Kitabı oku: «Los feminismos en la encrucijada del punitivismo»
LOS FEMINISMOS EN LA ENCRUCIJADA DEL PUNITIVISMO
¿Es el ámbito penal y su esquema de víctimas y victimarios una forma adecuada para pensar y resolver conflictos? ¿Cómo producir leyes que protejan a las mujeres sin decantar en inflación penal? ¿Es la mejor alternativa —en todos los casos— prohibir aquello que consideramos indeseable o ilegítimo? ¿Cómo podríamos las feministas explorar los potenciales de una justicia reparatoria? ¿Qué sucede con el potencial simbólico del sistema penal (y sus efectos prácticos) una vez echado a rodar? ¿Qué grillas de inteligibilidad produce sobre los conflictos y las relaciones? ¿Lo penal es una herramienta, una forma de imaginar un conflicto o ambas cosas?
Este libro se propone aportar a una discusión urgente y necesaria respecto de los feminismos y el punitivismo. Así, reúne artículos de investigadoras feministas locales y de otras realidades regionales que resultan en insumos para el debate pero, también, para empezar a pensar en una agenda de trabajo. Puesto que, finalmente, las ciencias sociales que se precien de feministas no pueden evadirse del compromiso político de producir conocimiento en pos de un mundo más igualitario.
CECILIA VARELA es doctora en Antropología (UBA). Investigadora del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Antropológicas (UBA). Sus áreas de especialidad son antropología jurídica, género y comercio sexual. Se desempeña como docente en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Publicó artículos en revistas nacionales y extranjeras sobre políticas y percepciones en torno a la seguridad urbana, la campaña antitrata en Argentina y los procesos judiciales por trata de personas.
DEBORAH DAICH es doctora en Antropología (UBA). Investigadora del Conicet. Docente del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Es integrante de la Colectiva de Antropólogas Feministas (CAF) del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la mencionada facultad.
Es autora de Tras las huellas de Ruth Mary Kelly: feminismos y prostitución en la Buenos Aires del siglo XX (2019) y ha compilado I Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista (2014), Género y violencia en el mercado del sexo: política, policía y prostitución (2015, con Mariana Sirimarco) y Mujeres y feminismos en movimiento: politizaciones de la vida cotidiana (2018, con Mónica Tarducci).
DEBORAH DAICH - CECILIA VARELA
Coordinadoras
LOS FEMINISMOS EN LA ENCRUCIJADA DEL PUNITIVISMO

Índice
Cubierta
Acerca de Los feminismos en la encrucijada del punitivismo
Portada
Presentación. En la encrucijada: feminismos y poder punitivo, por Deborah Daich y Cecilia Varela
1. Feminismo punitivo, por Tamar Pitch
2. Feminismo y derecho penal, una relación penosa, por Dolores Juliano
3. El discurso hegemónico sobre el acoso sexual, por Marta Lamas
4. Afecciones punitivas e imaginación política: des-bordes de la lengua penal, por Virginia Cano
5. Los feminismos entre la política de cifras y la experticia en violencia de género, por Catalina Trebisacce y Cecilia Varela
6. Performance de la fragilidad y el empoderamiento: reflexiones en torno del feminismo punitivo, por Agustina Iglesias Skulj
7. ¿Qué hubo de nuevo en la legislación penal argentina contra la trata de personas? Un primer análisis de lo que nos dejaron las leyes 26.364 y 26.842, por Marisa S. Tarantino
8. ¿“Todas las mujeres acusadas de tráfico internacional de drogas son víctimas de trata de personas”? Género, clase, raza y nacionalidad en los discursos sobre crimen organizado en Brasil, por Natália Corazza Padovani
9. ¿De mujeres de la noche y madamas a proxenetas? Una crítica feminista al punitivismo antitrata, por Melisa Cabrapan Duarte
Las autoras
Créditos
PRESENTACIÓN
En la encrucijada: feminismos y poder punitivo
Deborah Daich y Cecilia Varela
En los últimos años, tanto en nuestro país como en otras latitudes, hemos asistido a una verdadera revitalización y masificación del movimiento feminista. En la Argentina, la consigna “Ni una menos” (NUM) del 3 de junio de 2015 (3J) despertó una campaña en las redes sociales que llamó a ocupar las calles, acompañó la movilización de nuevas generaciones y nuevos grupos. Originalmente centrada en la violencia de género y los femicidios, el NUM supo luego insertarse en un ámbito mayor, el del feminismo y el movimiento amplio de mujeres, e incorporar sus históricas demandas (Daich y Tarducci, 2018a). Así, movilizaciones multitudinarias, y con una visibilidad inusitada, tuvieron lugar durante los últimos cuatro años, especialmente con motivo de los 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer– y la organización del Paro de Mujeres (luego, Paro Internacional y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries, Gordes e Intersex). Asimismo, si bien tenemos una larga historia de reivindicación feminista del derecho al aborto, recién el año 2018 nos sorprendió con la posibilidad de discutir el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el Congreso Nacional (Daich y Tarducci, 2018b). Entonces cientos de miles de personas participaron de las concentraciones y vigilias a favor del aborto legal, se multiplicaron los encuentros, las charlas y los debates al respecto, y las ciudades se tiñeron del color verde de la campaña. Perdimos la votación en el Senado, pero no el estado de movilización permanente ni el ímpetu por la reivindicación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Frente al avance conservador y de políticas neoliberales en toda la región, los feminismos nos encontramos, sin duda, en alerta, resistencia y acción. En la Argentina, por primera vez la derecha ganó las elecciones presidenciales con un partido político propio (y en una alianza de centroderecha, Cambiemos). Así, el 10 de diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió la presidencia del país y comenzó un nuevo régimen de carácter estrictamente neoliberal, con alto nivel de endeudamiento, un vaciamiento del Estado y una política de ajuste económico. El nuevo gobierno planteó una devaluación, una importante quita de retenciones y un aumento de tarifas en los servicios públicos que provocaron el nivel de inflación más significativo desde la hiperinflación de 1989; y, dada la contracción en el consumo y la inversión, la economía argentina se encuentra inmersa en una profunda recesión (Arceo, Barrera y Manzanelli, 2016). En el último período, la crisis cambiaria y el pedido de salvataje financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan una nueva etapa de ajuste fiscal y monetario, una reducción de los salarios reales como consecuencia de la devaluación, una nueva aceleración inflacionaria y una profundización de la recesión (Barrera et al., 2018). Ha aumentado el desempleo y caído brutalmente el salario real promedio, y continúa el cierre de empresas, lo que incrementó la pobreza. El megaendeudamiento, la aceleración inflacionaria en el contexto recesivo y un mayor ajuste fiscal signaron el comienzo de 2019 (Barrera et al., 2019).
La gestión Cambiemos ha mostrado un endurecimiento de la acción represiva del Estado: ataques del Ministerio de Seguridad a las organizaciones sociales, justificación y legitimación de la violencia policial, represión y judicialización de la protesta social e intentos de involucrar a los militares en la gestión de la seguridad interior, entre otras cuestiones. No solo la Argentina, sino toda la región, se ve comprometida en esta avanzada de la derecha neoliberal que atenta cotidianamente contra los derechos más básicos de las personas. De ahí que el movimiento feminista y amplio de mujeres nos enfrentemos al desafío de sostener nuestras agendas de lucha y, al mismo tiempo, debamos resistir los embates del neoliberalismo y defender los derechos conquistados.
Esta coyuntura en la que se combinan el fenómeno de la masividad de los feminismos y la emergencia de un gobierno identificado en principios neoliberales parece haber propiciado el actual debate respecto de los feminismos y el punitivismo; debate que, apenas unos años atrás, no parecía estar en agenda. A partir de 2015, la problemática de la violencia contra las mujeres adquirió una renovada visibilidad, en gran medida por el fenómeno del Ni Una Menos, centrado en el reclamo del cese de los femicidios.1 Ya en 2012 se había modificado el Código Penal para incorporarse la figura de femicidio, y días después de aquel primer NUM de 2015 se creó la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal, especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI). Empezaban también, poco a poco, los escraches en las redes sociales dirigidos a señalar a abusadores, acosadores, pedófilos y violentos (del ambiente del espectáculo y el rock, pero también varones de cualquier ámbito) bajo consignas como “Ya no nos callamos más”. Se hicieron públicas cada vez más denuncias de abuso y en 2018 se modificó el Código Penal haciendo del abuso de menores un delito de acción pública. Un poco antes, en 2016, a instancias de demandas e iniciativas de grupos de jóvenes feministas, la Legislatura porteña había creado la figura del acoso callejero, que fue incorporada al Código Contravencional. La denuncia de impunidad y la apelación al sistema penal estaban a la orden del día.
Esta apelación no era nueva. Para nosotras, que veníamos abordando las políticas antitrata y sus efectos sobre las trabajadoras sexuales (Daich y Varela, 2014), estas acciones y demandas tenían resonancias. La campaña antitrata comenzó a desplegarse en nuestro país en 2008 identificando a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, clausurando sus lugares de trabajo y criminalizando distintas inserciones en el comercio sexual. Más allá del debate respecto del estatuto de la prostitución y las confusiones y los solapamientos entre trata, explotación y trabajo sexual, el sentido fuerte que se instalaba a partir de estas intervenciones consistía en que el sistema penal era un instrumento adecuado para abordar los problemas de desigualdad social y de género que efectivamente existen en el mercado sexual. Una heterogénea coalición compuesta inicialmente por partidos de la izquierda trotskista, organizaciones ligadas a la Iglesia católica y grupos feministas –a la que pronto se incorporaron organizaciones de campo popular– parecía coincidir en sus demandas y priorizar la intervención punitiva, la ampliación de los tipos penales y el aumento de penas por sobre otras políticas sociales y de redistribución. Una de las consecuencias no previstas y paradójicas de la institucionalización de las políticas antitrata fue un inusitado índice de encarcelamiento de mujeres en comparación con el resto de los delitos (Varela, 2016).
Pocas voces advertían entonces que se estaba comenzando a coquetear con un feminismo para el que todo varón es sospechoso o enemigo y toda mujer, una víctima indefensa. Si de lo que se trataba era de “la guerra contra las mujeres”, ese sufrimiento requería penalización y sanción. Por supuesto que no estábamos ni estamos, de ninguna manera, avalando la violencia ni restándole importancia a su necesaria visibilización. En cambio, desconfiábamos de las posiciones maniqueas y la presentación homogénea de un campo de problemas. Aun reconociendo que la judicialización de las relaciones sociales y la emergencia de activismos centrados en la figura de la víctima son rasgos que caracterizan nuestra contemporaneidad y que exceden a los feminismos, nos formulábamos algunas preguntas en torno a la relación que se tejía entre feminismos, instrumentos penales y justicia: ¿es el ámbito penal y su esquema de víctimas y victimarios una forma adecuada para pensar y resolver conflictos?, ¿cómo producir leyes que protejan a las mujeres sin decantar en inflación penal?, ¿es la mejor alternativa –en todos los casos– prohibir aquello que consideramos indeseable o ilegítimo?, ¿cómo podríamos las feministas explorar los potenciales de una justicia reparatoria?, ¿qué sucede con el potencial simbólico del sistema penal una vez echado este a rodar?, ¿cuáles son los efectos prácticos de las intervenciones animadas en esa lógica?, ¿qué grillas de inteligibilidad produce sobre los conflictos y las relaciones?, ¿es posible discutir las herramientas penales sin discutir cómo caracterizamos una situación como un asunto penal?, ¿hasta dónde?, ¿lo penal es una herramienta, una forma de imaginar un conflicto, o ambas?, ¿cuáles son las diferencias y las continuidades entre las demandas de punición encauzadas a través del sistema legal y su resolución por intermedio de sistemas paralegales de castigo en las redes sociales? Reclamar leyes penales o actuaciones de las burocracias penales desde los feminismos parecía, al menos, contradictorio dada la posición desigual y desventajosa que las mujeres ocupan en el ámbito del derecho penal, tanto en su condición de víctimas como de responsables criminales. Al mismo tiempo, parecía difícil pensar que el sistema penal pudiera atender a la desigualdad social y económica que crea y recrea la violencia, ni apuntalar demandas de reconocimiento ni de redistribución.
