Kitabı oku: «ONG en dictadura»

ONG Y POLÍTICA EN LOS AÑOS OCHENTA: EL CAMPO INTELECTUAL DE OPOSICIÓN DURANTE LA DICTADURA

Cristina Moyano1 Mario Garcés2

El año 1973 constituye uno de los acontecimientos más trágicos de nuestra contemporaneidad. La apertura de un hiato, de una gran fractura, la conciencia de un antes y un después, quizás no haya sido nunca tan nítida en la historia del siglo XX chileno. En la memoria de aquellos actores que vivieron ese tránsito temporal se agudizan esas diferencias y el 11 de septiembre aparece como el gran partero del tiempo presente.

La articulación de una nueva experiencia social en que la represión, el estado de sitio, la cesantía, el cierre de los espacios públicos, la censura, los exilios y la clandestinidad fueron vivenciados por gran parte de los chilenos, también reconfiguraron las expectativas. Entre 1973 y 1978, para la mayoría de los militantes y simpatizantes de izquierda, pero también para sectores amplios del mundo poblacional, sindical y estudiantil, se puso fin a un proyecto de transformación política que aspiraba a una sociedad más justa e igualitaria.

La adhesión al proyecto de la Unidad Popular fue castigada a sangre y fuego. Sobrevivir se convirtió en la primera gran tarea de un mundo opositor diverso, golpeado y excluido a los márgenes de la historia. Poco después vendrían las resistencias culturales, sociales y políticas, aquellas que permitieron rearticular espacios de sociabilidad para volver a reflexionar, para re-conocerse, para disputar la construcción de realidad, para que la experiencia de la dictadura dotara de nuevos sentidos la recuperación de una democracia que no lograba definirse con mucha claridad.

Las numerosas críticas contemporáneas que han emergido en las voces de ensayistas políticos y en las demandas de movimientos sociales respecto de los límites de una transición pactada, generadora de una democracia protegida, tutelada o autoritaria, fueron parte del contexto en que releímos y analizamos los textos producidos hace más de 30 años. En ellos encontramos rastros de convergencias y controversias, un horizonte democrático cuya claridad no era tan nítida y en el que las expectativas futuras reordenaban las propias experiencias pasadas de la democracia chilena. De allí que al calor de los debates críticos en la década de los ochenta, estos intelectuales nos parezcan bastante más heroicos y comprometidos con la búsqueda de transformaciones sociales que lo que puede ser hoy en día. Sin embargo, nuestra labor no ha sido ponerlos en un altar sino que restituir la generación de conocimiento, la reconstitución del campo intelectual, en una época en que la “creación” tuvo una vinculación expresa con la política, con la posibilidad de pensar nuevas formas de lo político y en que la interlocución, el diálogo y la generación de redes con el mundo social no solo eran objeto de la ciencia, sino que se constituían en símbolo de oposición y reconquista democrática.

Tal como plantea Claudia Gilman, “la figura intelectual es ineludible para vincular política y cultura, dado que implica tanto una posición en relación con la cultura como una posición en relación con el poder”. Por ello, considerando que “los intelectuales son una delegación global y tácita para producir representaciones del mundo social”3, su estudio permite comprender la política desde las construcciones de sentidos, es decir, como partícipes privilegiados de las disputas por los órdenes deseados, creadores de subjetividad y, por cierto, de las argumentaciones que se utilizan para validar las acciones políticas.

Dado que las universidades chilenas, lugares que por tradición albergaron a los intelectuales y académicos, fueron intervenidas por la junta militar y reestructuradas en su sentido y función, no podía buscarse allí a los generadores de conocimiento y realizadores de investigación. En ese sentido, definir el campo y la función intelectual tuvo un triple desafío.

