Kitabı oku: «Comparación de las fórmulaciones de la política pública de seguridad ciudadana en Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2012 desde el enfoque cognitivo»


CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Ramírez Figueroa, David Fernando, 1990-
Comparación de las formulaciones de la política pública de seguridad ciudadana en Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2012 desde el enfoque cognitivo / David Fernando Ramírez Figueroa. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos, Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2019.
248 páginas : ilustraciones (algunas a color), diagramas. -- (Colección Publicaciones de Posgrados de Derecho y Ciencias Políticas ; 9)
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN 978-958-783-926-5 (rústica). - ISBN 9789587839272 (e-book). - ISBN 978-958-783-928-9 (impresión bajo demanda).
1. Política pública – Colombia - 1995-2012 2. Política regional 3. Seguridad ciudadana 4. Bogotá (Cundinamarca)(Colombia) - Política y gobierno - 1995-2012 5. Medellín (Antioquia)(Colombia) - Política y gobierno - 1995-2012 6. Cali (Valle del Cauca)(Colombia) - Política y gobierno - 1995-2012 I. Título II. Serie
CDD-23 351.861 / 2019
Comparación de las formulaciones de la política pública de seguridad ciudadana en Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2012 desde el enfoque cognitivo
Colección Publicaciones de Posgrados de Derecho y Ciencias Políticas
©Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Maestría en Políticas Públicas
© David Fernando Ramírez Figueroa, autor, 2019
Primera edición, 2019
ISBN (rústica): 978-958-783-926-5
ISBN (digital): 978-958-783-927-2
ISBN (IBD): 978-958-783-928-9
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Director (e) de la revista Ciencia Política
Este libro es resultado de una tesis meritoria presentada en 2012 en la Maestría en Políticas Públicas (SNIES: 55022) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, cuya directora fue Nathalie Pabón Ayala, y cuyos jurados fueron Juan Antonio Zornoza Bonilla y Bairon Otalvaro Marín.
Preparación editorial
Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales
Gerardo Molina, Unijus
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A mi padre y a mi madre.
Lo local de hoy se apoya en unas formas diferentes de proximidad social que no se identifican con la proximidad profesional ni tampoco con la proximidad territorial. Porque su principal característica es la de ser constituida por redes, se les llamará proximidades reticulares. Solo entonces se puede ver el reto político local: se trata de la construcción de un espacio de mediación que dé un mínimo de coherencia a las múltiples estrategias reticulares que están actuando a nivel local.
PIERRE MULLER, Las políticas públicas
Contenido
Lista de tablas
| Tabla | Nombre |
| 1 | Categorías de análisis discursivo a partir del enfoque cognitivo |
| 2 | Escenarios elaborados para el análisis por norma |
| 3 | Distribución de algoritmos identificados por periodo de gobierno |
| 4 | Identificación de valores por periodo y ciudad |
| 5 | Identificación de normas por periodo y ciudad |
| 6 | Identificación de imágenes por periodo y ciudad |
Anexo 1
| Tabla | Nombre |
| 7 | Bogotá. Objetivos distribuidos por situación problemática. Antanas Mockus - Formar Ciudad |
| 8 | Bogotá. Objetivos distribuidos por situación problemática. Enrique Peñalosa - Por la Bogotá que Queremos |
| 9 | Bogotá. Objetivos distribuidos por situación problemática. Antanas Mockus - Todos del mismo lado |
| 10 | Bogotá. Objetivos distribuidos por situación problemática. Luis Eduardo Garzón - Bogotá sin indiferencia |
| 11 | Bogotá. Objetivos distribuidos por situación problemática. Samuel Moreno Rojas - Bogotá positiva |
| 12 | Cali. Objetivos distribuidos por situación problemática. Julio César Martínez |
| 13 | Cali. Objetivos distribuidos por situación problemática. Ricardo Cobo Lloreda |
| 14 | Cali. Objetivos distribuidos por situación problemática. John Mario Rodríguez - Proyecto de vida para todos |
| 15 | Cali. Objetivos distribuidos por situación problemática. Apolinar Salcedo - Tú tienes mucho que ver |
| 16 | Cali. Objetivos distribuidos por situación problemática. Jorge Iván Ospina Gómez - Para vivir la vida dignamente |
| 17 | Medellín. Objetivos distribuidos por situación problemática. Sergio Naranjo Pérez |
| 18 | Medellín. Objetivos distribuidos por situación problemática. Juan Gómez Martínez - Por una ciudad más humana |
| 19 | Medellín. Objetivos distribuidos por situación problemática. Luis Pérez Gutiérrez - Hacia una revolución de la cultura ciudadana |
| 20 | Medellín. Objetivos distribuidos por situación problemática. Sergio Fajardo - Medellín la más educada |
| 21 | Medellín. Objetivos distribuidos por situación problemática. Alonso Salazar - Medellín competitiva y solidaria |
Anexo 2
| Tabla | Nombre |
| 22 | Programa Seguridad y Convivencia, Colombia-BID, para Medellín |
| 23 | Programa Seguridad y Convivencia. Luis Pérez Gutiérrez |
| 24 | Programa Seguridad y Convivencia. Sergio Fajardo |
| 25 | Programa Seguridad y Convivencia. Alonso Salazar |
| 26 | Presupuesto proyectado por programa. Mauricio Guzmán |
| 27 | Presupuesto proyectado por programa. Ricardo Cobo Lloreda |
| 28 | Presupuesto proyectado por programa. John Mario Rodríguez. |
| 29 | Presupuesto proyectado por programa. Apolinar Salcedo |
| 30 | Presupuesto proyectado por programa. Jorge Iván Ospina Gómez |
| 31 | Presupuesto reorganizado para Seguridad Ciudadana - Formar Ciudad |
| 32 | Presupuesto proyectado por programa. Enrique Peñalosa |
| 33 | Presupuesto proyectado por programa. Antanas Mockus - Todos del mismo lado |
| 34 | Presupuesto proyectado por programa. Luis Eduardo Garzón |
| 35 | Presupuesto proyectado por programa. Samuel Moreno Rojas |
Lista de figuras
| Figura | Nombre |
| 1 | Total de homicidios por año en Bogotá, Medellín y Cali |
| 2 | Total de homicidios por año en Bogotá, Medellín y Cali por cada 100 000 habitantes |
| 3 | Total de lesiones personales por año en Bogotá, Medellín y Cali |
| 4 | Total de hurtos a personas por año en Bogotá, Medellín y Cali |
| 5 | Percepción de seguridad por género en Bogotá, Medellín y Cali |
| 6 | Percepción de inseguridad en el barrio en Bogotá, Medellín y Cali |
| 7 | Porcentaje de victimización en Bogotá, Medellín y Cali |
| 8 | Componentes de la seguridad nacional |
| 9 | Componentes de la seguridad humana |
| 10 | Elementos de la seguridad ciudadana |
| 11 | Proporción de frecuencia de programas tipo Responsabilidad cerrada |
| 12 | Proporción de frecuencia de programas tipo Fortalecimiento institucional |
| 13 | Análisis por norma. Cuatro escenarios |
Introducción
La seguridad ciudadana aparece como una demanda de la sociedad hacia el Gobierno. En general, se acepta que es necesario que el Gobierno intervenga las situaciones que provocan inseguridad (tema central de la filosofía política de autores como Hobbes o Locke), siendo estas, y sus causas, muy variadas. La seguridad ciudadana suele definirse actualmente como un estado de cosas en donde el individuo (o ciudadano, ciudadana) como sujeto de derecho se encuentra libre de peligros y de riesgos en contra de su vida y sus propiedades (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011). Perspectivas adicionales desde diferentes disciplinas pueden incorporar elementos conceptuales de mucho interés; no obstante, el elemento común es la protección a la vida y a la propiedad de las personas. Esto es central debido a que otras formas de concebir la seguridad tienden a ignorar a la persona como sujeto y han colocado el interés sobre la comunidad, la Nación o el Estado. Dicho traslado en la atención ha sido de importancia en la esfera del gobierno, debido a que buena parte de la controversia alrededor de esta problemática surge de las acciones (formuladas o dejadas de formular) para disminuir las tasas de mortalidad o, en general, las situaciones de convivencia negativa1.
