Kitabı oku: «México y la 4T contradicciones y límites (Análisis plural)»

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, AC

Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, SJ

Comité Editorial de la Colección:

David Foust Rodríguez

Luis Marrufo Cardín

Juan Carlos Núñez Bustillos

Heliodoro Ochoa García

Jorge Valdivia García

Felipe de Jesús Alatorre Rodríguez (coordinador)

Colección a cargo del Departamento de Formación Humana

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Teléfono: + 52 (33) 3669–3548

Cuidado de la edición: Oficina de Publicaciones del iteso

Diseño original: Danilo Design

Diseño de portada: Ricardo Romo

Diagramación: Cynthia Castañeda Hernández

Corrección de estilo: Rogelio Villarreal

Fotografía de la portada: © Presidencia de la República

Digitalización: Proyecto451

Se permite la reproducción total o parcial de esta obra, en cualquier forma o medio, con propósitos educativos y sin fines de lucro, sin que sea necesario obtener autorización expresa por parte del ITESO. Se sugiere citar como: México y la 4T, contradicciones y límites (Análisis Plural, primer semestre de 2019), iteso, Tlaquepaque, septiembre de 2019, 218 p. Disponible en: analisisplural.iteso.mx

Las opiniones expresadas en los artículos publicados son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la publicación ni del iteso.

1a. edición, Guadalajara, 2019.

DR © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, AC

Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Col. ITESO,

Tlaquepaque, Jalisco, México, cp 45604.

ISBN 978-607-8616-73-2 (E–book HTML)

ISBN de la colección 978-607-9473-64-8 (E–book HTML)

Presentación

MÉXICO Y LA 4T: CONTRADICCIONES Y LÍMITES

El primer semestre de 2019 en México estuvo marcado por las secuelas del “remezón” que significó la elección de mediados del año anterior, además de las dinámicas presentes en el contexto internacional. Un rasgo particular del periodo es que no son claros los cauces que tomará la voluntad expresada por la sociedad en la última elección federal. A un poco más de un semestre de instalado el nuevo gobierno, varios elementos de su proyecto han chocado con la realidad dura y compleja de un país con graves y añejos problemas e inercias. Intentando indagar sobre el trasfondo que subyace en algunos de los acontecimientos registrados en el periodo que nos ocupa es posible ubicar al menos dos gran- des procesos: uno, referido a la manera como evoluciona nuestra sociedad, y otro, centrado en actores que perciben riesgos para sus intereses con el cambio de rumbo.

En el primer caso, hay muchos indicios de que en el último cuarto de siglo nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más diversa, más vinculada a procesos globales, con un mayor nivel educativo, y donde la influencia de las redes sociales es creciente. Poco a poco vamos dejando atrás la sociedad sumisa y acrítica fraguada a golpes de autoritarismo y emergen, a lo largo y ancho del país, múltiples movimientos, organizaciones sociales y redes con iniciativas trascendentes. Baste señalar tres botones de muestra: el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, el #Yosoy132 en 2012 y en tiempos más recientes la coalición de organizaciones que arrojó luz sobre la llamada “Estafa Maestra”. Experiencias como las descritas reflejan que una nueva generación de mexicanas y mexicanos ha hecho suyo el espacio público; expresa su hartazgo por el estado de cosas y denuncia el que unos pocos se beneficien del trabajo de todos y todas. No están dispuestos a repetir el error de las generaciones pasadas: que los gobiernos —del color que sean— decidan solos sobre los asuntos públicos ya que ello nos ha colocado en una situación límite como nación. Un caso concreto es la enorme herida abierta en miles de familias donde un ser querido ha sido desaparecido.

Por otra parte, en torno a la reciente elección federal, y después de ella, se han dado expresiones de fuerza de poderosos grupos de interés presentes en los más diversos campos en el país. Dejan en claro que no están dispuestos a perder los privilegios conseguidos al amparo del grupo que detentó el poder público a lo largo de muchas décadas. Son redes de complicidad consolidadas y con amplios recursos (que, dato curioso, poco ruido hicieron en la alternancia política que se dio en 2000). La pregunta es si será posible mantener inalterado el estado de cosas frente a la agudización de las desigualdades, el incremento de la pobreza, los niveles aberrantes de corrupción y la violencia social. La respuesta parece ser no. No es posible dejar intactos los mecanismos usados por estos grupos para mantener una férrea captura del estado y apropiarse así de valiosos bienes públicos necesarios para mejorar la calidad de vida de millones de compatriotas a los que les falta lo imprescindible para vivir.