En primer lugar, obligó a fijar la atención en espacios no tradicionales de generación de conocimiento. En segundo lugar, dada la transformación del campo en términos institucionales, se redefinió históricamente al sujeto intelectual. Si la construcción moderna de este deviene de la delimitación de su función social asociada a la valoración de la diversidad, a la tolerancia y a la libertad, a un tipo de comportamiento en la esfera pública dirigido a la generación de debates y, por ende, de opiniones y posicionamientos sobre la sociedad y sus conflictos, resultó difícil imaginar la figura y función de un intelectual crítico en un marco dictatorial. Con una opinión pública restringida, censurada, con prohibición de reunión y con miedo a expresar disidencias, pensar y hablar libremente resultaban ser actos altamente peligrosos. Por ello, la forma en que en este texto se rescata la figura del intelectual considera el contexto como un elemento clave para comprender las formas de generación de conocimiento, las redes y sus alcances, así como el impacto que provocó en la opinión pública. En otras palabras, optamos por “desacralizar las prácticas intelectuales” para vincularlas a las “reglas profanas de un juego social”4.

Considerando esta situación, la definición de un intelectual “opositor” que participó en los debates ciudadanos y que generó conocimiento para disputar los sentidos políticos de las transformaciones sociales que potenciaba la dictadura solo puede encontrarse de manera visible con posterioridad a 1978, período en que emergieron una serie de organizaciones que poblaron este espacio y que dotaron de nuevos bríos a las investigaciones académicas y la intervención social.

Por último, el tercer desafío radicó en dar cuenta de la diversidad de instituciones, actores y debates que habitaron el campo. La etiqueta “intelectual de oposición” resultó operativa para demarcarlo en términos político-contingentes, pero no para restituir sus múltiples diferencias. No todos los que formaron parte de este grupo de cientistas sociales tuvieron las mismas redes y alcances, relaciones con los partidos políticos, resonancias y, menos aún, las mismas posiciones sobre la democracia y la democratización. Si bien compartieron algunos principios iniciales que desarrollaremos más adelante, las diferenciaciones se fueron haciendo visibles después de agotadas las Jornadas Nacionales de Protesta social entre 1985 y 1986.

En suma, tres desafíos que dieron cuenta de una complejidad analítica, teórica y metodológica para abordar el conjunto de sujetos diversos en el contexto dictatorial. ¿Qué características tuvo este campo? ¿Quiénes lo habitaron? ¿Qué debates le dieron sentido al ser intelectual de oposición? ¿Qué innovaciones se produjeron en el ámbito del pensamiento y su relación con la política?

Breve bosquejo del campo intelectual pre golpe de Estado

Si bien los intelectuales han jugado un papel relevante desde los inicios de la República y por lo tanto su figura se ha vinculado históricamente a la política, lo cierto es que hacia la década de 1950 comienza a aparecer un nuevo tipo de intelectualidad, vinculado a la expansión y consolidación de las ciencias sociales en un contexto de transformaciones globales del capitalismo, construcción del Estado de bienestar occidental, guerra fría y debates latinoamericanos sobre el desarrollo económico y social.

La condición dependiente de América Latina y su estancamiento económico repercutían fuertemente en el desarrollo sociocultural. La búsqueda de respuestas a las encrucijadas que implicaba comprender las formas de inserción en el mercado mundial o un modo particular de producción de la riqueza fueron tareas de las nacientes ciencias sociales. De cierto modo, las mismas disciplinas promovieron estas discusiones y proveyeron de respuestas con mayor o menor influencia, con lo que se fueron consolidando a la par que construyeron un espacio de injerencia cada vez más especializado.

Según José Joaquín Brunner5, la matrícula en carreras universitarias en ciencias sociales pasó de un 2,5 % en 1950 a un 14,6 % en 1970. Si bien el aumento fue significativo en toda América Latina, Chile consignaba un crecimiento mayor. Por ejemplo, en el campo de la sociología se pasó de 22 alumnos en 1958 a 1.000 matriculados en 1973. De otra parte, la ciencia política experimentaría un crecimiento sostenido, aunque menor, al igual que la historiografía. Para el autor, este escenario se posibilitó gracias a factores endógenos y exógenos del campo intelectual, como resultado de “los procesos de diferenciación nacionales de enseñanza superior y de investigación que se desarrollaron en América a partir de los años 60”6.

En el primer grupo de factores se encuentran aquellos que remiten a la formación de cuerpos profesionales calificados disponibles para “emprender tareas de análisis social y dispuestos a incorporarse a las intelligentsia de los cientistas sociales”, al “surgimiento de un mercado académico de posiciones y recursos con capacidad para absorber” la abundancia de este personal, a la competencia por recursos y prestigio en espacios institucionales, que comenzaban a mostrar límites estructurales en su reproducción, así como a un mercado de proyectos internacionales y nacionales en que se reforzaban los requerimientos de una oferta calificada7.

