Kitabı oku: «Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común»


Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El largo camino de la lucha armada a lucha política democrática
Serie de Investigaciones Jurídico-Políticas
© Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá
© Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
© Vicedecanatura de Investigación y Extensión
© Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales Gerardo Molina, Unijus
© Carlos Medina Gallego autor, 2020
Primera edición, 2020
ISBN: 978-958-794-253-8 (papel)
ISBN: 978-958-794-255-2 (digital)
ISBN: 978-958-794-254-5 (IBD)
Dolly Montoya Castaño
Rectora Universidad Nacional de Colombia
Hernando Torres Corredor
Decano Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales
Alejo Vargas Velásquez
Vicedecano de Investigación y Extensión
Preparación editorial
Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus
Viviana Zuluaga
Coordinadora editorial
Fabio Toro
Coordinador académico
Luis Miguel Solórzano
Asesor administrativo y financiero
Hernando Sierra
Corrector de estilo
Marco Robayo
Diagramador
Imagen de portada
Marisol Vallejo
Conversión a ePub
Mákina Editorial
https://makinaeditorial.com/
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
La paz es un derecho y un deber
de obligatorio cumplimiento.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991
Este trabajo de investigación se procesó como libro
gracias al abrigo que me ofreció la Escuela de Cultura
de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Para ellos mi especial sentimiento de gratitud.
CONTENIDO
Prólogo.
El largo camino de la lucha armada a la lucha política democrática
PABLO CATATUMBO
Tu odio, nunca será mejor que tu paz.
JORGE LUIS BORGES
La reconciliación con la sociedad colombiana es un reto político. En el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) surgió de la última conferencia guerrillera, ad portas del Acuerdo especial de paz, cuando se determinó un “adiós a las armas” y a la guerra como paso trascendental al ejercicio de la política: una nueva forma de hacer la política.
La construcción de la paz debe estar arraigada en las realidades subjetivas y empíricas que determinen las necesidades y expectativas de la gente. A fin de hacer esto posible son bienvenidas todas las discusiones teóricas que sean necesarias para la comprensión de los diferentes conceptos, así como el análisis de las experiencias y las prácticas de la lucha armada, tales como las relacionadas con el poder, la participación, el Estado, la corrupción, la exclusión, la inclusión, la marginación, el terrorismo, la miseria, la pobreza, la ignorancia, los derechos, las libertades, los deberes, la dignidad humana o la desigualdad, y todos aquellos factores íntimamente relacionados con la construcción de una paz integral.
De la misma forma, en cuanto al empoderamiento pacifista inserto en el Acuerdo especial de paz como un elemento fundamental de implementación y desarrollo, es necesario señalar que aún faltan muchas contribuciones desde la academia para desestructurar el gran arsenal descriptivo, analítico y teórico del poder dominante en sus versiones clásicas de la política y la dominación social. Creo que, desde el ámbito académico, nuestro esfuerzo y nuestra experiencia histórica y política debe contribuir a la construcción de nuevas teorías, fundamentadas sobre la multidimensionalidad y la fractalidad del poder desde las configuraciones de la paz, así como del empoderamiento pacifista como estrategia de cambio y transformación social no violenta.
En razón a lo anterior, la investigación dirigida por el profesor Carlos Medina Gallego constituye un aporte muy importante a la fundamentación pedagógica, histórica, política y psicosocial sobre el pasado y el futuro de nuestra apuesta política de cambio de las estructuras excluyentes.
Nuestro país ha sido una nación debilitada y frustrada desde sus orígenes. Esto se remonta a cuando se independizó de España, que ya había arrasado con la población nativa y su cultura y nos impuso a sangre y fuego una cultura ajena de tradiciones retrógradas y ultramontanas.
Una vez se constituyó como la Gran Colombia, en la Santa Fe de Bogotá de entonces, se atentó contra la vida del libertador Simón Bolívar. En estas tierras asesinaron al Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, cuando ya se retiraba definitivamente de la política. No le perdonaron la idea de la patria grande que compartía con Bolívar. La explicación de esta máquina violenta desatada por las élites criollas la consigna Antonio Nariño con maestría en una sentencia que escribió para la historia: “Pareciera que no quisiéramos la libertad, sino el mando”.
Las denominadas “guerras civiles” entre federalistas y centralistas en el siglo XIX, así como la confrontación liberal-conservadora a mediados del siglo XX, nos dejaron un 10 % de población desplazada y más de trescientos mil muertos, la expropiación de tierras y la primera experiencia paramilitar por parte del Estado en defensa del régimen semifeudal y excluyente. Asimismo, la confrontación armada liberal-conservadora produjo un hecho notable y de enorme significado: la guerrilla liberal de Guadalupe Salcedo (cincuenta mil hombres en armas, entre otros destacamentos armados). Esa guerrilla fue traicionada por el directorio liberal de entonces y sus jefes; quienes defendieron al pueblo liberal fueron asesinados, perseguidos y encarcelados.
Pedro Antonio Marín, convertido luego en el legendario Manuel Marulanda Vélez, se inició como guerrillero liberal. Él, su familia, sus vecinos, compañeros y amigos fueron víctimas de esa guerra. A cambio, los guerrilleros de esa época fueron traicionados y asesinados. Por esta razón se asentó en Marquetalia, región del departamento del Tolima, y allí se inició lo que a la postre va a configurar la parte más importante de la historia de un conflicto armado de más de cincuenta años; allí lo alcanzó la nueva cruzada anticomunista, tal como lo describe de manera magistral Pedro Claver Téllez en Punto de quiebre.
Es necesario señalar que en este punto surge una notable discrepancia histórica con la investigación de la Universidad Nacional de Colombia, realizada bajo la coordinación del profesor Carlos Medina, pues en el texto se asegura que el origen de las Farc fue el Partido Comunista y que estas se convirtieron en “su brazo armado”. El cruce de caminos entre las Farc y el PCC tiene una complejidad mucho mayor que la de las teorías clásicas del marxismo-leninismo de la primera mitad del siglo XX, y solo puede comprenderse si se concibe el surgimiento autónomo de la autodefensa campesina del sur del Tolima como un hecho de resistencia y contestación ante la violencia oficial, las traiciones a los acuerdos y el vacío político dejado por la aniquilación de los liderazgos campesinos de origen liberal de aquel entonces. En esa violación sistemática del derecho a la vida se desconoció el adversario político, así como se torturó, se violó y se exterminó población indígena y negra, hechos por los cuales los gobiernos jamás rindieron cuentas ante la justicia por sus crímenes de Estado.
Esta guerra, que trascendió la confrontación política entre liberales y conservadores, se dirigió contra el denominado “enemigo político”, de modo que se declaró la guerra contra el comunismo cuando los conservadores consideraban como tales a los liberales y a los socialistas. Es en el marco de esa guerra que se hacen los ajustes del modelo de desarrollo económico en el que la posesión de la tierra se concentró aún más, las haciendas cafeteras prosperaron y el capitalismo criollo en el agro colombiano tuvo un periodo de desarrollo mientras destilaba sangre.
Ahora, la pacificación del establecimiento político produjo un fenómeno vergonzoso: el Frente Nacional, un acuerdo político durante dieciséis años entre las cúpulas de los partidos Liberal y Conservador, enfrentados para excluir al resto del país. Sin embargo, dado que la violencia estatal siguió, la población campesina victimizada no renunció al derecho a la rebelión contra los regímenes autoritarios y despóticos como derecho universal consagrado en 1789 por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Esta expresión del poder formalizó la violencia como forma de hacer política y acudió a todos los medios legales, como, por ejemplo, el estado de sitio (o de preeminencia de las Fuerzas Militares [FF. MM.]), en busca de la protección del régimen dominante y con el fin de alinearse en la geopolítica de la “Guerra Fría” a través de la doctrina de la seguridad nacional para conservar el statu quo autoritario y de exclusión. Por supuesto, este fue el germen de las siguientes guerras que han cobrado más de medio millón de muertos, nueve millones de desplazados, usurpación de tierras, centenares de miles de desaparecidos, torturados, viudas, huérfanos, exiliados, dolor y muerte sin fin.
De esta manera, las Farc fueron una confluencia de guerrilleros liberales, comunistas y sin partido, una estructura guerrillera que establece su propia dirección político-militar y con mucho celo cuidada por Manuel Marulanda Vélez a raíz de una terrible experiencia con la dirección de la regional comunista en el Tolima, la cual tomó decisiones que costaron la vida a más de mil combatientes que se hubieran podido ganar para la revolución. Desde esa época fueron estructuras distintas, con direcciones autónomas que diseñaban sus propias políticas, estrategias y tácticas. Obviamente, se compartían objetivos, concepciones revolucionarias, apreciaciones sobre el país y el mundo, así como sobre lo más destacado: la ideología. Debido a esa identidad, nuestras estructuras debían rendir honores militares a los miembros del Comité Central del Partido Comunista.
Tiempo después, en el marco de las negociaciones con Belisario Betancur y como parte de un acuerdo político por el que el Estado empeñó su palabra, las Farc-EP se convierten en plataforma de lanzamiento de un nuevo movimiento político: la Unión Patriótica (UP). Este se constituyó en el primer proyecto de unidad del país alrededor de la paz en ese tiempo y, de inmediato, caló en la opinión pública y comenzó a crecer. Lamentablemente, la cruzada anticomunista seguía ahí, herida por ese despertar popular en el que veía su propia muerte, de modo que se alzó con todo su arsenal de destrucción y terror. También se despertaron las mezquindades en las filas de la izquierda, pues creían que la UP les arrebataría su espacio político.
El profesor e investigador Carlos Medina Gallego acierta por completo al narrar los objetivos y la plataforma política de la Unión Patriótica, desarrolla los lineamientos de su programa de transformación del país y advierte cómo la UP se convirtió, luego de tres meses de campaña electoral, en “el fenómeno político” de 1986, de modo que era necesario eliminarla mediante la práctica criminal del terrorismo de Estado: el genocidio (delitos por los cuales ha sido condenado de manera reiterada el Estado colombiano). De igual forma, aborda con suficiencia las razones o causas del genocidio que ahogó en sangre la paz de Colombia. Entonces, volvimos a la guerra: cientos de perseguidos salvaron sus vidas y nutrieron nuevos frentes de las Farc-EP, así como algunos de los integrantes en un principio del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán integraron Causa Común y se unieron a la UP, entre los que se cuenta a nuestro compañero y camarada de siempre Simón Trinidad, hoy victimizado por el imperialismo norteamericano a causa de delitos que jamás pudieron probar en su contra.
De forma paralela, las Farc-EP continuaron, en medio de su actividad militar, el trabajo de masas, la conquista de la conciencia y la organización de la gente en función de la toma del poder como acción política. Para lograrlo, se organizaban de diferentes maneras y por elección de la misma población, de acuerdo con las condiciones de la confrontación y su intensidad: juntas de acción comunal, sindicatos, asociaciones de tipo legal y otras clandestinas, el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3), uniones solidarias, milicias y milicia bolivariana.
En su investigación, Carlos Medina Gallego se refiere a otro momento de la historia de las Farc-EP, se trata del lanzamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Sobre este episodio es menester expresar que se cae de su propio peso la afirmación de que las Farc privilegiaban lo militar sobre lo político, es decir, lo militar a la organización de pueblo, lo militar para la toma del poder. No hubo nada más costoso en materia política para la guerrilla fariana que el apoyo popular a la lucha, dirigida a la organización política como estrategia determinante de una insurrección popular que culminara con la toma del poder junto con el pueblo y para el pueblo.
El “Manifiesto Bolivariano” realizó un diagnóstico del país en el ámbito político, social y económico, así como de los efectos devastadores de las políticas del neoliberalismo, del narcotráfico y su impacto en el país mediante el conocido proceso 8000, la legalización del paramilitarismo en las cooperativas de seguridad Convivir (creadas y reglamentadas por los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper), conocidas antes como autodefensas y posteriormente como AUC, con vinculación de jefes del narcotráfico, especialmente con influencia y gestación en el departamento de Antioquia y la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, a partir de 1994.
La característica fundamental del Movimiento Bolivariano consistió en su política clandestina ante la represión del Estado. En este sentido, el “Manifiesto Bolivariano”, su pieza de divulgación política, desnuda el poder político en Colombia frente a un fenómeno violento y nauseabundo que poco a poco se tomaba el Estado a través del narcotráfico —en asocio con su poder económico y político— con la concurrencia de su clase dirigente y los medios de comunicación, y en el que los banqueros convivían y se enriquecían con el exceso y desbordado poder económico, razones que llevaron a la entrega de buena parte del poder coercitivo del Estado para que, en alianza con paramilitares, las Fuerzas Armadas y de inteligencia policial se combatiera a la insurgencia, se asesinara a líderes sociales y se amedrentaran comunidades agrarias mediante el genocidio.