En el marco descrito, es entendible la creciente vigilancia social sobre las formas de operar de los gobiernos en turno, en especial del federal, y es una buena señal la crítica esgrimida por muchas organizaciones y personas sobre las decisiones tomadas por el nuevo gobierno (una actitud similar en otros tiempos tal vez habría evitado muchos de los problemas que hoy nos aquejan). Con todo, la polarización observada en la sociedad y que se ejemplifica con los altercados que se dan en las redes sociales (fenómeno analizado por el SignaLab del Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente, ITESO, https://bit.ly/2MSBTDA) hace necesario que como sociedad dediquemos esfuerzos a compartir los marcos de interpretación de la realidad, los diagnósticos y el proyecto de país que tenemos en mente. En el momento que transitamos como nación poco ayudan los discursos de odio, los amagos y bravatas, en la medida en que no facilitan la expresión de las ideas y una convivencia sustentada en el reconocimiento de nuestra pluralidad y diversidad social.

En la línea de ideas planteada, Análisis Plural busca contribuir desde la universidad a entender mejor la coyuntura en que nos encontramos y con ello favorecer el diálogo público y la mejor toma de decisiones. La apuesta es a aportar a que como sociedad dispongamos de los mejores elementos posibles que favorezcan la deliberación, la formación de consensos e identificar las mejores alternativas frente a nuestros problemas.

En este número y, como es costumbre, Juan Carlos Núñez Bustillos nos comparte la cronología del semestre, la cual da cuenta de los principales acontecimientos en el país. El autor destaca los temas de derechos humanos, la violencia social, la migración, la corrupción y además de varios tópicos relacionados con la agenda impulsada por la nueva fuerza política en el poder: la estrategia energética, los aeropuertos, la austeridad gubernamental, la Guardia Nacional, las reformas educativa y laboral, las personas migrantes, entre otros.

En la sección de Economía, Luis José Guerrero Anaya hace un análisis sobre los límites de la actual gestión gubernamental. En su texto “Andrés Manuel López Obrador y las contradicciones del estado capitalista” trae a la mesa un tema nodal en el que se intersectan política y economía: la contradicción que enfrentan los estados en contextos como el nuestro, ya que para que estos puedan realizar su función de socializar la producción deben promover el crecimiento y la acumulación del capital. El autor subraya que el nuevo gobierno no puede perder de vista la circunstancia señalada, ya que su capacidad de gestión puede ser afectada por las contradicciones entre su política fiscal y las señales que envía a los mercados de capitales.

Por su parte, Luis Ignacio Román Morales, con “¿El fin del neoliberalismo?”, señala cómo las diversas políticas y estrategias en-globadas en la noción de “neoliberalismo” suelen ser el centro de múltiples críticas, pero que es raro que se precise el sentido general que lo caracteriza. Al hacer referencia a que López Obrador declaró el fin del neoliberalismo, el autor realiza un análisis comparativo de esa aseveración con la orientación de las principales políticas gubernamentales y lo que plantea el llamado “consenso de Washington”. Otro texto, “Promesas, metas y resultados”, de Francisco Javier Núñez de la Peña, aborda las tendencias seguidas por los indicadores económicos durante el primer semestre del año. El autor indica que estamos en un escenario de recesión, y que el nuevo gobierno no ha demostrado capacidad para que la economía crezca al ritmo prometido, y que lo más probable es que en el año en curso la evolución del producto interno bruto solo llegue a 1.8%, lo que estaría lejos de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019.

Eleocadio Martínez Silva, en su trabajo sobre la reforma laboral y la apuesta democrática de 2018, hace referencia a cómo las crisis de la deuda externa y del auge petrolero de comienzos de los años ochenta llevaron a una prolongada crisis económica y a la desindustrialización, con el consecuente incremento del desempleo y los malos salarios. Al señalar el autor que la alternativa tomada por los gobiernos fueron las políticas neoliberales, la globalización, la atracción y el mantenimiento de la inversión extranjera, el mundo del trabajo fue orillado a adaptarse a las necesidades de los capitales globales, con el consecuente control de salarios y de las organizaciones de los trabajadores, así como el impacto en la legislación laboral. En este marco enumera los alcances del ajuste a la legislación en ese campo y sus eventuales consecuencias sobre el futuro del trabajo. Finaliza su aporte planteando la interrogante del grado de autonomía que el nuevo régimen político podría dar al movimiento obrero.

