Kitabı oku: «Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia: entre el posacuerdo y la globalización», sayfa 2
ESTADO CORPORATIVO Y PAZ: MÁS EXTRACTIVISMO, MÁS AGRESIONES CONTRA DEFENSORES DE TIERRA Y MEDIO AMBIENTE, MENOS DEMOCRACIA
El término extractivismo se ha popularizado en los últimos años en América Latina. En sus usos más comunes se refiere a las explotaciones mineras y petroleras que van a ser exportadas, en algunos lugares desde la colonia, cuando se enviaban metales preciosos hacia las metrópolis. Desde los años cincuenta, el termino extractivismo se asocia con la industria extractiva aplicada al petróleo, el gas y los minerales, como una “industria” generadora de la narrativa del desarrollo a partir de sus contribuciones para superar la pobreza, asegurar empleos y generar crecimiento económico.
El término extractivismo acuñado por Gudynas (2015) aborda el tipo de extracción de recursos de la naturaleza, con mayores impactos sobre el ambiente, como deforestación de la selva para la ganadería o la megaminería a cielo abierto. La intensidad, así como el volumen de la actividad extractiva, van a determinar los tipos de extracción y destino de los recursos naturales. Así, la condición de megaminería será determinada por el volumen de la remoción, más de un millón de toneladas por año, donde se afectan más de mil hectáreas de superficie. Un ejemplo típico es la minería a cielo abierto en Cerro de Pasco en Perú, o el Cerrejón, orientado hacia la exportación global.
En muchos casos la extracción de recursos naturales, como hemos señalado aquí, no solo desencadena impactos sociales y ambientales sino también la violación derechos humanos y de la naturaleza (Gudynas, 2015). La injusticia ambiental, entonces, va de la mano con la violación de derechos, lo que implica distintas ilegalidades, desde incumplimientos en los derechos de información y participación de los pobladores locales hasta problemas con la seguridad, la integridad física e incluso la vida de las personas. Estas violaciones de derechos tienen que ver con formas de represión, desalojo y allanamientos.
En el siglo xxi, la disputa por el control de los recursos en Colombia y América Latina ha generado un gran impacto en la vulneración de derechos humanos de líderes y lideresas ambientales. En Honduras, Guatemala y Colombia ocurren los casos más dramáticos (Global Witness, 2017). América Latina y el Caribe alberga 8 de los 10 países más violentos del mundo. Solo en 2015 se produjeron 185 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente: el equivalente al 77 % de los asesinatos de líderes ambientales son latinoamericanos. Esta cifra, la más alta jamás registrada, aumentó del 59 % que se registraba en 2014 (Global Witness). Entre 2002 y 2015, hubo 970 asesinatos relacionados con organizaciones privadas de seguridad contratadas por empresas extractivas, que en algunos casos se vinculan con compañías militares para ofrecer custodias y vigilancias en los emplazamientos (Downey, Bonds y Clark, 2010). En Colombia, entre enero de 2016 y agosto de 2018, fueron asesinados 343 líderes sociales y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
EL LIBRO: CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL Y LUCHA POR LA TIERRA EN COLOMBIA, –ENTRE EL POSACUERDO Y LA GLOBALIZACIÓN
En los últimos seis años hemos presenciado dos procesos inesperados en Colombia que, probablemente, en el futuro serán considerados como vitales en la construcción de nuestra nación: la firma de acuerdos de paz y las fluctuaciones, derrumbe y repunte de los precios internacionales de materias primas. El primero abrió esperanzas en términos de posibilitar transformaciones de la calidad de vida y la sustentabilidad de algunas regiones estratégicas de Colombia (Giraldo, 2017), ya que los acuerdos incluían posibilidades de reintegración y abrían expectativas de superación de las condiciones del modelo de desarrollo económico, político y social, que generaron el conflicto armado más largo de la historia latinoamericana y al mismo tiempo la crisis y repunte global del modelo extractivista, con los compromisos generados en los acuerdos de libre comercio y las políticas de confianza inversionista.