Los factores exógenos por su parte, remiten a la enunciación de límites en un conjunto de expectativas de transformación social, económica y cultural, que constituían el universo simbólico en el que las ciencias sociales se dotaban de legitimidad, no solo para comprender los procesos históricos, sino también para actuar y modificar sus cursos. A partir de 1964 y hasta 1973, la necesidad de cientistas sociales para asumir las iniciativas “reformistas” o “revolucionarias”, conducidas por los gobiernos de Frei y Allende, fortalecieron el crecimiento de estos intelectuales.

Una ciencia social comprometida con los cambios sociales se legitimó en un doble sentido. Por un lado, al alero de una actitud tecnocrática que venía configurándose desde las primeras décadas del siglo XX y que validaba la acción de “expertos” en la gestión y administración de lo público. Por otro, al consolidarse un prototipo de intelectual que no podía aislarse en la ciencia pura o en una universidad para élites, sino que poniendo su actividad racional y de lectura de realidad al servicio de los cambios sociales. La ciencia social se vuelve militante y los intelectuales comprometidos en sus ejecutores. “La doctrina del compromiso aseguraba a los intelectuales una participación en la política sin abandonar el propio campo, al definir la tarea intelectual como un trabajo siempre, y de suyo, político”8.

El gobierno de la Unidad Popular y la demanda por cuadros intelectuales y técnicos para colaborar en la realización del proyecto chileno al socialismo coronó este proceso iniciado en los años cincuenta. Tal como plantea Brunner, entre 1970 y 1973 se generó un amplio “espacio para la función ideológica de los intelectuales y de los analistas sociales. Su palabra es escuchada, tomada en cuenta; en breve valorizada dentro del mercado ideológico-político como nunca antes había ocurrido. Es el período de oro de los intelectuales progresistas”9.

La concurrencia de intelectuales latinoamericanos y europeos que habitaron Chile entre los años sesenta y setenta, en conjunto con la existencia de la Cepal y de Flacso, regionalizó el debate y reorganizó sus centros de difusión. La emergencia del dependentismo y la creciente adhesión al marxismo propiciaron una redefinición de las militancias teóricas y políticas a favor de la revolución, fomentadas a su vez por críticas provenientes de “las corrientes etnometodológicas o de orientación semiológicas de Francia y Bélgica, de Gran Bretaña y Estados Unidos”. Aquello, si bien generó un crecimiento en las adhesiones de intelectuales a partidos de izquierda, particularmente de los nacidos en los años sesenta y setenta, lo cierto es que permitió que la actividad intelectual comprometida se constituyera muchas veces en una alternativa a la afiliación partidaria concreta, manteniendo una legitimidad como conciencia crítica, participación en los procesos político-revolucionarios y autonomía simbólica.

En conjunto con lo anterior, las universidades también se vieron interpeladas en su definición y función social. Un proceso de modernización fundamentado en interpretaciones desarrollistas activó transformaciones en los currículum, en la relación de la universidad con la sociedad y habilitó un espacio para reformas que presionaron por democratizar las anquilosadas estructuras jerárquicas que la constituían.

Los requerimientos de mayor investigación, no dependiente de las agendas y teorías del primer mundo que fundamentaran reflexiones para gatillar un verdadero desarrollo económico y social, así como las bases de una nueva cultura revolucionaria, favorecieron la emergencia de centros de investigación en ciencias sociales con orientaciones interdisciplinarias en los que coincidieron intelectuales consagrados y en formación. La creación del Centro de Estudios Sociales en la Universidad de Chile (CESO), el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (Ceren) y el Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDU) en la Universidad Católica son los ejemplos más connotados. Estos ocuparon un rol clave en las experiencias formativas de los cientistas sociales, en la generación de investigaciones validadas por la comunidad académica y experta, así como en las relaciones que establecieron con los gobiernos de Eduardo Frei y de Salvador Allende. Tal como recuerda Jorge Arrate en sus memorias, la academia y la política se interpelaban permanentemente. Se podía trabajar en la universidad y para el gobierno revolucionario, aunque aquello generara innumerables tensiones, como lo recuerda, por ejemplo, el exmilitante socialista:

Mi llegada al Instituto ayudó a conformar un grupo de izquierda que se involucró en la política universitaria. Fui uno de sus sostenedores junto a Lucio Geller, un rosarino que al egresar de Escolatina, dos años antes que yo, había partido becado a Oxford, y Patricio García, un sociólogo con quien habíamos sido compañeros en el Instituto Nacional y compartíamos militancia socialista. Al poco tiempo se sumó Jorge Bertini, colega de Escolatina que volvía de Sussex. Acordamos enfrentar las elecciones de nuevo director del Instituto, ahora con la participación de los segmentos estudiantil y administrativo, con un candidato propio que tuviera perfil de izquierda... Uno de los primeros días de octubre (1970) me esperaba un recado a mi llegada al Instituto: te llamaron desde “La Moneda Chica”. Era el nombre que se daba a las oficinas temporales de Allende, establecidas en una mansión del Santiago antiguo que era propiedad del Colegio de Profesores. “Debes hablar con un señor que se llama Osvaldo Puccio. Dijeron que era urgentísimo” (Arrate, 2017, p. 258).

La memoria de Arrate coincide con otras experiencias recuperadas a lo largo de nuestra investigación. Thelma Gálvez, intelectual feminista, trabajó en el CESO en los años de la Unidad Popular recién egresada de la carrera de economía en la Universidad de Chile. Reconociendo la autonomía de los cientistas sociales, también recuerda la necesidad de colaboración con el gobierno revolucionario:

Desde el CESO elaborábamos datos y estadísticas que se convertían en insumos relevantes para la toma de decisiones en el gobierno. Allende no solo necesitaba adherentes y electores, sino que también fortalecer un cuerpo de académicos universitarios que ayudaran a dotar de legitimidad científica a las transformaciones económicas y políticas propuestas. En ese plano, muchos académicos jóvenes trabajábamos con ese espíritu y hacíamos de la universidad un espacio para el desarrollo de nuestras militancias políticas. Así como participábamos de los talleres en torno a la lectura de El Capital, producíamos y procesábamos estadísticas, asistíamos a marchas y eventos políticos. No podíamos ser neutrales (Thelma Gálvez, CEM)10.

Diversos estudios que han tomado la figura de los intelectuales en esos años tienden a coincidir respecto de la politización que experimentó el campo académico y cultural. Había conciencia de que la “crítica de los cientistas sociales empezaba a penetrar los medios y los partidos políticos, dándoles un ascendiente mayor en la política gubernamental”11. De hecho, para muchos intelectuales que participaron del proceso de autocrítica posterior al golpe de Estado, esta característica habría operado como uno de los factores incidentes en el quiebre de la democracia chilena. Sin embargo, más allá de esta valoración que formó parte de los debates políticos de los años ochenta, lo cierto es que se articularon formas de concebir las prácticas, las funciones y las relaciones entre ciencia y política que la dictadura se ocupó de desarmar a través de la intervención de las instituciones universitarias, represión, exoneración y clausura de la opinión pública. Tal como consignó Pinochet en 1976, “el pluralismo ideológico irrestricto y absoluto debe entenderse como definitivamente abolido”12.

Quiebre democrático y rearticulación del campo intelectual en la oposición a la dictadura

Con el golpe de Estado se inició un proceso de redefinición entre ciencia y política que supuso la necesidad estratégica de una diferenciación plena y eficaz entre ambas. Dado que “se responsabilizó a la universidad de haber alimentado a los grupos de izquierda radicalizados y se le acusó de haber experimentado un crecimiento artificial, un verdadero desborde que le restaba su tradicional función de élite y de conformación de la cultura superior de la nación”13, las instituciones de enseñanza superior fueron duramente intervenidas en pos de la eliminación de la ideología y de la racionalización de su gestión.

El campo de las ciencias sociales fue uno de los más intervenidos. Según consigna Puryear, al producirse el golpe militar, “había en Santiago más cientistas sociales que en cualquier otra capital latinoamericana”14. Por ello, se suspendieron los ingresos a carreras en el área, se exoneró a los académicos vinculados a posiciones de izquierda, se redefinieron los claustros y las currículas formativas, con el objetivo de desterrar (en palabras de la junta militar) la “politiquería y el marxismo”.