La seguridad ciudadana es competencia del gobierno municipal, como lo determina la Constitución Política de 1991 mediante la Ley 136 de 1994 (Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, y reformada por medio de la Ley 1551 de 2012) y el Decreto 1421 de 1993 para el Distrito Capital. Estas normas han venido desarrollando los principios de la descentralización y la autonomía municipal con respecto al Gobierno nacional enunciados por la Constitución Política de 1991, que definió los Planes de Desarrollo Municipal y Distrital como instrumento rector de planeación presupuestal y política. Los anteriores eventos se convierten en los puntos de ruptura que marcan el inicio del periodo escogido (1995) para Bogotá, Cali y Medellín, momento en el que formulan sus instrumentos correspondientes de planeación y se hacen directamente responsables de la gestión de la seguridad2. Estas tres ciudades, capitales de departamento, las tres más grandes del país en términos demográficos, son representativas del desarrollo municipal en términos de autonomía política y cuentan con presupuestos relativamente suficientes con los cuales sustentar su gestión administrativa, según lo presentado en los Planes Operativos Anuales de cada ciudad (ver Anexo 2).
Transcurridos casi treinta años desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, de la Ley 136 de 1994 y el Decreto 1421 de 1993 (conocido como el Estatuto Orgánico para el Distrito Capital), es necesario identificar, clasificar y analizar la dinámica de la formulación de política pública en el sector de la seguridad ciudadana, para construir un discurso que se pueda denominar como una política pública formulada desde los Gobiernos locales para la intervención de la seguridad ciudadana3. A partir de la promulgación de los instrumentos legales mencionados, los Gobiernos municipales se ven abocados a enunciar una serie de estrategias de intervención sobre las situaciones de inseguridad en las ciudades, cuyo objetivo común es la respuesta a la demanda por mayor seguridad ciudadana; es decir, la intervención de una situación de inseguridad en una ciudad que contemple su resolución, mitigación o prevención. Es importante anotar que no existe en el periodo estudiado un documento, cuerpo o construcción que pueda denominarse “política pública de seguridad ciudadana”, sino que existen mecanismos y estrategias (formulaciones) que se modifican en el tiempo, al ajustarse a los cambios percibidos en el problema de la seguridad ciudadana (nuevas amenazas a la seguridad ciudadana, amenazas que ya no se conciben como tales o nuevas interpretaciones de cómo hacer frente a amenazas tradicionales), sugeridos por distintas entidades, de manera inercial y solo enunciados, más o menos explícitamente, en los planes de desarrollo de cada periodo.
Para determinar dicha dinámica, este trabajo se realiza a partir de las formulaciones propuestas en el periodo 1995-2012 en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali desde un análisis comparativo, con base en las variables que se describen más adelante. Con estos elementos se reconstruyen las dinámicas de las políticas públicas de seguridad ciudadana y se caracterizan sobre la base de unas tendencias generales sustentadas en sus valores, normas, imágenes y algoritmos más frecuentes. Desde la perspectiva del enfoque cognitivo, esto se refiere a la construcción de la relación global sectorial, elemento central en la definición en términos generales de una política pública.
Dado lo anterior, el enfoque teórico apropiado para esta investigación es el análisis cognitivo desarrollado por Pierre Muller (2010), que parte de la premisa de que una política pública es un intento por intervenir un campo de la sociedad particular; dicho de otra manera, es la forma que el Estado emplea para conducir a la población por un camino que considera correcto o adecuado. A esta acción se le denomina Relación Global Sectorial, y se define rápidamente como la articulación entre una realidad sectorial percibida (o referencial sectorial) y una realidad global esperada (o referencial global) a través de acciones concretas (o políticas públicas). Ello implica una fijación de objetivos que depende de la construcción social del problema, de sus consecuencias, de las formas de solucionarlo o afrontarlo y de los posibles escenarios a los que se quiere llegar. En este sentido, formular una política pública se trata de la relación que la sociedad establece con el mundo y de la serie de representaciones que se elaboran para actuar sobre lo real (Muller, 2010, p. 113). De esta manera, se encuentra que es en la etapa precisa de las formulaciones de la política pública en donde se puede analizar de manera más efectiva esta particular relación.
La formulación de la política pública se aborda como la etapa lógica en la cual las instituciones estatales o el sistema político institucional valoran alternativas, negocian, acuerdan y toman una decisión (Vargas, 1999, p. 73), que se formalizará como lineamiento vinculante por medio de un instrumento legal –generalmente un acuerdo municipal o un decreto–, y demuestran los compromisos que la administración local está dispuesta a asumir 4.
Los referenciales sectoriales que se construyen en este trabajo están compuestos por cuatro variables que se pueden reconocer en cada formulación de política pública: valor, norma, imagen y algoritmo. En primer lugar, el valor representa un conjunto de ideas que son priorizadas por encima y en detrimento de otros conjuntos al momento de tomar una decisión o llevar a cabo una acción. En segundo lugar, la norma representa un conjunto de ideas que determinan hacia dónde y cómo se debe orientar la acción. En tercer lugar, la imagen es la justificación de una política pública y se construye como una representación del razonamiento que lleva de la acción a tomar al efecto deseado. Por último, el algoritmo representa un razonamiento lógico que explica la acción como una respuesta necesaria ante una situación problemática5.
Si en cada formulación de política pública por gobierno se pueden reconocer las variables mencionadas, podría afirmarse que dentro de cada formulación existe igualmente un referencial sectorial, los cuales funcionan como base para la construcción de tendencias generales que permiten realizar una caracterización más imparcial (unbiased), completa y general de las formulaciones de política pública de seguridad ciudadana de Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2011. Con base en estas categorías y tendencias, se replantea el concepto de política pública de seguridad ciudadana, se hace un análisis del estado actual de la investigación cualitativa –particularmente el análisis comparado– y se realizan algunas recomendaciones de política para el sector a partir del enfoque cognitivo empleado.
En este sentido, fue necesario preguntarse: ¿cuál ha sido el contenido de la formulación de las políticas públicas de seguridad ciudadana dentro de los documentos programáticos referentes al sector de la seguridad ciudadana de los Gobiernos municipales de Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2012? Para dar respuesta a este interrogante se manejó la siguiente hipótesis: la formulación de políticas de seguridad ciudadana en las tres ciudades durante tal periodo se ha sustentado en referenciales sectoriales que han permanecido en el tiempo; particularmente, el autoritarismo como valor, la acción administrativa como norma, una imagen que describe a la población objetivo como intolerante y un algoritmo que pone el énfasis sobre la reforma administrativa.
El objetivo principal de esta investigación fue comparar los referenciales sectoriales identificados en las formulaciones de política pública de seguridad ciudadana de Bogotá, Medellín y Cali entre 1995 y 2012 a partir del enfoque cognitivo. Específicamente se buscó describir las perspectivas desde las cuales se ha construido la política pública de seguridad ciudadana para cada gobierno en el periodo mencionado. Asimismo, se intentó construir los referenciales sectoriales en las tres ciudades que describen las formulaciones de política pública de cada gobierno entre 1995 y 2012, de acuerdo con las variables valor, imagen, norma y algoritmo, y, finalmente, caracterizar los referenciales sectoriales identificados para cada política pública de seguridad ciudadana por periodo de gobierno en cada ciudad estudiada.
La presente investigación está compuesta por cuatro capítulos que atienden los objetivos específicos trazados. El capítulo 1 describe el estado del arte en la temática del análisis de la política pública de seguridad ciudadana. En el capítulo 2 se exponen los lineamientos teóricos sobre los cuales se define la seguridad ciudadana, la política pública, la formulación como etapa dentro del policy cycle, el autoritarismo y el método de comparación en política pública. El capítulo 3 hace un análisis detallado de cada uno de los planes de desarrollo de las administraciones de Bogotá, Cali y Medellín, identificando, clasificando y analizando las formulaciones producidas por los gobiernos locales, con base en las variables valor, norma, imagen y algoritmo. En el capítulo 4 se hace el análisis comparado a partir de las variables escogidas y se presentan los resultados de la comparación. Finalmente, se desarrollan las conclusiones generales del estudio.
Capítulo 1. Formulación del problema
El estudio de la seguridad ciudadana desde el análisis de la política pública es relativamente reciente, mucho más considerando aquellos que trabajan desde una perspectiva comparada en el tiempo o en el espacio. En este primer capítulo se busca, por un lado, hacer una caracterización de la política pública de seguridad ciudadana a partir de la revisión de estudios relevantes al respecto de su contenido, su forma o sus enfoques, y, por otro lado, identificar algunos conceptos unificadores que permiten pensar en la existencia de la seguridad ciudadana como sector.
1.1. Antecedentes
En un estudio de la seguridad en Soacha (Cundinamarca) y Bucaramanga (Santander), Camacho, Wills y Acevedo (2002) afirman que los principales problemas y oportunidades de las políticas públicas en seguridad ciudadana radican en: 1) la falta de decisión, claridad y voluntad política de los gobiernos; 2) la escasa estabilidad de los agentes que ejecutan de facto la política; 3) la dispar cantidad de energía y recursos que se han destinado a hacer frente a la seguridad, mientras se ignora o se deja en un segundo plano la dimensión de la convivencia; y 4) el apoyo mayoritario a los entes territoriales. Este último punto implica una oportunidad para el fortalecimiento de las atribuciones del gobierno local como esfera administrativa que mayor potencial tiene para mejorar la situación de seguridad en las ciudades.