Buena parte de estos episodios el país los sufrió como consecuencia de la apropiación de más de ocho millones de hectáreas de tierras. Esto arrojó más de ocho millones de desplazados forzados por el impacto de la violencia, situación que aún subsiste en el propósito de refundar la patria como una estrategia neofascista que se niega a desaparecer. La investigación cualificada y dirigida por el profesor Carlos Medina presenta unas aproximaciones sobre expresiones de violencia y de guerra en Colombia en el último medio siglo que constituyeron el actual sistema político.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, a través de sus más valiosos instrumentos, la Justicia Especial de Paz y la Comisión de la Verdad, se encuentra en la tarea de construir un nuevo relato sobre la guerra y para la reconciliación, por el que la sociedad colombiana, la comunidad internacional y los amigos de la paz estable debemos acompañar ese monumental esfuerzo. A esto se une la contribución del profesor Carlos Medina Gallego, como aporte académico en ese mismo camino, ante las versiones de la institucionalidad excluyente, encargadas de controvertir la historia mediante la parcialidad absoluta de su sentencia. Es, por tanto, la tarea de contar la historia con todas las voces.
La paz en Colombia tiene pocos pero muy poderosos enemigos tanto en el país como en el exterior. Cada minuto se dilapidan tres millones de dólares en la industria de la guerra, razón por la cual se produce armamento destinado a enfrentar, contener y eliminar el propósito de la construcción de la paz. Mientras subsista la economía de la guerra existirá un obstáculo para consolidar el camino de la democracia real. En nuestro país las contradicciones en el poder, en los partidos, en las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y en los sectores empresariales agrarios, mercantiles e industriales no desaparecieron frente al tema de la guerra; al contrario, esta los unía y los une aún.
La lucha por la tierra, por el salario digno, la educación, los derechos, la vivienda, la salud y la participación bajo la sindicación de comunismo se convirtió en la excusa para eliminar a los luchadores sociales y a los oponentes políticos ante esa situación de violencia criminal; en consecuencia, todos los colombianos que luchamos en el ejercicio legítimo del derecho a la rebelión, hermanados por el cambio social y político, fuimos convertidos en el “enemigo interno” de la sociedad colombiana. Así, se acudió al principio de Maquiavelo según el cual el “fin justifica los medios”, y no se reconoció que siempre existieron los elementos constitutivos del conflicto armado por razones sociales, políticas y económicas, de acuerdo con el derecho internacional público y el derecho internacional humanitario (DIH), aplicables en el país como parte suscribiente de los diferentes protocolos y acuerdos para humanizar el conflicto armado.
En este sentido, lo que dio origen al Acuerdo especial de paz de La Habana fue el reconocimiento histórico por parte del Gobierno nacional de la existencia de un conflicto armado con profundas y estructurales causas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. De esta forma, la unidad para la guerra se transformó en la posibilidad de la construcción de una paz estable y duradera. Se trata de una transformación difícil, penosa, con avances y retrocesos. Los vociferadores y enemigos a ultranza del Acuerdo especial de paz se resisten a entender la naturaleza histórica y filosófica de este proceso constructor. Algunos otros reclaman, casi siempre desde la comodidad, no haber decretado la muerte del capitalismo, no haber acordado con el Gobierno el triunfo revolucionario. Son radicales de palabra y pusilánimes de espíritu.
De la investigación académica del profesor Carlos Medina Gallego se deducen los temas y puntos fundamentales del Acuerdo especial de paz para la terminación de la guerra. En este sentido, destaca los cambios necesarios para el proceso de modernización del país, dimensiona la profundización de la democracia, los retos de nuestra organización política y, lo más importante, la proscripción de la violencia como método de acción política por todos los medios.
Por estas razones, las Farc-EP se transforman en partido político como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así como se transformó la guerra en paz. El partido nace con su programa y sus estatutos consignados en textos que describe de manera amplia el profesor en la investigación, y que incluso detalla a través de definiciones teóricas y académicas en procura de una mejor comprensión de su nuevo papel como adversario político en el escenario nacional.
¿Qué ha cambiado? Para resolver esta pregunta es necesario acudir a nuestras experiencias de la lucha armada y de las prácticas denominadas “autoritarias” por vastos sectores de la sociedad, pero que internamente se desplegaban mediante la expresión del método científico y dialéctico de construcción democrática, siempre presente en la organización política y militar (aun en sus momentos más difíciles frente a la degradación del conflicto armado y sus propias particularidades), y los cuales hoy se constituyen en referentes necesarios para el presente de nuestra vida política.
Somos aún revolucionarios: comunistas, socialistas, con expresiones y matices, que no se repelen en lo fundamental, sino que se complementan según la construcción política de cada ser humano caracterizado por sus experiencias, sus conocimientos y sus prácticas de la lucha revolucionaria. Asimismo, como estrategia en la toma del poder para el pueblo, primero, por la vía de las armas en cuanto vanguardia del proceso político; ahora, mediante la acción política en la confrontación de las ideas políticas, en la medida en que es una nueva forma de hacer política en su condición de adversario político. En este sentido, nuestra convicción política consiste en la lucha por la conciencia de las masas para el cambio a través de todas las organizaciones y espacios democráticos posibles. Todo con el espíritu de sacrificio, la disciplina, la tenacidad, la voluntad y la amplitud de pensamiento que nos dejó nuestra vida guerrillera en defensa de los intereses de la población más excluida y victimizada de Colombia.
La guerrilla fariana tuvo particularidades cuando confrontó por las armas el régimen hegemónico y logró poner en jaque al poder excluyente y dominante en Colombia. Las Farc-EP se desplegaron por todo el territorio nacional, de modo tal que se convirtieron en una fuerza muy seria que requirió de la intervención directa de potencias extranjeras —como, por ejemplo, Estados Unidos (EE. UU.), Inglaterra e Israel— en ejercicio de la doctrina de la seguridad nacional, a fin de garantizar el predominio de la burguesía nacional y del capital económico norteamericano y así detener su avance hacia el poder. En su crecimiento, nuestra resistencia revolucionaria contó con el apoyo irrestricto de enormes masas populares que, a causa de su solidaridad política, sufrieron el embate y la guerra a muerte por medio del terrorismo de Estado con aliados del crimen.
Esas particularidades del ejercicio de la resistencia armada y política por décadas están íntimamente relacionadas con la democracia interna en las Farc-EP, cuando, en el interior de su organización, se acudía a la participación y a la deliberación de sus decisiones, pero siempre en observancia de la disciplina armada que exigía la confrontación. De esta forma, si bien fue necesario contar con una estructura vertical de orden y mando, incluso esta organización siempre observó el consenso para las decisiones logradas por las mayorías en el interior de la guerrilla. Así, estaban reglamentadas las asambleas generales de guerrilleros, las cuales podían convocarse cuando fuera necesario para la discusión de los asuntos urgentes. De la misma forma, las conferencias nacionales de las Farc convocaban a toda su estructura mediante un debate amplio sobre los aspectos militares, políticos, organizativos o propagandísticos, y en temas referidos a la logística, la salud, la educación o el despliegue de la fuerza a través de los frentes o de bloques.
Como resultado de esta dinámica de construcción de la organización se elaboraban las tesis centrales a causa de una amplia participación en cada frente o unidad y se proponían listas de integrantes a los estados mayores, así como al Estado Mayor Central, como ejercicio de la democracia. Cuando se agudizó la confrontación armada y no se permitía esta amplia concepción, se acudió a medios de comunicación más seguros. Los integrantes del Secretariado Nacional hacían contacto diario, intercambiaban informes, opiniones y noticias, es decir, debatían el acontecer diario. En las Farc-EP se aprendió-construyendo a debatir con altura, con sinceridad, con la verdad y la honestidad de quienes no buscaban prebendas personales y siempre con respeto por los mecanismos democráticos y con acatamiento de las decisiones.
Nunca existieron componendas, listas ocultas, fraccionalismo, oportunismos o ruedas sueltas. Por supuesto, como en toda organización humana, hubo excepciones que le hicieron mucho daño al movimiento.
Sobre la construcción como partido político es necesario decir que las formas de la mecánica política dominante y tradicional en el escenario colombiano, en cuanto son una manera de hacer política, han intentado filtrarse pero han perecido en el camino de las convicciones. Además, sus exponentes cada vez pierden más credibilidad y seriedad mediante la autocrítica permanente en nuestros principios y valores políticos, los cuales se mantienen incólumes.
Asimismo, existía dentro de las Farc un partido político (eso sí, ¡nos faltó crear un partido liberal, otro conservador y otro socialdemócrata!); cada escuadra era una célula comunista en la que los mandos dejaban de serlo y se convertían en militantes al “mando” de los secretarios políticos que impartían los niveles de organización y educación. En su desarrollo e implementación se acudía a la discusión democrática una y otra vez, incluso en lo militar existía una instancia en la que se podían pedir expli-caciones, proporcionar informes y participar. La relación era diaria, cada veinticuatro horas, sobre el transcurrir de la vida cotidiana de la guerrilla.
En este tiempo, el Consejo de Política Nacional y las demás instancias de dirección del partido eliminan los caudillismos y se imponen las decisiones consensuadas y colegiadas como construcción política permanente. El cambio de las Farc-EP en armas al Partido del Común es fundamental y acorde con sus distintas manifestaciones. La guerrilla fariana era una estructura vertical como organización que implicaba un ejército irregular, con instancias y momentos democráticos que definían su vida militar y política. El nuevo partido, el Partido del Común, es una organización horizontal en el que cada integrante es un líder político, un organizador de la revolución democrática. El Partido del Común no es solo un partido de opinión, cuenta con una estructura y responsabilidades en las que se ejerce la democracia deliberativa, cuyas conclusiones se socializan y vuelve el ciclo de los disensos y consensos para obtener las conclusiones mediante tesis y antítesis. Es un partido de lucha y acción cuya forma de organización tiene que ver con el cumplimiento de metas y objetivos determinados y debidamente planificados.
El anticomunismo, que se ha sembrado profundamente en la sociedad colombiana y en otras del mundo, ha polarizado una sociedad a la que han conducido a una precaria educación en valores democráticos y ha permeado incluso a la izquierda, lo cual no permite un debate serio sobre el centralismo democrático. Este es un principio de organización, un método, no es más; no restringe la democracia interna. Lo que sí restringe es la acción política sin argumentación, porque en el centralismo democrático se establece la dirección ideológica que se traduce en acciones de lucha y se decide por mayorías. Las posturas minoritarias deben asumir las mayoritarias, aunque se esté en desacuerdo. Sin embargo, cuando llegue el siguiente momento del debate pueden participar con sus propuestas que, aunque derrotadas, son importantes para el ejercicio de los disensos.
Así, sucede que en el interior de las Farc-EP algunos llegaron sin entender esa práctica política, y adentro de la organización tampoco la aprendieron. De la misma forma, la ausencia de democracia en el ejercicio tradicional de la política colombiana produjo personas con egos desmesurados en cuanto expresiones de la conducta humana que nada tienen que ver con las ideologías. Además, ese fenómeno o condición humana aparece en las organizaciones políticas que suponen la interacción, el debate de las ideas y las satisfacciones personales, de lo cual no escapa el Partido del Común, a pesar de que se compelen mediante la disuasión y la construcción de valores.
Cada cual carga su propia historia, repleta de virtudes y defectos, de esta manera llega a la guerrilla y luego a la lucha política legal. Cada persona es un universo y así aporta a la lucha revolucionaria lo que tiene adentro. Unas veces predomina el egoísmo a cambio de la solidaridad y la fraternidad como práctica del ejercicio de construcción política.
En la X Conferencia Nacional Guerrillera de las Farc-EP se aprobó el Acuerdo general para la terminación del conflicto (previamente se había cumplido con su pedagogía). Esta pedagogía se llevó a cabo en todas las estructuras de la organización mediante asambleas guerrilleras en las que los combatientes tuvieron la oportunidad de opinar de forma amplia sobre los distintos temas tratados, y así llegar a conclusiones consensuadas. De igual forma, se habían recibido los informes elaborados por las asambleas guerrilleras como producto del debate democrático. En el transcurso de la negociación se tuvo informada a la guerrillerada de cada avance y retroceso, muy a pesar de las dificultades que imponía el Gobierno con respecto a las comunicaciones y la posibilidad de una tregua bilateral. Basta con observar las decenas de videos que se hicieron públicos y se difundieron por el mundo en los que la guerrillerada debate sobre los temas estructurales, la guerra y la paz, así como sobre su compromiso con el pueblo y con los cambios necesarios en la sociedad, con el fin de incorporar al sistema político más derechos y más libertades. Así, guerrilleros y políticos informados hicieron suyos los debates de la agenda del proceso de negociación, y luego hicieron lo propio con el Acuerdo especial de paz.
Ahora bien, al profesor Carlos Medina Gallego, así como a todo el grupo de investigación, es necesario hacerles un reconocimiento por su esfuerzo académico, el cual contribuye al análisis dialéctico de nuestro compromiso político con los colombianos más excluidos, al acometer los temas que constituyen los ejes de construcción de una paz integral desde los escenarios del saber. No queremos una paz anémica —como es el deseo de los gobiernos del orden y la seguridad a raja tabla— y en contra de los derechos y de las libertades del pueblo. Tampoco queremos una paz amnésica, aséptica y afásica. Estamos en la arena política con el propósito de luchar por una paz luminosa, vinculante, deliberativa, incluyente, solidaria y responsable de un Estado que hoy se encuentra al servicio de la exclusión.