El otrora centro regional de pensamiento, el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (Ceren), que había alojado a importantes académicos intelectuales extranjeros, quedó despoblado. Entre 1973 y 1975 el espacio para los intelectuales de las ciencias sociales se eliminó. Preocupados por la sobrevivencia en las duras condiciones que generaba la represión, el debate fue casi inexistente. Con todo, es importante destacar que a “diferencia de la crítica política, el análisis académico no era constitutivo de delito; los académicos exonerados podían seguir en su profesión, siempre y cuando tuvieran una institución que los acogiera y no llamaran mucho la atención”15.

De manera incipiente, dos iniciativas fueron relevantes en la posibilidad de reconstrucción del campo intelectual. En primer lugar, la creación de Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (Icheh), primera institución de intelectuales que hizo una fuerte crítica a las drásticas restricciones del pensamiento y el debate opositor, precursor de los centros privados de investigación16 que se consolidaron en la década de los ochenta. En segundo lugar, la creación de la Academia de Humanismo Cristiano, institución vinculada a la Iglesia católica, que por iniciativa del cardenal Silva Henríquez configuró un espacio para el pensamiento democrático y de oposición a la dictadura.

A través de varios círculos de estudio (mujer, trabajo, mundo rural, entre otros), la Academia de Humanismo Cristiano se constituyó en un espacio de sociabilidad, de reflexión y de inserción profesional para variados cientistas sociales que poblaban el mundo de la oposición política, muchos de los cuales participaban activamente en la Vicaría de la Solidaridad.

La Vicaría, a través de sus distintos centros zonales, se había convertido en una importante red de apoyo social al mundo popular y de sectores medios, fuertemente violentados en sus derechos humanos fundamentales. Así, promoviendo una cultura de defensa de estos, la Vicaría fue articulándose como un espacio de intervención social que permitió la participación de cientistas sociales, especialmente abogados, trabajadores sociales, sociólogos, entre otros, que encontraron allí un lugar para hacer oposición y generar reflexiones críticas.

Tal como lo plantea Mario Garcés en su artículo en este libro, la Vicaría promovió espacios de sociabilidad que permitieron la creación de comedores infantiles, comedores familiares, bolsas de cesantes, grupos de salud, centros de apoyo escolar. Estos, junto con actuar sobre la emergencia, posibilitaron la re-elaboración de una vida comunitaria que, aunque precaria y reprimida por las fuerzas del gobierno, fue clave para la organización de la sociedad civil. Hacia 1980, la Vicaría había logrado ejecutar programas que beneficiaron a 153.998 pobladores, una amplia red que serviría de base para las conexiones que establecerían los intelectuales de las ONG.

Junto con estas actividades, en 1977 la Vicaría convocó a un seminario de “Ciencias Sociales y realidad nacional” que permitió la reunión de actores académicos y políticos en el espacio protegido que brindaba la Iglesia católica y su numerosa red vinculada al mundo popular. En 1978, sin embargo, la institución comienza a vivir un giro pastoral que reorienta la actividad de la Vicaría y el rótulo de oposición política con el que permanentemente la fustigaba la dictadura militar. Estas transformaciones, en forma más global, también estuvieron relacionadas con los cambios en la jerarquía eclesiástica impulsados desde el Vaticano. Así, la opción por los pobres pierde presencia significativa y se consolida un giro hacia un neoconservadurismo encabezado por Juan Pablo II en 1981, cuyos efectos más visibles se expresarán durante los años noventa.

Pese a estos esfuerzos, los años que se extienden entre 1973 y 1980 estuvieron caracterizados más por la sobrevivencia, la denuncia de violaciones a los derechos humanos e incipientes intentos de rearticulación de la asociatividad popular, que por la generación de una reflexión sistemática que tuviera como objetivo restituir el campo intelectual.

En 1977, la dictadura daba a conocer su proyecto de modernizaciones que buscaba consolidar una economía de libre mercado, un estado subsidiario y una futura democracia protegida. La propuesta de institucionalización del régimen fue tomando cuerpo en la generación de una nueva Constitución Política que reemplazaría la carta de 1925.