Kitabı oku: «La universidad latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias»
La universidad latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias
La universidad latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias
Claudio Rama
Índice de contenido
Portadilla
Legales
Contexto. La nueva educación en la sociedad del conocimiento
1. El cambio tecnológico y el nuevo paradigma societario
2. Las transformaciones de los mercados laborales
3. El nuevo rol del conocimiento
4. La gestación de una nueva educación
a. La educación permanente
b. La educación especializada
c. La educación sin fronteras
d. La educación en red
5. Las nuevas universidades de la sociedad del conocimiento
a. Universidades innovadoras
b. Universidades de docencia diversificada
d. Universidades internacionalizadas
c. Universidades virtuales o en red
Capítulo I. La masificación de la educación superior y la tensión de la des-elitización 1. La tendencia a la masificación de la cobertura
a. La expansión de la matrícula terciaria
b. Los nuevos estudiantes latinoamericanos
c. La feminización de la cobertura
d. Las nuevas demandas estudiantiles
e. Los complejos resultados de la masificación
Capítulo II. La regulación de la educación superior y la tensión de la des-autonomización 1. La tendencia a las regulaciones gubernamentales
a. El modelo autonomista del siglo XX
b. Las nuevas regulaciones externas a las universidades
c. La tendencia a la creación de sistemas de educación superior y la articulación de sus componentes
i. La desarticulación de los sistemas educativos en la región
ii. La articulación del sistema de educación superior
d. La desautonomización y la nueva versión de la autonomía en el siglo XXI
e. Los nuevos ejes de las reformas universitarias públicas
2. La tendencia a la evaluación y la acreditación externa
a. La creación de las agencias de evaluación y acreditación
b. De las agencias de evaluación a los sistemas de aseguramiento de la calidad
c. La diferenciación de los sistemas de aseguramiento de la calidad
d. El futuro de la evaluación educativa
i. La dificultad de evaluar la educación transnacional
ii. La dificultad de evaluar la educación virtual
3. La tendencia a la creación de regulaciones internacionales
a. Los ejes de la regulación universitaria
b. El nuevo escenario de las regulaciones
c. Las características de las regulaciones internacionales
d. La evolución de las regulaciones internacionales
i. Convenios bilaterales
ii. Convenios entre universidades
iii. Acuerdos de mutuo reconocimiento (AMR)
iv. Los convenios regionales de reconocimiento y homologación de estudios (UNESCO)
v. Los acuerdos al interior de la OMC
vi. Los acuerdos de libre comercio
vii. El Acuerdo de Bolonia
viii. El MERCOSUR educativo
ix. Los estándares, acreditaciones o regulaciones al interior de grupos universitarios globales
4. La nueva etapa del aseguramiento de la calidad de la educación superior: la certificación y recertificación de competencias profesionales.
a. Antecedentes
b. El nuevo contexto del cambio del aseguramiento de la calidad con la educación permanente
c. Las modalidades de la educación permanente: la educación continua, los postgrados y la educación a distancia
d. La separación de la titulación académica y el ejercicio profesional
e. Los nuevos ejes del aseguramiento de la calidad: la recertificación de competencias profesionales
Capítulo III. La diferenciación de la educación superior y la tensión de la des-homogenización 1. La tendencia a la fragmentación institucional y a la complejización de las universidades
a. La estructura organizativa de las universidades latinoamericanas
b. La complejización de las estructuras de gestión
c. La fragmentación de las estructuras de poder
d. La politización de la gestión de las universidades públicas de la región
La flexibilidad de las estructuras de gestión del sector privado terciario
2. Las nuevas tendencias de las diferenciaciones universitarias
a. El nacimiento de la sociedad del conocimiento
b. El nacimiento de nuevas demandas sociales y laborales en América Latina
c. Las resistencias a las reformas universitarias en América Latina
d. El nacimiento de nuevas diferenciaciones universitarias
3. La tendencia a la flexibilización curricular
a. El currículo y la sociedad del conocimiento
b. La internacionalización del currículo
c. Los nuevos escenarios del currículo con la educación virtual y la educación permanente
d. Las dinámicas del currículo rígido en América Latina
4. Nuevas modalidades del compromiso social de las universidades: de la extensión universitaria a la proyección social
a. Características del compromiso social tradicional de las universidades
i. La dinámica de la extensión universitaria
ii. Los instrumentos de la extensión universitaria
iii. La estudiantilización de la extensión
b. Los cambios en las universidades
i. La diferenciación universitaria en dos circuitos socioeducativos
ii. Los nuevos movimientos estudiantiles del siglo XXI
iii. Los cambios en el cogobierno y la política de las universidades
c. La diferenciación de las universidades y las nuevas modalidades de sus compromisos sociales
i. La proyección social como nuevo eje de la extensión universitaria
ii. El rol educativo de la proyección social
iii. Componentes de las nuevas modalidades de los compromisos sociales de las universidades
iv. La pasantía como una categoría especial de trabajo
Capítulo IV. La mercantilización de la educación superior y la tensión de la des-gratuitarización 1. La tendencia a la mercantilización de las universidades
a. La incapacidad de poder cubrir financieramente todas las demandas de acceso
b. La diferenciación de las fuentes financieras de las universidades
c. La diferenciación de los costos de la educación superior
d. La estrategia de sobrevivencia de los hogares latinoamericanos
e. Las tendencias a la diversificación del financiamiento
2. La tendencia a la privatización de la educación superior
a. Causas de la expansión de la educación superior privada
b. Las características de la educación superior privada
i. El decrecimiento relativo de la educación superior privada
ii. Nuevos niveles de calidad de la educación privada
iii. Nuevos mecanismos competitivos de la educación superior privada
d. Tendencias de la educación superior privada
3. La tendencia a la propietarización de la investigación
a. La privatización del conocimiento
b. Cambios en la propiedad intelectual con la sociedad del conocimiento
c. Globalización y armonización del derecho de propiedad intelectual
d. Las distintas modalidades universitarias de relación entre docencia e investigación
e. Impacto sobre las universidades de América Latina de los nuevos escenarios de creación de conocimientos
f. El papel del Estado en la promoción de la investigación
Capítulo V. La internacionalización de la educación superior y la tensión de la des-nacionalización 1. La tendencia a la internacionalización de la educación superior
a. Características de la internacionalización de la educación superior
b. La nueva educación global
c. La diferenciación de los procesos de internacionalización educativos
d. Los impulsores de la internacionalización de la educación superior en América Latina
e. La internacionalización de la educación como instrumento para incrementar la calidad
f. La educación como un bien público internacional
2. Nuevas oportunidades de la educación superior en la globalización
a. El cambio global y las oportunidades educativas
b. Las políticas de educación superior en la construcción de sociedades del conocimiento
c. Las regulaciones internacionales
i. La creación de regulaciones regionales de la educación superior (el proceso de Bolonia)
ii. La libertad educativa global a través de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio
iii. Los acuerdos de libre comercio y la bilateralidad de las dinámicas educativas
iv. Las recomendaciones de buenas prácticas de la UNESCO
3. La tendencia a la postgraduarización de la educación superior
a. Los postgrados como expresión de la sociedad del conocimiento
b. Características de los postgrados en América Latina
c. Las características de los estudiantes de postgrado
d. Las diversas etapas de los postgrados
e. Los postgrados como parte de los circuitos de la educación transnacional
4. El nacimiento de la acreditación internacional
a. La complejización de la evaluación y de la acreditación de la educación superior
b. La acreditación internacional
c. Causas de la acreditación internacional
d. La diferenciación de la evaluación y acreditación internacional
e. Los ejes de la acreditación internacional en América Latina
1. Incorporación de estándares internacionales
2. Acreditación internacional por agencias locales o redes universitarias
3. Marcos legales que permiten la acreditación internacional
4. Acreditaciones internacionales asociadas a acuerdos internacionales
4.1. Derivadas de tratados de libre comercio
4.2. Derivadas de acuerdos y procesos de integración subregional
i. El modelo de acreditación internacional en Centroamérica
ii. El modelo del acreditación internacional en el MERCOSUR
f. Perspectivas futuras de la acreditación internacional
Capítulo VI. La virtualización de la educación superior y la tensión de la des-presencialización 1. La tendencia a la creación de industrias educativas
a. De la cultura presencial a la cultura industrial
b. El desarrollo de Internet como nueva industria cultural
c. La confluencia de cultura y educación con la digitalización
d. El nacimiento de la industria educativa
e. El nuevo paradigma educativo
2. La tendencia a la virtualización de la educación superior
a. La tecnología y el nuevo paradigma educativo
b. Las resistencias sociales a los cambios estructurales
c. América Latina en la nueva división internacional de la educación a través de la virtualización
d. Impulsores y restrictores de la virtualización en América Latina
e. Los impulsores institucionales de la despresencialización de la educación superior en América Latina
3. La tendencia a la despresencialización de la educación superior en América Latina
a. El modelo tradicional de educación a distancia informal en América Latina
b. El ingreso de la educación a distancia en la educación superior
c. El impacto de las nuevas tecnologías
d. La tendencia a la despresencialización como expresión de la diferenciación institucional
1. Las tradicionales universidades públicas
2. Las universidades a distancia públicas
3. Las nuevas modalidades de acceso públicas en la región
1. La Universidad Nacional Abierta de Brasil
2. Los centros regionales de educación superior de Colombia
3. La municipalización de la educación superior en Cuba
4. Las universidades privadas
e. Las tendencias dominantes de los procesos de virtualización en la región
1. Hibridación de las modalidades pedagógicas
2. Fraccionamiento internacional
3. Mercantilización
4. Diferenciación y consorciación de las ofertas
5. Creación de regulaciones
4. La diversidad de la construcción de los marcos normativos de la educación a distancia en América Latina
a. El nacimiento de la educación a distancia sin marcos regulatorios
b. De las regulaciones a nivel de las instituciones a las regulaciones sistémicas
c. Ejes de las nuevas regulaciones de la educación a distancia en la región
i. Autonomía, competencia y regulación
ii. Creación de organismos de regulación
iii. Amplitud académica de las normas de regulación
iv. La evaluación de la educación a distancia
d. Las tendencias futuras de la legislación de la educación a distancia en la región
Epílogo Macrotendencias y macrotensiones: Las encrucijadas de la educación superior en América Latina y el Caribe
a. La tendencia a la masificación de la cobertura y la tensión de la deselitización
b. Las tendencias a las regulaciones y la tensión de la desautonomización
c. La tendencia a la diferenciación y la tensión de la deshomogenización
d. La tendencia a la mercantilización y la tensión de la desgratuitarización
e. La tendencia a la internacionalización y la tensión de la desnacionalización
f. La tendencia a la virtualización y la tensión de la despresencialización
| Rama Vitale, ClaudioLa universidad latinoamericana en encrucijada de sus tendencias / Claudio Rama Vitale.- 1a ed.- Salta : Universidad Católica de Salta. Eucasa, 2020.Archivo Digital: descargaISBN 978-950-623-218-41. Educación Universitaria. 2. Educación Superior. I. Título.CDD 378.009 |
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-950-623-218-4
A mi padre, Ángel Rama, en algún lugar del cielo de América Latina y de quien aprendí muchos valores, entre los cuales, las bases del trabajo académico:
rigor, rigor y más rigor.
Introducción
Este libro profundiza en el mar de incertidumbres sobre los caminos de las universidades de América Latina en el siglo del conocimiento. Dioses y profetas, augures u oráculos han tratado de darnos respuestas al futuro desde siempre. Sin embargo, en algún momento la ciencia tomó de la religión y de las diversas creencias el volante de otear en lo desconocido, y las leyes de la física comenzaron a explicar parte del devenir del tiempo. Huxley fue el primero, al pronosticar con apenas unos días de diferencia el regreso de un cometa a la tierra 76 años después de una de sus apariciones, gracias a lo cual abrió un mundo en la mente de las personas al comenzar a plantear la previsibilidad, la posibilidad de certidumbres, la capacidad de visualizar el futuro. Las estadísticas y las matemáticas pretendieron explicar a partir de allí el devenir y desarrollaron sofisticados modelos de tendencias que simplemente trasladaban el pasado al futuro. Hoy ya sabemos que ello no es posible sino que también es una utopía, que los caminos del futuro son múltiples, que la incertidumbre es infinita, que hasta el aleteo de la mariposa puede cambiar el mundo y no digamos los propios hombres construyendo sus sociedades y cambiando los supuestos destinos manifiestos. El futuro, sin embargo, tampoco es azar y a partir de pensarlo se pasó a concebir la existencia de escenarios posibles, y con ello la prospectiva se ha vuelto un eje de la política y de la planificación estratégica (1). Sin embargo, estos escenarios son apenas futuribles, apenas unas posibilidades en un abanico infinito de caminos. Sin duda, aunque nos podamos preguntar si vale la pena un recorrido intelectual inútil que solo mira desde el presente realidades inexistentes, es también necesario otear desde “los presentes” cómo vemos “los futuros” (2).
No es gratuita la selección de las universidades y de la educación superior como eje de un enfoque prospectivo, en tanto que en el conocimiento descansa parte de los ejes centrales que determinarán el desarrollo económico de la región en cualquier futuro. Sin generación, aplicación y generalización del conocimiento en todas las áreas de la sociedad, ningún motor será suficiente ni posible para encarar el desarrollo; y todos los desarrollos productivos, desde los petroleros hasta las zonas francas, pasando por el turismo o las industrias, quedarán en la categoría de meros enclaves.
La región ha atravesado históricamente diversas concepciones sobre su desarrollo económico y sobre cuáles deben ser los ejes centrales de las políticas públicas. Desde las teorías del despegue que se focalizaban en promover las inversiones en infraestructura siguiendo las teorías de Rostow, a la promoción de la política de sustitución de bienes importados y el avance hacia las etapas más avanzadas de la sustitución de bienes de capital para lograr un desarrollo endógeno —tal como sostenía la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), asociado a la creación de procesos de integración y de expansión de los mercados internos—, hasta las concepciones focalizadas en la necesidad de tener menores tasas de crecimiento poblacional, las que referían a la necesidad de incrementar las tasas de ahorro nacionales por la vía de un incremento del endeudamiento, pasando por las concepciones derivadas del Consenso de Washington cuyo eje se focalizaba en la reducción del aparato estatal, la desregulación y la apertura a la inversión extranjera focalizada en la exportación. No ha faltado en la región diversidad de políticas y concepciones del desarrollo. Y en esta paleta no han faltado tampoco las concepciones asociadas al desarrollo del capital humano y, dentro de ellas, más recientemente a la educación superior, que se está transformando en la nueva quimera del desarrollo para amplios sectores políticos y sociales.
Es en este sector donde comienzan a colocarse las expectativas de desarrollo, el cual empieza a visualizarse como la “panacea”, como el instrumento cuya reforma puede promover el desarrollo endógeno y autosostenido. El creciente avance hacia sociedades de conocimiento o de la información en red, la complejidad de los nuevos procesos tecnológicos, la centralidad de las industrias de valor agregado de conocimiento en forma intensiva como motores económicos en los países centrales, le han transferido a las universidades, a los sistemas de educación superior y a los sistemas de investigación y desarrollo un amplio conjunto de desafíos y expectativas. Ello hace aún más imprescindible reflexionar sobre las tendencias de nuestros sistemas de educación superior, de cara a intentar develar sus potencialidades o restricciones para conformarse como motores de la creación de saberes y la formación de nuevas generaciones con competencias pertinentes a los nuevos contextos.
La presente investigación es un ensayo que no aspira proyectar números, sino que su objetivo fue develar tendencias y tensiones. No pretende construir escenarios sino conflictos, y propende a pensar el futuro como espacio de resolución de los problemas del presente. En este sentido, se concentra en el estudio y la reflexión sobre algunas de las variables problemáticas más significativas de la educación superior, intentando develar sus lógicas y a partir de allí sus tendencias y las tensiones que se generanm ya que finalmente, será de ese encuentro entre tendencias y tensiones donde se construirán los escenarios y los futuribles más posibles. El estudio es una forma de poner un ojo indirecto en el desarrollo de nuestras sociedades y sin duda presupone algunas hipótesis sobre el tipo de educación pertinente. La investigación se presenta como un ensayo analítico de las variables que inciden con más intensidad en la educación superior de la región, y la investigación se focaliza en intentar analizar las dinámicas de sus funcionamientos y construir un marco tanto prospectivo como tendencial de dichas variables de forma entrelazada, de tal manera que nos permitan superar un análisis parcelado y poder formular visiones más articuladas sobre el futuro de la educación superior en la región.
Sin duda los análisis prospectivos y de tendencias no logran responder a las infinitas incertidumbres del futuro. Menos aún uno solo, focalizado en variables asociadas a la dinámica de la educación superior. Los análisis de Herman Khan y del Instituto Hudson, precursores en esta materia, mostraron que todos los estudios siempre dejaron respuestas incompletas y parciales. Los propios estudios del Club de Roma y las proyecciones del futuro con un fuerte paradigma ricardiano, no lograron preveer las realidades del futuro, aunque todos tendamos a afirmar rápidamente que los recursos naturales se acabarán alguna vez y que la población seguirá creciendo.
El siglo XX fue el tiempo de las certezas en los saberes y de la estabilidad de las instituciones educativas como resultado de la lenta renovación de los conocimientos, el funcionamiento de dinámicas económicas basadas en el uso intensivo de recursos factoriales y la existencia de niveles de cobertura reducidos en el marco de instituciones de elites. Esos elementos que caracterizaron ese siglo están cambiando fuertemente para construir en los inicios de este siglo XXI una dinámica con múltiples fuerzas hacia la masificación de la educación, la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de tecnologías digitales, la mercantilización del conocimiento y la internacionalización de la educación en el marco de la creciente sociedad global del conocimiento, que promueve una enorme renovación de saberes y la existencia de múltiples incertidumbres. La vieja planificación rígida ha dejado de ser viable y se reafirman metodologías para una flexible planificación situacional y un análisis de situaciones y escenarios para proyectar los futuribles. Este nuevo contexto hace a la reflexión y al análisis de las grandes macrotendencias de la educación superior un elemento determinante para la actuación y la formulación de políticas en los escenarios universitarios, y sobre cómo ellas deben focalizarse en el complejo proceso de reformarse para convivir y sobrevivir en la incertidumbre del futuro que caracteriza a la nueva sociedad del conocimiento que se está construyendo a escala mundial.
En este marco de la incertidumbre estructural, es claro que nadie puede predecir el futuro con certeza. Sin embargo, nuestro estudio, al analizar separadamente casi veinte variables y su integración en seis agrupamientos, se focaliza en develar la existencia de diversas tendencias muy marcadas de la educación superior que se derivan tanto de las propias tendencias históricas y de la tradición del pasado como de los nuevos escenarios que se derivan de las tecnologías, las políticas públicas y la multiplicidad de demandas y desafíos que las sociedades están presentando a los sistemas educativos y que estos están pretendiendo responder. Son tendencias que con sus matices se están presentando a escala mundial y sobre los cuales las diversas sociedades de América Latina están reaccionando con sus propias diferencias y matices. De la forma como los países y la propia región respondan a estos desafíos, se determinará en parte el rol y el grado de inserción de nuestras naciones en la sociedad digital del conocimiento, y en la capacidad de responder a las complejas demandas sociales sobre la educación con instituciones pertinentes de calidad.
El presente libro, resultado de la investigación sobre las tendencias universitarias, se desarrolló como un ejercicio de proyección de cada una de las variables seleccionadas en su recorrido futuro, intentando desentrañar las claves propias de su funcionamiento, sus motores internos y sus contradicciones más significativas, sobre la base de un enfoque que coloca el actual momento como parte de cambios educativos asociados a la nueva economía global de la sociedad de la información en red. En nuestro análisis, el pasado es visto como espacio continuo, donde las huellas de su historia se proyectan sin duda en el futuro; sin embargo, esas fuerzas no logran imponer totalmente los cambios y las nuevas realidades. Son estas fuerzas, tanto restrictivas a los cambios como otras veces incentivadoras de dichos cambios, espacios para construir soluciones. Sin embargo, en general actúan sobre las variables como un factor de resistencia, propendiendo al mantenimiento del status quo y a la conservación de las tradiciones del pasado, como lo concibe la lógica de los paradigmas.
La conclusión de nuestra investigación es la reafirmación de que estamos en la mitad de cambios sociológicos de una enorme dimensión en la educación superior, asociados al nuevo modelo de la sociedad del conocimiento digital. El primer supuesto, que es al mismo tiempo conclusión, es la creciente deselitización de la educación superior como derivación de la continua expansión de la demanda, que se asienta en los movimientos demográficos de la población y en la democratización de la sociedad, y cuyos ejes de acciones asociadas a las estrategias de sobrevivencia de los hogares derivan del presupuesto en el largo plazo, del mantenimiento de los esquemas que asocian el estudio a los ingresos salariales de acuerdo a las fórmulas de Mincer y a la teoría del capital humano. En ellas se insertan las tendencias a la feminización de la cobertura, apoyadas además en movimientos sociológicos y políticos de continuación de los procesos de democratización de las sociedades y del incremento de la participación de la mujer en los mercados laborales y en la población económicamente activa. No es solo una derivación de nuevas demandas de mercados laborales crecientemente competitivos, sino de un cambio en cómo la gente ve la relación entre sus perspectivas futuras y el conocimiento. Es una realidad que está golpeando las restricciones de acceso e incentivando una mayor diferenciación institucional.
Decíamos que el estudio de las diversas tendencias nos ha llevado a la conclusión de que estamos frente a un complejo y enorme proceso de transformaciones de la educación superior. Son cambios en sus tendencias históricas, con un quiebre que prefigura cambios sociales de una amplia dimensión. Por eso hemos querido utilizar “neologismos” como vocablos asociados al cambio para definir los nuevos escenarios. Sin duda, también, para poner en el debate académico conceptos polémicos que ciertamente contribuirán a una mayor discusión sobre los escenarios futuros de la educación superior y, por ende, sobre las políticas públicas. La conclusión es que estamos frente a una deselitización de la educación superior —derivada de la tendencia a la masificación de la cobertura, de la tendencia a la feminización de la matrícula, de una tendencia a la diferenciación (deshomogenización)—; derivado de la diferenciación institucional, de la tendencia a la fragmentación institucional, a la complejización de las universidades y a la flexibilización de las estructuras curriculares, así como de una tendencia a la desautonomización, derivado de la tendencia a las regulaciones gubernamentales, la tendencia al establecimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad, a la articulación sistémica de la educación superior y al ingreso y crecimiento de regulaciones internacionales. Asimismo, de una tendencia a la desnacionalización derivada de la tendencia a la internacionalización de las ofertas y las demandas, a la postgraduarización internacional de los procesos de enseñanza especializada y a regulaciones internacionales que fijan los patámetros de la movilidad y el reconocimiento de las certificaciones. En adición, visualizamos una tendencia a la virtualización o a una despresencialización, derivada de tendencia a la transformación de las industrias culturales en industrias educativas con la digitalización, y de la expansión de las tecnologías digitales. Y por último, de una tendencia a la mercantilización (o a una desgratuitarización de la educación superior) derivada de los incrementos de los costos educativos, de las tendencias a la privatización de dichos costos, de la propia diversificación de las fuentes financieras y de la propietarización de la investigación asociado a la creciente rentabilización comercial de los conocimientos aplicados.
1- De Jouvenel, H. (2004). Invitation à la prospective. París: Futuribles.
2- Miklos, T. y Tello, M. E. (2005). Planeación prospectiva: una estrategia para el diseño del futuro. México: Limusa.
CONTEXTO La nueva educación en la sociedad del conocimiento
La nueva educación en la sociedad del conocimiento
1. El cambio tecnológico y el nuevo paradigma societario. 2. Las transformaciones de los mercados laborales. 3. El nuevo rol del conocimiento. 4. La gestación de una nueva educación. 5. Las nuevas universidades de la sociedad del conocimiento.
1. El cambio tecnológico y el nuevo paradigma societario
Las sociedades contemporáneas están en el clivaje histórico dados los cambios en la base tecnológica de los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo; la globalización de los mercados y la expansión, renovación y obsolescencia de conocimientos. Decenas de autores han teorizado sobre la aparición de una nueva fase de la historia, caracterizada por una sociedad que crece motorizada por el conocimiento, que es de carácter global, y que transforma las bases tradicionales del trabajo y las formas anteriores de producción por la incorporación de lógicas digitales. Cada uno la llama de una forma distinta: sociedad de la información, del conocimiento, tecnotrónica, postindustrial, en red, digital, intangible, del infocapitalismo, del capitalismo tardío, aldea global, tercera ola, etc. Todos coinciden en la existencia de algún punto de inflexión con el anterior modelo dominante social, económico y tecnológico, que ha comenzado a gestar una nueva dinámica societaria. Se tiende a coincidir en que el nuevo escenario se basa en la irrupción de nuevas tecnologías de base digitales, fundamentalmente de información y comunicación —como la microelectrónica— y en la conformación de un modelo de acumulación donde la creación de valor está asociada a la introducción de conocimientos aplicados en las funciones de producción tradicionales, en una dinámica de innovación permanente resguardada por los derechos de propiedad intelectual y en la conformación de mercados globales y articulados a través de redes digitales.
La expansión de nuevas fuerzas productivas se ha comenzado a generalizar, impulsando cambios significativos en todos los ámbitos societarios. Con más o menos intensidad, la expansión de los conocimientos, la digitalización y la globalización están impactando en todos los modelos de sociedades y en todos sus ámbitos, y con especial intensidad en los mercados de trabajo, y por ende en la educación y en las instituciones educativas (3). Es una confluencia de múltiples golpes que impactan y transforman las instituciones de educación superior (4). Las empresas compiten a escala global a partir de la creación de innovaciones que requieren personal altamente capacitado para su gestación así como para su gestión, generando nuevas demandas de competencias. Sin embargo, tales invenciones o innovaciones en general se desarrollan a través de procesos de “creación destructiva” de las combinaciones existentes de los recursos por nuevas combinaciones (con nuevos productos, procesos, organizaciones, sistemas de producción, intercambio y consumo), que crean múltiples impactos sociales (5).
El desarrollo económico se conforma como un proceso de cambio que permanentemente se transforma desplazando incesantemente los equilibrios preexistentes a partir de innovaciones derivadas de cambios tecnológicos que transforman los procesos de trabajo, y que crecientemente provienen del interior de las empresas. Aparecen así nuevas teorías que explican cómo al interior de las organizaciones se produce la creación de conocimientos a partir de la transformación de saberes tácitos en explícitos para resolver problemas concretos (6). A su vez, la necesidad competitiva de una incesante innovación que se produce en los mercados les impone a las firmas anticiparse a través de la investigación, la inversión de capitales de riesgo y la generación de condiciones de creación y preservación de inventos e innovaciones como mecanismos de generación de riquezas y de consolidar sus posiciones de mercado.
La dinámica de la acumulación de capitales se basa en la irrupción de permanentes creaciones destructivas que, al tiempo que generan ganancias extraordinarias, pueden producir la desaparición de vastos campos laborales; ya que al crear procesos y productos, otros tienden a desaparecer o perdir sus posiciones de mercado, con múltiples implicancias laborales si los requerimientos son diferenciados y las personas no realizan las necesarias reactualizaciones de sus competencias. Este proceso impacta directamente sobre las instituciones educativas en tres dimensiones: al demandar la generación de nuevos conocimientos que permitan la creación de innovaciones y su gestión, al crear nuevos campos educativos como resultado de cambios en los procesos de trabajo y al demandar la actualización de las competencias de las personas para ajustarse a las nuevas realidades de los mercados de trabajo. La movilidad laboral desde mercados —y competencias— en declive hacia mercados —y destrezas— en expansión solo es posible bajo libre movilidad y con sistemas educativos perfectamente sincronizados con los cambios en los mercados y en las divisiones sociales y técnicas del trabajo que ellos significan. Las innovaciones no tienen como eje dominante meramente procesos incrementales, sino que buscan cambios estructurales que están asociadas a niveles de composición orgánica superiores con mayores complejidades tecnológicas y que por ende requieren otras destrezas y competencias por parte de las personas. Tales dinámicas de desaparición y aparición de empleo, si bien se tienden a producir en entornos y economías muy dinámicas y/o abiertas a la competencia global, también estarán también asociadas a los propios sistemas educativos; ya que estos son los determinantes de los niveles de la innovación social, de la capacidad de gestión de los nuevos saberes y de la reactualización de las competencias. Indirectamente además las incidencias son más amplias, ya que la competencia empresarial con base en innovaciones deriva en enormes niveles de inversiones en investigación e innovación, que a su vez impactan sobre los sistemas educativos al demandar un crecimiento de los conocimientos existentes.
Así, en las últimas décadas se ha comenzado a desarrollar a escala global un nuevo modelo económico asociado a la irrupción y generalización de nuevas tecnologías de producción (7). El cambio del paradigma técnico-económico desde los 80 y los 90, expresado en la microelectrónica y la programación, y sintetizado en lo digital, creó nuevas formas de producción y nuevas configuraciones sociales, entre las cuales también se ha estado gestando una nueva educación. Este impacto de los cambios en las herramientas de producción con la microelectrónica se ha ido generalizando a todos los ámbitos, conformando muy rápidamente un nuevo tipo de sociedad global que se expande en términos económicos y sociales a través de la digitalización y la introducción permanente de innovaciones que derivan ambas de conocimientos aplicables a la producción. Esta revolución tecnológica está permitiendo la sustitución de procesos de trabajo por otros de alta densidad, con sustitución de un tipo de empleo de baja capacitación por procesos automáticos expandidos gracias a trabajadores simbólicos que requieren, a su vez, trabajadores con alta formación de capital educativo (8). En este escenario, todas las diversas conceptualizaciones se orientan a posicionar el conocimiento como el factor clave y el motor central de la evolución económica y social contemporánea. Es así que se formulan las definiciones de capital humano, capital intelectual, capital ingenieril, capital cultural, o de capital de riesgo, asociados a la innovación, como conceptos de definición de un nuevo impulsor del desarrollo. Ellas remiten, en diversas formas, al proceso mundial en el cual se está creando una nueva sociedad global, con una división internacional del trabajo asociada a tijeras de precios derivadas de la densidad tecnológica de la producción, y donde el conocimiento crecientemente mercantilizado se localiza en los países centrales, que se redefinen como los centros de producción, apropiación y utilización intensiva de esos nuevos saberes protegidos por una ampliación del derecho de propiedad intelectual a escala internacional.
Este es un fenómeno a escala de toda la economía mundial derivada de una revolución tecnológica, que se está expandiendo y distribuyendo global y desigualmente en un proceso de adaptación, asimilación y reestructuración que tiene ya casi dos décadas y que se extenderá por varios quinquenios más (9). No es este, sin embargo, un escenario totalmente novedoso en la evolución de la humanidad, sino que la historia de los últimos quinientos años muestra una evolución económica y social a través de etapas y ciclos basados en tipos de tecnologías como infraestructuras tecno-productivas que modelaron los procesos sociales, tal como en su momento fueron el vapor con la producción textil, el carbón con el ferrocarril de acero o la electricidad con la cadena de montaje fordista (10).