A través de leyes como la controvertida Ley Zidrez, que hace posible la zonificación de territorios para el desarrollo productivo que responda a los intereses internacionales, se constituye una situación compleja en términos de la relación de dependencia entre los ingresos de divisas al país y la economía extractiva, acompañada de las exenciones tributarias de las empresas transnacionales, las reformas fiscales que afectan el ingreso de las clases medias y trabajadoras y el debilitamiento de la inversión social y ambiental. En esta dinámica, se profundiza el deterioro de los ecosistemas andinos, amazónicos y de la Orinoquía, así como los marinos y costeros del Pacífico y el Caribe del país, lo cual imposibilita la producción de economías sustentables que esperan las poblaciones en territorios en conflicto.
En este libro queremos hacer un balance del proceso de vulneración de derechos de los pueblos en Colombia, en el contexto de la profundización del modelo extractivista en Colombia entre la globalización y el posconflicto. El texto se divide en tres partes: en la primera se reconstruye la problemática sobre la relación entre globalización y su impacto en los territorios, lo que ha afectado la política, la legislación y el medio ambiente. La segunda parte hace referencia a un marco referencial sobre las instituciones, los conflictos, la política sobre el territorio, los debates alrededor del espacio y la implementación a la Ley Zidres. Finalmente, en la tercera parte, se recogen los trabajos sobre estudios de caso, específicamente en relación con los impactos del modelo extractivista sobre en medio ambiente en Colombia.
Pablo Ignacio Reyes, en su artículo, presenta el proceso de globalización como un fenómeno contemporáneo, en la fase neoliberal del capitalismo global, en su relación con el derecho. Esto para explicar cómo, desde la Constitución Política de 1991, se articula en Colombia el territorio nacional con los intereses económicos globales, lo que explica el contexto económico, jurídico y político de las negociaciones y la implementación de los acuerdos de paz en un país que quiere dejar un largo conflicto armado y construir una paz larga y verdadera, con justicia social y ambiental. La transformación de los Estados en términos de la implementación de sus políticas asociadas a la globalización económica entra en contradicción con los compromisos de reconocimiento de sus bienes culturales y ambientales, asumidos internacionalmente. De modo que se sacrifica la riqueza hídrica y ambiental y aumenta escandalosamente sus niveles de corrupción, produciendo más miseria, pobreza y desigualdad.
Fabio Andrés Rojas da cuenta del momento coyuntural que afronta la sociedad colombiana luego de la suscripción del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, como una oportunidad para consolidar una política respetuosa del ambiente en las relaciones cotidianas de los colombianos. El autor plantea que la consolidación de una “paz ambiental” es posible si se entiende la potencialidad y las limitaciones del derecho ambiental colombiano.
Mariela Inés Sánchez reflexiona sobre la problemática de la desconexión del hombre con el mundo, la ética del medio ambiente y su relación con la sostenibilidad de la paz en el ámbito social. Para ello se abordan las posibles causas de la desconexión del ser humano con los problemas de la naturaleza y las acciones que podrían mitigar dichas problemáticas.
David Antonio Giraldo y Hugo Ernesto García proponen mostrar los diferentes momentos de tensión entre la normatividad agraria y la realidad social para abordar las posibles contradicciones que se dan entre el fortalecimiento del modelo neoliberal, que se escenifica en la ley Zidres, y las reivindicaciones subalternas que se podrían lograr con una nueva Reforma Rural Integral. Se trata de un tema que, hasta el día de hoy, es una deuda social y política por parte del Gobierno nacional con la población campesina.
