Kitabı oku: «Economía española y del País Valenciano»

1. Crecimiento y cambio estructural

Vicent Soler

Universitat de València

1.1 Introducción

Europa occidental –el marco natural de análisis de la economía española y del País Valenciano– ha experimentado un crecimiento económico en los últimos dos siglos que no tiene precedentes en la historia de la humanidad (Maddison, 2001), tal y como muestra el gráfico 1.1.

Crecimiento, pero también cambio estructural, por el hecho de que es sustituida la base agraria de la economía por otra en la que la presencia de la industria, primero, y de la industria y los servicios, después, se ha hecho determinante. La combinación de ambos fenómenos ha supuesto un aumento importante de la renta per cápita en esta parte del planeta, que permite hablar de un proceso de desarrollo económico.

Además, este cambio ha incluido el pleno reconocimiento de la propiedad privada y un papel creciente del mercado como asignador de recursos (de los bienes, de los servicios y de los factores de la producción: trabajo y capital). Estos dos aspectos (propiedad privada y mercado) son los ingredientes básicos del sistema económico que convenimos en llamar capitalista.

Así pues, industrialización y capitalismo serán las formas en las que se concreta el desarrollo en nuestro entorno económico –y, por extensión, en todo el mundo occidental–, es decir, las formas en las que se concreta el cambio estructural que acompaña al crecimiento económico inusitado de la época contemporánea.

GRÁFICO 1.1

Crecimiento económico de la Europa occidental, en términos de PIB per cápita (en miles de dólares y a precios de 1990)

Fuente: The Economist, 31-12-99.

Este proceso lo abre una ingente cantidad de innovaciones técnicas y de organizatión de la producción, a las que se suman otras de carácter social y político que convenimos en llamar revolución industrial. La máquina de vapor es el paradigma del inicio de estas innovaciones técnicas. Es, pues, la era de la máquina y la producción seriada, pero también la de patrones, por una parte, y de obreros asalariados, por otra, y de nuevas formas de sociedades mercantiles, como la sociedad anónima.

A pesar de las semejanzas que al final tienen las sociedades industriales, el camino seguido ha sido muy diferente. No hay un prototipo de revolución industrial. No es adecuado tomar como único referente el vivido por algunos núcleos de Gran Bretaña (el modelo manchesteriano) a finales del siglo XVIII, por haber sido históricamente el primero y el más estudiado. Al contrario, debemos admitir que las circunstancias históricas en las que tienen lugar las diversas revoluciones industriales son diferentes, como también son diferentes, por lo tanto, las formas socioeconómicas que toman.

Es decir, históricamente, las posibilidades que ha ofrecido el avance científico y tecnológico no han sido aprovechadas en todos los lugares por igual. Ahora bien, los factores de crecimiento son bastante similares en todas partes: la acumulación de capital (físico o de cualquier otra clase, como el financiero o el humano), el progreso técnico, la apertura al exterior o la mejora de la igualdad de oportunidades en la sociedad. La progresiva acumulación de estos medios de producción ha representado para los países también la progresiva desvinculación de las restricciones impuestas por la naturaleza.

Kaldor identificó en los años sesenta del siglo pasado los hechos estilizados de los procesos de crecimiento económico: crecimiento de la producción por habitante, incremento del capital por trabajador y mantenimiento a lo largo del tiempo de la relación capital/producto, incremento de la tasa de beneficios por unidad de capital y de la participación de los beneficios y de los salarios en el valor de la producción. La experiencia histórica muestra, fehacientemente, que el esfuerzo de acumulación de capital físico, aunque es condición necesaria, no resulta suficiente para alcanzar el crecimiento sostenido. Sólo si la inversión realizada resulta productiva es posible que el proceso de acumulación se realimente.¹

No hay mejor futuro que un buen pasado. De hecho, para disfrutar de altos niveles de productividad y renta hay que mantener en el tiempo la inversión en los diversos tipos de capital. Por otro lado, es falaz la visión del crecimiento a escala internacional como un juego de suma cero, en el que un participante debe perder lo que gana otro. Otra cosa muy distinta es que, cada día más, las interrelaciones entre los países crecen y la competencia también, o que las estrategias competitivas en este marco sean diversas y cambiantes (Pérez, 2007: 25-29).

En todo caso, como los países han recorrido caminos diferentes, los historiadores distinguen entre unos y otros, e intentan hacer tipologías al respecto. Una muy útil es la que distingue entre first comers (los primeros países industrializados) y second comers.

Los países del sur de Europa son países retrasados en el cambio estructural en comparación con los del centro y norte europeo (Gran Bretaña, Francia o Alemania). Es decir, son second comers, como lo demuestra el hecho de que la convergencia en términos de renta per cápita en los del sur ha sido lenta e incompleta (a excepción de Italia) y muy tardía. Prácticamente, hasta la segunda mitad del siglo XX no hay un claro acercamiento socioeconómico, un catch-up, de la Europa mediterránea (e Irlanda) a la Europa central y septentrional.

1.2 Perspectiva histórica comparada: etapas principales

Tanto España como el País Valenciano siguen, pues, la senda mediterránea hacia la sociedad industrial, es decir, son claramente casos de second comers, si bien se constata la existencia de núcleos industriales sólidamente implantados desde principios del XIX.

En el marco español, tendríamos el caso vasco (particularmente Vizcaya y Guipúzcoa) y el catalán (particularmente Barcelona y Gerona). En el caso valenciano, la comarca de l’Alcoià y, a finales de ese siglo, la Conca del Vinalopó, la Foia de Castalla, l’Horta y la Plana. Sin esta base industrial preexistente, todo hay que decirlo, difícilmente el arranque industrial generalizado posterior habría sido posible. Un arranque que deberá esperar a la segunda mitad del siglo XX y, por ello, hablamos de second comers.

Además, la economía española ha estado siempre por debajo de las economías centrales europeas, en términos de producto real per cápita. Las causas de este menor ímpetu en el crecimiento y la modernización social y económica son múltiples. Aun así, podemos destacar algunas que son comunes a los otros países mediterráneos (García Delgado, 2007: 25).

Causas como la desigual distribución de la propiedad de la tierra y la ineficiencia que eso generaba en momentos en los que la agricultura era decisiva para crear oportunidades de cambio en el conjunto de la economía; la falta de una cultura empresarial generalizada que apostara por la acumulación del capital físico, humano y tecnológico como estrategia de cambio y progreso; la ineficacia fiscal y financiera del Estado que le incapacitaba para implementar el crecimiento económico, y todo eso hay que aderezarlo con un importante aislamiento económico que dificultaba la asimilación de los impulsos que pudieran venir del exterior.

Concretamente, hasta los años cincuenta del siglo pasado, la Formación Bruta de Capital sólo representaba el 10% del PIB y, lo que es más grave, el 90% de la población no tenía ningún nivel de instrucción completado. Las cosas cambian cuando, posteriormente, la inversión alcanza el 20% del PIB y se mejora sustancialmente la formación de capital humano.

En este contexto, la economía valenciana encontró lógicas dificultades de crecimiento, si bien lo vivió con más intensidad que la española y con rasgos muy peculiares. Porque fue una parte importante de la agricultura valenciana la que garantizó pautas de modernización económica. Nos referimos a la que trascendió la etapa de producir para subsistir, caracterizada por mercados de ámbito local, y pudo convertirse en agricultura comercial, incluso –mejor dicho, sobre todo– con mercados internacionales. La pasa, el vino y, posteriormente, la naranja fueron los productos que permitieron el salto, en la segunda mitad del siglo XIX.

Así podemos entender que, a principios del siglo XIX, hacia 1802, los ingresos medios de la población valenciana se situaban alrededor del 70% de la media española, según ha estimado Gabriel Tortella, y sólo Galicia, Murcia, Canarias y Asturias tenían una renta per cápita más baja. Pero que, en 1860, los ingresos por habitante llegan ya en torno al 95% de la media. Y que nuevamente las tres primeras décadas del siglo XX refuerzan este mejor comportamiento relativo de la economía valenciana hasta llegar, en los años treinta, a un nivel superior en un 20% a la media española.

Posteriormente, se tenderá a la convergencia hacia esta media, particularmente a partir de los sesenta, ya que, aunque la dinámica económica es superior, también el crecimiento demográfico valenciano (por los saldos migratorios positivos) será mayor que el español.²

ETAPAS PRINCIPALES:

• 1870-1913

La primera etapa se caracteriza por la «Segunda Revolución industrial» –la revolución tecnológica derivada, entre otros, de la electricidad, la química o el cemento artificial–, la hegemonía económica del Imperio británico y el poder ascendente de la Alemania unificada, un sistema monetario basado en el patrón oro y un sistema comercial basado en el bilateralismo. En todo caso, para muchos historiadores es aún parte del largo siglo XIX.

España empieza esta primera etapa cuando acaba de conseguir la unión económica y monetaria mediante la desaparición de las aduanas interiores, la construcción de la red ferroviaria y la creación de la peseta en 1868. Además, una serie de hechos contribuyen a la transición hacia un sistema económico homologable con el resto de Europa, como la desaparición del régimen señorial y sus bienes vinculados y la revisión del marco jurídico-mercantil (Ley de sociedades anónimas de 1856, por ejemplo).

Ahora bien, a pesar de la incorporatión de capitales extranjeros en sectores básicos y estratégicos como los de los recursos mineros, la banca o el ferrocarril y de una inicial política de apertura al exterior, simbolizada por el Arancel Figuerola de 1868, muy pronto –prácticamente desde el inicio del régimen de la Restauración, en 1875–, los intereses cruzados de la industria periférica y los cerealistas del interior llevaron a un largo período de aislamiento comercial mediante el proteccionismo arancelario.

De hecho, a partir de 1890 el proteccionismo habrá conseguido los primeros éxitos significativos, que se consolidarán en la Ley de bases arancelarias de 1906, muy influida, además, por la pérdida de las colonias en 1898. En los años veinte, la economía española era la que tenía los muros arancelarios más altos de toda Europa, según la Sociedad de Naciones, el precedente de las actuales Naciones Unidas.

Es la reacción al fenómeno de la revolución de los transportes, que originó la incorporación de la máquina de vapor a los transportes (barcos y ferrocarriles) y que redujo drásticamente los costes del transporte, lo que hizo competitivos productos de países alejados. El cereal europeo, por ejemplo, ya no podía competir con el transatlántico de las llanuras tejanas y del oeste medio de EE. UU., ni las industrias de los países menos avanzados tecnológicamente con las de los países líderes. Se habla de la gran depresión en Europa.

En el País Valenciano, por su parte, las finanzas, pero sobre todo la agricultura, son las principales vías de penetración de las nuevas formas de organización productiva. Las finanzas, en concreto, vivieron una efímera eclosión de modernidad, a mediados de siglo, con la creación de la Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento (a iniciativa de José Campo –con el tiempo marqués de Campo–, el representante más genuino de la burguesía emergente) y de la Sociedad de Crédito Valenciano (a iniciativa del rival de Campo, Gaspar Dotrés).

Aunque las dos sociedades de crédito (era el nombre que recibían los bancos entonces) estaban vinculadas inteligentemente a negocios de las infraestructuras derivadas de la revolución de los transportes (la construcción del ferrocarril y la del puerto del Grao de Valencia, respectivamente), fueron los problemas de gestión de estos mismos negocios los que crearon dificultades añadidas a la gran crisis financiera de 1866, que se volvió, de este modo, insuperable.

Pero, para una economía que aún se sostenía sobre las actividades primarias principalmente, son los avatares de la agricultura los que marcarán de manera determinante los cambios del conjunto de la economía. Así, debemos constatar que, a partir de la década de los cuarenta del siglo XIX, se inicia el proceso de tránsito de la agricultura de subsistencia a la agricultura comercial. Un tránsito que sólo era posible si había una demanda que no hiciera vano el esfuerzo de mejora cuantitativa y cualitativa de la oferta productiva.

Así ocurrió cuando la pasa y el vino, primero, y la naranja, después, protagonizaron un gran auge de la demanda (externa). La naranja, en concreto, se vio beneficiada por el incremento de las rentas familiares en la Europa industrializada y por la mejora dietética que comportaba, lo que permitió el consumo masivo de fruta de invierno de importación. La naranja valenciana se beneficia, además, de que los países consumidores no tenían, ni tienen, las condiciones climáticas para pasar a ser productores.

La incorporación de una serie de innovaciones técnicas –máquinas de vapor para elevar aguas subterráneas, uso de fertilizantes importados, naturales, o artificiales más tarde– permitió incrementar la producción, así como los nuevos medios de transporte –el ferrocarril y la navegación a vapor– facilitaron el acceso a los mercados europeos. Eso no quita que hubiese también una cierta expansión del cultivo de los cereales –incluido el arroz–, de las hortalizas y una recuperación de la ganadería, que completarían las transformaciones del panorama agrario del último tercio del siglo XIX y el primero del XX.

La mayor propensión a exportar de la agricultura valenciana se mantiene a pesar de las vicisitudes de la estricta política proteccionista practicada por el Gobierno español, lo que hace que la controversia que enfrenta a los proteccionistas (fundamentalmente los industriales catalanes y vascos y los cerealistas castellanos y andaluces) y los librecambistas (fundamentalmente vinateros, naranjeros y productores de frutos secos mediterráneos) se viva, por lo tanto, de manera particular en las tierras valencianas.

Los sectores proteccionistas (manufacturas –Alcoy, como paradigma– y cereales, también el arroz –Sueca, como paradigma–), mayoritarios a nivel español, eran minoritarios en la economía valenciana, mientras que los sectores exportadores librecambistas, minoritarios a nivel del Estado, eran claramente predominantes en el País Valenciano gracias a la presencia del vino, los productos hortícolas y, especialmente, la naranja.

Pero la evidente hegemonía agraria no debe hacer olvidar la presencia de una relativamente importante base manufacturera. En la primera mitad del XIX, ya sucede el tránsito a la industria de la manufactura textil lanera y del sector papelero en Alcoy. Otras actividades manufactureras existentes en la época, como la sedería de la ciudad de Valencia o el textil de Morella o Enguera, perderán fuerza a lo largo del tiempo. Pero es a finales del XIX cuando se extiende por todo el país la actividad manufacturera, aunque este sector no fue nunca un importante receptor de capitales.

Esta base industrial finisecular estaba formada por una manufactura diversa y dispersa en el territorio, pero aglomerada por sectores en ciertas comarcas. En unos casos estaba vinculada al comercio de la exportación agraria (papel, madera, química-fertilizantes), en otros al crecimiento urbano (mueble, calzado, cerámica y azulejo, transformados metálicos, etc.) o, incluso, a las insuficiencias de las rentas agrarias (caso paradigmático del textil o el metalomecánico alcoyano). Se inicia también la producción de máquinas de vapor y turbinas y arrancan las primeras industrias metálicas, químicas y de la alimentación.

• 1914-1959

La segunda etapa se despliega en el mundo occidental entre 1913 y 1945 e incluye dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945), la revolución bolchevique (1917), la gran crisis del 29, una hegemonía económica compartida por EE. UU. y los grandes países europeos y unas reglas de juego en el comercio y el sistema de pagos permanentemente en crisis, dado que aún predominaba el bilateralismo.

En España este período se alarga hasta 1959. Es un período en el que España mantiene el aislamiento económico, el cual tendrá en los primeros veinte años de la dictadura franquista (1939-1959) su expresión más radical en forma de autarquía económica. El profesor García Delgado nombrará a este largo período el de la vía nacionalista española de crecimiento económico.

El crecimiento económico se basará, por lo tanto, en la sustitución de importaciones, hecho que permitirá la existencia de actividades económicas que serían inviables en otras circunstancias. Ahora bien, esta forzada reserva del mercado interior dificulta, por la parte de la demanda, el propio crecimiento económico porque, como los niveles de renta per cápita son muy bajos, la capacidad de compra de las unidades familiares es muy limitada y, en consecuencia, también la demanda agregada.

Pero hay, durante las primeras décadas del siglo XX, una cierta extensión y diversificación del tejido industrial alimentadas por las innovaciones técnicas de la época, la repatriación de capitales a raíz de la pérdida de las colonias en 1898 (que se traduciría, también, en una expansión del negocio bancario) y los beneficios extraordinarios derivados de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial.

Los efectos de la crisis del 29 que afectan a la estabilidad económica y social del período republicano, la Guerra Civil (1936-1939) y el período autárquico posterior detienen esta aproximación a los estándares europeos y ampliarán aún más la brecha tecnológica y de nivel de vida.

En el País Valenciano, una vez pasada la coyuntura extraordinaria de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) –que había beneficiado en exclusiva a la industria y cereales como el arroz–, el auge comercial de la naranja comporta que cantidades ingentes de capitales se inviertan en la transformación de terrenos y en la captación de aguas subterráneas: a la década de los veinte se la llamará la década dorada de la naranja. En 1930 se llega al hito de un millón de toneladas exportadas, cifra que no se volverá a alcanzar hasta bien entrados los cincuenta. Sin embargo, la modernización y la capitalización de la agricultura no fueron generales porque amplias zonas interiores del País quedaron al margen.

La base manufacturera, por su parte, se refuerza durante la coyuntura extraordinaria de la Primera Guerra Mundial gracias a las exportaciones a los países en guerra y a la profundización del fenómeno de la sustitución de importaciones. El proteccionismo, en todo caso, ayudó a la pervivencia de esta manufactura, pero también puso límites –como ya se ha señalado antes para el conjunto de la economía española–, dada la escasa importancia del mercado interior español como marco de expansión potencial. Además, el complicado decenio de los años treinta –guerra civil incluida– y, particularmente, el período autárquico de 1939-1959 frenaron bruscamente la línea de progreso económico secular, como en el resto de España.

Por una parte, por las dificultades en el mercado exterior para acceder a inputs de importación vitales para mantener la productividad económica en los diversos sectores –particularmente, los abonos químicos en la agricultura de exportación– o el efecto negativo de un sistema de tipo de cambio múltiple en casi todo el período. Por otra parte, en el mercado interior, por el impacto que ocasiona el estancamiento o retroceso de los niveles de vida sobre una actividad industrial incipiente orientada a la manufactura de bienes de consumo y por el sofocante intervencionismo gubernamental (Fabra, 2000: 128). Lógicamente, el aislamiento impide beneficiarse de la recuperación europea posbélica.

• 1959-1975

La tercera etapa empieza a nivel mundial con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Será de un auge continuado de la Europa occidental sin precedentes, de un mundo bipolarizado políticamente entre EE. UU. y la URSS, de una economía americana indiscutiblemente pionera (que fijará las nuevas reglas de juego mediante el sistema monetario de Bretton Woods y la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial para ayudar a los países más retrasados) y de unos importantísimos acuerdos comerciales –por primera vez, de carácter multilateral– en el seno del GATT (Acuerdo General de Comercio y Aranceles). Asimismo, en esta etapa tiene lugar la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) (1957) –la futura Unión Europea (UE)–, con seis miembros, los tres del Benelux (Holanda, Bélgica y Luxemburgo), Italia, Francia y Alemania Federal.

Pero para la economía española y la valenciana el comienzo de la etapa se retrasa hasta 1959, cuando las cosas empiezan a cambiar profundamente gracias al Plan de Estabilización. La razón es que, a pesar del imponente crecimiento económico que la Europa occidental estaba viviendo desde la reconstrucción posbélica, con la ayuda del Plan Marshall (la Segunda Guerra Mundial había sido intensísima en el escenario europeo), España, en su cerrazón autárquica, sólo recibía los impulsos de este crecimiento del entorno europeo de manera muy débil. Aun así, los acuerdos con el Vaticano y EE. UU. en 1953 y ciertos cambios en los ministerios económicos hacen de los cincuenta una década de transición. Los acuerdos mencionados facilitan la entrada de España en la ONU en 1955 y, posteriormente, en las grandes instituciones económicas internacionales: FMI y Banco Mundial y, finalmente, OCDE (el club de los países avanzados).

De hecho, el año 1959 es, sin duda, un año clave en la historia económica española porque, con el mencionado Plan de Estabilización –una iniciativa en buena parte exigida por los organismos internacionales en los que se acaba de entrar–, se inicia la definitiva apertura económica.³ Pero tan importante, o más, es el comienzo de un lento pero imparable proceso de desintervencionismo estatal en la economía, lo cual, en la medida que permite que la lógica de mercado vaya teniendo más papel en la asignación de recursos, hace que la eficiencia de la economía crezca significativamente.⁴

Una etapa, pues, en la que la economía española obtendrá muchas ventajas y se enfrentará a algunos retos importantes. Una etapa en la que se dan unos cambios en profundidad que llegan a la vida cotidiana porque se pasa de un mundo de escaseces a una sociedad de consumo. La adquisición masiva de electrodomésticos y la generalización de la motorización, emblematizada por el Seat 600, son los paradigmas de esta nueva etapa.

En resumidas cuentas, hay una importante mejora de la capacidad adquisitiva en el mercado interior gracias a la entrada de capitales extranjeros, pero también a los importantes ingresos generados por un turismo constituido por olas de trabajadores europeos que acaban de conseguir el derecho a las vacaciones pagadas y que buscan fundamentalmente, sol, playa y precios bajos. Tampoco debemos olvidar los cuantiosos envíos de ahorros de los tres millones largos de trabajadores emigrantes españoles repartidos por Europa.

Al crecimiento de la demanda interna se sumará, a finales de los sesenta, la expansión de las exportaciones, favorecidas por la devaluación de la peseta de 1967 y el Acuerdo de Preferencias Arancelarias con la CEE, de 1970.

La economía valenciana se beneficiará significativamente de la nueva situación creada por el Plan de Estabilización y el aumento del nivel de vida. Muchas de sus potencialidades latentes podrán desplegarse en un mercado interior con creciente capacidad adquisitiva y en un mercado exterior cada vez más accesible, y aprovechando en parte el know how acumulado durante décadas mediante las exportaciones agrarias a Europa.

Uno de los fenómenos más trascendentales fue el intenso proceso industrializador que transformó sustantivamente la estructura económica valenciana. Un proceso más intenso que el vivido por la economía española y que se trasladó a la balanza comercial de manera clara en la segunda mitad de los sesenta con el aumento significativo de las partidas de exportación manufacturera. Un proceso que se realizó a partir de la base industrial previa que se había configurado a finales del XIX –el profesor Ernest Lluch lo llamará el hilo industrial- y sin la que difícilmente habría sido posible.

Se vivirá, pues, un crecimiento y unos cambios y transformaciones sin precedentes bajo el liderazgo de la industria. Desde entonces, la dimensión de la economía valenciana, medida por la producción de bienes y servicios, se ha multiplicado por más de seis, al mismo tiempo que se ha producido una profunda ampliación y diversificación de la oferta productiva.

Esta diversificación incluye una terciarización progresiva (los servicios aumentarán significativamente su peso en el valor del PIB valenciano, a precios corrientes) tal y como ha sucedido habitualmente en el resto de economías avanzadas. En el caso valenciano, además, ayudada por la extraordinaria expansión del sector turístico, particularmente a partir de los años setenta.

• De 1976 a la actualidad

Finalmente, la última etapa se caracterizará en un primer momento por la larga crisis económica mundial (1974-1985). Después habrá unos años de recuperación, 1985-1991, seguidos de una corta pero durísima crisis, 1992-1993, y una larga etapa de expansión económica que llegará, con altibajos, hasta el 2008. Una crisis de alcance y naturaleza inéditos interrumpirá abruptamente esta etapa expansiva hasta sumir a la mayoría de las economías avanzadas en una recesión.

La primera de las crisis de los setenta, debida, principalmente, a la crisis del sistema monetario de Bretton-Woods (de 1971-1972, que lleva a la flotación de tipo de cambio) y al encarecimiento del precio del petróleo y de otras materias primas (1972-1973), significó un punto de inflexión en la lógica del crecimiento económico del mundo occidental.

Europa, por ejemplo, había vivido una expansión basada en la capacidad para beneficiarse de la generalización de una trayectoria tecnológica desarrollada fundamentalmente en EE. UU. La ruptura de estas pautas en Europa no se debió únicamente al encarecimiento de la energía, sino a un conjunto de factores que operaron poco a poco: el posfordismo, el acercamiento a la frontera tecnológica y la necesidad –no cubierta plenamente hasta el momento presente– de mayor flexibilidad en los mercados de trabajo y financieros y en las formas de organización empresarial.

Además, simultánea y progresivamente, tiene lugar la emergencia de nuevos países industrials en el sudeste asiático y la profundización de la globalización económica, la consolidación de bloques continentales como la Unión Europea y un nuevo salto tecnológico vinculado a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) –la tercera gran revolución tecnológica–, ya en los años noventa.

En España, el inicio de esta etapa –es decir, la crisis económica mundial, retrasada aquí un año y agravada por la impericia gubernamental– coincide con la transición democrática. Esta coincidencia impidió la toma de medidas rigurosas anticrisis durante mucho tiempo, a diferencia de lo ocurrido en los países del entorno, por la impericia, efectivamente, de los gobiernos españoles del último franquismo y por la debilidad de los primeros de la transitión.

Hay que esperar a las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 para ver iniciativas ambiciosas. La más importante, sin duda, la constituyen los llamados Pactos de la Moncloa, por los que partidos y sindicatos acordaban, en otoño de ese mismo año, hacer frente a la crisis mediante, principalmente, la consecución de los equilibrios macroeconómicos.

Pero el ruido de la crisis mundial no permite escuchar los problemas de fondo: la economía española empieza a quedar afectada por los cambios en la geografía de las ventajas comparativas cuando aparecen en escena países industriales emergentes, particularmente en el sudeste asiático (Corea del Sur, Hong-Kong, Taiwan y Singapur). Una situatión que se agrava, entre otros motivos, porque los cambios institucionales derivados de la superación del régimen dictatorial y la consolidación de la democracia tendrán efectos importantes sobre las estrategias competitivas, ya que crearán una presión alcista salarial incompatible tendencialmente con la estrategia tradicional basada en los precios bajos.

Efectivamente, las libertades sindicales permitirán a los trabajadores mejorar la capacidad de negociación y, por consiguiente, se conseguirán aumentos sustantivos de los salarios nominales, sin relación con el comportamiento de la productividad, lo que hará aumentar los costes laborales unitarios (CLU). A todo eso hay que añadir el incremento simultáneo de cargas fiscales vinculadas al factor trabajo, como es el caso de las contribuciones a la Seguridad Social.

Por suerte para la economía valenciana y española, los problemas llegan cuando el cambio estructural iniciado en los sesenta ya está muy avanzado. Aun así, la crisis tendrá graves repercusiones. Por ejemplo, el paro, que en 1975 era del 2,4% (en España, el 4,4%), en 1985 había subido al 21,8% (en España, al 22,0%). La contracción económica supone que, si en el período anterior (1960-1975) la tasa de crecimiento permitía duplicar el volumen de bienes y servicios cada diez años, en este segundo período esta duplicación habría necesitado treinta.⁵

A pesar de las dificultades políticas y económicas con las que tropezó la transición a la democracia, la Constitución de 1978 permitió transformar profundamente la estructura del viejo Estado centralista en una de base plural, al crear el Estado de las Autonomías. Una etapa nueva, pues, en la que un gobierno propio, la Generalitat, podrá elaborar políticas económicas específicas para la economía valenciana.⁶ Al mismo tiempo, el ingreso en la Comunidad Europea –la actual Unión Europea–, en 1986, abrirá plenamente las economías española y valenciana a los avatares de un mercado entonces de más de 300 millones de personas.

La recuperación económica –española y valenciana–, iniciada en 1985, fue preparada por las políticas estructurales más perentorias que había emprendido la administración socialista a raíz de su victoria electoral de octubre de 1982, como también por las expectativas que había alimentado el previsible ingreso de España en la Comunidad Europea. En resumidas cuentas, había creado las condiciones para aprovecharse plenamente de la recuperación económica europea, que durará hasta principios de los noventa y estará animada por el descenso de los precios del petróleo. Hay que decir que, a partir de entonces, se intensificará la convergencia del ciclo económico español y valenciano con el europeo, que ya había tomado cuerpo con las medidas de apertura económica de los años sesenta.

Recordemos que las fluctuaciones cíclicas de las economías se deben a que los factores de oferta que determinan su crecimiento (población, productividad y precio de los factores de producción) y los de demanda (consumo, inversión y exportaciones limpias) no evolucionan de manera gradual y sostenida, sino con frecuencia de forma súbita (shocks), lo que origina desajustes como inflación, desempleo, déficit exterior o déficit público.⁷

Posteriormente, el ciclo económico se dirige hacia una crisis, corta pero aguda (1992-1993), en prácticamente todos el países de la OCDE, precedida de una desaceleración económica desde mediados de 1990. Varios factores habían intervenido en esta desaceleración económica, entre los que hay que destacar la inicial dificultad para comprimir la tasa de inflación. Coincide la ampliación de las actividades terciarias, que suele ser el sector más inflacionario,⁸ y un fenómeno coyuntural, el encarecimiento del precio del petróleo como consecuencia de la invasión iraquí de Kuwait.

En Europa, además, la crisis coyuntural había sido alimentada por las dificultades alemanas para financiar la reconversión de la economía de la zona oriental (a raíz de la unificatión que siguió a la caída del muro de Berlín en 1989), que presionaron al alza los tipos de interés. Eso derivaría en tensiones monetarias en el seno del Sistema Monetario Europeo y, en consecuencia, en inestabilidades cambiarias cuando justamente este sistema se había creado para conseguir una zona de estabilidad en el camino hacia la Unión Monetaria y para hacer viable el Mercado Único, que entró en vigor a principios de 1993.