Así pues, decíamos que esta coyuntura política, bajo la égida de un gobierno de derecha neoliberal, propició el debate respecto de los feminismos y el punitivismo. Comenzaron entonces algunas manifestaciones públicas que llamaron la atención respecto de la capilarización que habían alcanzado las lógicas punitivas. Recientemente, por ejemplo, en una entrevista Dora Barrancos sostuvo:
Una cosa es el escrache al genocida, porque hay impunidad. Pero cosas que tienen que ver con paridades de género tienen que ser bien ponderadas. Tiene que haber voces de mucha sororidad. Nosotras no podemos aterrorizar: hay algo que no se compadece con el feminismo, y es la punición. La punición es la matriz patriarcal. (Kemelmajer, 2019)
No se trata de un tema que no haya sido tematizado por la teoría feminista con anterioridad. Los trabajos pioneros de Tamar Pitch (1995) plantearon los límites del lenguaje de la victimización para modelar actores en la escena política, y también la pregunta acerca de por qué formular ciertos problemas sociales como problemas criminales. Si el lenguaje del derecho articula las demandas, puede que se esté privilegiando una supuesta función simbólica y pedagógica, pero se legitima también el poder coactivo estatal. Entonces, sugiere Pitch, se delega la definición de los problemas a las instituciones tradicionales. A la justicia machista, misógina y patriarcal, podemos acotar. Es decir, al reclamar una intervención punitiva, el discurso feminista legitima el sistema penal y se contamina de los discursos discriminatorios en los que este se funda (Birgin, 2000). No es nueva la problematización en torno a la relación de los feminismos con el “alcance imperialista del derecho” (Smart, 1995). Asimismo, la preocupación por la perspectiva feminista victimista y la construcción maniquea de un sujeto femenino impotente y oprimido frente a un sujeto masculino violento, dominador y explotador ha sido trabajada por autoras como Elisabeth Badinter (2003). La crítica feminista al sistema punitivo ha señalado también los problemas de la institución carcelaria y abogado por su abolición, en tanto el sistema penitenciario se asienta sobre el racismo y el clasismo, y produce y reproduce la violencia (Davis, 1981).
De manera más reciente, desde los feminismos poscoloniales y los estudios críticos del derecho, Ratna Kapur (2013) ha apuntado contra las visiones estadocéntricas del poder, promovidas por los enfoques que privilegian demandas de protección al Estado, principalmente bajo la forma de ampliación de los castigos. Su trabajo nos recuerda la complejidad de los circuitos a través de los cuales opera el poder y el hecho de que este no funciona solamente en términos de desigualdad y explotación, sino también como subjetivación. Por su parte, Elizabeth Bernstein (2010), en su análisis de la campaña antitrata en Estados Unidos, ha acuñado el término “feminismo carcelario” para describir aquellas posiciones feministas que aspiran a producir transformaciones sociales a través de una expansión del sistema penal.
En el ámbito local, cabe recordar la compilación pionera de Haydée Birgin (2000) acerca de las difíciles y conflictivas relaciones de las mujeres con el sistema penal, o “las trampas del poder punitivo”, en tanto el “avance del pensamiento teórico feminista resulta contradictorio con la preeminencia de ciertos discursos que otorgan legitimidad al poder punitivo como instrumento que puede dar respuesta a las reivindicaciones de las mujeres” (11). Recientemente, otros trabajos se han preguntado por la expansión de la lógica punitiva al interior de las comunidades LGBTI y feministas (Cuello y Disalvo, 2018) y sus efectos sobre los modos a través de los cuales los feminismos modelan sus demandas hacia el Estado (Trebisacce, 2018; Cano, 2016; Iglesias Skulj, 2017; Arduino, 2018).
Este volumen se propone, entonces, aportar a una discusión urgente y necesaria. Reúne artículos de investigadoras feministas locales y de otras realidades regionales que resultan insumos para el debate, pero, también, para empezar a pensar en una agenda de trabajo, puesto que, finalmente, las ciencias sociales que se precien de feministas no pueden evadirse del compromiso político de producir conocimiento en pos de un mundo más igualitario.
Tamar Pitch inaugura estas páginas con un texto que propone una agenda de investigación. Sus palabras preliminares anuncian las problematizaciones que siguen en los capítulos subsiguientes. ¿Qué es el feminismo punitivo? Pitch introduce la denominación para explicar las movilizaciones que, apelando al feminismo y la defensa de las mujeres en un contexto de centralidad de la víctima y la cuestión de la seguridad, se vuelven protagonistas de pedidos de criminalización. Dolores Juliano, por su parte, explora la relación entre feminismos y derecho penal, una relación que ella califica como “penosa”, ya que el sistema penal está centrado en un derecho androcéntrico que no solo criminaliza las decisiones sobre el propio cuerpo y castiga con mayor severidad a quienes no se ajustan a los estereotipos de género, sino que, además, no resuelve los problemas de las mujeres. En su artículo, Juliano llama la atención sobre la necesidad de que los feminismos apoyen las demandas de descriminalización de algunos colectivos en vez de reclamar más leyes represivas.
En el marco de la emergencia del #MeToo, movimiento protagonizado por actrices de Hollywood, pero con enormes resonancias en nuestro contexto, Marta Lamas interroga los supuestos del discurso hegemónico sobre el acoso sexual elaborado por el “feminismo de la dominación”, poniendo en relieve el vínculo entre punitivismo y puritanismo. Su trabajo nos muestra cómo aquellas perspectivas que orbitan en torno al sujeto víctima y que apelan de manera privilegiada a los resortes del sistema penal parecen articularse perfectamente con visiones puritanas de la sexualidad para las cuales cualquier requerimiento o insinuación sexual degradan por sí mismos la “dignidad” de la mujer.
En este contexto de extrema capilarización de los discursos en torno al acoso y la violencia de género, Virginia Cano pone su mirada sobre la expansión de las lógicas punitivas al interior de nuestras comunidades militantes. Los desbordes de la lengua penal han provocado que aquellas herramientas diseñadas otrora para protegernos de otrxs imaginadxs distantes se hayan convertido en un mecanismo privilegiado para atravesar conflictos y tramitar sufrimientos al interior de nuestros espacios afectivos y militantes. Su trabajo explora la lógica que vehiculiza los escraches como una tecnología subjetivante que alienta escisiones, atomizaciones y aislamientos en un proceso que alimenta la individualización de las responsabilidades.
El paradigma de la violencia de género no es solo un cúmulo de legislaciones y protecciones penales, sino también un marco de interpretación sobre las relaciones de género, contiene una epistemología, esto es, un modo de producir y validar su propio saber. Así, Catalina Trebisacce y Cecilia Varela exploran los supuestos epistemológicos y las elecciones metodológicas implicadas en la construcción de cifras de femicidios en un contexto global de política de cifras. Esta crítica que cuestiona el privilegio adquirido por las estrategias cuantitativas intenta proyectar una vía alternativa para producir conocimiento sobre las experiencias de subalternización de las mujeres y otras poblaciones abyectas desde una inspiración epistemológica feminista.
Desde una criminología transfeminista, Agustina Iglesias Skulj explora las derivas punitivistas de los feminismos. Fundamentalmente, le interesa preguntarse por los criterios de selectividad que definen las experiencias que pueden ser politizadas dentro de la matriz de inteligibilidad de la violencia de género en un contexto neoliberal. Su análisis plantea con agudeza que las críticas al feminismo punitivo necesitan trascender los postulados garantistas del Estado liberal de derecho, tanto como la mera relegitimación del poder punitivo en clave de género, a través de la proliferación de protocolos, guías de buenas prácticas y experticias. Desde su perspectiva, las críticas necesitan dirigirse hacia el carácter productivo de la criminalización al analizar cómo una determinada perspectiva de género ha fijado nuevos objetivos y estrategias para gobernar a las mujeres cis y trans y a la disidencia sexual y de género.
A ya poco más de diez años de la ley 26.364 que tipificó el delito de trata de personas, Marisa Tarantino realiza un balance en torno a lo que nos dejaron las leyes antitrata. A partir de la discusión doctrinaria y el análisis de fallos judiciales, explora los modos a través de los cuales las categorías “vulnerabilidad”, “consentimiento” y “dignidad” fueron dotadas de sentido por las operadoras y los operadores judiciales. Su análisis nos muestra que la “perspectiva de género” que alentamos en las políticas criminales no es un asunto autoevidente y que es necesario reponer las perspectivas feministas que están en juego en el debate de la prostitución. Dentro de este mismo campo de debates en torno a las políticas anti-trata, los trabajos de Natália Corazza Padovani y Melisa Cabrapan Duarte aportan, desde la antropología, conocimiento empírico respecto de algunas de las consecuencias de este paradigma en las poblaciones de trabajadoras sexuales y mujeres involucradas en el comercio de drogas. Padovani se centra en la producción de discursos humanitarios y de agentes estatales que vinculan el “crimen organizado” a nociones específicas de “victimización” de las mujeres del “tercer mundo” presas debido a sus actividades en el mercado de drogas brasileño. Así, se pregunta por la caracterización (y sus efectos) de las mujeres acusadas de tráfico internacional de drogas como víctimas de trata de personas, atendiendo a los atributos de masculinidad y feminidad en interseccionalidad con la raza y la nacionalidad. Por su parte, Cabrapan Duarte explora las trayectorias de mujeres que pasaron de ser trabajadoras sexuales a administradoras de establecimientos con oferta de servicios sexuales. Reconstruye, así, las trayectorias –y los significados atribuidos a ellas– de quienes experimentaron el pasaje de “mujeres de la noche” a “madamas” en la comarca petrolera neuquina.
Si las críticas en torno a las derivas punitivistas de los feminismos orbitan en muchos eventos, debates y conversaciones en el último tiempo, no está del todo claro aún cuál sería la agenda de este emergente feminismo antipunitivo. Mientras cada vez se tornan más audibles las preocupaciones en torno a los escraches de jóvenes varones en los colegios prestigiosos de la ciudad de Buenos Aires,2 la discusión parece no haberse ampliado aún hacia las poblaciones que han sido históricamente clientela del sistema penal. La comercialización de drogas a pequeña escala y el trabajo sexual representan formas –más o menos desesperadas según los casos, pero siempre feminizadas– de supervivencia dentro de la economía de ilegalismos de los sectores populares. Esto significa que sus ciclos vitales, expectativas y trama de apoyos y relaciones se encuentran regulados cotidianamente por la lógica del sistema penal. Como antropólogas, esto nos convoca especialmente a pensar que el impacto de lógica penal no se agota en el proceso jurídico formal que se le sigue a una persona –con las garantías del caso– cuando se sospecha que ha cometido un delito y su eventual encarcelamiento posterior. Se trata de un espacio que produce sujetos mucho tiempo antes y mucho tiempo después de ese evento y que no singulariza nunca sus efectos en un punto, sino que afecta toda una trama de relaciones.
Así, por ejemplo, incluye la amenaza siempre presente del allanamiento que puede poner en peligro los ocultamientos trabajosamente construidos en torno al trabajo sexual en razón del estigma que rodea estos intercambios sexo-económicos. Se hace visible en las dificultades –si no en las llanas imposibilidades– de acceder a las instituciones formales de justicia en tanto y en cuanto la propia subsistencia está reñida con la legalidad. Acontece cada vez que una economía familiar se ve afectada por el encarcelamiento de una mujer que funciona como sostén de hogar3 y que en virtud de esa misma responsabilidad es impulsada a asumir los riesgos del comercio de drogas o el trabajo sexual. Insistir en el carácter clasista y racista del funcionamiento del sistema penal no pretende jerarquizar las preocupaciones que la expansión de la lógica punitiva nos debiera concitar, pero sí reponer una vía de inteligibilidad del problema: es en estos espacios y en relación con estas poblaciones donde se ha conformado históricamente la lógica de la razón punitiva.
El enorme poder de convocatoria e interpelación mostrado por las movilizaciones del 3J/8M y por la discusión parlamentaria del aborto legal muestran que el feminismo es una enorme fuerza política de nuestro tiempo. Es necesario que, como proyecto emancipatorio, no dejemos a la justicia en el terreno de lo impensado. Se trata de una tarea que no puede agotarse en la corrección –a través de guías de buenas prácticas y protocolos– de la miopía propia de las burocracias judiciales. Implica desacoplar derecho y justicia para alimentar una imaginación feminista capaz de producir claves propias de formulación e inteligibilidad de los problemas. Como sostiene Tamar Pitch, en la hegemonía del lenguaje de la victimización son las soluciones penales las que parecen dictar los términos del problema. Los trabajos que presentamos aquí tienen la intención de despertar otras imaginaciones sobre las relaciones de género, las formas de tematizar la desigualdad social y los modos en que construimos y atravesamos los conflictos.
Bienvenido, entonces, el debate.