Una revolución tecnológica es un conjunto de tecnologías, productos e industrias nuevas, capaces de sacudir los cimientos de la economía y de impulsar una oleada de cambios sociales a largo plazo en toda la sociedad, en lo que se ha dado en llamar la tecnoestructura (11). Tales cambios, históricamente, se han apoyado en un conjunto de industrias motrices que, al incorporar técnicas de producción que los nuevos paradigmas tecnológicos permitían, empujaron y motorizaron profundos cambios en el conjunto de la sociedad. Son las fases marcadas y caracterizadas por la revolución industrial, con sus diversos ciclos impulsados por industrias motrices. Tales cambios en la base productiva, como derivación de las nuevas tecnologías que fungen como soportes de la economía, impactan en múltiples dimensiones en toda la sociedad. Actualmente, las bases del nuevo sustrato tecnológico descansan en la microelectrónica barata y en la informática, que se comienzan a expandir e incorporar en toda la estructura socio-productiva a través de una multiplicidad de formas. De las cadenas de producción de Ford a los talleres robotizados, de las formas de producción continuas a la producción a medida y flexible, de la producción para stock a la producción “just in time”, de la comercialización física al e-business digital, en red y global (12). Tales motores de la acumulación de capitales están renovando toda la base productiva de las naciones y se están generalizando hacia todos los sectores, transformando radicalmente las formas en las que con anterioridad se producía, consumía, vivía, transportaba, comercializaba, y también educaba, entre otras. Bajo este enfoque se asocian históricamente las reestructuraciones sociales a esas sucesivas oleadas tecnológicas, las cuales no solo cambian las formas de producción, sino que también transforman las organizaciones sociales y las modalidades por las cuales las personas se relacionan e interactúan.
En el ámbito del pensamiento económico se ha conformado una escuela teórica que ha sustentado la dinámica del funcionamiento del sistema capitalista a través de una sucesión de ciclos que encuentran su sustentación profunda en las revoluciones e innovaciones tecnológicas y que impactan a las sociedades impulsando y modelando nuevas estructuras sociales. Este enfoque ha tenido un recorrido intelectual jalonado de diversos momentos teóricos en el siglo XX: por la identificación de los ciclos económicos y por visualizar al sistema capitalista como un proceso de desarrollo de fases de auge y de depresión, con Kondrátiev; por la asociación entre los ciclos y la renovación de los bienes de capital, con Garvy, Mandel y Keynes; por la identificación del rol del empresario y el impacto de las creaciones destructivas, con Schumpeter; por el agotamiento del impacto de los tipos de capitales tradicionales y el nacimiento de un residual explicativo, con Solow; por la teorización del capital humano como el factor determinante de la productividad, con Shultz; por la relación entre salarios y productividad dada por el aumento del capital humano, con Mincer; por el significado de la microelectrónica en la transformación productiva, con Freedman; por la dimensión de este proceso en el nacimiento de una sociedad postcapitalista, con Drucker; por las características del conocimiento desarrollado en la tercera ola en la organización de las sociedades y la transferencia de poder hacia los trabajadores simbólicos, con Toffler; por la forma que asume el nuevo escenario de los comercios en red en la galaxia Internet, con Castells; por la dimensión de los cambios en la tecno-estructura derivada de la generalización de la microelectrónica, con Pérez.
Aunque para algunos el enfoque se apoye en la tercera ola, la larga duración o el quinto ciclo, todos coinciden en poner el acento en una nueva dinámica social y económica basada en la microelectrónica, la gestión informática, las innovaciones permanentes y el reemplazo de tecnologías tradicionales por nuevas técnicas de relación del hombre con la naturaleza, que remoldean las estructuras societales y generan amplias y complejas reingenierías sociales y productivas. Los análisis, sin embargo, han ido avanzando desde un cierto determinismo tecnológico, como muy simplemente lo hemos referido, hacia un marco analítico en el cual se retroalimentan los determinantes de la incorporación de tecnologías y las características de la propia sociedad, y bajo el cual es en el propio impacto social del nuevo modelo —y su grado de estandarización y de aceptación— donde se definen las bases de la efectiva reestructuración y transformación al interior de las diversas sociedades.
2. Las transformaciones de los mercados laborales
Asociado a estas tecnologías y a las derivaciones de la competencia económica, se ha producido un rápido proceso de cambio en la composición de los mercados laborales. En tanto la producción se asocia a la densidad tecnológica y a la innovación, se han generado nuevas exigencias laborales por incremento de competencias específicas y generales. Hay un nuevo contexto global del empleo a escala mundial, en el cual se visualiza la desaparición del empleo industrial y la expansión del empleo en los servicios, el desarrollo de un empleo local que se asocia a la exportación y que se estructura como terminal de redes de empleos globales en función de densidades tecnológicas y de altas especializaciones dadas por la apertura de las economías. Los mercados laborales, por su parte, incrementan su flexibilidad e incertidumbre asociadas a una mayor volatilidad global y a permanentes cambios en la capacidad competitiva. En este escenario, el empleo se internacionaliza y la emigración profesional se comienza a articular con carácter permanente de flujo migratorio y los sectores de baja capacidad y alta formación también se movilizan rápidamente en función de las demandas laborales de otros países. La migración se torna estructural como forma de ajuste de los desequilibrios de los mercados laborales. En el sector formal, la productividad se asocia a la educación superior y la propia inserción en los mercados laborales globales se restringe a profesionales y técnicos. Así, los cambios en los mercados laborales promueven la conformación de un nuevo tipo de estudiante, de un nuevo demandante de conocimientos, y la conformación de mercados con alta dotación de profesionales y técnicos que permitan reducir las altas rentabilidades individuales de la educación superior y facilitar la competitividad de las empresas. Así también, la ampliación de la matrícula se constituye como una derivación de las exigencias laborales en mercados competitivos de alta densidad tecnológica y de complejización informática de su gestión. Para las personas, la educación se constituye como una inversión y como un requisito indispensable para posicionarse en el mercado laboral en puestos mejor remunerados. Las personas pasan a concebir a la educación como una inversión y a sacrificar rentas presentes por posibles salarios futuros. Es este además un proceso permanente, ya que la renovación de los procesos productivos impone la capacitación continua, que al ser de trabajadores en ejercicio refuerza una demanda de educación flexible, especializada, no presencial y actualizada, asociada al mejor uso de los tiempos libres. Sin embargo, como derivación, la masificación de los egresados y la restricción de los mercados laborales promueven una dinámica económica irracional que contribuye a abaratar las tradicionales altas remuneraciones salariales de los egresados universitarios.
3. El nuevo rol del conocimiento
La actual revolución tecnológica está cambiando el escenario de los saberes y las disciplinas (13). La revolución tecnológica consistió en la incorporación de la microelectrónica como dispositivo fundamental de las máquinas herramientas y en la introducción de la informática como controladores del funcionamiento de la producción, lo cual determinó que el desarrollo de los microprocesadores (velocidad de procesamiento, memoria, miniaturización, costos, etc.) y del software (estandarización, programación en web, complejización de los lenguajes, abaratamiento, autodesarrollo) se transformaran en el nuevo motor de la acumulación de capitales. Ellas implican un cambio en el uso y el significado del conocimiento. Diversos autores han definido esta como una nueva forma de creación de riqueza y de organización de las sociedades, y como derivada del uso intensivo de conocimientos. En tanto las ventajas competitivas de las empresas se asocian a la creación de innovaciones y el comercio se articula en función de los niveles de densidad tecnológica, ello ha derivado en un enorme volumen de inversiones financieras orientadas a la creación de conocimientos patentables. El propio comercio mundial ha dejado de estar dominantemente regulado en función de aranceles y barreras aduanales, para regularse con base en los derechos intelectuales (de autor y conexos, de denominación de origen, de marcas, de diseño, de patentes, del know how, etc.). La propiedad del conocimiento se ha expandido, han aumentado sus formas de protección, su cobertura, se ha globalizado al producirse una armonización planetaria, se han ampliado las áreas a las cuales se protege, y se han establecido mecanismos de observación a partir de tratados de apertura recíproca del comercio a través de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos. Ello está contribuyendo a perfilar una nueva división internacional del trabajo y a que las empresas inviertan crecientes recursos económicos en la producción de nuevos conocimientos, tanto del tipo de innovaciones que propendan a pequeñas mejorías incrementales como a aquellas orientadas a crear inventos o a encontrar descubrimientos patentables. Como derivación de estos recursos económicos colocados en investigación y desarrollo, se ha generado una expansión casi galáctica de datos, de información y de conocimientos. La propia industrialización de la producción de conocimientos está en el centro mismo del modelo económico (14). Definidas como capital de riesgo, o como un nuevo tipo de capital, las inversiones orientadas a la investigación y al desarrollo han cambiado el panorama de la educación y de las instituciones educativas al desarrollar un complejo entramado institucional (parques tecnológicos, incubadoras de empresas, laboratorios empresariales, centros de investigaciones, etc.) que se manifiesta en el aumento vertiginoso de libros, publicaciones, formulas, axiomas y toda forma de expresión de conocimientos. Estas inversiones producen, por un lado, una creación permanente de nuevos saberes, muchos de ellos patentables; pero por otro, y también permanentemente, tornan obsoletos a otros saberes que son superados por los nuevos paradigmas formulados. El carácter aproximativo del saber paradigmático, el transformarse el conocimiento en capital y en mercancía por su capacidad de crear valor o de intercambiarse, o su carácter privado a través del derecho de propiedad intelectual, se constituyen en los motores que incentivan la continua generación de conocimientos. No es este, sin embargo, un momento coyuntural del ciclo económico tradicional en su fase recesiva, sino una acción intrínseca permanente del modelo económico a escala global. En este camino, se privatiza y se mercantiliza el conocimiento asociado a las inversiones realizadas y a la protección de la propiedad intelectual como parte de una economía global sustentada e impulsada por la aceleración de la innovación tecnológica.
La nueva dinámica económica que se está conformando introduce cambios en el marco de los escenarios del conocimiento, como en su proceso de expansión y diversificación que introduce cambios en la durabilidad y en la propia obsolescencia (15). Esta es una transformación verdaderamente revolucionaria en término de sus impactos; ya no solo en el desarrollo de nuevas demandas de competencias sino en el carácter no durable de los saberes. Tal escenario además introduce la evaluación y acreditación de los saberes, la expansión de los estudios del conocimiento, y un nuevo rol del Estado sobre los procesos académicos antes inexistentes para garantizar la creación permanente de conocimientos y su capacidad de asimilación y gestión con una fuerza de trabajo profesional.
4. La gestación de una nueva educación
Las transformaciones en la base económica están impactando en todas las áreas de la sociedad y con más intensidad en la educación. Esta, en tanto bisagra entre las relaciones sociales, los saberes y las condiciones técnicas de la producción, y como servicio para facilitar los procesos de gestión del conocimiento y de actualización de las competencias demandadas en el trabajo, está siendo impactada de manera radical por el cambio en el modelo tecnológico productivo. Históricamente la educación se ha transformado vinculada a los cambios socio-tecnológicos y, en tal derrotero, se han promovido nuevas competencias laborales, nuevos campos disciplinarios, nuevas configuraciones de las instituciones educativas y también nuevos modelos pedagógicos. La propia instauración y consolidación de las diversas revoluciones y oleadas tecnológicas se ha viabilizado tanto a través de nuevas modalidades de la organización institucional de los procesos de creación, de transferencia y de valorización del saber, como de nuevos roles, cometidos y modalidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, la educación históricamente se ha ajustado de manera paulatina a los cambios en la estructura productiva y, al mismo tiempo, ella misma ha sido uno de los instrumentos que han contribuido a la generalización de esas transformaciones técnicas en términos culturales, sociales y económicos.
El nuevo contexto de la sociedad del conocimiento está promoviendo nuevas formas de creación y de transmisión de los saberes (16). Desde el ámbito del desarrollo de nuevos conocimientos también se han producido nuevas visiones: entre otras, el enfoque de Sábato de la triple hélice (universidad, Estado y mercado); la transformación en las organizaciones de saberes implícitos en explícitos, con Nonaka; o el modo 2, con Gibbons (17). Para este, una parte creciente de la creación de nuevos conocimientos no se genera por la división y fragmentación de las disciplinas sino por espacios interdisciplinarios, lo cual tiende a promover nuevas formas de organización institucional en las universidades orientadas a facilitar el modo 2 de creación de saber de tipo trans, inter y multidisciplinario. Otros se orientan a disciplinas sistémicas, como Morin; a dinámicas de trabajo en red colaborativas como, Castells; o en función de respuestas a problemas, como Buarque. Sin embargo, al mismo tiempo que se desarrollan nuevas formas de crear el conocimiento, también se estructuran, asociado a ello, nuevas modalidades de transmisión de los saberes. La flexibilización de los estudios, la desestructuración del currículo, la incorporación de nuevos componentes curriculares o la conformación de nuevas formas de apropiación a partir de la movilidad, la praxis o la simulación, son parte del desarrollo de una nueva educación basada en paradigmas constructivistas y nuevos conocimientos sobre cómo funciona el cerebro.
Los cambios en el currículo están asociados a cómo se crea el saber, a cómo se transmiten los saberes, como también a la creciente complejidad de los saberes (renovación y obsolescencia), a cambios en las teorías del aprendizaje y a las nuevas demandas de competencias derivadas de los mercados laborales.
La educación de la sociedad del conocimiento está lentamente construyendo un nuevo currículo. Los enfoques internacionales comparativos, los temas internacionales, el estudio de las lenguas, los estudios que forman parte de programas transdisciplinarios, disciplinas sistémicas o un nuevo marco de la práctica, de la experimentación y de la simulación son apenas algunos escenarios. La incorporación de la informática en el currículo es uno de los ejes de la nueva educación. La informática es una forma codificada del saber que se basa en la producción de protocolos de tareas y contenidos por medio de otro lenguaje, el de la sociedad del conocimiento. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) también expresa el nuevo rol de estas, ya sea en las formas de gestión en todos los ámbitos de la sociedad como en su uso en la transmisión de contenidos. Internet favoreció a toda la industria electrónica y a las telecomunicaciones tanto como a la educación, conformando el núcleo de la actual convergencia industrial tecnológica y el desarrollo de nuevas formas de programación y de producción en base web (18).
Igualmente, la movilidad como parte de los procesos de enseñanza es una de las características de la nueva educación. No solo como parte de estudios comparativos, sino sobre la base de la importancia de la diversidad de los procesos de enseñanza y en la comparación en los aprendizajes.
La flexibilización del currículo no solo deriva de nuevas formas de apropiarse de carácter interdisciplinario, sino también de una correlación con los cambios en los mercados laborales (19). La educación estandarizada correspondía a una economía estandarizada, tal como era antes dominante. Hoy, las economías estructuradas en talleres de producción a pedido, bajo máquinas de control numérico que permiten permanentes innovaciones de productos y procesos, requieren procesos flexibles de aprendizaje. Antes la educación se visualizaba como una cadena de montaje en términos de los procesos de enseñanza y se impartían conocimientos fraccionados y separados. Hoy se sabe que los aprendizajes son conexiones y que ellos tienen fuertes componentes prácticos e interdisciplinarios. Igualmente se ha pasado de meros aprendizajes teóricos a procesos de enseñanza con crecientes componentes prácticos. Hoy para saber las formas más evolucionadas de abstracción y pensamiento sistémico es necesario aprender a experimentar y ello se produce en la investigación.
En el nuevo escenario, las demandas de educación de calidad incrementan sus costos y se comienzan a plantear complejos problemas sobre el financiamiento, que refuerzan procesos de mercantilización de las instituciones de educación superior, incrementos de las escalas y procesos de gerenciamiento científicos asociados a la especialización, la planificación estratégica y la permanente reingeniería.
Una sociedad que compite cada vez más a escala global a través de la innovación, las invenciones y los descubrimientos patentados y protegidos por una amplia batería de derechos intelectuales está a su vez expandiendo exponencialmente el conocimiento. Así, en las últimas décadas, el volumen de conocimientos medidos en los distintos campos disciplinarios, en las ediciones de nuevos títulos, en las publicaciones indexadas o en las teorías o axiomas de cada campo de saber, crece a dimensiones muy superiores a los pasados históricos y a tasas tan enormes que se torna casi imposible pensar en transmitir el volumen de saberes. Los conocimientos dejan de estar “en” los docentes, que pasan a ser asesores del proceso de enseñanza. Ello se deriva, además, de una renovación galáctica de conocimientos que impone a su vez una enorme obsolescencia de los conocimientos previos y una incapacidad de los docentes de apropiarse de mínimas porciones del saber para poder transmitir, en un proceso que descansa cada vez más en las industrias culturales y educativas como los libros, Internet, los modelos de simulación, los multimedia, etc. Cambian los paradigmas, nacen nuevas disciplinas, cambian las formas de apropiarse de saberes, se expanden ámbitos de especialización —ya no solo disciplinarios sino interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios— que impactan en la educación en tanto ámbito de organización de los saberes, instrumento de formación para ejercer actividades laborales y modalidad de transmisión de valores y competencias.
El impacto es en todas direcciones, pero fundamentalmente apunta a la creación de una nueva educación; la educación de la sociedad del conocimiento, dada por un incremento y una diversificación de las demandas, la aparición de nuevas modalidades institucionales de transferencia de saberes, el cambio en los espacios geográficos de las instituciones, el grado de flexibilización y mercantilización de las nuevas modalidades institucionales, etc. Cuatro son las bases que identificamos de la constitución de la educación en la sociedad del conocimiento:
a. La educación permanente
Este es un ámbito de actualización constante de saberes y destrezas, asociadas a la rápida y enorme dinámica de la renovación y obsolescencia de conocimientos que producen los altos recursos humanos y financieros dedicados a la investigación y a la velocidad que tienen los mercados laborales de demandas por la ininterrumpida modernización productiva derivada de la alta competencia global. Una sociedad basada en la creación e innovación permanente se expresa, a su vez, en procesos educativos que actualizan en forma permanente nuevas competencias (habilidades o destrezas) o conocimientos (teorías y esquemas interpretativos). Los sistemas universitarios estaban estructurados sobre la base de la existencia de muy pocos conocimientos: era el escenario de Kant y Descartes de pocas disciplinas, marcado por una renovación de conocimientos muy lentos que no derivaban en transformaciones rápidas de los currículos. Actualmente se ha pasado a un escenario donde la enorme creación de conocimientos impone la necesidad de un proceso de actualización de los currículos y, al tiempo, la permanente actualización de las personas ya formadas y cuyos saberes básicos o especializados requieren la actualización de sus competencias para mantener sus propios ámbitos de trabajo. Lentamente se está conformando la educación continua como un ciclo ordenado al interior de la educación.
La durabilidad de los conocimientos es tal vez el concepto más complejo en términos educativos que marcará el siglo XXI, ya que transforma las bases mismas de la educación, que deja de ser una educación para toda la vida, una educación “por si acaso se necesite”. La revalorización del concepto de educación permanente es uno de los eventos más importantes ocurridos en la historia de la educación en las últimas décadas, al cambiar el enfoque tradicional de estudiar para obtener un título y ejercer “para siempre” su vida laboral con ese saber, por un nuevo escenario marcado por prácticas de educación permanente a través de las diversas modalidades de los estudios de postgrados. La idea de la educación como preparación para la vida ha dado paso al concepto de la educación durante toda la vida (20). Esta educación permanente se desarrolla tanto a través de los postgrados como ciclo formal académico creditizado, como a través de la educación continua en tanto forma organizativa de transmisión de conocimientos, que aporta procesos educativos remediales o actualizaciones de técnicas y saberes específicos fuertemente instrumentales y complementarios a los saberes teóricos. Sin embargo, asistimos también de manera creciente a la formalización de la educación continua, como actualización, o inclusive como créditos que finalmente derivan en un título asociado a los diversos niveles de los postgrados.
En los inicios, los postgrados se posicionaban en una educación orientada a transferir marcos teóricos especializados y la educación continua en transmitir destrezas y habilidades. Sin embargo, el desarrollo de postgrados profesionalizantes ha comenzado a plantear cambios en este paradigma organizacional y conceptual.
b. La educación especializada
Una nueva realidad, dada por un nuevo ciclo de estudios posteriores a los tradicionales estudios universitarios de grado, ha nacido como resultado de la complejidad de los procesos tecnológicos y de la notable expansión de conocimientos derivados de las inversiones económicas. Se constituye como un nuevo ciclo de organización de los saberes, derivado de la enormidad de conocimientos y de su mayor nivel de complejidad, profundidad, integración y especialización disciplinaria e interdisciplinaria. Dada su complejidad, conforma diversos niveles de abstracción y de especialización. Sin embargo, no se estructura en forma meramente disciplinaria, sino que sigue las nuevas determinantes de la creación de conocimientos (modo 2) y, en tal sentido, los currículos de los postgrados se articulan tanto al interior de los campos disciplinarios como bajo paradigmas inter o multidisciplinarios, así como también asociados a problemas o nudos problemáticos. El conocimiento, expresado en los postgrados, es parte de la diferenciación disciplinaria y está asociado a la división técnica y social del trabajo, y por tanto a la cantidad de programas de estudio para “aprender” ese conocimiento. En este sentido, la cantidad de facultades, carreras, programas de postgrado y pregrado, materias, departamentos o unidades temáticas está asociada tanto al nivel de conocimientos que la sociedad ha adquirido y que necesita transmitir y profundizar para gestionarse, a la cantidad y profundidad disciplinaria, como a los volúmenes de datos e informaciones (21).
Con el postgrado, se reestructura la lógica de la educación superior. En un comienzo el pregrado y el postgrado solo se diferenciaban por la complejidad de los análisis. Sin embargo, en el contexto de la sociedad del saber, encontramos cada vez mayores diferencias entre ambos niveles institucionales y de gestión de saberes. Así, el pregrado está fuertemente orientado a las profesiones, con currículos fuertemente estructurados, centrados en disciplinas consolidadas y conocimientos básicos. Su esquema pedagógico descansa fuertemente en el aula y en el docente mediante la utilización de las tecnologías tradicionales. Su funcionamiento descansa en clases cronometradas, organizadas en escuelas y facultades con poca relación con la investigación y con las fronteras del saber. Es la expresión clásica de la fábrica educativa que creara la reforma napoleónica, que en general transmite saberes validados, que está cada vez más estructurada como un “commodity”, como una mercancía de conocimientos multidisciplinarios básicos en los diversos campos del saber, con fuertes pertinencias nacionales, y asociada a partir de estrechos lazos de dependencia a las políticas públicas estatales en términos de mecanismos de ingresos masivos, criterios de equidad, estándares básicos de calidad, políticas de becas, etc. La educación llamada de grado o de pregrado, que antes era el ciclo final de los estudios universitarios, se ha transformado en una nueva educación media, en tanto ella contiene un conjunto de conocimientos básicos dentro de un campo disciplinario. La educación media tradicional, por su parte, es un conjunto de conocimientos básicos de todos los campos disciplinarios (geografía, historia, matemáticas, ciencias básicas, etc.). Los conocimientos del sector universitario son básicos también, pero dentro de un campo o de un área de saberes, y promueve la capacidad de aprender y de investigar dentro de ese contexto. En los inicios el ciclo universitario contenía saberes básicos en una disciplina y, en los últimos años de la carrera, se desarrollaban saberes especializados. Estos actualmente están siendo trasladados hacia los postgrados, que es donde se focaliza el conocimiento especializado, tal como se visualiza en la política desarrollada en Europa en el marco de los acuerdos de Bolonia.
Es la sociedad del conocimiento quien está creando nuevos campos de saberes especializados, los cuales se expresan en los postgrados. En las diversas áreas del saber, donde se está produciendo la renovación y la obsolescencia o la mera expansión de los conocimientos, no es en general en los conocimientos básicos sino en las fronteras del conocimiento, que son los que se expresan en los postgrados. En estos es donde se crean nuevos saberes tanto por la vía del fraccionamiento disciplinario como por medio de los desarrollos transdisciplinarios. El pregrado no propende a crear, y sus tesis meramente sistematizan, ordenan o clasifican conocimientos lejos de las fronteras del saber.
Ambos procesos, la educación continua y la educación especializada, comienzan a plantear un cambio en la estructura de la matrícula, el nacimiento de un triángulo invertido de edades, y nuevas lógicas de los estudios asociados al reciclaje de competencias y a su reactualización.
c. La educación sin fronteras
En el nuevo escenario se está gestando una educación transnacional tanto en forma presencial como virtual. El saber en general no tiene fronteras y nace de la confrontación con otros saberes, pero la vastedad del conocimiento sienta las bases de una educación nacional sin fronteras como parte de una división internacional del trabajo académico —en el cual las diversas unidades académicas en los países se especializan en determinados campos del saber en términos de investigación y extensión—, en una dinámica asociada a la movilidad estudiantil y docente, así como a la educación transfronteriza. Sin embargo, la educación internacional es también una expresión de la construcción de un nuevo currículo global y multicultural, y del desarrollo de pertinencias globales promovidas por la economía global de empresas internacionales y movilidad de los trabajadores. Finalmente, el contexto mercantil está permitiendo la aparición de nuevos proveedores internacionales, que ofertando en los diversos países desde instituciones con escalas o redes globales, tanto virtuales como presenciales, en el marco de un complejo proceso y de larga duración, está sentando las bases de la desnacionalización de la educación superior.
Esta nueva realidad educativa desarrollada en los últimos años con la globalización también se está expresando en una nueva concepción jurídica sobre la educación, que comienza a transformarse desde un bien público nacional hacia un bien social, un bien público internacional o un bien internacional según las diversas filosofías políticas. En todas ellas, sin embargo, se sostiene su creciente carácter global y que la comunidad internacional debe contribuir y velar para que las personas puedan ejercer esos derechos, y que solo de manera creciente estos se pueden realizar en escenarios internacionales. Ello transforma la lógica misma de los tradicionales derechos educativos de lógica y base nacional, y los torna en un tipo de derechos con crecientes componentes internacionales.
Los llamados derechos de tercera generación refieren a aquellos derechos en los cuales su ejercicio requiere de una acción de la comunidad internacional para lograr que ellos se realicen y sean preservados. Son derechos que no pueden cautelarse a escala nacional, dado que responden a escenarios globales, y que por ende requieren de la acción protagónica de la comunidad internacional para garantizar, mediante la cooperación y el trabajo común, o las instancias supranacionales, que el ejercicio de esos derechos y de las obligaciones que imponen se puedan cumplir.
El escenario de la globalización no es solo un espacio común económico, sino fundamentalmente un espacio común de seres humanos en el cual, por ejemplo, los determinantes de la educación (investigación, acceso a los saberes, confrontación intelectual, ejercicio laboral, estándares de calidad, etc.) no dependen de un solo país ni lo benefician solo a él, sino que afectan a toda la comunidad internacional. A partir de estas concepciones se comienza a considerar a la educación como un servicio global que se constituye como un derecho de tercera generación, donde la comunidad internacional tiene derechos y obligaciones, y los países no pueden restringir esos derechos sociales a sus ciudadanos. En este escenario, las nuevas características globales de los procesos educativos y la incapacidad en algunas áreas — como por ejemplo en la educación transfronteriza— de establecer regulaciones a nivel nacional, impone reconocer la existencia de responsabilidades compartidas en materia de educación a escala global, en la existencia de dinámicas que no dependen exclusivamente de cada país, sino de un mundo que impone por ende soberanías limitadas y una corresponsabilidad internacional (22).
d. La educación en red
El actual escenario de la revolución de los saberes y de las tecnologías de información y comunicación, con sus diversas y sucesivas oleadas digitales, está transformando la educación al crear nuevos apoyos pedagógicos. También está transformando a la educación a distancia, al permitir la gestación de una educación virtual global y en red. La digitalización, la microelectrónica barata y las telecomunicaciones —bases de la actual fase de la acumulación de capitales— así como los propios cambios en los conocimientos y en su aplicación están promoviendo la conformación de un nuevo paradigma educativo y, derivando de ello, una nueva organización universitaria en sus aspectos institucionales, disciplinarios, geográficos, económicos y pedagógicos, una de cuyas manifestaciones está dada por la tendencia a la despresencialización de la educación gracias a la introducción de nuevas modalidades de comunicación en mercados globales y competitivos. La educación, bajo estos impactos, se está moviendo hacia un escenario transnacional y virtual en el marco de la convergencia digital que refuerza las tendencias hacia una educación sin fronteras. La educación, una de las últimas fábricas nacionales, asociada a la tradicional tecnología pedagógica presencial de transferencia de saberes —y por ende con fuertes inserciones, estudiantes, currículos, infraestructuras y profesores nacionales—, necesariamente tenderá a transformarse, como derivación de los nuevos escenarios y de las nuevas tecnologías, en estructuras con componentes desnacionalizados, flexibles y fragmentados a escala global, con multiplicidad de alianzas, con profesores y estudiantes dispersos por el mundo, con pertinencias globales, mayores segmentaciones disciplinarias y con nuevas unidades de gestión y de organización institucional. Una de las expresiones más marcadas del modelo económico es la virtualización y, asociado a ello, la conformación de instituciones globales a distancia llamadas “megauniversidades”, como una modalidad de educación basada en redes digitales colaborativas de comunicación, estructuras flexibles de acceso, mayores escalas de producción, amplia variedad de ofertas, menores costos y nuevos modelos pedagógicos (como la simulación digital y el uso intensivo de los hipertextos no lineales de aprendizajes). Estas tecnologías digitales cambian las estructuras de costos (Daniel), viabilizan nuevas modalidades de cobertura, promueven nuevas modalidades de aprendizaje, transforman la centralidad del aula (Bates), cambian los parámetros de la evaluación, crean un nuevo rol de los docentes, y sientan las bases del nacimiento de una educación global desnacionalizada y despresencializada que parece estar en alta correspondencia con las necesidades de la economía global del conocimiento.
Esta educación es una derivación directa de las nuevas tecnologías, que además permiten los aprendizajes individualizados de la educación virtual y que sientan las bases de nuevas pedagogías en el marco de la convergencia digital y el uso de modelos de simulación y aprendizajes no lineales, basados en el hipertexto y los escenarios globales de la convergencia digital.
5. Las nuevas universidades de la sociedad del conocimiento
El nuevo escenario dado por los cambios en el modelo económico, en las demandas laborales, en los saberes y en la educación está promoviendo a su vez un cambio en las estructuras institucionales por medio de las cuales se producen y transfieren los saberes. Estas son escenarios que fijan los parámetros para el funcionamiento eficiente de las instituciones universitarias. Un componente de la organización futura de las universidades parece focalizarse en estructuras transdisciplinarias (flexibles y creditizadas) y en su especialización con posible orientación hacia la investigación —a través de sistemas de innovación con amplia participación de lógicas mercantiles (campos tecnológicos, incubadoras de empresas, etc.)—, hacia crecientes dinámicas internacionales de trabajo en red, hacia la diferenciación docente y su focalización en la educación permanente (educación continua y educación especializada), o hacia crecientes componentes no presenciales.
