Kitabı oku: «Aprendiendo de la transición», sayfa 3

Dimensión económica

En la dimensión económica, el Acuerdo de Paz establece la realización de un censo socioeconómico para la identificación de necesidades, con miras al proceso de reintegración. Este censo tendría que llevarse a cabo 60 días después del inicio de las zonas veredales transitorias de normalización, y estaría a cargo del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia⁸². Tras la dejación de armas de excombatientes el 27 de junio del 2017, el 6 de julio del mismo año se conocieron los resultados arrojados por el censo (no poblacional) en el que se identificaron datos como: origen, sexo, ubicación de vivienda actual, alfabetismo y nivel educativo⁸³. Esta información permite identificar los sectores en los cuales se deberán llevar a cabo los proyectos productivos para que los desmovilizados participen de estos.

Además, el Acuerdo de Paz contempla los siguientes apoyos económicos: (1) la creación de una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (Ecomun)⁸⁴, por medio de la cual a los desmovilizados se les otorgará apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo a través de Ecomun por la suma de ocho millones de pesos; (2) se les entregará una renta básica del 90 % del salario mínimo legal mensual vigente por un periodo de 24 meses⁸⁵, y (3) recibirán una asignación única de normalización por la suma de dos millones de pesos, por una sola vez, con el propósito de nivelarlos en su proceso de reincorporación⁸⁶.

Conforme al informe final del 2017 de la ARN, la tasa de desocupación de la población que se desmovilizó es 10 % más alta que la tasa de desocupación de la población nacional⁸⁷. La razón es la existencia de barreras que enfrentan los desmovilizados por la deficiencia de habilidades blandas para la empleabilidad, la estigmatización, los bajos niveles de escolaridad y formación para el trabajo. Sin embargo, cabe anotar que la tasa de ocupación de la población que ha pasado por el proceso de reintegración de la ARN tiene una participación mayor en el mercado laboral que la población nacional en edad para trabajar, que no son sujetos del programa porque no son desmovilizados; de ahí que se reflejan los resultados positivos de este tipo de iniciativas⁸⁸.

El Acuerdo final también contempla programas para la atención de excombatientes, como son los de educación formal (básica, media, técnica, tecnológica y universitaria), educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como la validación de saberes de vivienda, cultura, recreación y deporte⁸⁹, todos destinados a fortalecer las habilidades para el trabajo.

Estos programas educativos deben formar en competencias, habilidades y capacidades a los desmovilizados, principalmente en temas productivos. Esta formación debe responder a las vocaciones e intereses de cada persona con el fin de que cada una formule su proyecto de vida acorde con el contexto del mercado en el cual se encuentra, de tal forma que no se torne inoperante esta dimensión de la reintegración.

Reintegración social

Se pueden identificar elementos de reintegración social desde el primer punto de la agenda, sobre la Reforma Rural Integral, pasando por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, hasta los planes sociales y los programas educativos.

Para la Reforma Rural Integral se contemplaron varios mecanismos que contribuyen con la reintegración, como son el Fondo de Tierras, los Planes Nacionales Sectoriales y los Planes Nacionales para el Desarrollo Social⁹⁰. Todos estos son instrumentos destinados a colaborar con la re construcción del tejido social y a solucionar el problema histórico de la tierra.

Por otra parte, y en aras de lograr con éxito la terminación del conflicto y la reintegración efectiva de excombatientes, se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual se establecen los siguientes mecanismos: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición⁹¹.

Este complejo andamiaje institucional creado por el Acuerdo responde, de un lado, a la necesidad de fomentar confianza entre los actores del conflicto, y, de otro, a generar también la creación de espacios para la reparación. Con estos instrumentos se pretende preparar escenarios en los que excombatientes y víctimas dialoguen y puedan reconstruir el tejido social.

Reintegración comunitaria

Aun cuando en el texto del Acuerdo no existe un reconocimiento completo, singular y específico de este componente comunitario, sí se contemplaron instrumentos que pueden ser identificados como elementos que aportan en el proceso de reintegración comunitaria. Entre ellos se resalta el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia⁹², la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición⁹³ y la Política de Reparación Integral⁹⁴; por esa razón estas instituciones se mencionan con frecuencia en este texto.

Para esta dimensión, no se puede pasar por alto el fenómeno del narcotráfico y las medidas acordadas en el punto de drogas⁹⁵. Allí también pueden rastrearse instrumentos que contribuyen a la reintegración comunitaria, ya que este problema solo podrá ser solucionado con la activa participación de las poblaciones que están dentro de las líneas de producción y comercialización de drogas ilícitas.