Referencias
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1. La consigna “Ni una (mujer) menos” evocaba los últimos femicidios, cubiertos y reproducidos hasta el hartazgo por los medios masivos de comunicación; traficaba en el imaginario colectivo con imágenes de crímenes terribles cometidos contra mujeres y adolescentes. Recién en las siguientes movilizaciones NUM se incorporaron demandas como el derecho al aborto y otras del orden de los derechos redistributivos (Daich y Tarducci, 2018b).
2. Los escraches y las denuncias entre los adolescentes comenzaron a ser problematizados por los mismos colectivos de jóvenes. Ver, por ejemplo, Eleonor Faur (2019).
3. Pues no hay que olvidar que vivimos en un contexto global de precariedad que, dadas las condiciones estructurales de desigualad, favorece procesos de feminización de la supervivencia donde el rol de proveedoras de las mujeres adquiere mayor importancia.
1. Feminismo punitivo
Tamar Pitch *
Defino como “feminismo punitivo” las movilizaciones que, apelando al feminismo y la defensa de las mujeres, se vuelven protagonistas de pedidos de criminalización (introducción de nuevos delitos en el ordenamiento jurídico) y/o de aumento de las penas por delitos ya existentes. Me ocuparé, en particular, de dos movilizaciones recientes: aquella que busca introducir una prohibición universal para la gestación subrogada (o gestación para otros, GPO) y aquella que busca, en diversos países, la introducción del llamado “modelo nórdico” de oposición a la prostitución a través de la criminalización del cliente. En el contexto anglosajón, donde el debate sobre el punitive turn de muchos de los feminismos –en particular en Estados Unidos y el Reino Unido– está mucho más desarrollado que en Italia, se habla de carceral feminism (ver, por ejemplo, el instructivo ensayo de Bernstein, 2012, y la bibliografía allí contenida; para un análisis reciente de la cuestión en español, ver Núñez, 2018).
En realidad, se puede también hablar de “feminismo punitivo” a propósito de movilizaciones mucho menos recientes, como aquellas que, denunciando la subestimación por parte de las instituciones hacia los agravios contra las mujeres (violencia sexual, violencia en las relaciones de intimidad), piden revisiones legislativas que introducen, de hecho, penas más graves y/o legitiman políticas de seguridad.
Las demandas de revisión de la legislación, en especial con relación al delito de violencia sexual, que se propusieron en casi todo Occidente entre 1970 y 1980, se focalizaban en dos cuestiones fundamentales: la redefinición del delito y/o, como en Italia, su transformación de delitos contra la moral a delitos contra las personas, y los cambios en el proceso judicial para impedir que la víctima se vuelva la imputada. Dos cuestiones razonables y necesarias, sobre todo con relación a su costado simbólico y cultural. En Italia, la propuesta de ley de iniciativa popular lanzada por el Movimiento por la Liberación de la Mujer en 1979 no preveía un aumento de la pena. Pero muy pronto se sumaron demandas más explícitamente punitivas, junto a demandas que de hecho disciplinan el ejercicio de la heterosexualidad y terminan por imponer, así, una nueva heteronormatividad basada en relaciones igualitarias y en un ejercicio de la sexualidad “dócil” y “tierna”, además de en una categorización de las mujeres como “víctimas” (Pitch, 2003). Hay que añadir que el modo en que el sexo y la sexualidad vienen construidos y percibidos cambia considerablemente en los años 80 y el subsiguiente período: se pasa de una visión positiva y dominante de la cultura de 1968 –donde el blanco de la polémica era sobre todo la familia tradicional, sus jerarquías, su autoritarismo (y el sexo, por lo tanto, era visto como el lugar y el instrumento de liberación y libertad)– a una negativa (el sexo como peligroso, siempre en riesgo de transformarse en violencia, y, por tanto, con la necesidad de enmarcarlo en precauciones y cautelas). Un cambio crucial que subyace a la actual extraña alianza entre algunos movimientos feministas y movimientos ultratradicionalistas inspirados en la Iglesia católica o en la evangélica, esta última particularmente influyente en Estados Unidos y en muchos países de América Latina: en las llamadas campañas “abolicionistas” en defensa del modelo nórdico de gestión de la prostitución, esta concepción de la sexualidad es del todo evidente (como es también evidente, por otra parte, una concepción tradicional de la familia en las campañas por la prohibición universal de la gestación subrogada).
La figura de la víctima ha adquirido centralidad dentro del contexto sociopolítico y cultural que se ha ido consolidando con los años (del paradigma de la víctima se habla cada vez más seguido), con relación a otros desplazamientos significativos, sea vinculados con la cuestión criminal (tanto en el modo de definirla y estudiarla como en los modos institucionales de lidiar con ella), o en lo que atiene al afirmarse en una cultura y de un imaginario neoliberal (Pitch, 2009; Simon, 2007; Garland, 2001; Garapon y Salas, 1996). Las movilizaciones feministas con relación a la violencia (o al menos algunas de ellas) han de hecho acompañado y a veces apoyado estos desplazamientos, y terminaron siendo utilizadas como una forma de legitimar virajes punitivos, de las que las recurrentes campañas por la seguridad son un ejemplo.
En Inglaterra, por ejemplo, criminólogos y sociólogos –que en el decenio precedente habían creado la corriente de la new deviance theory, con la cual deconstruyeron y criticaron tanto las teorías como las políticas criminales dominantes y contribuyeron así al nacimiento de lo que ha sido llamado “criminología crítica”– se convirtieron en “realistas de izquierda”, y colaboraron en la construcción de políticas “democráticas” de seguridad, y recogiendo, precisamente, entre otras, las demandas promovidas por los movimientos feministas. Ha sucedido también en Italia, a principios de los años 90, con el proyecto città sicure (“ciudades seguras”, al cual yo también he contribuido), que habría debido quitarle a la derecha la cuestión de la seguridad. Un error, y peligroso, como luego se ha demostrado (el último resultado, por ahora, es el escalofriante paquete de seguridad hace poco emitido por decreto del ministro del Interior de la anterior legislatura, de centro-izquierda). En este caso no ha habido demandas punitivas por parte de los movimientos, pero el énfasis puesto en la cuestión de la violencia y, consiguientemente, la virtual utilización de cada protesta y reivindicación en tal cuestión ha facilitado notablemente la legitimación del viraje punitivo.
La centralidad de la cuestión de la seguridad (entendida como disminución de la probabilidad de victimización individual) en el discurso público, en la retórica política, en los medios, a partir de fines de la década de 1970, ha sido documentada y analizada por una amplia literatura –histórica, sociológica, politológica, filosófica–. Yo misma he escrito sobre esto muchas veces. Es una centralidad que se verifica tanto en el plano local (la seguridad urbana y, más recientemente, la defensa del “decoro”, ver Pitch, 2015) como en los planos nacional y europeo. Precede a la caída del Muro de Berlín y a la desaparición del “imperio del mal”, precede al 11 de septiembre y a la emergencia del llamado terrorismo islámico. Es incluso curioso notar cómo nuestros “años de plomo” (así se denomina en Italia el período que transcurre entre 1972 y 1983 circa, en el que organizaciones terroristas de izquierda y de derecha ensangrentaron el país), los cuales ciertamente han producido un diluvio de legislación excepcional y de “emergencia”, no hayan sido acompañados por una retórica de ese estilo. Tampoco la centralidad de la seguridad puede ser adjudicada a la expansión de la criminalidad común: al leer las estadísticas, se ve cómo la marcha de los delitos que más alarma social suscitan (atracos, robos en departamentos, arrebatos, robos de carteras) ha sido fluctuante en todos estos años, sin picos tales que puedan justificar el aumento de la inseguridad personal. En cuanto a la criminalidad organizada, nacional y transnacional –que ha tenido un desarrollo espantoso gracias a la guerra contra las drogas, al comercio de armas y al tráfico de seres humanos, y ha contribuido a desestabilizar a países de América Latina–, en Italia y Europa no ha sido percibida ni utilizada como motivo de inseguridad (es tal vez una excepción, entre nosotros, la situación de Nápoles). En lo tocante a Italia, tenemos una tasa de homicidios muy baja: ha decrecido incluso la tasa total de homicidios, pero –y aquí el discurso se vuelve más complejo– ha aumentado, dentro de la tasa total, la cuota de homicidios de mujeres.
Si ni la criminalidad común ni la criminalidad organizada ni el terrorismo local e internacional pueden dar cuenta de algún modo de la centralidad de la cuestión de la seguridad en estos últimos treinta o cuarenta años, al menos en nuestra parte del mundo, ¿dónde debemos buscar las razones? La literatura sobre el argumento, a esta altura vastísima, señala varias: la declinación del Estado social, con la consabida disminución de muchas de las políticas de protección social conquistadas en los llamados Treinta Gloriosos (1945-1975), la creciente debilidad de muchos Estados nacionales (¡no todos!), el aumento de la desocupación y la precarización laboral, las migraciones, consecuencia a su vez de guerras y miseria producidas por una globalización intencionalmente no regulada, la financiarización de la economía, el crecimiento de las desigualdades, la pérdida de fuerza y consenso de los sindicatos y la desaparición de los grandes partidos de masas: así sería caracterizada la hegemonía política, económica y cultural neoliberal (entre otros, por Dardot y Laval, 2009). Esta promueve la privatización y la individualización, suscita la competencia de todos contra todos y una libertad personal entendida como libertad de escoger en el mercado, de comprar –pero también de vender– en primer lugar, a uno mismo y/o a partes de nuestro cuerpo. Es una inseguridad, por lo tanto, que no se combate con el sistema penal: más bien, puede fácilmente demostrarse cómo el uso –aunque simbólico– de lo penal no hace más que acrecentarla. La apelación a lo penal, y a su lenguaje, por el contrario, es el recurso preferido de lo que queda en pie de la política, en clave de búsqueda de consenso y de legitimidad. De toda la política, tanto en Italia como en otros lugares.
La racionalidad neoliberal, según los conocidos análisis de Wendy Brown (2006), se conjuga, al menos en Estados Unidos, con lo que ella llama la racionalidad neoconservadora, que predica las virtudes de la familia y del sexo tradicional, y promueve una heteronormatividad de características no tan diversas a aquella de cierto feminismo: igualdad, no violencia, bondad, etc. (Pitch, 2003). Sin embargo, el neoliberalismo no es solo la ideología de la libertad individual, de la responsabilidad de sí mismo, de la elección, del espíritu emprendedor, porque esta ideología tiene, ella misma, una fuerte impronta moralista.
Lo que llamo “feminismo punitivo” utiliza el sistema penal en la misma clave, y esto (además) porque la autoasunción del estatus de víctima parece hoy indispensable para ser reconocidas como protagonistas e interlocutoras políticas. Con un agravante respecto de veinte años atrás: que “nuestra” subjetividad política se construye a través de las definiciones de las “otras” como víctimas, con la consecuencia de que “nosotras” hablamos y las “otras”, las “víctimas”, son habladas por “nosotras” y, por lo tanto, reducidas al silencio. Si luego, como sucede, las otras quieren decir algo distinto, por ejemplo, refutando el estatus de víctimas, se puede siempre recurrir, tal vez dándole otro nombre, a la vieja categoría de falsa conciencia (Catharine MacKinnon, 2007, me parece, en este punto, un ejemplo paradigmático).
Nancy Fraser (2013), en un texto ya famoso, denuncia la cooptación de muchos feminismos (anglosajones) por parte del neoliberalismo, a través de la conversión de cuestiones políticas y sociales “estructurales” en cuestiones identitarias. Por lo tanto, en diferencias declinadas como identidades a valorizar y tutelar, más que desigualdades a combatir. Mucho puede decirse de este diagnóstico (ver, por ejemplo, Dominijanni, 2018) y de su significado en otros contextos sociales, políticos y culturales. Aquí, sin embargo, me importa poner en evidencia cómo la convergencia entre racionalidad neoliberal y cierto feminismo puede captarse no solo en la prevalencia de políticas de identidad por sobre políticas contra la desigualdad, sino también, justamente, en el apoyo de hecho –no importa cuán intencional– al lado punitivo y de seguridad del neoliberalismo, y además a sus vertientes moralizantes y conservadoras.
Antes de reflexionar brevemente sobre las dos campañas que he mencionado, quisiera decir algunas pocas palabras sobre aquel gran movimiento transnacional, iniciado en Argentina, llamado Ni Una Menos (en Italia, Non Una di Meno). Es un movimiento grande y complejo, compuesto en gran parte de mujeres jóvenes, por cierto no reducible a cómplice del punitivismo. Y, sin embargo, la centralidad del término (si no de la cuestión) “violencia” es discutible. “Violencia” y “femicidio” parecen haber suplantado a cualquier otro término (por ejemplo, “explotación”, “opresión”, “dominación”) en el lenguaje feminista, y esto es un problema, puesto que no pueden más que evocar la intervención de la justicia penal, arriesgándose a contribuir a la reducción de la política, justamente, a la política penal.