Nuestro compromiso consiste en abrir espacios democráticos a fin de posibilitar la discusión científica social y política, lo cual nos permita crecer en la difícil tarea del ejercicio de la política. En síntesis, coincidimos en los propósitos esenciales de la investigación dirigida a la construcción de pensamiento y la construcción de una paz estable y duradera que se escriba con la palabra de la dignidad. Estas razones nos permiten concluir que serán necesarias otras posturas divergentes, en las cuales encontremos convergencias como parte de una senda hacia la paz integral y frente a los traumas colectivos e individuales de un espinoso conflicto armado.
Finalmente, el presente trabajo investigativo constituye un insumo documental importante para la valoración del conocimiento y la memoria del conflicto, en la medida en que es un referente de los retos y obstáculos de hoy e implican la construcción de la paz integral desde la acción política de nuestro partido político: una historia que se construirá día a día.
Bienvenidos los libros, los viejos y los nuevos, los que narran e interpretan las historias de las luchas de los pueblos por su emancipación. Bienaventurados los escritores que, en algunas ocasiones a riesgo de su propia vida, su seguridad y su tranquilidad, aportan a la construcción de un relato sobre el poder, la política, la economía, la sociedad y sus contradicciones. En este mundo, en particular en un país como Colombia, la universidad no ha dejado de ser una barricada de resistencia, un referente intelectual, ético y moral para la sociedad: la conciencia crítica de la nación.
En estos valores se inscribe el libro de Carlos Medina Gallego sobre un aspecto del proceso de paz en Colombia, con el fin de contribuir al entendimiento del conflicto armado y el Acuerdo especial de paz que fue suscrito entre el Gobierno nacional y la organización guerrillera Farc-EP. La Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, el Grupo de Investigaciones en Seguridad y Defensa, y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz-CPSPP-UN, con la coordinación de Alejo Vargas Velázquez, fueron imprescindibles en la tarea de contribuir a la construcción de confianzas en los tiempos difíciles de la negociación y seguirán siendo fundamentales para narrar y reconstruir un relato de reconciliación nacional que se hace cada vez más importante.
Así, Medina Gallego, en su condición de docente-investigador de la universidad hace entrega a la comunidad universitaria –y a la sociedad en general– de una detallada e importante investigación sobre la organización guerrillera de las Fuerza Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo desde sus orígenes hasta el actual proceso de organización política, ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como un largo camino de la lucha armada a la lucha política democrática.
A fin de hacerlo posible, la investigación acude al trabajo interdisciplinario y toma así en consideración la historia, la sociología, la política, la antropología, de manera que con las herramientas de estas ciencias aborda los antecedentes de las iniciales Farc como organización armada en autodefensa campesina y sus vínculos con las expresiones políticas a través del trabajo de masas en estructuras organizadas durante más de cincuenta años. Centra su atención en las relaciones de las Farc con el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano Clandestino y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, hasta la constitución del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, reconocido por la institucionalidad en cumplimiento del segundo punto del Acuerdo especial de paz, en la perspectiva de una apertura democrática para construir la paz como una experiencia histórica en la vida política nacional.
La investigación, en un esfuerzo metodológico y teórico, se adentra en la definición y el desarrollo de los diferentes temas que hacen parte del espectro político del partido Farc. Tiene el mérito de relacionarlos de manera íntima, como, por ejemplo, lo hace con la seguridad, el posconflicto armado, la plataforma ideológica del partido político (en el que se destaca su organización interna mediante un análisis crítico-constructivo), y se plantean las diferentes dificultades, experiencias y retos que ha tenido que sortear la nueva organización para avanzar en su consolidación como partido político en el interior del ordenamiento institucional.
En este recorrido metodológico y conceptual se acude a diferentes hipótesis de trabajo en el imprescindible marco de la libertad de pensamiento, con las cuales algunos coincidimos desde la experiencia; otras reflejan un resultado teórico apoyado con abundante bibliografía y fuentes documentales que, en definitiva, constituye nuevas visiones que se tienen desde el ejercicio político interno de la organización.
En general, lo que reafirma el trabajo de Medina Gallego es la diversidad de posturas ideológicas y políticas sobre el pasado, el presente y el futuro de una organización que se construye de forma permanente. Dada la naturaleza cualitativa de esta investigación, se constituye en un importante acervo documental que será de mayor utilidad para la discusión dialéctica como método del conocimiento sobre el proceso de transformación de las Farc-EP en partido Farc, y el largo trasegar de la lucha política armada hasta la lucha como partido político en un escenario en el que el poder de la organización se erige sobre la justeza de sus ideas y la contundencia de sus palabras.
Quizá una de las temáticas más importantes se refiere al desarrollo y el futuro de la estructura política partidaria, en la cual se recogen dificultades y obstáculos en el contexto del difícil tránsito enfrentado por la organización en armas. Demanda así la apertura de pensamiento ante los nuevos retos, así como de la realidad de resistencia frente a los ejercicios de dominación política por parte de los partidos hegemónicos, de las dinámicas de exclusión y de autoritarismo que constituyen los referentes históricos que fueran enfrentados desde la lucha armada y ahora se expresan como estrategia política desde la palabra y la construcción democrática a fin de lograr, a mediano y largo plazo, la trasformación social, política, económica, cultural, étnica y ambiental que requiere la paz integral como manifestación de la justicia social en Colombia.
El presente trabajo de investigación cualificada contiene distintas conclusiones y orientaciones que son bienvenidas para el escrutinio de la formación política del partido político Fuerza Alternativa y Revolucionaria del Común, en cuanto son elementos estructurales y un nexo entre la academia y la realidad política que propicia un diálogo democrático de saberes que nutre la comprensión de la realidad del país y permite concluir la necesidad inaplazable de nuestra lucha actual en el ejercicio de la política, a fin de lograr la construcción a mediano y largo plazo de una ciudadanía más participativa y deliberativa que ejerza la defensa de la dignidad humana, los derechos fundamentales, humanos y colectivos, y así lograr la justicia social como construcción de la paz estable y duradera pactada entre las Farc-EP y el Estado colombiano.
Sirvan estas ideas al propósito de que la memoria colectiva, la memoria, la justicia social, la verdad, la reparación, la no repetición y la reconciliación sean conceptos necesarios de desarrollo y socialización en las aulas y fuera de ellas, así como para acrecentar nuestra pedagogía de paz sin odios a través de la memoria individual y colectiva, todo lo cual abra los caminos de la esperanza, pese a las espinas del autoritarismo, el odio y la exclusión que hoy de nuevo se ciernen sobre Colombia.
De esta forma, expreso el reconocimiento a la loable labor académica de la Universidad Nacional de Colombia, primer centro de educación superior del país, en una tarea que no debe terminar: la construcción de una vida democrática en Colombia. Una apuesta por la verdad.
7 de agosto de 2019
Año del bicentenario
Presentación
El proceso de paz adelantado entre el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), se fijó como uno de los propósitos esenciales del Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Esto supuso el paso de la organización armada a una organización política, articulada a la institucionalidad democrática del país, en el marco del orden constitucional, del sistema político, del régimen de partidos y del sistema electoral, en un proceso que se concibió como de ampliación y profundización de la democracia.
La conversión de la organización armada en un partido político no es una empresa fácil, a pesar de los conocimientos acumulados y adquiridos por las Farc-EP a lo largo de su historia en el desarrollo de la vida partidaria, de la que nacen, se desprenden y se originan nuevas experiencias, unas veces compartidas con otras organizaciones y otras producto de sus propias lógicas y necesidades. Las Farc-EP, como organización política con estructura partidaria, presenta en el desarrollo de su historia cuatro momentos organizativos que la revisten de características particulares y complejas, los cuales son la base esencial sobre la que se soporta su experiencia en la perspectiva de la configuración de una nueva fuerza política en el desarrollo de la fase de implementación del acuerdo:
• Primer momento. Surge esta guerrilla en el interior del Partido Comunista Colombiano (PCC) en las tradiciones de autodefensas de la década de los treinta del siglo XX. Adquiere un particular desarrollo en la década de los sesenta, cuando se origina la organización guerrillera después del ataque a Marquetalia. La organización es la expresión del principio asumido por el Partido Comunista en torno a la combinación de todas las formas de lucha, que compromete no solo la lucha social y política amplia, sino también la resistencia armada a todas las formas de opresión en la lucha clandestina. Es la historia de las Farc-EP como parte constitutiva del Partido Comunista de Colombia, de sus estructuras de dirección y de sus particulares formas de organización celular. En este periodo se nutre de los cuadros del partido articulados al movimiento social, sindical, campesino, juvenil y popular, y se encuentra subordinada a las directrices políticas del partido, así como a su concepción estratégica de la lucha política. Un punto de inflexión y de rupturas comienza a producirse en la década de los ochenta, lo que origina luego, en el marco del proceso de paz con Betancur, un vigoro proceso de transformación política cuyo principal producto es la Unión Patriótica (UP).
• Segundo momento. En el marco del proceso de paz de La Uribe, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, las Farc-EP impulsan con el PCC y otras fuerzas políticas, en medio de un escenario de apertura y reformas políticas, la creaciónde la Unión Patriótica. Esta tendrá un importante desempeño electoral antes de verse abocada a una estrategia de exterminio, resultado de la política de implementación de la doctrina de la seguridad nacional y el surgimiento y desarrollo del paramilitarismo institucional.
• Tercer momento. La difícil situación que se generó a raíz del genocidio de la UP, lo cual obliga a la separación entre el PCC y las Farc-EP a finales de la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa, convierte a la organización en una estructura independiente del partido que centraliza el mando político-militar. Diez años crece la organización en el fortalecimiento de sus estructuras militares y el proyecto de convertirse en un ejército del pueblo, mientras desarrolla, de manera simultánea, las actividades políticas y militares. A finales de la década de los noventa y comienzos de la primera década del siglo XXI, las Farc-EP desarrollan, a fin de coordinar su vida política interna y su relacionamiento con la comunidad política nacional e internacional, el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC) (concebido como una estructura cerrada muy pegada a las formas de la organización del ejército) y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB) (enfocado en el relacionamiento con los sectores sociales y las masas).
• Cuarto momento. A raíz de los acuerdos que resultaron de las conversaciones de La Habana con la administración del presidente Juan Manuel Santos, surge un nuevo partido que inicia su vida política en el orden institucional con el nombre de “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” (Farc), cuyas características esenciales se encuentran, en la actualidad, en un lento proceso de construcción. Esto a partir de distintos matices y en medio de dos grandes formas de pensar la organización: una atada a los fundamentos de marxismo-leninismo, a las formas tradicionales de los partidos leninistas y el centralismo democrático; y otra que se abre de manera amplia a las más variadas formas del pensamiento democrático de fundamento crítico y social, así como a la configuración de una estructura partidista de nueva naturaleza capaz de insertarse de forma natural en el complejo sistema político y de partidos de la nación colombiana.
Este trabajo de investigación, en lo esencial, busca presentar los antecedentes históricos de las tradiciones partidarias de las Farc-EP, el desarrollo de sus procesos políticos internos y los retos que se le presentan a la organización en su inserción política a la vida institucional de la nación a partir de la implementación de los acuerdos firmados con el Gobierno nacional. No es un trabajo de investigación fácil, dada la particular movilidad de los acontecimientos en un periodo de transición cargado de las vicisitudes propias de la vida política nacional y de la complejidad de las relaciones internas de la organización. Esta se construye ahora en nuevos ordenamientos políticos resultantes de la contrastación de unas formas arraigadas de construcción de relaciones de poder propias de la guerra, cuyas características son de naturaleza vertical, hacia los escenarios de su propia y compleja democratización que se fundamenta, esencialmente, en relaciones horizontales que se configuran a través de tensiones y matices político-ideológicos que se disputan posicionamientos de autoridad en la conducción de la organización partidaria en el nuevo escenario político.
En cuanto a la metodología, el trabajo se mueve entre las elaboraciones bibliográficas que se encuentran con relación a la organización (resultado, en lo esencial, de trabajos anteriores del autor), documentos oficiales de la organización elaborados para distintos eventos (los cuales son la base esencial de la construcción del nuevo partido y dinamizan las discusiones internas), y un trabajo de campo que permitió acercamientos a distintas visiones de la construcción del partido y a sus tensiones mediante entrevistas desestructuradas, así como en largas y ricas conversaciones grabadas con miembros del partido Farc-EP involucrados en diversos grados de responsabilidad, autoridad y militancia de base.