Por otra parte, Angarita (2011, p. 276) afirma que en Medellín las políticas públicas de seguridad ciudadana se han enfocado en la superación de lo que se ha denominado factores estructurales de la inseguridad, mientras que se han dejado de lado los elementos culturales y de prevención socioeconómica, provocando un aumento antes que una disminución de la inseguridad. Por ejemplo, el incremento de la inseguridad en el periodo 2007-2008 responde, entre otras razones, al rearme de organizaciones armadas ilegales y a la reconfiguración de las jerarquías internas de las bandas delincuenciales existentes (Angarita, 2011, p. 277). A ello se suma la falta de comunicación entre los niveles nacional y local de gobierno, la corrupción y la ineficiencia de la inteligencia policial para prevenir y resolver situaciones violentas. Precisamente, la principal advertencia que hace el autor es que la política pública se ha enfocado en controlar las consecuencias de los delitos y no sus causas, lo que explica su bajo impacto positivo sobre la situación de inseguridad en la capital antioqueña.
No obstante lo anterior, Jorge Giraldo (s. f.) señala que desde el 2000 existe un cambio importante con la inclusión de nuevos conceptos dentro de la política pública de seguridad ciudadana: 1) la aceptación de responsabilidad por parte del gobierno local frente a las situaciones de inseguridad, en coherencia con la responsabilidad del Gobierno nacional, y 2) la necesidad de construir un nuevo ciudadano y ciudadana en una revolución cultural, con el objetivo de empoderar a la ciudadanía en el problema de la seguridad. Anteriormente, el gobierno local tenía un enfoque pragmático que respondía a las coyunturas más urgentes, tendencia que se ve reforzada desde la alcaldía de Fajardo (2004-2007) y Salazar (2008-2011), en las cuales el Gobierno local asume responsabilidad directa en el proceso de desmovilización y reinserción de las organizaciones armadas ilegales.
En este sentido, el aprendizaje juega un papel fundamental en dos sentidos (Giraldo, s. f., pp. 23-24): en primer lugar, el conocimiento de la situación de inseguridad, la cual no había sido comprendida en toda su dimensión dada la ausencia de mecanismos e instrumentos de investigación criminológica, situación que ha sido corregida con el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana –que seguía los aprendizajes de Bogotá, con el Sistema Unificado de Información en Violencia y Delincuencia (SUIVD), y de Cali, con el Observatorio del Delito, ambos desde inicios de la década de 1990– y las encuestas de percepción ciudadana (realizadas por Medellín Cómo Vamos desde el Concejo Municipal; por la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2006 y por el DANE desde el 2012); y, en segundo lugar, las lecciones aprendidas a nivel nacional en los últimos veinte años, sobre todo por las experiencias de Bogotá durante las administraciones de Mockus (1995-1997; 2001-2003) y Peñalosa (1998-2000) en lo referente a reorganización de la administración pública, hasta formas concretas de intervención de la seguridad ciudadana, las cuales dotaron de ideas, creatividad y ánimo para formular estrategias centradas en la cultura, el urbanismo y la pedagogía.
Con respecto al Distrito Capital, desde un enfoque de análisis de gobernanza, Calderón (2011, p. 62) afirma que “en la política de seguridad ciudadana en Bogotá, el modelo de gobernanza efectivamente involucró una serie de actores con ciertas formas de relación basadas en la cooperación y la coordinación, unos espacios donde se discutió y deliberó públicamente la política y unas reglas de juego e instituciones reflejadas en una normatividad que fue consolidando una mirada integral de la seguridad”. El autor indica que entre 1995 y el 2007 se consolidó en Bogotá una nueva forma de comprender la seguridad, en la cual una política de seguridad se debía enfocar menos en el aumento del pie de fuerza y más en la autorregulación, menos en las acciones autoritarias y más en la construcción de espacios que generen confianza, menos sectorialidad y más transversalidad (Calderón, 2011, p. 63), por lo menos cuantitativamente desde los planes de desarrollo.
Jhon Eduardo Anzola (2011), por su parte, plantea que existe una ruptura importante entre los gobiernos 1995-2003 y 2004-2011, particularmente al respecto del cambio de una mirada que se enfocaba en la cultura, la ley y la moral (cultura ciudadana) hacia una mirada que privilegiaba la política social, los factores objetivos y el desarrollo socioeconómico (seguridad humana).
Estas investigaciones son aproximaciones al origen de la demanda de seguridad ciudadana o, desde otros enfoques, al problema de la seguridad ciudadana. Por un lado, se ha identificado una situación objetiva, poco susceptible de controversia, como es la situación de delincuencia: presencia de actores cuya actividad económica, política o social involucra la comisión de delitos, en un espacio que propicia su aparición, conservación y dominio sobre otros actores. Por otro lado, existen múltiples explicaciones sobre la capacidad que tiene esta situación de persistir en el tiempo: factores objetivos (pobreza, marginalidad) y factores subjetivos (cultura ciudadana autoritaria, políticas incorrectas en alguna medida, conocimiento/información sobre la problemática).
Si se trata de caracterizar la política pública de seguridad ciudadana, los estudios mencionados parten de una suposición compartida: el problema de la inseguridad es real, y no está siendo resuelto por los Gobiernos locales. Desde esta perspectiva, el problema es en dónde (o a partir de qué actores) surge la dificultad del gobierno para llevar a cabo su mandato constitucional y deber legal de proteger los derechos humanos en sus respectivas poblaciones. Lo anterior también tiene un fin práctico: incidir en las políticas públicas futuras, en el sentido de hacer un diagnóstico de la situación problemática actual, observar obstáculos a la política pública y sugerir recomendaciones para la mejora basadas en lecciones aprendidas, experiencias exitosas o cambios de paradigma.
También tienen algo en común: cada estudio referencia diferentes elementos como base de su explicación para la ineficiencia de la administración pública al respecto del sector de la seguridad ciudadana. Para unos es corrupción, cooptación de las entidades públicas; para otros es corto alcance de las medidas, incapacidad para tomar decisiones correctas, y para otros es la dificultad de aprender, de construir sobre lo construido. Ello muestra que la seguridad ciudadana es un tema controversial, pues las políticas públicas planteadas para este sector fallan en identificar, delimitar y definir con claridad su problema real –generalmente asociado con los delincuentes o la pobreza–, por lo que la formulación de política no puede menos que ser difusa.
Este trabajo muestra que existen múltiples aproximaciones conceptuales y lineamientos de implementación en un mismo programa de gobierno; es decir, formas diferentes de concebir la seguridad ciudadana que no son excluyentes entre sí en la práctica al momento de la formulación de la política pública.
1.2. Conceptos y temas prioritarios
El problema de la política pública de seguridad ciudadana tiene variadas y diferentes características, ante las cuales el Gobierno ha respondido en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, distintos investigadores han desarrollado algunos conceptos unificadores sobre los que se encuentra algún nivel de consenso al respecto de lo que la seguridad ciudadana debería ser (Rivas, 2005 y Torres, 2011).
1.2.1. Apropiación e institucionalización
Este proceso se entiende como el esfuerzo de Gobiernos locales por establecer oficinas, direcciones o entidades enteras encargadas exclusivamente de la gestión de la seguridad, lo que incluye la formulación de programas y proyectos, el relacionamiento con la Policía metropolitana (seccional de la Policía Nacional encargada de la jurisdicción de áreas metropolitanas: Bogotá, Valle de Aburrá y Regional Cali) y el afrontamiento de las situaciones de contingencia.
En este sentido, se describe como un proceso de apropiación por parte de los Gobiernos locales de la problemática de la seguridad ciudadana que requiere estrategias permanentes en el tiempo, o que se institucionalicen espacios especializados en el tema de la seguridad ciudadana con la asignación de atribuciones particulares definidas.
Por ejemplo, a comienzos de la década de 1990, en Cali se crea el programa Desarrollo, Seguridad y Paz (Desepaz), en Medellín se abre la Oficina de Paz y Convivencia y en Bogotá se instaura la Consejería para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia. Asimismo, se implementan procesos de reforma al interior de los Gobiernos locales: en Cali la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia; en Medellín la Secretaría de Seguridad, y en Bogotá el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, parte de la Oficina de Asuntos de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Estos procesos, en los que se profundizará en el presente documento, evidencian la apropiación del tema de la seguridad ciudadana, en donde los gobiernos locales han asumido el liderazgo y la iniciativa en dicha problemática.