Las universidades tienen decenas y cientos de años, y no desaparecerán. Inclusive, más allá del actual ingreso masivo de nuevos proveedores, las universidades están tendiendo lentamente hacia su transformación para ajustarse a las nuevas realidades. Las tradicionales instituciones universitarias, ajustadas al anterior modelo de desarrollo, comienzan a mostrar su transformación para configurarse bajo nuevos parámetros. Así, se plantea la posible expansión de universidades docentes a universidades de investigación, de universidades profesionales a universidades científicas, de universidades de pregrado a universidades de postgrado, de universidades separadas (o aisladas, al decir de los brasileros) a universidades articuladas o en red, desde universidades sin evaluación a universidades acreditadas, de universidades rígidas hacia universidades flexibles de currículo abierto, así como desde universidades nacionales hacia universidades internacionales. Es un camino complejo lleno de tensiones, de marchas y de contramarchas, lleno de restricciones y de diversas limitaciones económicas, intelectuales, políticas o normativas. En este camino de transformación y de complejas reingenierías se pueden visualizar nuevas modalidades institucionales educativas, tales como las universidades innovadoras, las universidades en red, las universidades virtualizadas, las universidades de investigación, las universidades internacionales, o las universidades de docencia diversificada.
a. Universidades innovadoras
Las universidades especializadas son instituciones de alta calidad orientadas a la creación de saber y focalizadas en los postgrados. Estas instituciones se asimilan a las que Burton Clark ha definido como universidades innovadoras, que además tienden a posicionarse en algunas áreas específicas del saber. En ellas existe un núcleo directivo reforzado (la cabeza tiene nuevos roles); una nueva periferia universitaria dada por la existencia de nuevas unidades asociadas al exterior, que generan nuevas estructuras; un financiamiento diversificado; y un centro académico estimulado por medio de mecanismos de incentivo que han permitido conformar una cultura global emprendedora, internacionalizada e inserta en los mercados del conocimiento.
Para Clark, la nueva periferia universitaria deriva de la necesidad de distribuir en toda la base de la universidad nuevas unidades que vayan dialogando sobre la construcción de los cambios con las unidades de docencia, entre las cuales se encuentran nuevas oficinas de derechos intelectuales, empresas asociadas, laboratorios asociados, unidades de seguimiento a exalumnos, unidades de recaudación de fondos, unidades de innovación, y parques tecnológicos. Son estas instituciones las que se focalizan en la investigación, en la creación de múltiples unidades (patentes, relación con empresas, centros de movilidad e intercambio de docentes, empresas, laboratorios, etc.), en una combinación entre profesores por corto tiempo y de investigación permanente, con flexibilidad de la contratación por investigación asociada a productividad, a una fuerte interacción con las empresas, con multiplicidad de alianzas de docencia de postgrado, y agresiva política de internacionalización.
b. Universidades de docencia diversificada
Las instituciones focalizadas en la docencia a nivel del grado se constituyen como las expresiones clásicas del modelo universitario tradicional orientado a la producción de profesionales. Su carácter presencial, nacional, catedrático, inflexible, de grado, articulado ordenadamente en facultades y escuelas, siguiendo el modelo disciplinario de los campos del saber, es la manera tradicional en que se han conformado las instituciones en América Latina, en general siguiendo los ejes de la universidad republicana napoleónica, reforzada en el modelo de la reforma universitaria de Córdoba (1918), que rigidizó las instituciones al promover un sistema altamente regulado y mesocrático. Ese modelo de carácter público se constituyó en algunos países como el paradigma universitario de funcionamiento, tanto en términos conceptuales como legales, y moldeó también al sector privado y a las instituciones no universitarias. Tal vez el mayor eje de la diferenciación institucional y de las complejidades de las transformaciones organizacionales esté dado por las demandas de reformas en este tipo de instituciones. La transformación de muchas instituciones de este tipo se está procesando por la vía de la diferenciación de sus modalidades de transferencias de saberes presenciales. Han comenzado un proceso de diversificación, están orientadas hacia la flexibilización de sus estructuras de docencia (profesores de tiempo parcial, ofertas flexibles de horarios, cursos nocturnos o sabatinos, creditización del currículo), a la regionalización de sus ofertas y a la diferenciación de sus ofertas (ofertas de postgrado, de estudios no universitarios y de educación continua no creditizadas). En muchos casos, esto ha sido derivado tanto de la diferenciación de las demandas como de la necesidad de recursos financieros, al tornarse la educación permanente, tanto en su forma de educación continua como en su forma de postgrados a nivel presencial o a distancia, en espacios de alta rentabilidad. Ello ha permitido la expansión de estas nuevas modalidades docentes como mecanismo de compensación salarial o de mayores exigencias laborales sobre su cuerpo docente.
Sin embargo, hay una tendencia al decrecimiento de la rentabilidad del pregrado en las universidades, más allá de su larga duración, por las tasas de deserción y la sobreoferta de nuevas instituciones. El mecanismo de respuesta a las nuevas demandas y a la necesidad de recursos extrapresupuestales tiende a expresarse en una diferenciación de las ofertas de estudios tanto formales como no formales. Asociado a ello, algunas instituciones están propendiendo a sistemas altamente articulados y creditizados al interior de esos ciclos y niveles de la oferta, de tal forma de permitir, a través de los cursos de educación continua, la realización de estudios de postgrado formales.
Asimismo, una de las características de los estudios continuos está asociada a la creciente recertificación, cada vez más obligatoria para muchas profesiones, por la cual las personas requieren realizar determinados cursos, créditos o trabajos para mantener la validez de sus certificaciones y, por ende, el ejercicio de sus profesiones.
d. Universidades internacionalizadas
La educación global es una de las tendencias más marcadas del nuevo escenario, dado no solo por la movilidad global de los factores de producción sino también por los estándares de calidad y enfoques curriculares globales, tal como analizaran Meyes y Scevedo en el marco de la conformación de un sistema global de educación superior con fuertes niveles de convergencia entre los sistemas, así como también con sus divergencias y especificidades nacionales. Salmi ha definido como universidades de clase mundial a aquellas orientadas a demandas y pertinencias globales. Las universidades globales se asocian a los modelos sobre los cuales se estructuran los rankings internacionales que les dan un enfoque centrado en universidades de investigación. Las universidades globales son también parte de redes globales entre las universidades con currículos comunes que permiten la movilidad de los estudiantes inclusive con propiedad global (grupo Laureate) o con orientaciones curriculares compartidas (por ejemplo, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina —AUSJAL—, así como las diversas órdenes o congregaciones); asimismo, universidades globales con sus propios sistemas globales de evaluación y valorización a través de los rankings. Muchas de estas instituciones forman en inglés, están orientadas a formar el personal profesional de las empresas globales o de los organismos internacionales; y pertinencia, currículos, docentes y estudiantes son crecientemente globales. Entre estas se destacan las universidades corporativas.
c. Universidades virtuales o en red
Castells ha analizado este tipo de instituciones donde el saber tiende a descentralizarse y donde la organización es un nodo de esa malla infinita de redes. En estas instituciones, la movilidad es uno de los mecanismos de acceso a los saberes, desarrolla espacios colaborativos de investigación, tiene un carácter global y se apoya fuertemente en las redes digitales de comunicación. Para algunos autores, una variedad de estas universidades son las instituciones virtualizadas; ya que se manifiestan en redes más flexibles, rápidas y con mayor uso de nuevas tecnologías de comunicación. Son derivadas de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que transforman las estructuras de costos, los niveles de cobertura, la centralidad en el aula, el rol de los docentes, y las modalidades de acceso; y promueven una educación permanente sentando las bases de un nuevo modelo educativo de tipo constructivista. Asimismo, se visualiza la expansión de las universidades virtuales (las megauniversidades) o híbridas de base nacional como una modalidad educativa de la sociedad global de acceso a través de la red, expansión asociada al incremento de la conectividad y a la caída de los costos relativos. Este tipo de institución introduce un nuevo esquema de precios de la educación y nuevas escalas globales por cambio de la ecuación costos, cobertura y calidad. Igualmente, plantea un cambio en el rol de los docentes a través del desarrollo de nuevas modalidades pedagógicas de autoaprendizaje y de modelos de simulación.
Las universidades virtuales se constituyen en una de las instituciones de la sociedad del conocimiento, ya que pueden permitir una educación de mayores escalas, con interrelaciones internacionales orientadas al establecimiento de óptimos paretianos por los fraccionamientos técnicos asociadas a nuevas modalidades pedagógicas y modelos de simulación, y a aprendizajes no lineales a través de hipermedios, facilitando así una mayor diferenciación disciplinaria. Asimismo, a través de diversas alianzas internacionales o a través de una diferenciación de intensidad del uso de nuevas tecnologías, pueden llevar adelante modelos híbridos pedagógicos o formas bimodales o multimodales de prestación del servicio, que facilitan niveles de flexibilidad y un uso diferenciado de las tecnologías digitales y, por ende, el desarrollo de una alta diferenciación de modelos educativos y pedagógicos casi ajustados a medida a las demandas.
3- Reich, R. (1993). El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI. Buenos Aires: Vergara.
4- World Bank (2002). Constructing knowledge societies: new challenges for tertiary education. Washington.
5- Schumpeter, J. A. (1972). Ensayos sobre el ciclo económico. México: Fondo de Cultura Económica.
6- Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999). La organización creadora de conocimientos. México: Oxford University Press.
7- Pérez, C. (1983). Los cambios tecnológicos y la internacionalización. Caracas: Cendes.
8- Brezensky, Z. (1984). La era tecnotrónica. Barcelona: Plaza y Janes.
9- Chesnais, F. y Neffa, J. C. (comp.) (2003). Ciencia, tecnología y crecimiento económico. Buenos Aires: CEIL-PIETTE CONICET.
10- Toffler A. y Toffler, H. (2006). La revolución de la riqueza. Colombia: Debate. Toffler, A. (1980). Powershift, el poder de la información. Barcelona: Plaza y Janes.
11- Pérez, C. (٢٠٠٤). Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. México: Siglo XXI. Véanse otros documentos en: http://www.carlotaperez.org/portada.htm
12- Coriat, B. (1976). Ciencia, técnica y capital. Madrid: Blume.
13- Stewart, T. (1993). La nueva riqueza de las naciones: el capital intelectual. Buenos Aires: Editorial Granica.
14- Infante, J. M. et al (2007). Hacia la sociedad del conocimiento. México: Trillas.
15- Banco Mundial (2003). Aprendizaje permanente en la economía global. México: Alfaomega.
16- Morin, E. (2002). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Catedra.
17- Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999). La organización creadora de conocimiento. México: Oxford.
18- Mochi Alemán, P. O. (2005). “La producción de software, paradigma de la revolución tecnológica” en Crovi, D. (coord.) Sociedad de la información y el conocimiento (entre lo falaz y lo posible). Buenos Aires: La Crujía.
19- Ruano-Borbalan, J. C. (dir.) (2003). Transmettre en education, formation et organization. París: Demos.
20- Véanse los diversos informes sobre los postgrados en América Latina en www.iesalc.unesco.org.ve
21- Rama, C. (2007). Los postgrados de América Latina en la sociedad del conocimiento. México: UDUAL.
22- Rama, C. (2008). Tendencias de la educación superior en América Latina en el siglo XXI. Lima: Asamblea Nacional de Rectores.
CAPÍTULO I La masificación de la educación superior y la tensión de la des-elitización
1. La tendencia a la masificación de la cobertura
1. La tendencia a la masificación de la cobertura
a. La expansión de la matrícula terciaria. b. Los nuevos estudiantes latinoamericanos. c. La feminización de la cobertura. d. Las nuevas demandas estudiantiles. e. Los complejos resultados de la masificación.
El siglo XX ha sido el siglo de la democratización política de las sociedades latinoamericanas y, derivado de ello, del inicio del acceso masivo a los diversos servicios sociales públicos. Tal evolución se inició, en el campo educativo, con la masificación de la educación básica, pasó luego a manifestarse en la expansión de la educación media y a derivarse en crecientes tasas de aumento de la cobertura de la educación superior, conformando el camino hacia la universalización de la educación superior que se constituye como una de las tendencias más fuertes desde las últimas décadas. Este proceso continuará durante un trecho significativo del siglo XXI, con un creciente corrimiento hacia la educación permanente y a los estudios de postgrado en todos sus niveles. Esta masificación del acceso a la educación y a la formación de capital humano está produciendo tanto una deselitización de la propia educación como una transformación en la conformación de las elites sociales. Este es un proceso a escala global: en Estados Unidos se dinamizó desde los años 50, en Europa desde los 60, en Asia desde los 70 y en América Latina desde los 80. Tal dinámica de universitarización de la educación concluyó en los países centrales al alcanzarse los niveles de universalización de la cobertura, en tanto que en nuestra región tal dinámica aún está en proceso de desarrollo y consolidación, a través de etapas que van marcando las características de las fases educativas asociadas al ingreso de nuevos tipos de estudiantes.
Variando su intensidad en cada país según los niveles de participación democrática y de los recursos económicos, así como de los ingresos fiscales, durante varias décadas el crecimiento de la matrícula de educación primaria fue el eje de las políticas públicas y de las demandas sociales y del acceso, fundamentalmente, a instituciones públicas en el marco de un modelo de redistribución de ingresos por medio de servicios públicos gratuitos. Esta cobertura para todos en la primaria, que permitió alcanzar niveles de universalización a su vez reforzados por marcos normativos que establecieron su obligatoriedad, derivó en general desde fines de los años 50 en la expansión de la educación media que comenzó a crecer más que la educación primaria, para finalmente en los 70 explotar —en términos de calidad e infraestructura— en un proceso ampliamente generalizado y que inclusive llevó a amplios sectores de las capas medias a trasladar a sus hijos a la educación privada.
a. La expansión de la matrícula terciaria
La evolución hacia la masificación educativa finalmente alcanzó a la educación superior en general en los años 80, expresándose en tasas de crecimiento de esta matrícula superiores a las de los restantes niveles educativos, en una tendencia a la saturación de las aulas por dificultades de crecimiento de las instituciones y en limitaciones de los presupuestos públicos. Es claro que, al tener menor cobertura, un incremento relativamente pequeño puede ser muy elevado en términos porcentuales. Sin embargo, el proceso indica el lento traslado desde la primaria hacia la media y luego a la superior como los ámbitos dinámicos de la educación en la región y la radical transformación de las bases de sustentación de las elites. Desde los 80, la persistente tasa superior de incremento de la educación terciaria mostró que la cobertura de la educación básica y de la propia educación media habían alcanzado altos niveles, como también un nuevo rol de la educación superior en los procesos económicos en la región y nuevos requerimientos de los mercados laborales de un aumento de los años de escolarización para superar el ciclo de la pobreza.
El crecimiento de la educación media seguirá siendo un factor significativo que continuará presionando hacia una continuación de la expansión universitaria. La educación media es fuertemente desigual en términos de calidad, y sus niveles de cobertura, aunque elevados, tienen aún espacios de crecimientos significativos, sobre todo para los sectores procedentes de los quintiles más bajos. Siendo este nivel, además, el centro de los problemas educativos por su baja calidad, elevada deserción, poca diferenciación y reducida articulación. Así, aun cuando hay países como Argentina, Uruguay y Chile que tienen niveles de cobertura del nivel medio superiores al 70 por ciento, en tanto otros países, como Nicaragua y Guatemala, tienen coberturas de educación media apenas en torno al 40-50 por ciento. En todos los casos se verifica que existen fuertes espacios para continuar creciendo, ello asociado a mayor cobertura y retención, por lo que este nivel continuará ejerciendo presión de acceso sobre la educación superior en términos de calidad, infraestructura, currículo y financiamiento (23).
Cuadro n.o 1 Matrícula de la educación superior en América Latina
Martín Trow ha sostenido que el desarrollo de la educación superior puede organizarse en tres etapas: elite, masas y universal, cuyos parámetros establece en términos de la tasa bruta de matriculación en la universidad. Este autor considera que la educación superior de un país está en la etapa de educación de elites si la tasa bruta de matriculación es menor que el 15 por ciento, que se encuentra en la etapa de educación superior de masas si la tasa bruta de matriculación está entre el 15 por ciento y el 50 por ciento y, por último, que el país se encuentra en la fase de universalización si esa tasa es mayor que el 50 por ciento (24). Nosotros hemos preferido un esquema más diferenciado, buscando referir mayores peldaños que permitan diferenciar más claramente los sistemas de educación superior en los actuales contextos, sugiriendo un acceso de elites hasta el 15 por ciento, un acceso de minorías del 15 al 30 por ciento, un acceso de masas hasta el 50 por ciento, un acceso universal hasta el 85 por ciento y, superior a ese porcentaje, un acceso absoluto.
Cuadro n.o 2 Acceso a la educación superior
| País | 1970 |
| Costa Rica | 15.473 |
| Cobertura (respecto a la población de 20-24) | 15,77 % |
| Incremento quinquenal de la tasa de cobertura | |
| Cobertura respecto a la población total | 0,59 % |
| Índice matrícula absoluta | 100 |
Fuentes: sistemas de estadísticas nacionales, IESALC, CEPAL, IUS.
La expansión de la matrícula de la educación superior permitió que en apenas 35 años la región aumentara desde una cobertura de apenas el 7,03 por ciento en 1970 a 41 por ciento en 2010, medido este indicador como porcentaje de los estudiantes sobre la población de 20 a 24 años, al pasar de 1,6 millones de estudiantes a 21,5 millones. Se podría decir que es un cambio de una dimensión societaria de tal importancia como el que produjo la urbanización entre los años 40 y los 70, o la feminización de los mercados laborales desde los 70.
Cuadro n.o 3
Tasa de cobertura de la educación superior
| 1970 | 7,03 % |
| 1975 | 12,27 % |
| 1980 | 14,22 % |
| 1985 | 15,77 % |
| 1990 | 16,45 % |
| 1995 | 18,43 % |
| 2000 | 23,4 % |
| 2005201020152017 | 31,7 %41,0 %48,6 %50,6 % |
La demanda por acceso a la educación ha promovido el pasaje de una educación de elites a una educación de masas en la región y, como derivación de ello, ha incentivado múltiples transformaciones en los sistemas universitarios que han desarrollado diversos mecanismos para ajustarse a esas demandas de las familias y para aprovecharse mercantilmente de su sacrificio para cubrir sus expectativas. Esta ampliación de la cobertura de la educación superior ha sido el motor fundamental de los cambios en los sistemas terciarios en las décadas pasadas a través de la diferenciación, la mercantilización, la expansión y la complejización institucional, así como a través de la conformación de circuitos diferenciados de calidad. Han sido evoluciones que fueron acompañadas por diversas respuestas a dichas demandas, pero sobre la base de modelos presenciales, relativamente rígidos, con una diferenciación de mercado en función de ajustes de calidad, precios y flexibilización de horarios. Más aun, la respuesta contribuyó a la deformación institucional y de calidad tanto a través de las macrouniversidades y de las microuniversidades, como de ámbitos de diferenciación de las ofertas disciplinarias y de circuitos de calidad, mostrando que la expansión institucional en este sentido fue una característica conjunta a la propia diferenciación sistémica.
La expansión de la cobertura de la educación terciaria debería continuar en los próximos años a través del pasaje desde el actual sistema universal (más del 50% de cobertura del año 2017) hacia sistemas mayores, lo cual implicará nuevos cambios y transformaciones institucionales, financieras y educativas para facilitar el ingreso de los nuevos estudiantes cada vez de sectores de menos ingresos económicos, con mercados más competitivos y con demandas más diversificadas.
b. Los nuevos estudiantes latinoamericanos
El incremento de la cobertura de la educación superior se produjo en términos absolutos y relativos asociado al cambio en la estructura de la pirámide poblacional en la región, que se mueve hacia su envejecimiento y que, por ende, se deriva en un corrimiento de la media de la población. En el marco de estos cambios en la estructura poblacional, se ha producido la reducción del crecimiento de la población de entre 20 y 24 años de edad en casi toda la región (25). Las proyecciones muestran que la variación del grupo etario de 20 a 24 años continuará lentamente decreciendo, como derivación de la reducción de la tasa de fecundidad, del mantenimiento de las tasas de emigración, de la casi desaparición de las corrientes migratorias extracontinentales y del aumento de la esperanza de vida. Tales procesos en el largo plazo podrían inclusive transformar la dinámica expansiva de la educación superior, ya que la población comenzará a estabilizarse hacia la década del 20 de este siglo (26). Así, los crecimientos futuros de la matrícula terciaria no estarán asociados a los procesos demográficos, sino a la masificación y a la universalización dentro y fuera del grupo etario, así como a la educación permanente que promoverá a su vez un cambio en la pirámide estudiantil por medio del aumento de la educación continua con el objeto de recertificar competencias y saberes. Estas demandas de estudios, que están recién en sus inicios, están siendo motorizadas por la expansión y la obsolescencia de los conocimientos y de los marcos normativos que comienzan a plantear la recertificación.
La expansión institucional, en general, deriva del ajuste de las instituciones a las demandas del mercado. Sin embargo, muchas de las demandas propias de los sectores estudiantiles, tanto en términos de las disciplinas, de la cantidad de profesionales como de los niveles de calidad, no están ajustadas a las demandas reales de los mercados laborales, sino a demandas potenciales o a expectativas de trabajo. Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, se ajustaron a esas nuevas demandas casi automáticamente. En condiciones de mercado como en dinámicas educativas públicas bajo modelos autonómicos, hay una fuerte incapacidad de ajustar la oferta de vacantes universitarias a las reales vacantes del mercado laboral. Este proceso genera en el largo plazo una sobreoferta educativa de profesionales y técnicos universitarios, y un incremento de la competencia en los mercados laborales profesionales. Por su parte, la sobreoferta tenderá al tiempo a aumentar el desempleo profesional, que hoy en la región en general es friccional, y se constituirá en el factor determinante para procesos de selección más competitivos así como en una presión por una sobrecapacitación a través de estudios adicionales con la consiguiente competencia con mejores acreditaciones por los mismos puestos, conformando así un modelo del mercado laboral marcado por una dinámica asociada a mayores certificaciones y competencias. La estrategia de sobrevivencia de los hogares y la libertad de oferta terciaria conforman las bases del mercado de profesionales y técnicos, en tanto requisito a su vez para una acumulación de capital con mayor densidad tecnológica. Las decisiones de cuánto y en qué invertir en educación, sin embargo, no se basan en una información racional y completa sobre los niveles salariales de los diversos mercados profesionales; ya que, en general, se carece de información pública sobre los salarios de las diversas profesiones por carreras e instituciones. Inclusive, la complejidad de las prospectivas laborales en contextos con altas incertidumbres dificulta la existencia de informaciones fidedignas y confiables sobre cuáles pudieran ser los escenarios de las remuneraciones promedio de las diversas disciplinas. La propia alta diferenciación de estas y la creciente especialización de todos los campos profesionales tornan aún más difícil proyectar niveles de remuneraciones salariales.
La teoría de las colas de Thurow nos muestra que los mercados laborales se caracterizan por una dinámica de incremento de la productividad a través de la sustitución de puestos menos capacitados por puestos más capacitados, a los mismos o parecidos niveles salariales, con lo cual se refuerza la tendencia a la sobreeducación como mecanismo para competir por los puestos de trabajo. Tal proceso es más consistente en dinámicas donde las economías crecen menos que la oferta de nuevos técnicos y profesionales universitarios, tal como ha acontecido en la región en las últimas décadas.
Si se mantienen las tendencias que significaron un incremento de 1,67 por ciento anual del porcentaje de cobertura de la educación superior respecto a la población de 20 a 24 años, haciendo una proyección para un escenario meta del año 2025, podemos suponer que se alcanzará una tasa de cobertura sobre la población de 20 a 24 años al 65 por ciento para ese año 2025, sobre la base de un escenario tendencial medio. Con relación a la población estudiantil, de los 28 millones actuales, asumiendo un incremento promedio del 5 por ciento (que es la tasa interanual promedio a la cual creció la matrícula terciaria en los últimos 30 años) se produciría un incremento de 14 millones de estudiantes para alcanzar a una población estudiantil total de 41 millones también para ese año 2025.
Las profundas transformaciones ocurridas en las universidades latinoamericanas, expresadas entre otras en la masificación, feminización, privatización, regionalización y diferenciación, sumadas a los propios cambios de esas sociedades sumidas en un proceso de urbanización, de reestructura demográfica y de transformación productiva por la vía de la apertura económica, han cambiado sustancialmente el rol y las características de los estudiantes. La masificación estudiantil ha sido el eje protagónico, en tanto ha sido causa y efecto a la vez. Tal proceso de expansión matricular se ha producido desde fines de los 80, y se ha acelerado desde mediados de los 90. Así, el crecimiento estudiantil muestra una tendencia sostenida en el tiempo, pero que inclusive a partir de 1985 manifiesta un incremento en su evolución en cada quinquenio y, desde el 2000, un más fuerte avance asociado a la expansión de las economías latinoamericanas y de los ingresos familiares, donde una nueva lógica en la propensión a la educación como inversión asocia más claramente el ciclo económico al ciclo educativo. Desde el año 2000 el cambio en la pendiente de la curva está permitiendo un incremento adicional de 308 000 nuevos alumnos por año. A partir de ese año el incremento anual en la región en términos absolutos es de unos 932 595 estudiantes frente a los 624 416 del período 94-99. En total, entre 1994 y 2012, la matrícula casi se triplicó para alcanzar cerca de los 23,1 millones de estudiantes latinoamericanos, y actualmente los sistemas terciarios están absorbiendo a casi tres millones de nuevos estudiantes por año, ya que están egresando más de dos millones de estudiantes anualmente y, por ende, esto requiere infraestructuras para contener más de un millón de nuevos estudiantes por año. Si incorporamos las elevadas tasas de deserción, que se calculan en el 50 por ciento, las dimensiones de ingreso serian aun superiores (27). Ese incremento de la matrícula ha sido muy superior al incremento de la población de 20 a 24 años y, por ende, ha significado un incremento muy vigoroso de la tasa de cobertura; ya que el continente está atravesando un cambio demográfico significativo dado por el proceso de envejecimiento global de su población y la caída de las tasa de natalidad, que se ha expresado en una reducción de la variación interanual de la población de entre 20 y 24 años.
La expansión de la matricula implicó un salto desde el 22,6 por ciento de la cobertura de la educación superior, que representaba a 11,4 millones de estudiantes en el año 2000, a 50 por ciento de la cobertura con más de 27 millones de estudiantes en 2017. Ello representaría un aumento del 90 por ciento de la cobertura en el periodo, o sea, un incremento sostenido del 5 por ciento interanual (según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO —UIS). Ello implicaría una tasa muy levemente superior a la de la década del 90-2000, que fue de 5,3 por ciento interanual, que a su vez fue superior que la de 1980-1990, que fue de 3,8 por ciento interanual, y solo inferior a la tasa del periodo 1970-1980 que, con un tamaño muy inferior en números absolutos de los sistemas terciarios, fue de 8,7 por ciento anual. El crecimiento anual de 6,21 por ciento de la población estudiantil terciaria entre el año 2000 y el 2012 es superior al crecimiento de la población del grupo erario de 20 a 24 años, probablemente mostrando además el ingreso de estudiantes de otras edades como, por ejemplo, los de postgrado y los de educación a distancia. Este fue comparativamente el mayor crecimiento a escala mundial y permitió a la región ser la tercera en cobertura luego de Estados Unidos y Europa occidental con 70 por ciento, y Europa central y oriental con 64 por ciento. Siendo la media mundial de cobertura bruta de 32 por ciento, la región la superaba en el 2012 en 34 por ciento. Todo ello muestra la vitalidad que tuvieron los sistemas universitarios y, al mismo tiempo, el mantenimiento de los centros de atención en la política pública en la cobertura terciaria.
Ambos procesos, incremento de la matrícula en términos absolutos y caída de la variación de la población de 20 a 24 años, han determinado que la tasa de cobertura terciaria en la región en los últimos diez años y especialmente desde el 2000, se haya incrementado un 72 por ciento, al tiempo que la matrícula en términos absolutos aumentó un 95,6 por ciento. El cambio no es solo numérico sino fundamentalmente en el perfil social del estudiantado: feminización, estudiantes del interior de los países, estudiantes como clientes, estudiantes de corto tiempo, estudiantes profesionales, trabajadores, a distancia, indígenas, extranjeros, con discapacidades, etc., que se unen a los estudiantes “tradicionales”. Hubo un cambio creciente que alteró tanto el carácter de elite numérico —por ejemplo, en 1970 había 0,59 estudiantes por cada cien personas, y en el año 2005 se alcanzó a 2,91 estudiantes por cada cien habitantes— como el carácter de elite en términos de su composición social.
La diversidad de sectores estudiantiles es la característica creciente de los nuevos estudiantes latinoamericanos. Además de hijos son padres; además de solteros, casados; además de jóvenes, adultos: todo está cambiando hacia una mayor semejanza con la estructura social de las propias sociedades. Sin embargo, esta masificación está trayendo varios temas adicionales a la discusión, entre los cuales se halla una nueva realidad de deserción, repitencia y abandono, la existencia de dos circuitos de escolarización terciarios diferenciados por la calidad de la educación y que tienden a asociarse a sectores sociales diferenciados, y la incidencia sobre los mercados laborales y sobre las emigraciones de profesionales
Este proceso de expansión de la matrícula y de cambio de su composición social no ha sido un proceso lineal, sino que está marcado por fases. La incorporación de diversos tipos de estudiantes ha marcado la propia historia de la educación superior y los cambios en múltiples dimensiones en las instituciones, los currículos y los sistemas. Podríamos referir varias etapas muy marcadas: aquella caracterizada por el ingreso de estudiantes varones de las capas medias urbanas y rurales, la marcada por el ingreso de mujeres y la feminización de algunas ofertas disciplinarias, el ingreso de trabajadores de los sectores de servicios formales de las capitales y de los grandes centros urbanos del interior y, actualmente, el ingreso de los estudiantes procedentes de las elites de los sectores indígenas y aquellos estudiantes con discapacidades miembros de sus respectivas elites.