En España, la crisis se había particularizado en altas tasas de inflación y de paro. Además, el elevado precio del dinero hizo caer la rentabilidad esperada de los proyectos de inversión y, en consecuencia, la tasa de inversiones. En el País Valenciano, la crisis fue especialmente dura porque la política monetaria, que sostenía una peseta de alta cotización (desde que había entrado en el Sistema Monetario Europeo en 1989), creaba problemas a las exportaciones y, por lo tanto, hacía que la crisis adoptara perfiles más agudos porque era una economía con más alta propensión a exportar. Asimismo, cuenta el fin del ciclo del sector de la construcción, explicado en buena parte por los excedentes de la oferta inmobiliaria acumulados, por la endeble actividad turística y por el aumento de los tipos de interés.

Así, una economía como la valenciana que tradicionalmente había crecido por encima de la media española, entonces lo hará por debajo durante dos años, 1992 y 1993, y la tasa de paro superará a la española –dada la especial sensibilidad de nuestro mercado de trabajo a los altibajos económicos, por su especialización productiva en actividades intensivas en el uso del factor trabajo–, lo que no pasaba desde hacía diez años.

A partir de 1994, la economía española y la valenciana siguieron –como ya no podía ser de otro modo, por el alto grado de apertura en el que se encontraban– la recuperación económica de los países de la OCDE, con las exportaciones como principal fuente de crecimiento –favorecidas inicialmente por sucesivas devaluaciones de la peseta en 1992 y 1993– y sin que la demanda interior, a pesar de la bajada de la tasa de inflación y de los tipos de interés, despuntara hasta 1998. A partir de este año, fue el consumo interior –y la construcción– el pilar que sostuvo el diferencial de crecimiento respecto a la media europea.

Hay que decir que la mayor propensión a exportar de la economía valenciana permitió que la recuperación se avanzase a la española, además de mantener una dinámica de crecimiento ligeramente superior –incluso en la pequeña sacudida de 1996-97– hasta el 2002. Con la disminución del ritmo de crecimiento general a partir del 2003, la economía valenciana también empieza a crecer por debajo de la española, hecho inédito en etapas expansivas.

En resumidas cuentas, hablamos de un ciclo expansivo muy largo y que sólo empezó a aflojar cuando los primeros síntomas del estallido de la burbuja inmobiliaria en EE. UU. y la crisis financiera subsiguiente –con el protagonismo originario de las hipotecas sub prime- originaron la desaceleración del otoño del 2007. Aunque esta desaceleración se convertirá en recesión un año más tarde, cuando ambas crisis, inmobiliaria y financiera, afecten de lleno a la economía real de España y del País Valenciano, como a la del resto del planeta.

1.3 Crecimiento y cambio estructural

1.3.1 El caso español

1.3.1.1 Crecimiento

Al margen de los aspectos coyunturales, en el análisis a largo plazo podemos encontrar algunos rasgos específicos en la economía española desde los años sesenta. En cuanto al crecimiento económico (Myro, 2007: 48), entre 1961 y el 2006, medido en términos de crecimiento de la renta nacional, éste ha sido importante: se ha multiplicado por seis. Y la tasa media anual ha sido del 3,1, mientras que la de los países comunitarios fue del 2,5, lo que muestra la mayor capacidad de crecimiento de las economías más retrasadas –la española lo era relativamente– cuando las tasas de ahorro y de incremento de la población son parecidas. En todo caso, el perfil temporal seguido por este indicador se parece mucho al comunitario, según se refleja en el gráfico 1.2.

GRÁFICO 1.2

Crecimiento relativo en España y la Unión Europea, 1961-2006 (tasas anuales de variación del PIB per cápita)

Nota: Desde 1991 se recogen los datos de la Alemania unificada.

Fuente: Eurostat y elaboración de Rafael Myro.

La mayor tasa de crecimiento ha permitido que la convergencia con la UE-15 en términos de renta per cápita, por ejemplo, haya alcanzado prácticamente 20 puntos en poco más de 20 años. Según Eurostat, en 1985 se lograba sólo el 71,5% de la media europea y en el 2007 el nivel es del 91,2%. En tres fases: un recorte de 9,2 puntos en el tramo 1985-1991, una divergencia de 3,1 en el período 1991-1994 y una nueva convergencia de 13,6 puntos entre 1994 y el 2007. Aunque la desaceleración económica posterior crea las peores condiciones para mantener la lógica de la convergencia.

Vale la pena dedicar especial interés al largo período de crecimiento que se inició en 1994, por la proximidad temporal, pero también por la singularidad de su naturaleza. Empezamos por hacer patente que esto se puede explicar por varias causas. En principio y como hemos señalado antes, la expansión de las exportaciones a raíz de las devaluaciones de la peseta de 1992 y 1993. Posteriormente, tuvieron un papel más importante los beneficios esperados y reales de un marco económico estable, con la entrada en el proceso de unión monetaria y la consiguiente convergencia a la baja de los tipos de interés, todo aderezado con una política fiscal prudente y una recuperación de la tasa de ahorro público. Fue decisiva la bajada del tipo de interés, que permitió incrementar la inversión empresarial y reducir los costes financieros.

Por su parte, el sector de la construcción se benefició mucho de que el sector inmobiliario fuera el más importante receptor del ahorro en este período, hecho que se explica en buena medida no sólo por la bajada del tipo de interés hipotecario, sino también por las sacudidas e incertidumbres bursátiles de los últimos años. Hay que mencionar que, a principios de la década de los noventa, los valores mobiliarios contratados en la bolsa habían sido de especial interés, incluso para los pequeños ahorradores, dada la creciente cultura financiera que se había extendido por todas partes en una sociedad que ampliaba su capacidad de ahorro por el aumento de la renta disponible.

Todo ello hace que el crecimiento a partir de 1998 cambie de lógica y se haga de manera bastante desequilibrada, porque toman protagonismo la expansión del consumo interno y de la construcción (inversión residencial y negocios conexos) y no la de la demanda exterior y la formación bruta de capital o inversiones productivas. Todo ello genera, entre otros efectos, un alto endeudamiento de las familias y de las empresas, totalmente vulnerables, por lo tanto, a cualquier eventual subida de los tipos de interés. Tradicionalmente, el recurso a la deuda solucionaba temporalmente la escasez de ahorro que era necesaria para mantener una tasa de crecimiento de estas inversiones superior al 4% anual acumulativo.

Recordemos que, desde la entrada en la UE (1986), esta escasez de ahorro era solucionada en parte por importantes transferencias de capital con cargo a los fondos estructurales europeos. Después, se sumarían los fondos de cohesión, también procedentes de la UE; pero es que, desde 1999, se dispondrá de una importante entrada de capital privado procedente principalmente del área del euro, lo que ha permitido incrementar aún más las dotaciones de capital físico (residencial y productivo) y servicios.

De hecho, en los últimos años, a pesar de los superávits públicos, la demanda dineraria ha superado de lejos el ahorro interior en España, de manera que la financiación exterior ha sido decisiva. Por otra parte, la convergencia nominal, imprescindible para entrar en la moneda única, redujo la presión en los mercados financieros, como ya se ha señalado anteriormente, y originó la caída de los tipos de interés y, por lo tanto, de las cargas financieras de las deudas.

Por contraste, la subida de los tipos de interés durante el 2007 y, sobre todo, la falta de liquidez en el mercado interbancario posterior, a partir del otoño del 2008, han creado problemas muy graves en la economía real, a pesar de la bajada del tipo de interés de referencia realizada por el Banco Central Europeo posteriormente.

Hay que reiterar que se trata de unas circunstancias que han detenido gravemente la dinámica económica anterior y que hacen pensar en una crisis de características inéditas, tanto por su profundidad como por su alcance literalmente global.

1.3.1.2 Cambio estructural

En cuanto al cambio estructural, también podemos reiterar algunos rasgos bastante significativos en este largo período de casi medio siglo (Myro, 2007: 61-64). El primero es que el cambio de la estructura productiva ha sido a favor de la industria y los servicios y a costa de la agricultura. En el segundo bloque (capítulos 2 al 6) y en el tercero (capítulos 7 al 12) se verá con profundidad.

Segundo, que ha habido una gradual apertura comercial al exterior, intensificada a raíz de la entrada en la UE (los flujos de comercio exterior –exportaciones más importaciones– que eran del 26% del PIB en el año 1986, suponían el 43,5% en el 2006, veinte años más tarde). El capítulo 13 lo explica con la atención debida.

Tercero, se ha asistido a una creciente importancia de las administraciones públicas en la economía (el gasto público sobre el PIB ha pasado en los mismos años (1960-2006) del 15% a casi el 40%) menor, eso sí, que en Francia, Alemania o Italia, pero mayor que en Gran Bretaña, como resultado, en buena parte, de la implantación del Estado del Bienestar (un porcentaje que había llegado prácticamente al 50% en 1993). El capítulo 14 lo trata más detenidamente.

Y cuarto, se ha dado una mejor distribución de la renta en la medida en que el decil superior de renta familiar disponible ha pasado de disponer del 39% de la renta total, a principios de los setenta, al 23%, un cuarto de siglo más tarde, como se estudia a fondo en el capítulo 3.

1.3.2 Singularidades valencianas

1.3.2.1 Crecimiento

Este crecimiento y este cambio estructural también se han vivido en el País Valenciano si bien con ciertas singularidades. El crecimiento económico, por ejemplo, siempre ha sido superior en el caso valenciano que en el español en todas las fases de expansión económica, mientras que las recesiones también han sido más profundas en el caso valenciano.

Dicho lo cual, hay que subrayar que, durante el tramo final del último período de crecimiento –desde el 2003 hasta el 2007–, la economía valenciana ha crecido menos que la española, por primera vez en un período expansivo: una media anual del 3,28 frente al 3,49 español, según la Contabilidad Regional del INE.

Las dinámicas más significativas ocurridas desde los años sesenta han sido el aumento sustancial de la población (un 70%): de 3 a 5 millones, la caída de la tasa de natalidad a la mitad, el aumento de la población extranjera 30 veces (de 25.000 a 600.000), el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida en 5 años, el aumento de los desequilibrios territoriales a favor de las comarcas costeras, el incremento de la movilidad espacial y un cierto cambio del modelo de asentamiento compactado, típicamente mediterráneo, a disperso (Martínez, 2007: 22). Todo también a un ritmo superior al español.

La renta ha crecido más que la población: en paridad de poder adquisitivo (PPS), el PIB ha pasado de 3.200 a 102.600 millones de euros, se ha multiplicado por más de treinta veces, con períodos de crecimiento muy desiguales. Hasta 1980, más que España, posteriormente se ha mantenido (excepto en el corto período de crisis de 1993) por encima del 9,6%.

Así pues, la evolución del peso del PIB (o Renta Nacional) valenciano en el total español ha sido la que figura en el gráfico 1.3, teniendo en cuenta que el PIB valenciano a precios corrientes en el año 2007 subió a 102.403.209 miles de euros mientras que el español fue de 1.049.848.000, lo cual significa que el primero representaba el 9,75% del segundo.

GRÁFICO 1.3

Participación relativa del PIB valenciano en el español (1965-2006)

Fuente: Fundación BBVA e INE y elaboración de Aurelio Martínez.

La combinación de ambas tendencias ha supuesto un avance de la renta per cápita. Ha pasado de 300 a 20.200 euros. Pero respecto a España, el crecimiento ha sido menor desde 1982. A partir de entonces ha habido un proceso de caída relativa: se ha pasado del 105% de la media al 91% en el 2006 (Martínez, 2007: 22-24), como muestra el gráfico 1.4:

GRÁFICO 1.4

PIB per cápita valenciano en relación con la media española (= 100) (1965-2006)

Fuente: Fundación BBVA e INE.

Si la comparación es con la UE-15, el resultado es bueno. En 1965, la renta per cápita, medida en PPS, era el 72,5% de la media de la eurozona y 40 años después había convergido en 10 puntos, pero con altibajos: entre 1965 y 1975 converge 14 puntos; en el período de 1975 a 1985 diverge y se queda al 73% de la media; entre 1986 y 1992, se recupera todo aquello perdido en el período de crisis anterior. En la corta pero intensa crisis de los años 1992 y 1993, hay nueva divergencia que es sobradamente compensada en la fase posterior, con la entrada en la zona del euro, hasta llegar al 83% en el 2006 (España superará ese año el 90%). Véase el gráfico 1.5.

En relación con la UE-27, en el 2007 el País Valenciano tenía una renta per cápita (en PPS) que suponía el 96% de la media cuando en 1995 era el 87,5. Ahora bien, España tenía en el 2007 un nivel del 106%, lo cual significa, como acabamos de decir, que la renta per cápita valenciana era menor que la española, concretamente, el 91%. Nivel relativo que perduraba a finales del 2008, según el INE.

GRÁFICO 1.5

Convergencia real con la UE-15, en términos de renta per cápita (1960-2006). UE-15 = 100

Fuente: Fundación BBVA, INE y Comisión Europea y elaboración Aurelio Martínez.

1.3.2.2 Cambio estructural

Los cambios estructurales han alcanzado a la actividad productiva y han sido también más profundos que en España, como refleja el más intenso proceso de desagrarización vivido en tierras valencianas, en los términos que se estudiarán en el capítulo 7. Este cambio de la base productiva se ha sustentado en dos procesos de capitalización fundamentales: de capital humano y de capital físico, según se explica más detalladamente en los capítulos 5 y 6, respectivamente. Habida cuenta de que la dotación de servicios y capital públicos ha estado siempre por debajo de la media española, tal y como se explicita en el capítulo 14.

En capital humano ha habido una clara mejora y un acercamiento a las tasas medias españolas. En cuanto al incremento del stock de capital físico, este ha sido más grande que en la economía española, si bien el mayor esfuerzo se hizo hasta 1992, cuando el diferencial de stock de capital per cápita llegó a ser del 37% respecto a la media española. Posteriormente, se ha perdido ritmo diferencial y en el 2004 sólo era del 21%, el mismo que el de los primeros sesenta.

El resultado de todo esto es que actualmente la economía valenciana presenta una estructura diversificada y equilibrada, con porcentajes similares a la media estatal, pero se aprecia, no obstante, un peso ligeramente mayor de las actividades industriales (capítulo 8) y del sector de la construcción (capítulo 12) y una importancia un poco menor de la agricultura y los servicios (este último sector se estudia con detenimiento en el capítulo 9), a pesar de la importancia de las actividades turísticas (capítulo 10). Las tablas 1.1 y 1.2 lo muestran con claridad:

TABLA 1.1

Estructura sectorial, en términos de PIB a precios corrientes (%)

Fuente: INE.

TABLA 1.2

Estructura sectorial, en términos de empleo (%)

Fuente: INE.

Además, la especialización industrial se ha llevado a cabo más preponderantemente en actividades relacionadas con la demanda final. El tejido empresarial está basado en la pequeña y mediana empresa, con algunas excepciones, algunas de las cuales son empresas multinacionals –como ya se ha mencionado en la nota a pie de página 5–, aunque la presencia de este tipo de empresa es mucho menor que en Madrid o Cataluña. El 96,8% son empresas de menos de 50 trabajadores y aglutinan el 60% del empleo registrado.

Hay una movilidad empresarial alta (alto porcentaje de nacimientos y de mortalidad de empresas), capitalizatión baja y un consiguiente componente tecnológico de los procesos de producción reducido. Es decir, procesos productivos maduros tecnológicamente y poco intensivos en I+D (investigación y desarrollo tecnológicos y su aplicación a la empresa).

Un tipo de crecimiento similar, según avanzó Ernest Lluch (1976), al que se había vivido en la Terza Italia (las regiones que van desde el Véneto hasta el Lacio, pasando por la Emilia-Romagna y la Toscana) desde los años cincuenta del siglo pasado, según la interpretación hecha por el modelo de Secchi. Un crecimiento característico de las economías «periféricas» del mundo avanzado.

El énfasis al competir vía precios –aprovechando, como se explicará en el epígrafe siguiente, la ventaja competitiva de bajos CLU– ha hecho que las empresas hayan intentado externalizar de manera sistemática los costes medioambientales (véase lo explicado en el capítulo 4) y también que se haya recurrido demasiado a menudo a la economía sumergida.

Esta estrategia competitiva ha llevado a que se cultivara en rara ocasión la diferenciación del producto, tanto la vertical –de calidades– como la horizontal –de variedades– y, más raramente aún, las redes comerciales propias y, por lo tanto, las técnicas de marketing y de comercialización. De hecho, las ferias monográficas que fue creando la Feria de Muestras de Valencia –y más tarde, la Institución Ferial Alicantina– solucionaban en buena parte los contactos imprescindibles entre productores y clientes.

Asimismo, en general, se constata que la gestión empresarial ha tenido y tiene aún una dependencia elevada de la financiación externa, básicamente del crédito a corto plazo incluso para operaciones de financiación de inversiones, según se observa en el capítulo 11. Por lo tanto, se trata de un tejido empresarial muy vulnerable a los avatares del sistema financiero.

Una gestión empresarial, por otro lado, que refleja falta de bagaje formativo. Los empresarios, sobre todo los de primera generación, tenían dificultades para entender toda la complejidad del mercado, particularmente en períodos de vacas flacas, ya que eran –y son– responsables de pequeñas empresas que toman los precios del mercado sin más y están sometidas, por lo tanto, a todo tipo de avatares.

Además, la economía valenciana está menos vertebrada que la española, en el sentido de que tiene menos relaciones interempresariales e intersectoriales porque hay poca producción relativa de bienes intermedios o semitransformados. La razón no es sólo que se producen bienes y servicios finales, principalmente de consumo, sino también que se utilizan muchas materias primas de procedencia exterior. Todo eso lo vimos ya en la tabla input-output de la economía valenciana de 1980 (TIOCV-80), elaborada por Prevasa, y también las posteriores de 1990 y 2000, elaboradas por el Instituto Valenciano de Estadística.⁹

En cuanto a las relaciones exteriores, podemos decir que la economía valenciana está significativamente más integrada en Europa que la española a pesar del aumento relativo de ésta en cuanto a las relaciones con el resto de socios de la UE en los últimos años. De hecho, la economía valenciana es, comparativamente, la economía más exportadora de mercancías de España. El grueso de su exportación va a la UE, alrededor del 70%, pero también es de Europa de donde viene la mayor parte de las importaciones, más del 63%, tal y como se señala en el capítulo 13. El turismo internacional –según las pautas que se explican en el capítulo 10– también es básicamente europeo tanto en el caso español como en el valenciano.

1.4 La estrategia competitiva tradicional

Como acabamos de subrayar, el exitoso modelo de crecimiento económico del último casi medio siglo se ha basado fundamentalmente en una estrategia competitiva empresarial centrada en los precios bajos. Una estrategia posible, fundamentalmente, en la medida en que los costes unitarios de producción (CUP), los costes de lo que se producía, eran relativamente bajos. La consecución de estos bajos CUP la propiciaban unos costes laborales unitarios (CLU) más bajos que los de sus competidores del entorno europeo.

Hay que recordar que los CLU dependen de los costes laborales (w)¹⁰ pero también de la productividad (y). Es decir: . De modo que, si bien es verdad que la productividad (y) era menor, los costes laborales (w) aún lo eran más.

Lógicamente, esta ventaja competitiva era mayor en las actividades productivas intensivas en la utilización del factor trabajo (L), en relación con el factor capital (K). Dicho en términos ecuacionales: si tomamos una función de producción, como la Cobb Douglas Y = Aka Lß, se trataría de aquellas actividades productivas donde el exponente ß sea mayor que a, teniendo en cuenta que a + ß = 1. Tanto la economía española como, sobre todo, la valenciana tenían una importante especialización en actividades productivas de este tipo.

Tenemos informatión para el período 1997-2005, período en el que, según la tabla 1.3 y el gráfico 1.6, se hace bien patente que las diferencias en salarios (w) de la economía española respecto a los de la UE-15 son mayores que en términos de productividad (y), lo cual hacía, como acabamos de mencionar, que los CLU españoles fueran más bajos que los europeos.

TABLA 1.3

Comparación magnitudes laborales entre España y la UE-15 (UE-15 = 100)

Fuente: INE y Eurostat.

GRÁFICO 1.6

Costes laborales, productividad y CLU de España frente a UE-15 (por kora, UE-15 = 100) (1995-2005)

Fuente: INE y Eurostat.

Todo ello ha tenido, como decíamos, unas aristas más agudas en el caso valenciano, ya que tanto los salarios (w) como los niveles de productividad (y) tradicionalmente han sido aún más bajos que los correspondientes españoles. Como ya pasaba en la relación España-UE-15, ahora observamos también que el diferencial salarial (coste laboral nominal por trabajador) era más grande que el diferencial de productividad y, por lo tanto, el resultado es que los costes laborales unitarios (CLU) en el País Valenciano eran menores que los medios españoles, tal y como indica el gráfico 1.7:

GRÁFICO 1.7

Coste laboral unitario en la economía valenciana (España = 100) (1995-2007)

Fuente: INE y elaboración de Cristóbal Andrés.

Todo ello ha permitido a la empresa valenciana tener una estrategia competitiva similar a la española –competir vía precios– pero de manera más intensa. Ha influido, lógicamente, que la especialización sectorial valenciana en actividades productivas intensivas en trabajo es aún mayor que en el caso español.

Un trabajo barato sólo es posible si el trabajo es abundante. Durante decenios, eso ha sido posible por los excedentes laborales agrarios (a veces, practicando la agricultura a tiempo parcial) y por los abundantes flujos migratorios. Esta movilidad poblacional –junto con la consolidación de un modelo turístico de masas, extrahotelero– ha puesto al sector de la construcción muchas veces en un papel ciertamente protagonista.

El dinamismo demográfico se ha mantenido en los últimos años mediante la inmigración exterior (capítulo 15). Así, el porcentaje de población extranjera ha aumentado espectacularmente desde 1998, un aumento mayor en el caso valenciano que en el español. En las comarcas alicantinas, el peso de la población extranjera se ha triplicado en poco más de una década y se aproxima al 20%, al sumar a la inmigración laboral la residencial.

Sin dejar a un lado, además, que un crecimiento económico de estas características ha propiciado a menudo altos costes sociales, urbanísticos y medioambientales. Efectivamente, en el ejercicio de reducción de los CUP, el empresario no ha dudado en continuar trasladando una parte de los costes de producción a la sociedad –transformándolos en exógenos– para preservar la supervivencia. Es el caso de los outputs no deseables, los residuos de afectación medioambiental, o de la práctica de la economía sumergida, para ahorrar costes fiscales o sociales, tal y como se explica sobradamente en los capítulos 4 y 5.

Ahora bien, el propio gráfico 1.7 muestra que, a pesar de todo, desde el 2004, la remuneración salarial crece a mayor ritmo que la productividad, lo cual erosiona las ventajas en términos de CLU hasta llegar a anular las ventajas relativas anteriores. De hecho, en el 2007, el nivel relativo era ya superior al de la media española, cerca del 102%.

Además, obviamente, los nuevos escenarios económicos mundiales (capítulo 15) están haciendo obsoletas claramente las ventajas de esta estrategia competitiva tradicional. Es decir, la intensificación del proceso de globalización y la emergencia de nuevos países industriales, la profundización en la integración y ampliatión de la Unión Europea así como la generalización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) exigen un cambio de estrategia competitiva. Un cambio de este patrón de ventajas competitivas basadas en costes bajos a otro basado en la tecnología y el capital humano.¹¹

1.5 Resumen y conclusiones

La economía española y la del País Valenciano llegaron más tarde –que otras de su entorno europeo– a los cambios estructurales que supusieron los procesos industrializadores contemporáneos. La fecha de 1959, con el Plan de Estabilización, es un hito ineludible al respecto.

A partir de entonces, la apertura hacia el exterior y la progresiva implantación de la lógica de mercado en la asignación de bienes y factores productivos las dotan de capacidad para recuperar el tiempo perdido. Desde entonces, el PIB se ha multiplicado por seis y la convergencia en términos de renta per cápita ha sido extraordinaria, si bien en el caso valenciano esta convergencia ha sido menor.

El éxito de este modelo de crecimiento económico ha sido cultivar ventajas competitivas en la lógica de los precios. Precios más bajos porque más bajos eran los costes unitarios de producción, muy propio de los países periféricos en el mundo avanzado.

Pero esta estrategia competitiva ha producido una especialización productiva en actividades intensivas en el factor abundante que ha sido el trabajo. Primero, por los excedentes procedentes del campo –y en el caso valenciano, además, por un saldo migratorio positivo explicable por los considerables contingentes de personas que llegaron de otras partes de España– y, en los últimos años, por los contingentes laborales masivos procedentes de dentro y de fuera de la Unión Europea.

El éxito del pasado supone vulnerabilidades para el presente y el futuro en los nuevos escenarios económicos, tal y como se explica en el capítulo 15, que cierra el libro. Como síntoma de lo que decimos, hay que señalar que el crecimiento de los últimos tiempos ha continuado basándose en la creación de puestos de trabajo, pero de puestos de trabajo de baja cualificación, por lo que el crecimiento de la productividad ha sido muy pobre, a diferencia de lo que pasaba en los años sesenta y primeros setenta.

En un mundo globalizado y con profundos cambios en la geografía de las ventajas competitivas como el actual, una economía que crece de esta manera está erosionando su propia competitividad y su capacidad de conseguir unos niveles de bienestar comparables a los de sus socios europeos.

PRÁCTICAS

Práctica 1.1 Macromagnitudes (1)

En una economía simplificada, en la que sólo se consideran tres sectores, se producen las siguientes transacciones:

– el sector primario vende al secundario por valor de 1.200 unidades monetarias (u. m.) y al terciario por valor de 800 u. m.;

– el sector secundario vende al consumo final por valor de 600 u. m. y al sector terciario por valor de 1.000 u. m.;

– finalmente, el sector terciario vende al consumo final por valor de 2.000 u. m.

De acuerdo con las definiciones correspondientes de los términos empleados, calcúlese para los varios sectores de esta economía:

– la producción efectiva de dicha economía;

– la producción final de la misma, y

– el valor añadido de los distintos sectores y del conjunto de la economía.

Práctica 1.2 Macromagnitudes (2)

Explíquense los tres métodos de estimación del Producto Interior Bruto (PIB). Asimismo, a partir de la información contenida en la tabla P.1.1, calcúlense los valores de las variables macroeconómicas en las que figura un interrogante.

TABLA P.1.1

Cuadro macroeconómico de la economía española en el 2006 (adelanto)

(*) Instituciones sin finalidades de lucro al servicio de los hogares.

(**) Administraciones públicas

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España.

Práctica 1.3 Tabla input-output

Con la información recogida en la tabla P.1.2:

a) Identifíquese e interprétese el significado de las tres tablas (subtablas) que comprende la tabla P.1.2.

b) Identifíquese el valor del reempleo del sector servicios y explíquese su significado.

c) Para el sector (rama) industria, analícese la estructura de los inputs y de los outputs: a) Calcúlense los inputs utilizados, el valor añadido generado, la demanda intermedia y la demanda final. b) Demuéstrese numéricamente que el total de lo que produce este sector (output total) es igual al total de lo que utiliza (input total).

4) Calcúlese la producción final y el valor añadido de esta economía.

5) Defínase el concepto de un coeficiente técnico, y calculad los siguientes coeficientes: a_u, a₂₃ y a₃₂.

TABLA P.1.2

Input-Output

Práctica 1.4 Índices de volumen encadenados

Suponiendo que una economía produce cuatro bienes finales (no intermedios), con los datos de la tabla P. 1.4, sobre la cantidad producida y el precio de cada bien a lo largo de un período de tres años:

a) Calcúlese el PIB de la economía a precios corrientes de cada año y exprésese como un índice de valor, tomando como referencia el año 0.

b) Obténgase el valor del PIB a precios constantes del año 0 (base fija) y exprésese en forma de índice con referencia al año 0.

c) Determínese el valor del PIB de cada año a precios del año anterior (base móvil).

d) Obténgase una serie de índices de volumen encadenados para el PIB, tomando como referencia el año 0.

TABLA P.1.4

Precios y cantidades de los bienes A, B, C y D en los años 0, 1 y 2.

Práctica 1.5 Tasa de variación simple y tasa de variación media anual acumulativa

Utilizando la informatión contenida en la tabla P.1.5:

a) Calcúlese la tasa de variación simple del PIB nominal de la Comunidad Valenciana y España entre los años 2000 y 2007.

b) Obténgase la tasa de variación anual media acumulativa del PIB nominal de la Comunidad Valenciana y España bajo el supuesto de capitalización discreta y frecuencia de capitalización anual.

c) Obténgase, para el mismo período, la tasa de variación media anual acumulativa del PIB nominal de la Comunidad Valenciana y España bajo el supuesto de capitalización continua.

TABLA P.1.5

Producto Interior Bruto de España y la Comunidad Valenciana en miles de euros, a precios corrientes

Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Regional, INE.

Práctica 1.6 Aplicaciones de las tasas de variación

El PIB de la Comunidad Valenciana en el 2007 era de 21.239 euros por habitante. En ese mismo año, este indicador era de 30.599 en el País Vasco.

a) Suponiendo que la economía valenciana crece a una TVMAA (capitalización continua) del 2% anual, ¿cuántos años tardará en alcanzar el PIB por habitante de los vascos de 2007?

b) Suponiendo que la economía valenciana crece a una TVMAA del 3% y la vasca del 2%, ¿cuántos años pasarán hasta que converjan los PIB por habitante de ambas economías?

b) Suponiendo que el PIB por habitante en Cataluña crece a una TVMAA del 5%, ¿cuántos años tardará en duplicarse?

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— (2004): «Introducció» en «València, un país també en una cruïlla económica», Serra d’Or, 533.

* Agradezco las sugerencias del profesor Cristóbal Andrés. En la redacción de las prácticas de este tema han participado los profesores José Honrubia, Salvador Gil Pareja y Andrés J. Picazo.