1.2.2. Implementación de sistemas de información
La construcción de estrategias dirigidas a la implementación de sistemas de información para prevenir y mitigar la inseguridad se enfoca en la elaboración de indicadores como tasa de homicidios, agregado de eventos delictivos, victimización, confianza en las instituciones, índice de temor ante el delito, por mencionar algunos. Para ello, en Bogotá se creó el SUIVD en 1995, en Cali, el Observatorio del Delito en 1992 y en Medellín, el Observatorio del Delito en 2009. Estos escenarios son de vital importancia debido a que el Gobierno local sustenta sus decisiones cada vez más en descripciones de la inseguridad derivadas de estos indicadores, lo que permitiría una mayor responsabilidad y eficiencia a la hora de establecer e implementar programas de intervención en el sector de la seguridad ciudadana.
Todavía hay deficiencias importantes en lo que se refiere a la evaluación de los programas, en la medida en que no se han hecho más allá de evaluaciones de resultados, las cuales no dan información adecuada del efecto marginal de los programas sobre las tendencias estructurales de las ciudades, ni dan cuenta del nivel de satisfacción de los ciudadanos que son sus sujetos de intervención. Esto no implica que el esfuerzo por estudiar, analizar y comprender los escenarios del delito y la violencia, y su impacto sobre la inseguridad ciudadana, sea en vano ni sea un progreso significativo, pues sin duda alguna lo es. Por lo demás, es una respuesta que ha dependido por entero de los gobiernos locales, dado que el Gobierno nacional no ha hecho esfuerzos por implementar estos escenarios de investigación, por lo menos durante el periodo estudiado. Puede afirmarse que la implementación de estos servicios corresponde a una perspectiva particular de la seguridad ciudadana, que no la percibe como estática sino como dinámica, susceptible de ser estudiada estadística y científicamente, más que como una aproximación enteramente administrativista.
1.2.3. Enfoques alternativos de tratamiento de la violencia
Dado que las formas tradicionales de respuesta represiva son monopolizadas por el Gobierno nacional, los Gobiernos locales han podido integrar nuevas concepciones de seguridad asociadas a tratamientos integrales-inclusivos de la violencia. Es el caso de Medellín, en donde se han llevado a cabo programas constantes de rehabilitación y reintegración de población victimaria, incluyendo desmovilizados de grupos alzados en armas, prevención de reclutamiento de menores y proyectos de desarrollo económico, los cuales intentan disminuir la propensión de las personas a cometer actos delictivos, mediante la vinculación de población vulnerable en proyectos constructivos de interés social. Por su parte, desde la Alcaldía de Antanas Mockus (1994-1996), Bogotá comienza a implementar programas sustentados bajo el enfoque de la “Cultura Ciudadana”, que intenta modificar los hábitos y las costumbres de la ciudadanía para disminuir la probabilidad de cometer y ser víctima de eventos delincuenciales. Entretanto, en Cali se ha evidenciado una aproximación epidemiológica al problema de la seguridad, encabezado por el Observatorio del Delito adscrito a la Alcaldía Municipal, por medio del cual se intentan disminuir los factores de riesgo que incentivan la comisión de delitos.
Estos enfoques son importantes en la medida en que llaman la atención sobre la multiplicidad de factores que implica la violencia dentro de la inseguridad, por lo que conlleva un tratamiento abierto, liderado por autoridades civiles (en oposición a la Policía Nacional) y permite una concepción diferente a la criminal para hacer frente a este fenómeno. El problema, de todas formas, es la escasa evaluación de rigor sobre el tema (abundan las reflexiones teóricas y políticas, no obstante), por lo que no se puede decir mucho acerca de su efectividad en el tiempo. Aun así, es un elemento a tener en cuenta dentro del análisis de la política pública.
1.2.4. Enfoques para el tratamiento de la delincuencia
En este aspecto se encuentran dos elementos: a) la mejora técnica de la Policía y b) la mejora operacional de la Policía. En el primer elemento se recoge la necesidad de optimizar la capacidad de respuesta del cuerpo policial por medio de la adquisición de mejor equipamiento (desde radios de comunicación hasta armas) y la construcción de mejor infraestructura (Comando de Atención Inmediata (CAI) en material antiexplosivos, Comandos de Policía con más protección). Si bien son elementos importantes, hay que destacar que los Gobiernos locales han destinado grandes recursos, como se detallará más adelante, a mejorar la capacidad de respuesta de la Policía, en un intento por desincentivar la comisión de delitos (por medio del aumento en la probabilidad de captura), lo que constituye un conjunto de estrategias que están más cercanas a la concepción autoritaria de la seguridad, que se enfoca en reaccionar ante eventos delictivos reales como prioridad de la respuesta administrativa local.
El segundo elemento recoge el acercamiento comunitario de la Policía, su consecuente reforma operacional y su énfasis en el ciudadano, lo convivencial y preventivo; adicionalmente, el Gobierno local ha empezado a intervenir activamente el espacio público como factor adicional de riesgo y como facilitador de las conductas delictivas. Al respecto, debe considerarse que es una modificación de la forma de operación de la Policía, reciente en el contexto colombiano y cuyo principal objetivo es mejorar la confianza en la institución, como ya se ha mencionado. Así, se pueden ubicar los siguientes factores constitutivos de esta aproximación (Rico y Chinchilla, 2002, pp. 172-173): a) inscribir las acciones policiales en el marco general de las políticas nacionales y locales de seguridad ciudadana y desarrollo social, b) diferenciar las acciones encaminadas a la lucha contra la criminalidad organizada de las que puedan emprenderse con respecto a la mediana y pequeña delincuencia y c) orientar la acción policial a las especificidades locales y a las necesidades de las víctimas.
1.2.5. Nuevos valores y enfoques
En particular, los programas que intervienen el sector de la seguridad ciudadana han priorizado cualidades y valores relativamente innovadores (Centro de Estudios y Análisis sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2005), que algunos autores relacionan con el modelo neoliberal de reestructuración del Estado (Beltrame, 2011). Estos elementos, de todas formas, distancian a la seguridad ciudadana de los enfoques tradicionales de seguridad y suponen un cambio en la perspectiva visible en la política pública, especialmente en áreas como:
•Integralidad: énfasis en acción preventiva-reactiva-represiva, por medio de estrategias que involucran desarrollo económico, concertación de actores, enfoques multidisciplinarios de análisis y planteamiento de respuestas a los factores objetivos de inseguridad ciudadana, sobre todo para prevenir la ocurrencia de eventos delictivos (Calderón, 2011, pp. 19-21).
•Participación de la ciudadanía: en particular, en mesas locales de participación, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus preocupaciones y participar en la formulación de planes de acción en conjunto con la administración municipal, local y la Policía.
•Mecanismos alternativos de resolución de conflictos: bajo la consigna de que conciliar es mejor que reprimir, se disponen nuevos espacios que sirven de mediación de conflictos a fin de evitar que estos se desvíen en la utilización de la violencia; son paralelos a la administración tradicional de justicia, pero su objetivo no es reemplazarla, sino prevenir que los casos que se puedan resolver en instancias conciliatorias lleguen a la justicia ordinaria, en donde el tiempo de resolución aumente, generando problemas tanto para el Estado (represamiento) como para los ciudadanos (percepción de impunidad).
•Enfoque de género y de derechos humanos (Osses, 2010): aunque no siempre se encuentra en la formulación, la nueva concepción de seguridad ciudadana permite a los tomadores de decisiones incorporar en la política pública un enfoque de género, estableciendo acciones diferenciales para las mujeres (lo que lleva a considerar algunos eventos delictivos –por ejemplo, la violencia intrafamiliar, como violaciones a los derechos humanos de las mujeres– más que como problemas de convivencia doméstica). En igual sentido se ha propuesto el enfoque de derechos, que permite enfocar acciones hacia comunidades vulnerables o vulneradas, cambiando la priorización y estableciendo acciones protectoras sobre poblaciones que bajo otros modelos no recibían atención adecuada.
•Enfoque local y sublocal (Rico y Chinchilla, 2002): las localidades, las comunas, los distritos, los barrios y, actualmente, los cuadrantes adquieren voz y entran a actuar sobre su situación propia de seguridad, brindando información, colaboración y cooperación a la Policía que administra dicho espacio local y al Gobierno municipal, que pueden establecer directrices y acciones más eficientes.