Cuadro n.o 4
Evolución del grado de cobertura de la matrícula en América Latina
1995-2015
c. La feminización de la cobertura
Uno de los componentes de la masificación de la cobertura y una de las expresiones de su primer ciclo expansivo ha sido la feminización de la educación superior. Esta ha sido una revolución silenciosa de las sociedades que, si bien solo parcialmente explica el crecimiento global de la matrícula, tiene determinaciones muy específicas en el mundo educativo. Desde el lado de los mercados, el proceso de masificación de la matrícula encuentra su sustentación en las estrategias de sobrevivencia de los hogares y en la búsqueda de mejorar sus condiciones, así como en las propias demandas del aparato productivo, cuyo aumento de la densidad tecnológica y cuya complejidad técnica comienzan a requerir mayores niveles de competencias. Ello también ha sido una derivación del ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, ya que los datos indican cómo los mercados laborales premian más a las mujeres el salto en la escolarización que a los hombres. Los estudios indican que el impacto de los estudios es mayor en las mujeres que en los hombres, ya que si bien estos tienen mayores salarios como cabezas de familia, al producirse la titulación, los incrementos de los salarios son mayores en las mujeres que en los hombres (28). Esto es más notorio en el marco del empleo público, ya que en la economía privada para los mismos niveles de formación se remunera menos a las mujeres que a los hombres. Igualmente hay mayores niveles de desempleo de las mujeres para los mismos niveles educativos, tal vez derivado del rol de la cabeza de familia en el sustento de los hogares.
Develar las causas profundas de este proceso que al tiempo está construyendo nuevas inequidades por el creciente desequilibrio de géneros, por la reducción del peso masculino, se constituye en un objeto de vital importancia para develar los cambios sociológicos. La feminización de la educación superior es más elevada inclusive en el egreso y ha tenido más intensidad en algunas carreras, como las de formación docente y de salud, en las cuales los menores tiempos de trabajo por día y anualmente, y la dispersa localización geográfica de los centros de trabajo, ha facilitado a las mujeres la posibilidad de trabajar cerca de sus domicilios y por ende mantener el rol y sus actividades tradicionales en los hogares. Un componente de la feminización de la matrícula en estos campos disciplinarios está asociado a la estrategia de sobrevivencia de los hogares, que ha ido presionando el aumento de los ingresos familiares a partir del aumento de la participación de la mujer en la población económicamente activa. Aun cuando persisten diferencias de géneros para las diversas profesiones y trabajos, es de registrar que la feminización de la matrícula ha sido resultado de la propia demanda de las mujeres y no de políticas públicas específicas o de características específicas de las ofertas laborales que promovieran el acceso femenino.
Este proceso ha sido persistente durante los últimos años, y permitió el pasaje de la feminización de la matrícula desde 24 por ciento de la cobertura total, en 1950, a 32 por ciento en 1960; 36 por ciento en 1970, 43 por ciento en 1980, 49 por ciento en 1990, 48 por ciento en 1997 y superó la mitad para alcanzar al 53 por ciento en el año 2003. Esta tendencia se ha producido a escala mundial y, aun cuando es posible suponer, sin duda, que tal proceso en el largo plazo se va a enlentecer, todavía se mantendrá durante las próximas décadas. El bajo peso de los niveles de feminización en algunos países claramente permite suponer que el proceso continuará hasta alcanzar a los niveles de 60-65 por ciento, que son los niveles más elevados de la región. Igualmente, se constata una presencia más significativa de las mujeres en la educación no presencial, en parte coincidiendo con su rol en el trabajo del hogar. Para el año 2001, por ejemplo, en la matrícula de Costa Rica se constataba que mientras la matrícula femenina en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) era del 75 por ciento, en las otras universidades públicas, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica (que tienen mecanismos además selectivos de acceso), eran del 65 por ciento y del 59 por ciento respectivamente (29). Por su parte, en la Universidad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela, la matrícula de las mujeres representó en el pregrado en el periodo 2002-2003 el 70,22 por ciento de la matrícula, muy superior al promedio nacional (30).
d. Las nuevas demandas estudiantiles
En el nuevo escenario se visualizan nuevos cambios en la composición de la matrícula estudiantil, que están implicando a su vez la introducción de cambios en la estructura y en las características de los sistemas. Más allá de los estudiantes no universitarios, que alcanzan al 23 por ciento de la matrícula; los estudiantes del sector privado, que son cerca del 47 por ciento de la matrícula; los estudiantes que pagan por sus estudios (60 por ciento) o las mujeres (53 por ciento), se está desarrollando un nuevo perfil de demandas estudiantiles asociadas tanto al nuevo escenario democrático en toda la región como a las derivaciones del nuevo modelo económico regional y al contexto educativo en la sociedad del saber. En este sentido, ya se constata para el 2005 la existencia de una matrícula de postgrados de alrededor del 4 por ciento de los estudiantes, de una matrícula de estudiantes extranjeros en torno al 1 por ciento, así como de una matrícula de educación a distancia que para el 2005 ha alcanzado al 4 por ciento de la matrícula. Son nuevos estudiantes que han irrumpido muy rápidamente, en pocos años, y con sus propias especificidades en términos de su composición social, del modelo educativo que demandan y también en su composición etárea.
En adición a este nuevo tipo de estudiante, se constata el ingreso de estudiantes procedentes de los quintiles de menores ingresos y de otras dinámicas y realidades culturales. Nos referimos específicamente al acceso a la educación terciaria de indígenas, de personas privadas de la libertad y de personas con discapacidades, todos los cuales representan alrededor del 20 por ciento de los jóvenes latinoamericanos, con variable incidencia en los distintos países. En estos casos, su ingreso requiere de cambios en el modelo educativo. Tanto por la vía de cambios en los currículos o por la vía de la incorporación de modalidades pedagógicas asociadas al multiculturalismo, como por el desarrollo de modalidades de educación no presencial y transformaciones para permitir la accesibilidad a las instalaciones y otras formas de aprendizaje.
Los ciclos anteriores de expansión de la matrícula no requirieron cambios significativos en los modelos educativos, sino meramente una ampliación de las escalas de las instituciones junto a una relativa mayor diferenciación, regionalización y complejización de los sistemas terciarios, junto con una flexibilización de horarios. En el nuevo contexto, la continuación del proceso de expansión de la cobertura no se reduce a su mera ampliación, sino que tiene como prerrequisito la introducción de cambios significativos en el modelo educativo para permitir llegar a los demandantes de educación a distancia, de educación multicultural, de educación con accesibilidad, de educación especializada o de educación continua. Así, el pasaje de la cobertura desde el actual nivel de masas hacia una cobertura universal a nivel regional se torna más complejo por las inequidades generadas, y se requieren además políticas proactivas y de accesos diferenciados (31).
e. Los complejos resultados de la masificación
Como ya mencionamos, la expansión de la cobertura derivó, por una parte, en el crecimiento elefantiásico de las instituciones de educación superior públicas de tipo monopólico que constituían el eje de la primera reforma de la educación superior. Estas instituciones, que hoy conforman la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe —red que contribuí a crear en el año 2002—, fueron la derivación de la primera fase de la expansión de la matrícula. Las instalaciones —hoy transformadas en museos, sedes de las actividades ceremoniales o reducidos espacios solo para la gestión rectoral— fueron suplantadas por los campos universitarios construidos desde los años 60. La migración estudiantil, a su vez, fue suplantada con diversas modalidades de regionalización también desde los 60 y 70. La conformación de un modelo complejo, la diversidad de actividades, el establecimiento de amplios marcos regulatorios académicos mesocráticos, la alta sindicalización y la expansión de otros roles y cometidos sociales, fueron también una derivación de ese proceso. Uno de los resultados ha sido la caída de los niveles de calidad y el establecimiento, en un sector, de sistemas selectivos de acceso, contribuyendo a la creación de circuitos diferenciados de calidad. A nivel sistémico, la masificación ha generado un aumento de la tasa de deserción, repetición y abandono al incrementarse el peso de sectores sociales con menos capital cultural o cuyos procesos educativos no son de tiempo completo: trabajadores, personas con discapacidad, mujeres, personas de mayor edad, etc. El aumento de la cobertura facilitó una dinámica académica e institucional marcada por una nueva composición estudiantil con mayores tasas de repetición y deserción, más allá de los capitales culturales; ya que los sectores sociales seleccionan instituciones de acuerdo con sus propios niveles de conocimientos además de por los costos de las matrículas. Estos nuevos sectores no solo promueven un incremento de la cobertura y una diferenciación estudiantil, sino demandas de flexibilidad sobre las instituciones educativas dada su tendencia a modalidades de recirculación (entrada y salida más frecuente), así como a un aumento de la duración de los estudios dado su carácter de estudiantes de tiempo parcial con tendencia a estudios nocturnos. En el aspecto político, ello ha derivado en el nacimiento de múltiples movimientos estudiantiles, asociados a la diversidad de sus componentes sociales, culturales y geográficos, y en tal sentido a una relativa pérdida del protagonismo de los movimientos políticos estudiantiles. Los estudiantes de postgrado, los estudiantes a distancia, los estudiantes trabajadores, etc., tienen demandas diferentes de las de los estudiantes diurnos tradicionales de tiempo completo. Los primeros tienden a demandas en función de sus intereses particulares (en general, asociadas a su graduación, salarios futuros, servicios de la institución, etc.), en tanto que los estudiantes tradicionales tienden a tener demandas sociales colectivas muchas veces asociadas a la política.
Otra de las complejas derivaciones de la masificación de la matrícula y también de la expansión de los egresos, ha sido la caída relativa del salario de los docentes y de los profesionales. Ello tiene varias y complejas determinaciones. Por un lado, el egreso de los profesionales universitarios no está correlacionado con los niveles de demandas efectivas de los mercados. Durante la década de los 90, a pesar de la expansión de la educación superior y del mayor número de graduados, el mercado laboral ha mantenido una sostenida demanda de personas altamente calificadas y un significativo premio salarial para los graduados, medido sobre la tasa de retorno privada de los estudios terciarios (32). Sin embargo, al mismo tiempo, se registra cómo se ha producido un aumento de los niveles de desempleo de los profesionales y técnicos universitarios. Aun manteniéndose menores niveles de desempleo que en los restantes niveles de escolarización, se constata un aumento relativo de los niveles de desempleo de los egresados terciarios. Más allá del impacto de los profesionales en la posible reestructura productiva y cambio en el modelo de acumulación hacia una mayor densidad tecnológica, el fuerte y creciente egreso de profesionales universitarios afectará a los mercados laborales (33).
El aumento de la matrícula y de las instituciones ha promovido un aumento de la demanda de empleo sobre los docentes universitarios, primero, y sobre los profesionales en general, posteriormente. La creciente modalidad de remuneración por horas para la actividad laboral tornó a los mercados laborales docentes más flexibles. Este aumento de los espacios laborales, sin embargo, está correlacionado con un aumento de la competencia de profesionales que necesariamente tenderá a afectar los niveles salariales, tanto docentes como profesionales. La tasa de retorno de los profesionales en los países desarrollados que son los que tienen mayores niveles de matrícula, menores tasas de deserción y mayores egresos, muestra una cierta proletarización de ellos y una presión adicional por mayores formaciones (34). La caída relativa de las remuneraciones docentes, por ejemplo, podría estar incidiendo en la feminización de la educación superior y de la tarea docente, al orientarse los hombres hacia sectores más rentables. También, la flexibilidad de horarios y menos horas de trabajo anuales favorece el doble trabajo de las mujeres y su ingreso en este campo laboral.
La incidencia más compleja de la creciente masificación de la educación superior en la región ha sido en la calidad de la educación, en general, y de algunas instituciones, en particular. Tanto en las instituciones de mercado que se focalizan en la captación de la demanda de sectores sociales de menos recursos y menor capital cultural, así como en las instituciones sin niveles selectivos de ingresos o fuertes mecanismos internos o externos de aseguramiento de la calidad, la masificación tendió a reducir y relajar sus niveles de calidad. Así, la presión de la masificación derivó en la construcción de circuitos diferenciados de calidad al interior del sistema de educación superior e, inclusive, al interior de las instituciones grandes en función de las políticas diferenciadas a nivel de las facultades o de las unidades académicas.
Esta diversidad de los niveles de la calidad se está dando tanto en el sector público como en el privado. En este último sector, como resultado de la existencia de lógicas de mercado basadas en niveles de calidad-precio diferenciados sin la existencia de estándares mínimos obligatorios de calidad y en el marco de sistemas educativos crecientemente mercantilizados. En el sector público, por su parte, las diferencias de calidad han sido resultado de la existencia de múltiples restricciones financieras, de la diferenciación de los presupuestos por alumnos entre las distintas instituciones públicas, de la creación de nuevas instituciones sin efectivos mecanismos de control internos de calidad, así como de los distintos grados de autonomía universitaria que han dado lugar a una amplia diferenciación de políticas. Así, mientras unas instituciones han privilegiado los ingresos sobre la calidad, otras han establecido rígidos mecanismos de acceso que han promovido mayores estándares de calidad y mayor gasto por alumno.
Tal proceso de diferenciación, más allá de la inequidad social al distribuir estudiantes de distintos sectores en diferentes tipos de instituciones y educaciones, afecta a los mercados laborales al depreciar nacionalmente el valor de las certificaciones universitarias y complejiza el impacto real de la masificación y deselitización de la educación superior. El aumento de estudiantes y egresados tiende a impulsar una deselitización universitaria; pero también las diversidades tan fuertes de niveles de calidad en circuitos institucionales imponen una nueva elitización, nuevas formas de exclusión y modalidades diferenciadas de conformación de las elites sociales. Así, la educación superior, más allá de conformarse como un mecanismo de ascenso social, se constituye en un mecanismo para diversos niveles de ascensos sociales en función de los diferenciados niveles de ingreso y egreso de las instituciones. Este es un proceso conjunto de deselitización de la educación superior y también de reconstrucción de las bases de las elites tradicionales de la educación superior por la vía de la jerarquización institucional y social del mercado universitario. Como sostenía Ortega y Gasset, “siempre existirán elites”, y este proceso parecería mostrar un cambio en la composición de las elites universitarias (35).
Finalmente, es de destacar que la masificación también ha presionado e incentivado un amplio debate y también cambios radicales en las concepciones académicas y en las formas de las organizaciones universitarias, al imponer la racionalización de los procedimientos de gestión a través de la informática y al estandarizar los procesos académicos. La construcción de las fábricas universitarias ha sido, en este sentido, una derivación de la expansión de la matrícula, que pone su acento en la formación de mano de obra y no en la democratización de las instituciones, como proponía Habermas. En esta orientación, el eje debería haber sido el pasaje a sistemas más individualizados, flexibles, interdisciplinarios y democratizados de las instituciones.
23- IIEP (2006, abril). América Latina: Estrategias para la inclusión en la educación secundaria. Vol. XXIV, n.º 2.
24- Trow, M. (1974). “Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education” [Los problemas de la transición de la enseñanza superior de elite a la de masas] En: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (comp.) Policies for higher education, págs. 51-101, París: OCDE. Véase también Pretorius, S. G. y Xue, Y. Q. (2003). La transición de la educación superior de elites a la de masas: una perspectiva china. Disponible en http://www.ibe.unesco.org/publications/Prospects/ProspectsPdf/125s/pres.pdf . Véase también Brunner, J. J. (2000). Educación Superior: desafíos y tareas. Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-97602000000100004&lng=es&nrm=iso.
25- Véase www.elalc.org/celade
26- Abellán A. et al (1998). La población en el mundo. España: Síntesis.
27- IESALC-CINDA (2006). Repitencia y deserción universitaria en América Latina. Chile.
28- Papadópulos, J. y Radakovich, R. (2005). “Efectos Socioeducativos de la Feminización de la Educación Superior en América Latina.” En La feminización de la matrícula de educación superior en América Latina y el Caribe. México: IESALC-UNESCO-UDUAL.
29- CONARE (2005). Estado de la Educación. Costa Rica.
30- Universidad Nacional Abierta (2005). “Plan Estratégico”. Gaceta Universitaria Extraordinaria n.º 48, Venezuela.
31- Rama, C. (2004). “La compleja dinámica de la inequidad en la educación superior en América Latina y el Caribe”, pp. 7-34, en La Universidad se reforma (Tomo II), UCV, ORUS, MES, UPEL, IESALC, pp. 244. Caracas, Venezuela.
32- Centro Interuniversitario de Desarrollo (2007). Educación Superior en Iberoamérica - Informe 2007. Chile.
33- La región tiene un egreso de profesionales y técnicos universitarios de cerca de dos millones de estudiantes por año proyectado para el año 2007 en función de los indicadores del Instituto de Estadística de la UNESCO más la revisión de las informaciones nacionales de egreso.
34- Los llamados “mileuristas” en España son una clara expresión de ello.
35- En La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, más allá de que la obra no se focaliza en los temas educativos y menos universitarios, se puede ver la resistencia y las implicancias del ingreso de amplios sectores sociales a la sociedad política. En nuestro caso, es el ingreso a la sociedad profesional y académica el que se genera con la masificación, pero que también es actual como una deselitización de este sector.
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Ortega_y_Gasset/Ortega_LaRebelionDeLasMasas01.htm
CAPÍTULO II La regulación de la educación superior y la tensión de la des-autonomización
1. La tendencia a las regulaciones gubernamentales
2. La tendencia a la evaluación y la acreditación externa
3. La tendencia a la creación de regulaciones internacionales
4. La nueva etapa del aseguramiento de la calidad de la educación superior: la certificación y recertificación de competencias profesionales
1. La tendencia a las regulaciones gubernamentales
a. El modelo autonomista del siglo XX. b. Las nuevas regulaciones externas a las universidades. c. La tendencia a la creación de sistemas de educación superior y la articulación de sus componentes. d. La desautonomización y la nueva versión de la autonomía en el siglo XXI. e. Los nuevos ejes de las reformas universitaria públicas.
La diferenciación institucional, la expansión del sector privado, las demandas de equidad y de calidad, y la internacionalización de la educación se están manifestando en la aparición de regulaciones sobre la educación superior. Son nuevas tendencias que están conformando las bases de una dinámica sistémica y heterogénea de la educación superior y que indirectamente están planteando una cierta desautonomización de las universidades.
En los últimos años hemos asistido al pasaje de las dinámicas tradicionales de expansión de la matrícula en las universidades a políticas orientadas a la calidad y, a su vez, de las políticas liberalizadoras de los años 90, que propendieron a la expansión de sector privado, hacia un nuevo escenario con la creación de múltiples ámbitos de regulación que, al tiempo que reducen la soberanía de las universidades —tanto públicas como privadas—, propenden a homogeneizar y estandarizar las condiciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje y buscan garantizar estándares básicos de calidad.
a. El modelo autonomista del siglo XX
Las grandes universidades públicas son uno de los pilares institucionales más importantes de América Latina, por su fuerte enraizamiento en sus respectivos Estados nacionales y por sus características comunes autonómicas como resultado de una compleja evolución que tiene más de cien años en muchos casos. Ellas han sido el eje de la formación de las elites gobernantes con un rol destacado en la reproducción cultural y económica en sus respectivas sociedades, con relativos niveles de calidad, y fueron además los vehículos de la expansión de la matrícula durante buena parte del siglo XX. Una rápida revisión de su recorrido histórico nos permite ver cómo estas instituciones han tenido una enorme estabilidad institucional, una persistencia en su normal funcionamiento, una consistente y continua dinámica en la prestación del servicio educativo y una fuerte capacidad de amortiguar golpes externos y tensiones internas. En muchos países han tenido más estabilidad de gobierno, más continuidad y más gobernabilidad que muchas de sus instituciones nacionales.
La autonomía y el cogobierno han sido su instrumento en el siglo XX, asociado a la existencia de sistemas democráticos, ya que las permanentes alteraciones en el marco democrático en los países de la región generalmente significaron que se conculcaran las autonomías universitarias. Se construyó un ciclo político de “dictadura = pérdida de la autonomía” versus “democracia = restauración autonómica”. Ello fue determinante en diversa proporción e intensidad en Argentina, Chile, Nicaragua, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Honduras o Venezuela, y reafirmó el centro de la autonomía tanto en la dinámica política nacional como en los procesos internos de las reformas universitarias. La lucha por la democracia durante parte importante del siglo XX fue al mismo tiempo la lucha por la autonomía, así como también e inversamente las demandas de autonomía expresaron luchas por la democracia. Muchas veces las conquistas autonómicas están asociadas no solo a cambios de regímenes (dictadura-democracia, como en Honduras, Guatemala o Venezuela) sino a cambios políticos, como en Uruguay. La autonomía expresa una democratización del poder, en tanto a través de ella el Estado delega parte de su potestad de gestión en las propias universidades. En muchas sociedades, durante largos períodos, las universidades fueron inclusive más democráticas que sus respectivos Gobiernos. En este sentido, la actual generalización de la democracia en la región constituye un escenario que cambia el tradicional marco de las relaciones y de las tensiones entre universidad y Gobierno, y reduce muchas de las banderas no académicas de la universidad y las focaliza casi solo en los presupuestos.
Las transformaciones derivadas de las banderas de la reforma universitaria de Córdoba, en 1918, variaron en cada país según las características de la delegación de poderes de los Estados y de la normativa de la autonomía. Gracias a estas leyes, las universidades instrumentaron durante el siglo XX complejas y variadas reformas que siguieron un cierto patrón compartido en casi toda la región y que indirectamente dieron cabida a las demandas de acceso a la educación (36). La dinámica creada por la autonomía y el cogobierno promovió el ingreso de nuevos estudiantes por medio de un acceso gratuito e irrestricto; la diferenciación institucional y disciplinaria en su interior a través de la sucesiva creación de facultades, escuelas y departamentos universitarios; una renovación de su planta física gracias a la construcción de “campos universitarios”, así como una expansión de los procesos de democratización internos a través de normas de ascenso, sistemas de apoyo estudiantil, descentralización interna y mayor participación en el poder universitario de todos los sectores, junto con una mayor gobernabilidad asociada a la complejización de la gestión por medio de la lenta ampliación de los niveles de cogestión con la incorporación directa e indirecta de nuevos actores en la gestión (egresados, obreros, administrativos, colegios profesionales) y, finalmente, una regionalización a través del establecimiento de sedes o subsedes en el interior de sus respectivos países, también con algún nivel de incidencia de los sectores sociales oriundos de esas regiones en la gestión de estas unidades descentralizadas. Este fue el eje de las reformas que recorrieron casi todas las universidades públicas de la región durante una parte importante del siglo XX: facilitar y promover la expansión de la cobertura, y fue derivado de la autonomía y del cogobierno. Fue la primera modalidad sobre la cual se produjo la expansión de la cobertura en la región, que les permitió cabalgar sobre una ola societaria que impulsó, y en algunos países de la región sigue marcando, el pasaje de una educación superior de elites a una educación superior de masas como derivación de las demandas de acceso a la educación de amplios sectores sociales, y de la propia democratización de nuestras sociedades. En ese significativo rol en la movilidad social en el acceso a la educación superior, las universidades aumentaron, además, de manera sistemática su autonomía respecto a los gobiernos.
La autonomía y el cogobierno fueron una derivación, en tensión y lucha, de la democratización del Estado latinoamericano que se expresó en reformas que producían empoderamiento en la sociedad. Al interior de las universidades el ejercicio del poder y de la gestión se basó en consensos lentos y en complejos procesos de negociación, imposición de sucesivas y lentas reformas con ajustes y relegitimaciones permanentes que, en el marco de la autonomía y el cogobierno, de hecho transfirieron los cometidos democratizadores y reformistas que definen al Estado hacia el interior de las universidades, y promovieron a su vez una fuerte descentralización y fragmentación del poder en las estructuras académicas universitarias. En este sentido, el funcionamiento de las universidades públicas, en tanto descansó en la autonomía y en la gestión basada en el cogobierno corporativo, determinó el camino y la forma de las reformas durante todo el siglo XX, que derivaron en la fragmentación del poder interno asociado a la diversificación de la oferta, en la expansión de la cobertura y el burocratismo corporativo en el ejercicio del poder y la academia.
Ellas fueron el vehículo de la primera fase de la expansión de la cobertura universitaria y de la ampliación del acceso a la educación superior. Así, el interior de la gran megareforma —que fue la llamada “primera reforma de la educación superior”—, se fueron instrumentando amplias y sucesivas microreformas que permitieron la consolidación y el desarrollo de la autonomía y el cogobierno por medio de la expansión de la matrícula y la complejización organizativa. Las lógicas de estas transformaciones eran internas pero supeditadas a recursos externos presupuestales y, en general, sobre escenarios monopólicos o casi monopólicos de la prestación del servicio universitario. Sus políticas además regulaban la totalidad de la educación superior y por ende a las demás instituciones que pudieran existir, las cuales finalmente copiaban las líneas maestras de sus orientaciones. Así, el modelo de campos universitarios, la estructura basada en facultades, escuelas e institutos, las modalidades de gestión de consejos universitarios, el perfil docente y la orientación profesionalizante, fueron sistemáticamente adoptadas por todas las nuevas instituciones tanto públicas como privadas.
Estas sucesivas reformas se articularon y se reforzaron sobre un mismo paradigma universitario basado en la gratuidad, la estructura cogestionada del poder, la organización interna en facultades, la expansión a partir de la creación de escuelas, institutos, sedes regionales y nuevas carreras, el financiamiento público casi exclusivo, el carácter dominantemente docente de pregrado, la creación de servicios de bienestar estudiantil (becas, comedores, transporte, acceso a servicios de salud, etc.), las estructuras de remuneración mesocráticas basadas en la carrera docente, el carácter endogámico de la designación de sus docentes, la baja articulación interdisciplinaria, el ingreso abierto, el currículo “tubo” y una estructura de gestión administrativa dispersa con poca concentración de poder en la figura del rector, que “reinaba” pero no gobernaba en el marco de un gran centro de poder focalizado en el Consejo Universitario, órgano que concentraba los roles ejecutivo, judicial y legislativo sobre territorios inviolables.
La dinámica de la masificación promovió procesos que tendieron a democratizar los poderes al interior de las universidades, y ello derivó en una reducción de la capacidad del accionar que no fuera la propia ampliación de la cobertura y la diversificación de las unidades académicas internas, supeditado a recursos presupuestales públicos. En este escenario, el cogobierno y la autonomía derivaron en una estructura de poder y de gestión académica altamente politizada y en una fuerte descentralización a través de muchos centros de poder legislativos (consejos de escuela, de facultades, institutos, cátedras, departamentos, consejos universitarios, etc.) que fragmentaron el poder e impusieron una gestión interna basada en altos niveles de consensos y una gobernabilidad dada en procesos comiciales democráticos con una legitimación dominantemente académica, pero cuya capacidad de promover cambios significativos estaba muy limitada por ese funcionamiento basado en consensos casi unánimes. Inversamente, hacia los poderes públicos externos, la autonomía y el cogobierno facilitaron la construcción de procesos de confrontación y tipos de políticas de tipo “suma cero” en la búsqueda de recursos financieros.
La lógica de las universidades con fuerte descentralización y fragmentación del poder al interior de la estructura institucional académica también dificultó la instrumentación de reformas significativas a nivel de toda la universidad, y acotó las transformaciones a minireformas focalizadas, en general, a nivel de las distintas unidades académicas; por ende, con una alta diversidad, fuertemente experimentales y con baja sustentabilidad.
Las reformas llevadas adelante a nivel de toda la institución (masificación, construcción física —en los inicios—, regionalización, diversificación lenta de las estructuras académicas, ampliación de la cogestión) tuvieron como eje dotar a la universidad de mayor dimensión y legitimación, y solo fueron posibles en el marco de la autonomía y el cogobierno, pero no detuvieron la lenta desatención de la calidad. Sin embargo, al mismo tiempo la estructura del cogobierno, la existencia de poderes que se legitiman en lo académico y la alta dependencia del presupuesto público también contribuyeron a la existencia de un fuerte burocratismo universitario y a fuertes limitaciones para cualquier transformación.
Los cambios estuvieron moldeados por la representación colegial de los diversos sectores de la comunidad académica en los centros de poder. Las luchas por cambios en el porcentaje de representación de los diversos estamentos universitarios (docentes, egresados, estudiantes, obreros y empleados), así como las acotaciones en los representantes (grado del docente, años de egresado, notas del estudiantes, etc.) fueron permanentes expresiones de las tensiones existentes en la determinación de las posibles reformas académicas y, a su vez, en políticas para limitar los poderes de los diversos cuerpos colegiados y sus propuestas de reformas propias. Tales luchas bloquearon muchos intentos de introducir reformas al interior de estas universidades. La organización del poder universitario fue la base sobre la cual se procesaron las diversas políticas y reformas, aun cuando más allá de la dinámica interna de estas universidades autónomas ellas han sido el resultado de políticas y estrategias de los países en relación a la educación superior, fundamentalmente respecto a la cobertura, el financiamiento y el acceso. En este sentido, las universidades públicas fueron el resultado no solo de la propia evolución de las demandas de educación, de sus propias dinámicas internas, sino también de los marcos legales, las políticas públicas y las modalidades de financiamiento que durante muchos años utilizaron a esas instituciones como los únicos mecanismos para cubrir las demandas de acceso y de profesionales.
b. Las nuevas regulaciones externas a las universidades
El modelo universitario que caracterizó a nuestros sistemas terciarios durante casi todo el siglo XX no otorgó facultades a los Gobiernos para la regulación de la educación superior, el cual se localizó en las propias universidades autónomas y en sus consejos universitarios. El Estado solo proveía recursos financieros, y en algunos casos inclusive estos ya estaban fijados legalmente (Honduras, Panamá, Nicaragua, Venezuela). Cuando en los años 70 se comenzó a expandir más significativamente la educación privada, asociado ello a las restricciones de acceso en las instituciones públicas o a su deterioro de calidad, una parte del eje regulatorio se comenzó a trasladar al mercado. Este empezó a fungir como un nuevo factor determinante de la oferta y de la demanda de educación superior que definía precios, calidades, ofertas y salarios. Tal expansión del mercado promovió una creciente diferenciación mercantil como parte de la propia diversificación institucional, y comenzó a crear la compleja situación derivada de la existencia de un sector con dos regulaciones: una, producida al interior de los consejos universitarios de las universidades públicas; otra, basada en el mercado que actuaba sobre las universidades privadas y sobre los postgrados.
La expansión del mercado como actor regulador, sustentado en las limitaciones financieras de los Estados, respondía a una concepción política que concibió que la expansión de la educación superior privada sin regulaciones promovería un incremento de la matrícula y niveles de oferta con calidad y pertinencia. Estas visiones pronto se verificarían falaces, ya que el mercado en forma autónoma no promovió la calidad, sino niveles muy diferenciados de instituciones en la prestación de los servicios, que deterioraron el valor de las certificaciones y que crearon nuevas modalidades de exclusión asociadas a la calidad de la educación. Dada la desigual distribución de la renta, las personas tendieron a seleccionar opciones educativas tanto de menores como de mayores precios con estándares de calidad muy variados. La alta cantidad de instituciones reducía el tener conocimientos sobre los niveles de calidad de las instituciones y sus programas, lo cual deterioró el valor de las certificaciones. La expansión y diferenciación institucional derivó en políticas públicas de regulación de tal dispersión institucional y en el establecimiento de mínimos estándares de funcionamiento de las instituciones, y de la homogenización de las condiciones de la competencia buscando dar garantía a los diversos usuarios.