Pese a los instrumentos diseñados en el Acuerdo, el componente de reintegración comunitario sigue estando en un estado básico debido a que los programas están principalmente desarrollados para preparar a las víctimas y a los excombatientes reconociendo sus diferencias individuales; mas ello no ocurre con la misma intensidad para las comunidades receptoras. A la vez, si bien es cierto que tras la lectura general del Acuerdo es posible distinguir medidas con un enfoque comunitario en diferentes puntos, esto no debería ocurrir de tal forma, pues la concepción holística no supone aplicar los cuatro componentes de forma paralela, sino que deben concebirse como elementos de una misma estructura, que trabajen de forma articulada y conectada para perseguir los objetivos de la reintegración.

¿Cómo va la implementación del Acuerdo de Paz en materia de reintegración?

La reintegración ha sido uno de los elementos que desde la implementación se ha encontrado con los mayores riesgos, retos e inconvenientes. La Fundación Paz y Reconciliación, en su informe a un año de haber firmado el Acuerdo, afirma que la reincorporación de los excombatientes a la vida civil está pasando por una crisis profunda, siendo uno de los puntos que menos avance ha tenido⁹⁶.

Por otra parte, iniciando el 2018, el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) presentó un informe según el cual la implementación normativa e institucional de todos los componentes del Acuerdo Final alcanza el 18,3 %, lo que indica que, en el primer año de la implementación, la paz sigue en deuda. En el balance se registró un avance en: fin del conflicto (33 %), medidas de implementación (23 %), participación política (19 %), víctimas (9,3 %), drogas ilícitas (6 %) y reforma rural integral (5 %)⁹⁷, mientras que respecto a la reintegración no se registraron avances significativos diferentes a la expedición de los Decretos 897 y 899 del 2017^[98].

Dimensión económica

El 6 de julio del 2017 fueron entregados al CNR los resultados del Censo Socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia. Con la información recolectada se pretende facilitar el proceso de reintegración a la vida civil y entregar las pautas de los diversos programas y proyectos económicos, sociales y culturales. Esta norma dispone igualmente la bancarización de los excombatientes con el fin de asegurar el recibo de los ingresos previstos por el Acuerdo⁹⁹.

El Programa Arando la Educación, organizado por la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), el Consejo Noruego para Refugiados, el Ministerio de Educación y las FARC-EP han cubierto aproximadamente a 3500 excombatientes y 3200 personas que viven en comunidades vecinas de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR)¹⁰⁰.

Por su parte, la ARN, a través de la iniciativa “Aprender haciendo”, trabajó con 350 personas en proceso de reincorporación que provienen de los 26 ETCR, donde se les capacitó como técnicos prácticos agropecuarios. Los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) recibieron clases certificadas de forma intensiva para que puedan emprender su propio plan de negocios¹⁰¹.

Adicionalmente, la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto plantea priorizar la inversión en 322 municipios de las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac)¹⁰², estimulando la inversión mediante beneficios tributarios a las empresas y nuevas sociedades que desarrollen su actividad económica en uno de ellos; por ejemplo, la reducción del impuesto de renta por un periodo de tiempo determinado dependiendo del tamaño de la empresa¹⁰³.

Dimensión política

Al movimiento político FARC¹⁰⁴ se le garantizó la participación en el Congreso de la República para dos periodos constitucionales, así como los beneficios que fueron pactados en el Acuerdo de Paz¹⁰⁵. A este partido político se les garantizó también financiación y personería de manera independiente a las votaciones que alcancen hasta el año 2026, siendo esta una garantía de relevancia para que tengan una participación efectiva en los asuntos de envergadura nacional.

El ejercicio de estas garantías se llevó a cabo por primera vez en las elecciones legislativas del 11 de marzo del 2018. Luego del ejercicio democrático, el partido político de la FARC alcanzó 52 532 votos para el Senado, mientras que para la Cámara de Representantes logró una votación de 32 636 sufragios¹⁰⁶. En ambos casos no alcanzan el 1 % de la votación total; sin embargo, lo relevante para efectos de reintegración política es la garantía de participación activa de este partido en la democracia.