•Enfoque de cercanía (Acero, 2002): en el mismo sentido que el componente anterior, bajo la concepción de seguridad ciudadana es posible reorientar la acción administrativa tradicional hacia los problemas de la ciudadanía, lo que implica un trabajo en campo directo, por parte de las autoridades, para conocer las situaciones concretas y particulares de cada zona de intervención, lo que facilitaría el ejercicio de prevención de las violencias, mejoraría la confianza en la institución al presentarla más cercana y abierta, y además mejoraría los tiempos de respuesta ante eventos delincuenciales. Baratta (citado en Beltrame, 2011) expone dos orientaciones que puede adquirir la respuesta administrativa bajo este enfoque: a) la estrategia situacional, “basada en intervenciones específicas que se dirigen sobre todo a las víctimas potenciales, a la seguridad de los edificios y al ambiente” (p. 109), y b) la estrategia social o comunitaria, que “trata de modificar con programas generales las condiciones de vida en ambientes determinados, por ejemplo en un barrio, de manera que se aumenten las oportunidades de comportamientos conformes a la ley y se disminuyan los comportamientos ilegales” (p. 110). Estos aspectos pueden asociarse fácilmente con un enfoque integral que concibe la delincuencia menos como un asunto legal de represión y más como un fenómeno social causado por múltiples factores.
Los anteriores elementos no son necesariamente “buenos” ni existe consenso sobre si son procesos positivos o convenientes. Depende en gran medida de la posición del actor, la cual es una interpretación del asunto en su totalidad: desde el origen del problema hasta las formas de respuesta por parte del Estado.
A partir de lo descrito, la política pública de seguridad ciudadana tiende a moverse en tres tendencias significativas: 1) abrir espacios de autoridad, con atribuciones claras dentro del sector, con capacidad de incidencia, decisión e implementación en los problemas que anteriormente parecían exclusivos a las autoridades militares/policiales; 2) construir mecanismos y sistemas de información que permitan tomar decisiones informadas, sustentadas en estudios cuantitativos y cualitativos del problema de la inseguridad, que es percibido cada vez más como un problema multidimensional; y 3) concebir el problema de la seguridad a partir de enfoques alternativos, entendidos como enfoques que incluyen cada vez a más estamentos, grupos e individuos dentro de la construcción del problema, agendamiento de las discusiones, posición de decisión y formulación de la política.
Lo anterior es común dentro de un sector que es fundamentalmente controversial, en tanto que no está claro cómo se puede empoderar más a las instituciones civiles, cómo construir mejor información o cómo elaborar una política pública más incluyente. Es en este contexto sobre el cual se construye la política pública de seguridad ciudadana.
1.3. Contexto sociohistórico
En este apartado se expondrán los principales indicadores para comprender la dinámica de la formulación de la Política Pública de Seguridad Ciudadana. Estos elementos son el contexto de análisis para entender las formulaciones de política pública de los gobiernos de Bogotá, Medellín y Cali, sustento para la construcción de categorías de comparación que servirán para el ejercicio de comparación y elaboración de tendencias generales. Esta dinámica ofrece una perspectiva al respecto de la situación de la seguridad en cada ciudad para el periodo escogido.
Se presentan a continuación los indicadores escogidos para describir el contexto de la seguridad ciudadana, los cuales dan cuenta de los denominados delitos de mayor impacto 6 : homicidios y tasa de homicidios, lesiones personales, hurto a persona, percepción de inseguridad y victimización. Con esto es posible detallar el escenario en el cual se encontraban las ciudades, en la medida en que dichos indicadores evidencien, por lo menos parcialmente, la situación problemática de inseguridad en las ciudades objeto de estudio.
La Política Pública de Seguridad Ciudadana se desarrolla en un territorio específico. En este documento se trabajará la ciudad como la jurisdicción en la cual el Gobierno local tiene atribuciones legales y políticas. Esta delimitación excluye las concepciones de la ciudad como incorporada en una región o como parte de un circuito económico que excede sus fronteras legales, e incluye lo rural y lo urbano dentro de una misma área de intervención. Lo anterior no tiene como objetivo negar esas concepciones, sino restringir el análisis al territorio sobre el cual el gobierno legal tiene la obligación y la responsabilidad de asumir la problemática de Seguridad Ciudadana, así como de dar respuestas que la enfrenten (ver figura 1).
Se puede afirmar que la dinámica de homicidios tiende significativamente a la baja (figura 1). Este dato no contiene ninguna proporción ni tasa asociada, es el número bruto de homicidios, lo cual sugiere que, independientemente de lo que suceda con la ciudad (en términos poblacionales), los homicidios han disminuido ostensiblemente. Ahora, esto no implica que la dinámica sea la misma para las tres ciudades, pues Cali ha tenido una situación de violencia sostenida en el tiempo, con un promedio de 1851 homicidios y una desviación estándar de 281,55, lo cual equivale a decir que la diferencia entre el año más alto y el más bajo no es más que 282 homicidios registrados. Entretanto, se aprecia una marcada diferencia si se la compara con la dinámica de las otras dos ciudades, cuyo comportamiento tiene tendencia decreciente sostenida, aun cuando es necesario tener cuidado con los puntos más bajos y más altos. Bogotá, con un promedio de 2329 homicidios por año, con una desviación estándar (D. E.) de 730,20, comienza la década de los noventa con una cantidad de homicidios muy alta, que va disminuyendo de manera sostenida hasta 2004, momento en el cual la disminución es de menor aceleración e incluso se presentan aumentos ligeros en los registros. Finalmente, el caso de Medellín es de mayor impacto: la caída en el número de homicidios entre 1990 y 1998 es muy significativa, lo mismo que, proporcionalmente, la caída entre 2002 y 2007-2008. Presenta un promedio de 3034 homicidios por año, con una desviación estándar de 1444,01, lo que permite sostener la afirmación anterior: a pesar de que Medellín ha presentado un cambio sustancial en la dinámica de homicidios (evidenciado en la diferencia entre el máximo y el mínimo), el número bruto que ha presentado en este indicador ha sido, de lejos, el más alto de las tres ciudades evaluadas en este caso7 (ver figura 2).

Figura 1. Total de homicidios por año en Bogotá, Medellín y Cali.
Fuente: elaboración propia a partir de CEACSC (2013); Alcaldía de Medellín (2012).
La tasa de homicidio de la figura 2 presenta la misma dinámica de la figura 1; sin embargo, deben hacerse algunas precisiones al respecto. En primera medida, la relación entre las ciudades cambia drásticamente. Por ejemplo, con miras al número bruto en 1990, Medellín presentaba algo más del doble que Bogotá (2,36 veces) y casi multiplicaba por cinco a Cali (4,92 veces), lo cual mostraba una característica importante del homicidio en Medellín y su intensidad; bajo la tasa de homicidios, esta relación se multiplica casi por siete para Bogotá (6,91) y por 0,7 para Cali. En otras palabras, dado que la tasa es una proporción entre los homicidios y la población total, a pesar de que Bogotá presenta un número muy alto de homicidios en la década de los noventa, su tasa se ve reducida significativamente por la cantidad creciente de personas que la habitan, lo que reduce el impacto de los homicidios en Bogotá y lo incrementa en Medellín, cuya población es menor. Ahora bien, la dinámica de los homicidios en Medellín y Bogotá es muy similar: desciende de una magnitud muy alta en la primera mitad de la década de los noventa y se estabiliza solo hacia la segunda mitad de la década de los dos mil; Cali, en cambio, presenta una tendencia constante en todo el periodo, con una magnitud similar a principios de la década de los noventa y a finales de la década de los dos mil, sin señales que sugieran aumentos o disminuciones en algún momento dentro de este periodo (ver figura 3).
Las lesiones personales muestran otra cara de la inseguridad en las ciudades. A pesar de los problemas de registro, denuncia y procesamiento de datos, la contribución de este indicador es visibilizar a las víctimas de situaciones que pudieron haber desembocado en un homicidio y poner de manifiesto diferentes formas de violencia: violencia política, violencia militar asociada al narcotráfico, violencia social, violencia doméstica, violencia contra la mujer, violencia difusa, entre otras (Suárez y otros, 2005).

Figura 2. Total de homicidios por año en Bogotá, Medellín y Cali por cada 100 000 habitantes.
Fuente: elaboración propia a partir de CEACSC (2013); Alcaldía de Medellín (2012).

Figura 3. Total de lesiones personales por año en Bogotá, Medellín y Cali.
Fuente: elaboración propia a partir de CEACSC (2013).
A partir de la figura 3 se puede afirmar que la tendencia en cuanto a lesiones personales es descendente hasta el año 2000, cuando empieza a aumentar para Bogotá y disminuye para Medellín; en cambio, Cali se mantiene constante hasta el año 2005, momento en el que empieza a crecer. Esta dinámica puede estar relacionada con el tamaño de la población: mientras que en Bogotá se presentan en promedio 6818 casos (D. E. 2085,21), en Medellín, 1771 (D. E. 543,75) y en Cali, 2764 (D. E. 1225,10), diferencias que son significativas y ponen a Bogotá en un nivel de mayor inseguridad que Medellín y Cali (ver figura 4).