Esta investigación se propuso seguir elementos metodológicos de los estudios realizados por la Fundación Berghof, liderada por Veronique Dudouet, Katrin Planta y Hans J. Giessmann, los cuales posibilitan análisis particulares sobre el paso de organizaciones armadas a organizaciones políticas exitosas. No obstante, con la libertad para tomar en consideración los elementos metodológicos propuestos por la Fundación Berghof a fin de considerar el caso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común desde un enfoque aplicado, el cual se libera en la especificidad del universo de generalizaciones que suelen considerarse en las formulaciones teórico-metodológicas, de manera que la aproximación sea útil en lo que concierne al caso colombiano y, en particular, al entendimiento del proceso de transición del nuevo partido.
El trabajo, en su conjunto, está atravesado por un enfoque teórico y metodológico que no se explicita a la manera de una tesis doctoral o un trabajo monográfico como un apartado independiente, sino que se adhiere a la construcción de las narrativas de cada uno de los capítulos en los que se ha estructurado el informe final de esta investigación.
El autor tiene absolutamente claras las dificultades y los retos que representa historiar un proceso que está en ciernes y sobre el cual todo está por decantarse y construirse a futuro. No obstante, considera que la investigación se construye a la vez como crónica y memoria de un periodo determinante de la historia política de la nación y de los tránsitos que en ella realizan hoy quienes fueron por décadas protagonistas de la guerra.
Así, metodológicamente se presta especial atención a los elementos de la argumentación que son de obligatoria referencia y se encuentran presentes en las historias y análisis posteriores, puesto que no hay forma de prescindir de ellos, aun cuando cada momento los cargue de nuevas y más profundas significaciones.
La conversión del enemigo en adversario político
No sin dificultades y con poderosos opositores marcha la implementación del Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.
Los logros alcanzados en los temas de desarrollo agrario integral, participación política, drogas ilícitas y víctimas resultan, a tres años de la firma del acuerdo y la implementación, aún precarios e insuficientes, tal como lo han señalado los informes que se han presentado. La decidida voluntad de paz de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común choca contra distintas circunstancias que los obliga a utilizar todos los medios legales para exigir el cumplimiento por parte de la sociedad y el Estado colombianos del acuerdo firmado. Estos obstáculos seguramente se abordarán con inteligencia en busca de superar todos los aspectos de orden político, jurídico-constitucional, social, administrativo y técnico que sea necesario sortear.
En esta sección se presenta una reflexión sobre la conversión de las Farc-EP de enemigo en el campo de la guerra a adversario en el campo de la democracia, de manera que precede el abordaje del actor político como tal.
El camino de la guerra hacia la democracia
Un lugar para el otro
A pesar de los pocos avances en materia de implementación y cumplimiento del acuerdo a tres años de su firma, un debate en ciernes que debe adelantarse en el seno de la sociedad colombiana corresponde a la construcción de las subjetividades colectivas que le dan –antes, durante y después de los acuerdos– un lugar al otro en una sociedad que debe transformarse en la construcción de lo político y lo público.
Se asume que para una concepción moderna, democrática y pluralista de la sociedad es inaceptable partir de una noción negativa de la percepción política del otro en cuanto enemigo, ligada al dominio e imposición del poder instituido, como si no existiera otra alternativa capaz de construirse en legitimidad y legalidad, desde lo político y lo público, más allá de la enemistad de la guerra en un universo de reconocimiento de la diferencia como fundamento y esencia de las prácticas democráticas.
El enemigo como un otro no
Por el contrario, persistir en la idea de considerar al opositor como enemigo es un obstáculo mayor para cualquier proceso de paz y reconciliación.
El enemigo es un otro que representa la negación del propio modo de existencia de las instituciones y de la sociedad, por tanto, persiste en su destrucción y, en consecuencia, es natural que la sociedad y el poder instituido lo rechace o combata a fin de mantener su forma de vida, la cual depende de la destrucción total de ese otro distinto. En estas condiciones, es el ejercicio del poder de la fuerza a través de la violencia y la guerra la que busca saldar una relación política irreconciliable.
En ese estado de percepción y confrontación se desarrollaron sesenta años de conflicto armado y guerra en Colombia. Ahora bien, la guerra procede de la enemistad, ya que esta es una negación absoluta del ser distinto. De esta manera, la guerra se presenta como el medio político extremo de la oposición amigo/enemigo, de modo que lo político adquiere un particular sentido en ese contexto de confrontación. Se posibilita, entonces, un escenario distinto al exterminio mutuo en un proceso de diálogos y acuerdos que trasforman de forma sustancial la naturaleza de la percepción del otro, del ser distinto en cuanto adversario legítimo en un escenario de confrontación democrática.
De ahí que el paso de la condición de enemigo a la condición de adversario sea un salto cualitativo de la confrontación del escenario de la guerra al ejercicio pleno de la lucha democrática.
El adversario como un otro sí
Sin embargo, el reconocimiento de la condición de adversario legítimo reviste la aceptación de la existencia de un ser colectivo que adquiere identidad en el reconocimiento de su condición de diferente, así como en la identificación de sus idearios y propuestas como socialmente legítimas.
En este sentido, en un proceso de solución política no se trata de someter u homogenizar las formas de pensamiento, de manera que se aniquilen así las posibilidades de ser, pensarse, expresarse y actuar desde la riqueza propositiva de la diferencia y en el ejercicio del disenso como fundamento del ser oposición.
Resulta lesivo para la construcción de contextos de convivencia democrática y desarrollo social y económico percibir al potencial adversario político como enemigo público y no como adversario legítimo. El Estado, en cuanto unidad política, tiene la capacidad y el monopolio de la determinación política, y esa capacidad debe colocarla al servicio de la construcción de la paz y de la democracia en el reconocimiento del otro opositor como adversario legítimo.
En los diálogos de La Habana surgieron los enunciados que permiten superar una teoría del Estado total que elimina la diferencia entre este y la sociedad, por la cual se identifica la política con lo meramente Estatal, separada de la sociedad.
La política más allá de la política
Hoy se reconoce con facilidad cómo en el país se ha producido una “despolitización” de la sociedad, un desplazamiento hacia el marketing y el mercado electoral, así como una creciente politización de la sociedad civil en un paso acelerado de la lucha reivindicativa hacia el desarrollo de un modelo de participación política que compromete nuevos escenarios, en los cuales la política es mucho más que el ejercicio del poder político asumido a través de los procesos electorales para el ejercicio de la función pública.
Así se constituye en fundamento de una práctica social que contempla procesos colectivos de toma de decisiones, elaboración de planes y programas de desarrollo, estructuración de presupuestos participativos con pertinencia en la realización de obras que contribuyan a la generación del bienestar estratégico de la sociedad y a fortalecer entidades administrativas, así como al potenciamiento de la capacidad de gestión social de las comunidades, de acciones que no constituyen otra cosa que la ampliación y la profundización de la democracia.
Sin embargo, la aceptación del adversario no es solo el reconocimiento de un otro distinto; es también la aceptación explícita de que el objetivo de la política, su tarea, es la construcción del orden social, el cual se logra a partir de elaborar alternativas posibles tendientes a la transformación de las condiciones de vida actuales.
Es un orden que no significa necesariamente armonía, sino conflicto dinamizado por una cultura y una práctica política que se compromete en la construcción de ese nuevo orden deseado. De ahí que resulte mejor utilizar la categoría de “posacuerdo” a la de “posconflicto”, en la medida en que las sociedades se desarrollan y alcanzan la mejor convivencia y el mayor nivel de bienestar cuando logran tramitar sus contradicciones y conflictos en los escenarios del diálogo y en la institucionalidad democrática.
Hoy, en el desarrollo del proceso de implementación de los acuerdos, es urgente y necesario que el Estado-gobierno impulse una pedagogía de paz por la cual se construya una subjetividad colectiva –la cual le da un lugar al otro distinto en su calidad de adversario legítimo– en los escenarios de la vida política de la nación, y evite así toda práctica que descalifique, construya polarización, desencuentro, odios y guerra.
Superar la cultura del odio y la venganza
La transformación de las prácticas democráticas la precede el cambio de cultura y de actitud de la ciudadanía, así como de la institucionalidad política, frente a la diferencia en el marco de la construcción de un escenario que deja de lado los odios y los encadenamientos de las venganzas, y se mueve en cambio hacia una cultura que se reconoce y se valora en el fortalecimiento del pluralismo, la tolerancia, la deliberación y el debate respetuoso sobre los problemas estructurales de la nación.
La no utilización de las armas y la proscripción de la violencia en las prácticas políticas, el reconocimiento del otro distinto como opositor válido y la no aniquilación del adversario, sino su valoración positiva y su protección decidida, constituyen la base esencial de la nueva cultura democrática por desarrollarse en una sociedad que se fija como propósito la construcción de una paz estable y duradera.
La construcción de un nuevo y sólido sistema democrático se abre en oportunidades y seguridades para la participación de los diferentes actores sociales y políticos en el desarrollo pleno de sus intereses políticos y colectivos, adscritos a un proyecto ético y a una práctica política que concibe la vida humana y el interés colectivo como fundamento y razón de ser de la política como tal.
El nuevo orden democrático debe construirse sobre la superación definitiva de las prácticas de violencia, el aniquilamiento del adversario, la estigmatización, la persecución, el señalamiento, la utilización del miedo y el terror para el sometimiento colectivo, así como la superación y proscripción de todo el repertorio criminal que agobió durante años al país.
Ni el Estado ni los particulares pueden hacer uso de prácticas criminales con el propósito de imponer sus ideas y utilizar a su favor –en detrimento del interés colectivo– los escenarios institucionales que son el fundamento de la democracia y la convivencia pacífica.
Partidos políticos y movimientos sociales
La ampliación y profundización de la democracia debe permitir el surgimiento de nuevas fuerzas, movimientos y partidos políticos, así como el fortalecimiento de las formas organizadas de la sociedad civil que se expresan a través de movimientos sociales y populares, las cuales portan sus propias agendas reivindicativa y de lucha social y política.
Estas expresiones políticas y sociales de la ciudadanía, de las poblaciones y de los territorios deben contar con espacios amplios de participación y un reconocido protagonismo en la construcción de una auténtica democracia en la que incidan en la definición de las decisiones que comprometen el interés público.
La democracia del posconflicto armado debe garantizar no solo la organización y la participación decidida de nuevas fuerzas y movimientos, sino también el reconocimiento y la defensa del pluralismo, de manera que los nuevos partidos políticos y movimientos sociales que hagan oposición, sin importar cuál sea su orientación ideológica, toda vez que estén inscritos en el ordenamiento institucional, sean reconocidos, aceptados y protegidos de tal manera que puedan presentarse como alternativa de poder en el marco del ordenamiento del juego democrático. Estas nuevas fuerzas sociales y políticas deben contar con todos los apoyos institucionales y, de forma equitativa, con los recursos públicos destinados a financiar los partidos y los movimientos políticos, en el propósito de que estos no se conviertan en instrumentos del interés privado y cumplan a cabalidad la función pública que compete a su naturaleza y razón de ser.
Dado que es la oposición la que legitima el orden democrático, debe contar con las mayores garantías en el sistema político y electoral, de modo que se supere todo tipo de riesgos y amenazas. Esto requiere no solo el mejoramiento del sistema de partidos y del sistema electoral, sino, adicionalmente, el desempeño adecuado de la institucionalidad que regula y posibilita las prácticas democráticas institucionales y garantiza la participación apropiada y segura de la sociedad civil en la lucha social y política.
Los ajustes que se deben realizar al modelo de democracia deben también contemplar medidas incluyentes que garanticen la participación de todos los sectores, en especial de las minorías étnicas y socioculturales, así como de las fuerzas políticas minoritarias. Estas deben, a su vez, articularse a las distintas instancias de las posibilidades del desempeño institucional a nivel nacional, regional y local, así sus resultados electorales no sean exitosos en términos de representación en los escenarios de decisión política.
Sin embargo, es importarte señalar que en la democracia del posconflicto armado la participación política no se reduce al sistema de partidos y al sistema electoral, sino que se construye en todos los escenarios en los que se erige institucional y socialmente el bien común y las acciones humanas están regentadas por el interés general.
De ahí que sea necesario extender las prácticas de gobierno a la vida social e involucrar a la población y a la ciudadanía en estas, a través de los más variados y determinantes instrumentos (tales como los planes de desarrollo y presupuestos participativos, las veedurías ciudadanas, el control social a la gestión pública y las posibilidades que aumentan la capacidad de ejecución de las comunidades en obras de su propio interés) requiere de comunidades participativas con poder de decisión y capacidad de gestión y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y obras.
Sobre los antecedentes de las Farc-EP como partido
La historia política de las Farc-EP se encuentra unida a los orígenes de las organizaciones políticas de izquierda en el país, y en particular a los del Partido Comunista Colombiano (PCC)1.
Es la historia de su complejo devenir histórico, en el marco del desarrollo de la vida política de la nación colombiana y de sus conflictos, marcados por la estigmatización, el señalamiento, la persecución política sistemática y la violencia como práctica de exterminio del adversario. Es también la historia de la lucha de los movimientos sociales y políticos por ocupar un lugar de reconocimiento y respeto en una sociedad democrática pluralista que posibilite dirimir las diferencias y las contradicciones, así como generar las transformaciones que requiera el país y la sociedad al amparo de un orden constitucional que garantiza los mismos derechos y establece las mismas responsabilidades para todos los ciudadanos.
