Kitabı oku: «Agricultura periurbana y planificación territorial»

Colección: Desarrollo Territorial, 22
Director de la colección: Joan Romero
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© Del texto: los autores, 2020
© De esta edición: Universitat de València, 2020
Publicacions de la Universitat de València
puv.uv.es
Coordinación editorial: Amparo Jesús-María Romero
Corrección: Letras y Píxeles, SL
Maquetación: Celso Hernández de la Figuera Gómez
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera Gómez
ISBN: 978-84-9134-623-4
Edición digital
Contenidos
Presentación
Siglas y abreviaturas
CAPÍTULO 1. La agricultura en contextos periurbanos
1. Un nuevo contexto para la defensa y activación de la agricultura periurbana
2. Del productivismo agrario al enfoque territorialista a través de la multifuncionalidad
3. Sobre la definición de la agricultura periurbana
4. Delimitación y caracterización de la agricultura periurbana
CAPÍTULO 2. Evolución de los paradigmas de ordenación de los espacios agrarios en contextos metropolitanos
1. La ordenación del territorio en relación con los espacios agrarios
2. Crisis del urbanismo y ordenación del territorio
3. El enfoque territorialista de la ordenación del territorio
4. Estrategias de buen gobierno territorial para afrontar un nuevo paradigma agrourbano
5. La preservación de la agricultura en las áreas metropolitanas. El caso español
6. La agricultura, el alimento y el paisaje como bien público
CAPÍTULO 3. Una geografía de la alimentación. El proyecto agrourbano
1. Nueva geografía de la alimentación urbana
2. El proyecto agrourbano
CAPÍTULO 4. Instrumentos para la conservación de los espacios agrarios periurbanos y sus paisajes
1. El parque agrario, herramienta para la gestión integral de la agricultura periurbana y sus paisajes
2. La infraestructura verde, un instrumento renovador para mejorar la conectividad ecológica y territorial de los espacios agrarios periurbanos
3. La custodia del territorio. Conservación y gestión territorial de la agricultura desde la sociedad civil
CAPÍTULO 5. Experiencias de proyectos agrourbanos
1. La ordenación de la agricultura periurbana en Francia
2. Preservación y activación de la Huerta de Valencia
CAPÍTULO 6. La identificación y caracterización de la agricultura periurbana. Aplicación en el área metropolitana de Madrid
1. El paisaje como herramienta o instrumento analítico
2. De las «unités agro-physionomiques» a las unidades espaciales
3. Componentes y fuerzas motrices de la agricultura periurbana
4. Material y métodos. Las USAPU
5. Resultados
6. Recomendaciones para la ordenación urbanística municipal
7. Aportaciones de la metodología para la gobernanza de la agricultura periurbana
CAPÍTULO 7. Conclusiones
Lista de tablas
Lista de figuras
Bibliografía
Agradecimientos
Una parte significativa de este libro se basa en los resultados de las tesis doctorales de Carolina Yacamán Ochoa y de Esther Sanz Sanz. La primera fue financiada por Heliconia S. Coop. Mad y contó también con el apoyo del Proyecto I+D+i CSO2012-39564-C07-03, titulado «Paisajes patrimoniales de la España interior centro-meridional». La segunda fue financiada por la Agence National de la Recherche de Francia mediante una Convención Industrial de formación para la investigación (CIFRE n.°2012/0608) entre la Agence Paysages y la unidad de investigación Ecodéveloppement del INRA.
Las autoras quieren agradecer la confianza, apoyo y asesoramiento de su director de tesis, Rafael Mata Olmo, del Dpto. de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), coautor también de esta obra. Esther Sanz Sanz desea igualmente expresar su gratitud a Bernard Hubert, de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (l’EHESS), director de su tesis en Francia a través de un Convenio Internacional de cotutela entre la UAM y l’EHESS, y a su tutor, Claude Napoléone, del INRA.
Por último, Carolina, Esther y Rafael desean expresar su agradecimiento a muchas personas e instituciones del mundo agrario periurbano, de las que tanto han aprendido para poder escribir este libro, y su reconocimiento a la editorial PUV, por el proceso de evaluación del texto, con sugerencias muy certeras, y por el excelente trabajo de edición.
Presentación
Este libro vuelve sobre la agricultura periurbana, un asunto recurrente al menos desde la segunda mitad del siglo XX en los estudios y en la práctica profesional de la geografía y el urbanismo, las disciplinas de sus autores. Lo hace, no obstante, en un contexto de cambios locales y globales que implican una reformulación profunda de los enfoques –para algunos un cambio de paradigma– que orientaron hasta finales de los años noventa las investigaciones sobre la agricultura que se desenvuelve en espacios bajo influencia urbana directa. Lo hace, por ello, con la vocación de contribuir al análisis crítico de los procesos de expansión urbana especulativa y de globalización financiera de los mercados agrarios que acosan a los sistemas agroalimentarios periurbanos. Pero también, y sobre todo, con el objetivo de llamar la atención sobre iniciativas y políticas, impulsadas con frecuencia por movimientos sociales, plurales y críticos, que asumen el desafío de recomponer los vínculos entre sistemas agrícolas y alimentarios en torno a las ciudades, sobre renovados principios de sostenibilidad, gobernanza y economía circular en el horizonte de una nueva agenda urbana que debe responder a los desafíos globales de la transición ecológica.
Frente a anteriores planteamientos analíticos y reivindicativos de la agricultura periurbana en España, hasta hace no muchos años de orientación eminentemente espacial y sectorial, la alimentación basada en productos frescos, de calidad y proximidad emerge como un nuevo elemento federador de los movimientos y las políticas que preconizan la reconexión de ciudad y agricultura a través de la alimentación y el paisaje. El sistema agroalimentario urbano así concebido, en su ciclo completo, de la producción al consumo, tiene un fuerte anclaje territorial en la medida en que la seguridad alimentaria de las ciudades y áreas metropolitanas depende en una parte significativa de la permanencia y activación de la agricultura periurbana y de los suelos fértiles que la sustentan. De ahí que este libro aborde la complicidad imprescindible entre la agricultura periurbana y la planificación territorial a distintas escalas, sobre todo la local y supramunicipal, como vía para garantizar en primera instancia la protección de los espacios de la agricultura para esa función fundamental de abastecimiento alimentario, aunque no solo.
No obstante, la experiencia de décadas de planificación urbanística y territorial ha puesto de manifiesto, junto a la pérdida irreparable de muchos suelos fértiles en entornos urbanos, la insuficiencia de la protección pasiva a través de la zonificación –siendo imprescindible– de las tierras de la agricultura. Son necesarios nuevos instrumentos desde la planificación territorial, ambiental y rural que, a partir del reconocimiento de la especificidad y las múltiples funciones de la agricultura periurbana, impulsen la vitalidad del sistema agroalimentario sobre la base de una gestión innovadora y participativa de todos los agentes, en particular de las agricultoras y agricultores. Eso justamente explica el subtítulo de la obra: «de la protección al proyecto agrourbano». El reto consiste, parafraseando a Terry Marsden y Adrian Morley, en construir un nuevo paradigma agroalimentario desde la planificación territorial, en el que la agricultura y sus paisajes pasen, en el mejor de los casos, de un tratamiento de mera reserva o tutela a ser componentes decisivos de democracia alimentaria, de dinamización y diversificación económica, de calidad ambiental y buen vivir de los lugares al incorporar la multifuncionalidad y la territorialidad de la agricultura periurbana como uno de los componentes definitorios del modelo territorial.
El libro no tiene el carácter de compendio, ni pretende serlo. Es el resultado sintético y articulado de dos tesis doctorales recientes sobre agricultura periurbana con un claro perfil crítico y prospectivo. Esas tesis han sido elaboradas en el marco de una línea de investigación de largo recorrido en el Departamento de Geografía de la Universidad de Madrid que, desde el estudio pionero de Josefina Gómez Mendoza sobre agricultura y expansión urbana, publicado en 1977, ha analizado y denunciado durante decenios el sellado de suelos fértiles, en particular de los regadíos tradicionales, y la incuria política que lo permitía, pero que mantiene su compromiso, reforzado ahora ante nuevos proyectos y demandas locales, con las múltiples funciones de los sistemas agroalimentarios territorializados en el periurbano; y que sigue creyendo en el papel decisivo de una planificación territorial más estratégica y democrática para la vida de estos paisajes que alimentan y educan.
El texto se articula en seis capítulos. El primero se ocupa de lo que el libro considera un nuevo contexto para la defensa y activación de la agricultura periurbana, con los criterios y rasgos que gravitan hoy sobre el entendimiento –más que sobre la definición– y la delimitación de ese tipo específico de agricultura, de plurales formas en particulares contextos, pero ligada a la alimentación urbana. El segundo consiste en un relato de la evolución de los «paradigmas» de la ordenación de los espacios en contextos metropolitanos, desde una primera fase marcada por los modelos utópicos de las relaciones campo-ciudad hasta la crisis actual del urbanismo y la ordenación del territorio como una oportunidad para afrontar el reto del proyecto agrourbano y la defensa de la agricultura, el alimento y el paisaje como bien público. El capítulo siguiente, el tercero, está precisamente dedicado a presentar el denominado proyecto agrourbano.
A partir de este marco de referencia conceptual, en los capítulos cuarto y quinto se aborda la concreción material del proyecto agrourbano en toda su complejidad funcional, instrumental y política. Se trata, en primer lugar, de una serie de instrumentos –el parque agrario, la infraestructura verde y la custodia del territorio– que a nuestro juicio ayudan a construir el proyecto agrourbano, valorándose a continuación, en el capítulo quinto, algunas experiencias inspiradoras sobre la implementación del citado proyecto a dos escalas espaciotemporales y geopolíticas muy diferentes: la de la rica trayectoria de los instrumentos de ordenación de la agricultura periurbana en Francia, con una mención expresa a los «programas agrourbanos», por una parte, y la del proyecto reciente, aunque con antecedentes y frustraciones lejanas en el tiempo, de la preservación y activación de la Huerta de Valencia en el contexto de la nueva política territorial de la Comunitat Valenciana, que reúne los ingredientes más significativos de lo que esta obra entiende por proyecto agrourbano.
Finaliza este libro con un sexto capítulo de carácter metodológico, aplicado a la realidad de la agricultura periurbana madrileña, que, desde el ámbito académico y respondiendo a la demanda de planificadores y gestores, aporta un método que permite analizar de modo sistemático la nueva realidad de las agriculturas periurbanas como base para el establecimiento de criterios para su protección, gestión y fomento basados en un buen conocimiento de la realidad. A las conclusiones sigue una extensa bibliografía actualizada de los textos citados en la obra.
Siglas y abreviaturas
| AP | Agricultura periurbana |
| MFA | Multifuncionalidad agraria |
| AU | Agricultura urbana |
| IGP | Indicación Geográfica Protegida |
| PGD | Plan de Gestión y Desarrollo del Parque Agrario |
| IV | Infraestructura verde |
| ZAP | Zonas Agrícolas Protegidas |
| PAEN | Perímetros de Protección de los Espacios Agrícolas y Naturales Periurbanos |
| UAP | Unités Agro-Physionomiques |
| USAPU | Unidades Espaciales de Agricultura Periurbana |
1 La agricultura en contextos periurbanos
Una pluralidad de formas
1. Un nuevo contexto para la defensa y activación de la agricultura periurbana
Los profundos cambios territoriales y socioeconómicos que se producen o intensifican a partir de la segunda mitad del siglo XX en los entornos rurales de las ciudades, sobre todo en las aglomeraciones urbanas y áreas metropolitanas en distintas fases de evolución, han favorecido la formulación, desde distintas disciplinas, de nuevos o renovados postulados y paradigmas sobre la explicación de la agricultura periurbana (AP) y el desarrollo de políticas e iniciativas para su conservación y fortalecimiento. En este sentido cabe destacar las aportaciones llevadas a cabo desde la geografía rural y la geografía económica sobre la interpretación de las transformaciones operadas en las relaciones campo-ciudad, partiendo del análisis de los cambios producidos en los usos del suelo como consecuencia de los procesos de expansión urbana, de lucha por los recursos de suelo y agua, de la competencia en el mercado de trabajo y de la ruptura de los circuitos comerciales de proximidad y el peso creciente de la globalización y financiarizacion de los mercados agroalimentarios.
José Ortega Valcárcel (2004) señaló ya hace años cómo la Revolución Industrial y el desarrollo capitalista provocaron la redefinición de los vínculos históricos entre agricultura y ciudad, resultado del proceso de concentración del poder económico, político y social en las áreas urbanas, y la desestructuración y pérdida de peso de las sociedades campesinas, con la apropiación consiguiente de los espacios rurales próximos a la ciudad –de su uso y sobre todo de su gestión– por agentes urbanos. Los cambios inducidos por este proceso han provocado el aumento de la distancia geográfica entre las áreas de producción agrícola y de consumo, y la quiebra de los mercados tradicionales. El desarrollo de los medios de transporte (el ferrocarril en el siglo XIX) y, sobre todo, la generalización del automóvil en el siglo XX y de los sistemas de conservación de los alimentos frescos (por ejemplo, las cámaras frigoríficas) ha resultado decisivo también en la deslocalización de la producción de alimentos. De ese modo, la globalización del sistema agroalimentario y la consolidación de la agricultura industrializada han llevado al deterioro de los vínculos sociales y culturales que las ciudades mantenían con el espacio agrario de su entorno (Soulard y Aubry, 2011), al tiempo que la consolidación del paradigma urbano y territorial de corte neoliberal ha configurado una cultura urbana que ignora y hasta renuncia de lo agrario como un hecho ligado histórica y funcionalmente a la ciudad (Sanchis, Cerrada y Ortiz, 2018).
La que se podría denominar, siguiendo a Alberto Magnaghi (2011), crisis de territorialidad de la agricultura periurbana –no solo económica, sino también identitaria y territorial– asiste a nuestro juicio, coincidiendo con el cambio de siglo, a un nuevo contexto argumental, político y social para su conservación y arraigo en el lugar. Todo ello forma parte de una renovada narrativa urbana enraizada en la resiliencia y el metabolismo de las ciudades, para las que las múltiples funciones de la agricultura periurbana, en particular la función alimentaria de proximidad y calidad, y su capacidad modeladora de paisajes valiosos para el disfrute colectivo, resultan muy importantes y obligan a pasar de un enfoque sectorial a otro integrador, fuente de innovación para el desarrollo territorial (Peltier, 2010) y necesitado de buen gobierno y cooperación de diversas políticas, en particular de las de ordenación del territorio y desarrollo rural en las escalas local y regional.
La gestión activa de la agricultura periurbana en este nuevo contexto requiere un mayor y mejor conocimiento del complejo sistema de usos, agentes, intereses y demandas asociados a ella. Concretamente, desde la óptica de la planificación y la gestión urbana y territorial, es preciso mejorar la identificación de la AP y su caracterización espacial, socioeconómica y funcional en relación con las ciudades (Nahmias y Le Caro, 2012; Zasada, 2011). Y hay que seguir avanzando también en la construcción de un marco teórico que dé soporte a la acción pública con objeto de asegurar la activación de su carácter multifuncional.
En efecto, los actuales debates sociales y políticos sobre cómo fortalecer la seguridad y la soberanía alimentarias en las aglomeraciones urbanas (Filippinni et al., 2018; Mougeot, 2000) y cómo contribuir a la formulación de nuevos paradigmas que mejoren la sostenibilidad y resiliencia territorial (Zasada, 2011; Pölling et al., 2016) sitúan a la agricultura periurbana como pieza clave en la ordenación y gobernanza territorial. Por un lado, la AP tiene el reto de desempeñar un papel protagonista en el abastecimiento alimentario de las ciudades (Montasell y Callau, 2015; Morgan, 2014; Yacamán et al., 2019). En este sentido, la función tradicional de la AP como fuente de alimentos frescos, saludables y de proximidad (Opitz et al., 2016) la convierte en un eslabón fundamental para territorializar los sistemas alimentarios, lo que está llevando a las redes alimentarias alternativas a reivindicar su apoyo como recurso necesario para la implementación de políticas alimentarias efectivas en los espacios metropolitanos (Gallent y Shaw, 2007; Lamine et al., 2012). Las renovadas políticas alimentarias urbanas reclaman sistemas agroalimentarios con anclaje territorial (Sanz-Cañada y Muchnik, 2016), frente a los procesos de homogenización cultural ligados a la globalización (Martínez, 2008).