Laura Carolina Castañeda y Yilson Beltrán muestran la potencialidad que tiene tanto la literatura como los mitos de origen de la diversidad onto-epistemológica del mundo para pensar otros modos de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. En este sentido, proponen cambiar el imaginario de “las locomotoras del desarrollo” como políticas de muerte, proponiendo pensar la paz en Colombia, en el marco de los “post-acuerdos” de paz, desde los mitos de origen y la literatura que promueven la vida.
Ivonne Patricia León aborda la profunda crisis de las instituciones con la larga cadena de odios y resentimientos acumulados durante más de cincuenta años de conflictos —que registran 7 millones de casos de desplazamiento interno, 218 mil personas asesinadas y 8 millones de víctimas—, sumado a la creencia de que “todo cambia para que siga todo igual” en la llamada “democracia más antigua” de América Latina. Desde este punto de partida, la autora propone avanzar en la forma en que se ha estructurado el proceso de exclusión y desigualdad, así como en la forma en que los otros son incluidos y excluidos con ocasión del conflicto armado, la lucha ideológica y las propuestas de paz, para explicar las lógicas de desconfianza que subyacen tras el futuro de los acuerdos de paz.
Darío Restrepo, Diana Carolina, Arnold Danilo Ojeda, Daisy Johana Moreno y William Chavarro abordan los conflictos no-armados, en Colombia. Aquellos conflictos socioculturales que trascienden en disputas de clase, raza y que son asociados a modelos de desarrollo extractivista y agroindustrial, guiados por la acumulación, y que operan por medio de políticas de centralización-descentralización, control y ordenamiento del territorio para la concentración del uso de la tierra, el agua y la naturaleza.
William Chavarro plantea un debate crítico al enfoque territorial en el diseño de política agrorrural asociada con el modelo industrial en el modelo de planificación del desarrollo, proponiendo una nueva definición y forma de manejo de territorios rurales y de sus comunidades. Para el autor, la historia de la narrativa de la “desagriculturización” y sus alternativas de integración productiva al mercado —a través de la “bancomundialización” de la agricultura asociada al crecimiento y la acumulación del capital— induce a sobreestimar el escenario de oportunidades para el desarrollo y, al mismo tiempo, subestima la agricultura campesina, heterogénea y variada, que es despojada y desplazada de su territorio.
Milton Pérez Espitia presenta las lógicas espaciales asociadas a la relación entre sociedad y naturaleza en Colombia, evidenciada en unas topografías del territorio, que despliegan algunas comunidades a partir de ciertos elementos espaciales, tales como el latifundio, el capitalismo, las ciudades metropolitanas, los Estados modernos y los asentamientos indígenas, afrodescendientes y campesinos. La visión de la apropiación de la naturaleza como dominio es confrontada con la noción de protección, valoración y cocreación socionatural a partir de las comunidades asentadas en su territorio.
Daniel Libreros, Miller Dussán, Yeison Javier Aldana, Libia Alejandra Pineda y Tania Carolina Lugo realizan un seguimiento a las graves consecuencias sociales y ambientales que ha dejado la construcción de las grandes represas en el país durante las últimas décadas. En el texto se muestra que, lejos de ser fuentes de “energía limpia”, estas obras constituyen una de las expresiones más acabadas del extractivismo. Reivindicar las “víctimas del desarrollo” asociadas a esta problemática constituye una de las urgencias políticas del momento para consolidar el posconflcitio, en medio de la apuesta gubernamental de profundizar el extractivismo.
Camilo Andrés Salcedo, Daniel Santiago Roldan y Felipe Ovalle Villareal, desde el enfoque de la ecología política, indagan sobre las tensiones existentes entre la construcción de la paz territorial —en disputa entre el Gobierno nacional colombiano, las FARC y los movimientos sociales— y los conflictos que campesinos, indígenas y pescadores tienen por la creciente privatización de territorios comunes, por los proyectos piscícolas hidroeléctricos y mineros en la cuenca alta del río Magdalena en los departamentos de Tolima y Huila.