1. A diferencia de lo que pensaban los ludistas, obreros que destruían máquinas en el siglo XIX, el uso de más capital por unidad de trabajo (la intensificación de la capitalización) se ha considerado compatible con el mantenimiento de las proporciones que representan las retribuciones a los factores en la distribución de una renta creciente, hecho que indica que los trabajadores participan de las mejoras conseguidas por el aumento de los salarios reales y también por la generación de trabajo en actividades nuevas (Pérez, 2007: 30).

2. Recordemos que este tipo de indicadores son cocientes y que, por lo tanto, su evolución comparativa depende tanto del numerador (aproximación a la producción económica agregada) como del denominador (población).

3. La apertura al exterior se hace poco a poco pero de modo ininterrumpido hasta nuestros días. Tiene algunas fechas significativas: 1963, entrada en el GATT; 1970, Acuerdo de Preferencias Arancelarias con la CEE (como sucedáneo de la negativa de Bruselas a la demanda de adhesión de España a la CEE puesto que no disponía de credenciales democráticas); 1985, la deseada firma del acuerdo de adhesión a la Comunidad Europea (que se había ampliado previamente con Dinamarca, Irlanda, Gran Bretaña y Grecia y que se hace simultáneamente con Portugal); 1989, entrada al Sistema Monetario Europeo (antesala de la unión monetaria); 1993, acuerdos de Marruecos de la Ronda Uruguay de GATT (ahora OMC) y Mercado Único Europeo (y ampliación de la UE con Suecia, Austria y Finlandia); 1999, Unión Monetaria y creación del euro; 1 de mayo de 2004, nueva ampliación de la UE hacia el este con 10 países más; y 2007, otra ampliación con Rumanía y Bulgaria.

4. En este contexto, hay que añadir la ordenación de aspectos o sectores económicos básicos, como la fijación de la paridad de la peseta con el dólar, según las instrucciones del FMI, la nueva normativa del sector bancario que se desprende de la Ley de bases de ordenación bancaria de 1962 o una cierta planificación indicativa, con los planes de desarrollo de los años sesenta y principios de los setenta, de pobres resultados.

5. Aun así, en esta época se ponen en funcionamiento dos de las multinacionales más significativas en territorio valenciano: la Ford y la IBM (esta última abandonó a principios de los noventa la factoría de la Pobla de Vallbona, dejándola en manos de una empresa proveedora de materiales informáticos, la MSL y, posteriormente, vendida a la canadiensa Celestica que dedica la factoría valenciana a la fabricación de circuitos eléctricos y productos para los sectores aeroespacial, médico, industrial y de la automoción). Las dos, junto con alguna que llegó posteriormente, como Alsthom –que adquirió la empresa de material ferroviario Macosa y que ha sido vendida finalmente a la alemana Vossloh–, contribuyeron no sólo a ampliar nuestra capacidad productiva, sino también a mejorar la cultura de la calidad de muchas de las pymes (pequeñas y medianas empresas) valencianas proveedoras suyas que, posteriormente, conseguirían ganar nuevos clientes y nuevos mercados.

6. Es especialmente interesante hacer patente que la práctica de políticas económicas propias para el conjunto de un país como el valenciano ha resultado un factor muy importante en la vertebración de la sociedad valenciana. El tejido empresarial valenciano tendrá por primera vez un interlocutor público que pueda responder con precisión a sus demandas además de un marco de relaciones sociales y políticas unitario.

7. Normalmente se entrecruzan factores de oferta y factores de demanda en la explicación del ciclo. Además, hay que saber que las políticas públicas para corregir estos desequilibrios pueden contribuir también a las fluctuaciones. En todo caso, se debe distinguir entre el PIB potencial o de equilibrio, es decir, el que se habría obtenido utilizando la capacidad productiva instalada y ocupando a todos los trabajadores disponibles, y el PIB real, el que resulta de los desequilibrios nombrados anteriormente (Myro, 2007: 64).

8. A causa de que, por su propia naturaleza, muchas de las actividades terciarias no pueden incorporar progreso tecnológico al proceso productivo y, por lo tanto, no pueden aumentar la productividad. Además, es el sector en el que se da una competencia más imperfecta.

9. La tabla input-output de la Comunidad Valenciana de 1990 y la de 1995 (MIOCV-95) –esta última elaborada con nuestra nueva metodología armonizada de la UE, la SEC-95– confirman lo apuntado en las tablas anteriores, la TIOCV-80 y la TIOCV-90, sobre la baja articulación del sistema económico valenciano, su poca vertebración, especialmente en cuanto a la actividad industrial en la que muchos inputs son de procedencia exterior, al mismo tiempo que la producción tiene una clara orientación hacia la demanda final. Si bien hay que añadir que mientras el saldo de flujos comerciales con el resto de España es negativo, este saldo con el resto del mundo es bastante positivo, especialmente con el resto de la UE. Excepcionalmente, la restauración y hostelería, la construcción, los sectores agroalimentarios y los servicios prestados a las empresas son sectores con un alto grado de eslabonamiento o ataduras con otros sectores, tanto hacia adelante (que necesitan de la buena marcha del conjunto de la economía para ir bien) como hacia atrás (que tienen capacidad de estímulo de otros sectores), medidos en términos del coeficiente de Streit, y forman complejos industriales.

10. Que incluyen los salarios nominales y todos los gastos vinculados a éstos, particularmente las cuotas de la Seguridad Social.

11. Hay una definición «canónica» de la competitividad, hecha por la Comisión Europea (1999) en su Sexto Informe sobre la situación de las regiones europeas: «La habilidad de las compañías, industrias, regiones, naciones y regiones supranacionales de generar, al mismo tiempo que se ven expuestas a la competencia internacional, niveles relativamente altos de ingresos o empleo».

2. Las fuentes del crecimiento económico

Vicent Soler

Universitat de València

2.1 Introducción

El crecimiento –y el cambio estructural, también– de una economía, estudiado en el capítulo 1, puede explicarse de varias maneras. La más sencilla es la que entiende que el crecimiento económico (Y) puede deberse a un incremento de la población ocupada (L) y/o a un aumento de la productividad del trabajo (). O bien, por ambas cosas a la vez.

Para averiguar la contribución de cada uno de estos componentes al crecimiento económico se utiliza la llamada contabilidad del crecimiento, que aplica técnicas cuantitativas para medir la contribución de cada uno de estos componentes.

Partimos de la evidencia de que . Consiguientemente, en términos incrementales, podemos escribir que . Es decir, como acabamos de señalar, podemos cuantificar el crecimiento económico () como la suma del crecimiento del empleo () y el de la productividad ().

2.2 La contribución del empleo y/o de la productividad

Evidentemente, el crecimiento económico muestra diferentes contribuciones relativas del empleo y la productividad, según economías y períodos. Si comparamos, por ejemplo, el caso americano, el europeo y el español, encontramos que, para el período de 1961 al 2002, Estados Unidos (EE. UU.), para un crecimiento económico () de un 2,2% de media anual acumulativa, un 73% era atribuible al incremento de la productividad () y el 27% restante, al aumento del empleo (). En contraste con el caso europeo, porque aquí, para un crecimiento del 2,5% anual acumulativo, un 96% se atribuía al incremento de la productividad y tan sólo el 4% restante al aumento del empleo, según European Economy, una revista oficial de la Comisión Europea.

El caso español seguía las pautas europeas porque se atribuía el crecimiento económico anual medio (que fue de un 3,3%) en un 94% al crecimiento de la productividad y sólo en un 6% al aumento del empleo. Es decir, el crecimiento económico español se producía, según esta publicación, mediante el aumento de la productividad del trabajo y no tanto por el incremento del uso del factor trabajo, medido en términos de aumento de la población ocupada.

Ahora bien, para el período más corto (y reciente) de 1975 a 2002, la tasa de crecimiento medio anual acumulativo para la economía de EE. UU. era del 3,2% –mayor que para el período de 1961 al 2002–, y se atribuía a partes iguales (50%) al incremento de la productividad y al del empleo. Para la economía de la Unión Europea, el crecimiento calculado era menor, del 2,4%, del cual se atribuía un 75% al crecimiento de la productividad y el 25% restante al del empleo. Para España, el crecimiento económico calculado era mayor, del 2,8%, del cual se atribuía un 65% al crecimiento de la productividad y un 35% al del empleo.

Como se puede ver, en los tres casos el papel del crecimiento de la productividad ha disminuido en tiempos más recientes a la vez que ha aumentado el papel del crecimiento del empleo, aunque sigue habiendo diferencias significativas porque la contribución de este último era mayor en el caso de EE. UU. y siempre menor en los casos europeo y español.

Es importante destacar que este cambio se ha agudizado significativamente en los últimos años. Desde finales de los noventa, la principal contribución al crecimiento económico español la ha aportado el aumento de puestos de trabajo. Incluso, en la segunda parte de esa década, la contribución del crecimiento de la productividad fue negativa, como se puede comprobar en la tabla 2.1.

TABLA 2.1

Tasas de variación del VAB real, empleo (horas trabajadas) y productividad en la economía española (%)

Fuente: INE y elaboración FBBVA.

Como vemos, en los últimos años, el crecimiento económico se ha sostenido sobre la base del aumento del empleo, en contraste con los períodos anteriores, donde la fuente de crecimiento principal era el crecimiento de la productividad (en un 94%, para el período de 1961 al 2002, como señalaba más arriba European Economy). Además, sin crear el deseable círculo virtuoso entre crecimiento del empleo y crecimiento de la productividad.¹ Al contrario, se ha denotado una pérdida de aliento en el crecimiento de la productividad.

2.2.1 El empleo

Si nos centramos en el crecimiento de la población ocupada (), observaremos que depende del incremento de la población y de la parte de ésta que participa activamente en el mercado de trabajo (ocupados con relación a habitantes). Ahora bien, dada cierta población, depende de la tasa de empleo (ocupados con relación a la población potencialmente activa, la que está en edad de trabajar) y de la pirámide de edades (la cantidad de gente en edad de trabajar con relación al total de la población). A efectos de la contabilidad del crecimiento, estudiaremos sólo la tasa de empleo porque la pirámide de edades no es una variable estrictamente económica.

En cuanto a la tasa de empleo, también encontramos que los tres casos estudiados por European Economy son muy diferentes porque es mayor en el caso americano, una economía que acaba creciendo más, y menor en el caso europeo y, más aún, en el español (véase la tabla 2.2).

TABLA 2.2

Empleo

	Tasa de empleo (2002)	Número de horas efectivamente trabajadas*
EE. UU.	73,5	1.821
UE	64,5	1.490
España	59,0	1.816

* Al año, por trabajador.

Fuente: Eurostat.

Estos cálculos se refieren al número de personas ocupadas. Si precisamos los cálculos con el número de horas de trabajo realmente realizadas por trabajador, las cifras del trabajo realmente empleado en la actividad productiva cambian un poco, según matiza la columna de la derecha.

La razón de estas diferencias radica en lógicas cruzadas. En Europa (y en España) hay más vacaciones y días de fiesta y más presión sindical que en EE. UU. para limitar las horas de trabajo, hecho que reduce la cifra de horas efectivamente trabajadas al año. Sin embargo, en España, a diferencia de lo que ocurre en la UE y EE. UU., el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial es muy bajo (7,9%) en comparación con Europa (13,8%) y EE. UU. (13%), hecho que hace aumentar las horas efectivamente trabajadas por trabajador.

En todo caso, hay que constatar una paradoja en cuanto a que la gran creación de puestos de trabajo en España en los últimos años se haya dado con un lento crecimiento de la productividad, lo cual quiere decir que se creaban muchos puestos de trabajo pero que eran de baja cualificación. La paradoja radica en que una buena parte del empleo ha sido para personas cualificadas. De hecho, de los 7 millones de puestos de trabajo creados entre 1997 y el 2007, 3,2 millones han sido de nuevos trabajadores con formación profesional II o universitarios.

En el País Valenciano, como en toda fase expansiva, la capacidad de creación de puestos de trabajo ha sido superior entre 1994 y el 2007, porque su estructura productiva está especializada aún más que la española en actividades productivas intensivas en factor trabajo, como se ha reiterado más arriba.

Por la misma razón, la crisis económica posterior destruye más puestos de trabajo que la media española, habida cuenta de que los sectores más afectados por la crisis (ciertos servicios y construcción) son, efectivamente, muy intensivos en trabajo.

2.2.2 La productividad

Como fuente de crecimiento, sin embargo, la pieza clave es el crecimiento de la productividad (), sobre el que descansa en última instancia no sólo la competitividad de una economía, sino también su capacidad productiva y, por lo tanto, el número de trabajadores (L) a medio y largo plazo.

Pues bien, el crecimiento de la productividad () se atribuye al progreso técnico (λ)² y a la intensificación de la capitalización (el aumento del capital por trabajador, , ponderado en α.³ Es decir, en términos de ecuaciones, .

Dicho esto, hay que recordar lo que ya se ha señalado más arriba en cuanto a las trayectorias diferentes de la productividad en las diversas partes del mundo y, concretamente, en EE. UU. y Europa. Por ejemplo, en Europa, el intenso crecimiento de la productividad anterior se desacelera a partir de los años setenta: del 3,4% anual entre 1966 y 1975 al 0,9% entre 1996 y el 2004. En España, peor: del 5,4 al 0,7%. Aunque las cifras son mejores si se realizan por hora efectivamente trabajada, debido a la reducción de la jornada laboral (Reig, 2007: 59).

Asimismo, hay que tener en cuenta que esta desaceleración europea no ocurre en Estados Unidos, donde la desaceleración de la productividad deja ya de operar en los años ochenta y se invierte posteriormente. Hay, por lo tanto, en los últimos años un cese de la convergencia de la productividad del trabajo entre Europa y EE. UU.

Además, los factores de crecimiento de la productividad desempeñan un papel diferente a cada lado del Atlántico. En EE. UU. el principal factor es el incremento de la productividad total de los factores (PTF), por el gran desarrollo de las TIC, la mejora de costes por el proceso de desregulación y por las economías de escala en el sector de la distribución comercial, principalmente. En la mayoría de las economías con mayor crecimiento de la productividad, efectivamente, ha sido importante la presencia de un sector productor de bienes TIC potente. Es el caso de Finlandia, Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido. En contraste, en Europa en general, lo que ha contado más es la elevación de la ratio capital/trabajo (), la intensificación de la capitalización, .

Las diferencias son más acusadas en el caso español. De hecho, la tasa española de inversión de capital sobre el PIB continúa aún siendo más de un 20%, superior a la media europea. Las razones son la necesidad de introducir el progreso técnico incorporado a los nuevos bienes de capital, el encarecimiento relativo del factor trabajo y el mayor peso, en el PIB, de las industrias y servicios intensivos en capital. La dotación de capital de la economía española ha conseguido así ir convergiendo con la de los otros países de la OCDE, donde, por otro lado, se ha hecho patente la lógica de los rendimientos decrecientes en la acumulación de capital.

En el 2003, la dotación de capital de la economía española era del 90% sobre el 100% de la media europea o el 107% de EE. UU. (De la Dehesa, 2003). De hecho, según Myro (2007: 58), la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la productividad desde finales de los años setenta se atribuye más al estancamiento del progreso técnico que a la caída de la intensificación de la capitalización. Realmente, lo que se da es prácticamente un estancamiento en el crecimiento, cuando no un crecimiento negativo, de la PTF.⁴

Ahora bien, algunas de las causas del lento crecimiento de la productividad tienen naturaleza estructural, tienen que ver con la especialización productiva, la composición de la inversión y la organizatión de las actividades productivas. Sin embargo, hay que insistir en que las transformaciones estructurales tienen su origen en el progreso científico y tecnológico, el cual es relevante para su continuidad. Además, su efecto sobre la competitividad depende de la velocidad relativa de este progreso respecto al de los países competidores.⁵

Al menos, en el gráfico 2.1 se sintetiza la importancia relativa de las fuentes de crecimiento de la productividad del trabajo (en el sector privado, que es el más representativo en este orden de cosas) para economías de referencia: País Valenciano, España, UE-15, Japón y EE. UU. Las fuentes del crecimiento que se destacan en él son la intensificación de la capitalización (se distingue entre capital de las TIC y capital no-TIC), la mejora de la cualificación y composición del trabajo (capital humano) y la PTF.⁶

GRÁFICO 2.1

Las fuentes del crecimiento. Productividad del trabajo del sector privado. 1995-2000 frente a 2000-2005 (%)

* No incluye a Portugal, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Suecia.

Fuente: INE, EU KLEMS Database, marzo (en línea <http://euklems.net>) y elaboración de Matilde Mas.

Como se puede comprobar ahora gráficamente, es el lento crecimiento de la PTF el factor que explica la diferencia en los avances de productividad observados entre EE. UU. y la UE. En el caso valenciano y español, el tema se agrava porque la PTF acaba teniendo una contributión negativa en el crecimiento de la productividad.

En contraste, las dotaciones de capital TIC por trabajador han contribuido de forma positiva, y tres veces más que su peso en la economía, al crecimiento de la productividad del trabajo en el País Valenciano. En el último período, 2000-2005, se observa una fuerte aceleración en la contribución del capital no-TIC al crecimiento de la productividad de la economía valenciana.

El comportamiento agregado, sin embargo, puede ofrecer una visión distorsionada de la realidad porque los comportamientos de los sectores pueden ser muy distintos. E, incluso, dentro de cada sector, la eficiencia de las empresas puede ser también muy diferente.

2.3 La geografía de la productividad

La intensidad del crecimiento de la productividad y los componentes que explican esta intensidad cambian en el tiempo pero también en el espacio, como se ha señalado antes. De hecho, un tema siempre sobre la mesa es el de la convergencia real a escala territorial; a todos los niveles. Desde el mundial –con el gran agujero negro del África subsahariana– al valenciano –con el desequilibrio entre las comarcas de la costa y las del interior–, pasando por el europeo –donde tantos esfuerzos se han puesto para incentivar la convergencia mediante los fondos estructurales y los de cohesión.

En España, concretamente, tenemos estudios que, utilizando conceptos como el de σ y ß convergencia (que se estudiarán más profundamente en el capítulo 3), permiten concluir que hay una ligera convergencia en productividad de trabajo entre las diversas comunidades autónomas; también que las diferencias más pequeñas se encuentran en las dotaciones de capital TIC y en la cualificación de la fuerza del trabajo y que ambos tienen un perfil convergente. Por el contrario, las dotaciones en infraestructuras mostraron un perfil ligeramente divergente.

Dicho esto, vale la pena comparar los casos español y valenciano al respecto. Históricamente podemos hacer algunos apuntes interesantes a partir del trabajo de Picazo y Reig (2001), que corresponden al período 1964-1993, tal y como indica la tabla 2.3.

TABLA 2.3

Fuentes del crecimiento económico (1964-1993)

	() A% anual acumulativo	Componentes, en porcentajes
		() ∆ productividad	() ∆ empleo
España	3,7	114	–14
País Valenciano	4,3	98	2

Fuente: Picazo y Reig (2001).

Según estos autores, el crecimiento de la economía valenciana fue superior al de la española en este período: de un 4,3% de media anual acumulativa frente a un 3,7%. Estos crecimientos son atribuibles, en el caso valenciano, en un 98% al incremento de la productividad del trabajo y en el 2% restante al aumento del empleo, y en el caso español, en un 114% al incremento de la productividad y en un –14% a la variatión del empleo.

Como la tasa de incremento de la productividad del trabajo es prácticamente similar (la valenciana era tan sólo seis centésimas mayor que la española), en ambos casos, el diferencial de mayor crecimiento económico valenciano (que era de seis décimas) estaba asociado a la mayor tasa de empleo. Hecho que se explica porque el modelo de crecimiento valenciano se basaba, como hemos reiterado ya antes, en un uso relativamente más intensivo de factor trabajo no cualificado.

Este uso intenso de trabajo no cualificado explica en buena medida que las actividades económicas valencianas tuvieran un nivel de productividad del trabajo inferior al español, excepto en el sector de la constructión (Reig y Picazo, 1997: 137), aunque este sector tiene, en general, una capacidad muy exigua de aumentar el nivel de productividad.

Ahora bien, como también sabemos, estos diferenciales negativos de productividad del trabajo (y) no significaban unos mayores costes del factor trabajo –en términos del coste laboral unitario– porque iban acompañados de unos diferenciales negativos aún mayores de los salarios (w). He aquí, como ya se ha señalado en el capítulo 1, que la economía valenciana sostenía unas ventajas competitivas en muchas de sus actividades productivas, principalmente en las de trabajo intensivo.

En cuanto a la descomposición del incremento de la productividad del trabajo, la tabla 2.4 muestra cómo se atribuía, en el caso valenciano, en un 33% a la intensificatión de la capitalizatión y en el otro 67% al aumento de la PTF. Mientras que, en el caso español, la atribución a la intensificatión de la capitalizatión era del 31% y el otro 69% era atribuible al aumento de la PTF (recordemos que estamos utilizando datos de referencia diferentes de los de Eurostat). Es decir, una ligera mayor contributión de la intensificatión de capitalizatión que de la PTF en el caso valenciano respecto al español (Picazo y Reig, 2001: 34).

TABLA 2.4

Productividad (1964-1993)

	() Á% anual acumulativo	Componentes, en porcentajes
		() Intensificación de capital*	∆ PTF
España	4,18	31	69
País Valenciano	4,24	33	67

* ∆ de capital por trabajador.

Fuente: Reig y Picazo (1997: 135), referida sólo al sector privado de la economía.

Hay que añadir que, pese al esfuerzo inversor realizado por el sector privado valenciano (que había quintuplicado las dotaciones de capital entre 1964 y 1993, y que en términos por trabajador había crecido más que el español), había aún una situación de infracapitalización respecto a la media española en cuanto al capital productivo (Picazo y Reig, 2001: 36). Si bien deberíamos matizar que una buena parte del capital acumulado era capital residencial (viviendas de todo tipo) y no capital productivo.

Más recientemente, los datos sobre la economía valenciana confirman que el crecimiento se ha basado únicamente en el aumento del empleo. Estos mismos datos informan de que la productividad ha llegado a tener una contribución negativa al crecimiento de la economía durante varios años, tal y como señala la tabla 2.5:

TABLA 2.5

Variación interanual Comunidad Valenciana, en porcentaje (2001-2007)

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2000 (INE).

Un panorama aún más gris que el de la economía española. Y eso viene de hace tiempo. En el gráfico 2.2, observamos cómo el crecimiento medio de la productividad en el País Valenciano es inferior al español desde que entramos en la Unión Europea, en 1986.

GRÁFICO 2.2

Productividad del trabajo, tasas de variación (1985-2007), en porcentaje

Fuente: INE y elaboratión de la FBBVA.

El resultado de todo esto es que el nivel de productividad de la economía valenciana continúa siendo más bajo que el de la española, como se ha visto en el epígrafe sobre la estrategia competitiva del capítulo 1 y, concretamente, en el gráfico 1.7, el gráfico sobre los niveles relativos de CLU valencianos sobre la media española. Asimismo, hemos comprobado en el gráfico 2.1 de este capítulo 2, el que compara las fuentes de crecimiento de la productividad de las diversas economías, que el componente que resta dinamismo a la productividad de la economía valenciana es la productividad total de los factores, similar al caso español y en contraste con el caso europeo, el japonés o el americano.

2.4 La productividad total de los factores (PTF)

2.4.1 Territorio, infraestructuras, capital humano, capital tecnológico y cambio estructural

Como acabamos de ver, la mejora de la eficiencia de la economía –aproximada por la variable PTF– tiene un papel muy importante en la lógica del crecimiento económico. Antes de seguir, sin embargo, vale la pena que recordemos que la llamada PTF, en principio, era una caja negra, en términos de Robert Solow, que incluía todo aquello del crecimiento económico no explicado por el mayor uso de los factores de producción, capital y trabajo, y que estaba asociada fundamentalmente al progreso técnico (λ). Pero economistas posteriores a Solow registraron dentro de la caja y pudieron extraer otras evidencias.

En primer lugar, encontraron que el territorio también cuenta, que las características del territorio afectan evidentemente al grado de eficiencia de la economía: tanto como productor de recursos y receptor de los residuos –de los outputs no deseables– de la actividad económica, como también en la conformación de economías o deseconomías externas para las empresas. De hecho, ninguna actividad económica se localiza aleatoriamente en el territorio. Todo el mundo busca la mejor localización en la búsqueda de las mejores condiciones para la actividad económica que quiere emprender. Por ello, es trascendental organizar el territorio de la mejor manera posible, tal y como se estudia en el capítulo 4.

En relación directa con la importancia de una buena organización del territorio, hicieron patente que las infraestructuras –principalmente, capital físico público– tenían también un papel importante en la consecución de estas mejores condiciones para la actividad económica porque podían favorecer la accesibilidad –un túnel, un puerto, un aeropuerto o una carretera– o mejorar el medio natural –una depuradora de aguas, por ejemplo–. En definitiva, las infraestructuras crean economías externas en los entornos en los que se localizan, tal y como se hace patente analíticamente en el capítulo 6.

Del mismo modo, contar con gente preparada, con trabajadores formados, incide igualmente, y de manera sensible, en la mejora de las condiciones para el crecimiento económico. Por ello el capital humano –los recursos humanos cualificados– también se debe tener en cuenta cuando se valora lo que puede explicar el aumento de la eficiencia de una economía (capítulo 5). Y relacionado con el capital humano, hay que añadir el capital tecnológico (capítulo 6), la dotación de conocimientos –que permite el progreso tecnológico– con la que cuentan la economía y la sociedad.

Pues bien, la contabilidad del crecimiento también entra en la consideración de los componentes que hacen aumentar la PTF, la eficiencia de la economía. Por ejemplo, Reig y Picazo (1997) consideran dos de los factores que hemos mencionado antes a la hora de precisar las razones del crecimiento de la PTF: el capital público o infraestructuras y el capital humano. Pero también consideran un residuo conjunto para el resto de componentes, si bien enfatizan que lo que puede sintetizarlos es el cambio de la estructura productiva de la economía. Lo hacen, sin embargo, para el período 1964-1991.

Según estos autores, la PTF había crecido tanto en el caso español como en el valenciano: la tasa media de crecimiento en el período mencionado había sido del 3,03% en la economía española y del 3,11% en la valenciana, tal y como muestra la tabla 2.6.

Pero si analizamos la descomposición de la PTF (si la eficiencia ha crecido por aumentos del capital público, y/o del capital humano y/o por cambios de la estructura productiva), ponemos de manifiesto que son, efectivamente, los cambios en la estructura productiva, es decir, la reasignación de recursos, los que principalmente explican la alta tasa de crecimiento, tanto en un caso como en otro, pero más aún en el valenciano.

TABLA 2.6

PTF (1964-1991)

Fuente: Reig y Picazo (1997: 152).

Así pues, el profundo cambio de la estructura productiva española y valenciana, que había implicado un importante transvase de recursos entre sectores –un poco más intenso en el caso valenciano, como mostraban las tablas 1.1 y 1.2 del capítulo 1–, había reforzado el proceso de crecimiento y de modernización productiva porque había tenido lugar desde actividades menos productivas, como la agricultura, a otras que lo son más (industria y servicios).

Evidentemente, el comportamiento negativo de la PTF posterior –recordamos el gráfico 2.1 de este capítulo 2– viene explicado, en buena parte, porque, agotada la etapa de cambios estructurales en profundidad, el progreso técnico no ha implementado suficientemente las mejoras de la eficiencia de la economía que la PTF debe poner de manifiesto.

2.4.2 El capital social

Finalmente, en la lógica del crecimiento económico, en el lado del importante papel que tenían los factores económicos que hemos mencionado hasta ahora, también operaba de manera significativa lo que se acordó en llamar capital social (Putnam et al., 1993; Putnam, 2000), porque había evidencia de que una determinada organización social, con valores idiosincrásicos que facilitan la confianza para la coordinación y la cooperación para beneficio mutuo, contaba también en la lógica del crecimiento económico, ya que se reducían los costes de transacción, particularmente en entornos de incertidumbre.

Hay que tener en cuenta que, cuanto más avanzada y compleja es una economía, mayor es su eficiencia potencial, pero también son más frecuentes las transacciones en las que existe una cierta dosis de incertidumbre. De todos modos, hay que reconocer que es difícil de cuantificar, y más difícil aún de precisar, si el capital social es aditivo o multiplicativo respecto a los otros factores de crecimiento.

Putnam (1993) puso el ejemplo italiano donde, en un marco estatal único y a raíz de una regionalización uniformista, las tasas de crecimiento del norte y de la Terza Italia (hasta Roma por el sur) eran muy superiores a las del Mezzogiorno (de Nápoles a Sicilia) por razones derivadas de la diferente dotación de capital social. Un capital social que comprende las instituciones formales y, sobre todo, las informales. Es, en realidad, una atmósfera.

En cuanto a las instituciones formales, cuenta el marco jurídico y jurisdiccional, y las formas asociativas y cooperativas de todo tipo. Sin embargo, en primer lugar, cuenta el modelo de estado y los procesos de integración política supraestatal. En el caso español y valenciano cuentan los profundos procesos de descentralización política mediante las administraciones autonómicas y locales, por una parte, y, por otra, el avanzado proceso de integración continental en el seno de la unión económica y monetaria europea.

Todos estos factores pueden incrementar la eficiencia económica y el bienestar colectivo si permiten mejorar la responsiveness, es decir, la capacidad del sector público para responder bien a los problemas concretos de la población. Ahora bien, para que todo eso sea eficaz, las competencias políticas se deben ejercer bajo los principios de subsidiariedad y de colaboración y coordinación interinstitucional e interterritorial, incluida, naturalmente, la transfronteriza.