La demanda de una “moratoria universal” de la gestación subrogada no es más que, evidentemente, la demanda de una prohibición, cuya violación debe ser acompañada por algún tipo de sanción a padres y madres intencionales y a los intermediarios. La equiparación de la GPO a la esclavitud es, por decir poco, peculiar y requeriría una reflexión seria, en todo caso, sobre la “esclavitud voluntaria”. En Italia, la prohibición ya existe. Es fácil constatar que se aplica a eventuales madres intencionales, no a los padres, ya que nuestra legislación permite el anonimato a una parturienta, la cual, al no reconocer al neonato, deja abierta la posibilidad al padre biológico de reconocerlo como suyo. Lo que se demanda, al menos en Italia, es que de algún modo sean sancionados los padres y las madres sociales que han usufructuado del GPO en un país que la permite. ¿Cómo se los debería punir? ¿Multándolos? ¿Encarcelándolos? ¿Quitándoles a los niños? No es casualidad, a mi parecer, que quien solicita prohibiciones, por más universales o nacionales que sean, no se exprese sobre las sanciones a imponer a quienes infringen esas prohibiciones. A ellos, evidentemente, les parece que la prohibición es suficiente para detener la práctica. O bien, más probablemente, se contentan con el hecho de que esta práctica sea simbólicamente condenada: pero el destino de las leyes-manifiesto es ser desmontadas por los tribunales y las cortes constitucionales, como ha sucedido en Italia con la ley 40 sobre la procreación médicamente asistida. Sin embargo, no sin que antes estas leyes hubieran producido consecuencias perversas, como la estigmatización de los niños nacidos con este procedimiento, como también su incierto destino subsiguiente.
Es ciertamente posible que si existiese una “prohibición universal”, el recurso a la GPO se volvería bastante más difícil, pero es igualmente probable que quien pudiera permitirse pagar costos incluso más altos encontraría el modo de sortear el problema, como ya sucede con otros “bienes” prohibidos, como las así llamadas sustancias estupefacientes. Este mercado sería gestionado por algún tipo de criminalidad organizada, con gravísimas consecuencias para las portadoras y los niños nacidos de esta manera.
El principio jurídico mater semper certa est, muchas veces evocado como baluarte de la libertad femenina, es, de hecho, regulador de la mayor parte de las legislaciones europeas en materia de filiación. Si por un lado aparece en patente contradicción con la realidad de una situación en la cual la maternidad genética y la gestación son separables, por otro lado, no implica necesariamente una prohibición, sino, más bien, una reglamentación capaz de dejarle a la portadora, como se decía alguna vez, “la última palabra”. Esto no simplifica, de hecho, la cuestión relativa al tipo de reglamentaciones a prefigurar, pero, quizás, podría servir de principio guía (aunque, obviamente, dejaría de todas maneras abierta la cuestión de la maternidad genética: la asimetría natural entre las mujeres y los hombres respecto de la procreación no se limita a la gestación, ya que proveer óvulos es una cosa completamente distinta de proveer algunas gotas de esperma).
Muchos movimientos feministas europeos fundamentan la demanda por la introducción de una prohibición universal de la gestación subrogada a través de la construcción de las portadoras (a menudo racializadas) como “víctimas” de ricos aprovechadores que explotan su capacidad procreativa. Pero a este argumento se le suman otros que explican la alianza de estos movimientos con movimientos católicos y tradicionalistas. En primer lugar, un retorno no demasiado velado a la mística de la maternidad, vista como aquello que distingue a las mujeres de los hombres, o sea, como la encarnación de la diferencia sexual. La acusación a quien pretende utilizar la GPO es la de intentar apropiarse de la capacidad reproductiva femenina, en continuidad con su expropiación por parte del patriarcado. La diferencia sexual, que en el feminismo italiano de la llamada segunda ola indicaba el principio de la libertad política de las mujeres –y era por lo tanto un concepto privado de referencias esencialistas e identitarias–, viene transformada en un principio natural y biológico, es decir, justamente, esencialista e identitario.
Está luego la cuestión de la prostitución, desde siempre un tema controversial en el feminismo, a partir de su definición misma: ¿trabajo sexual o esclavitud? Las mujeres que venden servicios sexuales ¿son por esto mismo víctimas, siempre y en todo lugar? El llamado “modelo nórdico”, adoptado primero por Suecia y luego en Francia y en otros países europeos y recomendado por la Unión Europea, se basa en este punto: la prostitución no es nunca voluntaria, las mujeres siempre son víctimas. Si es así, entonces debe criminalizarse a quien adquiere servicios sexuales. Existen muchas investigaciones sobre las consecuencias de esta legislación y aun en este caso los resultados son controversiales. Quienes se encuentran a favor de este modelo –que toma el nombre de “abolicionista” (no solo de la explotación de la prostitución, sino de la prostitución misma)– hacen hincapié en la drástica disminución de las mujeres que se prostituyen en la calle. Quienes se pronuncian en contra, en cambio, muestran datos sobre cómo la vida de quien se prostituye se volvió mucho más difícil e insegura (Serughetti, 2013). En el modelo nórdico, la criminalización del cliente se acompaña de medidas tendientes a ayudar a las mujeres que deciden dejar la calle: aquellas que, en cambio, no lo desean, dicen algunas investigaciones, sufren una estigmatización adicional. Aquí no me interesa tanto entrar en el debate sobre “prostitución igual violencia y explotación” contra “prostitución igual trabajo”. Para muchas personas (no todos los que venden servicios sexuales son mujeres) la elección de prostituirse no es ciertamente “libre” (aunque podría decirse que esto vale también para muchos otros trabajos). A menudo, sobre todo para las mujeres migrantes, se trata de verdaderas y propias coerciones y reducciones a la esclavitud. Pero las coerciones, la trata y la reducción a la esclavitud son ya delitos (tal vez no perseguidos con suficiente eficacia). La demanda por parte de los movimientos feministas de sanciones a quienes compran servicios sexuales (el modelo nórdico) tiene, a mi parecer, consecuencias perversas que no tienen solo que ver con volver mucho más difícil e insegura la vida de quien se prostituye. Esta demanda, de hecho, otorga nueva legitimidad a la justicia penal, de la que no se ven, o voluntariamente se ignoran, los aspectos clasistas, racistas y sexistas, lo que, para movimientos que luchan por la libertad femenina es, por lo menos, contradictorio. El núcleo revolucionario del feminismo de la segunda ola pierde así potencia y el feminismo mismo queda reducido a una mera demanda de inclusiones en el mundo masculino. Es el llamado feminismo institucional el que gana en términos de reconocimiento de voice y representación de las mujeres, al costo de un paternalismo que, en cambio, niega voice y, por lo tanto, subjetividad a las mujeres que dice representar, reducidas a víctimas o a víctimas potenciales. Dado que, como decía, “víctima” es la otra cara del sujeto neoliberal, se cumple así la cooptación de las demandas feministas por parte de la gobernabilidad neoliberal.
¿Quiero decir con esto que quien sufre violencia, coerción o reducción a la esclavitud no sea una víctima? Naturalmente no. Esa persona, en efecto, fue una víctima, pero solo con relación al delito que se ha cometido en su contra. ¿Y este delito no debería ser perseguido penalmente? Ciertamente debe serlo. Y aquí la crítica feminista de los modos de proceder de la justicia penal en los conflictos de mujeres víctimas de violencia y demás no solo es útil, sino necesaria. La subestimación de las ofensas hacia las mujeres por ser mujeres, su frecuente revictimización en el curso de las indagaciones y del proceso penal, la óptica machista de muchos jueces (y muchas juezas lamentablemente) no solo en los procesos penales, sino también en las causas de separación y divorcio, son escandalosas. Por lo tanto, bien hacen las feministas en luchar contra esta justicia y por una justicia menos enemiga de las mujeres (un ejemplo clamoroso: las protestas que han llevado adelante las españolas después de la sentencia del caso de la Manada, en el cual un estupro colectivo ha sido rebajado a “abuso”). Otra cosa, sin embargo, es pedir la introducción de nuevos delitos; estas demandas de hecho reducen la política a una política penal y perpetúan una ilusión demasiado fuerte en la sociedad de hoy: que la justicia penal sea la panacea contra todos los males, la solución adecuada y eficaz para cada tipo de problema. En realidad, es mucho más probable que este tipo de demandas avancen confiando en el potencial simbólico de lo penal, el cual es por cierto un recurso “político”, y como tal es utilizado masivamente por parte de la política tradicional, a través de la producción de leyes-manifiesto, promulgadas no tanto para afrontar un problema como para ganar consenso, con el resultado de estimular los peores instintos de mucha gente y de fomentar la demanda de más cárcel, y más cárceles, por cualquier motivo (hoy, en Italia, en particular para los migrantes, para quienes en el llamado “contrato de gobierno”, realizado entre los dos partidos ganadores en las últimas elecciones, se prevén no solo centenares de miles de expulsiones, sino también la confirmación y la extensión del “delito” de inmigración “clandestina”). A través del recurso al potencial simbólico de lo penal se buscan reconocimiento y legitimación, pero al costo, como decía, de la renuncia al núcleo revolucionario del feminismo.
Un principio irrenunciable del garantismo penal es la nulla lex poenalis sine necessitate (Ferrajoli, 1989). Esto significa que, donde sea posible, debe intervenirse sobre comportamientos concebidos como dañosos y ofensivos, pero con instrumentos distintos de los del derecho penal. ¿Los dos casos citados no son abordables de otras maneras? Si incluso considerásemos a la prostitución y la gestación subrogada como dañinas, la primera para las mujeres que se prostituyen, la segunda para las mujeres portadoras y eventualmente para los niños nacidos de esta manera, ¿la prohibición penal es el único modo de oponérseles? Considero, como he intentado argumentar, que, por el contrario, la prohibición penal sea demandada por razones sobre todo simbólicas, pero que los efectos reales y simbólicos de la prohibición misma sean devastadores, tanto para aquellos a los que se quiere tutelar como para la naturaleza del movimiento promotor y, por lo tanto, del feminismo al que este movimiento pretende hacer referencia.
Referencias
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DARDOT P. y C. LAVAL (2009), La nouvelle raison du monde, París, La Découverte.
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FRASER, N. (2013), Fortunes of Feminism, Londres-Nueva York, Verso.
GARAPON A. y D. SALAS (1996), La République pénalisée, París, Hachette.
GARLAND, D. (2001), The Culture of Control, The University of Chicago Press.
MACKINNON, C. (2007), Are Women Human? And other international dialogues, Boston, Harvard University Press.
NÚÑEZ, L. (2018), El género y la ley penal: critica feminista de la ilusión punitiva, Universidad Autónoma de México.
PITCH, T. (2003), Responsabilidades limitadas, Buenos Aires, Ad-Hoc.
– (2009), La sociedad de la prevención, Buenos Aires, Ad-Hoc.
– (2015), Contra el decoro y otros ensayos, Buenos Aires, Ad-Hoc.
SERUGHETTI, G. (2013), Uomini che pagano le donne, Roma, Ediesse.
SIMON, J. (2007), Governing Through Crime, New York University Press.
* Traducción del italiano por Cecilia Tossounian.
2. Feminismo y derecho penal, una relación penosa
Dolores Juliano
La mirada recelosa
La relación entre las mujeres y el derecho es una relación controvertida y difícil, pero aún más difícil es la relación entre feminismo, como movimiento y horizonte de pensamiento, y el derecho penal.
Tamar Pitch, “Justicia penal y libertad femenina”
Todas las sociedades recurren a las normas para garantizar una convivencia poco conflictiva. Estas normas no siempre son explícitas, pueden hacer referencia a vagas costumbres, a la voluntad divina o a “lo que se hizo siempre”. También pueden estar sistematizadas en cuerpos legales, los que tienen la ventaja de ser más claros y el inconveniente de ser más rígidos. Todos los sistemas normativos, sin embargo, tienen algo en común: si bien protegen a los que tienen menos capacidad de hacer valer sus derechos de la arbitrariedad de los más fuertes, simultáneamente pueden utilizarse para controlar a los sectores más débiles de la sociedad, ya que el ejercicio de la capacidad de controlar es un monopolio del poder. De este modo coexiste un doble discurso, el que legitima el sistema normativo como garantía de los derechos de los más débiles y el que recela de él, dado que su redacción, interpretación y aplicación las realizan siempre sectores dominantes. Las leyes penales tienen como aspecto positivo que señalan con claridad qué conductas son consideradas aceptables dentro de la sociedad y cuáles se rechazan, con lo que poseen una eficacia normativa en sí mismas al formar parte de un discurso explícito sobre la convivencia. Mucho más dudosa es su eficacia disuasoria, ya que las penas de prisión no evitan la reincidencia de los delincuentes y el aumento de los castigos no se corresponde con una disminución de los delitos. Esto puede constatarse en España en que, después de más de diez años de la implementación de un aumento de las condenas para los autores de violencia de género, se mantiene casi constante el número de mujeres asesinadas cada año.