Finalmente, Niyireth Fernanda Gutiérrez Montenegro analiza las afectaciones territoriales por los factores subyacentes al conflicto armado en los resguardos Emberá de Chidima, Tolo y Pescadito en la región del Darién Chocoano —zona norte del departamento del Chocó—, y expone el fenómeno del despojo territorial por parte de colonos y empresarios territoriales a estas comunidades étnicas durante entre los años 2000 y 2006.
Combinamos aquí diversas dinámicas de trabajo, investigación, acción y resistencia de y desde los territorios colombianos, acompañando y reconociendo el rol de las comunidades locales en la investigación, así como reiterando la misión intelectual, social y ambiental que tenemos como profesores colegas, estudiantes, egresados y líderes de organizaciones sociales. Se espera contribuir al debate de la problemática y a las alternativas para una verdadera paz con justicia social y ambiental.
REFERENCIAS
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Notas
1“Los estudios de justicia hídrica buscan influir en el debate y apoyar las estrategias de la sociedad civil para lograr políticas de gestión del agua más democráticas, mecanismos de resolución de conflictos de agua más efectivos y una distribución más justa de los recursos hídricos” (Kousis citado por Pérez Rincon, 2014, p. 77).
2Datos aproximados. Todavía no se tienen los datos en km2.
3https://caracol.com.co/radio/2018/07/08/ecologia/ 1531072566_733522.html
PARTE I
GLOBALIZACIÓN Y AMBIENTE: DERECHO, ECONOMÍA Y TERRITORIO EN COLOMBIA
PABLO IGNACIO REYES BELTRÁN*
INTRODUCCIÓN
La globalización en sus diferentes manifestaciones —económica, cultural, política y social— es una amenaza a la autonomía y soberanía de los pueblos —naciones— en relación con las decisiones sobre su destino. Los diferentes tratados bilaterales en materia de inversión extranjera han llevado a una relativa pérdida de soberanía de los Estados — principalmente los periféricos o subdesarrollados—, que los conduciría a recurrir, ante un conflicto de intereses, a laudos arbitrales realizados por tribunales privados e internacionales— como el CIADI o la OMPI—. Allí los intereses económicos de los inversores extranjeros —empresas multinacionales— se sobreponen al principio del interés público que representan los Estados, como único sujeto de derecho que encarna el interés nacional.
En este sentido, es necesario realizar una aproximación crítica a las posibles implicaciones de las decisiones arbitrales que tomarían estos organismos respecto a la inversión extranjera directa (IDE) en zonas consideradas estratégicas y protegidas por la legislación colombiana —zonas de reserva campesina, parques nacionales, territorios ancestrales—, en las cuales hay un especial interés de las grandes multinacionales, entre otros factores, por su potencial agrícola, minero, energético, biológico e hídrico.
Existen diferentes instancias estatales y no estatales que impulsan la globalización, como potencias económicas, mercados financieros globales, los tribunales penales internacionales, organismos multilaterales, las empresas transnacionales, el nuevo cosmopolitismo social, los tribunales de arbitramento privado, entre otras. Estas hacen que la soberanía y la autonomía de los Estados sean más vidriosas, ante el elevado crecimiento de la interdependencia con las multinacionales como nuevos actores de origen privado en el ámbito internacional. La formación de instituciones públicas y privadas de origen internacional han multiplicado las fuentes de poder político y jurídico, que ya no tienen como referente el tradicional Estado nacional. Se estructuran una infinidad de actores del orden político, social y privado que participan continuamente en la creación de normas y legislaciones, tanto nacionales como internacionales, que buscan crear una institucionalización que solape o ensamble los distintos niveles del Gobierno: local, bilateral y transnacional, donde interactúen los actores políticos y sociales de estos.