Ahora bien, las instituciones informales son tan importantes o más que las formales. Destaca, en primer lugar, la existencia de cultura empresarial, un activo intangible determinante como factor de crecimiento. Esta cultura empresarial se refiere principalmente al papel del empresario (como artífice principal del complejo proceso de la actividad de la empresa) ante los retos permanentes del mercado que exigen una actitud muy activa, inductora de la innovación continua, de la calidad de los procesos y de los productos, y de la búsqueda permanente de nuevos nichos.

Pero esa actitud empresarial depende mucho de la estructura de la propiedad. En España, por ejemplo, hay una estructura de la propiedad muy concentrada (el accionista principal suele controlar la mayoría de las acciones, al contrario de lo que ocurre en el modelo anglosajón), sobre todo en las empresas pequeñas, que son, además, de carácter familiar. Pues bien, la empresa familiar sacrifica a menudo potencial de crecimiento al mantenimiento del control interno. Por lo tanto, se puede convenir que la estructura del accionariado no debería ser un obstáculo para el crecimiento si se abandonaran ciertas actitudes conservadoras (Costa, 2003: 165). Estamos hablando de problemas de agencia.

Finalmente, también cuenta el entorno empresarial, particularmente en el mundo de las pequeñas y medianas empresas –que constituyen la dimensión característica del tejido empresarial español y valenciano–, donde es muy difícil obtener economías internas a la empresa y son muy altos los costes de transactión, los costes de relación con el resto de agentes económicos y sociales. En este sentido, conviene cultivar las economías externas más convenientes, como, por ejemplo, las que potencialmente se dan en las aglomeraciones territoriales de actividades económicas del mismo tipo, el efecto distrito industrial⁷ (Becattini, 1979: 1.1; 2002).

2.5 El nivel de bienestar

2.5.1 Renta per cápita: productividad y tasa de empleo

El nivel de bienestar de una sociedad depende en buena medida de la capacidad de conseguir un crecimiento sostenible económica, social y medioambientalmente. La productividad del trabajo no sirve, por lo tanto, sólo para explicar el crecimiento sostenible y la competitividad de una economía, sino también para explicar el nivel de vida de la población.

Y eso también es tarea de la contabilidad del crecimiento. Porque, si convenimos que el indicador sintético más conveniente para evaluar el nivel de vida es la renta per cápita, es obvio que este indicador está claramente relacionado con el de productividad del trabajo. Aunque deberíamos añadir que la diferente tasa de utilización del trabajo potencial (de la población en edad de trabajar), es decir, la diferente tasa de empleo, pero también la diferente cantidad de horas trabajadas por trabajador, puede hacer divergir los niveles relativos de la productividad y los de la renta per cápita entre países, como muestra la tabla 2.7.

TABLA 2.7

Niveles de PIB per cápita y de productividad* (2002)

	PIB per cápita	Productividad
		Por ocupado	Por hora trabajada
EE. UU.	139	132	115
UE	100	100	100
España	85	91	81

* EU = 100, en paridad de poder adquisitivo (PPA)

Fuente: Eurostat.

Es decir, la renta por habitante y la productividad por hora pueden comportarse de manera diferente porque entre estas dos variables se interponen dos factores: las horas trabajadas por ocupado y la tasa de empleo (asociada a la relación entre la cantidad de gente que trabaja y el conjunto de la población).

Efectivamente, como se puede ver, las diferencias entre España y EE. UU. y la UE, en términos de PIB por habitante (una buena aproximación a la magnitud de renta per cápita), eran más pronunciadas en el 2002 que las de productividad por trabajador, debido a que las tasas de empleo americana y europea eran más altas que la española.

Ahora bien, estas diferencias cambian cuando hacemos la comparación con la productividad por hora trabajada, ya que las horas efectivamente trabajadas por trabajador en EE. UU. y en España eran más que en el caso de la media de la UE. Por ello, las diferencias aún eran más grandes en el caso americano, pero se acortaban en el caso europeo, ya que la cantidad de horas trabajadas por trabajador en el caso español era superior a la media europea.

En todo caso, el comportamiento de la renta per cápita en los últimos años ha sido positivo, como señala el gráfico 2.3.

Ahora bien, la convergencia relativa en renta per cápita valenciana y española con la UE (aparte del efecto estadístico de las sucesivas ampliaciones con países de menor nivel de renta que hacen bajar la media) en los últimos años se ha basado en que se trabaja más horas que en Europa y, sobre todo, en que ha aumentado la tasa de empleo.

Desgraciadamente, no se ha basado en una mejora relativa en términos de productividad, sino al contrario, como muestra fehacientemente el gráfico 2.4.

GRÁFICO 2.3

Renta per cápita (1995-2007) (dólares EKS PPP de 2007)

Fuente: INE, GGDC Total Economy Database, enero 2008 (en línea <hhttp://www.ggdc.net>), EU KLEMS Database, marzo 2008 (en línea <http://euklems.net>) y elaboración de Matilde Mas.

GRÁFICO 2.4

Renta, empleo y productividad (1985-2007) (1985 = 100)

Fuente: INE, GGDC Total Economy Database, enero (en línea 2008 <hhttp://www.ggdc.net>), EU KLEMS Database, marzo 2008 (en línea <http://euklems.net>) y elaboración de Matilde Mas.

2.5.2 Distribución de la renta

En España, también ha mejorado la equidad en la distribución espacial, tal y como se estudiará más detenidamente en el capítulo 3. Ahora bien, hay que recordar que todo crecimiento económico, desde esta perspectiva espacial, comporta normalmente (cuando hay movilidades de factores y el mismo entorno institucional) dos procesos diferentes: uno de convergencia en términos de renta per cápita y otro de divergencia en términos de producción, que acentúan los fenómenos de polarización espacial.

El primero de estos procesos se basa en el supuesto de rendimientos decrecientes del capital y, por lo tanto, las funciones de producción de las zonas retrasadas tenderán a sustituir trabajo por capital (modelo neoclásico). El otro proceso cuestiona el marco analítico neoclásico y se explicaría por lo que Krugman valora como importante: los factores geográficos que van desde las características del medio físico hasta las sociales, entre las que hay que destacar la cultura emprendedora que haya (Parellada, 2007: 336).

En este sentido, se forman claramente dos períodos en cuanto a la intensidad en estos dos procesos, con un punto de inflexión en 1979: antes, de mucha intensidad y, después, de mucha menos. Además, mientras en el primer período las diferencias en términos de renta per cápita se explicaban básicamente por los diferenciales en los niveles de productividad (excepto en los casos de Valencia y Aragón); en el segundo período, cada vez más por las diferencias en la tasa de empleo (también con la excepción valenciana).

Después de cuanto se ha dicho, hay que hacerse una pregunta clave: qué grado de igualdad tiene la distribución personal de la renta. En una primera aproximación podemos decir que, en el País Valenciano, este grado es superior al español. De todos modos, todo eso se contestará con cálculos rigurosos en el capítulo 3.

2.5.3 El Estado del Bienestar

En cualquier caso, todos los cálculos que se hacen, o se pueden hacer, se realizan sobre la base de referencias monetarias explícitas. Detrás de todo están, básicamente, los ingresos de los trabajadores vía nómina, los salarios monetarios. Pero evidentemente, la calidad de vida no depende sólo de este tipo de ingresos. Depende también de la posibilidad de acceder de manera adecuada a servicios esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad o los servicios sociales en general.⁸

Por ello, el llamado Estado del Bienestar plantea que la producción equitativa y de calidad de este tipo de servicios por parte del sector público es una pieza clave en la consecución de una mejor redistribución de la renta. Es la mejor manera conocida de corregir la eficiente pero a menudo no equitativa asignación de recursos, y concretamente de la renta, por parte de las leyes del mercado. Significa, además, el salario social de los trabajadores.

Pese a la dificultad de cuantificar los aspectos que hacen referencia al bienestar de una colectividad, el Anuario Social de La Caixa del 2004 fijaba una posición intermedia de la sociedad valenciana respecto a la española. De los doce indicadores de bienestar, sólo en uno hay un nivel significativamente más alto (accesibilidad económica y seguridad vial); en cinco, la superioridad es muy ligera (servicios sanitarios, nivel de empleo, condiciones de trabajo, vivienda y equipamiento del hogar, y entorno y clima); en tres, el nivel es el mismo que la media española (renta, nivel de educación y convivencia y participación social), y, finalmente, hay tres en los que el nivel es, incluso, inferior a la media (salud, oferta de cultura y ocio, y seguridad ciudadana).

2.6 Resumen y conclusiones

2.6.1 Fuentes del crecimiento económico

La contabilidad del crecimiento puede explicar de manera sencilla las fuentes del crecimiento económico. Por ejemplo, estimando la tasa de crecimiento económico como la suma de la tasa de variación de la población ocupada y de la tasa de variación de la productividad.

Ahora bien, el papel de cada una de estas dos fuentes de crecimiento (el incremento de la población ocupada y el incremento de la productividad) varía en el tiempo y el espacio. Desde la perspectiva temporal, tanto en el caso español como en el valenciano, el incremento de la productividad desempeñó un papel fundamental en las décadas posteriores al Plan de Estabilización de 1959, mientras que, a partir de la segunda mitad de los noventa, su papel ha sido escaso, cuando no negativo. Dicho de otra manera: el crecimiento económico de estos últimos años se ha basado fundamentalmente en el aumento de la población ocupada.

Este patrón de crecimiento ha sido aún más exagerado en el caso valenciano que en el español. La razón estriba en que el modelo de crecimiento valenciano se ha basado, como quedó claro en el capítulo 1, en un uso relativamente más intensivo del factor trabajo no cualificado. De hecho, se puede constatar que la economía valenciana creaba relativamente más puestos de trabajo que la española, pero con unos niveles medios de productividad inferiores.

Ahora bien, como también sabemos, estos diferenciales negativos de productividad del trabajo (y) no significaban unos mayores costes del factor trabajo –en términos del coste laboral unitario (CLU)– porque iban acompañados de unos diferenciales negativos aún mayores de los salarios (w).

Así, pues, la economía valenciana sostenía unas ventajas competitivas porque su especialización productiva se daba, efectivamente, en actividades más intensivas en el uso de mano de obra. Pero esas ventajas se han ido desvaneciendo porque los CLU valencianos, en los últimos años, ya son superiores a los españoles, al haber aumentado más rápidamente los salarios que la productividad.

En todo caso, la intensidad del crecimiento de la productividad y los componentes que explican esta intensidad –la intensificatión de la capitalizatión (dotatión de capital por trabajador) y la eficiencia económica aproximada mediante la PTF– también cambian en el tiempo y en el espacio.

Con todo, un tema siempre sobre la mesa es el de la convergencia real, en términos de productividad del trabajo, desde el punto de vista territorial. En España, utilizando conceptos como el de σ y ß convergencia, se ve que hay una ligera convergencia entre las diversas comunidades autónomas. Un hecho que se explica por unas dotaciones de capital TIC y de capital humano con un perfil convergente. Por el contrario, las dotaciones en capital público (infraestructuras) muestran un perfil ligeramente divergente.

Asimismo, se comprueba que, actualmente y a diferencia de épocas anteriores, el componente que resta dinamismo tanto a la productividad de la economía valenciana como a la de la española es la PTF, al contrario que en el caso del conjunto de la UE, en el japonés o en el americano. Este comportamiento negativo de la PTF viene explicado, en buena parte, porque, agotada la etapa de cambios estructurales en profundidad, el progreso técnico no ha implementado suficientemente las mejoras de la eficiencia de la economía que la PTF pone de manifiesto.

2.6.2 Fuentes de bienestar social

El nivel de bienestar de una sociedad depende en buena medida de la capacidad de conseguir un crecimiento sostenible económica, medioambiental y socialmente. En una economía globalizada como la actual, tal y como se profundizará en el capítulo 15, un crecimiento económicamente sostenible se interpreta en términos de mantenimiento de la competitividad internacional. Una competitividad que se asienta básicamente en el incremento de la productividad del trabajo, cuyos componentes acabamos de estudiar.

Por su parte, la consecución de un crecimiento medioambientalmente sostenible exige tener en cuenta, además de la productividad, otros factores de índole territorial, como se hace en el capítulo 4. Preservar el medio ambiente significa fundamentalmente crecer sobre un medio físico con limitaciones, pensando en las condiciones de vida de las próximas generaciones.

Finalmente, el crecimiento socialmente sostenible focaliza su atención en las condiciones de vida de las generaciones actuales sin comprometer las de las próximas. Para medirlas disponemos de algunos indicadores sintéticos muy sólidos. El primero de los cuales es el PIB per cápita o renta per cápita o por habitante. En todo caso, este indicador también está relacionado con el de productividad del trabajo. Aunque no solamente con él, obviamente. Pensemos que el PIB de un país es el resultado del esfuerzo del conjunto de trabajadores. Dicho en términos contables, es el resultado de multiplicar la productividad media por el número de trabajadores.

Por lo tanto, si queremos saber el PIB por habitante convendremos que éste dependerá de la productividad, pero también de la tasa de utilizatión del trabajo potencial, es decir, de la cantidad de trabajadores ocupados con relación al conjunto de los habitantes del país. Naturalmente, esta tasa puede aproximarse sencillamente en términos de personas, mediante la tasa de empleo, o, de manera más precisa, teniendo en cuenta además la diferente cantidad de horas trabajadas al año por trabajador.

En este sentido, la convergencia relativa en renta per cápita valenciana y española con la UE (aparte del efecto estadístico de las sucesivas ampliaciones con países de menor nivel de renta que hacen bajar la media) puede explicarse más porque ha aumentado la tasa de empleo –y las horas efectivamente trabajadas– que no por una mejora relativa de la productividad.

Por su parte, desde 1959, se constata una convergencia relativa de la renta per cápita entre las comunidades autónomas españolas, pero simultáneamente se ha dado un proceso de divergencia en términos de producción que acentúa los fenómenos de polarizatión espacial. Esto se explica por la movilidad espacial de factores de la producción que acarrean desplazamientos de la población. Así, en algunos casos el aumento de la renta per cápita, que recordemos es un cociente, no se debe tanto al crecimiento del numerador, la renta, como a la caída del denominador, la población.

Hay que destacar que esta convergencia fue más intensa hasta 1979 y, además, explicada entonces fundamentalmente por los diferenciales en los niveles de productividad (excepto en los casos de Valencia y Aragón). Posteriormente, las diferencias se han debido más a las diferencias en la tasa de empleo (también con la excepción valenciana, donde se da un diferencial negativo mayor en productividad).

Finalmente, debemos poner de manifiesto que el nivel de bienestar también depende de otros factores, la mayoría asociados a la cohesión social. Uno de ellos es la mejor distribución personal de la renta en la lógica de la equidad, como se estudiará en el capítulo 3. Pero también a la posibilidad de acceder de manera adecuada a servicios esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad o los servicios sociales en general.

Estos bienes públicos conforman el llamado Estado del Bienestar y, de acuerdo con el modelo europeo de provisión de éstos, son las administraciones públicas las que deben plantear una producción equitativa y de calidad de éstos para tratar de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.

PRÁCTICAS

Práctica 2.1 Cambios estructurales y crecimiento económico

Con la informatión contenida en las tablas 1.1 (p. 39) y P. 2.1:

a) Analícese la cronología de los principales cambios que han tenido lugar en la estructura de la producción y el empleo en el País Valenciano y en España para averiguar si se corresponde con la de una economía second comer o de industrialización retrasada.

b) ¿Hay correspondencia entre los períodos de mayor crecimiento y los períodos de cambios estructurales más intensos? Razónese la respuesta.

c) Averígüense las semejanzas y las diferencias entre el caso valenciano y el caso español tanto en cuanto al crecimiento económico como al cambio estructural.

TABLA P.2.1

VAB, al coste de factores (tasas de crecimiento medias anuales) (1960-2007)

	País Valenciano	España
1960-73	7,0	7,0
1974-85	2,5	1,8
1986-89	5,4	4,8
1990-94	1,6	1,6
1995-02	3,8	3,4
2003-07	3,1	3,2

Fuente: FUNCAS.

Práctica 2.2 Determinantes del crecimiento de la producción y de la productividad

Con la información contenida en la tabla P.2.2:

a) Calcúlese el crecimiento de la productividad del trabajo en la Comunidad Valenciana y España en las tres etapas históricas y analícese la importancia relativa de la evolución del empleo y de la productividad en el avance del VAB real, teniendo en cuenta que el VAB real de una economía puede descomponerse como el producto de la productividad del trabajo (relación entre VAB y número de trabajadores) y el empleo:

y que, si tomamos logaritmos y diferenciamos respecto al tiempo, la tasa de variatión del VAB puede obtenerse como la suma de la tasa de variatión de la productividad y del empleo.

b) Obténganse la tasa de progreso técnico y la contribución relativa de ésta y del avance de la dotación de capital por trabajador al crecimiento de la productividad, teniendo en cuenta que,

es decir, que la tasa de variación de y (productividad) depende de λ (el incremento de eficiencia, ligado al progreso técnico) y de la tasa de variación de k (la intensificación de capital, por trabajador), y que suponemos un valor de a = 0,27.

TABLA P.2.2

VAB, empleo y dotación de capital por trabajador en el País Valenciano y España (tasas de variación media anual acumulativa) (1964-2007)

Fuente: Fundación BBVA y actualización de Matilde Masía.

Práctica 2.3 Determinantes del PIB per cápita y el empleo per cápita

Con la información contenida en la tabla P.2.3:

a) Analícese el origen de las diferencias del PIB por habitante entre las comunidades autónomas –tomando como referencia los datos de España–, para averiguar si las diferencias se deben a diferencias en la productividad aparente del factor trabajo o a diferencias en el empleo por habitante. Hay que tener en cuenta que el PIB por habitante de una economía es el resultado conjunto del rendimiento por trabajador (relación entre el PIB y el número de trabajadores) y el porcentaje de población que realiza actividades productivas (ocupados per cápita). Es decir:

b) Examínese si las diferencias en el empleo por habitante surgen a causa de diferencias en los activos por habitante o a causa de las distintas tasas de empleo.

Hay que tener en cuenta que el empleo por habitante depende de la parte de la población que participa activamente en el mercado de trabajo (activos por habitante) y de la relación entre los trabajadores y la población activa (tasa de empleo). Es decir:

TABLA P.2.3

Macromagnitudes básicas (2007*)

* Población activa y trabajadores, 1.° T 2008.

Fuente: INE.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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* Agradezco las sugerencias del profesor Ernest Reig y de la profesora Matilde Mas.

1. Los determinantes de la productividad del trabajo son principalmente del propio país. Las mejoras de productividad de otras economías no dañan en absoluto la de una concreta (Reig, 2007: 21-22).

2. Hay que saber que el progreso técnico (λ) está asociado a la llamada productividad total de los factores (PTF) o residuo de Solow. Este concepto viene a hacer patente el crecimiento económico no explicado por un mayor uso de los factores de producción, de trabajo o de capital, sino por la utilización más eficiente de estos factores, aquello que refleja el parámetro A de la función de producción agregada de Cobb Douglas, Y = AK^α L^β.

3. Alfa (α) es, como se ve en la nota anterior, el exponente de K de la función de producción de Cobb Douglas, que pondera la intensidad del uso del capital en la actividad productiva correspondiente.

4. Aunque «las comparaciones deben matizarse por las diferencias entre la vida económica a una parte y otra del Atlántico: en Europa se ha reducido más significativamente la jornada de trabajo. Esto tiene dos lecturas: mayor preferencia del ocio a mayor nivel de ingresos o la dificultad de acceso a trabajos mejor retribuidos» (Reig, 2007: 65).

5. Hay autores que entienden que el lento avance de la productividad y la pérdida de competitividad exterior se deben a que el avance es débil en algunas de las direcciones del cambio estructural actual, o al menos no opera a la velocidad que requiere la intensidad con la que se mueve el mundo que nos rodea (Pérez, 2007: 85).

6. Actualmente, se considera ventajosa la desintegración de actividades, la subcontratación y la externalización, recorriendo los mercados para incorporar a los procesos de producción muchos bienes y servicios que antes se desarrollaban internamente: complejización e internacionalización de las cadenas de suministro, facilitados por el capital humano, las TIC y la confianza en los mercados (Pérez, 2007: 96).

7. Se considera distrito industrial una entidad socioeconómico-territorial caracterizada por la ubicación en un mismo territorio de un gran número de empresas especializadas (en una o en pocas fases del proceso económico-productivo de una industria o sector) y de una comunidad de personas que han interiorizado un sistema de valores y de reglas de comportamiento que favorecen la competencia y la cooperación entre las empresas locales (Bellandi y Dei Ottati, 2001).

8. El economista americano Robert Gordon (2002) va más allá y recorta incluso las diferencias entre la renta per cápita americana y europea como indicadores de nivel de vida. La razón es que, además de constatar que los europeos disfrutan de más tiempo libre, al PIB americano se le incorpora una mayor producción de bienes y servicios que sólo consiguen responder a problemas que los europeos tienen en menor medida, como por ejemplo el clima extremado, la delincuencia, la urbanización incontrolada, la falta de transportes públicos, etc.

3. La renta y su distribución

Vicente Esteve García

Silviano Esteve Pérez

Universitat de València

3.1 Introducción

Entre los objetivos macroeconómicos básicos de cualquier sociedad se encuentra la capacidad de generar aumentos sostenidos de su producción agregada o renta a largo plazo. Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta cómo se distribuye la renta, es decir, cómo se reparte el resultado de la actividad productiva entre los distintos miembros de la economía. El estudio de la distribución de la renta se puede analizar desde una triple perspectiva: funcional, personal y espacial o regional.

Por un lado, la distribución primaria o funcional de la renta, que se centra en el reparto de la renta entre los factores productivos resultado del propio funcionamiento de los mercados.

Por otro lado, la distribución personal de la renta entre las personas o los hogares. La distribución primaria de la renta se altera mediante los impuestos y las transferencias dando lugar al ingreso o renta disponible de las personas o familias. La distribución personal o distribución familiar de la renta recoge, desde la óptica del gasto, el reparto de la renta disponible entre los agentes económicos. El estudio de la distribución de la renta desde una perspectiva personal, e incluso regional, aumenta progresivamente su importancia con el nivel de desarrollo económico del área considerada. Recientemente, ha habido un interés creciente por evaluar con mayor precisión el nivel de bienestar económico y la felicidad de las personas.

Por último, la distribución espacial o territorial de la renta, que recoge, desde un punto de vista territorial, cómo se distribuye la producción en distintos ámbitos espaciales, así como el grado de desigualdad en los niveles de vida de los agentes en función del lugar geográfico en el que residen.

Partiendo de estas breves consideraciones, que tienen por objeto enmarcar el tema, en los apartados siguientes se analizan sucesivamente para la Comunidad Valenciana, en el marco de España, la distributión funcional de la renta, la distributión personal o familiar de la renta, y la distribución territorial de la renta.

3.2 Distribución funcional de la renta

La renta es un flujo derivado primariamente de las aportaciones de los distintos factores productivos (principalmente, trabajo y capital) al proceso de producción. La distribución funcional o primaria de la renta recoge, desde el punto de vista de la producción, el reparto del valor añadido bruto a coste de factores (VABcf) o renta entre los propietarios de los factores productivos que participan en su obtención. Precisamente, la remuneración de los factores productivos es lo que origina la distribución funcional de la renta.

El producto total de la economía, en particular el producto interior bruto a precios de mercado menos los impuestos netos sobre la producción y las importaciones (es decir, el VABcf), incluye la remuneración de los asalariados o retribución del trabajo por cuenta ajena (sueldos y salarios brutos y cotizaciones sociales a cargo de los empleadores) y el excedente de explotación bruto (rentas del capital, rentas mixtas –contraprestaciones por las aportaciones de capital y trabajo por cuenta propia– y rentas del sector público).

La tabla 3.1 muestra cómo la participación de la remuneración de los asalariados (RA, en adelante) en el VABcf ha disminuido en favor del excedente de explotación bruto (EEB, en adelante) en el período 2000-2005, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, aunque con una mayor intensidad en esta última.

TABLA 3.1

Participación de las rentas en el PIB a coste de factores (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia. Datos: INE.

Varios factores han contribuido a explicar la disminución del peso de las rentas del trabajo sobre el producto interior bruto a coste de factores (PIBcf), a pesar del fuerte ritmo de creación de empleo (asalariado) durante el período. Por un lado, la incorporación de inmigrantes a puestos de trabajo de baja cualificación. Por otro, el insuficiente esfuerzo inversor en capital tecnológico que ha provocado lentos avances en la productividad aparente del factor trabajo. Por último, el estancamiento de los salarios reales durante el período. Todos estos factores se han producido de forma relativamente más intensa en la Comunidad Valenciana que en España.

La tabla 3.2 ofrece informatión sobre la participatión de los distintos sectores productivos en la remuneración de los asalariados y en el excedente de explotación bruto. La participación de los servicios es elevada en ambos componentes tanto para la Comunidad Valenciana como para España, y se sitúa por encima del 60% del total. Además, tanto los servicios como la construcción han aumentado su participación en el período considerado, especialmente en el excedente de explotación bruto en la Comunidad Valenciana. La contrapartida ha sido la caída en la participación de la industria, particularmente significativa en el EEB en la Comunidad Valenciana.

TABLA 3.2

Distribución sectorial de la remuneración de los asalariados y del excedente de explotación bruto (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia. Datos: INE.

Estas tendencias en el peso relativo de los distintos componentes del VABcf se producen por el mayor dinamismo de los sectores de construcción y servicios (frente a la industria, especialmente en nuestra comunidad), aunque también por la dualidad competitiva que se ha producido en los últimos años: por un lado, los sectores manufactureros se enfrentan a una creciente competencia internacional, con escasa o nula capacidad para trasladar los aumentos de costes a los precios, y limitan e incluso reducen sus márgenes empresariales; por otro lado, en los sectores relativamente protegidos de la competencia, como la construcción y los servicios, no sólo se trasladan los aumentos de costes a los precios finales, sino que incluso los márgenes empresariales han crecido. Además, estos dos sectores se han visto particularmente favorecidos en gran medida por el fuerte aumento de la oferta de trabajo como consecuencia de la inmigración, que ha contribuido a frenar los avances salariales y ha beneficiado especialmente a los factores productivos complementarios (factor capital).

La participación de la remuneración de asalariados en la renta difiere según la intensidad de uso y el rendimiento del trabajo y el capital en los distintos procesos productivos. Dicha participación (RA/PIB) se puede descomponer como el producto de sus dos componentes: (i) la tasa de asalarización (TA), que es la proporción que representan los trabajadores asalariados en el empleo total, y (ii) el coste laboral unitario (CLU), que es la proporción del valor añadido que remunera al trabajo utilizado para obtenerlo. La tabla 3.3 pone de relieve que en el período 2000-2005 la participación de la RA en el PIB cayó como consecuencia de la reducción de los CLU, mientras la tasa de asalarización aumentó por el fuerte dinamismo del mercado de trabajo.

TABLA 3.3

Remuneración asalariados, tasa de asalarización y costes laborales unitarios (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia. Datos: INE.

3.3 Distribución personal o familiar de la renta

La redistribución de la renta nacional (obtenida por las aportaciones de los residentes al proceso productivo) mediante los impuestos directos, las cotizaciones sociales y las transferencias (monetarias y en especie) da lugar al ingreso o renta disponible de las personas y las familias. La distribución personal o distribución familiar de la renta recoge, desde la óptica del gasto, el reparto de la renta disponible entre los agentes económicos. Los flujos de redistribución de la renta (a través de donaciones, impuestos, transferencias y prestaciones sociales) alteran el reparto primario de la renta. Este ingreso o renta disponible de personas o familias es generalmente la variable considerada para estimar su poder adquisitivo, y a partir de ella se toman las decisiones de consumo y ahorro. El estudio desde la perspectiva personal se ocupa principalmente de medir cuál es el grado de igualdad en el reparto de la renta entre las personas o familias.

TABLA 3.4

Índice de Gini, percentiles de la distribución por comunidad autónoma (las 5 con mayor y con menor PIB per cápita). Gasto por persona

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de J. Aldás, F. J. Goerlich y M. Más (2006): Gasto de las amilias en las comunidades autónomas españolas. Pautas de consumo, desigualdad y convergencia, CIEF, Centro de Investigación Económica y Financiera, Fundación Caixa Galicia.

A medida que aumenta el nivel de desarrollo económico, aumenta progresivamente la preocupación por la distribución personal (y también territorial) de la renta. Paralelamente, ha aumentado el interés por medir la incidencia de la pobreza y, recientemente, ha crecido el interés por evaluar en mayor profundidad el nivel de bienestar económico y la felicidad de las personas.

Entre los indicadores más sencillos y comúnmente utilizados para evaluar el grado de desigualdad en la distribución de la renta personal se encuentran el índice de Gini, la curva de Lorenz y las ratios entre distintos percentiles de la distribución de la renta. Entre estas últimas, tenemos la ratio [p0,10/p0,90], que es el cociente entre el nivel de ingresos o de renta que no supera el 10% de las personas y el nivel correspondiente que no supera el 90% de los individuos. Del mismo modo, la ratio [p0,05/p0,50] es el cociente entre el nivel de renta que no supera el 5% de las personas y el nivel correspondiente que no supera el 50% de los individuos.

El análisis de la distribución personal o familiar de la renta suscita problemas relacionados con la variable que utilizar (medida del ingreso o del gasto) así como con la unidad de referencia (individuo o familia). Independientemente de esta discusión que excede las pretensiones de este capítulo, pasamos a examinar la información disponible. La tabla 3.4 proporciona diferentes mediciones de igualdad en la distribución de la renta por CC. AA. (a partir del gasto por persona).