Por otro lado, la agricultura periurbana se considera un componente esencial de conservación activa de los paisajes culturales, especialmente en los países de Europa Occidental (Jouve y Padilla, 2007; Viljoen y Wiskerke, 2012), que aún conservan un importante patrimonio agrario, material e inmaterial, constituido por un sistema de técnicas, construcciones y artefactos ligados a saberes tradicionales enraizados en el potencial agroecológico de cada lugar (Mata y Yacamán, 2017). Contribuye así la AP, en espacios de aglomeración crecientemente saturados, a una oferta apreciable de servicios ecosistémicos y, más aún, paisajísticos (Termorshuizen y Opdam, 2009), que benefician la calidad de vida en las ciudades. En el capítulo quinto se expondrán algunas experiencias francesas y españolas de diversos instrumentos de planificación estratégica que velan por la conservación de los espacios agrarios periurbanos, incidiendo en los servicios paisajísticos que aportan a la sociedad.
También es necesario seguir profundizando en un marco teórico que sirva de soporte para orientar la acción pública con el objetivo de asegurar la activación de su carácter multifuncional. Con este propósito, el capítulo sexto presenta una propuesta de metodología para la identificación y caracterización de la agricultura periurbana, aplicado a la región urbana madrileña.
2. Del productivismo agrario al enfoque territorialista a través de la multifuncionalidad
Ese renovado contexto de la agricultura periurbana tiene, a nuestro juicio, como marco de referencia general el tránsito del productivismo agrario como discurso único a un entendimiento territorial o «territorialista» de la agricultura, de la mano de la emersión y el afianzamiento de la multifuncionalidad agraria. Sin negar el protagonismo global del enfoque productivista, lo cierto es que la incorporación de los planteamientos de la multifuncionalidad agraria al debate político, sobre todo de la agricultura de la Unión Europea a partir de 1992, y su anclaje en el territorio están generando un argumentario favorable para la legitimación y defensa de la agricultura periurbana.
2.1 El productivismo agrario
El concepto de productivismo agrario hace referencia a las prácticas derivadas del modelo de la agricultura industrial que pretende maximizar la producción y los procesos asociados a la modernización de las explotaciones para mejorar su competitividad en el mercado global. Este enfoque se desarrolla en el contexto de reestructuración del sector agrícola acometido en el caso de Europa tras la Segunda Guerra Mundial con objeto de superar su «atraso» y falta de rentabilidad, y hacer frente al abastecimiento de una demanda urbana creciente a partir de la propia producción y recursos del espacio europeo. Desde esta perspectiva las políticas públicas fomentan la adopción de nuevas técnicas de producción (mecanización, empleo de abonos sintéticos, fitosanitarios, etc.) y de mejora de las estructuras agrarias (concentración parcelaria, saneamiento de tierras, nuevos regadíos, etc.) para aumentar el rendimiento y la productividad. Muchas explotaciones agrarias tradicionales pasaron a ser sustituidas progresivamente por un modelo de empresa agraria gestionada bajo los principios del saber «científico» (Gervais, Jollivet y Tavernier, 1977). Los procesos de intensificación, especialización y concentración generados por este modelo de agricultura provocaron la estandarización de muchos paisajes, cuyas características específicas emanaban de la gestión de los sistemas y las estructuras de producción tradicionales (Otthoffer, Arrojo y Goupil, 2012). Por otro lado, todo este proceso de modernización e intensificación dependiente del petróleo produjo importantes impactos negativos sobre los recursos naturales, principalmente la contaminación de acuíferos y suelos, con episodios cada vez más frecuentes de crisis sanitarias y alimentarias, como el caso del aceite de colza desnaturalizado ocurrido en España en 1981 (1.300 muertos y 25.000 afectados) o la crisis de las «vacas locas» por encefalopatía espongiforme bovina, de proporciones europeas, que provocó una revolución en la legislación y los controles de seguridad alimentaria. Este modo de hacer agricultura ha supuesto, en definitiva, la separación progresiva de la agricultura del entorno próximo en el que tradicionalmente se desenvolvía, para insertarse en un complejo sistema de procesos de producción, distribución y consumo, dominado por el llamado «régimen alimentario corporativo» (Delgado, 2010: 33).
Como han escrito Rosa Gallardo y Felisa Ceña, a partir de la «crisis económica de los ochenta, los altos costes de los alimentos, la sobreproducción agraria y la degradación ambiental forzaron a que se replantearan las políticas agrarias a fin de revertir los impactos negativos del modelo impulsado» hasta el momento (Gallardo y Ceña, 2009: 65). La difícil viabilidad económica que presentaba el sector agrario en esos años favoreció el comienzo de la revisión del paradigma vigente. Además, varias cumbres y declaraciones internacionales contribuyeron a cuestionar el modelo agrícola europeo y a considerar el carácter multifuncional de la agricultura como orientador de políticas renovadas: la Agenda 21 de la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), la Cumbre de la Tierra de Río (1992), que incluye la primera referencia explícita (Massot, 2003), y más tarde las contribuciones de la FAO recogidas en la declaración de Quebec (1995) y la declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial (1996).
2.2 La emersión de la multifuncionalidad agraria (MFA)
Sin perjuicio de las incertidumbres y contradicciones de la reforma de la PAC iniciada en 1992, esta parece ir desde entonces por unos derroteros en los que se afianza la dimensión territorial de la agricultura y la puesta en valor de un conjunto de externalidades positivas, entre las que el paisaje aparece en un lugar destacado. Doctrinalmente la reforma tenía uno de sus pilares teóricos en la idea o el concepto citado de «multifuncionalidad», que requiere, desde el punto de vista de las políticas rurales y, en particular, de los espacios de la agricultura periurbana, algunos comentarios. «La multifuncionalidad representa –como dice Ernest Reig (2002: 34)– la amplia variedad de outputs, tangibles e intangibles, que la agricultura puede generar según el modo en que haga uso del suelo y según las particularidades de los distintos sistemas de cultivo y explotación ganadera».
Quienes se han ocupado de este concepto en relación con la política agraria y el desarrollo rural han llamado la atención sobre el hecho de que algunos outputs generados por la actividad agraria tienen el carácter de externalidades positivas o bienes públicos, lo que justificaría en determinadas circunstancias la intervención de los poderes públicos mediante ayudas u otro tipo de regulaciones para mantener el nivel de prestaciones derivadas de la actividad que no quedan remuneradas en el mercado a través de los precios. De hecho, la emersión de la «multifuncionalidad» como argumento de una nueva política agraria enfrenta hoy a quienes la entienden como elemento vertebral de un modelo deseable de agricultura (es la posición que se afianza en el seno de la Unión Europea) con quienes consideran que la multifuncionalidad no es más que una forma de proteccionismo comercial encubierto.
La UE viene de hecho reconociendo la multifuncionalidad de la agricultura como argumento de la PAC y del desarrollo rural desde comienzos de los años noventa. La propia Comisión señaló, coincidiendo con la promulgación del Reglamento de 1999, que «los agricultores, produciendo alimentos, fibras y combustibles para cubrir sus necesidades o para su propio beneficio, han contribuido con su trabajo al valor ambiental y social de las zonas rurales. El paisaje está íntimamente ligado a las prácticas sociales que lo han construido, por eso el abandono de las mismas o su modificación lo ponen en peligro […], y el paisaje es un componente esencial del potencial turístico de las zonas rurales» (Comisión Europea, 1999).
Por su parte, la reforma de la PAC recogida en la Agenda 2000 profundizó en la línea abierta en 1992, concretamente en lo referido a los métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. Se trataba de una iniciativa concebida en 1992 como una de las «medidas de acompañamiento» (junto a la jubilación anticipada y la forestación de tierras agrarias) para enjugar las pérdidas de rentas del sector, motivadas por la reducción de los precios institucionales de determinados productos agrarios muy presentes en los campos europeos. La reforma de 1999, frente a quienes defendían cambios más radicales en la línea de la liberalización de los mercados y la ambientalización de la agricultura, resultó ser finalmente muy prudente (Ortiz y Ceña, 2002: 107 y ss.), con objetivos e instrumentos similares a los de siete años antes para el programa agroambiental, incluido ahora en el capítulo del desarrollo rural.
Como escribíamos hace años, todo parece conducir «a la necesidad de “repensar” en profundidad el nuevo sentido de la ruralidad» (Perrier-Cornet, 2002) y «a asumir de una vez por todas que las cosas han cambiado radicalmente y que se precisa una política agraria y rural nueva que dé adecuada respuesta a las demandas sociales sobre la agricultura y el espacio rural, y la legitime socialmente» (Mata Olmo, 2004: 109). Superados los tiempos de la autosuficiencia alimentaria, lo que corresponde ahora es, por una parte, producir mejor para garantizar una alimentación diversa, segura y de calidad, y, por otra, avanzar hacia una «agricultura territorial con carácter sostenible, que, en consonancia con ello, responda a las exigencias de la multifuncionalidad agraria» (Massot, 2003: 52). Es precisamente en ese contexto de reflexión teórica y de acción política en el que emerge el territorio como «referente instrumental» capaz de reemplazar a la producción como base exclusiva de la política agraria y rural; y de hacerlo con pleno reconocimiento político, jurídico y técnico (Belhardi et al., 2002).
El concepto de multifuncionalidad agraria surgido en los años noventa, aun sin romper con los planteamientos del productivismo agrario, resalta, pues, las funciones y externalidades positivas de la agricultura más allá de la producción de alimentos, como los servicios ecosistémicos, la producción de paisajes o la contribución a la creación de empleo y el dinamismo de las zonas rurales (Renting et al., 2009). Estas funciones «no comerciales» tienen un carácter de bien público, que el mercado no puede considerar más que parcialmente. Se pueden sintetizar las siguientes a partir de distintas aportaciones:
Funciones medioambientales y ecológicas:
– Contribución a la diversidad de las especies, de los ecosistemas y del paisaje (Lovell et al., 2010; Mander, Mikk y Külvik, 1999).
– Valorización de los residuos urbanos (sólidos y líquidos) y utilización de residuos orgánicos para los cultivos (Houot, 2009; Soulard y Aubry, 2011; Thiébaut, 1996).
– Conservación de la calidad del suelo, del agua y del aire (por ejemplo, recarga de la capa freática) (Lovell et al., 2010).
– Ocupación y gestión de los espacios que presentan un riesgo medioambiental: protección contra las inundaciones y control de la erosión (Aubry et al., 2012), la conservación de suelos y la prevención de deslizamientos de terreno (Maier y Shobayashi, 2001).
Funciones socioeconómicas:
– Creación de empleos para satisfacer la demanda en mano de obra de las explotaciones agrícolas: producción, transformación, comercialización y actividades ligadas al agroturismo (Sharpley y Vass, 2006; Yang, Cai, y Sliuzas, 2010).
– Contribución a la seguridad alimentaria mediante la producción local (Aubry et al., 2012).
– Creación de vínculo social entre productores y consumidores.
– Contribuir a la viabilidad económica de los espacios agrarios (Pérez, 2013).
Funciones culturales:
– Producción de paisajes y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial (Groot et al., 2007; Hersperger, Langhamer y Dalang, 2012; Martin, Bertrand y Rousier, 2006).
– Afirmación de la identidad local: la imagen «rural» de los municipios descansa en los espacios agrícolas (Fleury, Moustier y Tolron, 2003; Martin et al., 2006). La identidad del territorio se construye también a través de los productos agrícolas (Peltier, 2010).
– Servicios recreativos y de ocio para la población urbana (Martin et al., 2006).
FIGURA 1.1 Las tres dimensiones de la multifuncionalidad agraria

Fuente: Yacamán (2017a).
2.3 El enfoque territorialista de la agricultura
Aunque con vínculos explícitos e implícitos con la multifuncionalidad agraria, el enfoque territorialista surge como una alternativa radicalmente crítica con el paradigma productivista de la agricultura, integrando los servicios paisajísticos, ambientales, sociales y económicos de la actividad y los espacios agrarios enraizados en cada lugar. Este entendimiento de la agricultura aborda la multifuncionalidad agraria tanto a escala de la explotación agrícola como regional, y considera especialmente importantes los procesos de toma de decisiones ligados a la gobernanza territorial. El enfoque territorialista no surge exclusivamente para dar respuesta a los fallos del mercado y poner en valor las externalidades o bienes públicos generados por la actividad agraria. Se origina, como señalan Gallardo y Ceña (2009: 69), «para orientar incentivos o regulaciones en el nivel que resulte más apropiado, como es en muchos casos la escala local, en lugar de medidas a nivel nacional o europeo». Aunque las cuestiones asociadas a la regulación del mercado también reciben atención, desempeñan un papel menos significativo.
Desde esta aproximación territorialista, las ciencias sociales y naturales estudian la multifuncionalidad agraria incidiendo en su capacidad para valorizar recursos territoriales específicos en el marco del desarrollo sostenible (Renting et al., 2009). El concepto ha sido especialmente empleado para analizar los usos del suelo, ya que implica la necesidad de un compromiso entre los objetivos de desarrollo social, ambiental y económico (Helming y Pérez-Soba, 2011). En este sentido, la MFA puede llegar a ser una estrategia fundamental para introducir un cambio en las prácticas de ordenación y gestión de los usos del suelo, especialmente en las áreas metropolitanas sometidas a fuerte presión urbana y en las que prevalece el uso monofuncional del espacio (Brandt y Vejre, 2004). Esto implica la incorporación de nuevos aprovechamientos y funciones en el espacio agrario, que deben coexistir con la función de producir alimentos. Sin embargo, es necesario que prevalezca la faceta productiva sobre otras y que la actividad económica agraria no pierda protagonismo con respecto a otras funciones e iniciativas, para evitar el riesgo de la banalización del paisaje agrario y su tematización, que pueden resultar contraproducentes para la viabilidad de la agricultura. Desde este enfoque, las explotaciones periurbanas pueden compensar muchas de las restricciones impuestas por la ciudad y sacar provecho de las oportunidades ligadas a la proximidad urbana (Van Huylenbroeck et al., 2005).
El paradigma territorialista, en línea con los principios que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje (CdE, 2000), integra en las estrategias territoriales la conservación y gestión de los valores materiales e inmateriales de la agricultura que se manifiestan y perciben en el paisaje: conocimiento, saberes tradicionales, recursos humanos, aspiraciones individuales y colectivas, elementos patrimoniales materiales e inmateriales, vinculados todos ellos a la producción de alimentos y la experiencia cultural de su consumo. El tipo de beneficios que se generan con esas sinergias van desde el fortalecimiento de las rentas a la mejora de la calidad de vida en las ciudades, que se traducen en una mayor y mejor oferta de productos frescos, en la reducción de la contaminación, la mejora del balance energético y la conservación del paisaje agrario, entre otros (Ferrucci, 2010). Desde esta perspectiva, la multifuncionalidad agraria y las externalidades positivas que genera sitúan la agricultura periurbana en el centro de las propuestas de ordenación del territorio de los espacios metropolitanos y de aglomeración urbana, desde la escala más amplia de ámbito regional hasta la más reducida, a escala de finca (figura 1.2). Cada escala tiene necesidades específicas y posibilidades de actuación diferentes.
3. Sobre la definición de la agricultura periurbana
Este texto asume casi como un axioma que la agricultura que se desenvuelve en las proximidades de las grandes ciudades y, sobre todo, en contextos metropolitanos y de región urbana –la que aquí se denomina agricultura periurbana– presenta particularidades espaciales, económicas y socioculturales con respecto a la agricultura de las áreas rurales con baja influencia urbana directa. Esa particularidad múltiple de la agricultura periurbana, sometida a dificultades específicas, pero también con oportunidades estratégicas para el campo y la ciudad, requiere políticas territoriales y sectoriales coordinadas que asuman los retos que impone la singularidad de esta agricultura y sus múltiples funciones en el horizonte de una nueva agenda urbana en la transición ecológica.
FIGURA 1.2 Escalas de la multifuncionalidad agraria

Fuente: Yacamán (2017a).