La noción de soberanía —concepción heredada de la conformación del Estado nación en el siglo XIX— se ha empezado a cuestionar, ante las nuevas gestiones compartidas que se establecen en los procesos de integración y que se articulan de manera deslocalizada, como característica fundamental de la globalización. Esta infinidad de procesos económicos, culturales, jurídicos, políticos y sociales, crean una multiplicidad de flujos y sistemas mundiales con objetivos compartidos, que involucran a los organismos gubernamentales y no gubernamentales, los cuales cooperan en redes mixtas público-privadas. Lo anterior, pone en evidencia la fragilidad de los Estados contemporáneos para mantener su soberanía, independencia y autonomía frente a estas interacciones que vinculan lo local con lo global y viceversa. Esto porque se enfrentan a un mundo cada vez más interdependiente e interconectado por prácticas técnicas y administrativas que decodifican los espacios nacionales para re-decodificarlos hacia los ámbitos globales. Allí, las nuevas tecnologías, políticas y actores privados no responden a marcos políticos nacionales sino al acoplamiento entre las relaciones sociales locales y las globales.
En síntesis, la fase de ajuste estructural —políticas de ajuste estructural—, a partir de los ochenta y noventa en la región latinoamericana y adoptada por el Estado colombiano en los noventa, fue el inicio del proceso de redefinición del aparato estatal en una serie de reconfiguraciones adaptativas a la globalización —principalmente la económica—, donde determinados elementos constitutivos del territorio, el Gobierno y el derecho se articulan con novedosos procesos de interdependencias entre los Estados y actores de origen privado provenientes del ámbito global y nacional. Este proceso exige la consolidación de un Estado con mecanismos claros de regulación económica y social en lo interno, además de una fuerte coherencia con los mercados globales en lo externo. Lo anterior, está transformando los conceptos de clásicos de soberanía, autodeterminación y autonomía política, además de afectar la construcción nacional del territorio, la autoridad y el derecho.
En este aspecto, el Estado pierde paulatinamente la autoridad exclusiva sobre el territorio debido a las instancias institucionales supranacionales, por lo que muchos de los procesos globales se encuentran en el ámbito nacional y se produce una desnacionalización especializada, donde el derecho juega un papel fundamental. Ha aumentado la especialización de los frenos y contrapesos de las diferentes ramas del poder público, y se expresa en una mayor autonomía del poder judicial o con la consolidación de autoridades que no dependen del poder ejecutivo —como son los bancos centrales— y la retirada de la soberanía Estatal hacia esquemas de regulación mercantil de índole global y local, la cual es capturada por poderes mundiales fácticos como son los organismos multilaterales, entre los que están: el FMI, el BM y la OMC.
Este amplio espectro de autoridades privadas, que incluye sistemas ya existentes, produce una amplia gama de normas de características privadas —derecho neoespontáneo o lex mercatoria—, las cuales han sido identificadas con un conjunto normativo de carácter supranacional, desligado de los Estados, con la suficiente autonomía, especialización e independencia para incidir en ellos. Los ejemplos más evidentes son los arbitrajes o autoridades privadas —la OMC y el CIADI—, que influencian y orientan los sectores de las economías nacionales, ante los intereses de actores globales, como las multinacionales.
Esta nueva normatividad autorregulada la desarrollan sectores e instituciones influenciados por grandes multinacionales. El reconocimiento de la nueva lex mercatoria del derecho internacional privado, que tuvo sus desarrollos en el siglo XIX (pensamiento jurídico cálcico-pjc), es impulsado por actores de origen privado, como empresas transnacionales —en su mayoría norteamericanas— en el comercio internacional, lo cual configura un cuerpo normativo apoyado por los usos, prácticas y costumbres de esta actividad mercantil, donde el precedente es fundamental.
La entrada en vigor de la nueva Constitución Política, promulgada en el año de 1991, estructura en su articulado las instituciones del derecho mercantil (Narváez, 2002, p. vii). En este sentido, el preámbulo y los principios fundamentales de la nueva carta constitucional tienen estrecha relación con el mercantilismo y las áreas de interés del derecho regulatorio mercantil: el ambiente y los recursos naturales, la protección de los consumidores, la democratización del crédito, la privatización de los activos estatales, la apertura de mercados, entre otros aspectos.