Puede observarse en la figura 4 que el hurto en Bogotá ha disminuido en términos generales, aunque ha habido un aumento desde 2004; por su parte, Medellín ha sufrido un aumento entre 1999 y 2004, mientras que muestra una tendencia a permanecer entre 2004 y 2012; adicionalmente, Cali ha presentado un aumento importante desde 2004, pasando de 156 casos en 2004 a 1851 en 2005 y a 5517 en 2006, punto en el cual la tendencia parece permanecer constante, con incrementos de menor magnitud (ver figura 5).
Como se observa en la figura 5, la percepción de seguridad en Medellín es significativamente más positiva (más del 50 % para el año 2003) que la que presentan Bogotá y Cali (alrededor de 30 % para ambos casos). Adicionalmente, aunque la diferencia no tiene una magnitud muy alta, en las tres ciudades las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, lo que evidencia una percepción de seguridad negativa más alta, así como una percepción de seguridad positiva más baja, en todos los casos (ver figura 6).
En el sitio más cercano de habitación para las personas de la muestra encuestada (figura 6), la victimización se encuentra alrededor del 45 % para ambos géneros en Bogotá, donde aumenta con respecto al 2003; 35 % para Cali, que se mantiene relativamente constante, y 20 % para Medellín, también relativamente constante. Las mujeres se sienten más inseguras en las tres ciudades en comparación con los hombres, tendencia que parece no cambiar con los años (ver figura 7).
Figura 4. Total de hurtos a personas por año en Bogotá, Medellín y Cali.
Fuente: elaboración propia a partir de CEACSC (2013); Alcaldía de Medellín (2012).

Figura 5. Percepción de seguridad por género en Bogotá, Medellín y Cali.
Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2013).

Figura 6. Percepción de inseguridad en el barrio en Bogotá, Medellín y Cali.
Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2013).

Figura 7. Porcentaje de victimización en Bogotá, Medellín y Cali.
Fuente: elaboración propia a partir de Cámara de Comercio de Bogotá (2012).
La victimización no hace referencia a homicidios sino a otro tipo de fenómenos delincuenciales, como por ejemplo hurto a personas, a residencias, a establecimientos comerciales, que la muestra encuestada refiere haber sido víctima directamente, e indica el porcentaje estimado de delitos que se cometen en realidad, mientras que los indicadores hasta ahora mencionados recogerían aquellos que fueron denunciados; en este sentido, la diferencia entre estas tendencias arrojaría la denominada “cifra negra” o la proporción de eventos que no son denunciados. La tendencia para las ciudades es similar, sin embargo, Bogotá es la que presenta más mediciones en el tiempo, por lo que no se puede establecer una comparación por fuera del periodo 2008-2012. Bogotá, en el periodo 1998-2012 no muestra una tendencia creciente ni decreciente, se mantiene constante en el rango 25 % - 45 %, adquiriendo cualquier valor dentro de ese rango durante todo el periodo; Cali se encuentra estable por debajo del 20 %, al igual que Medellín, que presenta una tendencia estable en el periodo 2006-2012, con alrededor del 10 % de victimización (figura 7).
Capítulo 2. Marco teórico
Para sustentar la presente investigación se van a desarrollar, por un lado, los conceptos de seguridad ciudadana, en oposición a seguridad nacional y seguridad humana, como un esfuerzo por determinar hacia dónde se han planteado las intervenciones de política al respecto de la inseguridad en las ciudades. Por otro lado, se expondrá el concepto de Política Pública desde el enfoque cognitivo, metodología escogida para realizar la investigación, a partir de lo cual se puede observar su aporte al análisis de la política pública. Con esta serie de definiciones, se procederá, en el capítulo 3, a describir las formulaciones concretas en las ciudades escogidas para el periodo 1995-2011.
En primer lugar, se determinará el enfoque desde el cual se entenderá una política pública, por lo que se traerá a colación el enfoque cognitivo de Bruno Jobert y Pierre Muller. En segundo lugar, se describirán las características del concepto de política pública desde el enfoque cognitivo: referencial global, referencial sectorial, relación global sectorial, algoritmo, valor, norma e imagen. Por último, se definirá el concepto de seguridad ciudadana, haciendo un ejercicio de construcción de los referenciales globales que orientan la formulación de la seguridad ciudadana y señalando algunas características que la diferenciarían de otros conceptos que existen en este debate.
2.1. El enfoque cognitivo en el análisis de política pública
Peter deLeon (1997) refiere que el análisis de política pública, como se le conoce actualmente, tiene su origen en los análisis de política pública propuestos por Harold D. Laswell, quien sugería un acercamiento científico al análisis del gobierno, de sus acciones y de su impacto en la profundización de la democracia (1951). Su marco teórico se sustentaba en la presentación de lo que él refirió como el proceso de decisión, siete etapas que una política pública normal debería transitar en su vida política. Este concepto de proceso de decisión se ha caracterizado desde entonces por un número variable de etapas, en cuyo interior diferentes actores tienen propósitos y objetivos diferenciables, siendo un esquema de mucho valor para el análisis de las políticas públicas, y para muchos el paradigma central de la disciplina.
Sin embargo, al llegar al final del siglo XX, se ha puesto en tela de juicio la capacidad de este enfoque para hacer un análisis explicativo debido a que “tenía serias limitaciones como base para sustentar la invesigación y la enseñanza, […] negaba el papel de las ideas –en particular, de las ideas que comprendían los aspectos relativamente técnicos de los debates de políticas públicas– en la evolución de las políticas” (deLeon, 1997, p. 9). Autores como Sabatier y Weible (2007) indicaban que el modelo de las etapas, sobre todo, no proporcionaba una base clara para probar hipótesis empíricas, pues fallaba al ser un esquema legalista, impreciso y no causal, que no permite hacer un análisis investigativo adecuado.
Ahora bien, antes que eliminar completamente el esquema, pues se reconoce que “era como un dispositivo (una heurística) que ayudaría a desagregar una red de otro modo inconsútil de transacciones de las políticas públicas” (deLeon, 1997, p. 10), el enfoque resulta útil para entender que la política pública no es un derivado dependiente únicamente de los partidos en el poder o de la ideología de un grupo de gobernantes, élites o corporaciones, cuya voluntad se transfiere unívocamente en la política pública. Como una propuesta de análisis diferente al esquema por etapas, el enfoque cognitivo aparece en tanto herramienta teórica y metodológica para entender cómo y por qué funciona una política pública, así como para complementar las deficiencias propias del esquema por etapas.
En la primera parte de este capítulo se hará una breve descripción del enfoque cognitivo, un enfoque de análisis de política pública diferente, el cual parte de una concepción construccionista de la realidad y del conocimiento para definir los márgenes de la acción administrativa: cómo actores particulares construyen los problemas públicos, los agendan, los formulan, los implementan, etc., a partir de las formas en que estos actores interpretan, entienden y decodifican su realidad particular.
En la segunda parte del capítulo se presentarán en detalle las categorías de análisis por referenciales de Muller (2010), como propuesta teórica y metodológica del enfoque cognitivo para el análisis de política pública. El objetivo es explicar los factores que determinan la construcción final de una política pública, ya no como un agregado de etapas diferenciables, sino como una acción administrativa dentro de un marco de interpretación, enfocada a intervenir un sector.
2.1.1. Enfoque cognitivo
Sustentados en la idea de que la realidad adquiere significado en la acción social, en la interacción, dentro de un contexto particular, Bruno Jobert y Pierre Muller realizan una aproximación al análisis de las políticas públicas a partir de lo que denominan el enfoque cognitivo. Este enfoque trata de reconstruir la acción estatal y de darle un nuevo significado a partir de la noción de que la administración pública no es una ciencia que base sus afirmaciones en evidencia, sino que se trata de la construcción de significado entre actores en interacción:
La complejidad misma de la noción de “mantener la cohesión social” evoca una duda. ¿No presupone la existencia de un actor omnisciente que sería capaz de fijar a priori las normas de regulación de los conflictos y de las contradicciones que amenazan el orden social? Una ficción tal es evidentemente inaceptable. La comprensión de la acción pública no puede progresar si no se tiene en cuenta la incertidumbre fundamental que la caracteriza. (Jobert y Muller, 1987, p. 35)
Así las cosas, no existe una certeza al respecto de las fuentes de los problemas sociales ni sobre los efectos de las políticas públicas, pues no se refieren a fenómenos enteramente externos, sino que dependen de múltiples factores. Los autores refieren esta incertidumbre en tres fuentes distintas: la politización de los problemas sociales (o las varias interpretaciones que hacen los actores de sus problemas), la decisión (o hiperdecisión) y la puesta en marcha.