El análisis de la dinámica económica cierra con el aporte de Jorge Valdivia García. Su texto “Desabasto, oportunidades perdidas, mentiras y muerte en la guerra contra el huachicol” hace un recuento pormenorizado de la acción emprendida por el nuevo gobierno en diciembre de 2018 frente al robo de combustible y que llevó a una crisis en el abasto de este. Al hacer un análisis de las pérdidas económicas y humanas el autor señala las deficiencias en la estrategia y táctica operadas, y que resulta prematuro que el gobierno federal declare resuelto el problema.

La sección de Política incluye dos textos sobre el devenir nacional y uno sobre la dinámica que se da en el vecino país del norte, de cara a la elección del año entrante. En el primer caso Jorge Rocha Quintero nos comparte el texto “Seis meses de la 4T, un primer balance del sexenio”, en el que analiza aspectos como la política social y migratoria, la conformación de la Guardia Nacional, la política exterior de la actual administración, el nivel de aprobación del nuevo gobierno y el impacto del modelo de comunicación política seguido por este. Concluye con la revisión de lo ocurrido en el primer proceso electoral local en lo que va del gobierno de la 4T. César Octavio Pérez Verónica centra su trabajo en el tema de la Guardia Nacional y la militarización de la seguridad pública. Al señalar que entre los problemas más graves que enfrentamos en México en los años recientes están la violencia y la inseguridad, el poner en marcha una nueva institución encargada de tareas de seguridad pública integrada por elementos que provienen del ámbito militar no es un aspecto que se puede soslayar. Al hacer referencia a hechos recientes en los que se dieron graves violaciones a los derechos humanos, el autor advierte que la estrategia descrita puede llevar a que se agrave la situación. En tanto, David Foust Rodríguez comparte un artículo que refleja la dinámica política en Estados Unidos, en específico en el campo del partido demócrata. Refiere que son 24 las personas que se disputan la candidatura presidencial de ese partido, hecho que no tiene precedentes. Ante ello, se pregunta sobre lo que puede estar detrás de este fenómeno y en cómo influirá en los electores de ese instituto político, y en si el desenlace llevará a contar con una candidatura capaz de derrotar a Trump en la próxima elección.

La sección de Sociedad incluye cuatro aportaciones. Se abordan los movimientos #MeToo y el de las personas migrantes, así como la reciente reforma educativa. En el primer caso, Sandra Vanesa Robles Aguilar nos introduce en un proceso en el que los fenómenos virales surgidos en las redes llevaron a que lo que antes eran denuncias anónimas pasaran a ser un tema de debate público (tendencia observada en todo el mundo). Los hechos involucrados desnudan una realidad en la que personas con mayor poder ejercen un trato denigrante sobre otras, y donde estas últimas son fundamentalmente mujeres y los agresores son hombres que ejercen violencia sexual. Al centrarse en el caso mexicano, la autora resalta que el movimiento #MeToo es una crítica a la normalización de las agresiones sexuales, su aceptación cultural y la impunidad, donde esta última es más grave en nuestro contexto. Advierte que si bien el tema estuvo presente en la agenda pública, no permaneció ahí por mucho tiempo, y que al circunscribirse a Internet se reducen las posibilidades de justicia para las víctimas. Urge transitar a un esquema que integre la justicia, la verdad y la paz, y en el que las denuncias y la solución de las agresiones trasciendan lo individual y se reconozca que el problema de fondo es el clima cultural e institucional de agresión sexual prevaleciente en el país.