Así, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, el establishment colombiano decide abrirse a la economía global siguiendo la ruta de la apertura económica. En este proyecto político y económico, los recursos naturales —minerales— y ambientales —mercados verdes—, la implementación de megaproyectos agroindustriales —palma, soya, caña de azúcar, entre otros— y, por ende, el territorio, serán los pilares fundamentales de las elites nacionales y transnacionales para enlazar el país con las nuevas relaciones mercantiles globales, en detrimento de los derechos sociales y multiculturales de la población colombiana establecidos en la Constitución de 1991.
Lo anterior origina varios interrogantes: ¿Qué libertad de decisión conservan los Estados nacionales frente al poder de las entidades supranacionales?, ¿cómo se ensambló el país jurídica e institucionalmente, a partir la Constitución de 1991, frente a los intereses económicos privados nacionales e internacionales sobre el territorio? En tal sentido, en el presente artículo se realiza una primera aproximación para responder estas preguntas. Para ello, nos proponemos el objetivo de establecer la forma en que el país se ensambló jurídicamente e institucionalmente, a partir de la promulgación de la constitución de 1991, como proveedor de materias primas mediante el extractivismo dentro de las relaciones globales del mercado.
Para responder los anteriores interrogantes, el recorrido del escrito será el siguiente: en primer lugar, se teorizará y examinará sobre la globalización y su relación con el derecho. En segundo lugar, se realiza una aproximación a la Constitución de 1991, en tanto es el punto de ruptura desde el cual el país se enfrenta a los intereses de unas elites locales que buscan internacionalizar la economía nacional. Finalmente, se presentan algunas precisiones críticas de cómo se está articulando el territorio nacional con los intereses económicos globales, lo que será de gran importancia para un país que está dejando un largo conflicto armado, y pretende construir una paz larga y duradera, con justicia social.
GLOBALIZACIÓN, DERECHO Y ESTADO
Al no ser el centro de investigación de este artículo, en primera instancia realizaremos una breve aproximación al término de globalización, el cual está cambiando de forma precipitada las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales en el planeta. No es fácil ver este concepto desde diferentes perspectivas, puesto que es un fenómeno históricamente reciente y en proceso de consolidación. Esta nueva fase de acumulación económica se caracteriza por la transnacionalización de los procesos productivos y se apoya en los avances científico-técnicos relacionados con la llamada tercera revolución industrial —exploración espacial, desarrollo de la energía nuclear, creación y uso de nuevos materiales (sílice, fibra óptica, fibra de vidrio, entre otros), avances en biotecnología, telecomunicaciones, tecnología satelital, informática, robótica, etc.—. Dicha fase impacta la economía, la política y la sociedad en su conjunto al integrar empresas transnacionales, mercados y consumidores a escala planetaria.
Este fenómeno global —e histórico—, que interconecta y vuelve interdependientes a los Estados nacionales, ha subsumido formal o realmente a los individuos y comunidades, por tanto, el globo terrestre no solo es una figura astronómica sino histórica. Es a partir de la globalización que el mundo comienza a ser taquigrafiado como aldea global o fábrica global, en donde se lleva a cabo un sin número de transacciones comerciales y movimientos de capitales, además, las personas no están atadas a sus, otrora, Estados nacionales. Lo anterior sugiere que estamos ante una comunidad mundial por sus características progresivas, armonizadoras y homogenizadas, donde la organización, funcionamiento y transformaciones de la vida social se producen por los avances técnicos, específicamente electrónicos. En este sentido, para Octavio Ianni (2006), “en poco tiempo las provincias, naciones y regiones, así como las culturas y civilizaciones son permeadas y articuladas por los sistemas de información, comunicación y fabulación agilizados por la electrónica” (p. 5).