En primer lugar, las dos primeras columnas muestran que el índice de Gini se ha reducido ligeramente tanto en España como en la Comunidad Valenciana, en mayor medida en esta última, entre 1998 y el 2002, lo que sugiere una reducción de la desigualdad en la distribución de la renta. Navarra aparece como la región con una distribución más igualitaria de la renta en el 2002, mientras que Andalucía presenta la mayor desigualdad.

En segundo lugar, las columnas 3 y 4 muestran el índice de Gini de las regiones más ricas y más pobres en relación con la media española. El grado de desigualdad es superior en las regiones más pobres. Además, si tomamos como referencia el grado de igualdad del conjunto estatal, en el período 1998-2002, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña, Baleares, Galicia y Castilla-La Mancha han aumentado la divergencia en la distribución de la renta en su territorio, aunque se mantienen con una distribución más igualitaria que la del conjunto del país (con excepción de Galicia). Destaca que en Andalucía, que partía de una distribución más desigual en 1998, la disparidad en la distribución de la renta ha aumentado.

En tercer lugar, las columnas siguientes complementan el análisis del grado de igualdad en la distribución al centrarse en puntos discretos de la distribución de la renta entre los residentes de una región (ratio de percentiles), en relación con la media española. Por un lado, la distribución de la renta en la Comunidad Valenciana es más igualitaria que en el conjunto del país. Por otro, entre 1998 y el 2002 todas las ratios entre percentiles indican una tendencia hacia una mayor igualdad en la distribución de la renta, con excepción de la ratio [p0,05/p0,50], que es el cociente entre el nivel de renta que no supera el 5% de las personas y el nivel correspondiente que no supera el 90% de los individuos, el cual se ha acercado a 100 (media nacional), desde 109,7 a 106,5. Por último, para todas las ratios consideradas, destaca el elevado grado de igualdad en la distribución de la renta en Navarra y el País Vasco.

La tabla 3.5 muestra la distribución porcentual de la renta por hogares de las CC. AA. en el 2004 en relación con la media de España. De la primera columna se deduce que el porcentaje de hogares con una renta de hasta 9.000 euros era de 13,1 puntos porcentuales más en la Comunidad Valenciana que en España, donde el 18,3% de los hogares obtenían esta renta. Esta tabla complementa la tabla 3.4 para analizar la distribución de la renta de los hogares. Así, la última columna permite observar que la renta de los hogares de la Comunidad Valenciana se encuentra claramente por debajo de la media nacional, en concreto, es inferior en 11,2 puntos porcentuales. Además, el mayor grado de igualdad en la distribución de la renta parece tener su origen en la elevada concentración de hogares valencianos (con relación a la media española) con niveles de renta por debajo de 19.000 euros anuales y la escasa proporción de hogares con rentas superiores a 35.000 euros anuales (en concreto, 30 puntos porcentuales por debajo de la media española). Por el contrario, en Navarra, con una renta por hogar netamente superior a la media, como muestra la última columna, se aprecia una gran concentración de hogares en el estrato superior de renta (82,1 puntos porcentuales por encima del porcentaje para el conjunto del país).

TABLA 3.5

Distribución de renta anual de los hogares por CC. AA. en el 2004 (España = 100)

Fuente: Elaboración propia. Datos: INE.

El grado de desigualdad en la distributión de la renta se debe a distintos factores, tales como la calidad y cantidad ofrecida de factores productivos, el impacto de las políticas públicas, la disparidad de oportunidades, etc. Las políticas redistributivas intentan corregir estas disparidades utilizando instrumentos por la parte del gasto (prestaciones sociales monetarias y en especie) y por la parte de los ingresos (impuestos sobre la renta, cotizaciones sociales, etc.). El impacto de estos instrumentos depende fundamentalmente de la progresividad de los flujos de ingresos y gastos, más que del neto.

Para analizar con mayor detalle el efecto de las políticas redistributivas, comenzamos examinando la cuenta de renta de los hogares (tabla 3.6, panel superior).

TABLA 3.6

Distribución funcional de la renta de los hogares y redistribución de la renta (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia. Datos: INE.

Los hogares son perceptores de rentas por aportar trabajo y capital al proceso productivo, como comentamos anteriormente. La cuenta de asignación primaria de la renta muestra la renta de los hogares generada directamente a partir de transacciones de mercado, por ejemplo, la compra y venta de factores de producción y bienes. De este modo, incluye la remuneración de los asalariados, la renta recibida por la posesión de activos (en particular intereses, dividendos y rentas), así como los excedentes de explotación y la renta de los autónomos. Los intereses y rentas deudores se detraen de las cantidades anteriores para obtener el saldo de las rentas primarias de los hogares. La renta primaria es el punto de partida para la distribución secundaria de la renta, que muestra el efecto del mecanismo de redistribución de la renta del Estado. Las transferencias monetarias y en especie se añaden a la renta primaria de los hogares, a la que hay que sustraer los impuestos sobre la renta y el patrimonio, las contribuciones sociales y las transferencias efectuadas para así obtener la renta disponible bruta de los hogares.

El panel superior de la tabla 3.6 muestra cómo las rentas primarias brutas de los hogares crecieron aproximadamente el 18-19% tanto en España como en la Comunidad Valenciana en el período analizado. En ambas áreas, se ha producido un aumento en la participación del EEB/rentas mixtas sobre el total, en mayor medida en la Comunidad Valenciana, como consecuencia del mayor crecimiento de éstas. Las rentas del trabajo tienen un peso ligeramente inferior en la Comunidad Valenciana.

En el panel inferior de la tabla 3.6 se puede observar el efecto de las políticas redistributivas. Las transferencias corrientes recibidas (principalmente, prestaciones sociales en efectivo y en especie) por los hogares representan aproximadamente el 30-31% de su renta, y las pagadas (impuestos y cotizaciones sociales), en torno al 26-27%. Durante el período 2000-2003, ha aumentado la importancia de las transferencias sociales en especie (gasto), especialmente en la Comunidad Valenciana, y las cotizaciones sociales (ingreso) como mecanismos de distribución de renta. El saldo final recoge el efecto neto de las políticas redistributivas, que muestran una tendencia a su reducción, aunque en la Comunidad Valenciana el saldo es ligeramente superior al del conjunto del Estado.

El estudio de la distribución personal o familiar de la renta puede complementarse al menos en una doble vertiente. Por un lado, con el estudio de la incidencia de la pobreza, que puede abordarse en términos absolutos (nivel umbral de renta) o en términos relativos. Por otro lado, recientemente ha habido un creciente interés por evaluar con mayor precisión el nivel de bienestar económico y la felicidad de las personas. A continuación, abordamos estas dos cuestiones.

3.3.1 La pobreza

La tasa de pobreza indica el porcentaje de población cuya renta es inferior al nivel umbral de referencia. Para su cálculo, se utiliza la información de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.¹ La línea de pobreza o umbral de pobreza se obtiene a partir de los ingresos netos por unidad de consumo del hogar (renta disponible del hogar/número de unidades de consumo, donde el número de unidades de consumo es ponderado según los pesos de la escala de la OCDE modificada; véase <www.ine.es> para un mayor detalle). Se clasifica como pobre a todo individuo que tenga unos ingresos (por unidad de consumo) inferiores al umbral de pobreza (60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas en el área considerada).

La tasa de pobreza es una medida relativa al área considerada, por lo que debe tenerse en cuenta que puede haber grandes diferencias en el nivel de vida en términos absolutos cuando comparamos distintas áreas, y también cuando comparamos un área en distintos momentos del tiempo.²

Las tasas de pobreza han disminuido en las últimas décadas en la Comunidad Valenciana y en España, aunque siguen siendo elevadas en relación en las de la OCDE. Además, en el siglo XXI parecen haber aumentado ligeramente. Los hogares de pensionistas e inactivos son los que mayores tasas de pobreza presentan. Las mujeres también presentan tasas de pobreza superiores a las de los hombres.

El gráfico 3.1 muestra que la tasa de pobreza de la Comunidad Valenciana es muy similar a la de España, y se encuentra por encima de las tasas correspondientes a las regiones más ricas y por debajo de las más pobres (con excepción de Galicia). En el 2004, el 20% de la población de la Comunidad Valenciana se encontraba por debajo del umbral de pobreza.

GRÁFICO 3.1

Tasa de pobreza (personas situadas por debajo del umbral de pobreza en 2004, %)

Fuente: Elaboración propia. Datos: INE.

3.3.2 Felicidad, calidad de vida y bienestar

A medida que aumenta el nivel de desarrollo económico de las distintas regiones (generalmente aproximado al nivel de renta real per cápita y su evolución), aumentan las preocupaciones por el bienestar de los individuos. A pesar de que en las fases iniciales de desarrollo, renta real per cápita y bienestar se encuentran relacionados positivamente, esta relación directa parece truncarse en fases posteriores de desarrollo.

El bienestar subjetivo de los individuos está positiva e íntimamente relacionado con la felicidad, calidad de vida y satisfacción. El estudio de las causas y los factores relacionados con la felicidad humana ha recibido un creciente interés por parte de economistas, psicólogos y científicos sociales en general, en los últimos años.³ El concepto de felicidad o bienestar es multidimensional puesto que abarca un amplio conjunto de factores interrelacionados que afectan a la percepción intrínseca de los individuos. Por ello la felicidad o bienestar excede la estricta consideración del nivel de renta y otras condiciones materiales de los individuos. Por lo tanto, la aproximación a una medición precisa de la felicidad debe incluir indicadores objetivos así como indicadores subjetivos, por ejemplo, los recogidos mediante encuestas a los ciudadanos que valoren sus percepciones.

La evaluación/medición del bienestar subjetivo es de gran importancia desde el punto de vista de la política económica. En primer lugar, a pesar de que existen indicadores objetivos sobre el nivel de renta de una persona, vivienda, salud, relaciones sociales, etc., no existe ninguna regla unánimemente aceptada para combinar toda esta información y que permita valorar el nivel de bienestar global. En segundo lugar, las medidas de bienestar subjetivo, en particular el nivel de satisfacción global, están relacionadas con los indicadores del grado en el que las necesidades de la población están cubiertas en estos países.

Uno de los resultados más destacados y controvertidos de la literatura económica se conoce como la paradoja de Easterlin (1974). Dicha paradoja está relacionada con la evidencia de que el notable aumento de la renta real en los países occidentales desde la segunda mitad del siglo XX no se ha traducido en aumentos de los niveles de felicidad de sus ciudadanos (medidos a partir de encuestas sociales). Algunos autores (por ejemplo, Lane, 2001) justifican la aparente paradoja argumentando que, una vez un individuo sobrepasa el nivel de subsistencia, factores como la amistad y la calidad de la vida familiar sustituyen progresivamente a la renta como principales fuentes de aumento del bienestar. De este modo, en los países desarrollados el crecimiento de la renta per cápita no implicaría aumentos paralelos del nivel de bienestar. Como consecuencia, la felicidad agregada se ha mantenido constante a lo largo del tiempo a pesar de los fuertes aumentos en renta real per cápita.

Estudios microeconómicos más recientes que vinculan el nivel y la evolución de la renta per cápita y el estatus en el mercado de trabajo con la felicidad destacan también la importancia de dos dimensiones que inciden, en primer lugar, en la posición relativa del individuo respecto a otros grupos en un momento del tiempo, y en segundo lugar, en relación con su propia situación en el pasado.

Por lo tanto, entre los factores que deben considerarse al examinar los determinantes de la felicidad y/o el bienestar total de los individuos se encuentran las condiciones de vida y de trabajo de éstos. Así, entre los múltiples determinantes de la felicidad (sin ánimo de ser exhaustivos) se encuentran los siguientes. Primero, los recursos económicos (renta y riqueza personal), que tienen un efecto positivo, aunque decreciente. Segundo, el estatus en el mercado de trabajo (ocupado, parado, inactivo, etc.), dada la gran importancia que se otorga al trabajo remunerado en las sociedades modernas, tanto como fuente de renta como por su estatus social. Tercero, familia y hogar (disponibilidad de vivienda), puesto que las familias integradas por parejas con hijos alcanzan, como promedio, un nivel de bienestar superior al de parejas sin hijos, solteros y al de familias con un único progenitor.⁴ Cuarto, vida social (balance vida-trabajo). Quinto, salud y cuidados sociales, dado que en principio, ceteris paribus, la gente con enfermedades crónicas tiene un nivel de satisfacción inferior.⁵ Sexto, nivel de estudios (conocimiento/formación, estudios y aprendizaje), dado que, generalmente, las personas con mayor nivel de estudios obtienen puestos de trabajo mejores y con mayor remuneración, y además se encuentran mejor capacitados para utilizar sus habilidades y dirigir su vida, lo que les lleva a un mayor nivel de bienestar.

Por último, hay que destacar que también importan factores de «exclusividad» y/o relativos (comparación social), que implican la existencia de categorías excluyentes que existen con relación a otros (que no disponen de estas características) y esto refuerza el sentimiento de felicidad; por ejemplo, buenos puestos de trabajo (frente a otros que disponen de puestos de trabajo precarios), buena educación, buena vivienda, coche de lujo. Relacionado con el efecto de la comparación social, la rutina y la rivalidad tienen un efecto negativo sobre el bienestar de los individuos, dado que las personas se esfuerzan para escalar, pero en ese esfuerzo obligan a otros a escalar más para mantenerse... El resultado final es que todos pierden; por ejemplo, la presión para trabajar horas extra, e incluso fines de semana, para mejorar la situación profesional. No obstante, una situación de poco trabajo y/o esfuerzo tampoco implica mayor felicidad.

La tabla 3.7 ofrece algunos indicadores indirectos de bienestar a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística. Entre los aspectos en los que la Comunidad Valenciana se encuentra en peores condiciones con relación al conjunto del Estado, destacan las altas hospitalarias por adicción a las drogas, los detenidos por las fuerzas de seguridad y la delincuencia, los accidentes de trabajo, el porcentaje de hogares con dificultades para llegar a final de mes, los problemas de ruido y contaminación. Entre las condiciones más favorables destacan la menor tasa de mortalidad infantil, la menor incidencia del alcoholismo, los equipamientos e infraestructuras, la mayor capacidad de ahorro de los hogares, así como el porcentaje de hogares que declara no tener problemas. No obstante, habida cuenta de la múltiple dimensión del bienestar/felicidad, probablemente obtendremos una visión más completa del fenómeno cuando se hayan revisado otros capítulos del presente libro.

TABLA 3.7

Indicadores de bienestar (%)

	España	Comunidad Valenciana
Tasa de mortalidad (por cada 1000 habitantes) (2003)	9,2	9,2
Tasas de mortalidad infantil (nacidos vivos que mueren en el primer año de vida por 1.000 nacidos vivos) (1999-2003)	4,2	3,7
Altas hospitalarias por síndrome de dependencia del alcohol (por 100.000 habitantes) (2003)	24,3	15,5
Altas hospitalarias por adicción a las drogas (por 100.000 habitantes) (2003)	22,7	27,6
Detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional (por 1.000 habitantes) (2003)	7,8	9,5
Muertes violentas por suicidio (por 100.000 habitantes) (2003)	5,3	5,4
Equipamientos e infraestructuras (kilómetros de autopistas y autovías por 1.000 km2) (2003)	20,3	41,0
Accidentes de trabajo (por 100.000 trabajadores expuestos al riesgo) (2003)	6386,7	7054,3
Hogares según el grado de dificultad para llegar a final de mes (IVTRI-2005)
con mucha dificultad	10,1	12,0
con dificultad	16,2	13,6
con cierta dificultad	28,7	29,9
con cierta facilidad	29,0	30,4
con facilidad	14,2	12,5
con mucha facilidad	1,9	1,6
Hogares que no pueden dedicar dinero al ahorro o muy poco (IVTRI-2005)	60,6	52,5
Hogares con capacidad de ahorro	39,5	47,5
Hogares que sufren problemas (2004):
Luz insuficiente	10,8	10,7
Ruidos producidos por vecinos o de la calle	28,8	39,6
Contaminación y otros problemas ambientales	16,6	21,2
Delincuencia o vandalismo	18,7	24,2
Ningún problema	53,4	43,1
Hogares según disponibilidad de bienes (2004):
Vivienda secundaria	13,8	22,4
No tiene calefacción	50,8	84,7
Cocina eléctrica	34,9	23,3
Congelador	31,4	22,5
Lavadora automática	98,6	99,1
Lavavajillas	32,6	25,4
Microondas	73,4	71,4
Coche nuevo	58,7	62,9
Coche de segunda mano	24,5	25,4
Motocicleta	10,8	9,5
Ordenador personal	45,0	44,1
Teléfono fijo	86,8	83,0

Fuente: Elaboratión propia. Datos: INE.

3.4 Distribución territorial de la renta

Los procesos de producción y consumo tienen lugar en un determinado ámbito territorial. El crecimiento económico tiende a distribuirse de forma desigual en las distintas regiones. La política regional y los efectos territoriales de las políticas de redistribución de la renta primaria modifican el resultado inicial. Así, el análisis de la distribución espacial o regional de la renta recoge, desde el punto de vista territorial, cómo se distribuye espacialmente la producción (PIB o renta regional; renta regional bruta), así como el grado de desigualdad en los niveles de vida de los distintos agentes según el espacio geográfico en el que residen (PIB o renta per cápita; renta familiar bruta disponible).

3.4.1 La evolución de la renta per cápita

Tradicionalmente, el tema central del estudio de la distribución territorial de la renta ha sido el análisis del proceso de convergencia entre las rentas per cápita de las diferentes regiones. Desde la perspectiva del modelo neoclásico de crecimiento económico, bajo rendimientos decrecientes del capital y movilidad de factores productivos, se defiende la existencia de un doble proceso: convergencia en términos de renta per cápita, por un lado, donde crecen las regiones con niveles de renta per cápita inferiores más deprisa que las regiones con niveles superiores, y de divergencia en términos de producción, por otro, donde se acentúan con el paso del tiempo los fenómenos de polarización espacial. Desde el punto de vista teórico, las regiones con renta per cápita relativamente más baja poseen una mayor productividad del capital y una menor productividad del trabajo, por lo que habrá incentivos para atraer flujos de capital de las regiones más ricas y, simultáneamente, para trasladar flujos de población hacia éstas. En definitiva, la interacción de los dos movimientos de factores productivos induciría el fenómeno de convergencia de renta per cápita en el territorio del país y una distribución más uniforme del crecimiento económico.

Así, si atendemos al indicador del PIB per cápita, el gráfico 3.2 muestra cómo la ratio del PIB per cápita ajustado por el poder de compra⁶ en el 2005 entre la región más rica –Madrid– y la más pobre –Extremadura– alcanzaba 1,9. Dado que en 1980 esta ratio entre la región más rica y la más pobre era sensiblemente superior (2,6 veces mayor el de Navarra al de Extremadura), se podría concluir que ha existido un claro fenómeno de convergencia regional en la economía española.

Sin embargo, en este contexto de convergencia entre las regiones españolas, la Comunidad Valenciana ha empeorado relativamente durante el período 1980-2005, ya que en el año 1980 se situaba con una renta per cápita en torno a la media española (100,9), mientras que en el 2005 ostentaba un valor por debajo del promedio (91,5). Esta divergencia de renta se traducía en que la ratio de la renta per cápita entre la región más rica y la Comunidad Valenciana crecía, al pasar de 1,36 veces en 1980, con Navarra, a 1,43 veces en el 2005, con Madrid.

Por otra parte, la existencia de convergencia beta entre las regiones españolas se observa claramente en el gráfico 3.3, donde la tasa de crecimiento medio anual acumulativo del PIB real per cápita del período 1980-2005 muestra una relación negativa con el nivel del PIB real per cápita de 1980. Desde el punto de vista económico, ello implica que las regiones pobres han crecido, de media, a una tasa superior a la de las regiones más ricas. En este caso, la Comunidad Valenciana se encuentra entre las regiones que han empeorado relativamente, ya que, pese a partir con un nivel inicial de renta per cápita similar al del promedio nacional, ha mostrado a lo largo del período una evolución inferior a la media (2,1 frente al 2,4% nacional).

GRÁFICO 3.2

PIB per cápita en PPC de las regiones españolas, 1980-2005. España = 100

Fuente: Cereijo, Turrión y Velázquez (2007).

GRÁFICO 3.3

Convergencia beta en PIB per capita entre las regiones españolas, 1980-2005

Fuente: Cereijo, Turrión y Velázquez (2007).

No obstante, este proceso de convergencia beta no ha seguido una pauta similar a lo largo de todo el período considerado. Como se puede observar en el gráfico 3.4, la evolución del indicador que mide la convergencia sigma –medida por la desviación típica del logaritmo del PIB real per cápitanos indica la existencia de una caída de la dispersión entre el inicio y el final del período 1980-2005, aunque esta disminución de la dispersión ha sido más intensa en los subperíodos 1980-1985 y 2000-2005, tras un largo subperíodo intermedio de quince años (1985-2000) donde la desigualdad relativa regional se mantuvo estable.⁷

GRÁFICO 3.4

Convergencia sigma en PIB per cápita entre las regiones españolas, 1980-2005

Fuente: Cereijo, Turrión y Velázquez (2007).

3.4.2 Los factores de crecimiento presente y potencial

Con el objeto de profundizar en la evolución de la desigualdad en los factores de crecimiento real entre las regiones españolas, y en la Comunidad Valenciana en particular, en la tabla 3.8 se presenta la evolución de diversos indicadores de convergencia real entre 1980 y el 2005.

En las dos primeras columnas se presenta el nivel en 1980 y en el 2005 de la ratio (en %) entre la mejor y la peor región española, y en las dos últimas la ratio (en %) entre la mejor región española y el nivel de cada indicador para la Comunidad Valenciana.

En primer lugar, queda claro que el acercamiento de los niveles de renta de las regiones españolas en el período 1980-2005 se puede explicar tanto por la aproximación de la productividad del trabajo (aumento de la ratio del 47 al 64%) como por el acercamiento en la tasa de empleo (aumento de la ratio del 67,6 al 70%). El caso de la Comunidad Valenciana es diferente, ya que las cifras muestran un empeoramiento en la productividad del trabajo respecto a la región líder y una mejora relativa en la tasa de empleo.

Este avance en términos de productividad del trabajo en el conjunto de las regiones españolas se debió fundamentalmente a la aproximación de los niveles de la PTF, indicador que mide la eficiencia técnica, ya que la dispersión en la ratio capital-trabajo no fue muy grande. Este proceso positivo resulta más intenso en el caso de la Comunidad Valenciana, ya que la ratio en la eficiencia técnica con la región mejor situada era en el 2005 de un 96,5%, muy superior al valor de 1980 (46,7%).

TABLA 3.8

Evolución de la desigualdad de los factores de crecimiento entre las regiones españolas y la Comunidad Valenciana, 1980-2005

* Sin Ceuta y Melilla.

^a 2000, ^b 2000, ^c 1990.

Fuente: Cereijo, Turrión y Velázquez (2007).

En la tabla 3.8 se muestra también la evolución de los indicadores que influyen en la evolución de la productividad y, por lo tanto, en las posibles sendas de crecimiento económico potencial en el medio y largo plazo. Estos factores están relacionados con las dotaciones de capital en sentido amplio (público, humano y tecnológico) y con la penetración de la «nueva economía del conocimiento».

En primer lugar, respecto a las dotaciones de capital público, se analizan dos indicadores: el stock de capital público por trabajador y las infraestructuras por carretera. En concreto, el primer indicador, que trata de medir el papel de las infraestructuras públicas sobre la productividad, muestra un aumento de la desigualdad entre las regiones (40,1 y 34,8% en 1980 y el 2005 respectivamente), si bien las regiones más pobres se encuentran situadas en el parte superior del ranking. No obstante, si se utiliza el indicador de las infraestructuras por carretera, la tendencia ha sido la contraria, y ha aumentado la igualdad en la dotación de kilómetros de autopistas.

En este apartado, la Comunidad Valenciana ha presentado un comportamiento positivo en ambos indicadores, reduciendo la distancia con la región mejor dotada en el período 1980-2005, tanto en el stock de capital público por trabajador como en la dotación de infraestructuras por carretera.

En segundo lugar, es muy importante analizar el papel que pueden desempeñar los stocks de capital intangible (humano y tecnológico) sobre la evolución futura de la productividad de la economía.

Respecto al capital humano medido por el número de años de escolarización, el indicador ha seguido una tendencia hacia la igualación tanto en el conjunto de las regiones españolas como en el caso particular de la Comunidad Valenciana.

Con relación al stock de capital tecnológico regional, es habitual su aproximación a través de dos indicadores complementarios: el capital tecnológico interior por trabajador y el gasto en I+D sobre el PIB. El primero ha seguido una pauta similar al capital humano, y se ha reducido a un nivel muy similar la brecha tecnológica tanto en el conjunto de las regiones como en el caso de la Comunidad Valenciana. Si utilizamos como indicador de la brecha tecnológica el porcentaje de la renta regional dedicada a la inversión en I+D, el esfuerzo de convergencia de la Comunidad Valenciana ha sido mucho mayor que el del conjunto nacional, al reducirse significativamente la distancia entre esta región y la que más invertía en esta actividad, ya que ha pasado, del 14 hasta el 50,5% en el período analizado (frente a un aumento del 3,2 al 14,8% en el conjunto de las regiones).

Por último, un tercer factor que tiene una importancia creciente sobre la productividad es la penetración de las nuevas tecnologías de la información (TIC) ligadas a la «nueva economía del conocimiento». En relación con esta cuestión, en la tabla 3.8 se presenta la evolución en el período estudiado de dos indicadores clave: la penetración de la banda ancha y la proporción de la población usuaria de Internet. En ambos casos, ha habido una tendencia hacia la convergencia entre las regiones españolas. En el caso de la Comunidad Valenciana, ha habido un retroceso relativo con relación al primer indicador, mientras que se mejoraba respecto a la región mejor dotada en el uso de Internet.

3.4.3 La situación relativa de las regiones españolas

En este apartado se efectúa un breve análisis de la situación relativa de las regiones españolas –y de la Comunidad Valenciana en particular– en el proceso de convergencia de renta per cápita ya señalado anteriormente. Para ello, en la tabla 3.9 se presenta una síntesis de los 17 indicadores de convergencia de renta planteados en el trabajo de Cereijo, Turrión y Velázquez (2007), indicadores representativos del nivel de renta y de los factores potenciales de crecimiento económico presente y potencial de las regiones españolas, los cuales reflejan el crecimiento del PIB, la productividad y la PTF.⁸

TABLA 3.9

Número de indicadores de convergencia real según su posición y evolución para las regiones españolas y la Comunidad Valenciana, 1980-2005

Divergencia positiva: Superior a la media de 1980 y situación relativa mejor a 1980.

Convergencia negativa: Superior a la media de 1980 y situación relativa peor a 1980.

Convergencia positiva: Inferior a la media de 1980 y situación relativa mejor a 1980.

Divergencia negativa: Inferior a la media de 1980 y situación relativa peor a 1980.

* Sólo para 13 indicadores.

Fuente: Cereijo, Turrión y Velázquez (2007).

De las cifras en su conjunto se puede extraer una primera conclusión clara: la convergencia real durante el período 1980-2005 ha sido bastante generalizada entre regiones, ya que todas las CC. AA. –excepto Baleares– han mostrado un comportamiento convergente en la mayoría de sus indicadores, independientemente de que sus posiciones iniciales estuvieran por encima o por debajo de la media al comienzo del período estudiado.

De este modo, cuatro de las regiones que contaban en 1980 con la mayoría de indicadores superiores al promedio –Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra– han mostrado un proceso de convergencia negativa, lo que se refleja en un deterioro de su situación relativa en la mayoría de sus indicadores con relación al inicio del período. En el lado contrario, el resto de CC. AA. –excepto Baleares– han experimentado una tendencia relativa positiva de convergencia.

La Comunidad Valenciana ha mejorado (convergencia positiva) en 8 de los 17 indicadores planteados: PTF, flujo de inversión directa en el exterior, capital físico privado productivo, capital físico público, capital tecnológico privado interior, capital tecnológico total interior, gasto en I+D total y número medio de años de escolarización. En este grupo de indicadores la región partía con un nivel inferior a la media en 1980 y terminaba el período con una situación relativa mejor que la de 1980.

En segundo lugar, la región ha empeorado en 9 indicadores de convergencia. En un primer grupo de 6 indicadores ha presentado un proceso de convergencia negativa: PIB per cápita, capital residencial, índice sintético de infraestructuras por carretera, spillovers tecnológicos transmitidos por el comercio, gasto en I+D financiado por el sector privado y penetración de la banda ancha. En este grupo se partía en un nivel superior a la media en 1980 y acababa el período con una situación relativa peor a 1980.

Por último, en el terreno más negativo, la Comunidad Valenciana presenta divergencia negativa en 3 indicadores: productividad del trabajo, flujo de inversión directa extranjera recibida y número de usuarios de Internet. En este caso, se partía de una situación inferior a la media en 1980 y al final del período estudiado la situación relativa era peor a la de 1980.

3.5 Resumen y conclusiones

En este capítulo, se han analizado para la Comunidad Valenciana en el marco de España la distribucional funcional de la renta, la distribución personal o familiar de la renta y la distribución territorial de la renta.

En cuanto a la distribución funcional de la renta de las economías española y valenciana, hay que destacar tres conclusiones. En primer lugar, varios factores han contribuido a explicar la disminución del peso de los salarios sobre el PIBcf, a pesar del fuerte ritmo de creación de empleo (asalariado) durante el período. Por un lado, la incorporación de inmigrantes a puestos de trabajo de baja cualificación. Por otro, el insuficiente esfuerzo inversor en capital tecnológico que ha provocado lentos avances en la productividad aparente del factor trabajo. Por último, el estancamiento de los salarios reales durante el período. Todos estos factores se han producido de forma relativamente más intensa en la Comunidad Valenciana que en el resto de España.

