Kitabı oku: «Chile 1984/1994»

ENCRUCIJADAS. ENTRE LA DICTADURA Y LA TRANSICIÓN CHILENA 1984-1994

David Aceituno Silva 1

Pablo Rubio Apiolaza 2

El día 21 de mayo de 1993, el Presidente de Chile Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) pronunciaría su última cuenta pública ante el Congreso Pleno que daba comienzo a su cuarto año de mandato. Sus palabras iniciales están llenas de optimismo y buscaban sintetizar los difíciles tres primeros años del retorno a la democracia:

“Debe ser motivo de legítima satisfacción para los chilenos, especialmente para quienes tenemos responsabilidades en la conducción de nuestra patria, la forma como ha transcurrido la vida política, económica y social del país en este período.

El tránsito del largo lapso de régimen autoritario al funcionamiento normal de nuestra convivencia democrática ha tenido lugar sin traumas ni quebrantos. Chile vive en paz. La gente goza de libertad. El país progresa. Nuestra estabilidad política, nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo social suscitan elogios en el exterior.“3

El presidente tampoco era ciego frente a la realidad de ese momento y aun quedando un año de su mandato, presentaba la pobreza extrema como uno de los enemigos fundamentales a derrotar. A su vez, sus objetivos estaban claros: construir la unidad nacional, consolidar y perfeccionar la democracia, desarrollar y modernizar la economía, promover la justicia social e integrar a Chile como actor respetado en la comunidad internacional, tenían que ser proyectos centrales para hacer avanzar a Chile.

A inicios de la década de 1990, al menos desde el discurso político, se buscaba construir y consolidar un nuevo Chile, sin embargo la realidad era más compleja y fueron años llenos de tensión. Estos no se pueden comprender sin plantear una mirada histórica, sus avances y retrocesos, sus negociaciones y rupturas, poniéndose en perspectiva cada uno de sus aspectos e insertándolos en un entramado de continuidades y permanencias.

Es importante considerar a la realidad chilena dentro de un contexto mayor. En torno a esto, se podría sugerir que los procesos de transformación política y económica que afectaron a América Latina entre 1984 y 1994, se desarrollaron dentro de un confuso escenario marcado por la declinación y el fin de la Guerra Fría, y el inicio del nuevo orden mundial. Todos los grandes fenómenos históricos que vivió la región en su conjunto durante ese tiempo, tanto las guerras civiles y conflictos armados en América Central, la crisis económica y financiera derivada de la deuda, sumado al fin de las dictaduras militares y las transiciones a gobiernos civiles elegidos en América del Sur, fueron procesos de alta intensidad en múltiples dimensiones, coincidentes dentro de un incierto contexto de transición política, económica e ideológica que experimentó el sistema internacional en su conjunto.

Si se pudiera hacer una mirada global de la región, desde los años ochenta del siglo XX a la actualidad, casi todos los países de América del Sur incluido Chile experimentaron un cambio inédito en sus regímenes políticos, que también tuvo expresiones en otras dimensiones de la vida económica, social y cultural. La transformación consistió en que en los estados de la región pasaron desde los autoritarismos militares a estar gobernados por regímenes civiles elegidos, más o menos “democráticos“ —definidos como democracias “protegidas“, “de baja intensidad“, “iliberales“ o “interrumpidas“4— lo que en el mediano plazo ha constituido un inédito período de predominio de la democracia política sobre el autoritarismo militar, los regímenes revolucionarios y los gobiernos populistas, entre otras formas de dominación política que predominaron en el siglo pasado. Si bien en la actualidad existe una crítica a las formas que ha adquirido la democracia en América Latina y en el mundo entero, el cambio no ha sido menos significativo5.

Por eso mismo, se plantea en este libro la recuperación del estudio de la transición a la democracia chilena en orden a considerarlo como un proceso histórico multidimensional que involucra una variedad de dimensiones y temporalidades distintas. Para comprender en su integridad los inicios de la transición chilena, hay que extender el análisis al propio régimen militar de Augusto Pinochet en los años ochenta.

En esta presentación analizaremos las encrucijadas de la década que se extiende desde 1984 a 1994, y que ponen de relieve las dificultades que debió sobrellevar una nación que debía primero sopesar las alternativas para salir de la Dictadura, y luego reconstruir un país que fue sometido a la violencia por casi dos décadas.