Este escenario de nuevos marcos regulatorios desde fines de los años 90 se está dando en el contexto de la democratización de América Latina al superarse las dictaduras en las décadas del 80 y del 90, y al haberse aprobado nuevas constituciones en toda la región —con la excepción de Surinam— que incorporaron un rol más destacado del Estado en la regulación de la educación terciaria y en el reconocimiento de las diversidades (étnicas, culturales y sociales), promoviendo la formulación de políticas públicas de equidad y el establecimiento de mecanismos para promover una mayor cohesión social en los diversos países ante el agravamiento de las desigualdades educativas.
En general, el proceso regulador está asociado a la expansión y a la diferenciación institucional. Podemos fijar su desarrollo desde fines de los años 90. La regulación se ha expresado tanto a través de organismos de gobierno como de agencias de aseguramiento de la calidad, así como también en acuerdos al interior de los propios consejos y asociaciones de rectores, que propenden a regulaciones de carácter sistémico entre los propios actores, con lo cual han creado una diversidad regulatoria —en muchos casos contradictoria, ineficaz, excesiva e inconsistente—, variando por países por los diversos equilibrios políticos regulatorios, tanto internos como externos a las universidades. Adicionalmente y como veremos más adelante, también estamos asistiendo a una expansión de regulaciones internacionales. Para el 2010, en casi toda la región ya estaba concluida la etapa de creación de nuevos actores institucionales de regulación nacional; en primera instancia, los organismos gubernamentales (ministerios, viceministerios de educación superior, o consejos de educación superior) con crecientes potestades para actuar en la regulación de la educación superior; en segundo momento, las agencias de aseguramiento de la calidad; en tercera instancia, los consejos y asociaciones de rectores públicos, privados o mixtos. Finalmente, también los egresados a través de los colegios profesionales. En algunos países como Argentina, México y Brasil, por el tamaño de sus sistemas terciarios, las instituciones reguladoras, ejecutivas o de evaluación, así como las de representación gremial, también alcanzaron expresiones en los niveles regionales.
A partir de la creación de estos ámbitos de regulación en educación superior, se ha pasado a una nueva etapa caracterizada por la permanente formulación de políticas y normas, que crecientemente tornan cada vez más normativizada la dinámica, el funcionamiento y la prestación de los servicios educativos terciarios y, por ende, más acotada la libertad de mercado y la autonomía de los diversos actores. El pasaje de unas regulaciones tradicionalmente autónomas por parte de las universidades, sobre todo públicas o de mercado, hacia una creciente regulación gubernamental —e incluso internacional— no anula las formas de regulación previas que siguen perviviendo en algunas áreas; haciendo en general que exista una amplia regulación muchas veces contradictoria, parcial y en tensión continua, así como también crecientemente superpuesta, caótica y desigual (e incluso politizada, o corrupta) por falta de coordinación.
En general, uno de los ejes de tales políticas parte de reconocer la creciente complejidad de los sistemas de la educación superior y propende a superar su funcionamiento fraccionado, pero al tiempo limitando las modalidades de la competencia entre las diversas instituciones terciarias al establecer algunas bases comunes de funcionamiento sistémico. Uno de los ejes centrales de la política pública se orientó hacia el establecimiento de estándares de calidad básicos, iguales para todas las instituciones universitarias, a partir tanto de la regulación del licenciamiento de instituciones o de autorizaciones de programas como de la creación de agencias de aseguramiento de la calidad y del licenciamiento profesional. Adicionalmente, la política pública se orientó también a contribuir para incrementar la cobertura a partir de la formulación de políticas de equidad para sectores tradicionalmente marginados de la educación superior.
c. La tendencia a la creación de sistemas de educación superior y la articulación de sus componentes
Una de las tendencias de la educación superior en el marco de la expansión de los mecanismos de regulación es la introducción de políticas, mecanismos y modalidades sistémicas para superar la desarticulación existente de los sistemas educativos latinoamericanos. Durante los últimos años, de manera concomitante al proceso de creación de sistemas de aseguramiento de la calidad y nuevos marcos de regulación, en diversos países —como por ejemplo Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay y Honduras—, se han creado consejos de educación que propenden a la articulación de los sistemas educativos y, específicamente, de la educación superior con miras a un funcionamiento sistémico y articulado. Su incidencia real es variable pero aún reducida.
i. La desarticulación de los sistemas educativos en la región
La expansión y diferenciación de la educación superior en las últimas décadas produjo un aumento de la tradicional desarticulación entre los diversos componentes de la educación. El establecimiento de diversas restricciones al ingreso automático a las instituciones públicas, la violenta expansión del sector privado y del sector no universitario de carácter terminal, la diferenciación en términos de calidad de las instituciones, el aumento de la injerencia del mercado como actor regulador, la aparición de modalidades no presenciales así como la presencia de nuevos proveedores internacionales han favorecido una mayor desarticulación de los diversos componentes de la educación en general, y de la educación superior en particular.
La desarticulación de los sistemas de educación tiene raíces profundas, asociadas a las distintas evoluciones históricas de la educación media y de la educación superior. Mientras que las universidades nacieron trasplantadas en la fase colonial y con el rol de la evangelización y la colonización, la educación básica y media tienen génesis nacionales. Ambos sectores mantienen muy distintos grados de autonomía: mientras que la educación media depende muy estrechamente de los aparatos ministeriales, la educación superior en el siglo XX se estructuró bajo un modelo autónomo de gestión que le dio una fisonomía propia y diferenciada. Hay una separación en autonomía, presupuestos, salarios, currículos, pertinencias, etc., que se vio ampliada por la expansión de la educación privada que, en el marco de la libertad de mercado, agregó a la tradición de desarticulación entre el nivel medio y el superior un nuevo abismo entre lo público y lo privado a nivel terciario, situación que no existía previamente en la región, donde la educación privada de elites y la educación monopólica pública tenían estándares y dinámicas comunes.
A nivel superior, la desarticulación fue una derivación de la diferenciación institucional que promovió distintos tipos de instituciones, de la expansión del modelo binario público-privado, de la diferenciación pedagógica en términos de niveles de calidad, de las diversidades disciplinarias que se incentivaron ante la expansión de nuevos saberes, de la irrupción de las TIC —que posibilitó la existencia de nuevas modalidades de educación presencial y no presencial—, de la diferenciación entre tipos de saberes entre las instituciones universitarias y las instituciones no universitarias. Finalmente, cabe destacar la aparición de otra desarticulación con la expansión de los postgrados como educación de la sociedad del conocimiento, que promovió una diferenciación entre el tercer y el cuarto ciclo así como al interior mismo de los postgrados, por la existencia de varios niveles a su interior. Todo el sistema, que ya tenía una fuerte entropía, sufrió un sensible incremento de los niveles de desarticulación de sus diversos componentes. La propia masificación en condiciones de mercado promovió la diferenciación y, en el contexto de globalización, de las nuevas tecnologías y de la expansión de saberes, ello elevó los grados de desarticulación.
Ha sido una derivación de la existencia de marcos normativos que establecen la autonomía de las universidades públicas y la libertad de mercado de las instituciones privadas, al tiempo que los institutos de educación media y los no universitarios sí están sujetos a decisiones políticas de los gobiernos, dificultándose el establecimiento de políticas de coordinación y articulación.
La desarticulación de la educación significa que esta no funciona como un sistema, sino como una secuencia de rupturas con distintos niveles autónomos y desconectados en términos pedagógicos y administrativos, los cuales inciden significativamente sobre los índices de deserción y de abandono; ello genera altos niveles de ineficiencias económicas para las familias y los países, y junto a la propia existencia de estudios terminales, limita los recorridos continuos que requiere la demanda de educación permanente. Sin embargo, más allá de las diversas barreras interinstitucionales, uno de los centros de la desarticulación está asociado a niveles de calidad no homogéneos. La educación carece de una lógica sistémica como servicio público de educación, y funciona a través de un conjunto desarticulado de instituciones con prácticas y modalidades autárquicas en una dinámica de funcionamiento desconectada y, a su vez, con múltiples centros de regulación.
ii. La articulación del sistema de educación superior
La articulación no significa una homogeneidad de las modalidades educativas ni institucionales, sino la posibilidad de conciliar las libertades institucionales para responder a las distintas demandas educativas con individualizados recorridos académicos en función de las capacidades e intereses de las personas, con roles y características propias y específicas de cada nivel o modalidad, junto con la posibilidad de transferir los aprendizajes en los otros componentes del sistema. No se refiere a meros conectores entre las múltiples instancias del panorama educativo, sino a vías de doble tránsito que puedan permitir múltiples interacciones entre los distintos niveles, sectores y modalidades educativas, cada una con sus propias especificidades y necesidades, pero reconociendo mutuamente los estudios. La articulación, sin embargo, no se reduce a redes y nodos al interior de los sistemas educativos, sino también a su exterior, en relación a la praxis, al mundo del trabajo, a la investigación, a la acción social, o a las infinitas posibilidades de conexión entre la sociedad y las instituciones educativas.
La articulación es el medio para permitir la existencia de múltiples recorridos académicos de aprendizajes personales. Es el mecanismo para reducir la tasa de deserción y de abandono que mayoritariamente se produce, tanto al inicio de un nuevo ciclo, como durante su recorrido —dado que casi no existen salidas intermedias en los sistemas de educación en la región—, así como para favorecer la educación permanente en el contexto de creciente flexibilidad laboral, dando libertad a las personas en la escogencia de sus opciones educativas. En las nuevas concepciones y prácticas educativas, la movilidad estudiantil es la base de nuevas modalidades pedagógicas de aprendizaje en entornos globales, en tanto los recorridos no son solamente disciplinarios sino que hay otros abordajes, de tipo transdisciplinarios o integrados a la práctica, que solo son posibles en el marco articulaciones interinstitucionales.
La formulación de políticas y mecanismos de articulación al interior de los diversos ciclos y niveles educativos y la creación sistemas con múltiples articulaciones está en el centro mismo de las políticas educativas, así como de las tendencias más dominantes de las regulaciones públicas en educación superior. Tales políticas permiten visualizar concepciones diferenciadas sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad, sobre la autonomía de las instituciones y sobre el rol de la educación respecto a las demandas laborales de la sociedad. Asimismo, las diversas políticas públicas están asociadas a modelos de gestión sistémicos de consenso, o basados en la autorregulación de los actores, o en un funcionamiento a partir de normas impuestas para los diversos actores. Entre las modalidades más significativas podemos encontrar:
» Esquemas de articulación con alta flexibilidad y libertad de las instituciones educativas sobre la base de estándares comunes de calidad, pero en los que cada institución establece los ingresos por la vía de exámenes.
» Esquemas de articulación sobre la base de la legalización de las opciones y de las decisiones que crea el mercado, fundamentalmente entre acuerdos entre las instituciones.
» Esquemas de articulación sobre políticas públicas que establezcan los procedimientos claros de articulación, muchas veces sobre la base de la creditización de los aprendizajes.
» Esquemas de creación de ámbitos institucionales de evaluación y autorización como conectores y puertas que producen el reconocimiento, reválida u homologación de saberes adquiridos en los distintos niveles y modalidades educativas.
La creación de sistemas de educación superior a partir de claras articulaciones no excluye los niveles de diferenciaciones para atender a los mercados laborales en sociedades altamente heterogéneas. En el sistema estadounidense las diferenciaciones son la base de un funcionamiento altamente competitivo y diferenciado, siguiendo el sistema europeo, las homogeneidades son la base de un sistema igualitario. Sin embargo, más allá de esa macroorientación, el desafío de la política de regulaciones es conciliar la diferenciación institucional y pedagógica con la necesidad de promover la articulación, los saberes especializados con los saberes básicos, los ámbitos disciplinarios con los enfoques transdisciplinarios, los saberes técnicos con los saberes académicos. Las áreas de las potenciales articulaciones son múltiples: entre la educación y el mundo del trabajo que asume la forma de pertinencia; en la transición de la educación básica a la media y de esta a la superior —que son los momentos de mayor repetición y abandono— y que remite a los sistemas de admisión entre unidades académicas de una misma institución; entre instituciones tanto públicas como privadas a nivel de pregrado y postgrado; entre niveles de saberes especializados, técnicos o académicos; entre las instituciones no universitarias y las universitarias; entre instituciones nacionales y extranjeras; entre las distintas modalidades pedagógicas (presencial y virtual), así como entre los distintos niveles del postgrados (diplomado, especialización, maestría, doctorado, etc.). El grado de coherencia de un sistema de educación superior está dado por el mayor nivel de articulación entre los diversos subsistemas.
d. La desautonomización y la nueva versión de la autonomía en el siglo XXI
Los nuevos ámbitos de regulación están cambiando el eje de las tradicionales dinámicas universitarias. Ellas se manifiestan en funcionamientos sistémicos en la educación como derivación de la diferenciación institucional en condiciones de mercado, así como por la injerencia pública a través de financiamientos adicionales y condicionales. Pero además hay nuevas concepciones que están promoviendo procesos de estandarización de las condiciones de prestación de los servicios educativos, también a escala global, asociados a la internacionalización. Ello ha comenzado a plantear si estamos frente a la pérdida, el cambio o la reducción de la autonomía universitaria en la región. La estandarización, por definición, siempre reduce la libertad de los actores en cualquier mercado o ámbito social en el cual se introduce, con los riesgos implícitos de anular las fuerzas impulsoras de la innovación o las distintas diferenciaciones (pedagógicas, curriculares, institucionales, etc.). A escala global, pero con mucha más fuerza en la región dada la tradición autonomista, se produjeron fuertes debates y tensiones asociados a las leyes y normas por las cuales se han establecido diversas limitaciones a la autonomía al fijarse criterios de funcionamiento, admisión, contratación, estandarización, articulación o rendición de cuentas, y que muchas veces fueron vistos por las universidades autónomas como acciones que implicaban la pérdida de su tradicional autonomía. Este ha sido un proceso diverso pero continuo, cualquiera que haya sido la orientación pedagógica del Gobierno. En su inicio fue conceptualizado como de autonomía responsable, que planteaba el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas tal como se formuló en la Conferencia Mundial de Educación Superior promovida por la UNESCO en 1998. Posteriormente se desarrolló el concepto de autonomía condicional, que concebía que la autonomía solo podía ser ejercida con la condición de que la universidad cumpliese con las normas nacionales que eran superiores, más allá de que estas pudieran ser renegociadas permanentemente de acuerdo con la dinámica política (37).
Actualmente se plantean nuevos conceptos que podrían ser vistos como parte de un creciente proceso de desautonomización y que refieren a un nuevo contrato social entre las universidades y la sociedad, como lo ha planteado Brunner. Tales cambios están asociados tanto al proceso regulatorio interno y a la complejización de los sistemas terciarios como a la internacionalización de la educación superior y se han expresado en cambios en las relaciones entre las universidades y sus Gobiernos. Estas relaciones se han modificado desde el tiempo en que los gobiernos eran los gestores de las universidades, en el siglo XIX, a una nueva relación entre ambos a partir de las reformas de autonomía y el cogobierno. Posteriormente, en los años 70, en muchos países la universidad se posicionó como contrapoder de tipo gramsciano. En algunos países la autonomía se concibe completa respecto al Poder Ejecutivo y no frente a los poderes legislativos o judiciales, en tanto la rendición de cuentas se da solo a la sociedad. Actualmente se tiende a concebir una relación en la cual el Estado es el ámbito de formulación de las políticas, o la comunidad internacional, y las universidades se mueven en el marco de los límites y espacios que establecen esas regulaciones externas, en una relación que podría definirse como nueva autonomía o como autonomía acotada. En estos casos, también el motor de las reformas más significativas al interior de las universidades se comienza a focalizar externamente a las instituciones, dada su incapacidad de generar reformas significativas internas. Asociado a estos cambios se ha producido un lento pasaje del Estado docente al Estado evaluador, de una educación monopólica pública a una educación pública diferenciada, y a un sistema universitario de tipo dual complejo basado en la existencia de un sector público y uno privado, con múltiples diversidades internas. También de sistemas nacionales a sistemas con creciente presencia de matrícula, instituciones, currículo y financiamiento internacional, todo lo cual ha transformado la autonomía, que ahora está acotada a los nuevos ámbitos formuladores de políticas públicas, los que están reestructurando la relación tradicional entre universidades y Gobiernos.
La autonomía es una delegación que los Estados han realizado a través de leyes, mediante las cuales transfieren mandatos o cometidos desde los ámbitos ejecutivos a niveles administrativos inferiores, tal como son los de las universidades. Más allá de su contenido ideológico, político, simbólico e histórico, es la expresión de marcos normativos que han delegado funciones, tal como se dio en la región en la segunda parte del siglo XX. En cambio, en este siglo XXI pareciera que los Estados están inmersos en un proceso de retoma y de renegociación de esa delegación de atribuciones, de hecho o de derecho, en el marco de las nuevas realidades de la diferenciación institucional, de la mercantilización de la educación, de la búsqueda de políticas de equidad en el acceso y de la necesidad de promover un mayor desarrollo económico y un uso más eficiente de los recursos, así como del reconocimiento de las múltiples carencias en la gestión y en la calidad de las universidades en el contexto de las nuevas demandas sociales y económicas. Tal proceso está focalizado en marcos normativos nuevos, en un cambio en la organización institucional de los gobiernos en el sector, en la dinámica global de la educación y en la acción cotidiana del Estado por medio de su reglamentarismo, todo lo cual acota la libertad de las instituciones en el qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto y a quién enseñar, invadiendo y transformando la tradicional autonomía. Para algunos el debate se coloca en la autonomía como requisito de la innovación, y en la regulación como la expresión de la homogenización. La autonomía para ellos tiene su fundamento último en la libertad que requiere el desarrollo de la ciencia, que es el fin último de la “modernidad”, y toda restricción a esa libertad afectaría indirectamente a toda la sociedad. Para otros es un tema de poder entre el Gobierno y las universidades, entre visiones globales públicas frente a intereses sectoriales universitarios, así como de la incapacidad de crear conocimientos sin alianzas con el Estado y el mercado, o de garantizar la calidad sin sistemas externos de supervisión o control frente a las tendencias endogámicas.
Como expresiones de esas regulaciones que implican procesos de desautonomización, podemos encontrar en los diversos países manifestaciones muy variables; pero todas parecen configurar una tendencia general hacia donde se desplazan las políticas, que podemos observar más allá de sus propias especificidades locales. Entre los diversos procesos en curso podemos visualizar las siguientes modalidades:
» Incentivos financieros a los docentes por medio de programas competitivos de mejoramiento de la calidad a cargo de los Gobiernos.
» Incorporación en los consejos universitarios de miembros externos en representación de los Gobiernos o de la sociedad.
» Establecimiento de normas nacionales o de los Gobiernos sobre los mecanismos y modalidades del acceso, carrera docente, egreso, currículo, apertura de ofertas académicas, etc.
» Evaluación y acreditación externa a cargo de agencias, con fuerte peso de autoridades gubernamentales, así como establecimiento de requisitos previos de autorización de ofertas con indicadores y estándares externos.
» Existencia de fondos públicos concursables competitivos de investigación, asociados a una clasificación de los equipos de investigación por parte de instituciones externas a las universidades.
» Establecimiento de criterios externos sobre la orientación de los gastos de las universidades y distribución de los fondos en función de criterios de políticas ministeriales.
» Obligación del licenciamiento profesional para el ejercicio laboral en registros o colegios.
» Jerarquización y valorización de las universidades a partir de rankings comparativos y competitivos internacionales, que fijan las variables de la calidad.
Desde la óptica pública, el rol regulador de los Gobiernos está definido en tanto expresión de la totalidad de la sociedad y de la necesidad de velar por los intereses colectivos de las mayorías frente a los intereses corporativos de las universidades o de sus diversos actores. Desde ese ángulo, la autonomía es vista además como un mecanismo que incrementa y reproduce las desigualdades sociales al imponer cada institución sus propias selecciones. Este es sin duda un problema global de la autonomía. En una reflexión, Geoff Whitty, especialista mundial en temas educacionales, director del Institute of Education de la Universidad de Londres, y Robert Cowen, experto en educación comparada, expresaron que en Gran Bretaña “las mejores escuelas son cada vez mejores y las escuelas postergadas ofrecen una educación cada vez más pobre”, y que “de ese modo la brecha de inequidad se agranda” (38). Ellos afirman que tal situación no ha cambiado en la última década y como parte del problema remiten a “la gran autonomía del sistema educativo británico [que] no ayuda, porque las escuelas pueden elegir a sus alumnos, y de esa manera, los estudiantes más rezagados quedan inevitablemente en las escuelas más postergadas”.
Hay por ende un núcleo de tensiones que derivan de cómo se ven los beneficios y los problemas que implican tanto la estandarización como la autonomía, que focaliza el debate sobre las delimitaciones de los respectivos cometidos y mandatos de universidades, Gobiernos, agencias de acreditación, asociaciones de rectores y organismos internacionales. La ministra de educación de Colombia, en el marco de este debate, refería para el caso de ese país que “gracias a los múltiples desarrollos jurisprudenciales, cada vez es más claro hasta dónde puede y hasta dónde no puede llegar el Estado en el ejercicio de sus labores de promoción, fomento y aseguramiento de la calidad, así como en las de inspección y vigilancia” (39). Allí las fronteras y los límites de esa tensión, en uno de sus componentes, están dados por los propios marcos normativos —que en ese país son de rango constitucional—. El rol del Estado es puesto de relieve por la ministra, al afirmar:
Como Gobierno, nos corresponde una responsabilidad quizás molesta pero necesaria. Es la de velar por la calidad del servicio prestado por las instituciones de educación superior. Este es más que un tema de protección de consumidores. (…) Es una obligación irrenunciable que hemos procurado emprender no de manera policiva, sino más bien dentro de un proceso de fomento, lo cual no debe excluir la imposición de sanciones, cuando a ello haya lugar. No podemos ceder en el empeño de garantizar a los estudiantes y a la sociedad en general programas académicos de buena calidad en instituciones de buena calidad. (…) [pero] por desgracia, ante algunas de las iniciativas (…) orientadas a garantizar la calidad, algunos han interpuesto el escudo de la autonomía. (…) Nos parece que es una perversión de su filosofía [de la autonomía] el pretender utilizarla como escudo de deficiencias (40).
En el marco de estas concepciones, es clara la concepción gubernamental sobre los límites de la autonomía universitaria; límites dados por los temas de aseguramiento de la calidad y de la protección de los derechos de los estudiantes y de la sociedad, donde el Estado actúa para cautelar los derechos de la ciudadanía de acceder a una educación de calidad, fiscalizando a las universidades para que estas preserven esos derechos, lo cual —en general— en la región se hace a través del estímulo, sin que tampoco se obvie la sanción. Estas discusiones estuvieron asociadas a la aprobación de las leyes en toda la región, y muchas se expresaron tanto en debates académicos como en recursos judiciales.
El caso de Argentina es particularmente interesante por el peso del sector público, la tradición autonomista como cuna del movimiento de Córdoba, de 1918, y por haber sido el centro de una de las primeras discusiones. En 1995, al mismo tiempo, se creó por ley tanto un organismo público de fiscalización y control, como una agencia de aseguramiento de la calidad. Luego de sancionada la Ley de Educación Superior (Ley 24521), la Universidad de Buenos Aires (UBA) se presentó ante la justicia contencioso-administrativa para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos de la norma en cuestión, argumentando que a través de ellos se desplazaba y sustituía la potestad normativa autónoma de las universidades y se quebrantaba la Constitución (41). Más allá de la diversidad de objeciones específicas, el escrito de la UBA se concentra en sostener que la facultad que posee el Congreso de la Nación para dictar leyes de educación superior es limitada por valores superiores, como la autonomía; en la discusión sobre el grado de definición del término “autonomía” y en su alcance y, finalmente, en el rol del Estado de garantizar la protección del consumidor y la igualdad de oportunidades. El debate posterior incorporó otros dos conceptos separando el Gobierno y las universidades: por un lado, se planteó razonando en términos de sistema universitario más que de instituciones universitarias aisladas; por el otro, se diferenció entre la facultad de otorgamiento del título en el marco de la libertad de aprender y de enseñar, y la habilitación para el ejercicio profesional que pone en manos del poseedor temas como la vida, la libertad o la fortuna de las personas. En estos argumentos se sustentaba la legitimación de la regulación pública y se habría el camino para el licenciamiento.
El pasaje de una educación superior pública monopólica hacia dinámicas sistemáticas de enseñanza como resultado de la diferenciación institucional tanto pública como privada, aun cuando en general se está expresando en un nuevo rol del Estado, también está derivando en una transformación de la tradicional autonomía de cada universidad, hacia una autonomía sistemática, en la cual las universidades propenden a que algunas de sus acciones sean resultado de decisiones colectivas ya no propias o impuestas por terceros. Ello se ha expresado en la creación de consejos de rectores de universidades públicas con lógicas sistémicas. En algunos países como Bolivia, Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador y Costa Rica estos tienen algunos mandatos legales. Sin duda, el más evolucionado es el de Bolivia (que reúne a 12 universidades), país donde el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) tiene rango constitucional como órgano colectivo (42). Este organismo inclusive ha logrado establecer una estructura de distribución del gasto público altamente igualitaria entre las diversas universidades en función de su cantidad de estudiantes. En Argentina, Paraguay y Brasil su rol es fundamentalmente político y de negociación ante los gobiernos, y de designación de representantes en las agencias de acreditación y en otros organismos. En el caso de Ecuador, el organismo regulador era colegiado con representación de diversas instituciones, pero donde el mayor peso respondía a representantes de las universidades públicas y privadas y, desde la nueva ley de educación superior, en el 2010, solo está compuesto por académicos y representantes de Gobierno en el marco de un enfoque que propende a que los regulados no sean los reguladores. En este caso la regulación de la educación superior es de carácter sistémica tanto para el sector público como para el privado. En Costa Rica (ahora con cinco universidades) tienen una dinámica sistémica de acción más desarrollada en términos de que negocian colectivamente a través de convenios quinquenales con el Poder Ejecutivo, resuelven colectivamente la creación de programas y han tenido varias iniciativas conjuntas. En materia de acreditación han promovido la creación de una agencia de aseguramiento de la calidad, transfiriendo parte de su autonomía individual, de su propia soberanía, a ese ámbito institucional de calidad. En Perú, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) reunía a todas las universidades, y tenía un rol significativo en la certificación y registro de los títulos, en la designación de múltiples representantes en diversos ámbitos públicos, en la intervención de universidades con problemas y participaba indirectamente en la aprobación de nuevas universidades y sedes. Desde el 2014, en marco legal se ha transformado conformándose una superintendencia con representantes académicos y de gobierno. En Panamá, por su parte, las universidades públicas se han integrado en el marco de un ámbito colectivo que fiscaliza a las universidades privadas, como derivación de una sentencia judicial que claramente estableció que la Constitución facultaba a todas las universidades a ejercer el rol que, cuando era monopólica, le correspondía a la Universidad de Panamá y que fue reafirmado en la ley de creación de la agencia de evaluación y acreditación (CONEAUPA) en el 2007, y que se mantiene en el proyecto de ley actualmente en discusión. En Honduras, en el 2007, el proyecto de creación del Consejo de Educación Nacional también plantea la transferencia de los roles y cometidos de fiscalización y control de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a un ámbito en el cual están representadas todas las universidades públicas, que actualmente son seis. Allí, las restantes universidades públicas y privadas (19) han planteado un proyecto de ley para quitarle el rol decisor a la UNAH.
Sin embargo, no todos los procesos de diferenciación del sector público conducen a modalidades de ejercicio de la autonomía a través de acuerdos y dinámicas de carácter sistémico. En Venezuela, por ejemplo, las universidades públicas creadas posteriormente a la ley de 1971 son de carácter experimental, y con más intensidad en todas las nuevas instituciones creadas en 2007, al transformarse múltiples instituciones terciarias en universidades. Se articulan sobre marcos normativos en los cuales se carece de autonomía y muchas de sus decisiones, hasta inclusive el nombramiento de sus rectores, finalmente son resorte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación Superior.
La carencia de autonomía es muy amplia en toda la región para las llamadas instituciones no universitarias que se han expandido en el marco de la diferenciación institucional y la expansión de nuevas demandas de la sociedad y que, alcanzando hasta comienzos del siglo el 23 por ciento de la cobertura de la matrícula terciaria, están totalmente supeditadas a la fiscalización y control gubernamental. Ello muestra que la tradicional autonomía, aún en lenta transformación, está reservada a algunas instituciones que son las que pueden, inclusive, seguir ejerciendo áreas de su tradicional autonomía, aunque ya carezcan de los marcos normativos de antaño. En Brasil, las universidades federales tienen una relativa autonomía e inclusive sus rectores son finalmente nombrados por decreto del presidente. Cabe preguntarse entonces cuánta es la dimensión real de la matrícula global terciaria localizada en instituciones universitarias autónomas: tal vez no más del 15 por ciento.
e. Los nuevos ejes de las reformas universitarias públicas
Es difícil encontrar un claro escenario de tendencias únicas en las reformas de la educación superior, en tanto existe una amplia y compleja diversidad de orientaciones. Es claro que el escenario cambió radicalmente: la democracia está instalada en la región y las universidades han perdido su eje como espacio de lucha democrática. La diferenciación institucional ha determinado que ellas ya no pueden asumir la totalidad de las demandas de acceso, ya que las carencias financieras y las demandas de calidad han impuesto políticas selectivas. La proliferación institucional ha planteado la necesidad de regulaciones públicas y la propia globalización ha promovido también estándares internacionales compartidos de funcionamiento de la educación superior. En este sentido se abren nuevos derroteros del debate sobre la autonomía y las tendencias de las transformaciones futuras de la educación superior. Sin embargo, más allá de la diversidad de estrategias propias, la tendencia más marcada de las reformas está dada por su supeditación a los marcos que fijan las políticas y los estrechos espacios en los cuales se pueden dar las reformas internas. Ello, más allá de que históricamente las universidades han tenido dificultades en instrumentar reformas a su interior y que sus fuerzas transformadoras internas muchas veces han quedado bloqueadas en la fragmentación, la burocracia universitaria y la necesidad de unanimismos difíciles de conseguir, o han sido extremadamente lentas.
Uno de los ejes centrales de las reformas pasa por reconstruir la capacidad de gerenciamiento en instituciones de cogestión burocráticas y muy fragmentadas académicamente. En un estudio sobre las universidades innovadoras del siglo XXI, Burton Clark refiere que ello ha estado dado por el reforzamiento de la gestión ejecutiva, la expansión en la periferia de la universidad de nuevas unidades de gestión para la búsqueda de fondos, la gestión de la propiedad intelectual, las transferencia tecnológica y contactos interindustriales en un proceso de diversificación financiera. A través de unidades localizadas entre departamentos, escuelas y centros de estudios, se propende tanto a una amplia diversificación de sus fuentes financieras como a una integrada y compartida cultura empresarial e innovativa al interior de la universidad, lo cual requiere además de una estimulante participación del cuerpo académico (43). En la región existen algunas de esas iniciativas, sin embargo, lo dominante son procesos de reforma limitados por baja innovación con determinantes impuestas por los Gobiernos, la existencia de una urdimbre legislativa que restringe la capacidad de mando ejecutivo, la dificultad o incapacidad de diversificar los recursos financieros y un reducido marco gerencial en la gestión institucional, por el peso de la unidad académico-política en la gestión.