La historia política de las Farc-EP se desenvuelve en un mundo que evoluciona de manera permanente a través de sus conflictos económicos, sociales, ideológicos y políticos, los cuales desembocan –no pocas veces– en la confrontación armada. Se da, claro, en el marco de los conflictos mundiales, del orden político internacional, de las relaciones de dominación y dependencias, de la construcción de los bloques, de los correspondientes alineamientos políticos e ideológicos, del mundo del desarrollo capitalista, el capitalismo criminal y la globalización neoliberal.
Este capítulo centra su atención en los procesos seguidos por la organización a lo largo de su historia hasta el estadio en el que se encuentra en la actualidad (2020). Se preocupa por presentar lo esencial de cada periodo, de tal forma que permita comprender la complejidad que representa para la organización la transición hacia la vida política democrática. En este aparte se hace particular referencia a los desarrollos de la organización en el interior del Partido Comunista, a su crecimiento como brazo armado, a los intentos de solución política que condujeron a los acuerdos de La Uribe y al surgimiento de la experiencia de la Unión Patriótica (UP), a sus éxitos electorales y su dramático exterminio. Asimismo, se señalan las razones por las cuales se produce el rompimiento de las relaciones de las Farc-EP con la Unión Patriótica y el Partido Comunista.
El capítulo presta especial atención a la dinámica interna de las Farc-EP para, de manera independiente y autónoma, organizar sus propias estructuras de partido y movimiento político a través del Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC) y el Movimiento Bolivariano, que serán las estructuras con las que llega a los diálogos y al acuerdo final, y el acumulado sobre el cual se estructurará como nueva organización partidaria con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), conforme al mandato de su Congreso Fundacional, realizado en agosto y septiembre del 2017, después de haber procedido a hacer formal la dejación de las armas.
El capítulo toma con especial rigor y seguimiento los documentos que en cada momento acompañaron los desarrollos de la organización, así como las dinámicas y los conflictos que representaron sus desarrollos.
El Partido Comunista Colombiano
y la combinación de todas las formas de lucha
Con la instauración del Frente Nacional, el PCC2 asume de manera conjunta con otras fuerzas tales como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y la Alianza Nacional Popular (Anapo) la “lucha democrática” en el contexto del impulso de los frentes populares y en el marco de la estrategia política de combinar todas las formas de lucha3. Gran parte de su actividad consistirá, en lo esencial, en ganar para el proyecto de lucha comunista un sector significativo de la juventud, para lo cual potencializa la estructura organizativa juvenil que, adscrita al partido y bajo la denominación de Juventud Comunista (JUCO), tendrá la responsabilidad de reclutar cuadros jóvenes con el fin de aumentar la base social y política del partido, menguada por años de lucha clandestina y ofensiva institucional.
La Juventud Comunista se desarrolla rápidamente en las universidades y al furor de la Revolución cubana logra desplazar la hegemonía que hasta entonces tenían las juventudes de los partidos tradicionales en estas instituciones, con lo cual convierte estos centros de cultura en importantes escenarios de la acción política de los grupos de izquierda que se identifican con el pensamiento marxista, de modo que ocupa por completo la actividad universitaria con luchas sociales y políticas durante las dos décadas siguientes.
Para este periodo el partido era una organización con una gran capacidad de reproducir sus condiciones de existencia y alcanzar acumulados en los sectores de masas, articulado a la lucha organizativa, política y de reivindicaciones sociales. Su actividad la centra en los sectores campesinos donde ha construido importantes experiencias organizativas de luchas agrarias, lo que incluye invasiones de tierra, así como la creación de las autodefensas campesinas y el naciente movimiento guerrillero de las Farc-EP. De igual forma, su actividad se extendió a los núcleos obreros y de trabajadores sindicalizados4, a las organizaciones estudiantiles y al movimiento popular y barrial que, para la época, tenía una importancia capital en razón a las transformaciones que se operaban en las ciudades a raíz de las migraciones poblacionales causadas por la violencia.
No obstante, en la dinámica política en que se desarrolla el PCC ese proceso se produjo en un ambiente de transformaciones políticas significativas en el contexto nacional e internacional, y en una atmósfera de crecimiento de las contradicciones internas del partido5. En los albores del Frente Nacional el partido apoyó al sector liberal del régimen unido en su propuesta política de reconquista de la legalidad y en la tesis de construir un “gran partido de masas”. Esta táctica política profundizó la inconformidad entre sus miembros, quienes veían que el partido empezaba a perder su vitalidad revolucionaria frente a otras fuerzas y procesos que se desarrollaban de manera simultánea6.
En medio de la lucha interna se conoció el triunfo de la Revolución cubana (1959), lo que contribuyó a que se agudizaran las contradicciones internas en el PCC. El calentamiento revolucionario de los ánimos juveniles generado por el proceso cubano llevó a que varios militantes del partido, y sobre todo de la JUCO7, abandonaran su concepción de lucha pacífica y decidieran buscar en las armas –inicialmente con el Movimien-to Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC)– una opción diferente para la revolución colombiana8. Si bien las primeras experiencias foquistas fracasaron, las ideas de Fidel Castro y el Che Guevara se abrieron paso entre amplios sectores revolucionarios que confluyeron desde la década de los sesenta en lo que llegaría a ser el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las guerrillas más importantes en la historia colombiana, todavía en armas a la espera de un proceso de paz viable.
Sin embargo, tal vez el aspecto más importante y determinante en la lucha interna del PCC es el debate que se da en el Movimiento Comunista Internacional (MCI) durante la primera mitad de la década de los sesenta entre los partidos soviético y chino. El XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) sostuvo dos tesis centrales que constituyeron el inicio de las divergencias con el Partido Comunista de China (PCCH).
Primero, la crítica a Stalin hecha y sustentada por Jruschov, acusándolo de “culto a la personalidad”; y segundo, los llamados a la coexistencia pacífica con los EE. UU., los cuales fueron vistos como tesis “revisionistas” que buscaban subordinar y frenar las luchas de liberación nacional en el mundo con el pretexto de que las condiciones mundiales hacían posible la vía parlamentaria como forma principal9. En 1960, en la reunión de partidos comunistas en Moscú, los soviéticos insistieron en la teoría de la transición y la coexistencia pacífica. Esto produjo una ruptura definitiva en el Movimiento Comunista Internacional entre prosoviéticos y prochinos, lo cual se oficializó a partir del XXII Congreso del PCUS de 1961. Entre 1962 y 1963, en una serie de cartas entre el PCUS y el PCCH se planteó la ruptura inminente, y en 1963 se produjo la más fuerte escisión del MCI: decenas de partidos comunistas se dividieron, lo que incluyó al colombiano. Un sector se quedó con la línea soviética y el otro marchó hacia la línea china que ponía el énfasis en el marxismo leninismo, pensamiento Mao Tse Tung.
Esta condición internacional se convirtió en un catalizador de las diferencias internas que el PCC buscó resolver por la vía de la expulsión de los críticos y opositores de su política de alianzas y de su concepción táctica de la lucha revolucionaria. El PCC realizó el IX Congreso a mediados de 1961, en el que planteó como táctica principal para el periodo la alianza electoral con el MRL de Alfonso López Michelsen, recién creado en 1960. A pesar de que un sector de la oposición se había movilizado hacia el MOEC, se mantenía en el interior del Partido Comunista un fuerte cuestionamiento a las políticas impulsadas por el Comité Central (CC).
La primera cuestión que apareció en las discusiones fue la relacionada con la caracterización de la revolución colombiana, sus vías y su proximidad. Estos temas, los más candentes del IX Congreso del partido, realizado en junio de 1961, se analizaron durante varios meses. En ese congreso se adoptaron las tesis sobre la revolución agraria y antiimperialista que desechaban la vía única, en busca de no cerrar por cuenta del movimiento las posibilidades de avanzar por la vía democrática sin abandonar la perspectiva de la vía no pacífica, en la lógica de la combinación de todas las formas de lucha10.
A partir del IX Congreso se incrementaron las expulsiones: Francisco Garnica, secretario político de la JUCO en el Valle es expulsado en el v Pleno de 1962. Durante el pleno, Garnica criticó al PCC por centrar su ataque contra lo que se denominaba el “oportunismo de izquierda”, insistiendo en que el principal peligro para la revolución colombiana era el “oportunismo de derecha”. Esta posición dividió a la JUCO y el sector mayoritario abandonó el partido. El 11 de marzo de 1962 el Comité Ejecutivo Central de la JUCO expulsó a Edisson Lopesierra, Fred Kaim, Uriel Barrera, César Uribe, Libardo Mora Toro (futuros fundadores del PCC-ML) y Víctor Medina Morón (uno de los fundadores del ELN).
El 3 de diciembre de 1963, Pedro Vásquez Rendón, miembro del Comité Central, envió una carta al partido en la que cuestionaba su expulsión en el 29 Pleno. Vásquez Rendón formulaba una dura crítica a la dirección del partido centrándose en el cuestionamiento a la creencia del partido en una alianza con la burguesía, o en la existencia de sectores progresistas de la burguesía; para él, la burguesía colombiana era en su totalidad proimperialista, de modo que se oponía a la estrategia de participar en elecciones y planteaba que estaban cerradas las vías para la participación electoral. Asimismo, condenaba la línea de la autodefensa para el movimiento campesino, pues impedía el avance a “formas superiores de lucha”, al tiempo que hacía una defensa de la Revolución cubana, de las tesis del Partido Comunista Chino y de Mao Tse Tung (Vásquez Rendón, 1975). El debate culminó con las expulsiones de numerosos cuadros del partido y la liquidación de regionales completos11.
En general, para ese momento en el país se presentaba una crisis en la definición de la vía política para el desarrollo de la revolución que, a su vez, se producía de igual forma en todo el continente. Eudocio Ravina, en su estudio “Estrategia y táctica comunista para América Latina”, señala que se trataba de llevar de manera simultánea y por diversos grupos comunistas las dos tácticas que han dividido públicamente a Moscú y a Pekín: la que creía que el triunfo de la revolución no podía venir sino por medio de la formación de dirigentes y de la estructuración de fuertes partidos de masas, y la que creía en la posibilidad de la toma del poder por audaces golpes de fuerza que debían iniciarse como reivindicaciones nacionalistas y populares, lo cual luego sería capitalizado por el comunismo.
En el debate interno que duró más de diez años, el PCC perdió perspectiva política y decidió “deshacerse” de valiosos cuadros, lo que afectó su tradicional liderazgo en la izquierda que, en esos momentos, se disputaban el MRL y la Anapo. Comunistas maoístas y “prosoviéticos” se trenzaron en una feroz lucha política e ideológica llena de prejuicios, sectarismos, dogmatismos y descalificativos morales mutuos que recogían la tradición de la lucha política partidista colombiana. El PCC no pudo dar salida a los nuevos liderazgos que habían surgido, cerró posibilidades de renovación y llevó a varios de sus miembros a salir del partido y formar otras organizaciones que, a la postre, aplicaron la herencia de las prácticas contra las que se revelaron12.
Entre 1963 y1965 se reagruparon sectores de la JUCO de los regionales del PCC que habían sido expulsados (entre estos el MOEC, el Frente Unido de Acción Revolucionaria [FUAR], el PRS y la Juventud del MRL) en torno al antielectorerismo, el impulso a la lucha armada y el planteamiento de que no era posible ninguna conciliación con la burguesía en oposición a las tesis “revisionistas” del PCC13.
Estos sectores formaron el Comité de Integración de los Movimientos Revolucionarios Colombianos (Cimrec), el cual se propuso como tarea la construcción de un nuevo partido marxista leninista (ML). En marzo de 1964 se realizó en Medellín la Primera Conferencia de Marxistas-Leninistas, pero dado que la mayoría de asistentes provenían del PCC, los acuerdos sobre el tipo de organización a crear no pudieron concretarse, así que se convocó a una segunda conferencia en junio de ese mismo año para discutir sobre el tipo de revolución a desarrollar en el país (si socialista o democrática, el escenario principal la ciudad o el campo, la construcción del partido, si era necesario un ejército y un frente de masas, etc.). Asimismo, se llegó al acuerdo de realizar el primer congreso del nuevo partido. Para esto se empezó a publicar el periódico Revolución como órgano del Cimrec, el cual terminaría por ser el órgano de difusión del nuevo partido marxista leninista.
En los documentos preparatorios del congreso se caracterizó la sociedad colombiana como “predominantemente capitalista con remanentes feudales, dependiente del imperialismo norteamericano”, en busca de encontrar argumentos teóricos diferentes a las tesis del PCC que la caracterizaban como “semifeudal y semicolonial”.