1. ¡Fuera Pinochet!: situación tras la crisis.

Los años tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fueron dramáticos, no solo por la estela de muerte y violencia que se desató en Chile6, sino porque la definición de los límites temporales de la Junta Militar que gobernaba el país —integrada por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros— comenzaron a extenderse cada vez más. Las primeras conversaciones dentro de la coalición gobernante señalaban uno, dos o tres años, siendo noviembre de 1976 un primer referente temporal que se correspondía con el final del mandato de Allende y ayudaba a cerrar el ciclo de restauración institucional7. Pasados los años, se hizo patente que el Régimen instalado al mando de la Junta, no sería de corta duración, sino que se plantearía como refundacional. Es decir, la visión ideológica que sustentó la Junta Militar se basó en una ruptura radical con el pasado republicano y democrático chileno del siglo XX, planteándose la idea de la “refundación“ en todos los aspectos de la vida nacional, lo que incluyó el sistema político y económico. Tener esto en consideración es importante para comprender la compleja transición a la democracia.

La idea de la refundación, la confirmó la propia Junta Militar y el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, en marzo de 1974:

“(…) Después de largo tiempo de mesianismos ideológicos y de la prédica de odios mezquinos, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un criterio eminentemente nacionalista, invita a sus compatriotas a vencer la mediocridad y las divisiones internas (…) En la tarea de convertir a Chile en una gran nación, el Estado deberá ir diseñando un “Proyecto Nacional“, entendido como una imagen factible y deseable para la República, mirando su evolución a largo plazo y considerando la utilización eficiente de nuestras potencialidades reales“8.

Siendo ratificada más claramente en el discurso de Chacarillas en julio de 1977:

“(…) es conveniente reiterar una vez más, que el 11 de septiembre no significó solo el derrocamiento de un Gobierno ilegítimo, sino que fracasado, sino que representó el término de uno político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo“9.

Junto a esto se establecía un itinerario, sin plazos aún, los cuales serían discutidos recién con la nueva Constitución que estaba en estudio. De acuerdo al planteamiento de Chacarillas, tres eran los momentos del Régimen: recuperación, transición y normalidad. Los tres eran diferenciados por la Dictadura en el grado de participación de civiles en el Gobierno y en los instrumentos jurídicos- institucionales, aunque en todo momento con la supervigilancia de las Fuerzas Armadas, estableciendo así un modelo de democracia protegida10. La segunda “etapa“, la de transición, es la que se inicia con la Constitución de 1980, donde se pasa sistemáticamente de la colaboración a la participación de civiles y la tercera donde es la civilidad en plenitud la que se autogobierna.

Sumado a esto, los partidos políticos habían sido disueltos y en algunos casos sus líderes habían sido perseguidos, exiliados o muertos, con lo que resultaba aún más difícil organizar una oposición contra la Dictadura. El mismo año 1977, Pinochet hacía notar el interés de la Junta por “reorientar“ el rol de los partidos, quienes se habían convertido en “maquinarias para alcanzar el poder“, por lo que se debía consolidar una nueva institucionalidad que asegurase que los nuevos partidos no fuesen intermediarios entre la ciudadanía y sus autoridades, por lo que estos debían limitarse a ser “corrientes de opinión que aspiran a influir en el curso del Estado, dentro del respeto a las normas institucionales“11.

Frente a este escenario político donde la Dictadura buscaba consolidar su permanencia, se comenzaron a buscar alternativas en la lucha por el retorno a la democracia, que sortearán las diversas cortapisas interpuestas por el Régimen, desde toques de queda, la imposibilidad de reunión y la imposibilidad de organizar los partidos. A nivel de los actores políticos, una de las alternativas fue la creación de grupos de estudios vinculados a la oposición, en especial, que contrarrestaran el trabajo desarrollado por la Comisión Ortúzar, organizada en 1973 y encomendada por la Junta para estudiar las alternativas constitucionales, y cuyos resultados fueron expuestos en 1978. El 21 de julio de ese año, varios políticos y académicos (entre los que estuvieron Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger y Raúl Rettig) conformaron el denominado “Grupo de los 24“ que buscará contrarrestar los estudios constitucionales del Régimen, señalando que:

“No hemos trabajado encerrados entre cuatro paredes, al margen de la realidad ni del sentir de nuestros compatriotas. Conscientes de la profunda crisis que ha afligido a Chile en los últimos años, de la que el quiebre institucional y la decadencia que vivimos son manifestaciones dramáticas, hemos partido del análisis de los caracteres y causas de esa crisis hecho por hombres y mujeres venidos de todos los sectores de la vida nacional.