La definición de la agricultura periurbana, los criterios para tal definición y su delimitación en contextos territoriales e históricos muy diversos han constituido un asunto ampliamente tratado, sobre todo en geografía, desde mediados del pasado siglo. No existe, sin embargo, en la actualidad una definición mayoritariamente aceptada, entre otras razones por la alta diversidad, complejidad y dinamismo de los procesos y tensiones que presentan estos espacios (Qviström, 2007; Sanz Sanz, 2016). Hay quienes piensan incluso que la falta de criterios compartidos de delimitación espacial y de caracterización ha dificultado su tratamiento adecuado por parte de la planificación y las políticas territoriales.
No se pretende volver aquí sobre la conceptuación de la agricultura periurbana y sus distintos enfoques, que han evolucionado con el tiempo y según países y escuelas. Lo hizo ya Josefina Gómez Mendoza en un trabajo de 1987 y lo desarrolló ampliamente y actualizó dos decenios más tarde Valerià Paül en el capítulo introductorio de su tesis doctoral (Paül, 2006). De lo que no cabe duda es de que abordar hoy el estudio prospectivo de la agricultura periurbana requiere tomar en consideración tanto las presiones que la limitan como también las múltiples funciones, en particular la alimentaria, y los valores que la agricultura presenta cuando opera en contextos urbanos y metropolitanos. De hecho, los criterios preferentemente utilizados en los estudios más recientes, desde finales de los años noventa, se agrupan en dos grandes tipos, a su vez interrelacionados: 1) la proximidad a las zonas urbanas, que condiciona la dimensión espacial de la agricultura como actividad económica (Nahmias y Le Caro, 2012; Fleury y Donadieu, 1997), y 2) la multifuncionalidad, sobre todo en relación con la producción de alimentos y servicios paisajísticos (Zasada et al., 2013; Yacamán, 2018b). En cuanto a este último criterio, algunos autores e instituciones resaltan la dimensión geográfica y las dinámicas generadas por las metrópolis contemporáneas que condicionan la viabilidad de la AP (CESE, 2004; Paül y McKenzie, 2013).
Se incluyen a continuación algunas consideraciones de carácter conceptual sobre el sentido que en la actualidad tiene la agricultura periurbana, que más que contribuir a su definición, siempre abierta por su propio dinamismo, pretenden aportar algunas claves de por dónde va hoy el entendimiento multifuncional y territorializado de la agricultura que se hace bajo influencia urbana directa.
3.1 La agricultura periurbana. Diferencias con respecto a la agricultura urbana
En general, buena parte de la bibliografía europea y norteamericana que aborda la conceptuación de la AP se sigue definiendo a partir del criterio de su localización con respecto a la ciudad. Dependiendo de la procedencia geográfica de los textos, la concepción de la AP muestra diferencias significativas. Por ejemplo, la literatura francófona habla de agriculture périurbaine, mientras que la anglosajona ha utilizado mayoritariamente el término agriculture in the urban fringe (Piorr et al., 2011). Sobre este diferente tratamiento conceptual, Paül (2006) señala que el prefijo peri parte de una subordinación a la ciudad, mientras que la noción de «franja» suele enfatizar la idea de transición entre lo rural y lo urbano, con una cierta autonomía de ambos.
Por otra parte, la bibliografía reciente (Lohrberg et al., 2016) suele utilizar de forma equivalente las expresiones «agricultura urbana» y «agricultura periurbana». Sin embargo, algunos autores alertan sobre la necesidad de clarificar ambos conceptos para poder analizar mejor las presiones a las que están sometidas dichas agriculturas y las oportunidades que resultan de la proximidad urbana (Drescher, 2001). Opitz et al. (2016) identifican tres diferencias fundamentales entre la agricultura urbana y la periurbana (tabla 1):
1. La clasificación del suelo. En términos generales, el suelo sobre el que se desarrolla la AP está clasificado como «suelo rústico» en la planificación urbanística y territorial, y en algunos casos se concreta como «suelo de protección ambiental». La agricultura urbana, por el contrario, se localiza en los intersticios o espacios vacantes a la espera de ser construidos, o incluso sobre áreas urbanizadas y hasta construidas, que pueden ser espacios de titularidad pública o privada ubicados en el interior de la ciudad, como terrazas de edificios residenciales, fachadas y cubiertas, calles, parques urbanos y márgenes y antiguos sotos deforestados de los ríos, etc. Otra diferencia es que el suelo en el que se desarrolla actualmente la AP ha sido históricamente utilizado por la agricultura tradicional para producir alimentos, como ocurre en las vegas, campiñas y llanuras fértiles contiguas a la ciudad, lo que no ocurre en general en los suelos en los que se práctica la agricultura urbana.
2. Regulación y duración de los contratos de arrendamiento. Las explotaciones agrícolas periurbanas utilizan tierras en propiedad o mediante contratos de arrendamiento de fincas tanto privadas como públicas. En general, hay normas específicas que regulan los contratos de arrendamiento del suelo rústico, que según su duración pueden favorecer en mayor o menor medida la realización de inversiones para la mejora de las explotaciones.
3. Estatus legal. La AP, en general, es de carácter profesional y está orientada a producir alimentos. Las explotaciones tienen que cumplir determinadas obligaciones legales (laborales, de seguridad social, prevención de riesgos laborales, sanitarias, ambientales, etcétera) y a su vez cuentan una serie de derechos adquiridos. También pueden recibir subsidios europeos, nacionales y regionales para mejorar su competitividad, por ejemplo, para facilitar la compra de maquinaria, modernizar el sistema de riego, ayudas directas a la producción, etc. Por el contrario, la AU suele estar asociada a fórmulas informales, como el voluntariado o el activismo, y su motivación no suele ser la económica.
TABLA 1 Diferencias entre agricultura urbana y periurbana
| Características de la agricultura urbana | Características de la agricultura periurbana |
| Diversidad de perfiles, generalmente no profesionales. | Agentes profesionales, generalmente a jornada completa. |
| Alta densidad urbana. | Baja densidad urbana. |
| Diferentes actividades, generalmente de ocio y de autoconsumo. | Actividad económica orientada a la comercialización en el mercado. |
| Superficies para cultivo reducidas. | Superficies grandes para el cultivo. |
| Bajo/medio conocimiento en producción agraria. | Alto conocimiento en producción agraria. |
| Ubicada entre zonas urbanizadas. | Amenazada por la presión urbana. |
| Servicios y equipamientos más cercanos (centros médicos, colegios, etc.). | Menos equipamientos (centros médicos, colegios, etc.). |
| Pocos recursos naturales. | Muchos recursos naturales. |
| Paisaje predominantemente urbano. | Paisaje agrario. |
| Intensidad baja en los cultivos. | Cultivos intensivos, valor añadido. |
| Manejos manuales. | Manejos con mayor uso de tecnologías (riego, maquinaria, etc.). |
Fuente: elaborado a partir de Drescher (2001).
3.2 De los criterios demográficos a la conceptuación del espacio agrario periurbano de acuerdo con parámetros de sostenibilidad
Las diferencias entre lo «rural» y lo «urbano» parecían claras hasta bien entrado el siglo XX; sin embargo, en el proceso de afianzamiento de la sociedad postindustrial y su plasmación en el espacio, las diferencias y contrastes resultan cada vez más difusos y difíciles de establecer (Sancho y Reinosa, 2012). La revisión bibliográfica realizada por Yacamán (2018b) pone de manifiesto que las principales clasificaciones europeas y nacionales que diferencian entre lo «rural» y lo «urbano» (OECD, 2002; ESPON, 2005; LDSMR, 2007, entre otras) no facilitan la interpretación del periurbano porque, en general, obvian las particularidades de dicho espacio. Entre otras cosas, desatienden los fenómenos de expansión urbana o de periurbanización, que, en última instancia, generan un continuo urbano-rural; tampoco consideran la mezcla de usos específicamente agrarios con otros que expulsa la ciudad sobre su rústico circundante, todo lo cual cuestiona la pertinencia de las distinciones entro lo rural y lo urbano en las áreas de contacto entre el campo y la ciudad, simplificando una realidad compleja y muy dinámica. La naturaleza artificial de tal dicotomía implica en la práctica una dificultad para abordar políticamente el tratamiento de espacios con actividad económica agraria, pero localizados en áreas de intensa influencia urbana (Halfacree, 2004; Champion y Hugo, 2004; Santangelo, 2018).
Se sintetizan a continuación distintas aproximaciones que establecen la distinción entre lo «urbano» y lo «rural». Por un lado, están las basadas en variables cuantitativas, entre las que destacan las demográficas (tamaño demográfico, densidad de población, etc.). Se dispone de tres grandes clasificaciones realizadas por diferentes organismos internacionales y utilizadas para orientar las políticas en materia de desarrollo agrario y rural. Caracterizan el nivel de ruralidad de los territorios en función de la densidad de población. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1994) define los municipios rurales por tener menos de 150 hab/km2. Por su parte, la nueva clasificación realizada por la Agencia de Estadística de la Unión Europea (Eurostat, 2011) distingue entre territorios urbanos (densely populated), áreas urbanas intermedias (intermediate) y rurales (thinly populated), mejorando la metodología de la OCDE. Esta nueva propuesta realiza su análisis sobre una cuadrícula espacial y no se atiene a límites administrativos como hace la OCDE. La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR) define las zonas rurales a partir de variables demográficas, con el objetivo de formular las acciones de desarrollo rural con un enfoque territorial integrado, distinguiendo las denominadas «zonas rurales periurbanas», aquellas de población en aumento, con predominio del empleo en el sector terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas densamente pobladas.
FIGURA 1.3 Definiciones de la AP según diferentes organismos públicos
DEFINICIONES SEGÚN LA RURALIDAD
Ley de Desarrollo Sostenible Medio Rural (2007)
Densidad < 100 hab./km 2
– Medio rural: espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores con población <30.000 habitantes y densidad <100 habitantes por km2.
– Municipio rural de pequeño tamaño: población <5.000 habitantes.
OCDE (2002)
Densidad < 100 hab./km2
Clasificación de los municipios:
– Municipios urbanos son aquellos que tienen más de 150 hab./km2
– Municipios rurales son aquellos que tienen menos de 150 hab./km2
EUROSTAT (2010)
– Áreas urbanas de alta densidad (densely populated, cities or large urban area): celdas de 1 km2 contiguas, con una densidad mínima de 1.500 habitantes por km2, y un mínimo de población de 50.000 habitantes.
– Áreas urbanas pequeñas o con densidad intermedia (intermediate urban clusters): áreas con celdas contiguas con una densidad mínima de 300 habitantes por km2, y un máximo de población de 5.000 habitantes.
– Áreas rurales o de baja densidad de población (thinly populated area): corresponde a las celdas o grids que están fuera de las celdas urbanas.
Fuente: elaboración propia.
Para Tacoli (1998), cuando se emplean solo criterios demográficos para definir las áreas urbanas y rurales se producen generalizaciones que llegan a ser problemáticas, pues obvian la particularidad de los espacios que no son ni rurales ni urbanos en sentido estricto. Por lo tanto, no quedan recogidas las características y necesidades específicas, ni las deficiencias estructurales que tienen determinados espacios agrarios periurbanos, con lo que se los excluye, por ejemplo, como espacios susceptibles de proyectos y ayudas de los Programas de Desarrollo Rural y de los fondos de la PAC al quedar enmascarados dentro de la categoría de urbano. Este hecho es lo suficientemente importante como para que se aborde por parte de las administraciones y los organismos internacionales una metodología de caracterización y tipificación diferente.
Los planteamientos renovados de la geografía de la alimentación urbana, las redes alimentarias alternativas y el movimiento de la planificación alimentaria están propiciando la reconceptualización del espacio periurbano de acuerdo con parámetros de sostenibilidad (Condon et al., 2010; Greig, 1998; Parham, 2013). Desde esta perspectiva, surgen aproximaciones para caracterizar el periurbano basadas en criterios cualitativos, que suponen planteamientos más complejos sobre flujos de bienes y servicios. En la conceptuación cualitativa se constata el carácter dual del periurbano, marcado en primer lugar por las presiones urbanas y, en segundo término, por los usos de carácter agrario. En este sentido, la atención reciente a la agricultura periurbana, a la producción de alimentos y a los valores culturales relacionados con estas prácticas está diluyendo las fronteras entre lo «urbano» y lo «rural» (Santangelo, 2018).
Iaquinta y Drescher (2000: 2) redefinen lo periurbano como un concepto que emerge para destacar las limitaciones de la dicotomía entre rural y urbano. Desde el enfoque económico, por ejemplo, el periurbano se considera como «área integrada» donde las actividades de producción y consumo compiten por el suelo (Caruso, 2001). Pero también se ha tratado el periurbano como zona de contacto entre dos ámbitos que tradicionalmente se consideraban opuestos: el rural y el urbano (Ávila, 2009). Iaquinta y Drescher (2000) señalan, además, que la existencia de la interacción entre lo «urbano» y lo «rural» deriva en una serie de conflictos que se acentúan precisamente en el periurbano. Desde esta perspectiva, el espacio periurbano se define por su precariedad territorial, ambiental y social, con características y limitaciones específicas derivadas de la expansión urbana (CESE, 2004). Para Buciega et al. (2009: 10), por ejemplo, resulta más adecuado usar el concepto de espacios rururbanos, haciendo referencia a que se caracterizan por su proximidad a grandes ciudades y por el hecho de que están afectados por un rápido y agresivo proceso de ocupación del suelo y de sustitución de funciones agrarias, aunque sin embargo mantienen importantes cualidades rurales. Como resultado de todo lo anterior, Poulot (2008) concluye que el periurbano no es ni campo ni ciudad; no lo es ni por su morfología ni por los factores que determinan su desarrollo, sino que representa una nueva forma de organización espacial.
3.3 La agricultura periurbana y su contribución a la seguridad alimentaria de la ciudad
La agricultura en situación periurbana es funcional para la ciudad si existen interacciones recíprocas entre residentes urbanos y agricultores a través de la venta de productos en circuitos cortos, acceso y uso recreativo, paisaje, etc. (Zasada, 2011). Estas formas de agricultura integran la proximidad a la ciudad como una oportunidad de construir nuevas relaciones ancladas localmente que respondan a la demanda de servicios y actividades que reclaman los habitantes de las ciudades (Aubry y Chiffoleau, 2009; Maréchal y Spanu, 2010). Son prácticas y modos de producción que se orientan en general a satisfacer la demanda ecosocial de productos de temporada y/o procedentes de la agricultura ecológica (Jarosz, 2008). La mejor ilustración de estas formas de consumo, aunque todavía minoritarias, son la diversidad de iniciativas de circuitos cortos alimentarios y la emergencia de grupos de consumo (Lamine et al., 2012). En este contexto, un número cada vez mayor de agricultores ven en los circuitos cortos una oportunidad para modificar las relaciones con los consumidores urbanos que den sentido a su trabajo y a su saber hacer (Minvielle, Consales y Daligaux, 2011; Raynal y Razafimahefa, 2014). A su vez, abonarse a una cesta de frutas y verduras de temporada a través de los grupos de consumo representa una forma de compromiso político para los consumidores que desean apoyar formas de agricultura respetuosas con el medio ambiente y conectadas funcionalmente con la ciudad (Dubuisson-Quellier, Lamine y Le Velly, 2011).
Existe un creciente número de iniciativas en las que se establece una relación bidireccional entre las agriculturas en situación periurbana y la ciudad, y que presentan las especificidades y necesidades propias y las del conjunto del mundo «rural» y «urbano» (Yacamán, 2016). Sin embargo, la mayoría de las agriculturas periurbanas están orientadas a satisfacer las demandas de la industria agroalimentaria1 y de los sistemas de distribución dominantes y globalizados de las regiones metropolitanas, frente a las necesidades de su contexto geográfico próximo (Guiomar, 2003; Soulard y Thareau, 2009). Estas últimas formas de agricultura, pese a localizarse en el entorno urbano, presentan un perfil profesional y una lógica productiva y comercial propia del sector agrícola productivista (Peltier, 2010), así como los rasgos de una actividad desterritorializada.
La AP suele estar fuertemente especializada y en general asume la dinámica productiva de la comarca en la que se encuentra, por ejemplo, el predominio cerealista en las campiñas de secano o la producción de aceite o vitícola en las áreas con denominación de origen. El desarrollo de estos tipos de AP está desconectado del mercado urbano más próximo, desconexión inducida por las políticas agrarias europeas y el auge del sistema agroindustrial, como hemos señalado anteriormente.