En segundo lugar, se ha producido un cambio importante en la participación de los distintos sectores productivos en la remuneración de los asalariados y en el excedente de explotación bruto. Tanto los servicios como la construcción han aumentado su participación en el período considerado, especialmente en el excedente de explotación bruto en la Comunidad Valenciana. La contrapartida ha sido la caída en la participación de la industria, particularmente significativa en el excedente de explotación bruto en la Comunidad Valenciana.

Por último, tanto en España como en la Comunidad Valenciana la participatión de la remuneración de los asalariados en el PIB ha caído en el período 2000-2005 como consecuencia de la reducción de los CLU, mientras la tasa de asalarización ha aumentado por el fuerte dinamismo del mercado de trabajo.

En relación con la distribución personal o familiar de la renta hay que destacar cuatro conclusiones. En primer lugar, el índice de Gini que mide el grado de igualdad de la distribución de la renta personal, se ha reducido ligeramente tanto en España como en la Comunidad Valenciana, en mayor medida en esta última, entre 1998 y el 2002, lo que sugiere una reducción de la desigualdad en la distribución de la renta personal.

En segundo lugar, las ratios de percentiles entre los residentes de una región indican una tendencia hacia una mayor igualdad en la distribución de la renta en la Comunidad Valenciana que en el conjunto de España, con excepción de la ratio que recoge el cociente entre el nivel de renta que no supera el 5% de las personas y el nivel correspondiente que no supera el 90% de los individuos, que ha empeorado en la Comunidad Valenciana.

En tercer lugar, hay que destacar que la renta total de los hogares de la Comunidad Valenciana se encuentra claramente por debajo de la media nacional y que desde el punto de vista del origen de las rentas del trabajo, éstas tienen un peso ligeramente inferior en la Comunidad Valenciana que en el conjunto de España. Por último, la tasa de pobreza en la Comunidad Valenciana es muy similar a la media de España, y se encuentra por encima de las tasas correspondientes a las regiones más ricas y por debajo de las más pobres, con un 19,8% de la población de la Comunidad Valenciana en el 2004 por debajo del umbral de pobreza.

Finalmente, en relación con la distribución territorial de la renta cabe reseñar tres aspectos importantes. En primer lugar, que, en un proceso de convergencia general entre las regiones españolas, la Comunidad Valenciana ha empeorado relativamente durante el período 1980-2005, ya que el año 1980 se situaba con una renta per cápita en torno a la media española (100,9), mientras que en el 2005 ostentaba un valor por debajo del promedio (91,5). Además, la Comunidad Valenciana se encuentra entre las regiones que han empeorado relativamente, ya que pese a partir con un nivel inicial de renta per cápita similar al promedio nacional, ha mostrado a lo largo del período una evolución inferior a la media (2,1 frente al 2,4% nacional).

En segundo lugar, la evolución de diversos indicadores de convergencia real entre 1980 y el 2005 de la Comunidad Valenciana ha sido desigual dependiendo del conjunto de indicadores analizado. Por un lado, las dotaciones de capital público han registrado un comportamiento positivo, tanto en lo relativo al stock de capital público por trabajador como en la dotación de infraestructuras por carretera. Por otro lado, el indicador de capital humano medido por el número de años de escolarización ha seguido una tendencia hacia la igualación tanto en el conjunto de las regiones españolas como en el caso particular de la Comunidad Valenciana. Por último, el comportamiento temporal de los indicadores de capital tecnológico ha sido muy heterogéneo. En primer lugar, el capital tecnológico interior por trabajador de la Comunidad Valenciana se ha comportado de manera positiva en la línea del resto de regiones, mientras que el esfuerzo de convergencia de la Comunidad Valenciana en el gasto en I+D sobre el PIB ha sido mucho mayor que en el conjunto nacional. En segundo lugar, los indicadores de la penetratión de las nuevas tecnologías de la información (TIC) ligadas a la «nueva economía del conocimiento» también muestran un resultado divergente en la Comunidad Valenciana, ya que mientras se retrocedía en la penetración relativa de la banda ancha, se mejoraba claramente respecto a la región mejor dotada en el uso de Internet.

En tercer lugar, para profundizar en el análisis de la situación relativa de las regiones españolas –y de la Comunidad Valenciana en particular– en el proceso de convergencia de renta per cápita se han analizado 17 indicadores de convergencia representativos del nivel de renta y de los factores potenciales de crecimiento económico presente y potencial de las regiones españolas, los cuales reflejan el crecimiento del PIB, la productividad y la PTF. En síntesis, la Comunidad Valenciana ha mejorado (convergencia positiva) en 8 indicadores de convergencia y ha empeorado en 9 indicadores de convergencia, de los cuales 6 presentan convergencia negativa y 3 divergencia negativa. Estos últimos son los más preocupantes ya que la Comunidad Valenciana partía de una situatión inferior a la media en 1980 y al final del período estudiado la situación relativa era peor que la de 1980. Se trata de los indicadores relativos a la productividad del trabajo, el flujo de inversión directa extranjera recibida y el número de usuarios de Internet.

PRÁCTICAS

Práctica 3.1

La siguiente tabla muestra información sobre la distribución de la renta (gasto total por persona) según grupos de población, en porcentaje, en la Comunidad Valenciana y en España en 1998 y 2002.

TABLA P.3.1

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de J. Aldás, F. J. Goerlich y M. Más (2006): Gasto de las familias en las comunidades autónomas españolas. Pautas de consumo, desigualdad y convergencia, CIEF, Centro de Investigación Económica y Financiera, Fundación Caixa Galicia.

a) Defínase e interprétese el índice de Gini y la curva de Lorenz.

b) Represéntese la curva de Lorenz de la Comunidad Valenciana en 1998 y el 2002. ¿Era la distributión de la renta más equitativa en el segundo período?

c) Represéntese la curva de Lorenz de España en el 2002 y compárese el resultado con el obtenido para la Comunidad Valenciana.

Práctica 3.2

Sobre la base de los datos que aparecen en la página web de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España (<http://www.dgfc.sgpg.meh.es/indexPrevio.js>):

a) Encuádrese la Comunidad Valenciana en el tipo regiones españolas que se han beneficiado o se van a beneficiar de los fondos europeos del FEDER en los dos períodos de programación 2000-2006 y 2007-2013. ¿Qué diferencias de clasificación regional hay entre los dos períodos?

b) Explíquense cuáles son los principales proyectos de los que se va beneficiar la Comunidad Valenciana según el Plan Operativo de la región para el período 2007-2013.

c) Explíquense cuáles son los principales proyectos de los que se va beneficiar la Comunidad Valenciana (y su participación relativa) en los 3 Planes Operativos Plurirregionales para el período 2007-2013.

Práctica 3.3

Utilizando los datos de la publicación, European Commission (2007): Eurostat regional yearbook 2007 (disponible en línea <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-AF-07-001/EN/KS-AF-07-001-EN.PDF>), encuádrese la Comunidad Valenciana en el ranking de las regiones europeas en relación con:

a) Crecimiento de la población, saldo neto migratorio y tasas de dependencia.

b) Renta per cápita, renta primaria de los hogares y renta disponible de los hogares. ¿A qué se debe la diferencia entre estas dos últimas variables?

c) Crecimiento de la productividad del trabajo, sector predominante en la economía regional y productividad en la industria y en los servicios.

d) Las estadísticas relativas al sector turístico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALDÁS, J., F. J. GOERLICH y M. MÁS (2006): Gasto de las familias en las comunidades autónomas españolas. Pautas de consumo, desigualdad y convergencia, CIEF, Centro de Investigación Económica y Financiera, Fundación Caixa Galicia.

CEREIJO, E., J. TURRIÓN y F. J. VELÁZQUEZ (2007): Indicadores de convergencia real para las regiones españolas, Madrid, Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

CLARK, A. E., P. FRITJERS y M. SHIELDS (2007): «Relative Income, Happiness and Utility: an Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzles», IZA Discussion Papers, 2.840.

EASTERLIN, R. (1974): «Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence», en R. David y R. Reder (eds.): Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, Nueva York, Academic Press.

EUROPEAN COMMISSION (2007): Eurostat Regional Yearbook 2007, Luxemburgo, Office for Official Publications of the European Communities.

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS (2004): Quality of Life in Europe. First European Quality of Life Survey 2003, Luxemburgo, Office for Official Publications of the European Communities.

KAHNEMAN, D. y A. B. KRUEGER (2006): «Developments in the Measurement of Subjective Well-Being», Journal of Economic Perspectives, 22, pp. 3-24.

LANE, R. E. (2001): The Loss of Happiness in Market Economies, New Haven, Yale University Press.

1. Esta encuesta va dirigida a hogares privados que residen en viviendas familiares principales. Por tanto, no se incluyen ni las personas sin hogar ni las personas que viven en instituciones o en hogares colectivos.

2. Por ejemplo, un pobre español o valenciano es diferente de un pobre alemán. Además, un pobre valenciano de principios del siglo XXI es distinto del pobre valenciano de hace 40 años sobre la base de esta medida. Así, si en un momento del tiempo multiplicamos la renta de todos los individuos por 10, obtendremos la misma tasa de pobreza, a pesar de que todos los ciudadanos han aumentado su renta en términos absolutos.

3. Véase Kahnemann y Krueger (2006) para una revisión de la extensa bibliografía económica sobre este tema.

4. Probablemente, las relaciones sociales y las relaciones intrafamiliares (dentro del núcleo familiar) incrementan el bienestar. De este modo, no solamente la renta mejora la calidad de vida de las personas, sino que parece importante el «tener, amar, ser».

5. Aunque su incidencia negativa disminuye a medida que el sistema sanitario es mejor y se encuentra más desarrollado.

6. Utilizando una PPS igual para todas las CC. AA., igual a la de España con relación a la UE y expresada en euros de igual poder de compra.

7. Esta evidencia del período 1985-2000 pondría en cuestión si las políticas de ayudas regionales discriminatorias del Estado y de los Fondos Estructurales de la UE han sido o no válidas para conseguir una mayor igualdad en los niveles de bienestar entre las diferentes CC. AA.

8. En concreto se trata de: PIB per cápita, productividad del trabajo, PTF, flujo de inversión extranjera directa recibida, flujo de inversión directa en el exterior, capital físico privado productivo, capital físico público, capital residencial, índice sintético de infraestructuras por carretera, capital tecnológico privado interior, capital tecnológico total interior, spillovers tecnológicos transmitidos por el comercio, gasto en I+D total, gasto en I+D financiado por el sector privado, número medio de años de escolarización, penetración de la banda ancha y usuarios de Internet.

4. El factor territorial y medioambiental

Francesc Hernández

Josep Sorribes

Universitat de València

4.1 Introducción: el territorio también cuenta

No siempre el factor territorial y medioambiental ha sido tratado como factor relevante en el análisis económico. De hecho, el factor de producción tierra (o territorio, en un sentido más amplio) es una de las principales víctimas del tránsito del paradigma clásico al neoclásico. Recordemos que en la economía política de los clásicos, la tierra está presente en todas las explicaciones sobre la reproducción del sistema, estrechamente vinculada a la distribución del excedente económico entre las clases sociales que participan en la actividad económica. Desde los fisiócratas a Marx, pasando por Adam Smith y David Ricardo, la renta de la tierra es un capítulo básico en la distribución del excedente, hasta el punto de poner en peligro el propio crecimiento económico si se comprime en exceso éste.

Con el triunfo del paradigma neoclásico, la tierra pasa a ser considerada sólo en el ámbito de las actividades primarias y como un factor más. Para las otras actividades económicas emergentes (industria y servicios), el crecimiento económico se hace depender exclusivamente del factor capital y del factor trabajo.

Afortunadamente, esta marginación teórica se está cuestionando seriamente en la actualidad y cada vez es más cierta la afirmación de que «el territorio también cuenta». Una certeza que se ha visto propiciada por diversos caminos y desde distintas disciplinas.

Por una parte, tenemos la tradición marshalliana, la del Alfred Marshall más joven que, a finales del XIX, había subrayado la existencia de economías externas a la empresa (e internas al entorno territorial) que eran patentes en los llamados distritos industriales de pequeñas y medianas empresas. Si existían economías de localización y éstas eran relevantes, el territorio no podía ser dejado de lado en el análisis económico. Tras muchos años de olvido de estos planteamientos por parte del mainstream neoclásico, el economista italiano Giacomo Becattini lo «redescubrió» a finales de los años setenta del siglo pasado para poder explicar el éxito económico de la Terza Italia.

Otra vía de penetración del factor territorial en la reflexión teórica proviene de las excesivas restricciones analíticas que suponía la hipótesis fundamental del pensamiento neoclásico de los rendimientos constantes a escala (y la competencia perfecta) para explicar el crecimiento económico. La evidencia de la existencia de rendimientos crecientes ha sido siempre muy fuerte, pero su traducción analítica complicaba en exceso el desarrollo de la teoría.

Robert Solow, en 1956, trata de superar estas restricciones introduciendo el concepto de productividad total de los factores (PTF) que, como se comenta en los capítulos anteriores, intenta explicar el crecimiento económico no explicable por el mero aumento en la utilización de capital y de trabajo. En el análisis de los componentes de esa «caja negra» que, en principio, supuso la PTF (o residuo de Solow), se ha encontrado la vía para romper aquellas restricciones.

Con la tesis doctoral de Paul Romer, en 1986, y su teoría del crecimiento endógeno, se sientan las bases para que la tradición neoclásica pueda trabajar con nuevas hipótesis fundadas en la lógica de los rendimientos crecientes a escala y la competencia imperfecta. Es la puerta abierta para la nueva teoría del comercio internacional, la economía industrial y, por supuesto, la nueva geografía económica en la que el factor territorial puede ser estudiado sin incompatibilidades conceptuales.

Así, elementos territoriales básicos como la dotación de infraestructuras se han convertido en factores relevantes en el análisis económico y las economías de aglomeración pasan a ser un elemento explicativo de los rendimientos crecientes. En consecuencia, llega a ponerse en cuestión, entre otras cosas, el paradigma neoclásico de la convergencia de las rentas per cápita en el ámbito territorial.

Una tercera vía por la que el territorio vuelve a estar presente en el análisis económico es, sin duda, la creciente importancia de la economía de los recursos naturales. Cuando se desecha la ingenua creencia de que estos recursos son de oferta ilimitada y su obtención no tiene coste alguno, se comprueba que son agotables y/o degradables, y que suponen o pueden suponer un límite para el crecimiento. Entonces, el territorio deja de ser una variable neutra.

El uso de los recursos naturales se convierte en una variable estratégica para el crecimiento económico hasta el punto (como pasa con el petróleo, el gas y, cada vez más, el agua) de condicionar o explicar conflictos geoestratégicos de alcance mundial. Incluso en términos más locales los conflictos potenciales entre crecimiento y medio ambiente merecen la consideración más atenta.

Pongamos el caso más evidente de las actividades turísticas, que pueden quedar muy afectadas por una degradación irresponsable de los recursos paisajísticos. O la consideración creciente del medio natural como valor cultural y como valor para el bienestar social. Por lo tanto, con la necesidad de valoración económica en el mercado.

De hecho, el nuevo paradigma de la sostenibilidad, que comenzó muy ligado a las cuestiones medioambientales, hoy en día se ha convertido ya en un concepto «holístico» que plantea la necesaria compatibilidad entre crecimiento económico, cohesión social y patrimonio natural y, que encuentra en las cuestiones territoriales un campo de reflexión privilegiado. La sostenibilidad ha acabado siendo un paradigma intelectual que va más allá de la propia economía, aunque la implica, y supone una afortunada reformulación de la teoría del desarrollo de los años setenta.

A pesar de esta creciente importancia del factor territorial y medioambiental en el análisis económico, aún hay vertientes que permanecen en la periferia del mainstream, como sucede con la poca importancia que tienen las rentas urbanas en el análisis de la distribución del excedente o de la tasa de crecimiento económico.

A continuación, se desarrollan los principales ítems que caracterizan la interacción entre el territorio y la actividad humana y económica.

4.2 Marco físico y recursos naturales

La base física de un territorio así como su dotación de recursos naturales afectan de manera importante tanto a su especialización productiva como a la distribución de su población. En el caso español, las condiciones geográficas han sido, en general, poco favorecedoras del crecimiento económico y los asentamientos poblacionales. El medio físico ha tenido repercusiones más favorables en la Comunidad Valenciana, ya que con una extensión de 23.256 km² (el 4,6% del territorio español), tiene una población superior a los cuatro millones ochocientos mil habitantes (algo más del 10% sobre la española), y un PIB que representa el 10% del español.

4.2.1 Orografía

El territorio español cuenta con una orografía muy irregular que históricamente ha dificultado las comunicaciones y el aprovechamiento del suelo. A diferencia de lo que sucede en la mayoría del territorio europeo, la existencia en la península Ibérica de grandes cordilleras que atraviesan y rodean una amplia meseta central, además de contribuir a la fragmentación territorial, ha supuesto serios obstáculos al desarrollo económico. En el caso de la Comunidad Valenciana, se trata de un territorio con forma alargada con una considerable fachada marítima de 450 km, mayoritariamente de costa baja y arenosa y, por lo tanto, con escasos puertos naturales. Al igual que en el conjunto español, también su orografía ha obstaculizado tradicionalmente las comunicaciones, tanto las interiores como con el resto de la península. Sólo el eje litoral ha facilitado la conexión hacia el norte, hacia Cataluña y Europa, si bien las serranías transversales han hecho difícil su proyección meridional.

De manera concreta, en la orografía valenciana podemos distinguir al menos tres zonas: el litoral (por debajo de los 200 m de altitud), una franja costera y llana de irregular amplitud, que representa la tercera parte del territorio, con suelos arcillosos de elevada productividad agrícola y donde se concentran la población y la actividad económica; la zona intermedia (entre 200 y 400 m de altitud), una especie de cordón que delimita por el oeste la zona anterior, y, finalmente, la zona interior (por encima de los 400 m de altitud), una amplia zona abrupta y de difícil relieve, con conexiones con el altiplano castellano-manchego y con un tipo de suelo básicamente calcáreo, lo cual, unido a la presencia mayoritaria del secano, se traduce en un escaso aprovechamiento agrícola.

4.2.2 Clima

Las diferencias climáticas son significativas entre las distintas áreas del territorio español. El mayor contraste se da entre la zona sureste, con altas temperaturas estivales y muy escasas lluvias, especialmente de carácter torrencial, y el área más septentrional, de clima templado y abundantes precipitaciones. A su vez, el amplio espacio delimitado por la meseta central muestra un clima continental, caracterizado por veranos secos y precipitaciones habitualmente de tipo tormentoso. Tampoco la Comunidad Valenciana es ajena a esta variedad climática, y podemos distinguir en ella al menos dos tipos de clima: el mediterráneo, de temperaturas templadas y suaves, con inviernos débiles y veranos calurosos, escasas lluvias concentradas en primavera y otoño, propio de la zona litoral y de algunos valles interiores, y el continental, de temperaturas extremas, con inviernos fríos y veranos calurosos, propio de las tierras de interior. Si bien la temperatura media (15°) es típica del área templada de tipo mediterráneo, se pueden apreciar las diferencias entre las comarcas costeras (17,9° de media) y las del interior (13,9°). Estas diferencias se manifiestan también en las precipitaciones: en las zonas montañosas del noroeste y del sur se registran 500-700 mm anuales, mientras que en las llanuras meridionales estas cifras son inferiores a los 350 mm. Además, la cantidad de agua caída se reparte de forma desigual a lo largo del año hasta el punto de que en las tormentas de primavera y otoño han llegado a registrase 100 mm en 24 horas; en algunos lugares esto representa la mitad del agua caída en todo el año.

4.2.3 Vegetación

La vegetación se encuentra condicionada por la orografía y el clima. Las formaciones predominates en la Comunidad Valenciana son el bosque en las zonas de montaña y la garriga en las tierras más bajas. En algunas zonas del litoral existen marjales y humedales en distinto estado de conservación por su parcial transformación en arrozales y otros cultivos.

Las especies arbóreas predominantes son de hoja perenne: carrascas, alcornoques, robles, sabinas y pinos. Sólo en las márgenes de los ríos hay árboles caducifolios (chopos, olmos y sauces). No obstante, debido a la sobreexplotación económica y a algunos incendios, las formaciones originales de carrascas, alcornoques y robles están en recesión y han sido reemplazadas por distintas especies de pinos. La vegetación de las tierras bajas está formada por numerosos arbustos (jara, lentisco, coscoja, etc.) y gran variedad de plantas aromáticas.

4.2.4 Recursos naturales

La actual concepción del término recursos naturales engloba todos aquellos recursos que conforman el patrimonio natural: minerales, recursos hídricos, espacios naturales de singular interés, recursos forestales, etc.

4.2.4.1 Recursos minerales

Cabe destacar que los recursos minerales disponibles en la economía española no pueden considerarse muy abundantes. La carencia de recursos es especialmente notable en los energéticos, lo que supone elevados niveles de dependencia externa y muy bajas cotas de autoabastecimiento, que sólo alcanzan cifras significativas en la disponibilidad de carbón nacional. Éste presenta, sin embargo, importantes problemas de costes y de calidades y se encuentra en un proceso de cierre escalonado de buena parte de las explotaciones. El consumo energético ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas y, aunque se ha iniciado un proceso de sustitución del petróleo por otras fuentes de energía alternativas, nuestro grado de autoabastecimiento es notablemente inferior al de la Unión Europea y al de la OCDE, como pone de manifiesto Jiménez (2003).

Los recursos mineros son también escasos en la Comunidad Valenciana. Sólo revisten cierta importancia los minerales no metálicos como es el caso de las explotaciones salinas del Pinós, Santa Pola y Torrevieja, las de caolín y las canteras repartidas por todo el territorio. En la actualidad, la explotación de yacimientos minerales se destina a fines industriales, a la construcción de carreteras y autovías, a la mejora de la red ferroviaria, a la ampliación de los puertos, a la construcción de diques y al sector de la construcción en general.

Entre esta multiplicidad de usos a los que se destinan los minerales extraídos, cabe destacar por su importancia económica y por la magnitud de las extracciones la arcilla destinada a la industria cerámica y a la construcción, localizada principalmente en las comarcas de l’Alcalatén y la Plana Alta. También tiene cierta importancia la extracción de yeso en la zona de l’Alt Palància y la Serra d’Espadà, para ser usado en revestimientos y decoración o como aditivo en otros materiales de construcción.

Por lo que respecta a recursos energéticos, las dotaciones actuales de la Comunidad Valenciana son claramente insuficientes para atender sus necesidades. De hecho, el índice de autoabastecimiento se sitúa en un 2,3 frente al 22,1% del conjunto español. Además, el consumo de energía procedente de fuentes renovables en la Comunidad Valenciana supone solamente un 2,2% sobre el total, siendo inferior al caso español (3,9%). En 1997 se elaboró en la Comunidad Valenciana el Plan de Energías Renovables, con el objetivo de que en el 2010 el 12% de la energía consumida provenga de fuentes renovables.

4.2.4.2 Recursos hídricos

La diversidad climática y geográfica existente en España condiciona tanto la oferta como la distribución de los recursos hídricos en el territorio nacional. Los contrastes más acusados se dan entre las zonas del norte y noroeste, con abundancia de agua, y las áreas del sur, donde este recurso escasea. De manera gráfica y, con referencia a la distribución de recursos hídricos en el territorio español, pueden identificarse tres grandes áreas:

El área septentrional y noroccidental, constituida por Galicia y las regiones cantábricas y pirenaicas. Cuenta con recursos hídricos abundantes y de carácter regular.

El área central, integrada por las grandes cuencas hidrográficas interiores. Las precipitaciones son moderadas y existen amplias zonas áridas.

El área mediterránea, que incluye una serie de pequeñas cuencas que desembocan en el mar Mediterráneo. Las precipitaciones son escasas e irregulares. La escasez de agua se hace más intensa cuanto más nos desplazamos al sur y es máxima en las zonas litorales de Murcia y Almería. En estas circunstancias, adquieren una notable significación los recursos subterráneos.

Según la evaluación de los valores de escorrentía media anual en España realizada para el Libro Blanco del Agua (2000), éstos se cifran en unos 220 mm, lo que significa una aportación de unos 111.000 hm³/año. Este valor medio se muestra muy irregular a lo largo del territorio. Por ejemplo, en la cornisa cantábrica se obtienen cifras por encima de los 700 mm/año, mientras que en la cuenca del Segura no se llega a los 50 mm/año. A esta heterogeneidad de tipo espacial habría que unir otra de carácter temporal.

A su vez, la irregularidad temporal de los recursos hace que sólo pueda aprovecharse un pequeño porcentaje (inferior al 10%) del total de recursos naturales existentes. Con el fin de paliar esta situación tan irregular y aumentar la disponibilidad de recursos para adaptar su cuantía a los niveles de demanda, se han construido importantes obras hidráulicas de regulación como los embalses y trasvases, se ha recurrido a la extracción de aguas subterráneas o, incluso, al uso de recursos no convencionales. La mayoría de las estimaciones realizadas coinciden en señalar que la disponibilidad real de los recursos hídricos en España se sitúa en torno al 40% del total existente. La utilización de aguas subterráneas se cifra actualmente en algo más de 4.300 hm³ anuales, con los que se cubre casi el 18% de las necesidades del regadío y cerca del 30% del abastecimiento urbano. El uso de estos recursos hídricos alcanza gran envergadura en las cuencas del Xúquer y Guadiana, mientras que es bajo en el Duero, Ebro o Guadalquivir. En algunas zonas del litoral mediterráneo y en La Mancha se dan situaciones de sobreexplotación de acuíferos de consecuencias muy negativas.

Entre los recursos denominados no convencionales cabe mencionar los provenientes de la regeneración de aguas residuales y de la desalación de aguas marinas y salobres. En el primer caso, se obtienen algo más de 400 hm³ anuales (destacando Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Canarias y Cataluña), que se destinan mayoritariamente al riego. Una cuantía similar se genera mediante los sistemas de desalación siendo España el primer país europeo en cuanto al volumen obtenido. De manera global, la importancia de estos recursos no convencionales es todavía muy escasa, ya que cubren sólo un 4% de la demanda total de recursos hídricos.

En cuanto a la demanda de agua, habitualmente se identifican tres tipos: abastecimiento urbano, industrial y regadío. En el primer caso se incluyen tanto el consumo doméstico como el de aquellas actividades (industriales o de servicios) ubicadas en los núcleos urbanos. Según la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua, en el 2006 se distribuyeron en España 4.698 hm³ por las redes públicas de abastecimiento urbano. Las pérdidas aparentes de agua (fugas, roturas, averías, errores de medida...) fueron estimadas en un 16,7%. En concreto, el consumo de agua potable de las familias españolas se situó en 2.616 hm³, lo que representa un consumo medio de 160 litros por habitante y día (185 l/hab./día en la Comunidad Valenciana). Aunque la evolución de este consumo es de moderado descenso respecto al 2005, habría que destacar los aumentos de tipo estacional que se registran en las zonas con mayor afluencia turística. En cuanto al regadío como destino mayoritario del agua en España, el consumo de las explotaciones agrarias ascendió a 15.865 hm³ en el 2006 (tabla 4.1), lo que supone un descenso del 3,9% con relación al 2005. Por tipo de cultivo, los herbáceos representan el 44,7% del total, mientras que si atendemos a las técnicas de riego (tabla 4.2), el tradicional riego por gravedad es la técnica mayoritaria con un 45,2% sobre el total del agua consumida. Como es lógico, el peso de la superficie regada es muy distinto en función del ámbito territorial del que se trate.

Los desequilibrios espaciales existentes en cuanto a dotación de recursos hídricos han influido históricamente en la distribución de los asentamientos demográficos y de la actividad económica entre las distintas áreas geográficas de la península ibérica, puesto que el agua es un recurso esencial para cualquier actividad humana. La existencia de zonas con una elevada dotación de recursos hídricos frente a otras que presentan escasez hace que se invoque con frecuencia el principio de solidaridad interregional. Como es lógico, cualquier actuación dirigida a optimizar el uso de los recursos disponibles debería basarse en la utilización de mecanismos tanto de oferta como de demanda.110

TABLA 4.1

Consumo de agua por tipo de cultivo y comunidad autónoma (2006) (miles de m3)

Fuente: Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario en 2006. INE (2008).

TABLA 4.2

Consumo de agua por técnica de riego y comunidad autónoma (2006) (miles de m3)

Fuente: Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario en 2006. INE (2008).

Las políticas de oferta tratan de incrementar la dotación de recursos en un área deficitaria, y el mecanismo tradicional ha sido, efectivamente, la construcción de embalses y trasvases. Sin embargo, los avances tecnológicos han hecho posible contar con otros recursos no convencionales, procedentes en su mayoría de la depuración de aguas residuales y de la desalación de agua marina (tabla 4.3). La reutilización de recursos obtenidos de la regeneración de aguas residuales debería considerarse como una necesidad irrenunciable tanto desde el punto de vista social como ambiental y sanitario. Además de rentabilizar el propio proceso de depuración, la utilización de estos recursos reduciría la presión de la demanda sobre los denominados recursos hídricos convencionales. En cuanto a la desalación, hace años que se utiliza en zonas con déficit hídrico. Lanzarote, por ejemplo, construyó su primera planta desalinizadora en 1965. En la actualidad, son casi un centenar las plantas instaladas en Canarias. También Baleares optó hace años por esta alternativa (1985, primera planta en Formentera) y ha continuado en esa línea para asegurar el abastecimiento de Mallorca y de las otras islas del archipiélago. España, con cerca de 800 plantas, ocupa el quinto lugar mundial en capacidad instalada.