Tampoco nos hemos dejado llevar por ningún ideologismo unilateral, sino que procuramos recoger en nuestro estudio, junto a los más modernos aportes de las ciencias sociales, las visiones provenientes de múltiples concepciones ideológicas. Convencidos de que un régimen político, para que sea legítimo y perdurable, deber ser expresión del “sentido común del pueblo“, es decir, de las ideas esenciales generalmente compartidas por la comunidad nacional, nos hemos esforzado por buscar soluciones que el más alto grado de acuerdo entre los chilenos.

Como no pretendemos arrogarnos una representación popular que a nadie ha sido conferida, hacemos públicos nuestros acuerdos en el carácter de simples proposiciones al pueblo de Chile, único titular del poder soberano de resolver sobre la materia“12.

Como queda patente en su declaración, existían diversas visiones sobre cómo enfrentar la Dictadura y era difícil elevarse como la voz única. A inicios de los 80, los disensos acerca de cómo enfrentar la propuesta de la Dictadura surgirán desde diversas vertientes políticas e ideológicas, en especial después que la Dictadura logró, tras una más que dudosa votación, establecer la nueva carta constitucional en 1980, que comenzó a regir el 11 de marzo del año siguiente13. De esta manera, “legitimado“ y con un modelo económico de componente neoliberal en pleno funcionamiento (tras la férrea política de shock de los primeros años14) nada hacía presagiar lo que acontecería en los años siguientes.

De esta manera, 1983 se convertirá en un año clave, tanto para la oposición como para el Régimen, donde se desatará una fuerte crisis económica y el inicio de enormes y masivas jornadas de protestas15. Así describe la situación Tironi:

“El proyecto político autoritario descansaba también en la suerte del modelo económico. Se preveían dos fases, ambas consagradas en la Constitución Política de 1980. La primera, de corte dictatorial, debía crear las bases de una próspera economía de mercado; la segunda y definitiva sería de una democracia estable apoyada en una ciudadanía satisfecha, pragmática, ocupada de su enriquecimiento personal y alejada de cualquier extremismo ideológico. El derrumbe del modelo, sin embargo, restó viabilidad a la estrategia de tránsito lento y gradual hacia esa “democracia protegida“16.

Con respecto a las causas del desplome del sistema neoliberal en Chile durante estos años, Cristián Gazmuri señala que se debió a “una serie de errores macroeconómicos del equipo de gobierno, al perpetuar la mantención artificial de un precio bajo del dólar, sumados a la recesión mundial que se produjo ese año (…)“. Teniendo efectos dramáticos para la ciudadanía, como por ejemplo que “la cesantía se disparó hasta más de un 20 por ciento nominal y un porcentaje real bastante más alto (quizás hasta un 30 por ciento). El Estado tuvo que socorrer con miles de millones de dólares al aparato financiero en quiebra. Era el fin del boom“17.

Resulta interesante caracterizar la profundidad de la crisis económica, con el fin de evaluar con mayor precisión sus consecuencias18: la caída del Producto Interno Bruto alcanzó un 14% en el año 1983, contrastando así con el magnífico crecimiento de la economía chilena entre 1975 y 1981. En cuanto a sus externalidades sociales, la crisis también tuvo efectos devastadores; como se sugirió arriba, la cesantía se elevó al 30% del total de la fuerza laboral y los salarios se vieron en notoria disminución. En referencia a este último indicador, cabe subrayar que si bien los salarios estaban congelados desde septiembre de 1981, cayeron un 74% en 1983 y un 56,9% en 1984, acentuando más las carencias y la inestabilidad laboral entre los sectores medios y populares19. Esto sin duda hizo más graves las protestas sociales y la reorganización de la oposición que ya reclamaba un gobierno complemente democrático.