Desde los años 70 y variando en cada país en función de políticas, ideologías y recursos financieros, el objetivo de incrementar la cobertura que había caracterizado la dinámica de la educación superior se transformó lentamente al transferirse una parte significativa de la creciente absorción de bachilleres hacia nuevas instituciones, primero públicas y luego privadas en la mayor parte de la región. Esta estrategia se realizó por medio del establecimiento de mecanismos restrictivos al ingreso automático a las universidades y el incentivo a la creación de otras ofertas. Recursos escasos y necesidades infinitas, base de la economía mercantil para asignar y restringir el acceso a los bienes y servicios a través de los precios que ajustan demandas y ofertas, en el caso de la educación superior en América Latina, al mantener la gratuidad estableció las limitaciones en accesos diferenciados con base en conocimientos a través de una restricción selectiva al consumo de dichos servicios educativos en función de ingresos económicos y, por ende, una selección social al ingreso a las universidades autónomas latinoamericanas y también —derivado de ello— un mejoramiento de su calidad al detener la masificación sin límites.
Tal proceso de diferenciación universitario fue expresión de una política pública que buscó quitarle el monopolio del servicio educativo superior a las universidades autónomas, abrir espacios a la acción privada y de otras modalidades y niveles públicos y, al tiempo, ayudar a darle flexibilidad a los desarrollos disciplinarios al facilitar el uso de mecanismos de mercado al asignar recursos, todo lo cual sentó una nueva lógica de la educación superior desde los años 80. A partir de esta selección de ingreso, el núcleo central de las orientaciones de las universidades públicas cambió radicalmente, al no estar estas asociadas a canalizar la expansión de la matrícula y la masificación del ingreso. El eje de sus problemas —y con ello el establecimiento de las prioridades de sus políticas internas— varió radicalmente y por ende también sus lógicas y orientaciones estratégicas. Sin embargo, aun cuando es difícil establecer claramente una visión del panorama futuro y de cuáles serán las características distintivas de las universidades públicas en el siglo XXI, es posible empezar a visualizar un pasaje de los ejes de las reformas desde determinantes internos de las instituciones hacia políticas de reformas gestadas externamente a ellas, y desde dinámicas orientadas a la masificación hacia políticas focalizadas en la calidad, en la oferta de postgrados y en la investigación.
Este pasaje desde impulsos internos hacia imposiciones externas es derivado de realidades sistémicas en la educación superior que comienzan a imponer políticas colectivas por encima de las instituciones. Así, los ejes de las políticas se focalizan en los problemas centrales compartidos de la educación superior —los cuales mayoritariamente provienen de la diferenciación institucional— que han incentivado los problemas de articulación y de recorrido, de una fuerte diferenciación de la calidad como derivación de la formación de circuitos diferenciados de calidad, de las inequidades derivadas de la elitización de las universidades públicas y de las restricciones de acceso de tipo económico a la educación pública.
Las reformas, aún acotadas, no tendrán una única orientación. En los países donde la universidad pública no estableció significativas barreras de ingreso y, por consiguiente, donde las instituciones privadas se articularon como instituciones de elite ante la fuga de las clases medias y altas hacia la educación privada, los ejes de las potenciales reformas se continuaron focalizando en sus líneas tradicionales y más intensamente en la regionalización de la matrícula, la reducción de los niveles de deserción, repetición y abandono y en la obtención de adicionales financiamientos públicos para mantener la expansión de la matrícula, como son los casos de Argentina, República Dominicana, Panamá y Uruguay y, asociado a los accesos de los indígenas, Bolivia.
Sin embargo, será en el marco del modelo dual con restricciones de acceso irrestricto a la educación superior en las universidades públicas, que es el más generalizado en la región, donde finalmente se establecerán los nuevos derroteros de los caminos universitarios, los cuales necesariamente serán altamente diferenciados. Para unas instituciones los problemas se localizan en la gestión y en la capacidad de gobernabilidad de las instituciones y, por ende, en el poder a su interior dada la cogestión y la dispersión de los centros de poder. Para otras, en el marco de la continuación de la expansión de la cobertura, los problemas derivan de las limitaciones del financiamiento público y su necesidad de financiamientos adicionales. Sin embargo, en general para las universidades que han puesto restricciones de ingreso, el eje de su acción tenderá a focalizarse en cómo incrementar la calidad, que implica un mayor incremento de los costos y por ende la necesidad de obtener más recursos públicos y una diversificación financiera ante la restricción al cobro de la matrícula, como son los casos de Perú, Costa Rica, México, Guatemala, Bolivia, Panamá, Uruguay, Brasil y ahora Ecuador. Aquellas instituciones que se focalicen en la búsqueda de aumentar la calidad avanzarán necesariamente hacia las dinámicas educativas de la sociedad del conocimiento al promover los postgrados, la virtualización de la enseñanza, la internacionalización, la educación permanente y la investigación. Los datos muestran claramente que, en general, la universidad pública autónoma latinoamericana, al restringir los ingresos en función de selecciones con base en la calidad, desde fines de los 70 comenzó a elitizarse estructurándose como un mecanismo para transferir recursos públicos hacia los sectores procedentes de los quintiles de mayores ingresos. Actualmente, en general en la región en ese camino se tiende a un desarrollo más orientado hacia la calidad y hacia una mayor gobernabilidad, con las complejas situaciones que esta estrategia tiene para implantarse. En este modelo en proceso de construcción, la tensión proviene además de la equidad y de ella derivan algunas políticas para favorecer el ingreso a los grupos discriminados por medio de cupos (Brasil, para personas “pretas”), o de educación a distancia (México o Colombia). Sin embargo, más allá de que algunas universidades estén buscando crear políticas y mecanismos de acceso a sectores excluidos, la construcción de la equidad en la educación superior comenzó a ser una responsabilidad de los Gobiernos, los cuales están generando en toda la región diversas instituciones, políticas o modalidades para propender al acceso de los sectores tradicionalmente excluidos. Muchas universidades, públicas y privadas, por su tradición y sus valores, están intentando políticas de equidad por medio de acciones compensatorias, y a través del desarrollo de modalidades no presenciales o de la apertura, acotada, del acceso a sectores antes marginados (con becas, cupos o servicios sociales), al tiempo que también buscan concentrarse en la necesidad de expandir y preservar una mayor calidad. Pero ello se torna complejo de asumir al interior de una misma institución, dado el creciente abismo entre equidad y calidad.
La diversidad de opciones no es infinita. El cuadro anexo nos muestra algunos de los ejes de las posibles reformas y caminos de las universidades, que están acotadas claramente por sus propias realidades y las políticas públicas.
Sin embargo, más allá de las intencionalidades de las universidades públicas, las reformas en general se insertan en lógicas sistémicas, en tanto la diferenciación institucional creó una realidad dispersa, diversa, contradictoria, desigual, y donde el sistema político y académico ha puesto el acento de sus visiones y propuestas en la necesidad de estándares comunes y dinámicas de articulación en el marco de la construcción de sistemas de educación superior. Así, la política se ha orientado a la necesidad de la homogenización de los niveles de calidad, de las instituciones, de las carreras docentes, de los niveles de evaluación, de las certificaciones, de las cargas horarias o de los requisitos de egreso, reconociendo en ese contexto las diferenciaciones y jerarquizaciones de las distintas instituciones de educación superior. Ello ha colocado el eje de las políticas, y por ende de las reformas, en la estandarización con un creciente peso de los Gobiernos en la formulación e instrumentación general de la política, más allá de que siempre la ejecución final y específica de dicha política recaerá al interior de las universidades que ven nacer, sin mucho placer, procesos de desautonomización.
La estandarización es un fenómeno social derivado del desarrollo científico y tecnológico (44). Su sustentación descansa en la búsqueda de facilitar las compatibilizaciones en contextos de innovaciones tecnológicas, propende a facilitar el rápido aprovechamiento colectivo de los avances tecnológicos, acota los límites de la competencia empresarial y limita la “destrucción creativa” de las innovaciones. Sin embargo, existen determinaciones de los procesos de estandarización vinculados a los aspectos sociales. En este sentido, la estandarización en la educación se conforma como el instrumento para promover políticas de equidad, de igualdad de oportunidades y de articulación al interior de los sistemas universitarios heterogéneos y desiguales de la región. A ello cabe también agregar en forma destacada las demandas provenientes de la economía para incentivar los intercambios académicos en la globalización y que, en lo propiamente educativo, se asocian a la mercantilización y a la internacionalización de la educación. En los ámbitos educativos, los estándares se están traduciendo en el establecimiento de criterios de evaluación y acreditación, en la fijación de mecanismos de ingreso nacionales a las instituciones mediante pruebas, en criterios de egreso en términos de créditos requeridos, tesis, o exámenes finales, en requisitos curriculares de los niveles académicos de las diversas titulaciones de pregrado y postgrado y en procesos de evaluación de docentes, instituciones y programas. Ello se ha establecido en una enorme multiplicidad de instructivos, formularios y normas de cumplimiento obligatorio emanados de los ministerios, de otros organismos gubernamentales o de las agencias nacionales o subregionales de aseguramiento de la calidad, que se han ido creando en estos años en la región. El reforzamiento del Estado y la creación de ámbitos especializados y facultados a imponer sus decisiones en la educación superior es parte de este proceso de establecimiento de regulaciones obligatorias que, además, imponen modalidades de colaboración interinstitucional para facilitar la articulación o la movilidad al interior de los sistemas académicos, y que marcan el escenario de la nueva concepción de la autonomía que caracterizará al siglo XXI.
36- Rama, C. (2006). La tercera reforma de la educación superior en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
37- Tapper, E. R y Salter, B. G. (1995). “El concepto cambiante de la autonomía universitaria”. Publicado originalmente como “The Changing Idea of University Autonomy”, Studies in Higher Education, Vol. 20, n.o 1. Traducción del inglés por Carlos María de Allende.
38- La Nación, boletín digital del IESALC n.° 62. www.iesalc.unesco.org.ve
39- “Autonomía universitaria” (2004). Palabras de la señora ministra de educación nacional en el Foro Internacional sobre Autonomía Universitaria. En Memoria. Bogotá: Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
40- Asociación Colombiana de Universidades (2004). “Autonomía universitaria: un marco conceptual, histórico y jurídico de la autonomía universitaria y su ejercicio en Colombia”. En Memoria, Bogotá: ASCUN.
41- Fonocchiaro, A. (2004). UBA c/ Estado Nacional. Un estudio sobre autonomía universitaria. Buenos Aires: Prometeo 3010.
42- El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) es el organismo central del Sistema de la Universidad Boliviana, de acuerdo al Art. 185 de la Constitución Política del Estado. Planifica, programa, coordina y ejecuta las disposiciones del Congreso Nacional de Universidades y las Conferencias, en estricta sujeción al Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. El CEUB representa a la Universidad Boliviana ante los poderes del Estado, así como ante organismos internacionales, universidades extranjeras y ante cualquier instancia con la que la Universidad Boliviana requiera relacionarse; de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 185 de la Constitución Política del Estado y los artículos 26 y 27 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. http://www.ceub.edu.bo/ceub/presentacion.html
43- Clark, B. (1998). Creating Entrepreneurial Universities, Organizational Pathways of Transformation. Reino Unido: Bergamon, IAU Press.
44- Pastor Angulo, M. (2006). Educación y estandarización y tecnologías. Guadalajara: Universidad de Guadalajara Virtual.
2. La tendencia a la evaluación y la acreditación externa
a. La creación de las agencias de evaluación y acreditación. b. De las agencias de evaluación a los sistemas de aseguramiento de la calidad. c. La diferenciación de los sistemas de aseguramiento de la calidad. d. El futuro de la evaluación educativa.
La educación superior en América Latina durante el siglo XX, en el marco del modelo monopólico y autonomista que se articuló a partir de las reformas de Córdoba, estructuró el aseguramiento de la calidad de la educación superior a partir de mecanismos al interior de las universidades. El establecimiento de reglas de carrera docente, las estructuras catedráticas de elites en un contexto de baja renovación de los saberes, la reducida carga horaria docente, los relativamente elevados niveles salariales, la matrícula de elites y el propio origen social de estudiantes y docentes, determinaron estándares de calidad relativamente elevados en las universidades durante una parte importante del siglo XX. Estos mecanismos garantizaron con relativa eficacia la calidad, a pesar de la reducida investigación en las universidades y la baja articulación con las empresas, la baja demanda de ciencia y tecnología por parte de los aparatos productivos en la región y la casi inexistencia de ofertas y matrículas de postgrado.
Tales mecanismos al interior de las universidades parecieron ser útiles y eficaces hasta los años 70, cuando la violenta expansión de la matrícula comenzó a desbordar a las universidades públicas y saturó sus aulas, se expandieron los cuerpos docentes sin las competencias requeridas, parte de las inversiones en bibliotecas, laboratorios o capacitación docente se diluyeron en gastos corrientes adicionales y se crearon una amplia variedad de instituciones de educación superior públicas y privadas sin los mismos mecanismos idóneos a su interior de aseguramiento de la calidad de la educación impartida. La expansión de la demanda sin el debido acompañamiento financiero y de regulaciones, afectó los niveles de calidad de las propias instituciones públicas en tanto sus mecanismos preexistentes de aseguramiento de la calidad comenzaron a ser desbordados ante la violenta expansión de la matrícula terciaria y la renovación de saberes. El mercado fue el nuevo eje articulador alrededor del cual las nuevas instituciones terciarias se posicionaron en función de sus propios intereses (absorción de demanda o educación de elites, con o sin fines de lucro, etc.) y, dada la ausencia de estándares básicos obligatorios de calidad, la dinámica derivó tanto en una caída relativa como en una amplia diferenciación de los niveles de calidad de la educación. Se conformó un posicionamiento de las instituciones de educación superior como parte de circuitos de escolarización con base en una calidad diferente entre ellos. La tradicional autorregulación de la educación superior y el autocontrol de las posibles entropías a los desórdenes universitarios, luego de años de tambaleo, concluyeron a fines del siglo XX; entonces se comenzó a dar paso a la creación de sistemas tanto de supervisión y vigilancia como de evaluación y acreditación. En casi todos los casos la fiscalización comenzó a depender de las políticas de los ministerios de educación, en tanto que la calidad se comenzó a cautelar a partir de la creación de las agencias de aseguramiento. Ambos están lentamente construyendo una especie de “policía académica”, costosa y centralizadora, pero sin duda útil y necesaria, como derivación de las exigencias de las sociedades de promover mínimos y también mayores estándares de calidad en la prestación de los servicios educativos y de la propia incapacidad de las instituciones, tanto públicas como privadas, de autocumplir las exigencias de calidad y de sus propias misiones.
a. La creación de las agencias de evaluación y acreditación
La masificación estudiantil, la proliferación de instituciones y la renovación de los saberes han sido los problemas centrales que han marcado el escenario de la creación de mecanismos de aseguramiento de la calidad; todo ello en el contexto de la globalización y de la gestación de la sociedad del saber. La alta diferenciación de la calidad, la ausencia de información sobre las certificaciones, las recomendaciones de los organismos internacionales, la preocupación de los colegios profesionales por la desvalorización de las certificaciones, y las crecientes condiciones competitivas que impone la globalización llevaron en distinta intensidad a las sociedades, a los gobiernos y a las propias universidades a promover o aceptar la creación de agencias de evaluación y acreditación como mecanismos para asegurar estándares básicos de calidad de los distintos servicios educativos.
Las agencias tuvieron y tienen impactos positivos, más allá de su relatividad, en los procesos de educación superior y en sus tendencias futuras. La creación de las agencias de aseguramiento de la calidad también buscaron acotar y reducir la diferenciación institucional, en tanto uno de sus roles y resultados fue limitar la proliferación de nuevas instituciones (45). Así, en Argentina por ejemplo, mientras en la década del 90 se aprobó la creación de 23 universidades, desde la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en 1995 hasta el 2006 solo se aprobaron 11 nuevas universidades. Igualmente en Chile se produjo la misma situación: antes de la instalación del Consejo Superior de Educación se habían creado 43 nuevas universidades, pero desde su creación en los años 90 hasta el 2006 solo se habían establecido cinco nuevas Universidades. Casos significativos han sido el de El Salvador, donde posteriormente a la creación de la agencia y de las normas, las universidades se redujeron drásticamente a casi la mitad por cierre y fusión como derivación de las nuevas exigencias públicas; y el de Ecuador, donde la evaluación obligatoria que dispuso la Asamblea Constituyente en el 2008 derivó en el cierre de 15 universidades y 40 sedes regionales en el año 2012. En este sentido, las agencias fungen como un regulador de mercado estableciendo barreras de entrada a los mercados educativos por parte de nuevos agentes. En otros países (como Guatemala o Paraguay) lo que ha funcionado como elemento de restricción ha sido la creación de ámbitos de autorización a la apertura de nuevas universidades entre las propias universidades, aun a pesar de que el Congreso en Paraguay modificó en el 2006 la ley para habilitar la creación de universidades sin autorización del Consejo Nacional de Universidades y que abrió el camino hacia un nuevo marco legal para limitar la autorización de universidades a los propios parlamentarios.
Las agencias de evaluación y acreditación de la calidad significaron el comienzo de la construcción de una nueva fisonomía universitaria entre la autonomía universitaria y la libertad de mercado, y constituyeron un paso en el proceso regulatorio de construcción de sistemas de supervisión y de mejoramiento de la calidad. Ellas significaron el establecimiento de una cuña regulatoria entre la autonomía de las universidades públicas y la libertad de mercado de las instituciones privadas. Esto en el marco de una amplia diferenciación institucional de las agencias en la región, ya que sus características han estado dadas en función de la dinámica política de cada país, y de una compleja tensión y concertación entre las universidades, el mercado y los Gobiernos. Sin embargo, en general, las agencias de evaluación y acreditación nacieron frente a, y muchas veces contra, el mercado (universidades privadas) y, en menor proporción, frente a la autonomía (universidades públicas).
La región inició así una nueva fase en la educación superior a partir de la creación de agencias públicas con relativa autonomía, las cuales han promovido mecanismos y marcos para asegurar la calidad de las instituciones educativas y reducir sus diferenciaciones al buscar estandarizar normas y criterios de calidad. Estas se caracterizaron, más allá del mayor o menor peso de los aparatos políticos o partidarios como en Argentina, por su relativa autonomía, y se centraron en el establecimiento de criterios de autoevaluación, evaluación externa y acreditación para la educación presencial. Las características de estas agencias han sido, sin embargo, altamente variables: voluntarias u obligatorias, estatales o gubernamentales, corporativas o académicas, de programas o de instituciones, monopólicas o competitivas, centralizadas o descentralizadas, nacionales o internacionales, presenciales o automatizadas, de criterios cualitativos o cuantitativos, de cobertura universitaria o terciaria, de pregrado, postgrado o de ambos a la vez. Esto como resultado de que su gestación fue resultado de una compleja dinámica de negociaciones políticas, de distintas demandas sociales en los países y de un peso diferenciado de los actores universitarios públicos y privados. El propio término no es común, ya que en algunos países las agencias tienen el rol de evaluar y acreditar, como en Argentina; pero en Chile, si bien tienen ambos cometidos, estos se realizan a través de un órgano de pregrado y otro de postgrado. En Colombia la evaluación es una potestad de la agencia, pero la acreditación es un acto público gubernamental; en tanto que, en El Salvador, mientras la evaluación es potestad ministerial, la agencia solo tiene el rol de acreditar.
La discusión, formulación y establecimiento de los marcos normativos de agencias de acreditación y evaluación marcó toda la región de América Latina y el Caribe desde fines de los años 90, y para mediados de la actual década ese proceso casi ha concluido totalmente. Para el 2015 existían, y en su mayoría estaban en funcionamiento, agencias de evaluación y acreditación y complejos marcos normativos gubernamentales de evaluación en casi toda la región: Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana, Brasil, Trinidad y Tobago, México, Cuba, El Salvador, Jamaica, Panamá, Nicaragua y Bolivia. En los últimos dos casos están aún en proceso de inicio, con relativa paralización por la presión de las universidades. En los únicos casos donde no existe acreditación, como Guatemala y Uruguay, actúan agencias regionales públicas y privadas, que han acreditado varios programas.
En el marco de este proceso, casi todas las agencias de aseguramiento de la calidad, más allá de sus amplia diversidad, llevaron adelante un paradigma evaluativo similar, caracterizado por constituir mecanismos y procedimientos homogéneos para evaluar a las universidades certificando y acreditando los niveles de calidad de las instituciones —o de sus programas— a partir del análisis de los informes que los pares académicos realizaban sobre los propios informes de autoevaluación elaborados por las propias universidades. Cada uno de esos procesos se basaba en el seguimiento de guías, procedimientos, glosarios y criterios establecidos por las agencias, algunos de los cuales a su vez habían sido consensuados con las universidades, lo cual establece una relativa estandarización y homogeneización de los sistemas de educación superior a partir de acotar su diferenciación de calidad. Adicionalmente, se acompasan esas dinámicas con la creación de un banco de pares, conformado sobre la base de criterios específicos de selección y roles claramente más acotados para la tarea de los pares nacionales evaluadores, junto con una presencia de pares evaluadores externos que colaboran con los pares locales en una tarea que, muchas veces, se ha reducido a verificar si las autoevaluaciones eran objetivas y reales y a recomendar acciones de mejoramiento de la calidad.
b. De las agencias de evaluación a los sistemas de aseguramiento de la calidad
La expansión universitaria en la región, en términos de programas e instituciones, está mostrando un cambio desde los rígidos e iniciales paradigmas evaluativos hacia su creciente diversificación, en un camino que parece orientarse hacia una evolución marcada por el pasaje desde acotadas agencias hacia amplios sistemas de aseguramiento de la calidad; ello debido a la ampliación de los actores regulatorios, los enfoques de la calidad y las áreas de evaluación y acreditación. Los nuevos contextos económicos y sociales están planteado cambios como consecuencia del reconocimiento de que la calidad de la educación superior es una dimensión diversa y multicausal que no puede ser establecida, instrumentada ni fiscalizada por un enfoque único conceptual e institucional, dada la complejidad y diversidad de actores sociales, de estudiantes, de niveles educativos, de instituciones, de campos disciplinarios, de concepciones de calidad, de modalidades pedagógicas y de misiones de las instituciones, tantas como demandas distintas de los mercados laborales. Su propia centralidad también en términos de poder facilita además casos de corrupción, dado el impacto mercantil de sus actos. A este nuevo escenario se ha llegado más allá del reconocimiento de la diversidad de orientaciones para promover la calidad, de la propia evaluación de sus resultados, de su grado de autonomía, de su capacidad financiera, de la calidad de sus cuadros técnicos o de sus propias características como supuestos “policías académicos” del saber. En esta fase influye la conformación global de la sociedad del saber y, por ende, el nuevo rol de los conocimientos como factor superior a la tierra, las herramientas o el trabajo en la producción (46).
Las agencias nacieron de la masificación estudiantil, los circuitos diferenciados de calidad y la proliferación institucional mercantil, pero tuvieron —y tienen— dificultades para asumir los desafíos de la globalización, el carácter privado educativo, la revolución de saberes y las nuevas tecnologías. En las nuevas etapas que se comienzan a plantear incide además la evaluación de los resultados y dinámicas de las propias agencias de acreditación en la región, más allá de sus pocos años de existencia. Estas realidades son las que están sentando las bases institucionales para el pasaje de la mera existencia de agencias de evaluación hacia sistemas más complejos de aseguramiento de la calidad, lo que implica atender a la diversidad de los niveles educativos, de los sectores sociales, de las practicas pedagógicas y de los desarrollos disciplinarios, que requieren específicas instituciones, mecanismos o políticas.
Más allá de los similares paradigmas evaluativos, la evaluación de los resultados de las agencias es una tarea compleja dada la propia diversidad de situaciones, el poco tiempo de establecimiento de las propias agencias y la ausencia de información abierta de muchos de sus actos. Este es uno de los campos fértiles para la investigación comparada. En general, en la mayor parte de los casos parecen constatarse bajos niveles de efectivas evaluaciones y acreditaciones, dificultades para funcionar en contextos de diversificación disciplinaria, restricciones financieras para asumir en profundidad las conclusiones de las evaluaciones, alta dependencia de presiones académicas o políticas y ausencia de efectivos impactos de reformas a posteriori de las propias evaluaciones, dada su relativa incapacidad de imponer reformas y los costos que en general tiene su instrumentación (47). Corresponde analizar si los paradigmas evaluativos formulados para cuando los sistemas universitarios eran menos complejos y más reducidos pueden funcionar en el actual contexto de un incremento de más de un millón de estudiantes por año y, tal vez, aun cuando mucho menos que en los años 90, unas 500 nuevas instituciones por año en la región (48). Actualmente estamos frente a nuevos escenarios y nuevos actores. Ello pone como centro de la reflexión los criterios, los procedimientos y la organización de las instituciones de evaluación y acreditación. En su oportunidad, fueron definidos al calor de las tensiones y de la resolución política de las diferencias en la etapa de discusión de la creación de las agencias, sobre concepciones acerca de la calidad que primaron en ese momento, y sobre la escala y la dimensión de los problemas de entonces.
c. La diferenciación de los sistemas de aseguramiento de la calidad
En esta primera fase parecen existir significativas debilidades de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior en América Latina (49). En Brasil, por ejemplo, la evaluación a nivel de pregrado está asociada a supervisión, control y castigo, y no a la promoción de efectivas reformas. En Argentina se verifica que muchas de las evaluaciones son formales, rituales y autocomplacientes. En Colombia el peso político gubernamental es extremadamente fuerte. Por su parte, en Centroamérica hay fuertes resistencias a la evaluación y solo existen instituciones funcionando efectivamente en El Salvador, Panamá y Costa Rica. En muchos países se verifica una reducida cantidad de programas evaluados y acreditados, siendo más fuerte tal situación en México y Brasil, como resultado de una alta variación de la incorporación de las instituciones de educación superior a los procesos de evaluación, al ser estos voluntarios. En México, la asociación con el financiamiento ha impulsado una fuerte acreditación de los programas académicos de las universidades públicas. En otros países, dadas sus carencias financieras, se verifica que los procesos de evaluación están fuertemente limitados por los costos económicos. Finalmente, en otros países se carece de marcos legales o de efectiva instrumentación, como en Bolivia, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, así como en la mayor parte de las islas del Caribe (50).
Sin embargo, más allá de estas carencias —que marcan un cierto panorama desolador que se agrega a los resultados de los procesos de evaluación, en términos de la efectiva ejecución de los planes de mejora recomendados—, se constata que en los últimos años estas instituciones han representado el inicio de cambios significativos en la región, entre los cuales cabe destacar la formación de una cultura de la evaluación (Colombia), el establecimiento de requerimientos mínimos (Cuba), la obligatoriedad de la acreditación (Ecuador y Panamá), la existencia de un organismo único que autoriza a los órganos acreditadores (México), el alto nivel de evaluación de los postgrados (Argentina), el establecimiento de un sistema que cubre a todos los niveles educativos (Perú), o un sistema de acreditación asociado al acceso a recursos financieros (Chile).
El escenario de los próximos años, además de continuar la consolidación y la profesionalización de estas instituciones, estará marcado por nuevos desarrollos conceptuales y mecanismos evaluativos que propendan a una mayor eficiencia, así como a una mayor garantía en la transparencia de los procesos. El consenso respecto a anular las representaciones partidarias en Argentina en una futura nueva ley de acreditación, la incorporación de estudiantes en la agencia de Chile, o la decisión en la Constitución de Ecuador de que la agencia no incluya representantes de las propias universidades, para que no sean juez y parte, apuntan en esas direcciones. En este sentido, además, parece estarse pasando desde agencias de aseguramiento de la calidad hacia sistemas más complejos y completos de aseguramiento en los cuales una multiplicidad de instituciones y organismos colaboren con distintos roles en ese proceso. Igualmente se constata el lento pasaje desde procesos basados en la voluntariedad de la acreditación hacia su obligatoriedad, directa o indirecta, como por ejemplo como requisito para la obtención de subsidios y el acceso a recursos financieros públicos, como ha significado la nueva ley de evaluación y acreditación de Chile, del 2007, y como de hecho funciona el sistema en México. En los procedimientos mismos, también parecen verificarse una multiplicidad de caminos entre los que destacan el pasaje desde la autoevaluación cualitativa hacia la cuantitativa; desde la evaluación de insumos a la evaluación de resultados —a través de exámenes de Estado (México y Colombia)—, o desde la evaluación de las misiones a concepciones evaluativas en función de parámetros de calidad predefinidos. Asimismo, desde la preeminencia de la autoevaluación hacia una mayor valorización de la evaluación externa, así como desde modelos centralizados hacia dinámicas descentralizas con procesos de regulación a nivel de las diversas regiones (México). También es destacable el creciente uso de sistemas informáticos que mejoran, aceleran y uniformizan los procesos evaluativos, superando las modalidades exclusivamente presenciales —y altamente costosas y lentas— de los procesos evaluativos, o hacia el pasaje en dirección a la evaluación de competencias.
Las características y actividades de las agencias y sistemas de aseguramiento de la calidad varían según las concepciones prevalecientes sobre la calidad de la educación superior. Se puede referir, en relación a la calidad, la existencia de un primer enfoque academicista marcado por un escenario internacional y caracterizado por ser un modelo de elites académicas con muy baja inserción de los saberes en los ámbitos de la producción, enfoque que primó durante muchos años en la región. Dicho esquema fue confrontado y superado a través de un enfoque centrado en la equidad, de carácter nacional, resultado de la alta diferenciación de las instituciones de educación superior, que expresaba dominantemente un enfoque político asociado a la igualdad de oportunidades, donde privaba la necesidad de estándares mínimos de calidad. En los últimos años se ha expandido un nuevo enfoque que incorpora las variables de la competitividad, que está concebido en un escenario global, y que tiene un sesgo orientado hacia criterios de calidad dados por la eficiencia y la eficacia de las instituciones en términos del uso de los recursos, de la graduación y de la empleabilidad. Asimismo se ha desarrollado un enfoque orientado a la pertinencia, que se asocia hoy a la práctica profesional y a la evaluación de competencias. La calidad es también crecientemente una variable global con centros internacionales de referencia por disciplinas y altos usos de criterios de ranking (51). Igualmente se han valorizado concepciones sobre la calidad, asociadas a la diversidad de saberes y de otros paradigmas epistemológicos, en los cuales la confluencia de múltiples fuentes de saberes deriva a su vez en la diversidad de modalidades e instituciones educativas. En este sentido, en la región se está comenzando a desarrollar una tendencia que visualiza el sistema universitario como un sistema diferenciado de instituciones, al estilo del modelo estadounidense, con distintos roles y cometidos de las diversas universidades tanto públicas como privadas, pero sobre la base de estándares mínimos de calidad. Tal debate por ahora solo se focaliza en la crítica a los criterios de la evaluación que imponen la existencia de investigación en todas las universidades, y sobre todo en las privadas, sin reconocer las dinámicas diferenciadas y especializadas de las distintas universidades. En general, los criterios y estándares evaluativos de las agencias se basan en una visión homogénea de las universidades sin reconocer las especificidades y las diferencias (52).