Sin embargo, todavía quedan pendientes otros retos, como pueden ser la participación política de los excombatientes una vez hayan acudido a la JEP. Este ha sido tema de discusión, ya que partidos como el Centro Democrático, un sector del Partido Conservador y Cambio Radical han promovido la limitación de la participación de los miembros de la FARC hasta que cumplan sus respectivas condenas. Por otra parte, la captura con fines de extradición de Jesús Santrich, exmiembro del Secretariado de las FARC-EP, por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico ha significado un golpe político bastante fuerte al proceso, sobre todo en materia de confianza tanto de quienes no están de acuerdo con lo firmado con la antigua guerrilla, como de aquellos excombatientes que hoy ven con temor su posible captura por hechos ilícitos. Adicional a lo anterior, la captura pone en aprietos al Gobierno colombiano, que se encuentra ante la decisión de extraditar a Santrich o no, con las implicaciones que dicha decisión conlleva, dejando latente las carencias de la extradición en donde el Estado colombiano no puede verificar las pruebas que incriminan al líder de la FARC.

Reintegración social

En el caso del ETCR de Llano Grande en Dabeiba, Antioquia, se instaló y se puso en funcionamiento una planta de tratamiento de agua potable con capacidad de 10 000 m³ , así como una planta de tratamiento de aguas residuales; este tipo de infraestructura permite que cerca de 219 personas que viven en el lugar puedan tener unas condiciones de vida dignas¹⁰⁷.

Además, existen varios proyectos en otros ETCR que contribuyen a la construcción de habilidades sociales en los excombatientes gracias a capacitaciones y actividades recreativas.

Finalmente, la ARN continúa fortaleciendo esta dimensión con la academia a través de: (1) el diplomado Historia, construcción de paz y posacuerdo en Colombia, implementado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con el apoyo de la Concesión Pacífico Tres, la Unidad Nacional de Víctimas y las Secretarías de Educación de Manizales y Caldas¹⁰⁸, y (2) el Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle, con iniciativas para fortalecer las acciones de la ARN en diferentes actividades que promueven y facilitan el paso a la vida civil de las personas en proceso de reincorporación radicadas en el Valle del Cauca¹⁰⁹, y a través de la valiosa estrategia de prevención del reclutamiento “Mambrú no va a la guerra. Este es otro cuento”¹¹⁰.

Dimensión comunitaria

Una de las experiencias de acercamiento entre comunidades y excombatientes se llevó a cabo en Remedios, Antioquia, donde los participantes se unieron en acto de perdón durante los días 27 y 28 de enero del 2017 en la vereda El Carmen. En ese momento aún no se habían constituido los ETCR, pero se venían adelantando actividades de este tipo con la población cercana a este espacio. Esta clase de actividades son las que fortalecen el proceso de reintegración desde un enfoque holístico que toma en cuenta las diferentes dimensiones de este proceso.

El ETCR de Dabeiba realizó, en octubre del 2017, una jornada de Reconciliación y Paz, que fue apoyada por la Oficina del Alto Comisionado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, la Policía Nacional y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Según esta última entidad, la actividad constituyó una gran oportunidad para que cada uno de los participantes desde su posición relatara cómo sobreponerse al conflicto armado y para expresar su voluntad de construir la paz por medio de iniciativas que involucren a los exguerrilleros y a la comunidad, y que contribuyan a la reconciliación y a la reconstrucción del tejido social¹¹¹.

Por último, la ARN continúa fortaleciendo las relaciones con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina (Conabip), a través de las bibliotecas comunitarias, fomentando así espacios de empoderamiento comunitario y de recepción de excombatientes en el territorio nacional, especialmente las que están ubicadas en entornos afectados por el conflicto armado, donde conviven personas en proceso de reintegración con sus núcleos familiares, víctimas y comunidad en situación de vulnerabilidad¹¹².

A pesar de que durante la fase de reintegración se han adoptado medidas con enfoque comunitario, es evidente que aún resultan incipientes, y que no reflejan un esfuerzo equivalente al desarrollado en los otros componentes de la reintegración.

Alertas y recomendaciones al proceso de reintegración con las FARC en Colombia

Con base en los acápites anteriores, los autores consideran recomendable abordar la reintegración desde una perspectiva holística, porque permite mitigar los riesgos que surgen en el tránsito de los excombatientes a la vida civil. Es importante resaltar, de conformidad con lo dicho en este capítulo, que no existe una mirada holística consolidada de la reintegración en el Acuerdo de Paz, pero que se han adelantado esfuerzos en la implementación, empeños que tienen como consecuencia la aplicabilidad del concepto. Así pues, con la intención de contribuir desde la academia a facilitar la construcción de una paz estable y duradera, los autores presentarán unas alertas y recomendaciones generales —que no pretenden ser exhaustivas— al proceso de reintegración con las FARC.