El texto de Andrea Villaseñor de la Vega y Claudia Stephany León Ang versa sobre la crisis humanitaria de las personas refugiadas en México y los vacíos existentes para su protección. Su trabajo aporta datos clave para entender la grave crisis política y de violencia social que se vive en Centroamérica, que no estaría lejos de configurarse como una de las mayores crisis humanitarias (dan como ejemplo que el índice de homi- cidios en menores de 20 años en El Salvador y Guatemala es mayor que en cualquier otro lugar del mundo), lo que da lugar a niveles alarmantes de desplazamientos forzados de personas. Además, a partir de su experiencia como defensoras y acompañantes de personas solicitantes de asilo, las autoras subrayan las contradicciones existentes entre lo establecido en el marco legal y la política de asilo en México, de lo que resulta que no se dé una respuesta integral y adecuada a las personas solicitantes de refugio. Si lo anterior no bastara, las políticas impuestas a México por el gobierno de Donald Trump han hecho más grave la tragedia humanitaria que viven miles de personas.

Por otro lado, Juan Carlos Silas Casillas analiza la reforma en la educación en México. Al señalar que en los últimos cien años se ha realizado una gran cantidad de modificaciones operativas y legales al sistema educativo, considera que se trata de un proceso permanente que ha tenido efectos en las escuelas y en la relación entre gobiernos y profesores (donde, está por demás señalar, el sindicato desempeña un papel central). El artículo da cuenta de cómo en los años recientes la crítica al sistema educativo en su conjunto fue intensa y, en particular, respecto del desempeño del personal docente. Esto dio lugar a que las dos últimas reformas giraran en torno a lo laboral y lo político más que en lo académico. El autor apunta que conforme la tónica seguida por la actual administración federal, la tendencia podría modificarse.

Esta publicación no estaría completa si no hace referencia a los cada vez más graves problemas ambientales y se aporta a tener más y mejores diagnósticos sobre sus causas. En este tenor María González Valencia, en su entrega “Los acaparadores del agua”, advierte sobre la presión que ejercen las empresas, nacionales y trasnacionales para que las políticas hídricas den lugar al acaparamiento de los principales acuíferos, lo que constituye una gran amenaza para nuestra existencia. Al hacer un balance de la situación del agua en México y en el estado de Jalisco caracteriza el modelo seguido en la gestión del agua y el marco legal que la sustenta. Señala los riesgos que conlleva el actual sistema de concesiones dado que favorece la captura corporativa del agua. Plantea la urgencia de contar con una nueva Ley General de Aguas, que tenga como centro el derecho humano al agua e incorpore un mecanismo de carácter vinculante que sancione las violaciones cometidas por las empresas.

Hasta aquí el recorrido por el contenido del presente número. Solo resta reiterar la invitación a revisar las aportaciones de quienes con generosidad hicieron posible que Análisis Plural siga con su misión.

Principales sucesos nacionales del primer semestre de 2019 JUAN CARLOS NÚÑEZ BUSTILLOS (*)

1. DECLARACIONES DEL PRESIDENTE

El 3 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los funcionarios de su gobierno deberían publicar su declaración patrimonial y que, de no hacerlo, tendrían que dejar su cargo. Al día siguiente afirmó que nunca le ha interesado el dinero y que solo es dueño de su finca en Palenque. El 5 de enero anunció que México no firmaría la declaratoria del Grupo de Lima en que se desconoce como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro. El día 11 pidió paciencia a los mexicanos pues dijo que los gobiernos anteriores dejaron destruido al país. El último día de ese mes se encontró frente a la refinería de Salamanca, Guanajuato, una camioneta con explosivos y mensajes en que delincuentes exigían retirar a las fuerzas federales de la zona. El presidente respondió que no aumentaría sus medidas de seguridad.

El 18 de febrero anunció que las Islas Marías dejarían de ser prisión y el 8 de marzo afirmó que legislar sobre el aborto no es prioridad. Al hacer un balance de sus primeros 100 días de gobierno sostuvo que cumplió ya 62 de sus 100 compromisos, y sobre la economía dijo: “Está en marcha. Crece poco, pero no hay ni asomo de recesión como quisieran nuestros adversarios conservadores”. (1)

El 15 de marzo prometió no reelegirse y cuatro días después firmó un documento en que se compromete a no hacerlo. El 17 de marzo sostuvo que terminaba la etapa neoliberal de México. El 25 de marzo el presidente confirmó que solicitó al rey de España y al Vaticano disculparse con México por los agravios que cometieron hace 500 años contra los pueblos originarios. Luego de que el expresidente Vicente Fox denunciara que un comando intentó entrar a su rancho el presidente le envió una escolta de ocho militares.