TABLA 4.3

Disponibilidad de recursos hídricos en el sector agrario por comunidad autónoma (2006) (miles de m3)

Fuente: Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario en 2006. INE (2008).

En cuanto a la gestión de la demanda, dado que el sector agrícola es el mayor consumidor, es lógico pensar que es en este campo donde pueden obtenerse los mayores ahorros. La reducción de la demanda agrícola puede conseguirse básicamente cambiando el sistema de riego, de inundación a goteo, por ejemplo, mejorando las canalizaciones o incrementando el precio del agua. A este respecto, conviene insistir en el bajo coste que este recurso tiene en la actualidad para el usuario, entre otras razones, porque en el caso del regadío, debido en parte a una serie de derechos históricos, se suele cobrar en función de la superficie regada y no del volumen de agua utilizado, con lo cual no existen incentivos para disminuir el consumo. En cambio, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (Directiva 2000/60/CE) considera que el precio del agua debe reflejar su verdadero coste económico, incluyendo los costes ambientales y los relacionados con el agotamiento de los recursos, así como los costes de los servicios necesarios para su provisión. Es probable, por tanto, que la situación presente se modifique para adecuarse al nuevo marco comunitario.

Los desequilibrios hídricos citados a escala nacional están también presentes en la Comunidad Valenciana: una demanda superior a la oferta y desigual distribución espacial de los recursos. En esta zona geográfica, el nivel medio de precipitaciones es inferior a la media española. Además, este índice es especialmente bajo en las comarcas litorales situadas al sur de la Comunidad. Se trata de un área fuertemente deficitaria en recursos hídricos, por lo que se generan graves problemas tanto para la actividad agrícola como para el propio consumo humano en los períodos de mayor presión demográfica derivada del turismo. Además, existe una distribución estacional muy irregular de las lluvias, que se concentran, sobre todo, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Este régimen de lluvias ocasiona una intensa erosión y alimenta el proceso de desertización de amplias zonas del territorio valenciano, sobre todo en la parte sur.

A efectos de analizar la situación en la Comunidad Valenciana, habría que distinguir entre recursos hídricos de superficie y subterráneos. Los primeros proceden de los ríos, los cuales podemos diferenciar entre autóctonos y alóctonos. Los autóctonos son cortos, irregulares, de escaso caudal y elevados desniveles, como el Sénia, Cérvol, Cervera, Sec, Palància, Serpis o Alcoi, Girona, Gorgos, Algar, Amadori, Sella, Montnegre y Vinalopó. Los alóctonos son más largos, con mayor caudal, más regulares y con mayor utilidad económica, como el Millars (50% de recursos de fuera de la Comunidad), Túria (53%), Xúquer (78%) y Segura (100%). En conjunto estos últimos aportan el 82% del total de los recursos hídricos fluviales. Cabe tener en cuenta algunos afluentes importantes como el Vistabella (del Millars) o el Magre, el Cabriol, l’Albaida o el Sallent (del Xúquer). Asimismo, cabe mencionar el río Bergantes, que es afluente del Ebro. En total, las aguas superficiales suponen una aportación cercana a los 3.500 hm³, de los cuales un 60% procede de fuera de la Comunidad. Los recursos hídricos subterráneos se encuentran básicamente en la franja litoral (la más rica es la de L’Horta-Ribera) y se cifran en algo más de 1.000 hm³. En suma, los recursos hídricos totales de la Comunidad se sitúan en torno a los 4.500 hm³.Al otro lado de la balanza se encuentran las necesidades hídricas, las cuales cuantificaba el Plan Hidrológico Nacional por encima de los 3.100 hm³, de los cuales cerca de un 84% corresponde a consumo agrícola; un 13%, a usos urbanos, y el resto, a uso industrial. Aunque el balance hídrico global pueda ofrecer superávit, existen numerosas zonas con déficit debido a que la distribución de los recursos y los usos no es homogénea. Además, en algunas áreas como El Vinalopó-l’Alacantí, la Vega Baja del Segura y, en menor medida, el litoral norte de Castellón, los déficits alcanzan una magnitud considerable y se agravan en la época estival.

4.2.4.3 Recursos forestales

La superficie forestal de España ocupa alrededor de 26 millones de hectáreas del territorio nacional, pero la zona arbolada sólo representa el 52% de esta superficie (13.509.000 ha); el resto está formado por monte bajo, tierras de labor abandonadas y terrenos improductivos. En la Comunidad Valenciana, la superficie forestal es de 1,2 millones de hectáreas, lo que representa un 4,6% del total español. La zona arbolada asciende a 628.280 ha (52% del total). Las comarcas más boscosas son las del interior de Valencia (els Serrans, la Plana d’Utiel-Requena y la Vall d’Aiora) y las del interior de Castellón (els Ports, l’Alt Palància y l’Alt Millars). La importancia de estos montes no reside en su explotación maderera (prácticamente nula), sino en las importantes funciones ambientales y recreativas que desempeñan.

4.3 La interacción entre el territorio y la actividad humana

Desde una perspectiva histórica, población y actividad económica se localizan en el territorio (introduciendo cambios radicales en el medio natural mediante caminos, carreteras, ferrocarriles, embalses, desviaciones de corrientes fluviales, etc.) y tratan de aumentar las ventajas y de reducir los inconvenientes del territorio en términos, fundamentalmente, de accesibilidad. Cada nueva generación modifica tanto las condiciones del medio como la accesibilidad, y cambia las pautas de asentamiento de la población y la actividad económica.

4.3.1 Sistemas urbanos

Desde el punto de vista del sistema urbano europeo y español, el País Valenciano pertenece al arco mediterráneo noroccidental. Desde la perspectiva europea, éste es un subsistema urbano bastante dinámico (el norte del sur), que se extiende desde Murcia hasta Roma y que conecta con el eje Lotaringi (o Banana europea) por el valle del Ródano. A pesar de su demostrada dinamicidad, el eje mediterráneo ha experimentado en las últimas décadas serios obstáculos e impedimentos a su desarrollo. Unos tienen que ver con la falta de coordinación y de políticas comunes y el déficit de infraestructuras de comunicación eficientes. Otros, con el evidente desplazamiento hacia el este del eje transversal europeo como consecuencia de la ampliación hacia oriente de la Unión Europea y la presencia activa de ciudades como Berlín, Praga o Budapest (mapas 1 y 2).

MAPA 1

MAPA 2

Por su parte, el sistema urbano español se caracteriza por la coexistencia de dos modelos claramente diferenciados. Por un lado, un sistema radial que tiene Madrid como punto nodal básico y, por otro, la parte española del precitado potente eje mediterráneo que conecta con Euskadi por el Valle del Ebro. La fuerza del eje Madrid-Alicante/Valencia (que se ve reforzada por la finalización del AVE) determina claramente la única estrategia territorial razonable: la «T», es decir, la consolidación equilibrada tanto del eje (o ejes) que une el País Valenciano con Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón, como del propio eje mediterráneo como vínculo básico con Cataluña y Europa (mapas 3 y 4).

En tanto que los sistemas urbanos condicionan el conjunto del territorio, es imprescindible tipificar las características básicas del sistema urbano valenciano si queremos entender cómo se organiza su territorio. En síntesis, este sistema urbano se estructura en torno a «ejes», el principal de los cuales es el potente eje litoral, donde se ubica un porcentaje de población y actividad económica próximo al 75% del total.

El segundo eje longitudinal es el llamado carrer major del País Valenciano: el que transcurre entre las ciudades de Valencia y Alicante por tierras del interior. Estos dos ejes longitudinales se ven complementados por cuatro ejes transversales: el débil eje Vinaròs-Alcañiz, la vía de Aragón (Sagunto-Segorbe-Teruel), el potente eje Valencia-Madrid y el corredor de la Vall del Vinalopó (Elx-Almansa) que, entre Villena y la Font de la Figuera, se articula con el que fue históricamente el más potente eje de penetración hacia el interior de la península, Valencia-Almansa.

MAPA 3

MAPA 4

Sobre esta estructura de ejes, se articulan las áreas y los núcleos urbanos más importantes: el área metropolitana de Valencia (la única con peso «internacional»), las de Castellón y Alicante, el corredor del Vinalopó, la región urbana de las «comarcas centrales» articulada por el polígono Gandia-Dénia-Xàtiva-Alcoy-Ontinyent y el resto de ciudades medianas (mapas 5, 6 y 7 y tabla 4.4).

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

TABLA 4.4

Distribución de los municipios según número de habitantes (2007)

Fuente: Institut Valencià d’Estadística (2008).

Con casi 100 núcleos que superan los 10.000 habitantes, el sistema urbano valenciano es, a pesar de los fuertes desequilibrios territoriales entre gran parte del interior y la costa y la falta de una imprescindible reforma del gobierno local, un sistema urbano bastante denso y bien estructurado que genera abundantes economías de aglomeración, de localizatión y de red.

4.3.2 Red de comunicaciones

El sistema urbano valenciano debe buena parte de su eficiencia a una red de comunicaciones que ha experimentado una sustancial mejora en los últimos 30 años y que, hoy día, se puede considerar satisfactoria si excluimos los excesivos problemas de congestión que se registran en las áreas urbanas más densamente pobladas y que tienen su origen en el uso abusivo del vehículo privado y en el déficit de las comunicaciones ferroviarias. Problemas reales y de urgente resolución que, de todas formas, no contradicen el diagnóstico de un funcionamiento satisfactorio de la red viaria. Una red que mejora sensiblemente con la finalización de las obras de la autovía Valencia-Alicante por el interior y la autovía transversal Albaida-Gandia. A éstas hay que añadir la construcción prevista del segundo by pass de Valencia, por la congestión del primero.

Este es, precisamente, el «límite» que presenta un sistema excesivamente dependiente de la red viaria: el incentivo a la utilización del vehículo privado y la reproducción de los niveles de congestión. Y es este límite el que permite afirmar que la red de comunicaciones valenciana tendría que verse mejorada en las próximas décadas por una inversión pública que priorizará el ferrocarril tanto en las áreas urbanas densamente pobladas como en los recorridos interurbanos. La red ferroviaria en el País Valenciano es verdaderamente raquítica, y eso puede convertirse en un obstáculo muy serio para su desarrollo.

En cuanto a las infraestructuras portuarias, comencemos por destacar que una buena parte de los antiguos puertos pesqueros se han convertido en puertos deportivos, y la actividad pesquera queda como residual. Las excepciones son los puertos de Castellón, Sagunto, Valencia, Gandia y Alicante, que mantienen (en el caso de Gandia, sólo en parte gracias a las importaciones de papel) un importante papel logístico. Importancia objetiva que se ve afectada, lógicamente, por la fuerte competencia internacional y por la duda de si en el ámbito mediterráneo no sería más conveniente complementar la natural competencia (sobre todo entre los puertos de Valencia y Barcelona) con una política de cooperación estratégica de cara a conseguir ser las puertas meridionales de Europa, tras el traslado de la «fábrica» del mundo a Asia. Además, en el caso del gran puerto intercontinental de Valencia, aún está por decidir si el crecimiento de la actividad portuaria debe permanecer en el Grao de Valencia (donde hay usos alternativos de turismo y ocio) o bien desplazarse al Puerto de Sagunto.

En cuanto a las comunicaciones aéreas, el futuro del aeropuerto de Castellón es incierto, mientras que las sucesivas ampliaciones de los de Manises (Valencia) y L’ Altet (Alicante) están mejorando claramente su utilización, particularmente con las compañías de bajo coste y el inicio de vuelos intercontinentales.

Si el diagnóstico sobre la red viaria interior ha sido relativamente positivo, no se puede decir lo mismo cuando hablamos de la «gran accesibilidad», es decir, de aquella que nos relaciona con los sistemas urbanos español y europeo. Más allá de lo que aún se puede considerar déficit de comunicaciones aéreas, el problema fundamental se encuentra en el mantenimiento del peaje en la AP-7 pero, sobre todo, en el déficit ferroviario (de personas y de mercancías) del arco mediterráneo.

En cuanto a las mercancías, la propuesta de la Unión Europea contempla el arco mediterráneo desde Murcia (antes ni lo contemplaba), pero no establece la continuidad desde Algeciras, y ésta es una cuestión capital para llevar a cabo la conexión intermodal con los grandes puertos del eje mediterráneo. Por lo que respecta al transporte ferroviario de pasajeros, el servicio de Euromed Alicante-Barcelona es manifiestamente mejorable (el tramo Castellón-Reus debería ser como el resto y no está previsto), y sólo lo podrá ser con la dotación del AVE en el corredor mediterráneo. La «T» tiene que funcionar.

4.3.3 Ubicación de la población y la actividad económica

Si prescindimos del análisis de la evolución histórica y nos fijamos en una especie de foto fija del territorio valenciano, las pautas de asentamiento de población y actividad son relativamente fáciles de reconocer. La población, por ejemplo, mantiene un fuerte dualismo entre el escaso poblamiento de las comarcas interiores de Castellón y Valencia y la cada vez más colmada franja costera. Sólo la Vall del Vinalopó y las comarcas centrales suponen una excepción, aunque es menor la cuota relativa de población asentada.

Por el contrario, la franja de 30 km a partir de la costa concentra un porcentaje de población creciente. Las mejoras en la accesibilidad han permitido un asentamiento más disperso de la población, y han aumentado en radio todas las aglomeraciones urbanas densamente pobladas. Además, el turismo ha continuado fijando población en la franja costera, aunque las mejoras de la accesibilidad han permitido crecimientos de baja densidad en «segunda línea» de la mano del boom inmobiliario experimentado desde 1998 hasta principios del 2007.

La distribución espacial de la actividad económica presenta un patrón relativamente parecido al de la población, pero no exactamente coincidente. El aumento de los flujos diarios residencia-trabajo, residencia-estudios o residenciaocio es la prueba más evidente de esta inexistencia de paralelismo. Aun así, la geografía económica del País Valenciano presenta concentraciones significativas de actividad no agraria, y es un rasgo diferencial la existencia de numerosos distritos industriales que demuestran la fuerza de las economías de localización. En términos generales, y observando el territorio de norte a sur, podemos destacar el distrito industrial del azulejo en el área de la Plana. La relativamente pequeña área industrial de Sagunto sirve de vínculo con la potente área industrial y de servicios del área metropolitana de Valencia, que alcanza unos 70 municipios en un radio de unos 30 km.

Camino de Xàtiva, vuelve a bajar la intensidad industrial para subir significativamente en las «comarcas centrales» del interior, donde el textil, el juguete y la industria basada en el know-how de la matricería están muy presentes. El mapa industrial del País Valenciano finaliza con el eje del Vinalopó, donde el calzado continúa dominando el paisaje industrial a pesar de la notable diversificación generada por la crisis, en un proceso parecido al experimentado por el textil y el juguete. La actividad industrial se ve complementada por una relevante industria agroalimentaria presente en diferentes lugares y por una actividad comercial y terciaria que se explica tanto por el intenso grado de urbanización como por el efecto arrastre del turismo, un turismo fundamentalmente de sol y playa.

De este modo, población y actividad económica se localizan en el territorio obteniendo tanto recursos naturales como economías de aglomeración, localización y red. Y, en un proceso siempre interactivo, someten al territorio a la presión que supone la utilización (no siempre prudente y comedida) de recursos agotables o degradables y el vertido de residuos de todo tipo. Esta presión supone elevados costes sociales insuficientemente internalizados vía costes por las familias y los agentes económicos, como se verá en el siguiente epígrafe.

4.4 Actividad económica y efectos ambientales

Tanto España como la Comunidad Valenciana sufren los efectos ambientales de carácter planetario, entre los que destacan los relacionados con el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono. Uno de los problemas ambientales de carácter global es el aumento de la temperatura del planeta debido al efecto invernadero, provocado por las emisiones de algunos gases contaminantes. El principal causante del cambio climático en cuanto a magnitud es el dióxido de carbono, ya que en los países desarrollados supone alrededor del 80% de las emisiones totales. Las emisiones de ^CO2 proceden principalmente del uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad, el transporte y las instalaciones de calefacción. En la Comunidad Valenciana, la comarca de Els Ports es la peor situada en cuanto a niveles de ozono. Con relación a las partículas de polvo de mayor tamaño (PM10), destaca negativamente Castellón, que paga este tributo por la concentración de la actividad cerámica en su entorno urbano.

4.4.1 El deterioro y la erosión del suelo, la degradación del medio físico y la desertización

La actividad humana y los propios factores ambientales pueden causar el deterioro del suelo de manera irreversible y dar lugar a problemas de desertización. Se estima que un 12% del territorio europeo, es decir, más de 115 millones de hectáreas, sufre los efectos de la erosión. Esta problemática se manifiesta con mayor intensidad en España, ya que casi la mitad de su superficie (44%) está afectada por la erosión, y es especialmente grave la situación de las comunidades de Andalucía y Murcia. Se trata de un problema de difícil solución y que se ve agravado por los propios condicionantes físicos (zonas con fuerte pendiente, suelos arcillosos, períodos de sequía, lluvias torrenciales), la acción humana (roturaciones y talas excesivas, éxodo rural) y, especialmente, los incendios forestales.

En la Comunidad Valenciana, los incendios se han sucedido ininterrumpidamente en distintas zonas, tal como lo atestiguan los datos que figuran en la tabla 4.5. Durante el período 2000-2007, de promedio, se han producido 474 incendios anuales, que han provocado daños en un total de 31.961 hectáreas. Las pérdidas ocasionadas por los incendios abarcan distintos aspectos. En primer lugar, el rendimiento económico derivado de la explotación maderera del bosque disminuye, ya que la madera que puede extraerse de un bosque quemado es de peor calidad y se vende a un precio más bajo. En segundo lugar, se produce una merma en las funciones ambientales realizadas por esa masa forestal (reducción de la capacidad de absorción de dióxido de carbono, aumento de la erosión, etc.) y, por último, los incendios afectan también a las funciones recreativas de estos espacios verdes, porque un bosque quemado pierde su atractivo.

El conjunto de las actividades agrarias afecta aproximadamente al 90% del territorio de la Comunidad Valenciana, con lo que su incidencia ambiental es claramente relevante. Aparte de los efectos ambientales nocivos de diversos productos propios de la agricultura intensiva (pesticidas, plaguicidas, herbicidas, abonos químicos, etc.), en las áreas de secano el principal problema es la práctica desaparición de la vegetación natural y el empobrecimiento del suelo con los consiguientes problemas de erosión.

TABLA 4.5

Número de incendios y hectáreas quemadas en la Comunidad Valenciana (2000-2007)

Años	Número de incendios	Hectáreas quemadas
2000	605	6.548
2001	442	4.793
2002	321	1.202
2003	408	3.331
2004	487	1.102
2005	686	3.285
2006	471	3.475
2007	375	8.225
Total	3.795	31.961
Media	474	3.995

Fuente: Elaboratión propia basada en los Anuarios del IVE, varios años.

4.4.2 El tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de las aguas residuales

Los residuos admiten varias clasificaciones según su peligrosidad y procedencia. Son residuos peligrosos todos aquellos objetos y sustancias que presentan toxicidad o ciertos riesgos para las personas y el entorno (como los productos inflamables), independientemente de cuál sea su origen.¹ Según su procedencia, se clasifican en residuos sólidos urbanos (RSU), sanitarios, industriales, agropecuarios, etc. Aunque en España estos últimos son los mayoritarios, desde un punto de vista ambiental, resulta más problemática la gestión de los residuos urbanos e industriales.

La generación de residuos se halla directamente vinculada con la evolución de los niveles de renta y consumo. En toda Europa se ha producido un aumento de los residuos sólidos urbanos a medida que crecía la renta. Actualmente, en España se producen en torno a 500 kilogramos por habitante y año, y se superan con creces los objetivos establecidos en las directivas comunitarias (300 kg/hab./año), pero todavía por debajo de los valores alcanzados por otros países como Francia o Italia.

Para abordar el problema de los residuos, la Unión Europea trata de difundir la política de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar, en ese mismo orden de prioridad, con el objetivo de disminuir el volumen de residuos generados y de estimular los procesos de reutilización y reciclaje. En España, según la Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos correspondiente al año 2006, se recicla un 13,5% de los residuos urbanos generados, un 16,4% se destina a la producción de compost y el resto se elimina a través de vertederos y, en menor medida, de la incineración. En la Comunidad Valenciana, la mayoría de los residuos urbanos generados (en torno al 70%) recibe tratamiento en plantas de compostaje, un porcentaje cercano al 20% se elimina a través de vertederos, mientras que el resto se recoge selectivamente. Por otra parte, la Unión Europea ha incorporado los principios de autosuficiencia y proximidad al origen en la gestión de los residuos, a fin de que éstos sean tratados por quien los genera en puntos próximos a su origen.

En el ámbito del saneamiento y la depuración, prácticamente la totalidad de la población dispone de agua potable en su domicilio y, según la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua (2006), se recogen diariamente más de 15,3 millones de metros cúbicos de aguas residuales, de los que un 89% reciben tratamiento (tabla 4.6). En el caso de la Comunidad Valenciana, el volumen recogido supone 1,8 millones de metros cúbicos al día, y son tratados prácticamente la totalidad de éstos. No hay que olvidar que la Directiva 91/271/CEE obliga a depurar las aguas residuales de las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes en el año 2005 como máximo. En este sentido, es importante señalar que la Comunidad Valenciana fue pionera en esta iniciativa y ya en 1992 diseñó un Plan Director de Saneamiento y fomentó la construcción de EDAR (estaciones depuradoras de aguas residuales) en todos los municipios con más de 500 habitantes. En la actualidad, existen 415 plantas en servicio con un alto grado de cumplimiento (93%) de la citada Directiva.

TABLA 4.6

Recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas (2006)

	Comunidad Valenciana	España
Volumen de aguas residuales recogidas (m3/día)	1.776.667	15.365.775
Volumen de aguas residuales tratadas (m3/día)	1.334.458	13.741.235
Volumen total de agua reutilizada (m3/día)	634.499	1.361.450

Fuente: Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua (2006). INE (2008).

4.4.3 La generación de residuos no urbanos y su tratamiento posterior

Según la Encuesta de reciclado y tratamiento de residuos del INE, en el 2006 las empresas gestoras de residuos no urbanos recogieron en España un total de 27 millones de toneladas de residuos no peligrosos² y 3,2 millones de toneladas de residuos peligrosos. Del conjunto de los residuos no peligrosos gestionados, el 64,6% se destinó al reciclado; el 34,4%, al vertido, y el 1,0% fue incinerado. En el caso de la Comunidad Valenciana se recogieron casi 1,4 millones de toneladas de residuos no peligrosos y algo más de 40.000 toneladas de residuos peligrosos.

Con referencia a la regulación ambiental en el campo de residuos, es evidente la necesidad de emprender nuevas actuaciones destinadas, por un lado, a estabilizar y limitar su generación estimulando los procesos de reutilización y reciclado y, por otro, a ampliar las infraestructuras de recogida, tratamiento y eliminación, tanto de los residuos urbanos como de los no urbanos. En este sentido, tanto la Ley de Envases y Residuos de Envases de 1997 como la Ley de Residuos de 1998, que siguen las respectivas directivas europeas, establecen criterios de responsabilidad compartida para reducir el volumen de residuos y estimular los procesos de reciclado y valorización, impulsando sistemas integrados de recogida, tratamiento y gestión que, al mismo tiempo, eviten la contaminación de los suelos.

En cuanto al marco normativo específico existente en la Comunidad Valenciana en esta materia, cabe mencionar sobre todo la Ley 10/2000 de Residuos. Esta ley establece con carácter general la competencia de las entidades locales para la gestión de los residuos urbanos o municipales, y es responsabilidad del ayuntamiento la prestación del servicio público de recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos. Asimismo, se prevé, de forma expresa, la posibilidad de que se constituyan voluntariamente consorcios entre los entes locales y la Generalitat para una prestación más eficaz de los servicios mencionados. Finalmente, las diputaciones provinciales contribuirán a la adecuada ejecución de las competencias locales, tal y como dispone al efecto la legislación de régimen local.

Esta misma norma obliga a los productores de residuos peligrosos a presentar un plan de prevención y reducción de residuos a la Conselleria competente, con el fin de favorecer la adopción de técnicas y tratamientos más respetuosos con el medio ambiente, y promover la valorización material y energética por encima de la eliminación en vertederos. La gestión de residuos peligrosos en la Comunidad Valenciana se encuentra condicionada por la regulación existente en aquellas comunidades autónomas a las que se envían residuos peligrosos para su adecuado tratamiento.

4.4.4 La estacionalidad de la actividad turística y el predominio del turismo de sol y playa

Como resulta conocido, el crecimiento de la actividad turística supone aumentar la presión sobre los hábitats, los servicios de transporte, el suelo en la costa y en la montaña, los recursos energéticos e hídricos, etc., particularmente en las zonas costeras.

Junto a los efectos beneficiosos de generación de riqueza y creación de empleo, la actividad turística en la Comunidad Valenciana es también una fuente de impactos ambientales de todo tipo, más intensos cuanto más se concentra en el espacio (áreas litorales) y en el tiempo (meses estivales). El hecho de que estructuralmente el turismo valenciano tenga un neto perfil extrahotelero y que la mayoría de visitantes se alojen en viviendas propias o arrendadas multiplica esos impactos. Fuertes et al. (2001) han estimado en millón y medio de habitantes la población estacional turística, y se localizan mayoritariamente en la provincia de Alicante, donde se produce un uso abusivo del suelo y de recursos naturales en general. Siguiendo las recomendaciones contenidas en el Quinto Programa Ambiental de la Unión Europea para este sector, la transformación del modelo turístico hegemónico de sol y playa en una oferta más amplia y equilibrada en el espacio y en el tiempo, así como las posibilidades y los inconvenientes del desarrollo en la Comunidad Valenciana de un turismo específicamente verde o ecológico, son aspectos que cabe considerar en cualquier estrategia de futuro.

4.5 Retos de la política ambiental

Si tenemos en cuenta el conjunto de problemas ambientales que nos afectan, se plantea el reto de diseñar y aplicar una política ambiental³ capaz de encontrar soluciones que garanticen el principio de sostenibilidad. En este sentido, habría que hacer mención de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, aprobada en el 2007. Los principales objetivos de esta estrategia podrían resumirse de la siguiente manera:

En el ámbito del cambio climático: Reducir las emisiones a través de un mayor peso de las energías renovables y de una mejora en la eficiencia energética en transporte y edificación.

En materia de producción y consumo: Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje; aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores; optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de personas y mercancías.

En lo referente a conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio: Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado; asegurar la calidad del recurso hídrico garantizando el abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible de éste.

Un importante reto medioambiental que preocupa a la sociedad es el cambio climático. En el marco de los objetivos internacionales, y en particular europeos, se pretende limitar el crecimiento de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) al 15% en el período 2008-2012 frente a los niveles del año base. Aunque las emisiones entre el año base y el 2005 crecieron un 52,2% como consecuencia de un rápido crecimiento económico y de un fuerte incremento de la población, no conviene olvidar que las emisiones de GEI per cápita en España siguen situándose un 8% por debajo de la media europea.

Otro gran reto especialmente importante en la Comunidad Valenciana es la disponibilidad y adecuada gestión de los recursos hídricos. En este sentido, se apuesta por sustituir los tradicionales enfoques de oferta basados en grandes infraestructuras por estrategias de gestión de la demanda y de conservación y regeneración de los recursos. En coherencia con la Directiva Marco del Agua, y para asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del agua, se ha puesto en marcha el Programa Global de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (Programa AGUA). En este programa se integran actuaciones de depuración de aguas residuales, de regeneración y reutilización de las aguas, de mejora y modernización de sistemas de abastecimiento y de riego, así como la construcción de plantas desalinizadoras. Se priorizan las inversiones en aquellas zonas con mayores desequilibrios hídricos, como son las cuencas mediterráneas.

Para responder a la necesidad de mejora de la calidad de las aguas, se aprobó en junio de 2007 el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, con el fin de poder cumplir los objetivos no alcanzados del Plan de Saneamiento y Depuración 1995-2005, con las exigencias comunitarias de la Directiva 91/271/CEE y con los objetivos medioambientales para el año 2015 establecidos en la Directiva Marco del Agua y, al mismo tiempo, establecer un nuevo mecanismo de gestión, cooperación y coordinación institucional entre administraciones competentes en la gestión del recurso. Además, la puesta en marcha del Plan de Tolerancia Cero de Vertidos persigue el objetivo estratégico de que ningún efluente de municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes llegue al curso de un río o al mar sin depurar.

La reutilización directa de aguas residuales en zonas costeras supone un incremento en la disponibilidad de los recursos, ya que se trata de un agua que no se aprovecharía de otro modo, mientras que las aguas depuradas en el interior pueden ser vertidas a los cauces, y pueden ser aprovechadas posteriormente junto con otras aportaciones naturales. Con el objetivo de fomentar la utilización de las aguas regeneradas (en la agricultura, riego de parques y jardines, campos de golf, mantenimiento de caudales medioambientales, etc.) como línea estratégica de uso sostenible del agua, se aprobó el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Además de esta normativa reguladora, se requerirá una adecuada coordinación entre las distintas administraciones competentes en la materia, junto con el establecimiento, en su caso, de instrumentos económicos y financieros que ejerzan un papel incentivador.

En materia de desalación como fuente de recursos hídricos adicionales, especialmente necesarios en el litoral mediterráneo, el Programa AGUA incluye alrededor de 100 actuaciones específicas con una inversión de 3.900 millones de euros y unas aportaciones previstas de 1.100 hm³/año, concentradas en las cuencas del Sur, Segura, Xúquer, Ebro e internas de Cataluña.