Puesto que este libro se sitúa en la óptica de la planificación urbana y territorial en relación con la agricultura de proximidad, en adelante se abordarán sobre todo los criterios ligados a esa noción de proximidad o contigüidad. Se analizarán para ello las distintas formas de agricultura periurbana en su dimensión morfológica y productiva, priorizando aquellas que mantienen una relación directa con la ciudad a través de políticas alimentarias, agrarias y de gestión territorial sobre su territorio.
Desde esta perspectiva, y tomando en consideración el contexto de la globalización y la liberalización de los mercados agroalimentarios, la AP tiene el reto de adaptarse a los desafíos de los procesos de urbanización, la rápida artificialización y fragmentación del suelo fértil, y también a las nuevas demandas urbanas, modificando los productos y los servicios que puede ofrecer. En efecto, para dar respuesta a las demandas urbanas contemporáneas por una alimentación saludable, la AP se convierte en un recurso esencial para que las administraciones públicas locales y regionales puedan articular un modelo alternativo de producción, comercialización y consumo que fortalezca la seguridad alimentaria urbana (Opitz et al., 2016; Ackerman et al., 2014). La seguridad alimentaria existe según la FAO cuando «todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable» (Cumbre Mundial de Alimentación, FAO, 1996).
En la última década se empieza a documentar desde el ámbito de la investigación el cambio de políticas alimentarias, fundamentalmente orientadas a mejorar la seguridad alimentaria, en las que la AP desempeña un papel fundamental. Entre las estrategias más destacadas en esa línea están aquellas que trabajan para: a) mejorar la calidad nutricional y el acceso de la población urbana a alimentos frescos, locales y de temporada; b) fomentar iniciativas para la relocalización del sistema alimentario; c) reducir y evitar los desperdicios; y, por último, d) diversificar la producción local e incentivar las buenas prácticas agrarias. Para hacer frente al reto de la seguridad alimentaria es importante implementar políticas urbanas efectivas en el campo de la alimentación con iniciativas eficientes de gobernanza territorial y alimentaria, que incorporen la participación de los agentes sociales, económicos y políticos en la escala municipal y metropolitana, en especial de los integrantes de la comunidad agraria (productores, sindicatos, comunidades de regantes, cooperativas, etc.), las redes alimentarias alternativas y los gobiernos locales.
En términos conceptuales, la transformación más importante sobre la manera de abordar la seguridad alimentaria en el siglo XXI ha sido el cambio de perspectiva que implica poner el foco de atención en la demanda y el acceso a la comida en lugar de sobre el suministro de alimentos, como se venía haciendo en la década de 1990 (Morgan, 2014: 5). Este cambio de enfoque obliga a que la AP sea tratada no solo en términos de producción, sino también atendiendo a la calidad nutritiva de los alimentos y a la reducción de prácticas contaminantes. Desde esta perspectiva, la AP se convierte en un medio importante para mejorar el acceso físico, social y económico a los alimentos, seguros y nutritivos, satisfaciendo las necesidades energéticas diarias de la creciente población urbana (FAO, 2006).
Al poner el foco de atención en la calidad de los alimentos surge la necesidad de evaluar también el carácter multifuncional que tiene la alimentación. Autores como Morgan (2009) defienden que el alimento tiene la capacidad de transformar una serie de asuntos que afectan a las disfunciones del modelo agroalimentario globalizado. Porque, como asegura Carolyn Stell, «la alimentación emerge como un elemento capaz de transformar no solo los paisajes, sino también las estructuras políticas, los espacios públicos, las relaciones sociales y las ciudades» (Steel, 2013: 307). En este sentido, hay que entender la AP como eje vertebrador de las políticas y las manifestaciones urbanas que trabajan por el derecho a una alimentación saludable (Aubry et al., 2008) y por el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad a través del fomento de los circuitos cortos de comercialización, la agricultura ecológica y el cultivo de variedades locales (Lamine y Perrot, 2008).
Desde la geografía humana y rural se está trabajando en un nuevo campo de estudio y de acción centrado en la planificación alimentaria (food planning), que aborda la importancia de relocalizar y territorializar los sistemas agroalimentarios a través de la activación de la agricultura de proximidad para fortalecer la seguridad alimentaria urbana a partir de relaciones más justas y sostenibles en términos tanto económicos y sociales como ambientales. Según Sanz-Cañada y Muchnik (2002), la territorialización de los productos alimentarios implica la activación de los recursos locales –ambientales, agrícolas, técnicos, jurídicos, sociales y económicos– ligados a la identidad territorial, para mejorar el valor añadido de los alimentos al vincularlos con las especificidades territoriales de cada lugar. Por su parte, la noción de relocalizar hace referencia al conjunto de prácticas y estrategias que buscan conectar el consumo con la producción de cercanía, con objeto de reducir la huella ecológica y apoyar la producción local de base campesina (Sanz-Sanz et al., 2018). Desde esta perspectiva, la AP se convierte en el principal agente que estructura los sistemas alimentarios urbanos y que permite conseguir un giro relevante en la calidad y la disponibilidad de alimentos en los entornos metropolitanos.
3.4 Una agricultura periurbana que lucha por sobrevivir y mejorar. Necesidad de un reconocimiento político específico
La conceptuación de la agricultura periurbana no puede ser ajena al modelo contemporáneo de producción neoliberal de ciudad, ampliamente tratado por numerosos autores (Molina, 2002; Mata, 2004; Naredo, 2010; Romero et al., 2015; Gallardo, 2017; Yacamán, 2017a; Entrena, 2005), que ha supuesto el aumento de las superficies artificiales en detrimento de una parte muy importante del mosaico de paisajes agrarios tradicionales del mundo mediterráneo –litoral e interior–. López de Lucio (2003, 2007) sostiene que la mayor transformación de los usos del suelo en las áreas metropolitanas se ha debido a la intensa fragmentación y ocupación causada por las grandes infraestructuras de transporte sobre las que se basa la extensión de este modelo. Otros autores resaltan el impacto que causa el intenso metabolismo socioeconómico de las áreas metropolitanas, caracterizado por la extensión físico-espacial de formas urbanas discontinuas que genera una profunda reorganización territorial de nuevos espacios industriales, centros empresariales y equipamientos de ocio dispersos a lo largo y ancho del territorio, lo que ha provocado un aumento considerable de la movilidad obligada y de la huella ecológica en el territorio circundante que amenaza su sostenibilidad ambiental y alimentaria (Gutiérrez Puebla, 2004; Méndez, 2007).
Para un cambio de paradigma, Magnaghi (2011) defiende que «debería de ser condición sine qua non la búsqueda de horizontes sostenibles para las megalópolis del mundo» (2011: 185), para lo que es necesario «que reconstruyan una relación de intercambio solidario entre la ciudad y el campo» (2011: 189). Sin embargo, las presiones derivadas de la expansión de las metrópolis continúan intensificándose, por lo que surgen nuevos interrogantes sobre cómo recomponer una AP por lo general en regresión, desarticulada e invadida. La escasa legislación estatal y autonómica que reconoce la especificidad de la AP, no solo de su protección, sino de su gestión y activación en relación con las renovadas políticas urbanas –ambientales y alimentarias–, implica que la agricultura emplazada en el espacio periurbano tiene condicionada su identidad profesional (actividad, modos de producción y comercialización) por las políticas sectoriales y por la legislación urbanística, en general municipal. Esto provoca que la franja rural-urbana donde se desarrolla la AP, descrita como una zona de transición entre las áreas urbanas y rurales, con menor densidad de población y menos infraestructuras en comparación con los núcleos urbanos, sea a menudo un lugar de conflicto caracterizado por una mezcla de usos y estilos de vida diferentes (Allen, 2003; Pior et al., 2011; Heimlich y Anderson, 2001) que va generando espacios agrarios marginales con agriculturas poco competitivas y paisajes de baja calidad.
La compleja tarea de identificación y definición de la AP a partir de los procesos socioeconómicos metropolitanos que la condicionan –aumento de población urbana, competencia en el mercado de trabajo, reducción de la disponibilidad de recursos naturales, sobre todo de agua y suelo– ha interesado desde hace tiempo a distintos campos del saber, en particular a la geografía. Los estudios de las escuelas francesa y española han contribuido a explicar los procesos inducidos por la creación de expectativas de reclasificación del suelo, que convierten el suelo fértil en potencialmente urbanizable, ignorando su función productiva y generando una dinámica especulativa que provoca la regresión de la actividad agraria tradicional, un proceso que se mantiene hasta la actualidad (Gómez Mendoza, 1984, 1987; Valenzuela, 2010; Jouve y Napoléone, 2003; Verdaguer Viana-Cárdenas, 2010a; Mata y Yacamán, 2015; Yacamán, 2017a; Sanz-Sanz, 2016).
Casi todos esos análisis coinciden en que la política territorial de las áreas metropolitanas, cuando existe, considera la AP como un componente subsidiario con respecto a los sectores económica y espacialmente dominantes, el inmobiliario, el logístico y el industrial. Por ejemplo, autores como Cavailhès y Wavresky (2003) y Corrochano et al. (2010) analizan los efectos que genera la proximidad al núcleo urbano en el incremento del precio del suelo agrícola, mientras que Ambroise y Toublanc (2015) y Otthoffer y Arrojo (2012) destacan la pérdida de los valores asociados a los paisajes agrícolas. Para Tolron (2001) el aumento de la distancia entre las parcelas periurbanas, fruto de la fragmentación provocada por la implantación de usos no agrarios, es un distintivo de la AP, lo que se traduce en mayores costes de laboreo y gestión para las explotaciones agrarias. A esto hay que sumar la precariedad territorial y ambiental derivada de la localización periurbana de esta agricultura, que ha de convivir con fenómenos como el aumento del ruido, la contaminación atmosférica, la dispersión en el espacio de residuos controlados e incontrolados y la artificialización del suelo. En definitiva, por sus propias características geográficas, la AP se ve afectada por procesos ambientales y cambios de uso en sus entornos, que exacerban el valor de cambio sobre el valor de uso y afectan de forma directa a la estructura productiva de la AP (Darly y Torre, 2013; Chanel et al., 2014; Melot y Torre, 2013; Mata Olmo, 2018). La base física, el sistema productivo y las funciones de la AP están, por todo ello, fuertemente condicionados por la expansión espacial de los fenómenos urbanos y metropolitanos.
Muchos estudios coinciden también en la necesidad de considerar la agricultura en la planificación territorial y urbana por su dimensión productiva, así como también por su contribución al mantenimiento y gestión del paisaje, centrándose los análisis en las oportunidades que genera la multifuncionalidad de la agricultura y en las nuevas preocupaciones ciudadanas en torno a la seguridad alimentaria (Paül y Haslam, 2013; Simón et al., 2012; Mata, 2018; Yacamán, 2018b). Por la complejidad de funciones y presiones que convergen sobre la AP, sus suelos y paisajes necesitan un reconocimiento político y jurídico específico para superar la división entre lo urbano y lo rural, y fortalecer de esta forma la sinergia estratégica entre el campo y la ciudad. Como se viene argumentando hasta aquí, no basta ya con definir la AP exclusivamente por su función productiva, sino que debe ser reconocida como una actividad económica que se reivindica en sí misma y a través de sus paisajes, como factor importante de identidad territorial y como vía para conservar la cultura y la memoria de los lugares (Yacamán, 2018b).
En este sentido, la planificación territorial tiene un rol decisivo en la preservación y gestión de los espacios agrarios periurbanos y en su activación. Esto exige medidas y estrategias heterogéneas, innovadoras y creativas, con un importante componente de participación y consenso social, que vayan más allá del enfoque «proteccionista». Resulta urgente reducir las presiones derivadas de la dispersión urbana, de los procesos de fragmentación territorial y de la especulación urbanística, y generar así un marco territorial más equilibrado para los diferentes usos del suelo, capaz de integrar el uso agrario en una perspectiva multifuncional y territorialista.
En el siglo XXI, la acción pública en este campo se debe nutrir de los actuales paradigmas de la resiliencia urbana y el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, los bienes comunes y la lucha contra el cambio climático. Para avanzar por ese camino se requiere un cambio desde los enfoques sectoriales hacia metodologías sistémicas de caracterización, diagnóstico y actuación a favor de la AP, adaptadas a la escala y especificidades de cada realidad a través de los instrumentos de urbanismo y la ordenación del territorio, que han de cooperar con otras políticas sectoriales de alta incidencia en la viabilidad de la agricultura y su multifuncionalidad (Sanz-Sanz, 2016). Se trata de un importante reto, por la diversidad de enfoques, agentes, intereses e innovaciones que convergen en torno a la AP (figura 1.4). En el capítulo segundo se presentan varios paradigmas fundamentadores de la teoría y la práctica de la ordenación del territorio respecto a los espacios agrarios periurbanos y se exponen también diversas estrategias actuales para el buen gobierno del territorio y la formulación de un nuevo paradigma agrourbano.
FIGURA 1.4 Conflictos e innovaciones asociados a la agricultura periurbana

Fuente: Yacamán (2017a).
FIGURA 1.5 Marco conceptual de la agricultura periurbana

Fuente: elaboración propia.
4. Delimitación y caracterización de la agricultura periurbana
El espacio periurbano, que alberga la agricultura periurbana, es difícil de definir, a pesar de la abundancia de estudios e investigaciones que le han sido dedicados, sobre todo desde mediados de los años setenta del siglo XX (Piorr, Ravetz y Tosics, 2011). De hecho, no existe consenso científico sobre su conceptuación espacial, social, económica, funcional o morfológica. Y, lógicamente, no se cuenta tampoco con una delimitación unívoca de los espacios de la agricultura periurbana, lo que dificulta su tratamiento desde la ordenación territorial y urbanística. A continuación, se presentan y explican algunos de los modelos más frecuentemente utilizados para delimitar dentro de ese espacio impreciso la agricultura periurbana, así como para describir la pluralidad de formas de agricultura presentes en la interfase urbano-rural.
4.1 Los modelos radiales centro-periferia. Pertinencia y límites para delimitar los espacios de la agricultura periurbana
El primer modelo de orden espacial formulado para definir la agricultura en función de su distancia a las ciudades fue el del economista alemán Johann Heinrich von Thünen (Von Thünen, 1826). Sus ideas han inspirado los análisis científicos sobre la distribución espacial de las actividades económicas vinculadas con la actividad agraria hasta nuestros días2 y han sido precursoras de la economía espacial, sobre todo a partir de los años setenta. Von Thünen enunció un modelo espacial de la renta del suelo basado en la noción de lo que él llamo el «Estado aislado», es decir, una ciudad aislada del resto del mundo que concentra la población y el mercado físico en su centro, y donde los distintos tipos de usos agrarios se desarrollan sobre la llanura fértil que la rodea. La idea clave es que, puesto que el suelo no es un recurso reproductible, la localización de las actividades viene determinada por la capacidad competitiva entre los diferentes usos del suelo según la remuneración productiva de cada uno, que está en función de la rentabilidad y de los costes de transporte. Como hipótesis no existe más que un mercado situado en el centro de la ciudad; los usos más competitivos (los que generan las ganancias por unidad de suelo más elevadas) deberán ubicarse cerca del centro, donde la renta del suelo es elevada, mientras que los usos menos remuneradores serán relegados a la periferia. El modelo de Von Thünen define así mecánicamente círculos concéntricos en torno a la ciudad-mercado y explica la distribución espacial de las producciones agrícolas y forestales en función de la proximidad al centro urbano y su rentabilidad (figura 1.6): cerca del centro, los cultivos que dan más beneficio y que corresponden a los productos rápidamente perecederos y difíciles de transportar (verduras, frutas, lácteos); lejos del centro, los cultivos menos intensivos, que necesitan mucho espacio y que generan productos que pueden ser almacenados fácilmente (cereales, ganadería extensiva).
FIGURA 1.6 Modelo radioconcéntrico de Von-Thünen

Usos del suelo en función de la distancia al mercado urbano Fuente: Yacamán (2017a).
Se ha debatido mucho sobre la validez del modelo de Von Thünen para definir la agricultura periurbana desde su dimensión espacial. Prácticamente todos los estudios recientes coinciden en la pérdida de validez del modelo ante los cambios territoriales, de transporte y socioeconómicos que se han producido en los últimos decenios. Las dinámicas actuales de abandono de la agricultura por rentas expectantes o especulativas generadas por la influencia del fenómeno urbanizador sobre los espacios periurbanos no tenían lugar con la misma intensidad cuando se propuso el modelo (Paül, 2010; Sancho et al., 2013). Por otro lado, el coste de transporte se ha reducido considerablemente gracias a la mejora de las infraestructuras viarias y de los medios de transporte (Grigg, 1995). En efecto, en la sociedad actual del automóvil, la proximidad no está tan determinada por la distancia al centro urbano como por la accesibilidad (Wiel, 1999), y en el caso del sector agroalimentario, por la aparición de innovaciones en las cadenas productivas y de refrigeración (Ruiz y Delgado, 2008).