Además, las leyes reflejan el equilibrio de fuerzas existente en cada sociedad, por lo que los sectores dominantes tienen más protección que los subalternos. Si no cambian las relaciones sociales, es muy difícil que las leyes modifiquen esta situación. Así, en sociedades androcéntricas como las nuestras resulta más urgente y eficaz trabajar para cambiar las costumbres que la legislación, aunque esto último es más fácil.
Por otra parte, en los últimos años se están produciendo cambios legales que ven en el sentido de pasar de un marco normativo garantista, en la línea de la defensa de los derechos humanos, a una tendencia crecientemente punitiva. Este cambio es especialmente peligroso porque aumenta la vulnerabilidad de los sectores con menos poder, mientras que no incrementa los castigos para los “delitos de cuello blanco” ni pone límites a las arbitrariedades policiales. Por esto puede afirmarse, subrayando el aspecto controlador de la justicia, que “la dominación que ejercen unos individuos sobre otros se ejerce, entre una variedad de recursos, mediante el empleo de los preceptos jurídico-normativos de derecho escrito o de los mandatos que emergen del derecho jurisprudencial” (Bergalli, 2009: 7). Esta máquina de dominación atrapa frecuentemente a los más débiles. Ya señalan el peligro algunas juristas:
Las nuevas políticas de control se dirigen preferentemente hacia las infracciones menores […] bajo la aparente necesidad de combatir la tolerancia hacia la desviación y el delito como causa preferente del generalizado sentimiento de inseguridad ciudadana […] esto marca el punto de partida de un intervencionismo estatal crecientemente disciplinario. De este modo compensa el Estado su retirada de la arena económica y el retroceso de su papel social. (Maqueda Abreu, 2008: 19)
Pero el control, y el poder que de él se desprende, se realiza fundamentalmente sobre los cuerpos (Alburquerque Mendes da Silva, 1991; Esteban, 2002, 2004), y estos cuerpos están sexuados; de ahí el interés que tiene el análisis del tratamiento jurídico de la especificidad sexual y de los riesgos de que el sector con menos poder sea el que padezca en mayor medida. En un sentido amplio, son las mujeres las que se han considerado tradicionalmente como el “otro” que se controlaba a través de prácticas y discursos restrictivos y, entre ellas, las que más se apartaban de las normas a través de las cuales se las definía y encasillaba han sido siempre estigmatizadas pero también sancionadas legalmente.
El feminismo, que a través de sus múltiples concreciones mantiene su deseo de escuchar la voz de todas las mujeres, incluso de las más silenciadas y marginadas, tiene que ser consciente de esta doble vertiente del derecho, sobre todo en el momento actual en que resulta evidente el uso de recursos judiciales para neutralizar propuestas de gobiernos populares o de reclamaciones sociales. Tales serían los casos de Brasil, Argentina, Ecuador (y otros países de América Latina), o de la prisión de dirigentes políticos catalanes en España. Este desproporcionado crecimiento del poder judicial sobre todas las otras instancias es la consecuencia de cambios en los códigos penales, que se han ido endureciendo en las últimas décadas en un proceso constante de tipificar como delitos todas las manifestaciones de disidencia.
El cambio hacia una sociedad crecientemente punitiva se da dentro de un contexto mundial globalizado, donde se destinan muchos más recursos a cerrar las fronteras a los inmigrantes y refugiados1 que a fomentar el crecimiento económico, y donde los problemas sociales se han agravado al mismo tiempo que se les niega su expresión. Nancy Fraser (2008) señala que la actual situación genera problemas de definición de la justicia ya que, al superar su anterior límite nacional, los juristas salen del marco de la legislación compartida y deben hacer compatibles demandas basadas en principios diferentes; a esto lo llama “heterogeneidad radical en el discurso sobre la justicia”, lo que al mismo tiempo crea y cuestiona las bases de un derecho internacional.
La judicialización de todos los aspectos de la vida (tanto individuales como colectivos) no forma parte de políticas aisladas; ni siquiera se las puede considerar erróneas, ya que cumplen perfectamente su objetivo de extremar el control sobre los sectores más vulnerables de la sociedad a los que criminaliza y castiga duramente por conductas que anteriormente se consideraban solo faltas o infracciones. Las mujeres, junto con los pobres y los sin papeles, están en la diana de esas políticas represivas. Por eso resulta tan preocupante que algunos sectores del feminismo, principalmente los más integrados en la estructura del poder, sigan confiando en el sistema penal como garante de los recientemente adquiridos derechos de las mujeres.
El derecho masculino
Se juzga por lo que la mujer es, a la luz de lo que una mujer debería ser en atención a lo que la sociedad espera de ella por su condición genérica.
Felipa Leticia Cabrera Márquez, “El estudio de personalidad aplicado a mujeres privadas de su libertad…”
Pensado desde un punto de vista masculino, el sistema penal resulta inapropiado para evaluar equitativamente las conductas de las mujeres. En algunos países se criminalizan las decisiones sobre el propio cuerpo, como sería el caso de la prostitución o el aborto; en casi todos se sobrecastigan los delitos que más frecuentemente cometen las mujeres, como el traslado o comercio de drogas en pequeña escala, que llenan las cárceles y permiten presentar “resultados satisfactorios en la lucha contra el narcotráfico” sin tocar a los verdaderos delincuentes. Pero el sesgo androcéntrico abarca más que la construcción legal de delitos femeninos; abarca la interpretación de motivaciones, la credibilidad que se otorga a las declaraciones y la consideración de agravantes o atenuantes que se tienen en cuenta para evaluar cada delito. Puede decirse que “el desarrollo de las interpretaciones sexuadas del derecho se replica aún en los tiempos que corren con decisiones jurisdiccionales implantadas en los tradicionales valores masculinos” (Bergalli, 2009: 14). Así se da el caso que, ante la comisión de delitos semejantes, las mujeres reciben penas más severas que los hombres (Almeda, 2002, 2003). En los casos de asesinato de la pareja, las conductas catalogadas como masculinas, como sería el uso de la fuerza motivada por la ira o el alcohol, pueden usarse como atenuantes, mientras que las estrategias femeninas, menos violentas pero que pueden incluir planificación y postergación del asesinato, se consideran agravantes. Además, aun en los casos en que la mujer haya sido maltratada reiteradamente, no se considera que actúa en defensa propia si la respuesta no se manifiesta mientras la están agrediendo, cosa casi imposible dada la correlación de fuerzas. Este sesgo androcéntrico de la interpretación de las leyes hace que ante los mismos delitos las mujeres resulten más castigadas, con lo que medidas tomadas en principio para su protección terminen actuando en su contra. Así, las leyes contra el proxenetismo, en lugar de llevar a la cárcel a los traficantes de mujeres, se aplican preferentemente a las viejas prostitutas que alquilan habitaciones para prácticas sexuales, aunque no empleen ningún medio de coerción.
El sistema penal acepta con menos esfuerzo la concepción de las mujeres como víctimas pasivas porque esta imagen refuerza los estereotipos de género, aunque evidentemente tal imagen no contribuye al empoderamiento femenino ni tiene en cuenta su propia percepción de los hechos.2 La reticencia de amplios sectores del feminismo para escuchar las demandas de las trabajadoras sexuales y los intentos constantes de caratular todo el amplio y complejo mundo de la economía ligada al sexo como si solo fuera trata son casos extremos de victimización de mujeres de sectores con pocos recursos sociales y económicos (Federici, 2014, 2018). A partir de fenómenos como este, Encarna Bodelón se refiere a los riesgos perversos que entraña la construcción de un sujeto femenino en el derecho, cuyos peores efectos se encuentran en la victimización de las mujeres, degradadas a la situación de seres vulnerables necesitados de tutela. También señala que es sorprendente que el feminismo, pese a su vocación liberadora, se haya arriesgado a establecer una relación de complicidad con el derecho a la hora de establecer un estatus de debilidad/inferioridad a las mujeres (Larrauri, 1994; Bodelón, 1998; Mestre i Mestre, 2007).
Tradicionalmente, el feminismo ha tenido problemas para relacionarse con las mujeres de los sectores subalternos y para entender las conductas que pueden considerarse desviadas de la norma. En sus dos vertientes originales, la de origen puritano, ligada a Estados Unidos y los países nórdicos, y la izquierdista, nutrida de una tradición marxista, había dificultad para aceptar el diálogo con las infractoras. En el primer caso, porque las reivindicaciones se habían apoyado en “la superioridad moral” de las mujeres, por lo que las transgresoras solo podían ser vistas como víctimas de delincuentes masculinos. En el segundo, porque al no formar parte del proletariado organizado, las mujeres (como los campesinos, los indígenas, los sin techo o los sin trabajo) eran relegadas al campo del lumpenproletariado y sus reivindicaciones, reabsorbidas por las de los trabajadores en general si eran asalariadas, o ignoradas si pertenecían a grupos estigmatizados (Juliano, 2002, 2004, 2017).
En sociedades donde la antigua clasificación en clases sociales es menos evidente y el control religioso está perdiendo peso, la idea del orden social se centra más en las transgresiones individuales aunque, como hemos visto, el conservadurismo se expresa a través del control de los cuerpos. Así, los antiguos “pecados” se recodifican como delitos y las polémicas pasan sobre si hay que penalizar o no la homosexualidad (batalla que han ganado las posiciones progresistas), si se debe aceptar y otorgar los documentos correspondientes a las personas transexuales (se está avanzando en ese terreno), qué hacer con la prostitución y con el aborto (hay avances y retrocesos) o cómo regular las nuevas tecnologías reproductivas, incluso los úteros de alquiler, temas sobre los que dista mucho de haber acuerdos. Ante las dudas, los políticos se inclinan hacia la penalización, en una deriva desde la desviación hacia el delito. Lo hacen porque parten del supuesto de que la opinión pública es conservadora y que la gente aprecia más la seguridad que la justicia. Así, mediante el endurecimiento del Código Penal, además de multiplicar el número de personas privadas de libertad, como se ha generalizado en casi todos los países en los últimos años, se pretende difundir el mensaje de que el gobierno (el que sea) se preocupa por los problemas sociales, y esta es una solución más fácil que atender los problemas reales de la gente, que pasan más por la inseguridad laboral, los bajos salarios, la precariedad de los trabajos y la falta de infraestructuras escolares y sanitarias que permitan vivir en mejores condiciones; sin tener en cuenta las carencias en inversiones a más largo plazo en infraestructuras y viviendas.
Estas circunstancias permiten entender que, por una parte, se genere artificialmente una sensación de inseguridad ciudadana, mediante informaciones sensacionalistas de los delitos cometidos, que hacen que la percepción del peligro crezca, aunque la delincuencia se mantenga en los mismos niveles, o aun decrezca. Esto se complementa con una criminalización de colectivos sociales enteros, como los inmigrantes ilegales en Europa o los villeros en Argentina, sobre los cuales se puede entonces actuar con violencia e impunidad.
Como señala María Luisa Maqueda Abreu (2008: 26):
La sospecha basada en el aspecto físico, en el origen étnico, en la ropa, en la actitud, es razón bastante para la puesta en marcha de los dispositivos de control, para el acoso policial […] La consigna de tolerancia cero no pasa por criminalizar el abuso policial, ni las detenciones arbitrarias, ni los malos tratos […] que han aumentado en los últimos años además de las torturas y los tratos degradantes a los detenidos.
Este giro hacia la judicialización de las conductas consideradas desviadas ha sido acompañado y aplaudido por algunos sectores conservadores del feminismo y culminó, a fines de la década de 1970, con la organización de Women Against Pornography (WAP), que propició las disposiciones de Ronald Reagan que implantaban la censura. La influencia de estos sectores ultraconservadores se extendió por todo el mundo y es aún visible en las campañas abolicionistas contra la prostitución.