En los debates sobre si crear un ejército, un partido o un movimiento de coordinación de varias organizaciones fue definitivo el carisma de las personalidades que se reunieron, cuyos puntos de vista pesaban sobre el conjunto de los asistentes. Tales son los casos de Pedro Vásquez Rendón, viejo militante del PCC, caracterizado por su fe inquebrantable en la lucha armada, miembro del Comité Central del PCC y con la experiencia guerrillera del sur del Tolima; Pedro León Arboleda, reconocido por su posición ortodoxa y beligerante con un gran desprecio hacia todo lo que significaba el PCC; y Francisco Garnica, quien salió de la JUCO en donde había sido uno de sus más queridos dirigentes, encargado de las relaciones internacionales y reconocido entre los movimientos sociales del Valle del Cauca14.
El 17 de julio de 1965, después de un proceso de debates y acuerdos, se funda, en el que se denominó el “x congreso”15, el Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista (PCC M-L). Asisten a este evento Pedro Vásquez Rendón, Pedro León Arboleda, Fred Kaim, Uriel Barrera, Carlos Arias, Libardo Mora Toro, Aldemar Londoño, Jaime Romero Buj (exmiembros del PC), Francisco Garnica, Ricardo Torres, Carlos Alberto Morales (JUCO) y Francisco Caraballo (JMRL), entre otros. El Congreso elige un Comité Central de veintisiete miembros, un Comité Ejecutivo y un Secretariado presidido por Pedro Vásquez Rendón, en el que también se encontraba Pedro León Arboleda, Carlos Arias y Bernardo Ferreira Grandet.
Sobre el carácter de la revolución se mantuvo la tesis de revolución patriótica, popular y antiimperialista, se dio una unidad entre quienes sostenían la tesis de revolución socialista de inmediato, los que concebían una etapa intermedia entre la nueva democracia y la revolución socialista, y los que defendían la nueva democracia como la revolución que debía emprenderse (Molano Camargo, 2004).
El partido consideraba que la situación nacional y el estado de ánimo de las masas era tal que se vivía una situación preinsurreccional. De ahí sus orientaciones: la revolución será posible exclusivamente de manera armada y el escenario principal será el campo. Todos los marxistas leninistas en un solo partido, todos los combatientes populares en un solo ejército revolucionario, todos los revolucionarios en un solo frente patriótico de liberación. La situación preinsurreccional se atribuía a los conflictos urbanos y rurales de la primera mitad de la década de 1960, y al descontento frente a la situación económica. También se analizaba con exceso de optimismo el incremento de la tendencia abstencionista de 1964, lo cual reflejaba más el descontento con el pacto del Frente Nacional que cualquier otra cosa.
Desde el mismo momento de su fundación, el nuevo Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista fue consecuente con su planteamiento sobre la lucha armada, de modo que creó un núcleo de lo que sería el futuro Ejército Popular de Liberación (EPL).
Las discusiones internas, el afinamiento de las posiciones políticas, los alineamientos internacionales, los debates, las expulsiones y los fraccionamientos, así como el surgimiento de nuevas formas de organización y nuevas visiones de la lucha política, hacen parte de la experiencia acumulada de las Farc-EP en este periodo para la configuración de su nueva organización política. Otros elementos recogerá la organización de la experiencia de La Uribe y la fundación, el desarrollo político organizativo y el genocidio de la Unión Patriótica.
Los acuerdos de La Uribe y la Unión Patriótica
A partir de la firma de los Acuerdos de La Uribe las Farc-EP inician un proceso dirigido, en lo esencial, a constituir una fuerza política capaz de participar en el escenario de apertura democrática que se construye de manera progresiva y enfrentar las provocaciones y agresiones a las que se ven abocados sus frentes por parte de las Fuerzas Militares y de los organismos paramilitares impulsados por estas. Para entonces, las Farc-EP cuentan con veintisiete frentes guerrilleros que se distribuyen a lo largo de las principales regiones del país. Estos frentes se han acogido a la disposición de cese al fuego ordenada por la organización, y se han dedicado, sobre todo, a promover un proyecto político unitario como una propuesta de convergencia de distintas fuerzas de izquierda y democráticas, lo cual terminará por originar la Unión Patriótica.
La situación no es fácil. Junto con el discurso de paz de Betancurt se construye de forma simultánea un proceso de pacificación violenta agenciado por los mandos militares que no ven con buenos ojos el proceso que adelanta el presidente con los grupos guerrilleros. Ese proceso impulsó con mayor fuerza –pese a las denuncias hechas por la Procuraduría de la Nación– los grupos paramilitares, cuya experiencia más fuerte se ubicó en el Magdalena Medio, en el municipio de Puerto Boyacá, con una experiencia piloto de lucha anticomunista que comenzó a partir de entonces a reproducirse en otras regiones del territorio nacional16.
El 29 de septiembre de 1984, el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc-EP envía un memorando a la Comisión Nacional de Verificación en el que llama la atención sobre las dificultades que se vienen presentando en relación con el proceso de paz; realiza las denuncias pertinentes a las violaciones de la tregua, señala el avance del fenómeno paramilitar y pone a disposición de la comisión los fundamentos del proyecto político en el que procuran convertirse las Farc-EP. Esta época es supremamente importante porque en las dinámicas de la guerra y la paz, en la construcción de los escenarios democráticos y en el desarrollo de la guerra sucia comienza a producirse lo que más adelante será la separación definitiva de la relación organizativa y política entre el PCC y las Farc-EP:
De nuestra parte hemos cumplido al pie de la letra los acuerdos de La Uribe. No acontece de la misma manera con la orden presidencial de cese al fuego. A partir del 28 de mayo de 1984, el Ejército despliega operativos contraguerrilleros en los frentes 14 y 15 en el Caquetá, en el 10 en Arauca, en el 21, 22, 23 y en el 4, 12 y 20 frentes en el Magdalena Medio, en el 3 y el 13 frente en el Huila y dispuesto operativos ante-orden contra todos los demás frentes de las Farc en el país. Esta violación de los acuerdos de La Uribe y de la orden presidencial de cese al fuego de parte del Ejército, tiene base en la circular del general Vega Uribe aparecida en la prensa el 1 de junio de 1984 y que en concreto dice: “Las Fuerza Militares continuarán tal como se ha dispuesto intensificando sus operativos, hasta el momento en que las organizaciones subversivas de las Farc tomen su determinación de cese al fuego, operaciones de inteligencia de combate y control militar, buscando a toda costa debilitar al máximo su accionar subversivo. (Estado Mayor Central de las Farc-EP, 29 de septiembre de 1984)
Para las Farc-EP las declaraciones del general Vega Uribe y, en general, el comportamiento de las Fuerzas Militares estaban dirigidos a que se rompieran los acuerdos de La Uribe y se impidiera avanzar en el camino de la búsqueda de una salida política al conflicto armado, el cual se inicia con el cese al fuego y cuyos mayores enemigos se encuentran en la cúpula militar17. A esto se suma la situación de orden público que, en medio del estado de sitio, no logra superar el asesinato de campesinos, líderes populares, políticos y jefes guerrilleros que sacrifican los organismos militares y los cuerpos paramilitares.
A lo anterior se agrega el estado de sitio generalizado a todo el territorio nacional, los asesinatos de campesinos y gentes del pueblo, de dirigentes revolucionarios como Jesús Eduardo Vasco y el médico Carlos Toledo Plata en Santander y muchos otros en diversos lugares del país, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y todavía la tortura, y en general la continuación de la ola terrorista con cargo a las Fuerzas Militares y mecanismos paramilitares como el mas y otros escuadrones de la muerte, sabiéndose como se sabe de la procedencia, dirección y financiación de tales grupos terroristas. (29 de septiembre de 1984)
Las Farc-EP solicitaron el levantamiento del estado de sitio que se había establecido a raíz del asesinato del ministro Lara Bonilla por parte de los carteles de la droga, pues consideraban que esto alertaba a las mafias del narcotráfico y les permitía salir libremente del país, mientras eran los movimientos sociales y el proceso político los que se veían afectados por la medida.
Sobre las consideraciones generales enunciadas, la organización presentó de nuevo ante la comisión y por intermedio de esta a los medios de comunicación y a la opinión pública la propuesta de un programa político que por entonces construía con el fin de convertirlo en la base del lanzamiento de un movimiento político nacional, documento que ya había dado a conocer al Congreso en carta dirigida el 20 de julio de 1984. Por medio de este programa, las Farc-EP se comprometen a encabezar, en unión con otros partidos y movimientos democráticos de izquierda, la lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad del país y a la controversia civilizada, por una apertura democrática que garantice el libre ejercicio de la oposición y el acceso a todos los medios de comunicación social, a su libre organización, a su lucha y movilización, por la creación de un clima de participación en las gestiones del Estado.
En el marco de la apertura democrática, las Farc-EP, junto con otros partidos y corrientes de izquierda se proponen luchar, utilizando todos los medios, por una reforma de las costumbres políticas con el fin de desmontar el monopolio del poder político ejercido por los partidos tradicionales en beneficio de las clases dominantes, y abrir así un cauce a la participación de las grandes mayorías nacionales en los asuntos del Gobierno. Se proponen también desarrollar una lucha política por una reforma electoral que posibilite, a través de residuos y cocientes especiales, que los sectores populares y los partidos de oposición minoritarios lleguen al parlamento y allí ocupen cargos de importancia en la constitución de la dirección del cuerpo legislativo; en suma, se plantea la lucha por la elección popular de alcaldes y gobernadores y por la descentralización de la gestión pública. En ese camino se proponía que el municipio se elevara a la categoría de célula viva de la nación con un presupuesto proveniente de los impuestos y las rentas nacionales, y que los concejos municipales y las asambleas departamentales jugaran un papel determinante conforme a las necesidades del desarrollo económico, social y político del país.
El programa también formula la necesidad de luchar por la aprobación de una ley de reforma agraria democrática que les entregue de forma gratuita la tierra a los campesinos que no la poseían, sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios improductivos, cualquiera que fuese el tipo de propiedad o concesión. Esa reforma debía acompañarla una política de crecimiento y desarrollo rural (asistencia técnica, crédito, mercadeo, etc.) que aumentara la producción y el bienestar de la población campesina.
Asimismo, se planteó una ley de reforma urbana que contemplara el diseño general de un plan nacional de construcción de vivienda al alcance de las posibilidades económicas de los destechados. Se propuso luchar contra el impuesto sobre el valor añadido (IVA), por la reducción del impuesto predial y de renta, por reformas en la educación que democratizaran la participación en la conducción de los procesos del sistema educativo, la hicieran gratuita y la estatizaran por completo.
Una especial atención prestó el programa a las reformas en la administración de justicia en relación con la definición clara de los campos de aplicación de la justicia ordinaria y castrense, a fin de que esta última no pudiera inmiscuirse en el enjuiciamiento de civiles, sino de militares en servicio activo. Sin embargo, el centro fundamental de atención en materia normativa el programa lo enfoca en la necesidad de una reforma constitucional que dotara al país de una nueva constitución moderna y democrática.
Son aspectos centrales de la propuesta los procesos de nacionalización de las empresas y banca extranjera, lo que concierne a la independencia y la soberanía de la nación y su capacidad de autodeterminarse libre de las injerencias imperialistas y de sus programas de seguridad.
Existía en el programa la preocupación porque los escenarios de las luchas campesinas, populares y sindicales ayudaran al fortalecimiento de la democracia, se combatieran los grupos paramilitares que comenzaban a proliferar por todo el país y las Fuerzas Militares regresaran a los cuarteles, el ministro de Defensa fuera civil, se desmilitarizara la vida nacional, se indemnizara a las víctimas de la violencia y se juzgara y castigara a los criminales que agenciaron las torturas, los asesinatos y las desapariciones de la población civil18.
Si se considera el desarrollo posterior de la vida política del país, muchos de los aspectos allí planteados tuvieron curso y se convirtieron en hechos políticos. Es el caso de la elección popular de alcaldes y goberna-dores, la descentralización política y la transformación de la Constitución Política de Colombia, entre otros aspectos que se trabajaron en relación con la ampliación de la democracia y la reforma de la justicia. No obstante, cada uno de estos aspectos asumió su propia versión y énfasis en el marco del imaginario neoliberal y las políticas estatales de modernización.
Al realizar el balance del primer año de los acuerdos de La Uribe, las Farc-EP, en carta dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Verificación, Dr. Jhon Agudelo Ríos, señalan que el camino de la paz ha estado lleno de obstáculos y de grandes dificultades, lo cual, en particular, se debe a que los enemigos de la paz han dividido el país en dos: uno formal, gober- nado por el presidente Betancur, y otro real bajo el control de los militares:
El primer escollo en el camino de la paz lo constituye el estado de sitio. El segundo, la incomprensión y el sectarismo de la cúpula militar actual, del militarismo y en general de la reacción más oscurantista del país. El tercero, las vacilaciones y la conciliación del señor presidente de la República frente a la campaña habilidosamente orquestada por los reaccionarios contra la política de paz, en la que llevan la voz cantante los altos jerarcas militares.
[...]