Otro de los referentes más utilizados para caracterizar la AP desde el punto de vista espacial es la definición de espacio periurbano elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a finales de los años setenta, y que sigue siendo empleada en la actualidad por algunos organismos públicos. Se define la AP como aquella que se practica en espacios dentro de un radio de 20 kilómetros desde un núcleo urbano de más de 200.000 habitantes y de 15 kilómetros de radio si se trata de ciudades de entre 100.00 y 200.000 habitantes, o de 10 kilómetros con respecto a poblaciones de entre 50.000 y 100.000 habitantes. Esta definición también utiliza el criterio «radial», como el modelo de Von Thünen, pero establece la distancia hasta donde llega la influencia urbana en función del tamaño de la población urbana sobre el sistema agrario (OCDE: 1979). A partir de la definición de la OCDE, diversos autores de distintos países han ido señalando diferentes umbrales en relación con la distancia a la ciudad, sin que exista un umbral plenamente compartido ni en el ámbito académico ni en el institucional, para concretar a qué distancia deja de generar impactos significativos el fenómeno del urban sprawl de las áreas urbanas.
4.2 Una pluralidad de formas de la agricultura periurbana. Tendencias no localizadas
A pesar de la falta de consenso respecto a la definición de periurbano y de la agricultura que se desarrolla en este tipo de espacios, sí que hay acuerdo en afirmar que la expansión urbana y la imbricación creciente entre espacios cultivados y urbanizados tienen consecuencias en las actividades, prácticas y organización del trabajo agrícola (Soulard y Aubry, 2011). Por ejemplo, la pérdida de intensidad productiva que puede constatarse en ciertas formas de agricultura periurbana en contextos metropolitanos viene determinada desde hace tiempo por la dificultad de encontrar mano de obra agrícola en las zonas próximas a las ciudades (Mata Olmo y Rodríguez Chumillas, 1987). Por otra parte, la actividad agrícola periurbana es interdependiente de otras actividades que puedan desarrollarse en la unidad familiar, que cuenta a menudo con miembros activos que complementan el trabajo agrícola con un empleo urbano (Ortega Valcárcel, 1988). La literatura especializada da cuenta de las tendencias de la agricultura periurbana mediante estudios de caso y monografías (por ejemplo, la revista Cahiers Agricultures, vol. 22, n.° 6, de 2013) o de análisis de prácticas (por ejemplo, el dosier n.° 158, «Agriculture et ville», de Espace et Sociétés, de 2014). La diversidad de agriculturas periurbanas se ve reflejada sobre todo en los sectores y plataformas de producción agrícolas regionales, aunque con especificidades ligadas a su localización periurbana en contexto metropolitano (Soulard y Thareau, 2009).
Las tendencias de la agricultura periurbana descritas por los geógrafos son similares en diferentes países de Europa Occidental, y esto es una constante desde la década de 1980. De este modo, las dinámicas señaladas por Christopher Bryant en su estudio sobre los paisajes agrícolas en las regiones urbanas de Francia y de Canadá (Bryant, 1984) son similares a las analizadas por José Ortega Valcárcel (Ortega Valcárcel, 1988) en España y, concretamente, en la región de Madrid. En la actualidad, la problemática y características principales del fenómeno agrícola periurbano son análogas, tal y como lo demuestran los resultados del proyecto DAUME –Durabilité des Agricultures Urbaines en Méditerranée– (Soulard et al., 2016). Se encuentra el germen de las actuales formas de agricultura periurbana en los trabajos precursores de Michel Phlipponneau sobre la «vida rural» de las afueras de París (Phlipponneau, 1949, 1952) o en su descripción de los cinturones hortícolas de las grandes ciudades de otros países del noroeste europeo (Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos) (Phlipponneau, 1951). De este modo, la agricultura en espacios periurbanos es dinámica y las transformaciones que experimenta pueden conducirla o bien a un nuevo modelo económico innovador o a su práctica desaparición por la inviabilidad de las explotaciones.
La agricultura periurbana no es una actividad marginal (Matarán, 2013b). Las dinámicas periurbanas se basan en la permanencia de la actividad agraria a través de diversas adaptaciones a las presiones urbanas, que vienen acompañadas por el consumo de suelo agrícola y por la reducción del número de explotaciones y de agricultores. Las superficies y activos agrícolas, en el caso español, han disminuido desde los años setenta, según la serie de datos históricos del censo agrario. Las estrategias de los agricultores periurbanos, en general, en todos los países europeos, coinciden en la misma situación de incertidumbre sobre el uso agrario del suelo frente a la expansión de la ciudad. Los espacios agrarios periurbanos son un mosaico complejo de estructuras de explotación y de procesos, en función de las diferencias de su base ambiental, de las estructuras socioeconómicas de la producción agrícola, de comportamientos individuales y de dinámicas distintas de reestructuración del espacio agrícola y no agrícola (Bryant, 1997).
En todo caso, la agricultura periurbana resiste y se adapta a la presión que ejerce el mercado sobre el valor del suelo, provocado por la proximidad a las zonas urbanizadas (Marois, Deslauriers y Bryan, 1991; Poulot, 2014), lo que genera dinámicas específicas, con estrategias particulares según si los agricultores son propietarios o no del suelo que cultivan (Jarrige, Jouve y Napoleone, 2003). Así, por ejemplo, surgen nuevas explotaciones que se podrían calificar como oportunistas al cultivar parcelas periurbanas arrendadas o cedidas para su uso durante un periodo de tiempo corto o incierto, debido a que los propietarios esperan un cambio en la clasificación del suelo que permitirá su urbanización. Este fenómeno es denominado por algunos autores como de «espera especulativa» (Jouve y Napoléone, 2003). Tales formas de agricultura pueden desplazarse por el territorio en función de las oportunidades y del suelo disponible, ya que en general no precisan de grandes infraestructuras, como en el caso del cultivo cerealista. Además, son formas desconocidas y no controladas por parte de la Administración, puesto que los contratos de arrendamiento o cesión se hacen habitualmente de forma oral.
En efecto, según el enfoque ricardiano clásico (Ricardo, 1817), el valor del suelo depende de la anticipación del beneficio que genera el agricultor a partir de la remuneración de su uso sobre la duración de su contrato. A partir de ese hecho, existe un límite de precio del suelo a partir del cual la agricultura no es posible porque la remuneración de la actividad agrícola no es suficiente para compensar la carga de la renta. Para algunos autores, es precisamente la incertidumbre sobre el uso del suelo la característica principal que define la AP (Bertrand et al., 2006; Guiomar, 2014; Laurens, 2009; Ortega Valcárcel, 1988). Por ejemplo, Brunori y Orsini (2010) señalan que, en caso de que continúe el modelo de expansión urbana y la presión sobre el precio del suelo, la AP estará representada únicamente por pequeñas explotaciones que produzcan alimentos con alto valor añadido, como es el caso de la horticultura ecológica.
Algunos autores destacan el aumento de explotaciones periurbanas que desarrollan estrategias heterogéneas y actividades complementarias a la producción de alimentos (Busck et al., 2006; Zasada, 2011; Pölling et al., 2016). Esta diversificación de la actividad resulta clave para compensar la falta de rentabilidad derivada de los altos costes de producir en la vecindad de áreas urbanas (Lange et al., 2013; Le Caro, 2007). Un ejemplo muy ilustrativo es el de las explotaciones que ofrecen actividades asociadas al agroturismo (Ilbery, 1991; Rouyres, 1994; Paül y Araújo, 2012) o al ocio ecuestre (Busck, Kristensen, Præstholm, Reenberg y Primdahl, 2006). De este modo, algunas formas de AP responden a las presiones sobre el suelo adaptando la estructura productiva o, en otros casos, impulsando el valor añadido por unidad de cultivo (Pölling et al., 2016). Así, las explotaciones pueden especializarse en ciertos productos con alto valor añadido (por ejemplo, la producción ecológica) y orientar una parte significativa de su producción al circuito corto (Aubry y Kebir, 2013; Zasada et al., 2013). Estas estrategias ya fueron descritas por Phlipponneau en la banlieu de París de 1952, provocadas por el comienzo de la expansión urbana y la formación de espacios periurbanos (Phlipponneau, 1952). Actualmente, responden a la creciente demanda urbana de productos locales, como, por ejemplo, del sector de la restauración colectiva, los grupos de consumo o los mercados de productores (Darly y Aubry, 2014). En efecto, diversos estudios de ámbito local y metropolitano demuestran que la AP hortícola tiene una importante capacidad adaptativa para rentabilizar las ventajas que supone la proximidad a los mercados urbanos (Perón y Geoffriau, 2007; Zasada, 2011). En este sentido, el desarrollo de los circuitos cortos de comercialización se considera un indicador de innovación social, porque supone la creación de nuevos emprendimientos para satisfacer las nuevas demandas urbanas (Lamine y Perrot, 2008; Yacamán et al., 2019). Por consiguiente, como ya señaló Josefina Gómez Mendoza en la década de 1980, la AP constituye, por definición, «el dominio privilegiado de la adaptación y la renovación» (Gómez, 1987: 13).
Estas formas de agricultura profesional se desarrollan a la par de otras no competitivas orientadas al ocio o hobby farming (Mata Olmo y Rodríguez Chumillas, 1987; Ortega Valcárcel, 1988). Por último, cabe destacar las explotaciones periurbanas que definen su estrategia con independencia de la ciudad, como, por ejemplo, las explotaciones históricas que se encuentran en una zona de calidad de tipo IGP (Indicación Geográfica Protegida).
Podemos concluir que la agricultura periurbana es plural y que el espacio agrícola periurbano es un mosaico heterogéneo (Charvet, 1994; Gómez Mendoza, 1987; Martínez Garrido y Mata Olmo, 1987; Paül, 2006; Soulard, 2014). Además, la gran diversidad de explotaciones periurbanas hace que el trabajo de categorización con fines de planificación territorial sea complicado (Valette, 2014) y que, pese al tiempo transcurrido desde que fuera escrita, «la conclusión más relevante es la variedad de comportamientos y estrategias de las empresas agrarias en un espacio relativamente homogéneo –el espacio periurbano– en cuanto a demandas y servidumbres que impone el crecimiento metropolitano» (Martínez Garrido y Mata Olmo, 1987: 201).
1. La integración de la agricultura en los sectores de la industria agroalimentaria al acabar la Segunda Guerra Mundial para desarrollar una producción de masas marcó considerablemente la orientación agrícola (Gervais et al., 1977).
2. Por ejemplo, en relación con la ordenación del territorio, puede consultarse Lardon y Schott (1995), Salomon-Cavin y Niwa (2011), Soulard (2014), Viganò (2014) y Wiel (1999).
2 Evolución de los paradigmas de ordenación de los espacios agrarios en contextos metropolitanos
La Ordenación del Territorio evoca una actividad encomendada a los poderes públicos a través de la cual se han de preservar los recursos y los valores naturales y culturales, y racionalizar y dinamizar la utilización del territorio como bien limitado y común. La Carta Europea de Ordenación del Territorio (CdE, 1983) la define como «una disciplina científica, técnica administrativa y política, concebida como una expresión interdisciplinar y global, tendente a un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio guiada por una concepción directriz». Su conceptuación teórica ha conocido un proceso continuo de redefinición. En un artículo reciente, Manuel Benabent ha sintetizado la evolución de la teoría de la planificación territorial, destacando su profunda transformación desde sus inicios a comienzos del siglo xx «y con ello el modelo de plan», es decir, el instrumento en el que se plasman y materializan sus objetivos, directrices y acciones para un territorio determinado. Señala textualmente el autor que, a su juicio –y compartimos esa tesis–, dicha «transformación ha sido en gran parte consecuencia de los avances en el desarrollo de la teoría y la filosofía política, de la eclosión de los movimientos sociales que surgen a partir de mediados de los años sesenta y de sus reclamaciones de una mayor participación en los asuntos públicos y de la propia experiencia planificadora» (Benabent, 2016: 253).
En esa misma línea puede afirmarse también que el desarrollo de las ideas y teorías que se han ido sucediendo en torno a la planificación responden en buena medida a dos tipos de razones. Por un lado, a las diferentes interpretaciones desde las que se ha abordado su papel en relación con el territorio: desde su función estrictamente tutelar de la planificación física de los usos del suelo, hasta las aproximaciones renovadoras del siglo XXI con la aparición de nuevos instrumentos que incorporan las aspiraciones de los ciudadanos a través de la gestión territorial. Y, por otro lado, al modo de entender el gobierno del territorio, desde «las fórmulas tecnocráticas y jerárquicas aplicadas por los gobiernos centrales de los estados nacionales en los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a los ejercicios más democráticos, con un mayor peso de lo local y regional, que han caracterizado a su ejercicio más reciente» (Galiana y Vinuesa, 2006: 39). El significado de la propia noción de territorio ha evolucionado también de forma significativa a lo largo del tiempo, lo que ha influido ciertamente en la concepción de las políticas formuladas para su ordenación. Desde aproximaciones renovadas, Creswell (2004) considera que el entendimiento del concepto de territorio ha pasado de su consideración como un simple soporte físico de actividades y asentamientos a ser entendido como una manera de ver, percibir y comprender el mundo. Para Romero (2005: 61) el territorio es «recurso, patrimonio, como paisaje cultural, como expresión de la memoria colectiva, como bien público, como espacio de solidaridad, como legado…». En este mismo sentido, Krugger y James (2003) consideran que el territorio es un proceso, y no algo estático y separado de las personas, ya que son las personas las que crean los lugares a través de sus experiencias cotidianas. Todo ello está muy próximo al entendimiento, que se comparte en esta obra, del territorio como socioecosistema formulado por Ramón Folch (2003).
Como es sabido, la Ordenación del Territorio se plasma en instrumentos (directrices, estrategias, planes) que concretan grandes objetivos e implican la cooperación y la coordinación horizontal y vertical, así como cierto nivel de consenso entre los diferentes niveles y agentes que intervienen en el territorio con objeto de alcanzar un desarrollo territorial sostenible y equilibrado (Pujadas y Font, 1998; Feria et al., 2005). Esto supone entender la Ordenación del Territorio como un «instrumento de concertación, tanto en el ámbito de los diversos niveles de gobierno del territorio, como entre aquéllos y la sociedad civil» (Ezquiaga y Peribáñez, 2010: 82). Por eso la gobernanza multinivel y multiagente es un pilar fundamental de su implementación.
Se trata de una disciplina y una técnica cuya función pública está orientada a mejorar el equilibrio económico-social y ambiental del territorio desde un enfoque integrador y holístico para introducir racionalidad y calidad ante los procesos expansivos de las aglomeraciones urbanas. Su dimensión estratégica se materializa en la definición de políticas espaciales de desarrollo territorial supramunicipales; su dimensión geopolítica, mediante la incorporación de principios de equilibrio y equidad entre las regiones; y su dimensión funcional, a través de la mejora de la cohesión de la matriz territorial (ETE, 1999). La escala supramunicipal de actuación supone, en este sentido, un avance imprescindible para superar –e integrar– el tratamiento parcial y muy acotado en el espacio que desde el urbanismo se ha dado con frecuencia a los procesos y propuestas de escala exclusivamente local. Pero, por supuesto, sin prescindir, sino al contrario, de la planificación de ámbito municipal y su fundamental tarea de clasificación del suelo y de contribuir así a garantizar la permanencia de aquellos suelos de alto valor agrológico y estratégico para desarrollar una agricultura de calidad y proximidad.