Transgredir y cuestionar
Motines, fugas y suicidios son [en las cárceles de mujeres] parte de una franja difusa en la que es difícil distinguir entre la resistencia y las prácticas institucionales camufladas detrás de aparentes resistencias.
Pilar Calveiro, Violencias de Estado
Como sucede siempre, la represión es solo una de las caras de la moneda, y desconocer la resistencia que se opone a ella es parte de la telaraña de la victimización. Siguiendo una tradición en la cual las mujeres tenemos mucha experiencia, cada medida represiva recibe una contestación, diversa según los momentos y los países.
La primera respuesta ante la represión ha sido siempre la transgresión. Ante normas imposibles de cumplir o que se apartan mucho de los deseos y proyectos propios, algunas de las personas implicadas optan por desobedecer la norma sin cuestionarla, haciendo ver que se la cumple. Esta es una práctica individual, sin discurso legitimatorio, que no tiene como consecuencia ni objetivo la modificación de la norma. Un ejemplo claro de esto son los abortos clandestinos en momentos en que esta práctica está penada.
Cuando las transgresiones son muy frecuentes, puede darse el caso de que se avance hacia el paso siguiente: el cuestionamiento. El cuestionamiento de la norma suele ser colectivo e implica un discurso crítico con el que se confronta el discurso normativo. El feminismo ha servido de base para dar este paso en múltiples ocasiones y a distintos sectores. En este caso ya no importa si quien hace la crítica ha transgredido o no la norma. Se trata de deslegitimarla para que pueda modificarse. En el caso del aborto, es cuando se pasa del aborto clandestino a las movilizaciones públicas a favor del derecho de las mujeres a decidir al respecto. Las que llevan una pancarta que dice “Yo también he abortado” pueden haberlo hecho o no. Están manifestando su desacuerdo con la norma, no su conducta individual.
El paso siguiente del cuestionamiento, que suele manifestarse pública pero ocasionalmente, es la organización de estructuras permanentes de reivindicación de los derechos negados. Las organizaciones LGTBI son un claro ejemplo de creación de estructuras permanentes para defender los derechos de sectores estigmatizados o criminalizados. También las trabajadoras del sexo han desarrollado organizaciones para velar por sus derechos, que sin embargo no se suelen tener en cuenta cuando se diseñan políticas sobre el sector. En España existen Putas Indignadas, la Asociación de Profesionales del Sexo Aprosex y el Colectivo Hetaira, entre muchas otras asociaciones englobadas en la Plataforma Estatal por los Derechos en el Trabajo Sexual. En el plano internacional existe la Global Network of Sex Work Projects (Holgado Fernández y Neira Rodríguez, 2014).
Afortunadamente, en las últimas décadas se han ido abriendo paso posibilidades de interpretaciones alternativas a partir de diversos aportes (Pheterson, 2000; Butler, 2007, 2008), y algunos sectores, como las lesbianas y las transexuales, han visto legitimadas desde el feminismo sus opciones. Otros sectores estigmatizados, como el formado por las presas, permanecen al margen de las preocupaciones del feminismo institucional, pese a que tan temprano como en 1897 Concepción Arenal les dedicó un estudio en el que llegaba a la conclusión de que estaban discriminadas con respecto a los presos hombres. Así, aunque desde 1987 existe en Barcelona el grupo Dona i Presó, que pertenece a la Coordinadora Feminista de Catalunya (Almeda, 2003: 35), y hay asociaciones del mismo tipo en otras ciudades españolas, puede afirmarse que el movimiento feminista en su conjunto ha tenido poca sensibilidad hacia los problemas de las mujeres presas.
Un caso muy distinto es el de las trabajadoras sexuales, que son objeto de un intenso debate (en que los sectores más desfavorecidos, como inmigrantes sin papeles o transexuales, se juegan mucho). En este ámbito, el peso de los sectores abolicionistas es tan grande que la veda se mantiene para el trabajo sexual, pese a que forma parte de la experiencia vital de muchas mujeres que tienen difícil acceso a otras fuentes de recursos o que deciden adoptarlo como forma de supervivencia en algún momento de sus vidas. Un diálogo sin prejuicios y un mejor conocimiento de los problemas reales de ese sector pueden hacer que llegue el momento en que se cumplan las expectativas de Carla Corso:
Estábamos convencidas de que estas mujeres (las feministas italianas) tenían que estar con nosotras (las trabajadoras sexuales), sencillamente porque nosotras habíamos estado con ellas. (Corso y Landi, 2000: 149)
Sugerencias y conclusiones
La investigación en muchos países indica que el encarcelamiento es un castigo que se impone desproporcionadamente sobre las personas ya excluidas […] Determinados grupos están excluidos de todos los derechos de ciudadanía por su estatus social […] entre ellos los que trabajan en ocupaciones legalmente marginales, por ejemplo, mujeres involucradas en la prostitución.
Marta Cruells y Noelia Igareda, Mujeres, integración y prisión
A diferencia de lo que pensaban los evolucionistas unilineales del siglo XIX, hoy sabemos que no existe un sentido de la historia que marque un camino hacia el progreso. Solo la tecnología avanza en forma acumulativa y en línea más o menos recta. Si queremos que haya avance social, no tenemos más posibilidad que construirlo en cada momento y compensar con pequeños avances los retrocesos que se producen con frecuencia.
Los sectores más débiles de la sociedad son los que con más fuerza padecen como consecuencia de estos retrocesos, y entre ellos las mujeres estamos sobrerrepresentadas. Si hablamos de la pobreza, las mujeres formamos las dos terceras partes de los pobres del mundo; si hablamos de inmigración, somos las que encontramos más difícil legalizar nuestra situación porque contamos con menos acceso a mercados laborales con contratos; si hablamos de marginación por motivos sexuales, nuestra discriminación ha sido la más antigua y sistemática. Podemos decir entonces que ninguna discriminación nos es ajena. Pero este marco presenta también una gran variabilidad que hace que en cada situación tengamos que hacer evaluaciones y ajustes de las respuestas que se dan.
En situaciones de crisis, las sociedades estratificadas derivan a sus sectores vulnerables la acusación de crear tensiones y conflictos, además de problemas sociales y económicos. Ante este discurso público legitimado y reconocido como válido (Scott, 1986, 2000), el discurso de las personas discriminadas se presenta como más disperso y fraccionado y, sobre todo, más falto de reconocimiento. Pero es importante saber que siempre existe. Buscarlo y escucharlo nos permite evitar errores de interpretación y sesgos de clase en nuestras propuestas políticas. No se trata de hablar en nombre de las presas, ni de las madres adolescentes, ni de las prostitutas, ni de ningún otro sector marginalizado. Se trata de reconocerlas como interlocutoras válidas y no repetir con ellas las políticas asistencialistas y paternalistas a las que estamos tan acostumbradas.
Forma parte del conservadurismo creciente de la posmodernidad su deseo de una sociedad más ordenada, más disciplinada, más controlada (Maqueda Abreu, 2014). El feminismo debe y puede recelar de ese proyecto si, como cree Bodelón (2009), sus propuestas han descentrado el derecho y generado un nuevo focus que no es la norma jurídica, sino las relaciones sociales.3 Pero las relaciones sociales deben concebirse y desarrollarse en forma igualitaria, reconociendo la capacidad de agencia de las personas implicadas en el diálogo, fuese cual fuese su estatus social. Muchos sectores sociales discriminados no esperan una protección especial por parte de las leyes; se limitan a aspirar a que se los descriminalice, lo que es una demanda sensata vistos los riesgos que conlleva para ellos la aplicación del Código Penal.
Referencias
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1. Han aumentado en todas partes los partidos discriminatorios. Este es el caso de Hungría, Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia. Se ha vuelto a aplicar el tratado de Dublín, que obliga a los que solicitan asilo a hacerlo en el primer país de la Unión Europea al que se llegue. En España se han generalizado los centros de internamiento de extranjeros para los inmigrantes sin papeles, que son verdaderas instituciones carcelarias donde se suspenden todos los derechos. Las fuerzas navales que se dedicaban a combatir la piratería ahora se destinan a impedir la migración, etcétera.
2. Estudios empíricos hechos por Pat Carlen señalan que los jueces británicos sentencian a condenas de cárcel mucho menores a aquellas mujeres que han cumplido sus roles de buena esposa y madres de familia. David Farrington y Allison Morris señalan que las que no están casadas, las separadas o divorciadas reciben penas de cárcel mucho más severas (Almeda, 2003: 47).
3. Ella plantea que hablar de derechos en perspectiva feminista implicaría modificar todo el sistema social, lo que es un proyecto distinto y de mayor alcance que el de un cambio del lenguaje jurídico.
3. El discurso hegemónico sobre el acoso sexual
Marta Lamas
Por qué hoy se habla mucho más que antes de acoso sexual, y qué es lo que en el fondo se está diciendo? ¿Qué relación existe entre el discurso hegemónico sobre el acoso y la creciente dinámica punitiva? Un discurso no es un texto sino, como ha señalado Michel Foucault, una estructura histórica, social e institucionalmente específica de enunciados, categorías, creencias y términos. Indudablemente, existe una urgencia ética para erradicar el acoso sexual, pero junto a ella también existe la imperiosa necesidad de analizar los efectos de poder inducidos por la retórica del discurso imperante sobre acoso, que está produciendo actitudes victimistas y respuestas punitivas. Ese discurso tiene una historia, y para comprenderla hay que revisar cómo se empezó a hablar de acoso sexual y qué creencias se formaron desde sus palabras. Esa historia se ubica en el proceso que Bolívar Echeverría (2008) calificó de “americanización de la modernidad”, y que consiste en que la tendencia principal de desarrollo en el conjunto de la vida económica, social y política es la que impone Estados Unidos. Según Echeverría, la americanización de la modernidad durante el siglo XX es un fenómeno general: no hay un solo rasgo de la vida que no presente de una manera u otra una sobredeterminación en la que el “americanismo” o la identidad “americana” no haya puesto su marca. Esta hegemonía “americana” también está presente en la reflexión feminista, y justo una tendencia del feminismo estadounidense es la que ha impuesto su perspectiva argumental en el debate a nivel mundial, tal como Echeverría señala que ha ocurrido en otros campos.
En el mundo existen muchos feminismos, con variadas tendencias dentro del movimiento social, distintos postulados del pensamiento político y diversos enfoques de la crítica cultural. Aunque cada tendencia tiene una manera específica para enfrentar la problemática de desigualdad y discriminación que viven las mujeres, debido a la “americanización” la perspectiva con la que hoy se analiza y aborda el acoso es la de las llamadas dominance feminists o feministas de la dominación. El rotundo papel que han tenido las teorizaciones y el activismo de esa tendencia feminista ha incidido de forma determinante en otras latitudes. Al revisar cómo ciertas ideas feministas han prendido en el imaginario social y, al mismo tiempo, han mutado y son usadas por fuerzas políticas lejanas al feminismo, es posible visualizar que la batalla en contra del acoso sexual, que se inició por feministas, con el tiempo ha dividido a las propias feministas. En estas páginas, al recordar ciertos momentos clave de un proceso que ha conducido a la hegemonía del discurso de las dominance feminists, intento exhibir eso que Russell Jacoby (1977) califica de amnesia social: una dinámica sociopolítica que elimina la memoria y dificulta comprender lo que nos está pasando.
I
Se recordará que a finales de los años 60, en el contexto del surgimiento de varios movimientos sociales, aparece en Estados Unidos el movimiento de liberación de la mujer. Desde su inicio, la sexualidad fue un tema político de suma importancia: por un lado, la libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación sustantiva y, por otro, la violencia sexual fue el enemigo a vencer (Koedt, Levine y Rapone, 1973; Echols, 1989). A principios de los años 70 y en plena efervescencia feminista, en Estados Unidos empiezan a darse litigios jurídicos de mujeres que habían sido despedidas del trabajo por negarse a los avances sexuales de sus jefes, así como de trabajadoras que habían abandonado sus empleos por esa razón. Tradicionalmente, los actos groseros, libidinosos y acosadores de muchos hombres con poder habían sido –y lo siguen siendo– la tortura de las mujeres que trabajaban para ellos. Todavía hoy resulta muy difícil probar un acoso sexual en el trabajo, a menos que derive a una agresión que deje huellas, como la violación; pero los requerimientos verbales y otras formas de asedio resultan casi imposibles de verificar. Es la palabra de la mujer frente a la del hombre. Por eso muchas mujeres, en una decisión de sobrevivencia laboral ante la posibilidad de perder el empleo, aguantan y callan.