Sobre la base de los nuevos enfoques de diversidad de saberes, misiones, modalidades e instituciones y por ende de criterios de evaluación, se está produciendo un creciente reconocimiento de que las agencias de acreditación en la región, más allá de la diversidad de sus situaciones, tienen un paradigma común asociado a la educación tradicional de elites, presencial, frontal, nacional, homogénea, inflexible y disciplinaria; lentitud en sus procedimientos; baja capacidad para producir cambios significativos y rápidos en los niveles de calidad; dificultad para sortear las restricciones derivadas de las presiones que imponen los diversos actores universitarios, tanto públicos como privados; e incapacidad de actuar sobre los temas que mantienen la inequidad de la educación superior. Ellas, más allá de su importancia, tienen una eficacia relativa y deben ser parte de una arquitectura de regulación más amplia en la cual cumplan una parte de sus funciones y tareas.
La masificación y la diferenciación, o sea, las escalas del problema, están obligando a confrontar los tradicionales paradigmas de las agencias con nuevas alternativas: es la acreditación por carreras versus la acreditación institucional; la voluntariedad de la evaluación frente a su obligatoriedad; la autoevaluación cualitativa versus una evaluación cualitativa de indicadores; la evaluación en función de los principios y misiones o en función de parámetros de calidad predefinidos; la preeminencia de la autoevaluación versus la evaluación externa; la existencia de una sola agencia frente a un conjunto amplio y diverso de instituciones y políticas que construyan sistemas más amplios de aseguramiento de la calidad, y que no meramente evalúen las realidades y las certifiquen; la evaluación de procesos e insumos frente a una evaluación de productos; la evaluación de saberes frente a la de competencias; y las evaluaciones presenciales y evaluaciones utilizando modalidades en red de compartir información, o inclusive entre una evaluación integrada y una que separe radicalmente el pregrado y el postgrado atento a sus altísimas diferencias en la sociedad del saber, o una local y una internacional en término de sus indicadores.
d. El futuro de la evaluación educativa
El paradigma evaluativo de la región se validó a inicios de los años 90 y correspondió a un escenario de la educación superior caracterizado por su reducido tamaño. Sus características intrínsecas determinaban evaluaciones costosas, lentas, de difícil masificación, con algunas probabilidades de concusión de intereses y altamente subjetiva, las cuales han comenzado a entrar en contradicción con la masificación de la matrícula, la diferenciación de prácticas pedagógicas, la rápida expansión y renovación disciplinaria y la educación transnacional. De una matrícula total en 1994 de 7,5 millones de alumnos y una cobertura bruta del 17,6 por ciento, se ha saltado a una matrícula que debe rondar los casi 23,1 millones de alumnos en el 2012, que representan una cobertura bruta de casi el 43 por ciento respecto a la población de 20 a 24 años. Un incremento de más de un millón de nuevos estudiantes por año y un menor aumento de las instituciones de educación —que en la región llegaron a alcanzar a 1,3 nuevas instituciones por día en promedio, entre el año 1994 y el 2005— permitieron un aumento de las escalas de las instituciones de educación superior con una enorme y creciente diversidad de ofertas de programas. Todo ello ha creado una nueva realidad universitaria altamente compleja, más competitiva, más internacional, más regulada, que requiere reconceptualizar los paradigmas tradicionales evaluativos de cara a las realidades de sistemas universitarios masivos, diferenciados e internacionalizados.
Es necesario, por ende, detenernos a analizar los aspectos prospectivos de estas modalidades institucionales y organizativas, ya que la evaluación en sí misma es una tarea asociada al futuro de los saberes, de las sociedades, de las profesiones y de los mercados laborales. Los sistemas de evaluación de la región parecen tender hacia una mayor relevancia de la evaluación externa, a la ampliación de su acción a todos los niveles y ciclos educativos, al establecimiento de mecanismos de obligación indirectos asociados al financiamiento, a la diversidad de actores nacionales e internacionales en el proceso de aseguramiento y otros criterios de riesgo social, tipos de oferta y de calidad. También parecen evolucionar hacia un mayor uso de modalidades no presenciales, hacia su asociación con nuevas modalidades de evaluación (pruebas) y hacia el uso de nuevos instrumentos comparativos internacionales como los ranking o indicadores regionales, hacia el establecimiento de acuerdos internacionales entre agencias para reconocer mutuamente las acreditaciones realizadas así como al propender al establecimiento de estándares comunes de evaluación y acreditación. Asimismo, se ha avanzado hacia el establecimiento de procesos de evaluación de segundo grado, a las propias agencias, tal como es el Consejo Centroamericano de Acreditación. Finalmente, se avanza hacia la acreditación de certificaciones.
La evaluación tiene como rol contribuir a promover una mejor capacidad de los profesionales y de las universidades para responder a las incertidumbres del futuro. Es claro que la universidad forma profesionales que ejercerán en el futuro, sobre escenarios desconocidos y de incertidumbre, y que por ende también la acción de evaluar y acreditar de las agencias debe ser sobre la base de la pertinencia de esos saberes, instituciones, disciplinas y profesionales en el futuro. Pero igualmente bajo este esquema, la discusión no solo debería plantearse de manera exclusiva asociada a la calidad, pertinencia, empleabilidad, productividad, o competitividad, sino también sobre la sustentabilidad social del futuro de la sociedad en el mundo del conocimiento, que es donde van a ejercer sus graduados. La educación es el puente de las sociedades entre el presente y su futuro. La construcción del futuro en nuestras sociedades es también la construcción de la sustentabilidad social, en tanto los proyectos societarios solo son viables si tienen durabilidad y legitimación, lo cual nos lleva a una reflexión sobre la equidad en la educación superior. Todos los indicadores muestran que se está construyendo un diferenciado sistema universitario latinoamericano masificado y con menos inequidad de acceso, pero basado en circuitos diferenciados de calidad y con una presencia dominante en cada uno de los sectores provenientes de distintos quintiles de ingresos, dentro de la nueva estructura jerarquizada. La expansión de la educación superior, si es superior al crecimiento poblacional, por ello mismo, reduce la desigualdad de acceso. Sin embargo, tiende a reproducir las estructuras de inequidad de las sociedades en las cuales está inmersa, si tiene diferencias de calidad y por ende no se constituye como un mecanismo de igualación de oportunidades. La diferenciación de los circuitos de escolarización terciarios como parte de esa jerarquización parece reproducir las estructuras sociales desiguales existentes. La búsqueda de criterios de equidad remite a la accesibilidad a una educación de igual calidad para los sectores excluidos, lo cual es altamente complejo dadas las sociedades actuales heterogéneas y desiguales y las demandas diferenciadas que emanan de la sociedad del conocimiento de alta calidad y estudios de postgrado, así como de la propia existencia de un sector privado financiado por el mercado.
La educación históricamente tiende a repetir saberes, pero ello entra en contradicción con el nuevo contexto de renovación y obsolescencia. El dilema no es ya, entonces, cómo enseñar mejor lo que se sabe, sino como propender a enseñar lo que no se sabe, y ello remite a aprender para aprender, y a cómo educar sobre realidades futuras de saberes y problemas desconocidos en contextos de incertidumbre. En este enfoque se conceptualizaría a la calidad de la educación como la capacidad de las instituciones y de sus productos (profesionales, libros, investigaciones, etc.) para responder a los desafíos futuros, y como parte de un proceso continuo educativo. Este es el eje del informe Delors sobre la nueva educación memorística y la necesidad de articular una educación a escenarios de incertidumbre en la frontera del conocimiento a partir del aprender a aprender (53). La evaluación tiene en este sentido un desafío mayor, asociado a evaluar ejercicios de competencias y saberes sobre escenarios futuros y a la dificultad de dominar el paso del tiempo en la incertidumbre (54).
Las agencias bajo su episteme actual está proyectadas sobre el pasado: certifican la calidad que antes existió. Sobre esta línea argumental, en lugar de realizar un análisis basado en si ellas son democráticas (representan a la sociedad), si son eficientes (con los recursos llegan a un óptimo de eficacia), si son casuísticas por ausencia de normas, por política o por corrupción, o si sus decisiones se basan todas en criterios técnicos, correspondería analizar a las agencias sobre la base de su eficacia para responder a los escenarios del futuro. Más allá de reconocer que sus procedimientos de evaluación son rígidos, presenciales, burocráticos y disciplinarios, que miden procesos y no resultados, el problema fundamental es que estos miden pasados y no futuros, miden saberes parcelados y no integrados, miden saberes que tienden a ser obsoletos por las propias concepciones sobre los paradigmas, y no la capacidad de creación de nuevos saberes que remite —entre otras cosas— a aprendizajes efectivos y no a procesos de enseñanza. Este escenario va imponiendo tanto la recertificación como la relación entre ambas fases del aseguramiento de la calidad.
En algunas lecturas, las agencias tienden a utilizar procedimientos de autoevaluación y evaluación por pares, que parecen ser más útiles y eficaces a nivel de los postgrados —dada la complejidad disciplinaria—; en tanto, correspondería desarrollar a nivel de pregrado otras modalidades evaluativas normalizadas masivas que, desde el punto de vista de costos, de la generación de informaciones, de la homogeneización de los saberes básicos y de la transparencia para con la sociedad, parecen ser más eficaces y eficientes, reconociendo la diferenciación epistemológica.
El modelo sobre el cual se basan los procesos evaluativos es un óptimo evaluativo para una universidad tradicional de pregrado. Miden y evalúan, inclusive, con indicadores iguales para todos, la universidad tradicional que no investiga. Miden y evalúan prácticas pedagógicas que son tradicionales de tiza, lengua y pizarrón, de libros en bibliotecas y de clases catedráticas, que constituyen las modalidades educativas que se asocian al paradigma de la reproducción de saberes anteriores y de la docencia. Evalúan un sistema que se basa en la reproducción de saberes adquiridos, cuando deberían apuntar al nuevo contexto donde la revolución de los saberes ha generado una compleja realidad asociada a su rápida renovación y, por ende, a su periódica obsolescencia; los procesos deberían estar centrados en la capacidad de aprender a aprender, en la capacidad de generar saber (55). Como sostiene el informe Faure, la sociedad del futuro no se deberá circunscribir a sectores sociales privilegiados, ni limitarse a grupos determinados de edad, ni ser confiada a las instituciones pedagógicas tradicionales, ni ser impartida en forma segmentada y especializada, por lo que es obvio concebir paradigmas evaluativos diferenciados y promover los procesos que contribuyan a desarrollar esa educación (56).
Sin duda, no existe un solo camino societario, y actualmente se sostiene la dificultad de preverlo en un contexto donde la revolución del saber fija diariamente nuevos caminos y senderos impensables e implanificables. Sin embargo, más allá de las teorías del caos, es dable pensar sobre la existencia de futuribles, más allá aun de la previsible convivencia de modalidades educativas distintas y de la diversidad de opciones que promueven el mercado, las personas y los Gobiernos (57). Entre esos futuribles, sobre los cuales corresponderá el análisis de los caminos de la evaluación, podemos distinguir claramente la creciente y mayor separación del pregrado respecto al postgrado, y asociado a ese corte un nuevo y complejo panorama educativo: tal vez una nueva educación, marcada por su carácter global y transnacional, su nivel de virtualización y el uso de nuevas pedagogías, la educación permanente, una organización desestructurada y flexible, y una estructura curricular altamente transdisciplinaria o diferenciada disciplinariamente.
Los ejes de nuestro estudio de las tendencias y de sus tensiones, que deriva en la existencia de macrotendencias y macrotensiones, definidas ambas por los binomios masificación y deselitización, diferenciación y deshomogenización, regulaciones y desautonomización, internacionalización y desnacionalización, mercantilización y desgratuitarización, virtualización y despresencialización son, en este sentido, las bases de los desafíos de la creación de nuevos mecanismos y paradigmas de evaluación. En realidad, estas tendencias no son futuribles, utópicas ni catastrofistas; no son futuribles con una probabilidad muy baja, sino que son escenarios tendenciales sobre dinámicas en curso que están planteando nuevas realidades, con múltiples impactos diferenciados, tensiones políticas y resistencias sociales. La diferenciación al interior de la educación superior se está caracterizando por una mayor distancia entre el pregrado y el postgrado, y ello deberá expresarse en distintos criterios y lógicas de los procesos de evaluación. En tanto el pregrado tiene en general una pertinencia nacional y una lógica de equidad, el postgrado por su parte está asociado a estándares internacionales y calidad muy asociados a la empleabilidad. El pregrado se estructura a partir de saberes básicos, en tanto el postgrado se desarrolla a partir de especializaciones y mayores complejidades de los saberes. Mientras el pregrado puede convivir con el monolingüismo, el postgrado requiere el manejo de varias lenguas. Finalmente, uno transfiere saberes y el otro, teóricamente, se debe insertar en las redes de creación de conocimientos Tales diferencias llevan a la necesidad de establecer lógicas evaluativas diferenciadas y también marcos normativos e institucionales diferenciados.
En la región, tanto Colombia como Brasil y Chile han desarrollado marcos institucionales diferenciados para llevar adelante los procesos de evaluación y acreditación en el ámbito de los postgrados, en el cual la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) de Brasil ha sido el ámbito de referencia fundamental en su centralización, su asociación con fondos de estímulo y sus altos estándares de calidad. El Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) ha transformado su agencia de acreditación de programas regionales compartidos en un ámbito específico de evaluación y acreditación de postgrados en toda la región. Otras agencias nacionales, más allá de cubrir toda la gama de educación universitaria —muchas veces por el propio tamaño de sus países— también han aprobado normativas específicas de evaluación para los postgrados, como son por ejemplo los casos de Argentina (CONEAU) o Ecuador, este último con su Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONEA). México, por su parte, dado su modelo más abierto de licenciamiento a las asociaciones profesionales, ha avanzado hacia los procesos de evaluación y acreditación específicamente de las disciplinas a nivel de pregrado, pero ha comenzado a concentrar la actividad evaluativa de postgrado en otras modalidades gubernamentales.
Sin embargo, el ámbito evaluativo de los postgrados tiene nuevas dinámicas que complejizan su panorama evaluativo, y que tenderán a establecer cada vez mayores especificidades institucionales y supranacionales a los procesos de aseguramiento de la calidad, dado el carácter global del postgrado. En esas nuevas manifestaciones se destaca significativamente que el postgrado y la educación permanente se insertan en el marco de una educación transnacional y virtual, cuyas características no las hacen fácilmente evaluables. La acreditación internacional —que analizamos como variable específica en un capítulo más adelante— es una de las expresiones de este proceso.
La construcción de instituciones de evaluación de pregrado y de postgrado, integradas pero separadas entre universitarias y no universitarias (Perú), es parte de una discusión más compleja asociada a la forma de construcción de sistemas más amplios y diversificados de aseguramiento de la calidad. Es probable suponer que la creación de nuevas agencias, la complejización asociada a educación de la sociedad del conocimiento (virtual y educación transnacional), la apertura de agencias subregionales o de segundo piso, así como la acreditación internacional y la recertificación de competencias son otras de las expresiones del pasaje desde meras agencias de evaluación y acreditación a más amplios sistemas de aseguramiento de la calidad.
i. La dificultad de evaluar la educación transnacional
La nueva educación trasnacional remite a escenarios de alta movilidad estudiantil, al incremento de la cooperación interuniversitaria y a estándares compartidos de calidad. Ella se articula además en el marco de una creciente globalización mercantil y del nacimiento de la sociedad del saber, que son escenarios no nacionales. De manera creciente, las agencias de acreditación, si bien han nacido en su mayor parte de determinaciones políticas, académicas y económicas nacionales, en el contexto de la internacionalización de la educación superior han debido enfrentar temas de regulación asociados a la nueva educación transnacional. Así, estos sistemas de aseguramiento de la calidad que han nacido en la crisis de la segunda reforma de la educación superior y de la expansión de los modelos binarios locales, crecientemente están pasando a tener un papel destacado en el marco de la tercera reforma y del modelo tripartito de instituciones públicas y privadas nacionales y de instituciones internacionales, sufriendo un cambio significativo de roles y de enfoques, al intentar regular la relación de lo nacional con lo extranjero, de los sistemas universitarios locales frente a los sistemas de educación externos (58).
En este proceso, las agencias de evaluación y acreditación de la calidad se deben transformar para insertarse como parte constitutiva de las bases de la nueva sociedad del conocimiento que se está conformando y de una economía globalizada que está permitiendo mayores niveles de movilidad de la mano de obra. Comienzan a ser parte de los procesos de fiscalización, incentivación y control de la calidad de la educación global y, en algunos casos, se conforman como los instrumentos de las nuevas barreras de defensa entre los países y los mercados mundiales, en el largo proceso que marcará los parámetros básicos de la educación global y sin fronteras que parece perfilarse en las próximas décadas. Europa ha decidido en su proceso de convergencia —marcado por el Acuerdo de Bolonia— el mantenimiento de las agencias locales, pero con estándares comunes por la educación global, lo cual tal vez y finalmente requerirá tan alta estandarización de los procesos de credenciamiento y de medición de las igualdades de condiciones de producción para la libre competencia profesional, que podrá derivar en agencias regionales.
En el nuevo panorama de la educación, la calidad y la pertinencia son crecientemente globales, así como también los alumnos y los docentes, y ello tiene fuertes incapacidades técnicas y políticas para su control eficaz de manera local. Esta nueva educación se asocia a la sociedad de la información de acceso en red, que se caracteriza por dificultades técnicas para su control local. En esta nueva educación con componentes virtuales, internacionalizados, de alianzas entre instituciones y de creciente movilidad estudiantil y profesoral, uno de los componentes más importantes y centrales son los postgrados internacionalizados. Estos son resultado de la necesidad de las sociedades de tener cada vez más profesionales especializados en áreas del saber en las cuales los países no están en capacidad económica o académica de ofrecer.
En este escenario, se producen crecientes alianzas interuniversitarias con base en regulaciones de derechos (de autor, de propiedad, de distribución geográfica, de marcas, de patentes, etc.). Los estudios han mostrado cómo la internacionalización provoca que el Estado comience a ser superado por la economía privada y por su incapacidad de establecer instrumentos eficaces de regulación locales en realidades supranacionales. Sin embargo, al tiempo las demandas sobre los Estados de la región se amplían al incrementarse las desigualdades y las incertidumbres que provoca la globalización. La respuesta está siendo no la desaparición del Estado ante instituciones regionales o mundiales, sino el desarrollo de nuevas modalidades y tareas de los Estados (59). Es un proceso en el cual la globalización impele al Estado a establecer mayores regulaciones, pero también a establecer ámbitos internacionales de acción en cuya discusión sobre las modalidades de construcción y sus características anidan los debates en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con relación a sus roles, marcos legales y enfoques regulatorios. En este escenario, las agencias de evaluación y acreditación son parte del entramado de los instrumentos en el proceso de creación de mercados comunes ampliados y de integración entre los diversos sistemas educativos nacionales.
ii. La dificultad de evaluar la educación virtual
La nueva realidad también se caracteriza por el nacimiento de una educación virtual y nuevas prácticas pedagógicas, que necesariamente remiten también ya no solo a acreditar en un marco de educación transfronteriza, sino a la dificultad de cómo hacerlo bajo modalidades educativas abiertas y flexibles. La educación virtual constituye, además de una modalidad transfronteriza, un nuevo paradigma pedagógico y tecnológico que cambiará la educación y las dinámicas sociales de aprendizaje en el futuro. Sin embargo, crecientemente se verifica la imposibilidad de evaluar cabalmente la educación virtual bajo los paradigmas tradicionales y nacionales de las agencias.
La educación virtual es una modalidad apoyada y mediada por instrumentos comunicacionales que permiten niveles de interacción y convergencia de medios que no existían en la educación a distancia tradicional. En este sentido no puede ser vista como su mera continuación, como la tercera generación simplemente. Ella además permite modelos de simulación y una educación abierta fuera del aula y, por ende, del país. Cambia el docente que deja de ser una persona para ser un grupo, y en tal sentido democratiza los procesos educativos y detiene el poder omnímodo del maestro que lo transfiere a un equipo anónimo y transdisciplinario. El peso de la imagen, la simulación y el sonido, constituyen procesos que permiten apropiación de saberes a escalas superiores que la tiza, el pizarrón y la palabra. Su modalidad abierta, como una de sus características dominantes, en nada se parece al espacio medible del aula. Está marcada, además, por un escenario cambiante dado el uso intensivo de nuevas tecnologías que nacen diariamente y por ende cambian y amplían las posibilidades de la educación. Al estar sus motores puestos en la tecnología, adquiere una dinámica muy superior a la educación presencial. Esta modalidad expresa una compleja industrialización global de la educación, y abre las puertas a una dinámica donde la calidad está asociada directamente a la inversión en tecnologías instruccionales y de comunicación, lo cual implica una elevación de los costos unitarios y una posible serialización. Los materiales pedagógicos, que son el eje determinante de esta modalidad educativa y de su ecuación de costos, asumen la centralidad de los procesos pedagógicos respecto a las determinaciones del aula o del docente, como se producía en la educación presencial tradicional. Más allá de estos materiales, otros elementos como los requerimientos de ancho de banda y de conectividad, los derechos de autor de los materiales documentales, visuales o auditivos, y los propios equipamientos están alterando la ecuación de los costos y el funcionamiento de la educación, así como el peso del docente en los procesos instruccionales. Además, la centralidad educativa de los materiales instruccionales genera una mayor capacidad de cooperación a través de la compra de materiales de otros, pago de derechos de autor, uso de filmaciones pregrabadas, cesión de acceso a bibliotecas u otros documentos digitales, como nuevos lenguajes de esta cooperación que abre las instituciones educativas, en dinámicas de aprendizaje basadas en equipos multidisciplinarios, a los mercados de bienes y servicios culturales-educativos. Así, ante estos escenarios cada vez más flexibles, e individualizados, se complejiza el proceso de evaluación, que además no se focaliza en transferir información sino en los autoaprendizajes que constituyen un paradigma educativo distinto al del modelo presencial insumo-producto que caracteriza a los sistemas de evaluación. Algunos sugieren poner un “policía académico” en cada campo virtual, hacer presenciales los exámenes, reducir las flexibilidades, auditar los materiales instruccionales, buscando utópica y burocráticamente detener el avance tecnológico, y el cambio del propio paradigma educativo.
En tanto la relación dominante es del alumno con los materiales instruccionales, el proceso de educación está marcado por el autoestudio, la especialización y la individualización del proceso. Tal flexibilización y cambio en las responsabilidades del proceso de aprendizaje dificulta los procesos evaluativos, articulados con las bases tradicionales del paradigma evaluativo. Las nuevas realidades de los saberes globales, especializados y desestructurados conducen hacia modalidades pedagógicas flexibles e individualizadas de educación. Sin embargo, más allá específicamente de la educación virtual, la expansión y la obsolescencia disciplinarias promueven una educación permanente, que promoverá necesariamente una reorganización libertaria del currículo. Esta educación individualizada está en la base misma de la propia diferenciación de los postgrados como ámbitos de creación de saberes, de la globalización como el ámbito de generación de los estándares de calidad y de la permanente búsqueda de actualización de saberes y destrezas en mercados competitivos laborales globales en la sociedad del saber del infocapitalismo. La individualización de la educación es una de las más fuertes orientaciones hacia la creación de saberes transdisciplinarios, así como de niveles muy desarrollados de especialización. Tal dinámica es más fuerte en los niveles de los postgrados, o en los doctorados, en tanto en estos niveles de investigación —y dado el requisito de su originalidad— el verdadero trabajo de tesis pasa por encima de las fronteras disciplinarias (60). Pero más allá de esa flexibilidad de la construcción de los recorridos curriculares, está en discusión la regulación que siempre acompaña los procesos evaluativos. Por ello, algunos proponen evaluar binacionalmente o crear agencias internacionales. Es un tema en discusión con fuertes resistencias. Cuando en la UNESCO se debatió el problema apenas se concluyó en un listado de recomendaciones y buenas prácticas en materia de educación transfronteriza, tanto por las restricciones políticas como fundamentalmente por las restricciones técnicas que dicha regulación implica.
Este proceso no será lineal y la individualización en tanto proceso de democratización, sin duda también entrará en tensión con sistemas educativos orientados a generar rentabilidad a partir de alcanzar escalas mínimas rentables de producción. No obstante, la educación permanente que exige la sociedad del saber promoverá una educación del futuro que será individualizada y que se desarrollará cuando las personas, en función de sus propios desarrollos laborales y recorridos de vida, vayan realizando sus propios recorridos curriculares y sus propias renovaciones de saber, lo que a su vez promoverá una mayor diferenciación de los saberes. La propia Internet, en tanto malla de multiplicidad de opciones educativas en red, contribuirá a incrementar la diferenciación que derivará necesariamente en una mayor educación individualización. Algunos inclusive ya hablan de una educación “a pedido”, del tipo “just in time”, una educación a la cual solo se accederá cuando se la requiera; no como ahora, que se produce por si acaso uno la llegara a necesitar (61).
Los procesos educativos, si bien solo existen en contactos de interacción, se producen a nivel individual de cada persona, en sus propios procesos de comprensión y conexión de información en su cerebro. En tal sentido, la individualización de la educación va a reconocer cada vez más que los procesos cognoscitivos son individuales y específicos, así como también las capacidades personales, y por ende los requerimientos de saberes. Antes, la educación era igual para todos, y a partir de allí las personas con esos saberes podían alcanzar la igualdad de oportunidades. Hoy, el cambio hacia la educación permanente determina que “las educaciones” van a tender a ser cada vez más diferenciadas, ya que los recorridos laborales tienden a ser propios de cada persona en el marco de la especialización de los trabajos, lo cual obliga a una mayor especialización educativa que no puede ser alcanzada por las “fábricas” educativas —en tanto sistemas masivos, formales y ritualizados de enseñanza—, sino con la individualización de la educación. Este proceso de individualización no estará basado en los saberes básicos, en los niveles de pregrado, sino en los postgrados, en las áreas de especialización, y obviamente promoverá el pasaje a la fase de la recertificación de competencias profesionales como eje de los procesos educativos.
En esta nueva realidad, el futuro requerirá la creación de nuevos paradigmas evaluativos de saberes globales, individualizados, especializados y signados por la creación de saberes, que se expresarán más en procesos de evaluación de aprendizajes y de las competencias adquiridas, y en una menor importancia en la evaluación de los insumos y de los procesos, que hoy son el paradigma dominante de las agencias de evaluación. Tal paradigma, sin embargo, empieza a cambiar en Colombia, México, Ecuador y Brasil, que en diversa dimensión incorporan los exámenes finales de egreso y los licenciamientos profesionales ante los colegios profesionales u otros ámbitos. Ello implicará, sin duda, sistemas más eficientes, eficaces y neutros, en el marco de un mayor poder de la sociedad civil y menos de la regulación política institucional burocrática documental. El nuevo paradigma de la individualización de la educación deberá asociarse a un nuevo paradigma evaluativo. Hoy, el paradigma de la evaluación no logra integrar ni la masificación institucional y la diferencia institucional, ni tampoco la educación trasnacional, la educación virtual, o la diversidad de saberes. Como todo discurso en crisis incorpora parches y remiendos conceptuales, con lo cual a su vez expresa la necesidad de pensar en un nuevo paradigma de evaluación de los conocimientos que se requiere para promover una educación de calidad y diferenciada, esa que promueve la sociedad del conocimiento.
45- Fernández Lamarra, N. (2007). Educación superior y calidad e América Latina. Buenos Aires: IESALC-UNTREF.
46- Ramalingam, B. (2005). Implementing Knowledge Strategies: Lessons from International Development Agencies. Documento de trabajo n.o 244, edición de abril. Reino Unido: Overseas Development Institute.
47- González, L. E. (2005). “El impacto del proceso de evaluación y acreditación en las Universidades de América Latina”, en Los procesos de acreditación en el desarrollo de las Universidades. Santiago de Chile: CINDA, IESALC, Universidad de Los Andes. Fernández Lamarra, N. (2004). La evaluación y la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina y el Caribe, situación, tendencias y perspectivas. Estudio Regional. Edición de diciembre. www.iesalc.unesco.org.ve
48- CINDA (2007). Informe sobre la educación superior en Iberoamérica. 2007. Santiago de Chile.
49- Fernández Lamarra, Op. cit.
50- UNESCO-IESALC (2005). La evaluación y la acreditación de la educación superior en América Latina y el Caribe. La Habana: IESALC. El libro contiene un ensayo de carácter sintético correspondiente a estudios realizados sobre los sistemas de evaluación y acreditación en cada uno de los países de la región.
51- UNESCO-CEPES. (2005). “Ranking Systems and Methodologies in Higher Education”. Higher Education in Europe. Volumen 30, n.o 2.
52- Del Bello, J. C. y Barsky, O. (2007). La educación superior privada en Argentina. Buenos Aires: CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas).
53- Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Madrid: UNESCO-Santillana.
54- Ramentol, S. (2004). Teoría del desconcierto. Viaje al fondo de la incertidumbre: los pensadores que diseñan el futuro global. Barcelona: Urano Tendencias. Este precioso libro ordena las visiones del futuro de los diversos equipos intelectuales contemporáneos, desde enfoques ideológicos y de paradigmas sociales, con lo cual abre un camino de reflexión sobre escuelas posibles de futuribles.
55- El Informe Delors, La educación encierra un tesoro, constituye un claro exponente de lo que debería ser la educación de cara a la sociedad del saber.
56- Faure, E. et al (1972). Aprender a ser. Madrid: Alianza Universidad-UNESCO.
57- Varios autores (2000). Les clés du XXI siècle. Bindé, J. (comp.). París: UNESCO-Seuil.
58- Rama, C. (2006). La tercera reforma de la educación superior en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
59- Fukuyama, F. (2004). La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. Barcelona: Ediciones B.
60- Lee, R. (2002). “La crisis de las estructuras del conocimiento: ¿hacia dónde vamos?”, en Flores, A. (ed.) Desafíos de la transdisciplinariedad. Bogotá: Universidad Javeriana.