1. La ordenación del territorio en relación con los espacios agrarios
Es un hecho bien conocido y ya señalado con anterioridad que la expansión de las áreas metropolitanas contemporáneas, en sus distintas fases, ha supuesto en general un importante consumo de suelo de interés ambiental y agrario. En este contexto, surge la necesidad de preservar y gestionar los valores agrarios y ambientales del sistema de espacios abiertos, superando el ámbito estricto de los procesos que tienen lugar en el interior de la ciudad para lograr una adecuada comprensión, planificación y gestión de los sistemas urbanos, en particular de los metropolitanos (Feria, 2004). Sin embargo, el valor agrológico del suelo ha sido poco considerado como criterio tanto para la ordenación estratégica supramunicipal como para la limitación del crecimiento urbano. El valor ecológico y ambiental, en cambio, sí que ha constituido un capítulo destacado de la mayoría de instrumentos de planificación aprobados. Tanto en los instrumentos de planificación local como en la mayoría de planes supramunicipales, comarcales o regionales elaborados hasta el momento, no se hace explícita la importante relación histórica que existía entre las ciudades, y la población urbana, y los campos que las circundaban para garantizar el suministro de alimentos y otras materias primas, ignorándose de ese modo el papel estratégico de los espacios agrarios para asegurar la autosuficiencia alimentaria (Montasell y Callau, 2015). En el caso de los instrumentos de planificación territorial, el «tratamiento de los usos agrícolas ha sido subsidiario del tratamiento y la atención dedicados a las grandes infraestructuras y equipamientos» (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2010a: 7) y, por lo general, solo son objeto de protección los espacios destacados por sus valores ambientales o paisajísticos. En concreto, en España, las iniciativas planificadoras (locales o supramunicipales) han dado prioridad a solventar los problemas de vivienda e infraestructuras derivados del crecimiento demográfico explosivo y muy concentrado en el tiempo, tanto de las ciudades centrales como de los núcleos metropolitanos, que se produjo a partir del éxodo rural de los años sesenta.
Resulta desconcertante que la planificación urbana contemporánea haya dejado al margen las políticas relacionadas con la planificación espacial de la agricultura, cuando el urbanismo y la planificación territorial tienen por objeto mejorar la habitabilidad de los asentamientos y asegurar el bienestar humano (Pothukuchi y Kaufman, 2000; Yacamán, 2017b). La agricultura sigue siendo con frecuencia la gran ausente en las reflexiones del modelo urbano (Brand y Bonnefoy, 2012; Kaufman, 2004). Se trata de un olvido no justificado, pues la inmensa mayoría de los asentamientos humanos se han ubicado, ya desde el Neolítico, en las inmediaciones de espacios donde el agua y la tierra de cultivo estaban disponibles para abastecer la ciudad (Bairoch, 1985). En la actualidad prevalece la «tradicional desconexión entre las políticas agrarias-productivistas, poco atentas al territorio sobre el que se desarrollan, y las políticas urbanísticas territorializadas, pero ajenas a los procesos productivos y, en concreto, a los agrarios» (Maurí [1985] en Gómez, 1987: 110).
En efecto, la relación entre agricultura y ciudad comenzó a verse interrumpida desde el siglo XIX en las ciudades más tempranamente desarrolladas, a pesar de que siempre había operado una lógica de complementariedad relativamente estable en los primeros ocho milenios de la civilización (figura 2.1).
FIGURA 2.1 Efectos del buen y del mal gobierno en la ciudad y en el campo

Fuente: fresco en el Palacio Público de Siena para representar el proyecto político y técnico del territorio del Renacimiento frente al mal gobierno que habían instaurado los feudales de la época (Ambrogio Lorenzetti, 1337-1339).
Para Vidal y Fleury (2009), la agricultura y los asentamientos urbanos fueron los dos componentes que acompañaron al sedentarismo de las sociedades humanas y que estructuraron el espacio tradicional según una lógica funcional de aprovisionamiento alimentario a lo largo de la historia. En Europa, la mayoría de las ciudades tenían cinturones hortícolas, que fueron perdiendo valor por el auge del sistema agroindustrial y el desarrollo del ferrocarril a partir, en algunos casos, de la segunda mitad del siglo XIX, lo que facilitó el transporte de mercancías (Poulot, 2014; Pourias, 2014). La consolidación primero de la ciudad industrial y posteriormente el desbordamiento de la ciudad difusa sobre un territorio cada vez más extenso han provocado la reducción drástica de la superficie de estos cinturones agrícolas y su fragmentación.
A continuación, se caracterizan de manera sintética tres periodos en la teoría y la práctica de la ordenación del territorio en relación con la cuestión agrícola, desde los orígenes del urbanismo a finales del siglo XIX hasta nuestros días:
a) El primero está marcado por la planificación de las expansiones urbanas, que surge con el cambio de siglo en los países de la primera industrialización (Alemania, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos) para contrarrestar los efectos negativos de los rápidos procesos de urbanización y para satisfacer las necesidades sociales de salubridad pública (Galiana y Vinuesa, 2006). Durante esta etapa, que se extiende hasta los años cuarenta, el cuerpo teórico de la ordenación de territorio está vinculado al de la disciplina del urbanismo y aún no incorpora la planificación socioeconómica en la planificación física. Se busca transformar el mundo por la acción sobre el espacio y replantear la relación con la agricultura a través del transporte. Es una etapa que verá nacer multitud de modelos formales utópicos que no serán más que parcialmente desarrollados.
b) Una segunda etapa en las décadas de 1950-1970 viene marcada por la práctica planificadora tecnocrática. En esta época tiene lugar la configuración de un cuerpo legislativo para regular el conjunto de instrumentos y procedimientos asociados a la ordenación del territorio, extraordinariamente heterogéneo según los países. Las diferentes leyes sobre esta materia están determinadas por la organización político-administrativa de cada Estado, aunque el predominio de políticas sectoriales (fundamentalmente las de transporte) vertebrará el crecimiento de numerosas áreas metropolitanas. Asimismo, la agricultura es abordada en la planificación como un espacio abierto, un «vacío» necesario para el equilibrio medioambiental de la ciudad, posición en fuerte contraste con el objetivo actual de un sistema de protección integrada del territorio con múltiples funciones.
c) Una última etapa corresponde a un contexto de crisis económica y a los primeros planteamientos de crisis ambiental de la segunda mitad de los años setenta del siglo XIX. La ordenación del territorio adquiere un carácter más democrático y político, y menos tecnócrata. Esto se traduce en una función pública más flexible en sus contenidos y determinaciones, con una concepción más participativa y de consenso en su ejecución, y con instrumentos y objetivos apropiados para el diseño de propuestas estratégicas de organización territorial a diferentes escalas de gobierno (Benabent, 2002). Esta etapa está profundamente marcada por el paradigma de la sostenibilidad y la reflexión sobre sistemas económicos y sociales reproducibles más allá del corto plazo, sin comprometer el futuro de los recursos y de los ecosistemas. La ordenación del territorio está más ligada al desarrollo de proyectos con énfasis en la gestión territorial que a la elaboración de planes. La incorporación de los conceptos de la Ecología del Paisaje permite la integración de figuras de ordenación innovadoras como las infraestructuras verdes, superando los enfoques sectoriales agrarios y de conservación de los recursos naturales.
1.1 Primera fase marcada por los modelos utópicos sobre las relaciones campo-ciudad
En los primeros decenios de la historia oficial del urbanismo, este se pretendía «culturalista» y «reformista», proponiendo alternativas al desorden material y social de la ciudad industrial de finales del siglo XIX, así como un marco ordenado para integrar las actividades industriales en la expansión urbana facilitada por el desarrollo del automóvil (Choay, 1965, ed. 1983). En los albores del siglo XX surgirán las primeras propuestas de planificación sistémica de las ciudades y sus extensiones periféricas, que pretenden preservar y activar las áreas naturales de interés, como alternativa a la ciudad histórica existente. El primer modelo teórico fue la ciudad jardín (garden city), desarrollado en 1898 por el británico Ebenezer Howard (1850-1928) en su libro Garden city of To-morrow. La ciudad jardín de Howard fue concebida como una forma de planificación urbana y de promoción inmobiliaria original, que prefiguraban una política de la ciudad, económica y social, en relación con sus espacios circundantes. Concretamente, Howard propuso una ciudad con tres anillos concéntricos donde las viviendas se desarrollaban alrededor de un nodo central que concentraba los servicios culturales y sociales. Esta ciudad se caracteriza por el control público del suelo y la presencia de un cinturón agrícola periurbano destinado a proporcionar los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades urbanas (figura 2.2). La ciudad jardín es una propuesta de urbe completamente autosuficiente, que cuenta con un plan físico para organizar el espacio urbano y el campo circundante, estableciendo una coevolución entre la comunidad y los recursos naturales (Clark, 2003). Este modelo buscaba limitar el crecimiento urbano mediante el desarrollo de cinturones verdes que mejorasen la calidad de vida en las ciudades, puesto que el número de habitantes y el suelo urbano estaban limitados por las hectáreas de suelo agrícola que había que respetar para asegurar el abastecimiento alimentario (Donofrio, 2007). La propuesta de ciudad jardín prestó una importante atención a muchos aspectos del sistema agroalimentario (producción, distribución, transformación, consumo y reciclaje) como funciones necesarias de la ciudad (Parham, 2013). Si bien es cierto que el modelo de ciudad jardín no llegó a desarrollarse como tal, sí influyó notablemente en la concepción del modelo territorial de la periferia de las ciudades y alertó sobre el problema de su crecimiento desordenado (Montiel, 2015).
Simultáneamente, durante los años 1920 y 1930, las ideas de Patrick Geddes (1915) que reivindicaban la región como marco natural de la planificación, para mejorar la relación entre la ciudad y el resto del territorio desde el punto de vista ambiental, fueron recogidas ampliamente en Gran Bretaña y por la Regional Planning Association of America. La idea de que la ciudad es un sistema completo influyó en la planificación urbana estadounidense durante décadas, sobre todo el entendimiento de que el desarrollo de las ciudades debería planificarse de una manera comprehensiva en términos de transporte, abastecimiento, ocupación del suelo, usos recreativos y vivienda. Se trata del conocido como Comprehensive Planning, que se formaliza generalmente mediante un plan que señala los retos y las estrategias que deben desarrollarse a medio y largo plazo, sin definir morfológicamente las nuevas extensiones urbanas. El plan de Chicago, diseñado por Burnham en 1909, se considera hoy como el primero de esta corriente de pensamiento, que tuvo su auge en la planificación anglosajona de la década de los sesenta. Algunos autores utilizan indistintamente los términos Comprehensive Planning y Strategic Planning. Uno de los precursores de la implementación del modelo de ciudad jardín fue Raymond Unwin (1863-1940), quien publicó en Londres en 1909 (Unwin, 2012) un tratado que sería calificado hoy como de «urbanismo operativo» y que fue pionero en la aplicación del método científico a la planificación urbana (Frey, 2012). Este auténtico tratado de urbanismo propuso una nueva forma de configurar el espacio urbano, así como los marcos institucionales, financieros y normativos para conseguirlo. La propuesta de ordenación urbana de Unwin busca la mejora de la calidad de vida de las clases populares. Se basó en el modelo de dos ciudades jardín que él había creado en las afueras de Londres y que utilizó como laboratorios experimentales: Letchworth (1903) y Hampstead (1907). Aparecerán más adelante otros ejemplos en todo el mundo (Parham, 2013). Estos planteamientos han dado origen a una serie de reflexiones alternativas sobre la sostenibilidad urbana y la racionalidad de los recursos endógenos, con importantes cargas ideológicas sociales, económicas y ambientales. Aunque no incorporan las preocupaciones ambientales, muy poco presentes en el momento, sí introducen las dimensiones políticas y sociales, y Unwin es considerado actualmente como uno de los precursores de la reflexión en torno a lo que hoy llamamos las «eco-viviendas participativas» y los «eco-barrios» (Clémençon, 2013).
FIGURA 2.2 Diagramas de Ciudad Jardín para 32.000 personas. El cinturón agrícola asegura el abastecimiento alimentario

Plan general (arriba) y de detalle (abajo). Fuente: Howard, 1898.
En España, durante la misma época, el geómetra y urbanista Arturo Soria (1844-1920) propone en 1886 el modelo de Ciudad Lineal, que fue para muchos planificadores una propuesta tan importante como la ciudad jardín. La propuesta consistía en la construcción lineal de una ciudad, con una anchura limitada, que atravesaba campos cultivados y espacios forestales para unir dos núcleos urbanos. Su objetivo era cambiar el modo de vida y la forma de pensar de los habitantes de las ciudades (Sambricio, 1982). Un ejemplo de 5 km se construirá en Madrid a principios del siglo XX (Mas Hernández, 1989). La propuesta para Madrid se fundamentaba en el transporte del ferrocarril y en tejer alianzas urbano-rurales necesarias para mejorar lo que hoy llamamos la resiliencia urbana, acercando el campo a los habitantes urbanos para que este pudiera ser trabajado y su paisaje disfrutado.
FIGURA 2.3 Diagramas de la Ciudad Lineal de Arturo Soria

Limitada por dos bandas de espacios abiertos: primero, las áreas boscosas y a continuación, las tierras de labor. Fuente: Navascués Palacio (1969).
Estas ideas serán desarrolladas en los años veinte por la emergente corriente de la ecología urbana, iniciada por la Escuela de Chicago, que describe la ciudad como zonas más o menos naturales (modelo de los círculos o anillos concéntricos de Burgess) con el fin de analizar el crecimiento urbano como una sucesión de fases de destrucción o de reconstrucción, por analogía con el metabolismo de los seres vivos. La comunidad urbana se concibe a la vez como un modelo espacial y como un orden moral (Park et al., 2010). Simultáneamente, en las primeras décadas del siglo XX, la ciudad socialista de los «desurbanistas» promueve una ciudad longitudinal organizada en bandas que acompañan a las infraestructuras lineales y que permiten la supresión de los centros urbanos, con el fin de eliminar las contradicciones entre campo y cuidad, que son consideradas una consecuencia directa de la evolución de los modelos de producción. Estos modelos, concebidos en un contexto marcado por el progreso social y el auge de la tecnología y los beneficios de la ciencia, responden a planteamientos utópicos que buscan transformar el mundo a través de la acción sobre el espacio. Tienen en común que reflexionan sobre la planificación de los desplazamientos de personas y mercancías permitidos por el desarrollo del ferrocarril. Su mayor contribución fue considerar las áreas agrícolas que rodeaban la ciudad como una parte integral de esta, pero sin entrar en los detalles de la planificación espacial de los sistemas alimentarios urbanos (por ejemplo, la superficie agrícola o la diversificación de cultivos necesarios).
Posteriormente, el desarrollo técnico por la industrialización favorecerá la constitución del urbanismo moderno, en respuesta a los congresos internacionales de arquitectura moderna (CIAM) promovidos por Le Corbusier, que tendrán lugar once veces entre 1928 y 1959. Muy influenciados por la racionalización de los modos de producción, los arquitectos del movimiento moderno van a intentar adaptar los principios productivistas al urbanismo: eficacia, rendimiento, racionalización. Los principios esenciales del urbanismo moderno, también llamado funcionalista, se adoptan en 1933, durante el 4.° Congreso de los CIAM, y quedan recogidos en la Carta de Atenas, que se publica por primera vez en 1943. «Las bases del urbanismo son las cuatro funciones: habitar, trabajar, recrearse (en las horas libres), circular. […] Los Planes determinarán la estructura de cada uno de los sectores destinados a las cuatro funciones base y fijarán su emplazamiento respectivo en el conjunto» (Le Corbusier, 1957: 100). En España, siguiendo la corriente europea de los CIAM, se crea en 1933 en Zaragoza el Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC), que promoverá las ideas vanguardistas del racionalismo arquitectónico y del urbanismo moderno (Terán Troyano, 1999).
La Carta de Atenas contiene una visión prescriptiva de la planificación y construcción de las ciudades basada en el principio racionalista de la zonificación (zoning), que induce la idea de separación funcional entre las diversas ocupaciones y actividades. La citada Carta marca un antes y un después en el ámbito urbanístico al poner en entredicho el carácter y la densidad poblacional de la ciudad tradicional. Este tratado impulsa un nuevo ámbito de escala de análisis y de ordenación, así como una nueva forma de entender el gobierno y la administración del territorio más allá de los límites físicos de la ciudad. Los modelos urbanos más conocidos de esta época son los imaginados por Le Corbusier y concebidos en torno al uso del automóvil, mientras que la agricultura estaba ausente (figura 2.4).
FIGURA 2.4 Modelo de Le Corbusier de ciudad contemporánea para tres millones de habitantes

El primer boceto data de 1922
Otro de los modelos urbanos de esta época es el Plan del Condado de Londres (1943), que fue concebido para aliviar los impactos derivados de la alta densidad de población, de la saturación del tráfico y para facilitar la convivencia de las áreas residenciales con la industria.