A mitad de los 70 en Estados Unidos, por la conjunción del activismo civil en contra de la discriminación en el empleo junto con la lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres, se consiguió, sobre la base de litigios y juicios, que se inscribiera legalmente el hostigamiento sexual en el trabajo como una forma de discriminación.1 Una de las pioneras en esta lucha fue la abogada Catharine MacKinnon (1979), quien instaló con fuerza la interpretación de que el acoso laboral era una expresión de dominación patriarcal, a la que calificó de violencia sexual. Luego incluyó la pornografía y el comercio sexual en su concepción de violencia sexual, y se convirtió en la ideóloga principal de lo que hoy se llama indistintamente feminismo de la dominación o feminismo radical. Esta tendencia sostiene que las mujeres son una clase oprimida, que la sexualidad es la causa de dicha opresión y que la dominación masculina descansa en el poder de los hombres para tratar a las mujeres como objetos sexuales. La influencia teórica, política y jurídica de esta tendencia ha ido potenciando un discurso mujerista2 y victimista3 respecto de la sexualidad y la violencia, en términos tales que definen a las mujeres que reciben alguna agresión sexual como “sobrevivientes”.
Muy pronto las feministas discreparon fuertemente respecto de qué significaban la libertad sexual y la violencia sexual, y esas agudas diferencias condujeron a una confrontación que se llamó las sex wars o “guerras en torno a la sexualidad” (Snitow, Stansell y Thompson, 1983; Vance, 1984; Duggan y Hunter, 1995; Lamas, 2016). En Estados Unidos esta disputa entre feministas con relación a la sexualidad ha sido atizada por fuerzas políticas y religiosas, preocupadas por la liberalización de las costumbres sexuales. Los conservadores religiosos ven la libertad sexual como una amenaza para la institución de la familia y como una fuente de decadencia moral en la sociedad. Lo sorprendente ha sido la forma en que muchas feministas se les han unido en una batalla contra la pornografía y el comercio sexual (Willis, 1983; Weitzer, 2007; Bernstein, 2014).
Mientras la conciencia social acerca del hostigamiento sexual en el trabajo iba en aumento, en el campo legal se había ido conformando un cuerpo doctrinario que detallaba su abordaje jurídico. La abogada Vicki Schultz (1998) recuerda el cambio cultural que sucedió: al principio, las cortes se resistían a aceptar el acoso sexual como una conducta que implicaba discriminación, para poco después enfocarse solamente en el aspecto sexual, sin registrar otras formas de hostigamiento. Según la autora, esto ocurrió porque el paradigma interpretativo hegemónico, el del feminismo de la dominación, se centró en la sexualidad masculina como la causa del problema. Aunque inicialmente este enfoque representó un avance para que los jueces reconocieran que negarse a las propuestas e insinuaciones sexuales provocaba discriminación, después, al preocuparse solamente por las malas conductas de contenido sexual, no puso atención en otras condiciones laborales hostiles, como burlas o agresiones sin contenido sexual.
Algo relevante que Schultz criticó fue que las empresas empezaron a prohibir formas inocentes de expresión sexual, que no eran acoso ni causaban daño. En 2003 Schultz publica “The sanitized workplace” (algo así como “El espacio laboral higiénico”), donde hace una incisiva y documentada crítica acerca de lo que ha generado el discurso hegemónico sobre sexual harassment: la prohibición de expresiones sexualizadas (como los albures4) y los castigos a las conductas que se consideran transgresiones, incluso cuando estas son amorosas. Esta manera de vigilar y disciplinar las manifestaciones de deseo sexual en el trabajo está vinculada, según ella, a la ola puritana que rechaza la sexualidad. Poco después, Schultz (2006) criticará la dirección que ha tomado la batalla contra el acoso sexual y dirá que las políticas laborales ejercen una disciplina excesiva y castigan a las personas que son vistas como muy sexualizadas, lo que impide frenar la libre expresión sexual, amenaza la autonomía sexual y obstaculiza la igualdad en el trabajo.
Schultz lamenta que hayan sido las feministas las que han jugado un papel principal en el proceso de higienización. Ella valora las relaciones íntimas que suelen darse en los ambientes de trabajo y alega que, dado el ritmo de vida de hoy, la mayoría de los encuentros eróticos se producen en el espacio de trabajo, pues no hay tiempo para vida social fuera de ahí. Señala que la tendencia a “higienizar” el espacio laboral es parte no solo de una política sexual más amplia sino también de un control gerencial más estricto. Las leyes vigentes sobre acoso sexual dan una base fácil para castigar y despedir a personas cuya conducta interfiere con la productividad. Las empresas están adoptando políticas sobre el acoso sexual asesoradas por sus abogados, y en ocasiones fabrican acusaciones como una forma fácil para despedir a alguien que les molesta por otra causa. Schultz deplora el giro negativo que ha tomado la perspectiva de las dominance feminists, y finaliza señalando que deberíamos, al menos, cuestionar la idea de que las expresiones sexuales en el trabajo siempre son negativas. Ella concluye que, aunque “ninguna campaña legal reciente para la igualdad ha logrado un éxito más completo e inmediato que la que se ha hecho contra el acoso sexual” (Schultz, 2003: 2191); sin embargo, una cosa es el éxito de la campaña y otra sus consecuencias negativas en las vidas concretas de las personas.
En contraposición a las dominance feminists se alza la perspectiva de un conjunto de feministas antiesencialistas, entre las que destaca Janet Halley, abogada estadounidense de Harvard. Según Halley (2006), las feministas de la dominación han elaborado su postura basadas en una tríada conceptual: female injury, female inocence y male inmunity. Esta tríada, que plantea que las mujeres son inocentes y sufren daño mientras que los hombres lastiman a las mujeres y salen inmunes, se ha convertido en el eje fundamental a partir del cual se construye gran parte de la política contemporánea feminista, en especial, los discursos en boga sobre violencia de género.5 Las dominance feminists están convencidas de que las mujeres siempre son inocentes, sin advertir la parte del daño que toca a los hombres, y no mencionan la obviedad de que hay muchos que son inocentes. La perspectiva mujerista y victimista de la tríada no describe lo que pasa en las relaciones sociales, ni es capaz de reconocer la complejidad humana, además de que tiene una gran resistencia para aceptar que en ocasiones las mujeres pueden dañar deliberadamente a otras personas, hombres incluidos. Obvio que hay mujeres que sufren, pero también las hay que hacen sufrir, a los hombres y a otras mujeres. Y también, sobra decirlo, hay mujeres que gozan de inmunidad. Halley propone desechar esa tríada pues acaba siendo una especie de camisa de fuerza para el pensamiento feminista y plantea, en vez, analizar con más detalle la multiplicidad de combinaciones de inocencia, daño e inmunidad que existen en la vida social e individual de todos los seres humanos.
II
Un campo donde el dominance feminism ha arraigado y la perspectiva de la tríada se ha filtrado, provocando serios problemas, es en las universidades estadounidenses. A mitad de los años 80 estalló el escándalo del acoso sexual en los campus universitarios, generado por dos fenómenos simultáneos: el empoderamiento de las estudiantes que se atrevieron a denunciar acoso y la diseminación del pánico sexual (Dziech y Weiner, 1988). El pánico sexual es una vertiente del pánico moral, concepto que nombra una reacción inapropiada de la sociedad ante cuestiones menores, pues implica un miedo desproporcionado ante el peligro real de que ocurra lo que se teme (Young, 2009). El pánico social expresa una forma extrema de la indignación moral ante la violación de un valor cultural compartido, lo que significa, simultáneamente, una amenaza a la propia identidad (Hier, 2011). Dos elementos asociados al pánico moral son su irracionalidad y su conservadurismo. Por ello, los pánicos morales suelen transformarse en batallas culturales, como ha ocurrido con la sexualidad. De ahí que el concepto de “pánico sexual”, derivado de “pánico moral”, nombre los miedos irracionales ante ciertas expresiones y prácticas sexuales (Vance, 1984; Lancaster, 2011).
El discurso extremista de las dominance feminists ha generado un “pánico sexual” androfóbico, y ha fortalecido el llamado conservador que exige al gobierno endurecer el sistema de justicia penal para castigar más a los perpetradores de actos sexuales indebidos. Así, una batalla legítima e indispensable contra la violencia sexual se ha ido convirtiendo en una cruzada moralista, que alienta el giro punitivo al exigir una excesiva intervención del sistema penal ante ciertos problemas culturales. Este giro punitivo alienta el paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad y, en especial, fortalece la representación de todas las mujeres como víctimas potenciales.
En Estados Unidos ciertas denuncias mediáticas de incidentes de acoso llevaron tanto a los conservadores religiosos como a las feministas radicales a denunciar una “epidemia” de violencia sexual, en especial en campus universitarios, repletos de jóvenes con las hormonas a toda marcha. El clima de miedo y peligro por la supuesta “epidemia” estuvo alimentado por un discurso que calificó de “violencia sexual” desde las miradas insistentes de los compañeros hasta un chiste verde de un profesor. Así se fue creando un clima cultural que favoreció que las estudiantes denunciaran como acoso sexual o, incluso, como violación un encuentro sexual que inicialmente aceptaron pero que después les produjo arrepentimiento o malestar (Roiphe, 1993). Ese contexto cultural dio legitimidad a los traumas retrospectivos y empujó a llamar “acoso” a relaciones que, aunque en el momento implicaran acceder voluntariamente al acto sexual, después provocaban culpa o remordimiento. Además, se expandió el concepto de sexual harassment hasta incluir cualquier gesto o requerimiento de tono sexual. Esto generó expresiones absurdas, como la de estudiantes que declaraban: “Me sentí violada por su mirada”. Aunque es improcedente tomar la subjetividad de las personas como prueba de acoso sexual, ya que contiene elementos inconscientes y fantasías, sin embargo la política universitaria en Estados Unidos facilitó que muchas estudiantes calificaran sus miedos, sus deseos y sus confusiones sexuales como “acoso”. Así, surgieron denuncias estudiantiles contra profesores por “miradas con una cierta intención” o por “palabras con contenido sexual”. Este tipo de denuncias era muy distinta de abusos que verdaderamente había que castigar, prácticas del tipo “¿Quieres subir tu calificación? Salgamos esta noche”, o incluso: “Si te acuestas conmigo, no te repruebo”.
La deplorable situación de que todo, una mirada insistente, una propuesta libidinosa, una palabra grosera o un gesto obsceno, era calificado de “violencia sexual” impulsó la búsqueda de mecanismos para controlar lo incontrolable. En 1993 la Universidad Antioch en Ohio estableció un estricto código de conducta sexual, donde para cada avance los estudiantes debían hacer preguntas: “¿Puedo desabotonar tu blusa?”, “¿Puedo darte un beso?”, etc. De “no significa no” se pasó a un “sí” condicionado a cada paso del acercamiento sexual. A partir de ese modelo, poco a poco las universidades estadounidenses empezaron a instalar protocolos explícitos de “consentimiento”.
Además, este clima creó relaciones y situaciones de sospecha y desconfianza, y las autoridades recomendaron que alumnas y profesores no se encontraran fuera del ámbito académico. Pero el objetivo de reducir las posibilidades de “acoso” también redujo la posibilidad de profundizar en relaciones significativas y gratificantes al prohibir esa experiencia maravillosa que George Steiner calificó “el misterioso intercambio que se establece cuando hay confianza entre una persona mayor y un joven” (Steiner y Ladjali, 2005: 133). Se produjo una regresión cultural y las propias autoridades universitarias obligaron a su personal académico a recibir a puertas abiertas a los estudiantes. Hubo profesores que aprendieron a bajar la mirada cuando un grupo de muchachas entraba al elevador por miedo a ser acusados de “hostigamiento sexual”. Esta dinámica cobró fuerza y en muchas partes se salió de control, y condujo a la violación de los derechos de profesores y alumnos. Los protocolos universitarios para el manejo de la mala conducta sexual se diseñaron al vapor y bajo presión, por lo que tuvieron fallas graves, como la de dar a conocer el nombre de la persona acusada antes de haberse realizado la investigación. Además, hubo –y sigue habiendo– exageraciones e inventos. Sin embargo, estudiantes que se habían sentido “acosadas” por una mirada o una propuesta, al no lograr que el profesor fuera despedido, acudieron al sistema penal para demandar por violencia sexual y las universidades empezaron a afrontar el problema de los costos económicos de litigios millonarios. Por su parte, el gobierno federal estadounidense amenazó con quitar recursos a las escuelas y universidades que tuvieran litigios por acoso.