61- Conferencia del rector del Tecnológico de Monterrey en el Foro de Gestión en Educación Superior, Ministerio de Educación, Bogotá, 11 de octubre 2007.
3. La tendencia a la creación de regulaciones internacionales
a. Los ejes de la regulación universitaria. b. El nuevo escenario de las regulaciones. c. Las características de las regulaciones internacionales. d. La evolución de las regulaciones internacionales.
Burton Clark ha formulado la pregunta de cómo se regulan las universidades en función del cumplimiento de sus fines, en tanto a su interior y exterior se producen diversas fuerzas y dinámicas que restringen su capacidad de gestión (62). El autor define tres ejes de articulación de los patrones de gestión dados por un sistema de gestión estatal, un sistema de gestión académico y un sistema de gestión de mercado. Dentro de este esquema interpretativo, para algunos, la mercantilización es la principal tendencia que caracteriza actualmente a los procesos de funcionamiento y por ende de regulación de los sistemas de educación superior a escala mundial (63). Sin embargo, el propio Brunner lo acota al afirmar que la mercantilización
ha de entenderse como un desplazamiento, que si bien tiene una dirección general u orientación común, sin embargo transcurre por diferentes canales y es siempre tributaria de una mezcla de condiciones que provienen de los contextos nacionales, de la historia de los sistemas y de las instituciones, de las medidas de política empleadas por los gobiernos y del propio comportamiento estratégico de las instituciones una vez que ellas son expuestas a las fuerzas de mercado o sujetas a mecanismos de casi-mercado, por ejemplo, para la asignación de los recursos o la evaluación de su efectividad (64).
Pero adicionalmente a esta articulación reguladora, en el nuevo contexto de la globalización se puede identificar una creciente tendencia hacia la aparición de regulaciones internacionales, cuya incorporación al análisis permite construir un esquema interpretativo más complejo en el cual se produce una amplia tensión interactiva entre una regulación académica dominante y tradicional en América Latina, una estatal, una mercantil y una nueva regulación de carácter internacional, que en distinta proporción e intensidad actúan e interactúan desigualmente en el funcionamiento de los mercados universitarios. En las últimas décadas, asociado a la internacionalización de la educación y de la propia globalización, estamos pasando del tradicional triángulo de coordinación de Clark hacia un nuevo escenario a escala mundial, y también en América Latina, en la cual, más allá de la evolución hacia una coordinación sobre la base de los criterios del mercado, asistimos a la creciente presencia de regulaciones internacionales tanto explícitas como implícitas, en un complejo escenario de tensiones y de alianzas entre los distintos actores y agentes reguladores. En el marco de la interacción de estos cuatro ejes regulatorios (académico, mercado, internacional y gubernamental), se estructuran las dinámicas de funcionamiento de los diversos sistemas de educación de los países de la región, los cuales se posicionan en algún punto espacial dado por la fuerza de cada uno de esos ejes reguladores de la dinámica universitaria.
a. Los ejes de la regulación universitaria
Cada uno de los ejes reguladores tiene sus propias características y se sustenta en actores sociales específicos con sus propios discursos académicos legitimadores, así como en instituciones políticas o gremiales que expresan dichos enfoques sobre cómo se debe conformar la relación entre las universidades y las sociedades. De cada uno de ellos emanan modelos de pertinencia, de calidad, de jerarquías organizacionales de los sistemas universitarios, y de modalidades de distribución y de asignación de los recursos. Desde los años 80, la escuela regulacionista francesa ha conformado un cuerpo teórico en el cual asigna un rol determinante en el funcionamiento de la acumulación y de las economías a los llamados “modelos de regulación” (65). Si bien este enfoque desarrollado es de base económica, conecta con los mercados laborales, tecnológicos y sociales y es ampliamente consistente para su utilización en el análisis de los modelos de organización educativos. Estos remiten a formas de ajustar los requerimientos de empleo a los mercados laborales y al propio funcionamiento de sistemas que produzcan permanentemente la actualización de competencias, dada las disrupciones en los mercados educativos, derivadas de las innovaciones en el marco de las lógicas de “destrucción creativas” que generan las invenciones e innovaciones, así como de los cambios en los conocimientos.
Los ejes de la regulación universitaria en la región estarían dados por impactos derivados de las siguientes dimensiones:
i. La regulación académica. El peso de la universidad pública y de gestión colectiva es dominante bajo este modelo y ella regula los elementos básicos de los procesos de educación superior, así como la oferta de servicios educativos y de titulaciones. La gestión de las universidades es autónoma y se basa en un modelo de cogestión académico, que tiende a excluir a actores externos y gesta la pertinencia a partir de la visión desde el sector académico. En este escenario los cuerpos académicos han logrado establecer mecanismos constitucionales, legales o políticos que les otorgan monopolios educativos o una incidencia determinante en la regulación de la educación universitaria en términos de acceso a recursos, certificaciones, condiciones de producción, sistemas de remuneración o mecanismos de reválida de certificaciones.
ii. La regulación societaria. Ante la diferenciación institucional pública y privada se ha creado una dinámica de los mercados universitarios de carácter sistémico, con un peso significativo en la oferta por parte de instituciones privadas con altos niveles de diferenciación y libertad, que ha derivado en la aparición de ámbitos públicos de regulación. Se tiende al establecimiento de articulaciones entre los diversos actores de la dinámica universitaria a través del establecimiento de normas públicas homogéneas. En estos contextos se ha producido una lenta transferencia de roles y funciones regulatorias desde las universidades hacia los ámbitos gubernamentales. Tal proceso ha estado acompañado por el estableciendo de sistemas relativamente autónomos a las universidades y a los gobiernos, que propenden al establecimiento de políticas y procedimientos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Ambos procesos se mueven en dirección a la desautonomización o al cambio de las concepciones sobre la autonomía de las universidades.
iii. La regulación gubernamental. La irrupción de los Gobiernos como actores reguladores de fiscalización y control, que se focalizan en el establecimiento de los estándares mínimos de funcionamiento de las instituciones y la protección de los consumidores.
iv. La regulación de mercantil. La expansión de la oferta privada —que se financia a través del mercado— así como la propia mercantilización de la oferta universitaria pública —que utiliza mecanismos de mercado para financiarse— han contribuido a un rol creciente del mercado en la asignación de recursos. La presencia significativa de instituciones de mercado que se financian total o parcialmente por la matrícula comienza a establecer dinámicas de ofertas competitivas basadas en lógicas mercantiles. Una de las políticas al interior de las instituciones públicas tiene un eje en la eficiencia del gasto, como por ejemplo reducir los tiempos completos, ofrecer cursos virtuales de menor costo, incrementar las horas de docencia, tercerizar servicios, etc., así como en la generación de más recursos, en general fijando matrículas o aumentándolas, como en los casos del postgrado, la educación virtual o los estudiantes extranjeros. En general estas modalidades son de ámbito nacional.
v. La regulación profesional. Los colegios y asociaciones profesionales, a través del licenciamiento y la recertificación de competencias, comienzan a establecer parámetros de regulación, los cuales en general se orientan hacia un currículo por competencia, códigos de ética, orientación profesionalizante, y experiencia preprofesional sin afectar el mercado laboral.
vi. La regulación internacional. Las convenciones internacionales, los convenios internacionales, los tratados de libre comercio, los tratados de derechos intelectuales, y los convenios bilaterales de intercambio educativo así como los acuerdos regionales y subregionales de integración han incorporado cláusulas que regulan áreas directa e indirectamente vinculadas a la educación superior, y han propendido a establecer condiciones en el reconocimiento, reválida o en las características mismas del funcionamiento de la educación superior. Tales marcos normativos son parte creciente de nuevas formas de regulación de la educación superior que en algunos casos se imponen sobre las normas locales (66). Dichas regulaciones tienden a incidir sobre la movilidad de los diversos actores universitarios (profesionales, estudiantes, docentes) o sobre las mismas instituciones, y avanzan tanto sobre las condiciones de intercambio como sobre la igualación de las condiciones de producción y de sus sistemas de aseguramiento de la calidad. Algunos procesos, como el Acuerdo de Bolonia, que regulan a nivel regional en Europa, aunque no incide directamente sobre la región, al generar un tipo de estándares y modelos de producción de los servicios educativos para 54 países, de hecho terminan estableciendo criterios a escala global y por ende también sobre la región. Este tipo de regulaciones, cuyo centro es favorecer la movilidad y la comparabilidad, en muchos de sus componentes son asimiladas a regulaciones de mercado.
b. El nuevo escenario de las regulaciones
En Estados Unidos, históricamente han tendido a prevalecer las regulaciones de mercado y de la sociedad profesional; en Europa, las regulaciones gubernamentales; en América Latina, las regulaciones académicas (67). El movimiento actual se mueve en múltiples direcciones. En tanto avanza hacia una mayor utilización de instrumentos de mercado para regular el funcionamiento de sus sistemas en Europa, también se refuerzan dinámicas autonómicas de las que el viejo continente carecía. En el caso de América Latina se constata que estamos asistiendo a la transformación de las anteriores modalidades de regulación, yendo hacia lógicas gubernamentales y de mercado. Sin embargo, en todos los casos, se verifica una creciente presencia de regulaciones internacionales. En la región, desde una dinámica de regulación dominantemente académica previa a los años 80, se ha ido avanzando hacia una regulación donde irrumpieron componentes regulacionistas que descansaban en instrumentos de mercado. Posteriormente, en los 90, se ha producido un empuje hacia una mayor preponderancia de regulaciones gubernamentales. Actualmente en este siglo adquiere una creciente presencia la regulación internacional y la regulación profesional. La mercantilización es la forma que asume la regulación de mercado, la desautonomización es la expresión de la regulación estatal y la desnacionalización es la derivación de las regulaciones internacionales. Estas últimas son parte de una amplia arquitectura internacional de regulación en proceso de creación, asociada a los organismos y convenios y tratados internacionales. En ella un componente es la educación superior, siendo una de sus expresiones la regulación de la movilidad académica en el marco de la sociedad del conocimiento, que produce tanto un drenaje de personal científico y profesional como también un acceso a mejores niveles de formación. Las regulaciones internacionales parecen fungir como prerrequisitos para la instauración de algunas de las expresiones de la educación superior de la sociedad del conocimiento. En algunos casos las regulaciones internacionales están asociadas a organismos internacionales que crecientemente han comenzado a tener un rol más destacado en la formulación de las políticas de educación superior. Dentro de estos organismos, especial atención les corresponde a los organismos financieros, ya que es a través de los financiamientos que se logran imponer políticas de regulación de corte global (68). En general, los organismos internacionales no son compulsivos y no pueden imponer normas, y en tal sentido sus recomendaciones no han generado resistencias. Sin embargo, el condicionamiento de los financiamientos y, sobre todo, la Organización Mundial de Comercio —que se basa en compromisos de reciprocidad—, han dado una mayor incidencia a las regulaciones internacionales asociadas a los organismos internacionales.
Una amplia arquitectura internacional que incentiva determinadas tendencias a la internacionalización de las instituciones, a la estandarización de las condiciones de producción y a la expansión de la educación transfronteriza se está construyendo. Ellas inciden sobre los ejes de la actual internacionalización de la educación superior: sobre el consumo en el extranjero, la movilidad docente, y la educación transfronteriza así como sobre la presencia comercial de instituciones extranjeras, las cuales tienden a necesitar marcos regulatorios que la faciliten y legalicen, tanto por la posible aparición de marcos nacionales que la restringen como por la necesidad de funcionamiento, con base en la igualdad de las condiciones, que requiere un ejercicio global de la educación superior. La regulación internacional tiende a concentrarse principalmente en los problemas que plantea la creciente realidad derivada de las actividades empresariales en el extranjero (69). Estas regulaciones asumen la forma de una estandarización a partir del establecimiento de iguales condiciones de comercio y producción a escala global. Estos ejes regulatorios actúan reduciendo la soberanía de los países para establecer sus políticas, e indirectamente también reafirman los procesos de desautonomización, en tanto estas regulaciones internacionales en el actual contexto no propenden a crear nuevas figuras institucionales sino que la instrumentación y el pivote articulador descansa en los gobiernos nacionales.
Cuadro n.o 5
Tipología de las regulaciones de la educación superior
| Tipo de regulación | Característica | Forma en la cual se expresa la regulación |
| Regulación académica | Autonomía. | Cogobierno. Fragmentación interna. |
| Regulación estatal | Desautonomización (pérdida de cierta autonomía universitaria). | Organismos ministeriales. Agencias nacionales de aseguramiento. |
| Regulación de mercado | Mercantilización (pérdida de cierta injerencia estatal). | Diversificación de las fuentes financieras públicas. Expansión de la educación superior privada. |
| Regulación profesional | Matriculación. Desmonopolización (pérdida del ejercicio exclusivo de la certificación). | Recertificación de competencias. Currículo por competencias. |
| Regulación internacional | Desnacionalización (pérdida de cierta soberanía nacional). | Convenios bilaterales. Tratados internacionales. Acuerdos de libre comercio. Acuerdos de integración.Convenios regionales. Grupos universitarios globales. |
En la región podemos constatar que los diversos mecanismos de regulación se están reforzando en un proceso no exento de contradicciones y tensiones, pero con una clara tendencia a avances regulatorios externos a las universidades. Inclusive, al interior de las universidades se produce un reforzamiento de los mecanismos centrales de regulación promoviendo una centralización en sus rectores o cuerpos directivos. Por otra parte, los mecanismos de mercado y la “marketización” se expanden dada la expansión de la educación privada y la propia diversificación de las fuentes financieras de las instituciones públicas, sobre todo en los mercados de estudios de postgrado. Además se está desarrollando una creciente regulación gubernamental que se expande en la región a través de nuevos marcos normativos de fiscalización y control, y de las agencias y sistemas de aseguramiento de la calidad y del nuevo rol de los colegios profesionales. Finalmente, la creciente estandarización internacional de las condiciones de producción y de promoción de la libre movilidad de los actores académicos, propenden a limitar el establecimiento de restricciones locales y por ende reducen las soberanías nacionales. Tales orientaciones —centralización al interior de las universidades, desautonomización asociada a la existencia de sistemas universitarios, desnacionalización asociada a estándares de funcionamiento globales y a acuerdos internacionales, y mercantilización asociada a la búsqueda de recursos— a su vez se producen en una amplia variedad de escenarios en los diversos países, dados los diferentes niveles de autonomía, el distinto peso del sector privado, de la sociedad civil de egresados y de los propios Estados. Sin embargo, este conjunto dinámico parece estar construyendo una nueva dinámica de regulación sobre los sistemas de educación superior de la región. También, en todos los niveles se constata un incremento de las modalidades regulatorias dado el propio escenario más complejo de la educación superior. Igualmente, existe otra complejidad derivada de la existencia misma de múltiples, distintos y hasta contradictorios centros de formulación y aplicación de políticas, y de las resistencias que ellas generan al no articularse en el marco de los tradicionales consensos internos preexistentes entre los diversos actores de las comunidades universitarias.
c. Las características de las regulaciones internacionales
Desde sus inicios, el eje de la regulación internacional se localizó en facilitar el reconocimiento de las certificaciones y promover la movilidad profesional. Dichas políticas pretendían acompañar las primeras expresiones de la internacionalización de la educación dadas por la cooperación (movilidad estudiantil y docente). Actualmente las regulaciones se focalizan en la convergencia e igualación de las condiciones de producción como acompañamiento del propio proceso de reconocimiento, en sintonía con la actual internacionalización de la educación superior. Se propende a una estandarización de las condiciones de producción y de intercambio para incentivar y facilitar la movilidad de todos los factores académicos. Este es un requisito de la nueva fase de la internacionalización de la educación superior, dada por la educación transfronteriza y la radicación de instituciones educativas externas en los países; ya que, sin la existencia de las regulaciones internacionales, esta dinámica educativa se tenderá a reducir exclusivamente a las elites que son las que pueden asumir los costos de esos procesos presenciales, burocráticos y que no tienen obligación legal. La propia existencia de estas regulaciones tiene por objeto liberalizar, y por ende facilitar, la creciente demanda por una educación global que se expresa en la movilidad de personas, instituciones y certificaciones académicas. Es, por tanto, condición necesaria para una significativa internacionalización de la educación superior.
Una de sus características es la diversidad de centros generadores de normas y políticas, la multiplicidad de marcos regulatorios y su propia contradictoriedad e inconsistencia. Mientras que la regulación nacional tiende a un solo centro de referencia por la centralidad del Estado, en el caso de las regulaciones internacionales, como las profesionales, hay una notoria ausencia de un único ámbito generador y, por el contrario, se verifica una tendencia a la dispersión de los centros de regulación. Los acuerdos bilaterales entre Estados, entre universidades, o entre los propios sistemas de aseguramiento de la calidad, así como los tratados o las convenciones tienden a generar marcos que propenden a la estandarización de las condiciones de producción de la educación superior en los diversos países y a la construcción de regulaciones internacionales. La proliferación de normas no obligantes actuales, también pudiera contribuir a generar una demanda de marcos normativos compulsivos obligantes para todos los actores.
Estas normas expresan demandas regulatorias, una de cuyas fuerzas está dada por los requerimientos derivados de la movilidad académica que incentiva condiciones similares de producción para facilitar iguales condiciones de reconocimiento. Actualmente, ella se deriva de las demandas de mejoramiento de la calidad de la producción y de la promoción de un currículo internacional pertinente para empleos globales, de la necesidad de poder acceder a la creciente diferenciación de las opciones disciplinarias, y de la propia acción de las elites sociales (que para su mantenimiento y reproducción incrementan sus niveles de formación con estándares internacionales ante la masificación local de las certificaciones en los mercados laborales). También es de destacar que la movilidad académica está asociada a la educación transfronteriza que, en muchos casos, combina modalidades presenciales y a distancia, y por ende promueve condiciones globales de reconocimiento. Finalmente, también son de destacar los procesos de movilidad, que fungen como mecanismos para facilitar la migración laboral en sociedades con bajo empleo, por un lado, y sociedades altamente intensivas en el uso de trabajo altamente capacitado, por el otro.
El objeto de las regulaciones internacionales es facilitar el reconocimiento de las certificaciones y el libre tránsito estudiantil, docente y profesional, a través de procedimientos cada vez más simples. Hoy se puede visualizar en una evaluación de estas normas cómo se ha ido avanzando desde aquellas que, mediadas por convenios, permitían los procesos de reválida a través de lentos y engorrosos procedimientos, a las posteriores modalidades de homologación de certificaciones o inclusive a las nuevas modalidades de reconocimiento automático. Esta evolución muestra el avance hacia una cada vez mayor libre movilidad académica que, a su vez, incide sobre la movilidad profesional, más allá de las fuertes resistencias de los colegios profesionales para proteger sus mercados. En sus inicios, las regulaciones se focalizaban exclusivamente en la movilidad de las elites y se asumían como políticas de cooperación. Posteriormente se desarrollaron políticas de movilidad de instituciones y de reconocimiento de certificaciones, y hoy se avanza hacia la igualación de las condiciones de producción como requisito para desarrollar normas de facilitación de los intercambios.
Sin embargo, al interior de las diversas tendencias podemos constatar que se está pasando de normas de regulación que se concentraban en las condiciones de intercambio, hacia un conjunto de normas que tienden a actuar regulando las condiciones mismas de producción; por ejemplo, estandarizando las características de los niveles educativos o los estándares de los sistemas de evaluación y certificación. Igualmente se constata que se está pasando de marcos bilaterales o interuniversitarios para establecer las condiciones de reconocimiento hacia marcos regionales o subregionales, que imponen lógicas sistémicas para todas las instituciones superiores que actúan en un mercado nacional específico al tiempo que marcos diferenciados en los gremios profesionales a escala global.
d. La evolución de las regulaciones internacionales
i. Convenios bilaterales
Los convenios bilaterales entre los países fueron la primera expresión de normas supranacionales. En el ámbito educativo, estos tuvieron por finalidad facilitar el reconocimiento de las certificaciones y permitir la movilidad académica, estudiantil o profesional. Se han firmado por los Gobiernos y muchos de sus elementos se asociaban a facilidad para la obtención de las visas. Estos modelos de convenios bilaterales han entrado rápidamente en desuso frente a la diferenciación, masificación y colegialización de los profesionales universitarios.
ii. Convenios entre universidades
Actualmente, los convenios entre universidades son la modalidad tradicional y dominante por la cual se facilita la movilidad, pero reducida al ámbito académico al reconocer una institución las certificaciones de otra a efectos de la prosecución de los estudios. En general son modelos recíprocos y focalizados en el postgrado. El sustento de estos convenios está dado en la autonomía académica de las universidades. Esta práctica es la base de la movilidad de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, y es exclusivamente a efectos de la realización de estudios de postgrado, al reconocerse los créditos de cada una de las instituciones, lo cual facilita la realización de estudios compartidos o postgrados “sándwiches”. Sin embargo, más allá del reconocimiento de los créditos, este modelo está sujeto a las normas nacionales asociadas a las visas y a la documentación nacional de residencia, por lo que están siendo subsumidas en marcos de Gobierno o supranacionales.
Los convenios entre universidades no remiten a los tradicionales convenios de cooperación, sino que crecientemente asistimos a formas más complejas de asociación en el marco del proceso de internacionalización. Un caso es el tipo de alianzas que llevan adelante las universidades del grupo Laureate, que implican trabajar en el plan de armonización de titulaciones de los planes de estudio que permita la movilidad interinstitucional y la homologación de los títulos dentro de las universidades de dicha red. Si bien dichas modalidades de funcionamiento al interior de las universidades propiedad del grupo Laureate cumplen con las leyes establecidas en cada uno de los países miembros, ellas tienden a establecer regulaciones de funcionamiento académico y curricular para propender a un funcionamiento sistémico como red (70).
iii. Acuerdos de mutuo reconocimiento (AMR)
Acuerdos entre los colegios profesionales de los países signatarios de un tratado o de un acuerdo comercial de integración, en el cual se establecen las condiciones y requisitos del licenciamiento y, por ende, la posibilidad de la matriculación y el ejercicio laboral profesional. En general se refieren a la existencia de procedimientos similares en ambos países para el ejercicio laboral de una profesión.
iv. Los convenios regionales de reconocimiento y homologación de estudios (UNESCO)
El más importante convenio en esta materia ha sido el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, que la UNESCO ha promovido en todas las regiones y también en América Latina, y el cual se firmó en 1974. Esta estructura de convenios que promocionó la UNESCO en los años 70, a escala global, tenía un fuerte carácter asociado a la movilidad profesional y a las realidades de aquella época signadas por una baja internacionalización de la educación. Eran parte de una arquitectura mundial de tratados regionales donde dado el bajo nivel de cobertura de la educación superior, las migraciones de profesionales estaban reducidas a unas elites y se expresaban como “fugas de cerebros”. Los tratados estaban orientados a facilitar a las elites profesionales la posibilidad de trabajar en otros países de la región y a través de ellos permitir la movilidad de estas elites. Al ser tratados regionales solo permitían la movilidad regional; pero otros países fuera de la región podían adherirse, tal como efectivamente aconteció. Sin embargo, en América Latina, cuando los sistemas de educación superior se fueron expandiendo y se amplió la posibilidad de masivas migraciones de profesionales, el tratado fue denunciado por casi todos los países o bloqueadas sus imposiciones por el hecho de facilitar el libre ejercicio profesional. Ello fue una derivación de las resistencias de los colegios profesionales en los países signatarios y de las reservas corporativas del mercado en un contexto de creciente graduación de profesionales. El Convenio de 1974 tuvo la debilidad en su instrumentación, debido a la complejidad de la disposición que autoriza el ejercicio de diferentes profesiones en un país miembro cuando los títulos o grados han sido obtenidos en una institución superior de otro país. Además, el Convenio carecía de mecanismos y criterios para establecer o al menos declarar las equivalencias.
En ocasión de ser director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, promoví una serie de reuniones de los países signatarios del Convenio para promover su actualización y se formuló una propuesta consensuada a nivel técnico de transformación del acuerdo, que implicaba un funcionamiento exclusivo de movilidad para las actividades académicas tanto para el estudio como para el ejercicio de la docencia, dada la oposición generalizada de los colegios profesionales de la región a la movilidad total de profesionales para el ejercicio profesional. Algunos países también planteaban como limitación a la movilidad la diferenciación de los niveles de calidad y de sus sistemas de aseguramiento.
La promoción de “la movilidad académica y estudiantil” para la continuación de estudios en el extranjero, fue la principal propuesta discutida en la 11.a y en la 12.a Reunión Ordinaria de la Convención Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y El Caribe, celebradas en Colombia y en San Salvador en el año 2005 y en el 2006, respectivamente. En dichas reuniones, participaron delegados expertos de los 12 países suscriptores del Convenio, quienes lo debatieron y lo analizaron, y formularon propuestas. Se diseñó un borrador de propuestas de modificaciones del “Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas…” firmado en 1974. En el nuevo proyecto que vendría a sustituir al Convenio, se formuló como cambio fundamental el priorizar “la movilidad académica y estudiantil” para la continuación de estudios en el extranjero, así como la “literalidad de los títulos”, como traducción de su legibilidad y su transparencia, en lugar de continuar dirigiendo esfuerzos al engorroso proceso de autorización del ejercicio de profesiones en el extranjero. Esta es la primera fase en este proceso.
La movilidad estudiantil se refiere básicamente a la posibilidad de que un estudiante de un país miembro curse estudios parciales, o bien que continúe su educación superior en una universidad de otro país miembro, siéndole reconocidas las acreditaciones obtenidas por parte de la universidad que acoge al estudiante de acuerdo a los parámetros del nuevo país en el cual se orienta a estudiar. La posibilidad de que graduados o titulados continúen estudios de especialización en universidades de América Latina y el Caribe, siéndoles reconocidos sus logros en el país de origen, fue otro de los objetivos de la propuesta, así como brindar la oportunidad de la realización de estudios de postgrado en universidades de la región a todos sus niveles, con el reconocimiento automático de sus certificaciones. En la propuesta se propició igualmente la libre movilidad de los profesionales para el exclusivo ejercicio de la docencia en el grado o en el postgrado, desde un país a otro país miembro, o bien para integrarse a equipos de investigación y desarrollo en universidades u otros centros de estudio o investigación reconocidos.
La propuesta de modificación pretendió dar una mayor operatividad al convenio original, adaptándolo a la dinámica mundial de la educación, y promovió la construcción de un espacio común de la educación superior al favorecer que estudiantes y académicos de las instituciones de educación superior pudieran estudiar y trabajar en instituciones de otros países de la región.
La nueva versión del Convenio buscó reforzar la movilidad académica como factor de desarrollo en la región, y bajo esta premisa planteó “la incorporación de la noción de competencias”, sobre la cual se deben acreditar los profesionales y graduados, al señalar que los estándares de desempeño deberían ser certificados y acreditados por las respectivas agencias formadoras.
El convenio regional original de 1974, además, no funcionó porque los procesos de reválida y reconocimiento descansaban en los ministerios de relaciones exteriores, dado que para ese entonces se carecía de ministerios de educación con potestades y mandatos en educación superior o de agencias de aseguramiento de la calidad. Actualmente, el panorama ha cambiado, existiendo ámbitos públicos de regulación que por ende facilitan la existencia de regulaciones internacionales. En este sentido, la propuesta del nuevo convenio se estructuró también sobre la base de la actual realidad de existencia de agencias de acreditación nacional y, en tal sentido, se la introdujo como el instrumento básico de los países en el establecimiento de los criterios y definiciones de la movilidad con base en la calidad.
v. Los acuerdos al interior de la OMC
La Organización Mundial del Comercio (OMC) nacida en el marco de la Ronda Uruguay, suplantó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en la regulación del comercio mundial, y tuvo como eje la inclusión de los servicios en la discusión y negociación del comercio mundial. La propuesta de incorporar a los servicios educativos terciarios en la negociación internacional ha sido ampliamente resistida por los medios académicos a escala global, dado el carácter más comercial de la OMC y, al mismo tiempo, la lógica obligante de los acuerdos en el seno de esta organización, que se basan en negociaciones globales y en los cuales los beneficios obtenidos se pueden perder si no se cumplen todas las concesiones. La incorporación de la educación superior al sector servicios se articuló en cuatro subsectores (movilidad estudiantil, movilidad docente, educación transfronteriza y movilidad institucional), para negociar de manera diferenciada en cada uno de ellos las condiciones de apertura. En la región, en sus inicios, solo Panamá y México presentaron ante la OMC sus ofertas de apertura, en tanto el sistema de funcionamiento de la OMC se basa en ofertas de concesiones y demandas de los países a efectos de su negociación posterior.
Las universidades a escala global, y también de América Latina y el Caribe, en múltiples foros y declaraciones han rechazado la regulación de la educación superior en el marco de la Organización Mundial del Comercio y han logrado que, en general, los países no incluyan dentro de sus negociaciones a los sectores de educación. Por el contrario, las universidades han aceptado someterse a regulaciones internacionales de entidades involucradas y afines a la educación superior, como la UNESCO, aunque esta ha rechazado avanzar en la formulación de una convención de regulación en esta materia. La UNESCO solo ha avanzado en materia de educación transfronteriza en un código de conducta que no tiene ningún carácter obligante para ninguna de las partes, sino que es meramente recomendatorio.
vi. Los acuerdos de libre comercio
En el marco de la política aperturista y como derivación del interés de Estados Unidos en proteger más fuertemente los derechos de propiedad intelectual y, fundamentalmente, por los diversos ejes que no pudieron imponerse en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS) de la Organización Mundial del Comercio (1994), y por la necesidad de establecer determinadas reservas de mercados, se desarrolló la búsqueda del establecimiento de acuerdos de libre comercio en América Latina. El primero de estos se estableció entre Canadá, México y Estados Unidos, y posteriormente se formuló la propuesta de un acuerdo de libre comercio en toda la región, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, llamado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que fue rechazado por varios de los países de la región, entre los cuales estaban Argentina y Venezuela, y finalmente también Brasil, con lo cual ese esquema global de tratado dejó de tener viabilidad. Estados Unidos desarrolló como respuesta una serie de tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio que se han ido expandiendo desde entonces en América Latina en forma muy significativa. Dichos tratados han promovido un cambio en la región con base en distintos modelos de desarrollo de largo plazo. Estos acuerdos, en general, se focalizan en abrir los mercados para el intercambio de bienes y servicios, dejan fuera la apertura de los mercados laborales y varían en relación con los servicios educativos. A la fecha se han desarrollado acuerdos con Chile, Perú, Colombia, Centroamérica y varios países del Caribe. En algunos casos tienden a incluir la libre movilidad profesional y académica en el marco de acuerdos de mutuo reconocimiento entre los colegios profesionales respectivos, con el objeto de permitir el acceso a los mercados internos de empresas con personal internacional, o de profesionales que quieran ofertar sus servicios externamente, así como de permitir el funcionamiento en igualdad de condiciones de las instituciones académicas globales en los mercados locales.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.