FIGURA 2.5 Plan del Condado de Londres (1943): sistema de parques y espacios abiertos

Fuente: Alamy.es.
Mediante la propuesta de cuatro anillos que rodeaban el área central londinense, se pretendía reducir sensiblemente las densidades existentes y descentralizar la industria en el condado. Los anillos concéntricos se planificaron en función de la localización de la residencia, la industria y el sistema de espacios abiertos tanto recreativos como de carácter agrícola. El anillo interno estaba delimitado por la función residencial, albergando el segundo anillo los usos residenciales y la industria con objeto de descongestionar el centro urbano. El tercer anillo, de seis millas de ancho, era el «cinturón verde» y tenía la función de limitar el crecimiento urbano, consolidando los usos del espacio libre para salvaguardarlos de la edificación. Finalmente, el anillo exterior se destinaba primordialmente al uso agrícola, aunque también era receptor de la población desconcentrada, la cual se ubicaba en las ciudades satélites (López-Goyburu, 2017).
Sin embargo, otros arquitectos modernos que trabajaban en Estados Unidos imaginaron a partir de 1930 modelos de ciudades donde se mezclaban la industria y la agricultura, y donde los habitantes trabajaban alternativamente en las fábricas y las granjas colectivas. Estas propuestas se inspiraron en los planteamientos y modelos utópicos de principios del siglo XX y han sido calificadas de agrarian urbanism (urbanismo agrario), pero presentan las mismas limitaciones que sus predecesoras (Waldheim, 2010). Buscando crear una ciudad descentralizada, la distinción clásica entre campo y ciudad no existe porque la forma urbana se difumina en el paisaje agrícola productivo, planificado y estructurado por las infraestructuras. Un ejemplo de agrarian urbanism son las diferentes versiones del modelo de ciudad sin límites (Broadacre City) propuesto por el arquitecto Frank Lloyd Wright entre 1932 y 1954, que se organiza de acuerdo con una red de transporte y de comunicaciones reticular con el fin de conectar todo el territorio productivo cultivado de América del Norte (figura 2.6). Otro ejemplo lo constituye el modelo de Hilberseimer para una nueva ciudad inspirado en la ciudad jardín, con edificios bajos conectados con los campos de cultivo próximos (figura 2.7).
Las ideas del agrarian urbanism nunca fueron aplicadas. La principal contribución del movimiento moderno a la práctica del urbanismo fue la zonificación, que inspiró los principales desarrollos normativos del urbanismo europeo. En esa línea, en España, la primera Ley del Suelo, aprobada en 1956 y aplicada en algunos aspectos hasta 2008, definía los derechos y las obligaciones de los propietarios del suelo y su estatuto jurídico a partir de la zonificación. Elemento clave del urbanismo español, la ley del suelo aborda la planificación a todas las escalas y otorga la competencia de redacción y aprobación de los planes de ocupación del suelo a los ayuntamientos.
FIGURA 2.6 Ciudad descentralizada teorizada por Frank Lloyd-Wright entre 1932 y 1958 –Broadacre City– y su organización del espacio agrícola

Vista panorámica (arriba) y maqueta (abajo). Fuente: The Frank Lloyd Wright Foundation Archives (The Museum of Modern Art | Avery Architectural & Fine Arts Library, Columbia University, Nueva York).
FIGURA 2.7 Ciudad conectada con su agricultura periurbana

Fuente: Hilberseimer (1944).
En otros países europeos también se llevaron a la legislación urbanística los principios de la zonificación. En Francia, por ejemplo, el Código del Urbanismo de 1967 atribuyó igualmente a los municipios el derecho y la responsabilidad de establecer su plan de ocupación del suelo indicando las reglas y prescripciones de la zonificación, así como los derechos y deberes de la edificación en cada zona.
1.2 Segunda etapa con acusado carácter regulatorio y visión estratégica
La segunda fase se caracteriza por un fuerte carácter regulatorio de la Ordenación del Territorio, que concibe los planes como instrumento principal, bajo un importante control institucional y administrativo. Las extensiones urbanas basadas en la zonificación y los principios del funcionalismo son vivamente contestados por los urbanistas y sobre todo por los sociólogos, que critican la tecnocracia del Estado (Scherrer, 2013). La reacción teórica frente al esquematismo y rigidez funcionalista se formaliza mediante planteamientos sistémicos, más adecuados para abordar la dimensión dinámica del hecho urbano como una organización a diferentes niveles significativos sobre los que el urbanista puede intervenir estableciendo reglas (Ezquiaga Domínguez, 1998). La emersión de la informática permite movilizar técnicas cuantitativas y modelos para dar cuenta de la realidad social y del desarrollo urbano, y realizar prospectivas económicas y funcionales para las ciudades (Baxter et al., 1975). La planificación se entiende como una actividad con fundamento científico, más que como una actividad creativa con grandes márgenes de incertidumbre (Terán Troyano, 1996). La planificación se organiza así en diversos niveles operativos subordinados al plan general, que localiza las actividades y la red de infraestructuras sin definirlas; la definición de estos espacios se realiza posteriormente en los planes de detalle. Pese a todo, prevalece el principio racionalista de zonificación que introduce la separación funcional de usos y actividades, y una concepción estática del plano, llamado a representar un equilibrio intemporal. El paradigma de este tipo de urbanismo es de naturaleza normativa y mecanicista, dado que sus instrumentos (la zonificación) fueron concebidos en consonancia directa con los fenómenos espaciales (crecimiento y transformación de la ciudad) que pretende controlar (Ezquiaga Domínguez, 1998).
En el caso de España, los principales recursos de la planificación espacial de estos años se destinan al desarrollo de infraestructuras con la clara intención de mejorar la accesibilidad al territorio, pero también y específicamente a los suelos urbanos y potencialmente urbanizables, la acogida de nuevos equipamientos urbanos y el crecimiento económico. Los impactos ambientales derivados de los procesos de urbanización no son aún incorporados en la dimensión estratégica. Los espacios abiertos son introducidos en el planeamiento principalmente como espacios necesarios para mejorar el equilibrio ambiental de las áreas metropolitanas. En cuanto a los espacios agrícolas, corresponden a los «vacíos» que quedan después de haber diseñado la ciudad con los «colmados». La agricultura se define en negativo con respecto a los espacios construidos, y no se la considera una actividad económica productiva integrada en el sistema urbano. Los asuntos agrícolas se entienden como exclusivos del desarrollo rural, y las cuestiones urbanas son abordadas por políticas territoriales distintas (Vázquez Espí y Verdaguer Viana-Cárdenas, 2010).
La constitución de las autonomías democráticas a partir de 1979 supuso la transferencia de la competencia de la planificación urbanística local a los municipios, bajo la supervisión de los gobiernos de las comunidades autónomas, a los que corresponde el ejercicio de la planificación territorial. En una primera fase del desarrollo y ordenación de las áreas metropolitanas en España se dio prioridad, como ya se ha comentado, a solventar el «fenómeno residencial y la resolución de los problemas de movilidad entre lugares de residencia y trabajo u ocio, así como a corregir los impactos derivados de la especialización funcional» (Cruz, Oliveira y Santiago, 2016). Posteriormente, desde finales de 1980 y a lo largo de la década siguiente, coincidiendo en parte con la primera generación de planes territoriales de áreas metropolitanas en aplicación de las leyes autonómicas de ordenación del territorio, y de la aprobación de determinado planeamiento urbano de grandes ciudades, se percibe un interés creciente y renovado por el tratamiento de los terrenos no urbanizados y no urbanizables. Los «vacíos» empiezan a considerarse piezas significativas en calidad de «espacios abiertos» o «espacios libres territoriales», para vertebrar el sistema metropolitano y dotarlo de calidad, atendiendo a los múltiples valores ambientales y paisajísticos que albergan (Mata y Olcina, 2010). Sin embargo, existe tanto en la legislación sobre ordenación del territorio como entre los planificadores una ausencia de consenso sobre la definición de los espacios agrarios periurbanos y su gestión, lo que dificulta su incorporación en positivo al sistema normativo y a los instrumentos de planificación. En general, como hemos ido señalando, el sistema de espacios abiertos suele estar vinculado a suelos de valor ambiental, forestal o agrario, tratado normativamente como «suelo rústico» o «no urbanizable» con un marcado carácter residual, a la espera con frecuencia de su integración en el proceso urbano.
1.3 La fase del urbanismo del proyecto contractual
La supuesta objetividad del urbanismo en la búsqueda del bien común y su supuesto carácter científico serán contestados en los años ochenta. La competencia del urbanismo en los municipios va a facilitar la evolución del urbanismo regulatorio hacia un urbanismo de proyecto que no busca tanto producir formas urbanas como gestionar procesos y negociaciones entre actores cada vez más numerosos y diversos (Lévy, 2006). La zonificación tradicional pierde legitimidad en beneficio de las regulaciones espaciales adaptadas a lugares concretos, en el marco de un plan general que ubica en su contexto espacial dichas transformaciones territoriales, a imagen del comprehensive planning anglosajón que renace con fuerza en los años noventa (Innes, 1996; Palermo, 2014).
Estos años verán a la ciudad crecer de manera difusa hacia la periferia (urban sprawl). El desarrollo exponencial de la movilidad motorizada favorece la urbanización difusa del territorio, fenómeno desconocido hasta entonces, con la generación de nuevas periferias constituidas por espacios residenciales de baja densidad (Wiel, 1999). Se desvanecen así los últimos limites conceptuales entre campo y ciudad (Soja, 1989). La ausencia de cuerpo teórico sobre esta nueva franja difusa hace que la extensión del espacio periurbano se identifique y delimite con dificultad a efectos de la planificación (Vigano, 2014). El urbanista aprehende el periurbano como un espacio donde la ciudad se extiende, tanto en la materialidad de las construcciones como en la vida social urbana. En ese contexto de expansión periurbana los urbanistas no se interesan tanto por la teoría como por las formas específicamente urbanas producidas por los procesos socioespaciales y políticos.
Emerge así el consenso sobre la obsolescencia de los planes de ocupación del suelo debido a que su normativa es demasiado detallada y poco flexible (Buitelaar y Sorel, 2010). La tendencia se orienta a una «desmaterialización» del plan, «dejando todo abierto» (Grin, 2005). Se exige al urbanismo que sea flexible, indeterminado, adaptable y creativo, de manera que pueda integrar los proyectos emergentes a los que les resulta difícil encontrar un lugar coherente en el marco planificado del desarrollo espacial. La llegada de este urbanismo de «proyecto» supone un nuevo campo de ejercicio de la profesión, que pasa a integrar cuatro paradigmas diferentes y a la vez complementarios: el urbanismo racional, la práctica de la comunicación, el urbanismo de coordinación y la construcción de marcos operativos (Alexander, 2000). «Se amplían los modos de hacer urbanismo, se diversifican las maneras de ser urbanista» (Matthey, 2014: 7). Se preconizan los proyectos de urbanismo concebidos bottom-up, que emergen del lugar y que son específicos de su contexto espacio-temporal e institucional. En este sentido, algunos municipios emprenden proyectos agrourbanos o proyectos de parques agrarios en concertación con los agricultores, que se tratarán más adelante. Cabe destacar que, en todo caso, la intervención en el sector agrario no es una competencia municipal (Vázquez Espí y Verdaguer Viana-Cárdenas, 2010). A escala regional, la planificación se enmarca dentro de un enfoque más estratégico, con la adhesión de los municipios a cartas y proyectos intermunicipales, que pueden desembocar en un sistema de contratos territoriales. El debate en torno a los sistemas de planificación espacial y social muestra la oposición entre lo que algunos autores han denominado téléocracy (urbanismo tradicional directo, hecho por las instituciones) y nomocracy (ordenación socioespacial por reglas generales y relacionales, elaborada por las organizaciones) (Alexander et al., 2012).
Por otra parte, los grandes retos ambientales (calentamiento global, deterioro de la biodiversidad, riesgos ambientales, agotamiento y contaminación de los recursos naturales, etc.) y el enfoque sistémico del desarrollo sostenible suponen la ruptura con el planteamiento sectorial de la zonificación y prefiguran un cambio de paradigma (Héran, 2015). El desarrollo sostenible propicia el retorno de los debates sobre el modelo urbano desde una concepción global fundada en el papel central y vertebrador del ambiente y los recursos naturales en la ciudad, lo que en la escala del proyecto urbano se materializa, por ejemplo, en el ecobarrio (Faburel, 2014). De este modo, la reconsideración de los aspectos económicos a la luz de los retos ambientales y sociales ha facilitado la renovación profunda no solo de la planificación sino también de las prácticas agrícolas en nombre de una ecología virtuosa (Hubert, 2004). En ese marco renovado, algunos planes de urbanismo comienzan a considerar la agricultura en el centro de la planificación con el fin de preservar la multifuncionalidad productiva del territorio y promover su capacidad productora de alimentos de proximidad.
Desde un punto de vista metodológico, varios planteamientos holísticos se inscriben en este contexto, como el landscape urbanism (Waldheim, 2010) o el landscape ecological urbanism (Mostafavi, 2010). Estos enfoques retoman los principios de la Ecología del Paisaje (Forman y Godron, 1981) y concretamente de la Ecología Urbana (Alberti, 2008; Grimm et al., 2000; Pickett y Cadenasso, 2007), y entienden el paisaje como materia principal del urbanismo con el fin de pensar y diseñar los espacios urbanizados a partir de los espacios abiertos. Su objetivo es mejorar la conectividad ecológica e integrar las funciones ecológicas en la configuración espacial del territorio, a través del modelo mancha-corredor-matriz. Aunque habitualmente los espacios agrarios son considerados solo como espacio abierto, y no por su dimensión productiva, una de las contribuciones más interesantes de estos enfoques ecosistémicos es la descripción de las relaciones y procesos del mosaico biofísico del territorio, que permite atribuir diferentes valores y funciones de conservación a sus piezas constitutivas, lo que se ha aplicado a la formulación y el diseño de las infraestructuras verdes, como se verá más adelante (Rodà, 2003).
Desde un punto de vista más conceptual y de proyecto se pretende una relación equilibrada entre campo-ciudad, y para ello los espacios agrícolas en contextos metropolitanos adquieren una importancia estratégica notable dentro de la matriz territorial. La formulación de este renovado papel de la agricultura periurbana coincide con una etapa de profundos cambios de usos del suelo, consecuencia de sucesivos boom inmobiliarios. Este enfoque auténticamente territorialista de la Ordenación del Territorio coincide también con una renovación conceptual y metodológica de las estrategias de control del crecimiento urbano disperso, basadas en la noción de resiliencia urbana y metropolitana, y en una visión integrada, holística y sistémica de políticas más atentas a los contextos específicos y a la identidad, la cultura y la memoria colectiva de los lugares (Romero, 2005).
2. Crisis del urbanismo y la ordenación del territorio: una oportunidad para conservar e impulsar la agricultura periurbana desde la planificación
La crisis económica de 2008, muy ligada a la práctica de un cierto tipo de urbanismo especulativo que recurre a los mercados financieros para promover y desarrollar los espacios urbanos (parque residencial inmobiliario, grandes equipamientos, infraestructuras, proyectos urbanos de envergadura), ha dejado tras de sí muchos proyectos no acabados (Palermo, 2014). Esta crisis ha mostrado la fragilidad de los sistemas de planificación de diversos países y la urgencia de una regulación de la actividad financiera en la fabricación de ciudad y la consiguiente reforma de la planificación (Ponzini, 2016). En Estados Unidos, la crisis de las subprimes ha hecho patente el papel que desempeñan los mercados financieros en la producción de vivienda de una parte de las familias modestas, y cuestiona la generación especulativa de los espacios urbanos en el marco de un capitalismo patrimonial (Loubière, 2013).