Esto es posible porque en realidad hay en Colombia dos poderes: uno, el del presidente constitucional de la República, o sea el poder formal y otro, el de los militares reaccionarios al mando de la Fuerza Pública, o sea el poder real. (AH-Farc-EP, 1984)
En este documento se encuentra un extenso inventario de los actos de provocación desarrollados por las Fuerzas Militares contra las distintas estructuras de los frentes guerrilleros en el país, y se señala que su trabajo estaba, en lo fundamental, dedicado a construir las condiciones que les permitieran avanzar en la conversión de la organización en un movimiento político (la Unión Patriótica). Señalan el número de muertos y presos que han colocado, y convocan a la comisión para que transmita al presidente Betancur la situación por la que atraviesa el proceso no solo con las Farc-EP, sino con los demás movimientos guerrilleros, en particular con el M-19.
Criterios y factores para la transformación de las Farc-EP de un grupo armado en una organización política exitosa
Los estudios realizados por la Fundación Berghof, liderada por Veronique Dudouet, Katrin Planta y Hans J. Giessmann ponen a consideración de la academia y de sectores políticos y sociales interesados elementos de análisis y reflexiones metodológicas que posibilitan estudios particulares sobre el paso de organizaciones armadas a organizaciones políticas exitosas.
Esta reflexión considera los elementos metodológicos propuestos por la Fundación Berghof con el fin de estudiar el caso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), desde un enfoque aplicado que se libera en la especificidad del universo de generalizaciones que suelen considerarse en las formulaciones teórico-metodológicas, en el propósito de que la aproximación sea útil en lo que concierne al caso colombiano.
El trabajo realizado por Veronique Dudouet, Katrin Planta y Hans J. Giessmann nos sitúa frente a cuatro grandes bloques de análisis, cada uno de ellos con factores que se deben considerar en la especificidad del estudio de casos. Esa propuesta metodológica se visualiza con toda claridad en la figura 1.
En esta reflexión se consideran los aspectos más relevantes de cada uno de los bloques desde la particular experiencia de las Farc-EP. En este sentido, es importante señalar que los autores de la propuesta metodológica realizaron sus estudios en distintos contextos y complejidades nacionales, culturales, religiosas, políticas e ideológicas1.
FIGURA 1. Criterios y factores para una transformación política exitosa de grupos armados/prohibidos
| Factores contextuales • Naturaleza del conflicto y su establecimiento. • Disposiciones políticas en los acuerdos de paz. • Disposiciones de seguridad en los acuerdos de paz. • Contexto de posguerra. | Éxito político Transformación de armas/grupos prohibidos • Cambios en los medios y la arena de la lucha. • Organizacional y programático, democratización • Viabilidad del proyecto político. • Influencia política y acceso a la toma de decisiones. |
| Características del actor • Cohesión interna. • Motivación política y experiencia. • Legitimidad social. | |
| Intervenciones internacionales • Apoyo diplomático. • Creación de capacidad política e institucional. • Ayuda en el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de excombatientes • Apoyo a mecanismos de diálogo inclusivos. • Garantías y seguimiento. |
Para este estudio, el uso de esta metodología se centrará en el caso colombiano y, en particular, en la ruta emprendida por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; en cada uno de los aspectos solo se planteará lo estrictamente necesario para considerar el proceso.
Factores contextuales
Naturaleza del conflicto y su establecimiento
La complejidad de actores y circunstancias, causalidades y determinantes que definen la naturaleza del conflicto colombiano dificultan explicarlo de manera clara y suficiente. Esto, sobre todo, en razón a la manera en que se ha dado su evolución en el tiempo, en la que el involucramiento de distintos fenómenos le proporcionó unas características que lo diferencian de forma significativa de otros conflictos. No obstante, existen en su caracterización grandes esfuerzos y distintos enfoques que fueron puestos a consideración del proceso de solución por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV).
La CHCV tiene como origen un acuerdo entre los representantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los delegados de las Farc-EP, adoptado el 5 de agosto del 2014 por la Mesa de Diálogos de La Habana, en el marco del acuerdo y de las agendas suscritas por las partes para adelantar las conversaciones de paz. La comisión la conformaron doce expertos y dos relatores, cuya misión consistió en producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y las condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia, así como sus efectos e impactos más notorios sobre la población. Conforme lo estableció oficialmente el Gobierno colombiano, el informe (integrado por los ensayos de los expertos y dos relatorías), lo definió la Mesa de Diálogos como un “insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad”. Asimismo, como “un insumo básico para una futura comisión de la verdad”, y una contribución a la discusión del punto 5 de la agenda de negociación sobre víctimas. Es este un documento fundamental para entender la naturaleza del conflicto colombiano y definir frente a él responsabilidades.
Sin embargo, para efectos de este trabajo, es posible señalar sobre la naturaleza del conflicto armado colombiano los siguientes aspectos esenciales.
El conflicto colombiano tiene distintas causas unidas a su desarrollo histórico en sus procesos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y militares. Las causas pueden encontrarse en los orígenes de la formación del Estado nacional, la construcción del régimen republicano, el modelo de democracia, el sistema político y el sistema de partidos, los procesos productivos unidos a la propiedad y a la concentración de la tierra, a su tenencia y uso, el desarrollo del modelo de producción capitalista y la presencia transnacional en el impulso de economías extractivas, la irrupción de las economías ilegales del narcotráfico, el impacto de los conflictos mundiales, el mundo bipolar y la globalización en el ámbito nacional, la influencia norteamericana en la definición de las políticas de seguridad y defensa en los periodos de la Guerra Fría y la lucha contra el terrorismo, entre otros aspectos que configuran su naturaleza estructural como la de un conflicto multicausal que se extendió en el tiempo de manera progresiva e indefinida.
Es absolutamente evidente al definir la naturaleza del conflicto que su componente social está atravesado por el nivel de exclusión, marginalidad y pobreza creciente de la población y su permanente lucha por el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el empleo, la recreación y el respeto por la vida y la seguridad, entre otros componentes del conflicto social. Por su parte, la dimensión política del conflicto está dada por la confrontación partidaria e ideológica que a lo largo de la historia republicana definió la forma violenta de resolver las diferencias en torno al acceso y la administración del poder del Estado. El componente económico lo define la concentración de la riqueza en pocas manos, la poca redistribución de la producción social, la tenencia, el uso y la propiedad de la tierra que define el alto nivel de concentración de esta en pocas manos –y que es la razón estructural de los conflictos social y políticos–, pero, sobre todo, un modelo económico que genera exclusión, pobreza y marginalidad extrema.
En el contexto de esa compleja conflictividad surge la violencia como un mecanismo regulador de las contradicciones sociales y políticas, así como el conflicto armado en cuanto modelo de resistencia frente a la violencia institucional. Los ciclos de violencia han sido el mecanismo modernizador utilizado por las estructuras sociales y políticas para dinamizar los obligados cambios que requiere el país en el marco del modelo económico imperante. Estos fenómenos han generado problemas estructurales que se encuentran unidos a varios factores: desigualdad social y pobreza generalizada, fragilidad de las estructuras democráticas e institucionales, resistencia social y política de la población, delincuencia y crimen organizado, explotación transnacional de los recursos estratégicos del país e injerencia norteamericana en los asuntos de seguridad y defensa.
Sobre la base de esa multidimensionalidad y multicausalidad del conflicto se configuró la forma particular de confrontación violenta que adquirió el conflicto armado, así como una particular y compleja forma de “guerra” y modalidad de “guerra” que, en razón a la diversidad de intereses, propósitos y actores cruzados no resulta fácil de caracterizar.
Sobre la naturaleza de la “guerra” en Colombia
Colombia es un país cuya historia se ha construido sobre el ejercicio de la violencia y el desarrollo de un encadenamiento de guerras que se transforman en el tiempo, a la vez que transforman las relaciones que las determinan. De las guerras prehispánicas a las de conquista, de estas a los levantamientos coloniales, de estos a las guerras de independencia y luego a las guerras civiles del siglo xix que le abrirán paso a las luchas sociales de indígenas, artesanos, campesinos y obreros durante las tres primeras décadas del XX, para luego hundirse de nuevo en ese periodo de la historia que se conoce como La Violencia, el cual ha de terminar con el inicio de una nueva guerra ideológica y política en la modalidad de guerra insurreccional, irregular o guerra popular prolongada, desde la caracterización que hacen sus actores armados para, finalmente, a comienzos del siglo XXI, en la perspectiva de los cambios globales y sus correspondientes confrontaciones, resistencias y amenazas, localizar nuestros conflictos en la lucha contra el terrorismo. En suma, si existe alguna problemática que haya atravesado la historia de Colombia en sus distintas épocas, esa la de la violencia y la guerra.
Pese a la dificultad que se encuentra en el propósito de ubicar en un concepto particular de guerra el conflicto armado colombiano y a la tendencia que se maneja en los últimos tiempos de ubicarlo como una “guerra sin nombre”2, es necesario flexibilizar las categorías convencionales y construir unas nuevas que permitan caracterizarlo desde los elementos que le son propios3. Cabe recoger en este texto algunas de las afirmaciones que se encuentran al respecto, en un intento por establecer los componentes de una posible noción preliminar.
Una primera afirmación que es necesario mantener presente señala cómo la caracterización de cualquier conflicto en el mundo de hoy tiene de inmediato connotaciones políticas, militares y jurídicas tanto en el ámbito interno como en el internacional (Pizarro Leongoméz, 2004), de manera que desde allí se definen no solo las políticas públicas en materia de seguridad, sino también las formas de participación o intervención de la comunidad internacional, razón suficiente para ser cuidadoso en las implicaciones que tiene su caracterización.
Una segunda afirmación propone que el conflicto colombiano se ha transformado en los últimos cincuenta años como consecuencia lógica de su crecimiento, expansión y complejidad, manifiesta en la confluencia de nuevos actores e intereses, nuevos escenarios y nuevas circunstancias históricas que le han definido una lógica y una movilidad de nuevo orden, conforme a los cambios que se han operado en el país y en el mundo global. En esta reflexión se reconocen dos momentos distintos en la caracterización del conflicto en las últimas cuatro décadas, determinados por su percepción en relación con su origen y evolución posterior. El primer momento se define por las lógicas de la Guerra Fría y la bipolaridad, las cuales dieron origen a las luchas anticoloniales y de liberación nacional y social. Bajo estas lógicas la guerra adquirió la forma de guerra revolucionaria en la modalidad de guerra insurreccional, guerra de guerrillas y guerra popular prolongada, así como se desarrollaron las estrategias contrainsurgentes de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de los conflictos de baja intensidad. El segundo se define por la caracterización de los conflictos en el desarrollo de la posguerra fría, la unipolaridad y el mundo globalizado, por el cual los conflictos se perciben como nuevas guerras, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Una tercera afirmación tiene que ver con el carácter irregular de la guerra. Esta se ha transformado de manera sustancial, pues ya no es esa modalidad de guerra desarrollada por grupos mal armados y mal vestidos, dirigidos por soldados aficionados que con alguna frecuencia alcanzaban éxito frente a fuerzas superiores dirigidas por profesionales; ahora se desarrolla como una “guerra de verdad”, con fuerzas bien armadas, vestidas, alimentadas y entrenadas de forma adecuada (Von der Heydte, 1987), las cuales se mueven entre la guerra de guerrillas y las estrategias de guerra convencional, o incluso se reinventan la guerra a partir del uso táctico y estratégico de sus componentes básicos. En una caracterización específica de la guerra irregular y de sus motivaciones políticas es necesario afirmar que esta se presenta como una guerra civil en la que grupos insurrectos luchan por el poder dentro de la misma nación. La guerra irregular no es una guerra revolucionaria per se, puede ser una guerra de resistencia, de liberación nacional o una guerra contrarrevolucionaria y paramilitar.
Una cuarta afirmación consiste en señalar que, en el caso colombiano, se trata de un conflicto armado interno, internacionalizado, irregular, prolongado y con raíces históricas de índole ideológica. Atraviesa una etapa de metamorfosis de los propios actores internos cuyas modalidades de acción incorporan día a día más actos terroristas y una subordinación creciente de recursos provenientes del tráfico de drogas ilícitas, lo cual se hace evidente en el escenario internacional en el que se desenvuelve (Pizarro Leongoméz, 2004). Además, pese a estas características que nos sitúan frente a una modalidad de “guerra civil no convencional”, la especificidad del conflicto colombiano es que los actores la consideran aún una guerra civil irregular (Sánchez, 2003), en la forma de guerra de resistencia.
Ahora bien, es necesario asumir acá una posición “distinta” en torno a la noción de guerra civil que supera la caracterización que se hace de esta modalidad de guerra según el número de muertos o el tamaño y la proporción de los ejércitos confrontados, la intensidad y las modalidades de combate, al dejar de lado la definición en el escenario de lo militar y sustraerla del carácter político y de la dinámica social en la que se legitima esta modalidad de guerra como tal. La “guerra civil”, así, entre comillas, no es solo militar; compromete a actores sociales, económicos y políticos que participan desde distintos escenarios de confrontación con una idea clara de la “situación de guerra” y compromiso específico en su confrontación y superación. La base social y política de la guerra civil es mucho más amplia que la base militar, el escenario de la guerra va más allá del simple teatro militar de operaciones. El discurso de la guerra copa todos los espacios, no solo el que construye la opinión pública, sino también el que define la normatividad y decide la política pública. Existe una economía de guerra y un control territorial efectivo y supuesto, atravesado por el miedo y las prácticas de terror, y existe, además, un contexto internacional de intereses en el que se produce.