Así, tanto el pánico sexual como el miedo a las demandas de las estudiantes alentaron un giro punitivo que, con regulaciones jurídicamente defectuosas, pasó a criminalizar cualquier forma de insinuación sexual calificándola de acoso. La intolerancia, la hipersusceptibilidad, las subjetividades confundidas y los resentimientos personales abrieron el camino para todo tipo de injusticias. Muchas denuncias falsas afectaron a supuestos culpables y, ante el temor de desatar una protesta estudiantil exaltada, las autoridades cometieron excesos con un afán de ser “políticamente correctos”. Aunque después las autoridades tuvieron que rectificar y desechar una cantidad de denuncias, se afectó la reputación y el bienestar de muchos hombres, profesores y estudiantes por igual.
Hoy en día los campus universitarios se han vuelto espacios donde las subjetividades estallan, donde existen dificultades para un análisis racional de la problemática y donde ocurren linchamientos verbales, “escraches” e incluso acciones terroristas. En 2014, Janet Halley junto con otros veintisiete profesores de Derecho en Harvard Law School publicaron un cuestionamiento público a la política universitaria sobre acoso en esa universidad, que calificaron como “demasiado cargada en contra del acusado y sin debido proceso” (Bartholet et al., 2014). Además, en 2017 Halley,6 junto con otras tres profesoras, hizo un llamado a que todos los universitarios fueran tratados con justicia:
Las definiciones de mala conducta sexual en los campus universitarios son demasiado amplias, y van más lejos que las definiciones legales acotadas de violación, agresión sexual y acoso sexual. Incluyen con frecuencia conducta sexual que simplemente es inoportuna o molesta, aunque no genere un ambiente hostil, aun cuando la persona acusada no tenía forma de saber que no era bien recibida, y aun cuando el sentimiento negativo le surgió a la persona que acusa después del encuentro. También esas definiciones incluyen lo que se habla sobre asuntos sexuales, por lo cual permite que estudiantes que encuentran que la discusión en clase sobre sexualidad los ofende puedan acusar a sus instructores de acoso sexual. Definiciones tan amplias de mala conducta sexual son injustas con todas las partes, y erosionan la legitimidad del sistema. (Halley et al., 2017)
La postura de las dominance feminists, que arraigó en las universidades estadounidenses, ha enmarcado la disputa en todo el mundo. Y aunque en América Latina la violencia sexual es mucho más brutal y más cotidiana que en Estados Unidos, habría que aprovechar y analizar el intenso debate del movimiento feminista estadounidense, pues algo que nos atraviesa por igual, pese a procesos y contextos diferentes, es la gran división entre feministas respecto de la perspectiva interpretativa del acoso.
III
Algo indispensable que urge hacer es precisar a qué se va a calificar de “acoso”. El diccionario de la Real Academia (1992) define “acoso” como “1. Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona. || 2. Hacer correr al caballo. || 3. fig. Perseguir, fatigar, importunar a alguno con molestias o trabajos”. Tenemos, pues, que acosar es apremiar o asediar de forma insistente a alguien, perseguir o importunar a una persona con molestias, trabajos o requerimientos. Hoy existe un uso generalizado que mezcla los términos “acoso”, “abuso sexual” y “hostigamiento sexual”. Además, si el acoso implica un asedio o persecución sin reposo, ciertas conductas que las mujeres padecen cotidianamente –varones que las abordan con “propuestas indecorosas” o con groserías, que les silban, incluso, que las miran con insistencia– y que son “usos y costumbres” en el contexto machista, al ser esporádicas por parte de quien las ejecuta, ¿son acoso? No dudo del desgaste y la irritación que producen, e indudablemente hay que frenarlas, pero ¿qué implica calificarlas de acoso? “Quiero andar en el espacio público sin que se metan conmigo” es un reclamo legítimo, pero ¿qué significa calificar un piropo o una mirada como “acoso”, y qué efectos produce?7
En México, la definición legal de “hostigamiento sexual” especifica el aprovechamiento de una posición jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes o domésticas o de cualquier otra clase que impliquen subordinación por parte de la víctima del acoso. Pero en los distintos códigos penales de las treinta y dos entidades federativas se confunden los tres términos: “abuso”, “acoso” y “hostigamiento”. La manera en que hoy circula el término “acoso” incluye piropos, abordajes verbales solicitando favores sexuales y miradas lascivas. Sobredimensionar estas expresiones de deseo sexual como “acoso”, por burdas o molestas que algunas de ellas sean, refuerza el victimismo presente en la tríada (Halley, 2006).
Existe, sin duda, el acoso social, o sea, una situación de hostigamiento constante que viven las personas, en su gran mayoría mujeres, en los espacios públicos debido a actos esporádicos de ciertos individuos a los que nunca volverán a encontrar. En ese sentido, no se trata de un acoso perpetrado por un individuo, sino un asedio múltiple y cotidiano en el espacio público. Esta problemática, ya de por sí densa, se agrava por el puritanismo de quienes consideran que los requerimientos e insinuaciones sexuales degradan “la dignidad de la mujer”, igual que antes se pensaba que las malas palabras o groserías eran un “atentado al pudor”. No obstante, hay mujeres que disfrutan los requerimientos sexuales y no los equiparan a “acoso sexual”; en el rechazo a estas conductas también influye una idea conservadora de lo que deberían ser las mujeres (seres humanos sin deseos sexuales). Esas reacciones adversas se deben a que se atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad (Leites, 1990; Weeks, 1998). Y, sin embargo, este momento histórico es el del capitalismo neoliberal, las creencias de grandes sectores de la sociedad siguen estando moldeadas por una arcaica doxa de raigambre religiosa, y así las mujeres, en lugar de cuestionar las creencias que se expresan en la doble moral, y que obstaculizan su libertad sexual, suelen reaccionar con exigencias de endurecimiento penal.
Esto que nombro “acoso social” se acerca a lo que otros autores califican de abuso sexual. En general, suele pensarse que el acoso social/abuso sexual es algo que los hombres les hacen a las mujeres, en parte porque ellos son hombres y ellas, mujeres, y se olvida que es una conducta que, impuesta por tradiciones culturales, estructura la construcción de la sexualidad femenina y la masculina. De ahí la importancia de analizar el vínculo de la doble moral con las prácticas sexistas, en especial con las de abuso sexual, entre las que hoy se ubica el acoso. Un abogado progresista, Duncan Kennedy (2016: 13), dice: “Buena parte del abuso sexual es «disciplinario», en el sentido de que funciona para reforzar las normas sociales del patriarcado”. O sea, hay abuso porque hay normas sobre lo que debe ser una mujer, en especial, sobre cómo debe comportarse y arreglarse. Según Kennedy, el abuso sexual, como elemento constitutivo del orden social, produce ganancias y pérdidas, a hombres y a mujeres. Y el conflicto de interés entre mujeres y hombres se profundiza por “el control masculino de los procesos legislativos, judiciales y administrativos”, pues la clase dirigente es masculina. Este abogado afirma que si las mujeres tuvieran mayor poder en el sistema jurídico, en la interpretación de las normas y la elucidación de los hechos, habría un incremento de las sanciones. Según él, el sistema jurídico condena en abstracto el abuso sexual de las mujeres por parte de los hombres y al mismo tiempo permite que se toleren muchísimas formas de abuso.
Con el concepto “residuo tolerado de abuso” Kennedy califica cierta porción del abuso sexual que no se castiga. Lo novedoso de su planteamiento, que lo diferencia del feminismo radical, es que argumenta que el residuo tolerado es un factor en las vidas de mujeres y hombres, y que todas las personas pierden o ganan con las prácticas de abuso, sean o no, en los hechos, víctimas o abusadores. Además, subraya que hay ganancias y pérdidas mayores de lo que se reconoce socialmente. Sí, el residuo tolerado de abuso genera un conjunto de incentivos no solo para abusadores potenciales, sino también para el resto de la sociedad. Esas ganancias y pérdidas no asumidas inducen un comportamiento diferente y producen “consecuencias indirectas” que se proyectan sobre la conducta cotidiana y sobre la formación de las identidades masculinas y femeninas. La mayoría de las mujeres, sean o no victimizadas, tienen algo que ganar con la eliminación del residuo tolerado, mientras que los hombres que no son perpetradores tienen algo que perder (Kennedy, 2016: 31).
Para Kennedy, el régimen actual deja la prueba del residuo tolerado totalmente en la mujer, y de esa forma les ahorra a los hombres (abusivos o no) la carga que implicaría un incremento significativo de control social, así como de tomar precauciones contra el riesgo de una implementación excesiva. De ahí que él hable del profundo conflicto de interés entre mujeres y hombres respecto de la prevención del abuso sexual y subraye que “un esfuerzo serio para reducir el abuso debe afrontar de un modo u otro el interés masculino en perpetuarlo” (12). Kennedy insiste en exhibir los intereses masculinos que sustentan el abuso sexual y en mostrar que los costos para las mujeres incluyen lo que dejan de hacer, los miedos y los malos ratos. Aunque el temor de los hombres a ser injustamente acusados varía de hombre en hombre, persiste un interés grupal en evitar tener que preocuparse por el exceso de implementación. Esto entra en conflicto directo con el interés de las mujeres en no tener que preocuparse por la posibilidad de ser abusadas y no asumir las restricciones. Además, este abogado dice que si los hombres quisieran dar más protección a las mujeres entrarían en conflicto entre ellos; también reconoce que hay casos de hombres que emplean mal el lenguaje, o que hacen cosas que comunican exactamente lo opuesto de lo que intentan comunicar, como en el caso del varón genuinamente “insensato” que se mortifica cuando descubre que ha ofendido (22).
Duncan Kennedy concluye su reflexión lamentando que la realidad del abuso sexual de los hombres hacia las mujeres sofoque y desincentive las actividades de la fantasía, el juego, la invención y el experimento, y se pregunta “si será posible que hombres y mujeres heterosexuales vivan su sexualidad y sientan placer dentro del régimen actual sin colaborar con la opresión” (12). Comparto su postura y coincido en que todas las personas deberíamos tener un interés erótico en reducir el abuso, pues seríamos más libres sexualmente.
El discurso feminista hegemónico sobre el acoso en lugar de favorecer la opción libertaria, la dificulta, pues dicho discurso tiene, retomando la idea de Foucault, “un mecanismo de incitación creciente”, que “incita” a considerar a las mujeres como víctimas “naturales” de la “natural” violencia masculina.8 Foucault (1977: 19) trató de discernir la intención estratégica que sostiene los discursos sobre la sexualidad y apuntó que, para pensar cuál es “el modo fundamental de relación entre poder, saber y sexualidad”, lo clave es “saber en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano; todo ello con efectos que pueden ser de rechazo, de bloqueo, de descalificación, pero también de incitación, de intensificación, en suma: las técnicas polimorfas del poder”.
Desde una perspectiva foucaultiana, no he tratado de determinar si las actuales producciones discursivas sobre el acoso formulan “la verdad sobre el acoso” o si, por el contrario, son mentiras destinadas a ocultar dicha verdad. Me interesa poner en evidencia los efectos de poder que produce el discurso de las dominance feminists, que se ha encarnizado con los hombres como “depredadores”, violadores y ahora “acosadores”, y también exhibir una creencia que le sirve de soporte y de instrumento: el miedo judeocristiano al supuesto peligro de la sexualidad. La fuerza de dicho discurso deriva también de que está entretejido en la trama cultural de la doble moral, que reproduce arcaicas creencias sexistas. La vida social, en todas las culturas del mundo, se ha organizado en torno a la sexualidad y, en específico, a las relaciones sexuales, y cada cultura local ha desarrollado expresiones y normas distintas. La antropóloga Gayle Rubin (1984: 285) lo expresa nítidamente: “Los actos sexuales están cargados con un exceso de significación”. Sin embargo, esa complejidad de sus múltiples significados se reduce en cada cultura a un conjunto de usos y costumbres basados en creencias y simbolizados como “naturales”. En nuestro caso, el discurso cultural dominante sobre la sexualidad –el judeocristiano occidental– ha representado de formas distintas la sexualidad de las mujeres y la de los hombres. La actividad sexual de las mujeres es “peligrosa” porque “mancha” su reputación si no ocurre dentro de ciertos parámetros (además de que puede desembocar en un embarazo). Esta simbolización ha derivado en distintas prohibiciones, restricciones y valoraciones. Y aunque las feministas han luchado para que el movimiento feminista “hable igual de poderosamente a favor del placer sexual que como lo hace en contra del peligro sexual” (Vance, 1984: 3), hoy las feministas hablan más del peligro que del placer.
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