En abril desmintió al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien había anunciado la posibilidad de que volviera el impuesto por tenencia de vehículos. En mayo anunció la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. El 5 de ese mes miles de personas participaron en manifestaciones en diversas localidades del país en contra de López Obrador. El último día de junio hubo nuevas protestas.

2. LA “GUERRA CONTRA EL HUACHICOL”

El semestre comenzó con una crisis de abasto de combustible derivada de la “guerra contra el huachicol” que anunció López Obrador el 27 de diciembre de 2018. La decisión del mandatario de intervenir con el Ejército las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cerrar los ductos de distribución para evitar el robo del combustible provocó que para el 5 de enero hubiera escasez de gasolina en 16 entidades del país.

Mientras la vida cotidiana y las actividades económicas resultaban afectadas, el gobierno federal pedía el apoyo de la población para luchar contra la corrupción y enfrentar las “molestias” que causaban estas medidas. De acuerdo con diversas encuestas, la mayor parte de la población apoyaba estas acciones.

El 6 de enero López Obrador señaló: “Hace dos días, de robarse 1,100 pipas logramos que bajaran a 36 pipas”. (2) Dos días después dijo que de 787 pipas que se robaban en promedio cada día, se bajó a 177 y que de diciembre a esa fecha se habían ahorrado por esta medida 2,500 millones de pesos. (3) En un par de ocasiones afirmó que sus antecesores tenían conocimiento del robo, pero que fueron omisos.

El gobierno federal desplegó a cerca de cuatro mil miembros de las fuerzas armadas para cuidar los ductos, además de aeronaves. En varias ocasiones se anunció que el abasto se regularizaría en los próximos días, sin que esto ocurriera. En las gasolineras algunos automovilistas hacían filas de más de 24 horas. Mientras, en los puertos de Tuxpan, Pajaritos y Veracruz alrededor de 20 buques cargados de combustibles no podían desembarcarlo porque las terminales estaban llenas.

El 11 de enero la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga ofreció ayuda al gobierno federal para trasportar por tierra los hidrocarburos. El gobierno aceptó la propuesta y anunció que destinaría a más de ocho mil efectivos para cuidar las pipas. Al día siguiente López Obrador insistió en que no daría marcha atrás con las medidas. “¿Quieren jugar a las vencidas? No van a poder con la voluntad del pueblo [...] a ver quién se cansa primero”. (4)

El 13 de enero ciudadanos se manifestaron en la Ciudad de México y Guadalajara para exigir la normalización del abasto. Ese mismo día pobladores de Santa Ana Ahuehuepan, Hidalgo, retuvieron y golpearon a tres soldados que participaban en una operación contra el robo de combustible. Un día después la Secretaría de Hacienda informó que más de 10 mil millones de pesos se lavaron en operaciones relacionadas con el tráfico de combustibles en los dos últimos años, pero que la cifra podría alcanzar los 45 mil millones. A mediados del mes se comenzó a distribuir el combustible en pipas. La información sobre apertura y cierre de ductos era imprecisa cuando no contradictoria.

El 18 de enero explotó en Tlahuelilpan, Hidalgo, un ducto de Pemex que era “ordeñado” por más de un centenar de personas. Ese día las autoridades informaron que el estallido provocó la muerte a 21 personas. Otras 71 resultaron heridas y había 53 desaparecidas. Con los días, el número de víctimas aumentó. Para finales de marzo el número de fallecidos sumaba 135.

El 21 de enero el gobierno federal anunció que gastaría 85 millones de dólares a la compra de pipas en Estados Unidos. Más de seis mil personas solicitaron empleo como conductores. Al día siguiente el presidente informó que destinaría 3,857 millones de pesos en un programa cuyo propósito es reducir el robo de hidrocarburos en 91 municipios. Ese mismo día las autoridades anunciaron que de nueva cuenta los delincuentes perforaron los oleoductos Tuxpan–Atzcapotzalco y Salamanca–Guadalajara.