Efectivamente, las consecuencias políticas no tardaron en llegar; considerando el debilitamiento del Régimen se realizaron por primera vez acercamientos entre el Régimen y la oposición con el fin de encontrar una salida exitosa del autoritarismo. Sin embargo, la cuestión relativa a situarse dentro o fuera de los marcos constitucionales para una eventual derrota del régimen, más las “formas de lucha“ —el asunto de la violencia y sus usos como herramienta política— fueron los principales ejes de división interna de una oposición que se caracterizó por su heterogeneidad ideológica y diferencias estratégicas.

Durante 1983 se desarrollaron las instancias de organización civil y política más importantes de la oposición. El “Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional“ (PRODEN)20, la redacción del “Manifiesto Democrático“ (14 de marzo) fueron las primeras de estas iniciativas. Entre ellas, la más importante fue el surgimiento de la Alianza Democrática, el 6 de agosto de 1983, conformada por la Democracia Cristiana (DC), sectores de la derecha democrática y el socialismo renovado. La Alianza surgió al amparo de la coyuntura de ese gran movimiento social y con la intención de que los partidos políticos de oposición lograran llevar adelante una sola estrategia y un programa único frente a la dictadura. La principal estrategia de la Alianza, fue la promoción de la “salida política e institucional al régimen“ dentro de los marcos de la Constitución de 1980 y el inicio transición a la democracia. Hay que recordar que en los artículos transitorios de la propia Constitución de Pinochet se incluía la realización de un plebiscito ratificatorio en 1988, que podía tanto extender como interrumpir su mandato, aunque estaba elaborado originalmente para asegurar la proyección del régimen. Por ello, la posición gradualista de la Alianza se ubicaba dentro de la institucionalidad o legalidad vigente.

Pero en paralelo y como reacción desde la izquierda, se organizaron grupos mucho más radicalizados contra la Dictadura como fueron el Movimiento Democrático Popular el 20 de septiembre de 1983, que incluía al PC-MIR-IC-PS Almeyda, y en diciembre de ese año el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Este grupo polo se fundamentaba en la tesis de “todas las formas de lucha“ —pacíficas y violentas— que incluía una ruptura con el régimen y una transición hacia un gobierno democrático y socialista. A nivel externo, la formación y acción del FPMR dejó de manifiesto los profundos lazos internacionales de la izquierda chilena, entre sectores de la izquierda chilena con la Revolución Sandinista, la Guerra Civil de El Salvador, los movimientos guerrilleros de Guatemala y el gobierno cubano. Para el gobierno de Estados Unidos y otros actores internacionales, esto constituyo un motivo de preocupación importante.

Desde 1983 en adelante, como hemos visto, se presentaba como la verdadera posibilidad para poner fin a la Dictadura. Una crisis económica que junto a las protestas masivas, resquebrajaba el éxito promovido por el Régimen. Esta vez, cabía la posibilidad del “derrumbe“ de Régimen y el optimismo alentaba a la oposición. La realidad, al pasar de los meses, irá mostrando otra cosa distinta.

2. 1984: El inicio de una década de encrucijadas.

Los estudios transitológicos han insistido en proponer una mirada del paso de la Dictadura a la Democracia en Chile acotada a coyunturas más específicas, haciendo calzar los modelos prexistentes de transición vía pactos —y sus variaciones— a lo acontecido durante los últimos años de los ochenta21. Es evidente, como hemos visto, que la realidad histórica no solo nos muestra que el interés por proponer vías para consolidar la democracia (protegida en el caso del Régimen) o renovadas a partir de una asamblea constituyente como lo hará la oposición (u otras alternativas, todas ellas sin la Junta, evidentemente) desde finales de los setenta, da cuenta que la transición, incluida la búsqueda de pactos o acuerdos22, se considera un proceso largo, complejo y con ciclos de mayor o menor éxito, incluso hasta los últimos días previos al Plebiscito del 5 de octubre de 1988, que definió la continuidad del Régimen.

