterizas sin compañía de adultos, volviéndose más vulnerables y susceptibles de ser captados para el comercio sexual. Se han reportado también casos de niños indígenas. En cuanto a los explotadores, la mayoría son hombres mexicanos, aunque existe una amplia red de complicidad que incorpora mujeres adultas dedicadas a la prostitución, taxistas que promueven los lugares de explotación y conducen a los clientes, recepcionistas y conserjes de hoteles y moteles, policías e inspectores. Los clientes son en su mayoría hombres, locales y extranjeros. Uno de los factores que convirtió a la región en un polo de atracción fue el crecimiento de la industria maquiladora. La mayoría de las menores que son involucradas en el comercio sexual son adolescentes que trabajan o han trabajado en estas industrias.
En la frontera sur (Azaola, 2003: 240-322), desde el siglo XIX se establecieron fincas cafetaleras con alta demanda de mano de obra y vías de ferrocarril en el Soconusco, una zona que antes había tenido pocos habitantes y que a partir de entonces pasó a ser una de las más pobladas de Chiapas. Al mismo tiempo, desde hace aproximadamente 40 años, los flujos migratorios desde Centroamérica se han venido incrementando y con frecuencia las niñas y adolescentes que cruzan la frontera se han convertido en víctimas de abuso sexual. En este contexto, el comercio sexual se sujeta a las altas y bajas del calendario agrícola, y los grupos que aquí existen (trabajadores temporales, migrantes y traileros) conforman una población flotante casi exclusivamente masculina caracterizada por su situación de desarraigo. Es decir, hombres que se encuentran de paso, carecen de familia, no pertenecen y no tienen interés de pertenecer a la sociedad local, con lo que se crea un clima que propicia la explotación sexual de los menores. En el caso de la región fronteriza de Chiapas, también se ha reportado que la “venta” de adolescentes para concretar un matrimonio (con o sin consentimiento), ocasionalmente ocurre para venderlas a los bares donde las explotan sexualmente (Azaola y Estes, 2003: 301).
La Red por los Derechos de la Infancia en México (redim, 2010) ha contribuido de forma destacada a documentar las condiciones de vulnerabilidad, desigualdad y violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. En 2010, presentó el ensayo temático: La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. Miradas regionales, en el que destaca que la región Sur-Sureste, en seis de sus nueve estados5 se registran los índices más bajos de desarrollo humano, coincidiendo con importantes porcentajes de población indígena y entrada y tránsito de migrantes; en ese documento se destacan los estados de Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. En 2010 se estimó que la población total menor de 18 años en Chiapas era de 1 802 280 personas, de las cuales, aproximadamente cuatro de cada diez son indígenas (unicef, 2013).
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