Al respecto de la primera fuente, se afirma que la interpretación de un problema determina fuertemente el sistema de actores que serán movilizados dentro de la lucha política, en la medida en que aumenta la diversidad de las formas de mediación del problema: definición de los intereses sociales pertinentes y construcción del sistema de actores involucrados, teniendo en cuenta que estas definiciones no son homogéneas, estáticas o lineales.
Sobre la segunda fuente, se sostiene que la acción pública se encuentra en el centro de la incertidumbre de la construcción social del significado por cuanto no hay parámetros claros que determinen a priori una solución. El principal problema es, entonces, decidir cuando no hay forma de decidir; esto es, más que de un proceso cognoscitivo sobre la realidad, se trata de tomar una decisión al respecto de un curso de acción que se sustenta en una construcción intersubjetiva, no en evidencia empírica categórica. “Estas decisiones son complejas porque deben escoger entre conjuntos de información heterogénea, que recaen en lógicas fundamentalmente diferentes” (Jobert y Muller, 1987, p. 41). En otras palabras, la decisión se va a tomar con base en un referente.
Por su parte, la administración pública no es una máquina que los gobernantes puedan emplear con absoluto control. Por el contrario, está formada por grupos humanos que tienden a valorar su propia situación a través de la acción pública. Estos grupos humanos, encargados de dar contenido al gobierno, generan una interpretación del problema a partir de su profesión o conocimiento personal específico, su lugar en la organización (así como su particularidad de ser parte de esta) y las reglas que restringen su comportamiento. Los aparatos administrativos participan también de la formación de intereses sociales: las incoherencias aparentes de la administración y de la acción pública no se refieren exclusivamente a problemas técnicos de organización, sino que son la expresión de la autonomía de los actores administrativos que pueden aumentar las incertidumbres de la acción pública (Jobert y Muller, 1987, p. 45).
Aun así, la construcción de las políticas públicas sería imposible en ausencia de procedimientos que permitieran al Estado adaptarse a un ambiente incierto, en vista de reducir las fuentes de las incertidumbres a las que se enfrenta. En este sentido, es importante traer a colación los procedimientos, reglas y marcos que reducen la autonomía de los actores y los restringen (restringen su decisión o la construcción de la solución) a un determinado campo de acción. Las políticas públicas operan a través de códigos (modelos de referencia) que aseguran la continuidad de su acción a través de tres dimensiones: a) cognitiva: el código debe proveer los elementos de interpretación de las fuerzas que determinan la evolución probable del sector y de la sociedad; b) normativa: define los valores en los cuales deberá asegurar al respecto de esta evolución, y c) instrumental: define también un conjunto de principios de acción que orientan la acción pública (Jobert y Muller, 1987, p. 47).
Estos códigos propios de las políticas públicas serán llamados referenciales. Todo cambio mayor en la acción administrativa debe estar acompañado de un cambio concomitante en el referencial sectorial o global, debido a que es a través de estos que se define un equilibrio necesario entre regulación y legitimación, o entre lo que es y lo que debe ser.
2.1.2. Política pública en el enfoque cognitivo de Pierre Muller
Bajo el supuesto de que la realidad es más una construcción que una observación, la concepción de política pública que se trabajará en este documento parte de la necesaria construcción del problema a partir de marcos de interpretación subjetiva por parte de actores (grupos políticos).
Desde el análisis cognitivo, una política pública es
un intento por actuar sobre un campo de la sociedad, a veces para retrasar su evolución y, lo más frecuentemente, para transformarla o adaptarla. […] Esta acción sobre la sociedad pasa por la definición de objetivos que van a su turno a ser definidos a partir de una representación del problema, de sus consecuencias y de las soluciones posibles para resolverlo. […] Las políticas públicas son mucho más que unos procesos de decisión en los cuales participan unos actores. Constituyen el lugar donde una sociedad dada construye su relación con el mundo. Por consiguiente, las políticas públicas deben analizarse como unos procesos a través de los cuales van a elaborarse las representaciones que una sociedad se da para entender y actuar sobre lo real, tal como ella lo percibe. (Muller, 2010, pp. 112-113)
Así, más que un proceso de decisión eficiente, es un proceso de construcción de una representación de la sociedad.
La acción pública se organiza alrededor de marcos que constituyen el universo cognitivo de los actores y son relativamente estables en el tiempo, explicados como: paradigmas y cambios de paradigmas; coaliciones de apoyo que comparten y se comportan de manera ajustada a una serie de creencias (deep core o valoraciones profundas sobre la sociedad, policy core o valoraciones profundas con respecto a la política pública y sector particulares, y unas valoraciones secundarias acerca de aspectos técnicos o procedimentales dentro del sector) (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993; Sabatier & Weible, 2007); discursos (policy discourse) que incluyen y comunican ideas, valores y normas de política pública; narrativas (policy narratives) en el sentido de relatos que construyen historias causales de donde las restricciones e intereses en juego toman sentido y significado. (Muller, 2010, pp. 112-115)
Puede decirse que hay dos percepciones generalizadas sobre el sector de la seguridad ciudadana: por un lado, que el delito aumenta o que no ha disminuido y, por otro, que el sector debe ser intervenido por autoridades locales en vez de nacionales y mediante estrategias de cercanía y proximidad que reemplacen las estrategias militares. Así, la descripción que se ha realizado de manera deductiva implica una construcción social de objetivos (disminuir la criminalidad, delincuencia e inseguridad), una representación del problema (la violencia multidimensional, la delincuencia más allá de lo penal, por ejemplo) y una apuesta por posibles soluciones (policía comunitaria, integralidad, conciliación, por ejemplo).
En este sentido, se trata de la construcción de marcos de interpretación de la realidad, dentro de los cuales se elaboran las políticas públicas; en efecto, no se trata solo de describir la posición de la sociedad, del sector de la seguridad o del problema (conocido comúnmente como las amenazas a la seguridad ciudadana), sino que incluye también una construcción referencial o social de la posición del problema, la cual existe en conjuntos relativamente coherentes entre sí, si bien no ausentes de conflicto, sobre los que se determina la acción o respuesta administrativa de la que se ha hablado8.
Así las cosas, en la construcción de los referenciales se puede encontrar el conflicto entre grupos políticos competitivos:
Elaborar una política pública consiste en construir una representación, una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. Es en referencia a esta imagen cognitiva que los actores van a organizar su percepción del problema, confrontar sus soluciones y definir sus propuestas de acción: este conjunto de imágenes es el referencial de la política pública. […] El referencial corresponde esencialmente a una visión que se tiene del puesto y del papel del sector considerado en la sociedad, [...] en una época dada. […] En cada caso, el referencial de una política pública está constituido por un conjunto de normas prescriptivas que dan su sentido a un programa político, al definir criterios de selección y modos de designación de los objetivos, […] su función será entender lo real, limitando su complejidad y [permitiendo] actuar sobre lo real: la elaboración del referencial de una política pública corresponde a un doble mecanismo: una operación de decodificación de lo real para disminuir el carácter opaco del mundo y una operación de recodificación de lo real para definir un programa de acción política. (Muller, 2010, pp. 115-118)
Según Muller (2010), los siguientes son los elementos que articulan el referencial: a) Valores: representaciones más fundamentales sobre lo que es el bien y lo que es mal. b) Normas: unos principios de acción más que unos valores y establecen las diferencias entre lo real percibido y lo real deseado. c) Algoritmos: relaciones causales que expresan una teoría de la acción con la estructura formal si-entonces; d) Imágenes: vectores implícitos de valores, normas y algoritmos. Son atajos cognitivos que le dan significación inmediata a lo que se hace (Muller, 2010, pp. 117-118) (subrayado mío).
En su interior, el referencial puede descomponerse en tres niveles: el referencial global, el referencial sectorial y la relación global sectorial, entendida como operadores de transacción. “El referencial global es una representación general alrededor de la cual van a ordenarse y jerarquizarse las diferentes representaciones sectoriales […]: delimita el campo intelectual en el seno del cual van a organizarse los conflictos sociales; [asimismo] en una época dada, algunas normas van a prevalecer sobre otras” (Muller, 2010, pp. 118-119).