Como hemos señalado, hasta el año 1983 las posibilidades de que el Régimen colapsara por primera vez eran claras. Lo cual queda patente en el Manifiesto Democrático de marzo de 198323:

“(…) Nuestra historia republicana no registra una crisis más profunda y prolongada que la que sufre el país. Ella afecta sus bases morales, políticas, sociales y económicas, abarca a todos los sectores de la comunidad, debilita la seguridad de la Nación y agudiza las injusticias y tensiones en su interior (…)

Desde el comienzo denunciamos el peligro que entrañaba aplicar en nuestro país un modelo económico que no se compadece con nuestra realidad y tiene por objeto imponer un sistema de sociedad contrario a los valores e intereses permanentes de la Nación.

(…) En el campo político interno se mantiene el régimen de arbitrariedades, principalmente originado por la aplicación del art. 24 transitorio de la Constitución. Las libertades básicas no tienen vigencia y constantemente se conocen nuevas denuncias por atropellos a los Derechos Humanos fundamentales (…) Para lograr ese gran objetivo, se debe poner término inmediato a los regímenes de emergencia“24.

Esta situación de alta tensión fue reconocida implícitamente por Pinochet, quien en medio de las protestas y el descontrol económico, decide abrirse a la posibilidad de negociar, nombrando a Sergio Onofre Jarpa, quien deja la Embajada en Argentina para asumir el Ministerio del interior el 10 de agosto de 198325. Dando inicio a un nuevo plan político del Régimen (conocido como “Plan Jarpa“), que en medio de las complejas circunstancias, intentaba reafirmar la Constitución de 1980 y su marco para el avance político (las etapas de transición y consolidación), pero además buscaba desde ese momento proyectar el “Gobierno“ más allá de los ochenta. Todo esto implicaba conformar una base política de apoyo, estudiar las leyes de elecciones y partidos políticos, levantar el receso político y por supuesto, establecer medidas económicas urgentes para hacer frente a la crisis. Todo lo cual implicaría tener un diálogo con la oposición —o con un sector más gradualista y moderada de ella— que se presentaba con toda firmeza en ese momento.

Con este inicio en el diálogo hubo avances importantes, como el retorno de exiliados26, y varios anteproyectos enviados por Pinochet, entre los que se incluían el de sistema electoral, el del Congreso Nacional y del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Sin embargo, la demanda de una salida rápida se irá “congelando“ poco a poco. Esto debido a que en las negociaciones emprendidas entre los miembros de la Alianza Democrática y la gestión encabezada por Sergio Onofre Jarpa se irá percibiendo una clara tensión en las agendas. Por una parte, el representante de Pinochet no es escuchado en la Junta y se le da muy poco espacio de negociación, a la par que seguía la represión en las calles en el marco de las protestas nacionales. Por otra parte, como se ha visto, la oposición se encontraba dividida entre si ceder a la Constitución y su itinerario o mantenerse firmes en no aceptarla, como se había hecho hasta ese momento, y seguir intentando acceder a la democracia lo antes posible. El optimismo se difumina con los años y fue ganando terreno gradualmente la idea de la aceptación de la Constitución.

1984 se inaugura con un hito importante para la oposición: el “puntarenazo“. Este acontecimiento acaecido en la ciudad de Punta Arenas, no solo es el resultado del malestar nacional por el desempleo en la región del sur de Chile, sino también un efecto de la organización de la oposición a través de los denominados “cabildos abiertos“. Ya que será a través de ellos, que el día 26 de febrero en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, donde se le realizaría un homenaje a Pinochet se reúnen un importante grupo de ciudadanos a hacer canticos contra el Dictador. En esta mediática protesta, participan los actores fundamentales de esta parte de la historia reciente del retorno a la democracia: la oposición (por su estrategia de organización), los ciudadanos (por el malestar acumulado contra el Régimen) y la Iglesia Católica, que será un pilar fundamental en dicha actividad27. Este acontecimiento, generará un fuerte enojo de Pinochet contra la jerarquía de la Iglesia28, que acusa de amparar estas manifestaciones.