Alertas

Uno de los problemas a los que se le debe prestar atención es al aumento de los fenómenos de discriminación y estigmatización de los excombatientes. Esto denota falencias en la aceptación de las audiencias y en la capacidad de los exguerrilleros de establecer interacción social y política¹¹³. De allí que, para hablar de una reintegración efectiva, las comunidades tengan un papel relevante en la construcción de una paz estable y duradera.

El proceso de reintegración de los excombatientes de las FARC a la sociedad colombiana es un proceso complejo que debe responder a un enfoque a largo plazo para que estos puedan retornar a la vida civil. En este sentido, los autores han identificado como un problema la falta de articulación entre los componentes económico, social, político y comunitario. Lo cierto es que las medidas de reintegración están siendo implementadas con cierto grado de independencia entre ellas, debido a la atomización y disgregación que tienen las medidas en el texto del Acuerdo Final.

Además, se ha identificado que el componente comunitario no tiene un desarrollo específico y directo. Así, solo a través de una lectura sistemática del Acuerdo, se pueden encontrar programas encaminados a permitir el encuentro directo entre excombatientes y comunidades. Sin embargo, se ha de resaltar que el componente comunitario tiene un contenido sensible, por cuanto se refiere a las comunidades que reciben a estos excombatientes, y que por tanto necesitan de un manejo y preparación especiales con el fin de permitir la reconciliación y la desestigmatización de los desmovilizados. Es por ello que se requiere un desarrollo especial para que los contextos y entornos donde sean acogidos los excombatientes cuenten con unos mínimos de garantías para su efectiva reintegración.

Por otra parte, es cierto que algunos sectores políticos han manifestado inconformidad porque las FARC tendrán beneficios producto del Acuerdo de Paz¹¹⁴, y que en últimas sus integrantes son los únicos beneficiados con la implementación de un proceso de reintegración. De esta forma parecería que se está premiando a los exguerrilleros, y eso está generando un sentimiento de injusticia en la sociedad¹¹⁵; la comunicación de las medidas de reintegración comunitaria contribuye a mitigar ese sentimiento generalizado de injusticia, porque se hace evidente que los beneficiados de un proceso de reintegración son todos los colombianos.

Los autores también han identificado que la falta de presupuesto económico para la materialización del andamiaje de programas proyectados hace que se dificulte la realización del componente social; por ello es importante el control y monitoreo de los recursos destinados a la reintegración.

Finalmente, consideran que se debe prestar atención a los tiempos de retraso en los componentes de reintegración, y que el uso del término reincorporación tal vez no sea el más adecuado para describir los procesos de incorporación de los excombatientes a la vida civil.

Recomendaciones generales

En el presente capítulo se ha señalado la relevancia de la perspectiva holística de la reintegración. Los autores han juzgado como indispensable implementar de manera articulada y teleológica las medidas económicas, sociales, políticas y comunitarias con enfoque dual, que reconozcan por igual a los excombatientes y a las audiencias receptoras.

Ahora, todas estas medidas que constituyen el proceso de reintegración, aunque son de distinta naturaleza, deben estar orientadas a la integración de los exguerrilleros en las comunidades receptoras, para así evitar el retorno de la violencia.

Además, el sector privado y empresarial debe transformarse en un aliado estratégico en este proceso reintegrador, y, por tanto, se deberían instaurar medidas directamente destinadas a incentivar el cumplimiento de su rol de apoyo. Su papel no puede limitarse de manera exclusiva a brindar oportunidades laborales para los excombatientes, sino que también deben iniciarse programas de responsabilidad social.

Por otra parte, la participación política de los exguerrilleros debe respetarse más allá del componente electoral; no se trata solamente de garantizar la creación de un partido y algunas plazas en el Congreso de la República. La reintegración debe estar inspirada en el principio democrático para permitirles a los desmovilizados tener incidencia en las decisiones públicas que los afecten en todos los niveles, nacional, regional y territorial. Esto no quiere decir que no deba prestarse atención a las medidas electorales, sino que el componente político es más amplio, lo cual es un factor rescatable en el Acuerdo con las FARC. Además, esta perspectiva ayuda a determinar si efectivamente han aceptado la legitimidad del Estado colombiano, y se consideran a sí mismos ciudadanos en una democracia participativa.

De igual manera, es fundamental adaptar los procesos de monitoreo y verificación que se aplicarán en el contexto colombiano por parte de la ARN y el CNR. Los indicadores deben responder al concepto de reintegración holística para medir de manera adecuada los avances, y recolectar la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas.

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