El 25 de enero pobladores de Cuautlacingo, Estado de México, se enfrentaron a militares que trataban de controlar seis tomas clandestinas. En diversos puntos del país las autoridades descubrieron variados modos de robar combustible: desde ductos hechizos y túneles hasta barcos.

El 4 de marzo una operación para tratar de detener a José Antonio Yépez, presunto líder de los “huachicoleros”, generó enfrentamientos en Santa Rosa de Lima, Guanajuato. Durante dos días los delincuentes cerraron carreteras del municipio de Villagrán. Las fuerzas policiales no lograron capturarlo. El abasto de combustibles se regularizó poco a poco y para el mes de marzo se podía comprar sin problema.

3. LA REFINERÍA DE DOS BOCAS

El 13 de marzo López Obrador desmintió al subsecretario de Hacienda, quien había declarado que no había recursos para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Dijo que las bases se darían a conocer la siguiente semana. El 19 de marzo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció que el gobierno federal invitó a participar en el concurso a empresas de Estados Unidos, Francia, Italia y Australia.

El 9 de mayo el presidente anunció que el proceso se declaró desierto porque las empresas invitadas propusieron plazos y costos más altos de los establecidos por el gobierno mexicano que eran de tres años y ocho mil millones de dólares, respectivamente. Por esa razón anunció que la obra sería hecha por Pemex y la Secretaría de Energía. Prometió que la construcción comenzaría el 2 de junio y terminaría en mayo de 2022, pero para el fin del semestre las obras todavía no comenzaban.

4. PEMEX

Los indicadores de Pemex revelaron que en enero la empresa registró su nivel de producción más bajo en 30 años. El 3 de mayo el gobierno federal anunció medidas de austeridad en todo el gobierno para apoyar con esos recursos a la empresa. Diez días después se dio a conocer un acuerdo entre la petrolera y las instituciones financieras J.P. Morgan, Mizuho y HSBC por ocho mil millones de dólares, de los cuales 2,500 serán para refinanciar la deuda de la empresa y los otros 5,500 se destinarán a la renovación de dos líneas de crédito. Pese a ello, el 6 de junio la financiera Fitch Ratings bajó la calificación de Pemex y también de la Comisión Federal de Electricidad. Con ello se sumó a las calificadoras Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, quienes quitaron a la empresa mexicana el grado de solvencia crediticia. El 12 de abril el gobierno federal había anunciado una “línea de salvamento” para Pemex por cien mil millones de pesos del fondo de estabilización de ingresos públicos.

5. GUARDIA NACIONAL

El 28 de febrero la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Guardia Nacional. Los legisladores acordaron que tendrá un mando civil y que estará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque permite la participación de militares en tareas de seguridad pública durante cinco años. La nueva corporación estará formada por elementos de las policías militar, naval y federal que conservarán sus rangos, pero que podrán ser enjuiciados por autoridades civiles en caso de que cometan algún abuso. De manera gradual se incorporarán elementos que provengan del ámbito civil.

La guardia, propuesta por el presidente, deberá coordinarse con las policías municipales y estatales que continuarán operando. 463 legisladores de todos los partidos votaron a favor de la propuesta y solamente la diputada independiente Ana Lucía Riojas lo hizo en contra.

La creación de la nueva corporación suscitó intensos debates a lo largo del semestre pues mientras el presidente y su partido impulsaban que la corporación tuviera un mayor tinte militar, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos advertían sobre el riesgo de militarizar la seguridad pública.

El 10 de enero Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, aseguró que luego de escuchar a los ciudadanos el presidente decidió que la guardia tuviera un mando civil. El 17 de enero la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que así lo establecía. López Obrador reaccionó:

Tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y de la definición con claridad sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, eso tiene que quedar claro y había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó ayer. No estoy satisfecho. (5)

Cinco días después el Senado comenzó la discusión. En comisiones, los legisladores de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT) aprobaron un mando civil–militar sin limitaciones de temporalidad para la participación del Ejército. El 18 de febrero los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) abandonaron la sesión pues, señalaron, se pretendía someter a votación el dictamen sin discusión. En los siguientes días los legisladores acordaron que las Fuerzas Armadas participarían por cinco años en tareas de seguridad pública y sustituyeron un estado mayor militar por una coordinación interinstitucional. Para el 14 de marzo la iniciativa había sido aprobada también por los congresos de los estados.