Estos acontecimientos provocaron nuevas desavenencias con la oposición y afectará fuertemente la posición de Jarpa en el Gobierno, en especial en lo referido a las reformas políticas que se terminan por archivar. La situación, una vez más, se “congela“ y el poder de Sergio Onofre Jarpa iría en picada frente a un Régimen que cerrará filas frente al adelantamiento de plazos o reformas políticas (como veremos adelante, uno de sus logros será la rearticulación de los partidos de derecha y pro-régimen). Ese mismo año, el Ministro presentará la renuncia en vista de la imposibilidad de continuar con el plan político de 1983, el nuevo “cerramiento“ del Régimen se consolidaría con la llegada de un joven Francisco Javier Cuadra, quien lidera el estado de sitio y la censura bajo el decreto 1217, asumiendo la secretaria general de gobierno el 6 de noviembre de 1984. Jarpa dejará definitivamente el Ministerio del Interior el 12 de febrero de 1985, asumiendo Ricardo García, también cercano a Cuadra, la situación volvía a complicarse para la oposición.

“Vamos camino de convertirnos en una Torre de Babel, en la que cada cual habla su lenguaje, sin importarle ni entender lo que otros dicen (…)“29 dirá de manera categórica Patricio Aylwin en su intervención en el seminario titulado “Un Sistema Jurídico-Político Constitucional para Chile“ realizado en el Hotel Tupahue de Santiago el día viernes 27 y 28 de Julio de 1984. En sus palabras, se evidencia la necesidad de realizar un giro importante en la estrategia de la oposición, no se podía seguir discutiendo acerca de la legitimidad de la Constitución, jamás habría acuerdo entre unos y otros sobre el punto, se debía aceptar y punto. Y así lo señala en el mismo seminario:

“No pongo en duda que nuestro actual régimen pueda mantenerse inconmovible en el poder, empecinado en hacer cumplir su Constitución “como está escrita y punto“, según recientes declaraciones del gobernante (…) Puestos a la tarea de buscar una solución, lo primero es dejar de lado la famosa disputa sobre la “legitimidad“ del régimen y de su Constitución. El régimen invoca el plebiscito de 1980 para sostener la legitimidad de la Constitución. La disidencia la considera ilegítima, porque fue gestada por el oficialismo sin ninguna participación del pueblo (…) Personalmente, yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero así como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo.

(…) La única ventaja que él tiene sobre mí, a este respecto, es que esa Constitución—me guste o no—está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Solo hay una manera: eludir deliberadamente el tema de la legitimidad“30.

Esta tesis será el pilar sobre el que se actuará en los años subsiguientes. De esta manera, desde mediados de 1985 se iniciaría un proceso de reconstitución de la oposición para sacar a Pinochet. Su propuesta no logra inicialmente unificar las diversas “lenguas de Babel“. Ricardo Lagos criticó severamente la propuesta, y Jorge Molina representante de los socialistas en la Alianza democrática, envió una dura carta a Enrique Silva que presidia la Alianza en ese momento, señalándole la preocupación de los sectores que representaba. Ambos ratificaron su posición original: La asamblea constituyente y la ilegitimidad de la Constitución., eran las bases del diálogo, pese a la tesis personal de Aylwin. Por su parte, Edgardo Boeninger, será de los pocos que públicamente apoyarán la tesis del que será luego el primer presidente del retorno a la democracia. Se iniciará de esta manera un fuerte debate sobre la Transición (por ejemplo en los encuentros organizados por el Centro de Estudios del Desarrollo liderado por Boeninger y Tironi), eso sí, con cada vez menos tiempo por delante.

A nivel de los actores internacionales, desde mediados de la década de 1980, el régimen de Pinochet estaba cayendo en un importante descrédito, factor que es importante reconocer porque forma parte del contexto en el que se mueve el régimen de Pinochet. En los Estados Unidos por ejemplo, la política del segundo gobierno de Ronald Reagan (1985-1989) y debido a distintas consideraciones estratégicas, se esmeraba en presionar y criticar el gobierno militar, lo mismo que hicieron los países de Europa Occidental. Esto sin contar que en América del Sur, hacia 1986 solamente Chile y Paraguay tenían gobiernos militares autoritarios, quedando totalmente aislados regionalmente en un marco de transiciones a la democracia vigentes en los restantes países. La condena a Pinochet también se hacía más intensa en las organizaciones de Derechos Humanos, protagonistas de una campaña que se extendía desde la llegada al poder de la Junta Militar chilena.