Ahora bien, las guerras civiles contemporáneas se libran, principalmente, como guerras irregulares. De esta manera, se crea un nexo estrecho entre la guerra civil y la confrontación bélica irregular, por el cual es necesario reconocer que la guerra irregular es, en lo fundamental, un método de confrontación bélica cuya naturaleza política la definen los propósitos que la orientan. Entre las características definitorias de esta guerra civil que es común a todas la guerras civiles se encuentra la escisión parcial y temporal de la soberanía, el ejercicio de la violencia de la guerra civil en las zonas rurales (principalmente), las prácticas de genocidio y limpieza política y social que se fijan como propósito de la violencia, el exterminio físico de un grupo social o político –y étnico incluso– antes que el sometimiento de este a una autoridad política, o el acto de expulsar, a propósito y de forma permanente, a ciertos grupos de población mediante la “limpieza política” que conduce a la homogeneización de las identidades ideológicas y políticas, así como la “limpieza social” que conduce a procesos de concentración de riqueza y acumulación económica de un nuevo orden mediante la amenaza, la creación de miedo colectivo, la masacre, el genocidio y el desplazamiento forzado que dan origen a un modelo de economías criminales de despojo. Además, un escenario de disputa que tiene que ver con la población y los apoyos que los actores armados puedan recibir de ella.
Así, a diferencia de la guerra convencional, la guerra civil involucra no solo a los actores armados, sino también a los civiles. El apoyo de la población civil llega a ser un componente fundamental del conflicto y se define en el curso de este en respuesta a la dinámica tanto de la guerra como de la violencia. Las opiniones políticas de la población estarían en extremo condicionadas al poder desplegado en torno suyo y a la lucha por la supervivencia. En la medida en que la guerra civil irregular se desarrolla, la violencia sobre la población se incrementa. Tanto el Estado como la insurgencia y las fuerzas paramilitares apelan a la violencia para hacerse al apoyo de la población civil. En la guerra civil irregular la disputa por el apoyo de la población puede asumir la forma de una guerra contra la población4.
Una quinta afirmación consiste en aceptar que en los últimos años se ha consolidado una percepción pública según la cual la escala de los enfrentamientos, en términos de capacidad de fuego, control de territorio, poblaciones y grado de organización de las múltiples fuerzas irregulares, enfrentadas entre sí y con el Estado, ha entrado en una nueva fase: tiempo, espacio y contenido de la guerra se han trastocado. La dinámica actual de la guerra plantea problemas de soberanía para Colombia y los vecinos. Una soberanía que se considera extremadamente frágil, vista desde la posición colombiana, en tanto está atravesada por el terrorismo, las drogas y el derecho humanitario, frente a los cuales las fronteras entre lo interno y lo externo, según los parámetros contemporáneos de la comunidad internacional, son esencialmente difusos (Sánchez, 2003).
La “guerra” colombiana como superposición de guerras
Como se ha visto, la “guerra” que se desarrolla actualmente en Colombia es compleja y difícil de definir. Se encuentra unida a tradiciones de lucha política e ideológica, así como a nuevas realidades económicas y de mercado que la modifican y la han “enrarecido”5. Es una guerra en la que se conjugan las características de una guerra civil con los fundamentos de las guerras irregulares y las prácticas del terrorismo, en un contexto histórico que se modifica de forma permanente.
Una guerra que se mueve entre las motivaciones políticas, económicas y sociales, en espacios en los que se confunden lo legal, lo ilegal, lo legítimo y la delincuencia. Una guerra que se libra en el interior de una espiral de criminalización creciente, deshumanización marcada, desarraigo acentuado y dinámicos procesos de acumulación y desarrollo económico en una sociedad guiada por un Estado social de derecho y un régimen democrático, cualquiera que sea el calificativo que quiera dársele.
Una guerra que compromete cada vez más actores e intereses internacionales y se circunscribe a dinámicas globales que la sitúan en su propia resignificación; que se territorializa y desterritorializa6 permanentemente, erosiona el fundamentos del proyecto de nación, el Estado y el ejercicio de la soberanía; una guerra que ha fragmentado por épocas el territorio y se desarrolla desde lógicas regionales y culturales específicas como proyecto revolucionario o como empresa económica legal o ilegal. Dada la complejidad de esta guerra o situación de guerra, resulta pertinente y necesario tratar de caracterizarla, o al menos inventariar el conjunto de componentes que pueden ayudar a su entendimiento y recogen o se adhieren a lo enunciado.
Una aproximación a la noción de conflicto armado7
El conflicto armado en este trabajo se entiende como el conjunto de circunstancias y acciones mediante las cuales se contrastan y confrontan en una sociedad las distintas concepciones de la vida, el ser humano, la sociedad y la cultura, por medio del uso de la violencia y el ejercicio de la guerra, con el propósito de sostener o transformar un orden social y político determinado. Desde esta perspectiva, el conflicto armado sostiene el carácter político que le otorga la legitimidad que, a su vez, posibilita a sus actores a acceder al estatus político o de beligerancia, según el desarrollo del conflicto y el grado de reconocimiento y poder alcanzado por el actor insurgente.
Este noción comprende actores, imaginarios, culturas, territorios, modelos de confrontación, sistemas de organización social, economías de guerra, tradiciones históricas, estructuras de organización de grupos armados y ejércitos, relaciones de autoridad, mando y obediencia, zonas de dominio, influencia y confrontación, modelos de seguridad, legislación nacional e internacional, presupuestos estatales y apoyos internacionales, alianzas y sistemas de mediación, así como nuevos procesos de tenencia, producción y acumulación unidos a prácticas de criminalidad creciente, terrorismo estatal y armado, homogeneización, desarraigo y privatización creciente de la fuerza, entre una variedad de procesos y apoyos que se definen de manera progresiva en las dinámicas de la confrontación y hacen así de esta guerra un fenómeno complejo y particular para nuestra realidad histórica.
Bajo esta óptica, el conflicto armado en cuanto “guerra” se define como una superposición (entrecruzamiento) de guerras, en las cuales las dinámicas de la confrontación y las características de las fuerzas se definen desde las especificidades, las posibilidades y los intereses de cada grupo.
Es una guerra del Estado contra la insurgencia, el paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia común organizada que la abastece, la cual se desarrolla desde los fundamentos de la seguridad nacional, los conflictos de baja intensidad y la lucha contra el terrorismo. Es una guerra del Estado contra la población en las áreas de conflicto, contra sus formas de organización y cohesión societal.
Es una guerra del paramilitarismo contra la insurgencia, el paramilitarismo “desobediente” y, cuando es imposible de evitar, contra el Estado. Una guerra en la que se encuentran inmersas las lógicas de poder del narcotráfico y sus respectivas mafias (de la cual hace parte y se beneficia el paramilitarismo); financiada y desarrollada por propietarios, ganaderos, comerciantes, agricultores y empresarios dirigida a favorecer sus economías y aumentar sus procesos de acumulación; una guerra contra la población y sus formas de organización social, económica y política.
Es una guerra de la insurgencia contra el Estado, los grupos paramilitares, las mafias de la droga y la ocasional guerra entre guerrillas por áreas de influencia y territorios. Una guerra orientada a derrotar el Estado e imponer un modelo de sociedad y Estado distinto que se compromete con el desarrollo de esta, los intereses y las economías de distintos sectores sociales y, en general, de la población.
Es una guerra entre milicias, pandillas, grupos de justicia privada y sicarios que se desarrolla en las zonas urbanas y suburbanas de las grandes y pequeñas ciudades. Guerra que reproduce las lógicas de confrontación y las enemistades de las otras guerras en los espacios urbanos.
Es una guerra de la empresa del narcotráfico y sus mafias contra el Estado y la insurgencia, envuelta por las dinámicas de las cadenas productivas de la droga y las lógicas de sus conflictos de intereses que comprometen el territorio nacional en la órbita de los conflictos internacionales. Una guerra que se da en el marco del desarrollo de un tipo de capitalismo criminal que modifica las relaciones de tenencia y propiedad rural, atraviesa distintos sectores de la economía y genera procesos de desestabilización institucional.
En fin, es una guerra que compromete cada vez más la región en las zonas de frontera y en las dinámicas políticas que se producen en los Estados vecinos. Una guerra que se regionaliza e internacionaliza en razón a la naturaleza de su misma complejidad; una guerra que se da en la órbita de las guerras globales contra el terrorismo y el narcotráfico, y se nutre de sus ayudas económicas y acompañamientos técnicos y estratégicos; una guerra que se ubica en la zona de defensa de los intereses estratégicos norteamericanos en el continente.
En este escenario de confrontación armada, la calidad de los “ejércitos” que desarrollan esta guerra es distinta y la determinan las lógicas de motivación que animan la participación en cada uno, las cuales son, en lo fundamental, tres: el interés de Estado (ejércitos profesionales), el interés político (ejércitos insurgentes), el interés económico (ejércitos paramilitares, mercenarios y privados al servicio de la empresa del narcotráfico, la minería ilegal, los intereses económicos particulares nacionales o transnacionales y, colateralmente, al de la seguridad del Estado).
Las modalidades de la confrontación de esta guerra no se circunscriben de forma clásica a la naturaleza de las guerras irregulares convencionales (revolucionarias y contrarrevolucionarias). En estas guerras los actores se comprometen, adicionalmente, en acciones de control y sometimiento territorial y poblacional, formulación de programas y planes de desarrollo, imposición de normas de conducta y comportamiento, construcción de economías de guerra, apoyos logísticos y sistemas de tributación paralela a los del Estado, sistemas de vigilancia social y aplicación de justicia privada o revolucionaria. Así, generan dinámicas de participación social y política en las esferas del poder del Estado de derecho con el propósito de adelantar programas, controlar presupuesto y sostener dinámicas de empoderamiento y dominio regional. Todos estos aspectos se construyen sobre la persuasión política, la coerción armada y las prácticas del terror. De hecho, es propio de esta modalidad de guerra el desplazamiento forzado y la homogeneización de la adhesión de la población.
Es una guerra en la que se combina la acción institucional con la guerra sucia, la persecución, la detención y el juzgamiento legal con el asesinato extrajudicial, la masacre y la desaparición forzada. Una guerra en la que el discurso de los derechos humanos es objetivo militar y el derecho internacional humanitario es objeto de burla o se desconoce.
El acuerdo de paz con las Farc-EP no es el fin de la violencia y el conflicto armado
A pesar de esta caracterización, se han desarrollado a lo largo de la historia de Colombia –en particular en las últimas cuatro décadasdistintos esfuerzos por encontrar una salida política al conflicto social y armado a través de acuerdos de paz. El último de ellos es el que se alcanzó en noviembre del 2016 con las Farc-EP.
Pese a los esfuerzos que realizan las distintas partes para disminuir y poner fin al conflicto, este está lejos de terminar. La diversidad de actores e intereses hace que el conflicto no disminuya ni en intensidad ni en com-plejidad. Los otros actores que permanecen en las actividades ilegales y en la confrontación política y militar se han revitalizado. Las dificultades del Gobierno nacional para hacer efectivas sus responsabilidades frente al acuerdo han conducido a que sectores de la insurgencia de las Farc hayan retornado con distintas motivaciones a las armas, mientras otros sectores persisten con obstinación en sacar adelante un acuerdo que se desfigura de manera abrumadora.
La extensión de la influencia territorial del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacia zonas antes dominadas de manera hegemónica por las Farc en las regiones de Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Chocó, Vaupés, Guainía y otras zonas de desarrollo estratégico, así como la expansión del narcoparamilitarismo, de las bandas criminales, los grupo armados organizados, la presencia paramilitar del Estado a través de las Águilas Negras, el crimen organizado transnacional y la delincuencia común organizada, entre otros actores que tiene su propia división administrativa del territorio, hace que la solución definitiva del conflicto armado se encuentre aún muy lejana.
La presencia del narcotráfico en muchos de los territorios del país y su incidencia en el desarrollo de las actividades sociales, económicas, políticas e institucionales, a pesar de su ocultamiento premeditado, tiene un peso mayor en la configuración de los conflictos y su solución.
La lucha de las comunidades en los territorios por garantizar sus derechos fundamentales, su permanencia en ellos y defender recursos estratégicos de la nación –tales como el agua y el medioambiente– frente a las políticas y economías extractivistas no resultan un problema menor, así como tampoco lo es el aniquilamiento sistemático de líderes sociales y comunitarios en los territorios; de igual forma, la persecución y judialización de defensores de derechos humanos, de excombatientes y, en general, de activistas sociales. La situación de conflicto social y las prácticas de violencia toman cada vez nuevos rasgos y configuraciones que transforman de manera relevante el portafolio de riesgos y amenazas que debe enfrentar la sociedad colombiana.
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