4.6 Resumen y conclusiones

El marco físico de un territorio y su dotación de recursos naturales afectan de manera importante tanto a su especialización productiva como a la distribución de su población. Las condiciones geográficas han sido, en general, poco favorecedoras del crecimiento económico y los asentamientos poblacionales en España, y siendo más favorables en el caso de la Comunidad Valenciana.

A su vez, población y actividad económica interaccionan con el territorio ejerciendo cambios radicales en el medio a través de las infraestructuras y provocando importantes daños ambientales siempre que no se gestionen adecuadamente los llamados outputs no deseables derivados de la propia actividad humana y del crecimiento económico.

Resulta conocido que en los últimos años las economías española y valenciana han experimentado un fuerte crecimiento que ha supuesto un aumento de sus niveles de renta per cápita hasta aproximarse a la media europea, pero también un mayor consumo de recursos naturales y la generación de más contaminación y residuos, entre otras externalidades territoriales. El objetivo básico de cualquier política ambiental deberá ser conseguir el desacoplamiento entre un crecimiento económico deseable y sus consecuencias ambientales. Para ello se requiere la aplicación de instrumentos eficaces como el incremento de la eficiencia, la adopción de mejoras tecnológicas en todos los ámbitos (energético, hídrico, residuos), la mejora de las redes de transporte, tanto de energía como de agua, la vigilancia de las emisiones de sustancias contaminantes y el fomento de la información y la concienciación de los ciudadanos y las empresas en materia ambiental. La adecuada combinación de todas estas medidas logrará reducir los problemas ambientales y contribuirá a un crecimiento verdaderamente sostenible y respetuoso con el territorio. Éste es el principal reto al que se enfrentan el conjunto de países desarrollados y, por tanto, las economías española y valenciana.

PRÁCTICAS

Práctica 4.1 Rango-dimensión, índice de primacía e indicadores de sostenibilidad

a) Tomando como base los conceptos de las estadísticas del rango-dimensión y del índice de primacía y la tabla P. 4.1, calcúlense las estadísticas mencionadas.

b) Propóngase un sistema de indicadores de sostenibilidad que contenga, al menos, 15 elementos.

TABLA P.4.1

Ciudades de más de 10.000 habitantes del País Valenciano

1	Valencia	797.654
2	Alicante	322.673
3	Elx	222.422
4	Castellón de la Plana	172.624
5	Torrevieja	94.006
6	Orihuela	80.468
7	Gandia	77.421
8	Torrent	75.131
9	Benidorm	69.058
10	Sagunto	63.359
11	Alcoy	60.700
12	Paterna	59.043
13	Elda	55.289
14	Sant Vicent del Raspeig	49.341
15	Vila-real	49.045
16	Mislata	43.336
17	Alzira	43.038
18	Dénia	42.704
19	Burjassot	37.402
20	Ontinyent	36.695
21	Villena	34.523
22	Petrer	33.486
23	Burriana	33.255
24	Vall d’Uixó (la)	31.978
25	Vila Joiosa (la)	30.550
26	Xirivella	30.212
27	Alaquàs	30.177
28	Jávea	29.923
29	Manises	29.778
30	Santa Pola	29.221
31	Xàtiva	28.597
32	Crevillent	28.172
33	Aldaia	28.138
34	Sueca	28.112
35	Calp	27.768
36	Oliva	27.374
37	Algemesí	27.272
38	Vinaròs	26.977
39	Novelda	26.525
40	Catarroja	25.650
41	Quart de Poblet	25.340
42	Benicarló	25.248
43	Campello	25.055
44	Onda	24.140
45	Ibi	23.609
46	Cullera	23.406
47	Altea	22.648
48	Paiporta	22.374
49	Almassora	21.772
50	Carcaixent	21.695
51	Llíria	21.638
52	Alboraia	21.582
53	Moncada	21.109
54	Sant Joan d’Alacant	20.997
55	Requena	20.440
56	Mutxamel	20.364
57	Pilar de la Horadada	20.338
58	Alfafar	20.321
59	Alfàs del Pi	19.913
60	Bétera	19.491
61	Aspe	19.246
62	Riba-roja del Túria	19.083
63	Pobla de Vallbona (La)	18.790
64	Silla	18.597
65	Picassent	18.556
66	Tavernes de la Valldigna	18.004
67	Puçol	17.947
68	Almoradí	17.945
69	Rojales	17.543
70	Callosa d’En segura	17.423
71	Benicàssim	17.267
72	Eliana (l’)	16.349
73	Núcia (La)	15.519
74	Carlet	15.189
75	Guardamar del Segura	15.132
76	Albal	14.840
77	Massamagrell	14.568
78	Benetússer	14.283
79	Canals	13.771
80	Teulada	13.281
81	Nules	13.007
82	Godella	12.993
83	Monòver	12.923
84	Chiva	12.890
85	Benissa	12.690
86	Alginet	12.605
87	Benifaió	12.204
88	Utiel	12.053
89	Cocentaina	11.209
90	Alcúdia (l’)	11.105
91	Albatera	11.102
92	Pego	10.878
93	Alcora (l’)	10.765
94	San Fungelcio	10.583
95	Picanya	10.543
96	Benaguacil	10.374
97	Alberic	10.330

Práctica 4.2 Analícese la inclusión de variables ambientales dentro de una tabla input-output

a) Explíquense de manera intuitiva los contenidos de una tabla input-output medioambiental poniendo el énfasis en la consideración de los inputs y los outputs ambientales (tabla P.4.2).

b) A partir de la información sobre la necesidad de inputs ambientales por unidad de output, calcúlese qué efecto tendría en el uso de estos inputs un crecimiento de un 10% en el output total de los tres grandes sectores de la economía (tabla P.4.3).

c) Tomando en consideración los outputs ambientales generados por unidad de output total, calcúlese qué repercusiones ambientales tendría un incremento de un 10% en la producción total del sector industrial (tabla P.4.4).

TABLA P.4.2

Tabla input-output

TABLA P.4.3

Necesidades de inputs ambientales por unidad de output (coeficientes técnicos)

	Inputs ambientales	Agua	Recursos minerales
Agricultura	0,0476190	0,0476190	–
Industria	0,0566037	0,0094340	0,0471698
Servicios	0,0175438	0,0175438	–

TABLA P.4.4

Outputs ambientales generados por unidad de output total

Práctica 4.3 A partir de la información contenida en el gráfico P.4.1, analícese la posible utilización del precio como mecanismo para racionalizar la demanda frente a la política de transvases.

a) Si actualmente el precio medio estimado en Valencia para el agua de regadío es de 0,03 €/m³, ¿cuál debería ser el nuevo precio del agua para conseguir una reducción de la demanda de 315 hm³/año que hiciera innecesario el trasvase de esa cantidad de agua desde el Ebro a la cuenca del Xúquer?

b) Con un coste estimado del agua trasvasada de 0,3 €/m³, ¿qué efecto tendría sobre la demanda de agua para regadío en Valencia si se imputara este coste al usuario?

c) Explíquense las principales diferencias entre las curvas de demanda de Valencia y Castellón.

GRÁFICO P4.1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) (2004): Europe’s environment: the third assessment, disponible en línea <http://eea.eu.int>.

FUERTES, A. M., A. BENGOCHEA y J. J. RUBERT (2001): «Turismo y disponibilidad de recursos hídricos: el caso de Benidorm», Papers de Turisme, 26, Valencia, pp. 29-47.

GENERALITAT VALENCIANA (2002): II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, Valencia.

GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT (2002): Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana.

GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS (2002): Hipótesis de modelo territorial de la Comunidad Valenciana, Valencia.

GENERALITAT VALENCIANA, INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA (1996): Los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana, Madrid.

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JIMÉNEZ, J. C. (2003): «Sector energético», en García Delgado (dir.): Lecciones de economía española, Madrid, Ed. Civitas, cap. 9, pp. 257-277.

RICO AMORÓS, A. M. (2007): «Tipologías de consumo de agua en abastecimientos urbano-turísticos de la Comunidad Valenciana», Investigaciones Geográficas, 42, pp. 5-34.

RICO AMORÓS, A. M. y M. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (2007): «Ordenación del territorio, escasez de recursos hídricos, competencia de usos e intensificación de las demandas urbano-turísticas en la Comunidad Valenciana», Documents d’anàlisi geogràfica, 51, pp. 79-109.

YBARRA, J. A. (2008): Mapa de áreas de cambio e innovación en la Comunidad Valenciana, Alicante, Universitat d’Alacant, Servei Publicacions.

Legislación

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes.

Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. DOCE 275/L, de 25-10-03.

Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.

Ley 10/1998, de Residuos.

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana.

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, 21 de noviembre, de Montes.

Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental en la Comunidad Valenciana.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

1. Legalmente, tienen esta consideración los residuos calificados como peligrosos por la normativa comunitaria, la legislación nacional y los que figuran como tales en los convenios internacionales de los que España forma parte. Las características que deben reunir los residuos para ser catalogados como peligrosos se detallaron en la Directiva 91/689/CEE. La lista europea de residuos peligrosos se aprobó en 1994 (Decisión 94/904/CE). En España, la relación de residuos tóxicos o peligrosos se publicó en 1997 (RD 952/97) siguiendo las directrices de la normativa comunitaria.

2. Se incluyen bajo esta denominación tanto los residuos asimilables a urbanos (RAU) (son aquellos que por sus características pueden gestionarse junto a los urbanos, como papel y cartón, algunos plásticos, materiales de escritorio, etc.) como los residuos inertes (RI) (son los que no sufren modificación en su estado o composición por interacción con el medio ambiente, como la chatarra, el vidrio o los ladrillos).

3. Dentro del proceso de implantación de la normativa comunitaria en nuestro territorio conviene recordar que, en materia medioambiental, la Constitución española asigna al Estado, de manera exclusiva, la legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer normativas adicionales de protección y asumir, además, la gestión en este ámbito. Los ayuntamientos también tienen asignadas competencias específicas de gestión ambiental y pueden desarrollar normas de aplicación exclusiva en los correspondientes términos municipales.

En la actualidad a nivel estatal, además del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que es el principal responsable de la política medioambiental del Estado, hay varios ministerios que en mayor o menor grado ejercen competencias medioambientales. Estos son el Ministerio de Fomento (infraestructuras, transporte), el de Industria, Turismo y Comercio (competencias relativas a instalaciones industriales), el de Sanidad y Política Social (cuestiones relacionadas con la incidencia de la contaminación en la salud), el Ministerio del Interior (tareas de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales) y, finalmente, el Ministerio de Educación, porque tiene competencias en el ámbito de la investigación en temas ambientales.

Las corporaciones locales tienen competencias en varios aspectos que inciden en la calidad ambiental del municipio. La Ley reguladora de las bases del régimen local delimita el ámbito competencial de cada municipio en función de su tamaño poblacional. Todos los municipios tienen competencias en los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y acceso al núcleo de población independientemente del número de habitantes que tengan. Los municipios con más de 5.000 habitantes pueden asumir competencias en el tratamiento de residuos y parque público. Los que superan los 20.000 habitantes añaden las competencias en materia de protección civil, mataderos y prevención y extinción de incendios. Si el municipio cuenta con más de 50.000 habitantes, debe ejercer el servicio de protección del medio ambiente.

5. El factor trabajo

Clemente Hernández

Universitat d’Alacant

5.1 Introducción

En este capítulo analizamos las características del mercado de trabajo y del capital humano de la Comunidad Valenciana. Previamente, se hacen algunas precisiones conceptuales que permitan interpretar correctamente el significado de las variables y del marco teórico utilizado.

a) Las variables básicas del mercado de trabajo

Como en todo mercado, en el de trabajo, hay también una oferta, una demanda, un precio, un producto objeto de compraventa y un marco institucional que regula y organiza las transacciones. En este sentido, conviene tener en cuenta que existe toda una serie de trabajos no retribuidos, como los que se realizan con el cuidado de niños y ancianos en el seno de la unidad familiar, que son socialmente necesarios y que pueden verse afectados o afectar al propio mercado de trabajo. Así, las políticas sociales (guarderías, geriátricos, asistencia domiciliaria, etc.) o las de igualdad de género contribuyen a facilitar la inserción laboral de los cuidadores, mujeres en su gran mayoría, y la compatibilidad de las actividades domésticas con las laborales.

La evolución de la ocupación y su distribución sectorial dependen del crecimiento del PIB y de la productividad. Ya hemos visto en otros capítulos cómo el crecimiento tiene sus fuentes en el aumento del número de trabajadores (L) y/o en su mayor productividad, y cómo esta productividad es el resultado de la eficiencia y el volumen del capital humano (H) y el capital físico instalado (K). Por otro lado, la variación de la ocupación a corto plazo está determinada por la evolución cíclica de la demanda y se encuentra restringida por la capacidad productiva instalada. A largo plazo, sin embargo, el progreso técnico y los salarios condicionan los niveles de productividad y la tasa de beneficios en cada sector, empresa y territorio, y por lo tanto los aumentos de la capacidad productiva instalada. Las teorías del desempleo recogen, lógicamente, las fuerzas inversas a la generación de empleo.

En cuanto a las condiciones de trabajo, éstas dependen de las características tecnológicas y organizativas de las empresas. En ese sentido, a medida que las tareas son más complejas o requieren más responsabilidad, se multiplican las barreras para acceder a ellas, por lo que cabe apreciar dos segmentos de empleo: aquellas tareas que son poco cualificadas y que tienen pocas barreras a la entrada (segmento secundario) y aquellas que son más cualificadas y tienen elevadas barreras (segmento primario). El primer segmento se caracteriza por estar más expuesto a la competencia de los parados con conocimientos elementales y, por tanto, son los empleos que tienen peores condiciones laborales. El segundo segmento corresponde a tareas mejor retribuidas y con un mayor poder negociador de los trabajadores que ocupan esos empleos.

Por último, tenemos el salario, que es el precio que se determina en el mercado de trabajo. El salario es una variable que influye en el crecimiento económico vía demanda agregada (a través del gasto familiar), y vía coste laboral al afectar a la competitividad y a la ganancia empresarial. Las variables que determinan el salario tienen que ver con la escasez relativa de la fuerza de trabajo, con la capacidad de pago de las empresas y con el marco institucional que regula la negociación colectiva.

Pero el salario y las condiciones laborales son, también, indicadores de la calidad de vida de los trabajadores y afectan a sus motivaciones, a sus opiniones personales y al rendimiento en sus tareas. El mercado de trabajo tiene, pues, peculiaridades que lo hacen distinto a cualquier otro mercado, y está sometido a un conjunto de normas jurídicas y convenciones sociales dirigidas a garantizar los derechos de los trabajadores.

b) El capital humano

Lo que es objeto de compraventa en el mercado de trabajo es la capacidad de las personas para realizar las tareas productivas, y por lo tanto, lo que se tiene en cuenta es la disponibilidad de conocimientos, habilidades y comportamientos adecuados para los objetivos de las empresas. Esto es, la cualificación laboral.

Así pues, más que un único mercado de trabajo en el que compiten todos los activos entre sí, lo que existe son mercados profesionales, a los que únicamente acceden aquellos que poseen ciertas capacidades para las tareas que se ofertan. Y hay tareas que exigen capacidades genéricas, fáciles de adquirir por mucha gente, y otras que requieren capacidades muy específicas, al alcance de un menor número de personas.

En buena medida, las competencias, aptitudes y actitudes de los trabajadores se crean a través de la formación, del aprendizaje y de las culturas laboral, científica y tecnológica presentes en una sociedad. Pero son los empresarios quienes generan la demanda de capital humano, y ésta depende del tipo de empresas que han sido capaces de crear y de la evolución de la estructura y el tamaño de la economía. Así pues, es posible la existencia de desajustes entre la cualificación profesional que tienen las personas en un momento determinado, resultado de la experiencia y la formación adquirida con anterioridad, y la que demanda el tejido productivo. Los desajustes pueden originar situaciones de sobrecualificación, lo que supone un despilfarro de capital humano, o de subcualificación, lo que impedirá que las empresas alcancen su frontera tecnológica.

c) La población parada y el pleno empleo

El desequilibrio general entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo se refleja en la tasa de paro (parados/activos), pero los desajustes son diferentes si atendemos a zonas geográficas, edad y sexo, nivel de instrucción o experiencia adquirida, que dan lugar a tasas específicas de paro, que ponen en evidencia la existencia de mercados separados en los que hay barreras para que las vacantes generadas en un lugar se cubran con los parados existentes en ese lugar. La movilidad geográfica y funcional ayuda a reducir la divergencia de las tasas de paro.

El objetivo del pleno empleo tiene fundamentos económicos (garantizar la plena utilización del capital humano existente) y sociales (garantizar la cohesión y el bienestar de la población). No obstante, una pequeña tasa de paro es siempre inevitable, pues hay un tiempo mínimo que transcurre en el proceso de búsqueda y ocupación de vacantes (paro friccional), y una tasa muy pequeña podría crear dificultades a la hora de encontrar personas dispuestas a ocupar vacantes, por lo que aparecerían tensiones inflacionistas y se frenaría el crecimiento económico (tasa de paro no aceleradora de la inflación).

5.2 La evolución de la oferta y la demanda de trabajo

Al analizar el comportamiento del mercado de trabajo en España y en el resto de países de la UE-15 se observa que las medias nacionales esconden profundas divergencias regionales. Así, en el año 2000 la dispersión de la tasa de paro regional, medida por el coeficiente de variación, era del 35% para España y del 33% para la UE-15. Y a mayor tasa de paro nacional, mayor dispersión entre las regiones. No obstante, aunque las características del mercado de trabajo hunden sus raíces en singularidades regionales y locales, los estudios econométricos reflejan la alta correlación que existe entre el ciclo económico nacional y regional, con ligeros desfases temporales. Así, para el período que va de 1977 a 1995, las perturbaciones externas explican el 74% de la varianza de la tasa de paro de la Comunidad Valenciana (Dávila, 1997).

Por otro lado, ya se ha explicado en otro capítulo la diferencia de comportamiento de las economías española y europea. A grandes rasgos, el período 1975-1985 se caracterizó por profundos cambios institucionales en España y por una intensa crisis económica que elevó la divergencia del PIB por habitante y de la tasa de paro con la media europea. A partir de entonces remonta la actividad económica hasta principios de los noventa, cuando de nuevo surge la recesión, para abocar en una crisis muy profunda en 1993, que situó la tasa de paro en España por encima del 23%. Después, la tasa de paro de España, que estaba 13 puntos por encima de la de la UE-15, no dejó de disminuir hasta casi igualar a la europea en el año 2006. La Comunidad Valenciana reproduce esa tendencia general de la economía española.

a) El punto de partida: el balance del período 1975-1985

El balance del mercado de trabajo en la Comunidad Valenciana durante el período 1975-1985 refleja la intensidad del desajuste existente: la población ocupada había disminuido el 13% a lo largo del período, y el desempleo en 1985 había alcanzado el 20,8% de la población activa, mientras que la tasa de actividad se situaba en el 48,5% de la población potencialmente activa. Igual que en el resto de España, durante ese período se consolida el fenómeno de la estanflación (elevadas tasas de inflación y paro), que reflejaba una baja elasticidad del salario real a la tasa de paro (histéresis).

El desempleo valenciano a finales del primer quinquenio de los años ochenta era, pues, elevado y persistente, y la tasa de paro se situaba en esos momentos en un nivel semejante al del conjunto de España, pero doblaba al de la UE-15. Doble tasa de paro y 15 puntos menos de tasa de actividad que en la UE son datos suficientes para comprender la grave situación que tenían las economías española y valenciana en 1985.

b) La oferta de trabajo desde 1985

El gráfico 5.1 refleja la evolución de la población activa en la Comunidad Valenciana desde 1985 hasta el 2007.¹ El comportamiento ha sido paralelo al del resto de España, si bien con una mayor intensidad en el aumento de la población valenciana desde el año 1997. La tasa de actividad ha crecido hasta situarse en el 61%, un punto por encima de la española, pero aún 8 puntos por debajo de la de la UE-15. El ajuste en la Comunidad Valenciana ha sido, pues, más intenso que en el resto de España, al tiempo que se iba cerrando la brecha entre España y la Unión Europea. La evolución reciente de la población activa se puede explicar por cinco causas:

GRÁFICO 5.1

Activos y ocupados en la Comunidad Valenciana; media trimestral EPA (en miles) (1985-2007)

Primero. La reductión de la tasa de natalidad desde 1975, que ha disminuido la cohorte de jóvenes que entra cada año al mercado de trabajo desde 1991 y que apuntaba a un horizonte de estancamiento de la población a partir del año 2000. La baja tasa de natalidad se explica por las fuertes tasas de paro en los años de recesión, la intensa incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la inestabilidad de los contratos y las bajas rentas salariales.

Segundo. El comportamiento procíclico de la tasa de actividad de los jóvenes. En efecto, ésta ha ido aumentando desde 1997, ante las mejores expectativas de empleo, al tiempo que se ha moderado su tasa de escolarización. En la cohorte de 16 a 24 años, la tasa de actividad en el primer trimestre del 2008 es ya del 58,2% para los hombres y del 51,0% para las mujeres, varios puntos por encima de la media española para esas cohortes de edad.

Tercero. El comportamiento procíclico de la tasa de actividad de las cohortes de mayor edad. En efecto, la contención del desánimo y de las jubilaciones anticipadas en los años de bonanza ha situado la tasa de actividad de la cohorte de 55 a 64 años en el 63% para los hombres y el 32% para las mujeres.

Cuarto. La fuerte incorporación de la mujer al mercado de trabajo. El 60% del empleo neto creado desde 1985 ha sido ocupado por mujeres, reduciéndose el diferencial de actividad con los hombres, aunque su tasa sigue estando todavía 20 puntos por debajo de la de ellos. A finales del 2007, las mujeres ocupaban ya el 42% de los puestos de trabajo existentes.

Quinto. El fuerte flujo migratorio hacia la Comunidad Valenciana. Aunque el saldo migratorio fue pequeño hasta 1996, éste aumentó desde entonces y, sobre todo, el aporte de inmigrantes extranjeros ha sido muy intenso. Los inmigrantes extranjeros empadronados, que apenas ascendían a 50.000 personas en 1995, eran más de 200.000 en el año 2001 y más de 500.000 en el 2005. Hoy representan el 17% de la población ocupada en la Comunidad Valenciana, con una tasa de actividad 20 puntos por encima de los demás.

El crecimiento de la población autóctona en edad de trabajar apenas ha representado el 30% de los empleos creados en el período 1995-2005. El granero de trabajadores potenciales ha salido, pues, de las mujeres y los jóvenes inactivos, de la gran bolsa de parados existente al inicio del período y del aporte de un fuerte flujo de inmigrantes, dispuestos a ocupar los empleos con peores condiciones de trabajo (Hernández, 2006).

c) La demanda de trabajo y la tasa de paro desde 1985

A partir de 1986, la incorporación de España a la Comunidad Europea y el esfuerzo por sanear las empresas que se realizó en la etapa anterior, entre otros factores, permitieron un repunte de la actividad económica que se materializó en un crecimiento del empleo de la Comunidad Valenciana del 21,3% hasta 1990. No obstante, la bonanza económica alentó la incorporación al mercado de trabajo de la bolsa de inactivos desanimados de la etapa anterior, sobre todo de mujeres, con lo que creció el número de activos un 12,1%. El resultado se hizo notar sobre la tasa de paro, que se situó en el 14,2%, si bien una bonanza tan breve apenas permitió recuperar dos puntos la tasa de actividad, que era todavía del 51,1% en 1990.

La debilidad de las bases sobre las que se asentó el crecimiento desde 1986 se refleja en el brusco cambio de ciclo cinco años después. El ajuste de las plantillas en la profunda recesión de 1992-1993 puso de manifiesto que la creciente flexibilidad laboral aumentaba la inestabilidad de la ocupación. El resultado fue que en 1994 el desajuste del mercado de trabajo era aún mayor que el de diez años antes: la tasa de paro se situó en el 24,9% y la de actividad se estancaba en el 51%.

En el gráfico 5.2 se observa que la Comunidad Valenciana tiene tasas de paro muy próximas a las de España y su diferencial con la UE alcanzaba los 13 puntos en 1993, año a partir del cual la tasa europea se va reduciendo lentamente, mientras que se reduce a mayor velocidad en España, hasta tal punto que esa diferencia es tan sólo de unas décimas en el 2007. Así pues, la tasa de paro ha ido descendiendo como consecuencia de una bonanza económica sostenida, que ha permitido incrementar de forma continuada el empleo a un ritmo muy superior al del resto de la UE-15. Desde mediados del 2007, sin embargo, la tasa de paro en España y la Comunidad Valenciana vuelve a remontar.

En los años más recientes, como se observa en la tabla 5.1, la tasa de crecimiento de los puestos de trabajo está incluso por encima de la del PIB, lo que refleja el aumento del peso de los empleos menos cualificados y peor retribuidos. Situación que se agrava si tenemos en cuenta que parte de esos puestos de trabajo es de carácter temporal o a tiempo parcial. Por tanto, se está consolidando un modelo capaz de generar mucho empleo, pero con pérdidas de la productividad aparente de los puestos de trabajo y de los ocupados. Pérdidas que también afectan al conjunto de la economía española, aunque tienen mayor intensidad en la Comunidad Valenciana, si bien la situación cambió de signo en el año 2007.

GRÁFICO 5.2

Tasas de paro comparadas (1986-2007)

Fuente: Eurostat y EPA.

TABLA 5.1

Variación interanual en la Comunidad Valenciana (porcentajes) (2001-2007)

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2000 (INE). Elaboración propia.

Por último, los cambios en la estructura sectorial de la producción se reflejan también en la estructura ocupacional del siglo XXI: la agricultura ha continuado perdiendo empleo hasta ahora y algunas actividades industriales tradicionales también lo han perdido, mientras que el mayor crecimiento se centra en la construcción, el comercio y la hostelería. Desde la segunda mitad del año 2007, sin embargo, está cambiando el protagonismo de la construcción, sumida en una profunda crisis en el subsector de la vivienda. Y aunque estos cambios son también comunes al resto de España, en el caso de la Comunidad Valenciana tienen una mayor intensidad. La estructura ocupacional ha evolucionado, pues, hacia un mayor peso de la constructión y de los servicios. En la tabla 5.2 se puede ver que la Comunidad Valenciana sigue estando más industrializada que el resto de España (representaba el 13,1% del empleo industrial de España en el 2008, frente al 11,1% del empleo total), y aunque el crecimiento del empleo industrial fue menor en la Comunidad Valenciana que en España hasta el 2005, esta situación ha ido cambiando desde entonces.

TABLA 5.2

Empleo sectorial (2000-20008)

Fuente: EPA. Primer trimestre de cada año. Elaboración propia.

5.3 Las características de la demanda de trabajo

La EPA indica que la tasa de asalarización ha crecido cinco puntos desde 1995 hasta estabilizarse en torno al 85% de los ocupados a partir del año 2004. Y del conjunto de los asalariados, el 40% trabajaba en empresas de más de 50 trabajadores, a muchas de las cuales les podemos asociar cierta complejidad organizativa y, por tanto, la existencia de mercados internos de trabajo organizados; pero el grueso de los ocupados estaba en empresas de pequeña dimensión, con bajos niveles salariales y escasas expectativas de promoción.

Además, entre las empresas se dan relaciones en red que conducen a los eslabones más débiles a soportar el mayor peso de los ajustes, los riesgos y la incertidumbre económica. El distinto poder de mercado que tienen las empresas explica, en gran parte, las diferencias que se observan en las condiciones de trabajo, en los salarios y en las características de los puestos de trabajo. En ese sentido, la posición jerárquica en la cadena de creación de valor y el tamaño de la empresa son variables relacionadas positivamente con el nivel salarial y la productividad. También hay sectores que son muy inestables por las características de sus productos (estacionalidad) o de sus mercados (con escasas barreras y elevada competencia) y con una elevada volatilidad del tejido empresarial, que se refleja en la precariedad de las condiciones de trabajo en muchas empresas.

A todas estas diferencias entre las empresas y, por lo tanto, entre las condiciones de trabajo que se ofrecen, se añaden las diferencias que proceden de la propia cultura empresarial y que se manifiestan en la existencia de un pequeño grupo de empresarios con estrategias modernizadoras, que acuden a la formación, a la I+D y a la negociación con los sindicatos para mejorar la productividad, mientras que otros empresarios adoptan estrategias degenerativas, y llegan, en el extremo, a la economía sumergida o a prácticas de explotación laboral totalmente ilegales. Esta dualidad empresarial ha sido analizada en la industria valenciana (Tomás Carpi, 1994), y se observa un gradiente de mejor a peor, que va de Castellón a Alicante y de la cerámica al calzado. Entre los dos extremos, se da un continuo de situaciones que reflejan condiciones laborales diversas, y en las que se solapan sobre el mismo territorio empresas modernas o sumergidas, que comparten el mismo mercado de trabajo local y pertenecen a la misma cadena de valor (Ybarra, 1993).

Dejando de lado la dualidad y segmentación que se da entre las empresas y dentro de las empresas, los puestos de trabajo que oferta la economía valenciana tienen como rasgos globales los siguientes:

a) Una estructura profesional caracterizada por una insuficiente proporción de puestos de trabajo de personal directivo y técnico (en la UE-15 suponen el 35% de los puestos de trabajo frente al 25% en la CV y España).

b) Una elevada temporalidad de los contratos. En 1995, los empleos temporales en la Comunidad Valenciana eran el 44,6% del total de la ocupación, 10 puntos por encima de la media española, y 27 por encima de la UE-15. Las tasas de temporalidad llegaban al 80% en el grupo de 16 a 19 años y al 65% en el de 20 a 25 años. Y aunque la situación ha mejorado desde entonces, todavía mantenemos un 38% de empleos temporales.