La financiarización de la ciudad cuestiona la práctica tradicional de la planificación urbana, en particular la zonificación, que ha perdido gran parte de su eficacia para controlar los procesos de crecimiento urbano.1 En efecto, los mecanismos financieros se caracterizan por su volatilidad, poco compatible con una política urbana a largo plazo que precisa de nuevos instrumentos financieros y fiscales. En España, la financiarización de la ciudad se operó principalmente a través de la consideración de la vivienda como simple activo financiero, lo que ocasionó una burbuja inmobiliaria de grandes proporciones, cuyos efectos fueron, entre otros, el aumento vertiginoso del precio de la vivienda (duplicación del valor real desde 1998), la extensión periférica de las ciudades, el impresionante aumento de la deuda de las familias, que pasó en diez años del 60 % a 125 % de la renta bruta disponible, y la extensión de la duración de las hipotecas hasta cincuenta años. En resumen, todas las características de lo que se ha calificado como burbuja inmobiliaria, en un contexto de estabilización demográfica y de débil crecimiento de la renta. Y una cifra muy significativa y preocupante a la vez: más de 700.000 viviendas fueron construidas en 2006, lo que significó más que en Francia, Alemania e Inglaterra juntas (Burriel de Orueta, 2008; Renard, 2008; Romero, 2010). La explosión de la burbuja inmobiliaria en 2007 dejó tras de sí muchas obras abandonadas, a veces barrios enteros (figura 2.8.).
FIGURA 2.8 Terrenos urbanizados vacantes en el municipio de Velilla de San Antonio, en el área metropolitana de Madrid, a la espera de ser ocupados desde 2008

11 de junio de 2015. Fuente: Sanz Sanz (2016).
Tras el boom, la profunda crisis económica y social, precedida por la crisis ambiental de la huella ecológica de la burbuja, revestida de la retórica de la austeridad y el repliegue de la acción pública de los Estados, crea, a juicio de algunos especialistas, una oportunidad para renovar el urbanismo y la ordenación del territorio (Ezquiaga Domínguez, 2009). Después de mucho tiempo de desatención por parte de la Ordenación del Territorio del valor del suelo fértil como activo para las políticas alimentarias, parece que está despertando una nueva sensibilidad entre los planificadores hacia la defensa de los espacios agrarios y su agricultura. Se trata de una tendencia de escala europea que considera el suelo no solo por su potencial edificatorio según las necesidades del mercado inmobiliario, sino como soporte de paisajes agrarios periurbanos valorados como patrimonio colectivo y como activo económico y de calidad de vida. En este nuevo contexto, la Ordenación del Territorio tiene por delante el reto de tratar de forma más equilibrada los diferentes usos del suelo y promover «una ordenación de escala territorial que coordine y vincule al planeamiento municipal, en pos de un modelo de urbanización basado en el ahorro del consumo del suelo, la integración de usos y la coherencia social» (Mata, 2008: 56), desarrollando una política explícita a favor de la defensa y mejora de los valores de los paisajes agrarios.
La consideración de parámetros agroecológicos para evitar la expansión urbana difusa puede tener una incidencia importante sobre la protección de valores culturales y patrimoniales y de los servicios de los ecosistemas asociados a los paisajes agrarios. Esto plantea la necesidad de una reformulación tanto del marco conceptual y metodológico como de las herramientas asociadas a la planificación de ámbito subregional que permita integrar en la trama de espacios abiertos metropolitanos las áreas naturales y los paisajes de la agricultura para responder de modo eficaz a las renovadas demandas urbanas en materia de calidad de vida, sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria. Se trataría de incorporar propuestas que doten de un mayor peso a los espacios agrarios periurbanos por su dimensión multifuncional e identitaria, y particularmente por su papel estratégico para la producción de alimentos de cercanía, utilizando para ello figuras como la infraestructura verde o los parques agrarios (Yacamán y Mata, 2017b). Actualmente, la agricultura y la alimentación empiezan a ser incorporadas de forma explícita a la agenda pública y al proyecto de ciudad, en lo que se ha llamado proyecto agrourbano (Poulot, 2011 y 2014; Vidal y Fleury, 2008; Yacamán, 2017a y 2017b). El capítulo cuarto se ocupa más adelante de diversos instrumentos y experiencias que incorporan la agricultura a la planificación. En el fondo de estas iniciativas, unas más enraizadas en la dimensión productiva de los sistemas y espacios agrarios de base profesional y otras en la distribución justa y el consumo de alimentos sanos y frescos, subyacen la crítica frontal y la búsqueda de alternativas tanto a la irracionalidad de procesos feroces de urbanización y sellado de suelos agrícolas de calidad, como a la contestación al poder omnímodo de los sistemas agroalimentarios globalizados y su correlato de pérdida de soberanía alimentaria, de incremento de la huella ecológica, de deterioro de la calidad nutritiva y sanitaria de productos y dietas, y de pérdida de saberes y sistemas agrarios territorializados y sus paisajes (Mata, 2018).
3. El enfoque territorialista de la ordenación del territorio
Las iniciativas de planificación que consideren el conjunto de valores asociados a los paisajes agrarios resultarán más eficaces para coordinar las políticas sectoriales y evitar su pérdida o fragmentación por la densificación de las infraestructuras viarias asociadas al fenómeno metropolitano. En este sentido, la planificación estratégica y territorialista, fundada como ya se ha señalado en nuevas perspectivas más flexibles y dinámicas de la Ordenación del Territorio, se sustenta en la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones públicas cuyas actuaciones tienen incidencia en el territorio, con el reconocimiento de que las diversas escalas de planificación no son sino diferentes y necesarios niveles de entendimiento y abordaje de un proceso común de planificación territorial (Farinós, 2004). El pensamiento territorialista ha sido definido de forma diferente desde el campo de la geografía y el urbanismo, pero siempre con referencias a aspectos como el sentido de los lugares, la gobernanza, las relaciones sociales y económicas y la identidad (Masuda y Garvin, 2008; Yung et al., 2003). Se trata de una planificación que aborda el territorio desde una perspectiva integrada y sistémica, sobre la base de la cooperación horizontal entre las políticas sectoriales y la coordinación vertical de las administraciones locales y regionales, junto con una estrecha colaboración entre agentes públicos y privados, y de estos con la ciudadanía (Mata y Yacamán, 2015). En definitiva, son planteamientos de gran valor que están siendo utilizados para incorporar la conciencia del lugar a las tareas de planificación, con objeto de mejorar el gobierno y la gestión democrática del territorio, poniendo énfasis en la participación (Healey, 2004).
El enfoque territorialista otorga a la ciudadanía el protagonismo de la planificación y gestión territorial, a la que considera con capacidad suficiente para organizar por sí misma el territorio de acuerdo con sus propios valores. Alberto Magnaghi, fundador del pensamiento territorialista, define el territorio desde su etimología latina (2011), compuesto de dos palabras: terra, que significa tierra, y torrium, que significa pertenencia. Para este autor,
el enfoque territorialista interpreta la degradación ambiental (y la insostenibilidad del modelo de desarrollo que la produce) como una consecuencia del proceso sistemático de desterritorialización y de destrucción de las relaciones sinérgicas entre el ambiente físico, construido y antrópico, que caracteriza el modelo de ocupación contemporánea; este enfoque busca, por lo tanto, la solución al problema de la sostenibilidad en la promoción de las acciones territorializantes que reconstruyan, de manera innovadora, estas relaciones (Magnaghi, 2011: 94).
En este sentido, la planificación debería considerar de forma sinérgica diferentes acepciones de sostenibilidad, referidas al patrimonio ambiental, territorial y antrópico. Desde esta perspectiva, Magnaghi define la sostenibilidad territorial como «la capacidad que tiene un modelo de poblamiento para favorecer y desarrollar la reterritorialización a través de sus reglas productivas y reproductivas» (Magnaghi, 2011: 104). La reterritorialización implica la implementación de reglas de ocupación y uso del suelo y de producción que generen nuevos equilibrios, aplicando principios de ecodesarrollo, soberanía alimentaria y solidaridad regional. Por ejemplo, en relación con la recuperación de relaciones entre la agricultura y la ciudad, Magnaghi incide en la necesidad de establecer un patrón agrícola para la ciudad, tal y como ocurría con los cinturones verdes de los núcleos urbanos tradicionales, con una primera franja de huertos y jardines para la alimentación directa de la ciudad, y una segunda franja más amplia para el cierre de los ciclos del agua, de la energía, de la salud, etc. (Magnaghi, 2013).
Cada vez se hace más evidente en el contexto europeo la necesidad de incorporar el enfoque territorialista para revalorizar las cualidades de las regiones metropolitanas, incluyendo la activación de la agricultura y sus paisajes en la planificación urbana y territorial. Se trata de un enfoque político y científico-técnico que pretende fortalecer el valor simbólico y de memoria de los lugares a través de la puesta en valor de los recursos y los agentes que intervienen en el territorio, convirtiendo las prácticas agrarias heredadas y renovadas, las variedades locales y la cultura campesina en recursos económicos desde una perspectiva de sostenibilidad fuerte. Dada la considerable dificultad de concretar políticas en programas y acciones en un contexto globalizado, una visión más estratégica de la planificación requiere movilizar a los agentes sociales para conseguir un «poder colectivo» (Healey, 2004), suficientemente sólido en el tiempo, que permita construir relaciones duraderas. En este sentido es pertinente el desarrollo de estrategias de abajo-arriba para redefinir un proyecto de territorio de consenso por el conjunto de actores público-privados, lo suficientemente flexible como para que pueda ir incorporando las aspiraciones de la sociedad, frente a la elaboración de planes que pueden encorsetar las plurales manifestaciones culturales, económicas y sociales de los territorios.
4. Estrategias de buen gobierno territorial para afrontar un nuevo paradigma agrourbano
El enfoque territorialista de la planificación empieza a introducir en el planeamiento municipal y metropolitano, en el modelo de ciudad y del sistema de espacios abiertos, las cualidades del espacio y la actividad agraria, vinculando las políticas territoriales con la alimentación, la agricultura y la comunidad agraria, fortaleciendo la expresión territorial a través de paisajes de calidad, vividos y gestionados como bien común (Magnaghi, 2012). Para ello se requiere un cambio de perspectiva de la Ordenación del Territorio que reconozca y legitime la actividad agraria periurbana como abastecedora de productos frescos y de calidad, y como actividad que incorpora identidad a los lugares, sostenibilidad a la gestión de los recursos naturales y culturales y cohesión a las relaciones campo-ciudad (Sanz-Sanz et al., 2017c). Desde esta mirada renovada, los paisajes agrarios periurbanos se están consolidando como un elemento clave en las políticas y estrategias orientadas a mejorar el equilibrio y la sostenibilidad territorial. Estas nuevas perspectivas, que se van consolidando en el seno de la Unión Europea, aunque sin materializarse en una normativa concreta, constituyen la base para la formulación de planteamientos innovadores en torno a la formulación de metodologías y herramientas de planificación urbana y metropolitana.
En este sentido, algunos planes, estrategias y directrices aprobadas desde principios del siglo XXI han comenzado a integrar determinados criterios contenidos en la Estrategia Territorial Europea (Consejo de Europa, 1999), en el Convenio Europeo del Paisaje (CdE, 2000) y en el Dictamen sobre la Agricultura Periurbana (CESE, 2004), como una nueva oportunidad de mejorar y potenciar la relación campo-ciudad. A continuación, se explica el contenido y el alcance de las directrices europeas que afectan a la agricultura periurbana. Posteriormente, se abordará el protagonismo creciente de la agricultura en la planificación espacial estratégica de las áreas metropolitanas a partir de la consideración del panorama español.
La Estrategia Territorial Europea (ETE) definió ya en 1999 los objetivos y las orientaciones políticas comunes para el desarrollo territorial equilibrado de la UE y supone un avance significativo en la formulación de una nueva cultura del territorio. Dentro del capítulo de «Objetivos y opciones políticas para el territorio» afirma que «los paisajes culturales contribuyen mediante su singularidad a la formación de la identidad local y regional, y son el reflejo de la historia y las interacciones entre una comunidad y su entorno natural». La ETE propone abordar las «amenazas de los paisajes culturales» y la necesidad de una «gestión creativa» de estos para su salvaguarda. Esta concepción patrimonial que hace la ETE del paisaje implica no solo intervenir en su defensa, sino promover la gestión sostenible del territorio que garantiza la sostenibilidad del propio paisaje. Es el reconocimiento patrimonial del legado de la agricultura (Silva, 2008) lo que permite la incorporación de su paisaje como recurso para mejorar la cohesión, la sostenibilidad urbana y el desarrollo urbano y territorial. Dentro de los apartados «Desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre campo y ciudad» y «Asociación entre ciudad y campo» también se refuerza la idea de «gestión» frente a objetivos exclusivos de «protección», lo que implica la necesidad de incorporar la gobernanza territorial frente a aquellas prácticas planificadoras que dinamizan el territorio a partir de lógicas exclusivamente urbanas.
Una nueva lectura del paisaje agrario periurbano desde la Ordenación del Territorio ha encontrado también su fundamento en el entendimiento abierto y democrático que preconizan el Convenio Europeo del Paisaje (CdE) de 2000 y la Convención de Faro (CdE2005). El CEP señala que todo territorio se manifiesta en un paisaje, definido como «cualquier parte del territorio, tal y como lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales/humanos» (art. 1, cap. 1). El CEP, entiende el paisaje como una cualidad de todo el territorio y se refiere tanto a los paisajes excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados, incluidos los agrarios periurbanos (art. 2). El paisaje, dice el CEP es un elemento clave de bienestar individual y social y contribuye a la formación de las culturas locales. Es, por tanto, el paisaje un componente esencial del marco de vida de la población, elemento de identidad y expresión de su patrimonio común, natural y cultural. En este sentido, cuando se integran los valores inmateriales y espirituales de una cultura local en las políticas de Ordenación del Territorio y urbanismo, los paisajes de la agricultura pasan a ser considerados patrimonio cultural, y se convierten en elementos fundamentales para otorgar un valor identitario y simbólico al territorio y a la producción agraria que modela y gestiona su paisaje.
Por su parte, la Convención de Faro, que conviene leer junto al Convenio del Paisaje, define el patrimonio cultural como «un conjunto de recursos heredados del pasado que las personas identifican, con independencia de a quién pertenezcan, como reflejo y expresión de valores, creencias, conocimientos y tradiciones propias y en constante evolución» (Consejo de Europa, 2005: art. 2a). Esta definición abarca los elementos que son el resultado de la interacción entre las comunidades locales y el territorio, como los paisajes de la agricultura, y en particular, de acuerdo con Rocío Silva, «las huertas tradicionales, que son el resultado de una sabia y acumulativa domesticación del medio físico y que presentan en la actualidad configuraciones variadas, dependiendo de la particularidad territorial y dinámica histórica específica de cada una de ellas» (Silva, 2012: 2).
El Dictamen sobre la Agricultura Periurbana (CESE, 2004) reclama un mayor y más específico reconocimiento social, político y administrativo de la existencia de los espacios periurbanos con actividad agraria. Para ello, el CESE (2004, obj. 2.2.2.2) propone, en primer lugar, el estudio de los problemas que estos espacios soportan y generan al mismo tiempo, y, en segundo lugar, un análisis integral de los valores que albergan y ofrecen al conjunto de la sociedad (agua, biodiversidad, arquitectura vernácula, estructura agraria, paisaje, etc.), así como de las funciones económicas, ambientales y sociales que, dependiendo de cada contexto, cada país o entidad regional está obligado a proteger y gestionar mediante normas específicas. De esta forma, se consigue paliar o acabar con las deficiencias limitantes que tiene el sector agrario en el periurbano frente a las nuevas y cambiantes demandas urbanas. En esa línea, el CESE considera que no basta con el reconocimiento social y político e insta a que se apliquen instrumentos de gestión del suelo agrario (figura 2.9).
FIGURA 2.9 Pilares de los instrumentos de gestión del suelo agrario periurbano
Los seis pilares del CESE para orientar los instrumentos de gestión del suelo agrario periurbano:
1. Utilización de instrumentos legales de planificación territorial, ordenación urbana –tanto a nivel europeo como estatal y regional–, que incorporen el tratamiento de los espacios agrarios periurbanos y las políticas agrarias, e impidan la reclasificación de los suelos agrarios.
2. Regulación mediante instrumentos legales de la cesión temporal del uso de tierras por parte de propietarios (públicos y privados), utilizando contratos de arrendamiento para agricultores profesionales.
3. Reducción del gravamen fiscal de las tierras dedicadas a las actividades agrarias, claramente diferenciado del que se aplica a las zonas industriales y/o residenciales urbanas.
4. Impulso y/o recuperación del principio de subsidiariedad en la ordenación municipal, siempre con criterios supramunicipales basados en la cooperación intermunicipal y la conectividad territorial.
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