El referencial sectorial es una representación del sector, de la disciplina o de la profesión. […] En el seno de una sociedad siempre coexisten varias concepciones de la naturaleza y la extensión de los límites sectoriales, siendo una de estas generalmente la dominante, a menudo porque es ella la que está en conformidad con la jerarquía global de las normas existentes en el referencial global. Entonces, esta representación es la que se impone como imagen de referencia para la política pública correspondiente, en la medida en que ella genera elementos de articulación entre lo global y lo sectorial. (Muller, 2010, p. 122)
Estos marcos de interpretación varían, y para efectos de este trabajo se ajustan a partir de los tipos de régimen ideales opuestos autoritario (Linz, 1971) y pluralista (Dahl, 1956), así como por la transición que puede darse entre ambos: autoritarismo, en donde un grupo se impone sobre otros por medio de la aplicación de uno o varios tipos de poder (social, económico, político o militar), con la consecuencia inmediata de la monopolización del proceso de decisión pública y la determinación de todos los ámbitos de respuesta por parte de un solo actor político. Por el contrario, el pluralismo asume una relación distributiva del poder, en la que no se encuentra imposición sino cooperación, con la consecuencia de permitir la negociación, el debate y la participación en el proceso de decisión pública y la posibilidad de que entren diversas estrategias referentes a los ámbitos de respuesta9. Es importante tener claro que la distinción entre autoritarismo y pluralismo que se va a privilegiar en el desarrollo de este documento se centra en la posibilidad o imposibilidad de participación que tienen actores múltiples en la toma de decisiones, lo que incluye la administración, gestión e intervención de un sector o de una demanda social, así como en la formulación de una política pública.
En lo que refiere al sector de la seguridad ciudadana, el objetivo del autoritarismo es proteger (el orden público, la ley, la ciudadanía), mientras que el objetivo del pluralismo es empoderar, a través del ejercicio de descentralización del proceso de decisión.
En este sentido, se afirma que existe una serie de estrategias encaminadas a aumentar la intensidad de la fuerza, cosa que corresponde a una forma de concebir la realidad de manera autoritaria, mientras que existen otras estrategias orientadas a disminuir la intensidad de la fuerza, en coherencia con una forma de concebir la realidad de manera plural. Las estrategias relativas a la aplicación de la fuerza legítima del Estado no necesariamente excluyen estrategias relativas a otras categorías (pedagógicas, lúdicas, académicas, de rehabilitación, de restitución), sino que estas no son privilegiadas dentro del discurso de los grupos políticos que las enuncian, dentro de la financiación que reciben y al momento de su implementación. Adicionalmente, es posible concebir el cambio entre referenciales, es decir, la transición entre una manera de concebir la sociedad a otra, lo que implicaría cambios en la forma como se interviene una situación problemática de un sector. Sobre este marco se va a elaborar la categoría binaria “valor”, por medio de la cual se realizará una parte de la comparación de las formulaciones de política pública.
Al respecto de las estrategias de intervención, es fundamental adicionar la relación global sectorial (RSG), o los operadores de transacción, que “corresponden a los algoritmos definidos anteriormente y corresponden al acto fundador de una política pública” (Muller, 2010, p. 123), como elementos centrales de análisis.
Se puede elaborar, entonces, el concepto de política pública a partir de los algoritmos, puesto que se refieren a acciones directas sobre tensiones sociales que implican intervenciones por medio de política pública en el siguiente sentido:
Los problemas que son el objeto de las políticas públicas resultan de un desajuste entre los diferentes subsistemas o sectores que constituyen la sociedad. Estas tensiones resultan de la creciente fragmentación entre diferentes subsistemas sociales cuyo ajuste siempre es problemático porque cada uno de estos subsistemas tiende a constituirse en un universo de significación y de acción autónomo, dominado por unos actores quienes defienden unos intereses particulares, ligados a una representación específica de su lugar en la sociedad. […] La percepción de los problemas que resultan de estos desajustes se hace esencialmente a través de una visión global del lugar y del papel de estos diferentes subsistemas o sectores en la sociedad. Es la adecuación, más o menos grande, de las lógicas sectoriales a este marco cognitivo y normativo global la que va a expresar la magnitud de los desajustes sectoriales. […] El objetivo de las políticas públicas es actuar sobre estas tensiones, intentando adaptar las características de los subsistemas concernidos para que correspondan a lo que aquellas “deben” ser desde el punto de vista de la visión global. En esta perspectiva, lo que se ha llamado “la relación global sectorial (RSG)” constituye la herramienta esencial para analizar el cambio y el papel de la acción pública en la regulación del cambio social. (Muller, 2010, p. 132) (cursivas mías)
Así, una política pública puede definirse como la forma de intervención más adecuada para un actor público, según sus preferencias, prioridades y estrategias que, ajustadas a una serie de limitaciones institucionales, articula y armoniza situaciones originadas en, o propias de, ciertos sectores más o menos diferenciables (seguridad, en este caso), con respecto a una visión general construida social e históricamente de lo que la sociedad debería ser. A continuación, se emplean los conceptos desarrollados para reconstruir el sector de la seguridad ciudadana.
2.2. Definición de la seguridad ciudadana
Las categorías centrales del enfoque cognitivo de Muller son referencial global, referencial sectorial y relación global sectorial. A continuación, de manera esquemática, se hará una presentación de los referenciales globales que orientan la construcción de las políticas públicas de seguridad ciudadana en el periodo elegido para las ciudades descritas. Posteriormente, se plantearán las características que determinan los alcances de este trabajo en términos de lo que se considerará como seguridad ciudadana.
2.2.1. Referenciales globales de seguridad ciudadana
La concepción de seguridad tradicional que primaba en el mundo en el periodo de la segunda posguerra atendía de manera privilegiada los intereses del Estado o el Gobierno, en el contexto de un conflicto ideológico entre modelos de sistemas productivos competitivos (capitalismo-socialismo), de la lucha contra una amenaza transnacional (terrorismo o narcotráfico, por ejemplo) o de la desestabilización del Estado provocada por actores insurgentes provenientes de su interior (Buitrago, 2003). Ello colocaba los intereses de los ciudadanos en un segundo plano, mientras se contemplaban estrategias centradas en respuestas autoritarias, militares y represivas, que en algunos casos daban pie al desconocimiento de los derechos humanos fundamentales de la población (Rico y Chinchilla, 2002).
Esta concepción tradicional no necesariamente ha sido dejada de lado, en tanto que intereses económicos estratégicos persisten (recursos naturales, fronteras), amenazas abstractas siguen siendo vigentes (terrorismo reemplaza al comunismo en su rol de situación general desestabilizadora) y actores fuertemente armados siguen existiendo como una amenaza al monopolio de la fuerza violenta del Estado (y su configuración de poder social, si se ve el caso de actores armados en zonas rurales de Colombia).
El concepto tradicional de seguridad es el que lo asociaba con la represión del delito y el mantenimiento del orden, se trataba, pues, de un concepto de seguridad situada en el entorno del control de la criminalidad y eminentemente reactiva. (Jubert, 2016, p. 6)
El Referencial Global de Seguridad Nacional parte, entonces, de dos concepciones particulares: la garantía de la paz asociada a la conservación del orden público y la obediencia asociada a la protección de la ley como acuerdo básico de comportamiento.

Figura 8. Componentes de la seguridad nacional.
Fuente: elaboración propia.
Dicha concepción ponía en el centro de la problemática de la seguridad responder ante una serie de agentes desestabilizadores, es decir, actores, desde delincuencia común hasta fuerzas insurgentes, que alteran el orden público, descrito como un estado general de convivencia y paz (ausencia de violencia). En este sentido, la respuesta administrativa debe centrarse en prevenir, responder y reparar el accionar desestabilizador, para lo cual dispone de un cuerpo policial que lo enfrenta, un sistema judicial que establece una pena correspondiente y un sistema carcelario que realiza la labor de aislamiento/rehabilitación. En otras palabras, se trata de la seguridad como el mantenimiento del orden, la autoridad, la norma, en un sistema que equiparaba la delincuencia con la desobediencia a la ley (y tenía a los ciudadanos obedientes de la ley como el principio de la seguridad).
De manera general, este enfoque implica que la Policía debe hacer respetar la ley y mantener el orden público sin detenerse a pensar en las fuentes de la delincuencia, la violencia o la intolerancia, sino concentrándose en dar respuesta inmediata a cualquier desorden. El gobierno y demás instancias gubernamentales deben hacer su parte para proteger este orden público como máxima de la sociedad civilizada occidental.
Dentro de esta concepción, la seguridad nacional y la seguridad del Estado, que de todas formas se encuentran dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional de la Escuela de las Américas y son implementadas por el comando sur del Ejército de los Estados Unidos, tienen como base la protección del derecho fundamental a la propiedad. Por ejemplo, si grupos insurgentes rebeldes propendían por la disolución de la propiedad privada, era deber del Estado proteger el derecho de la ciudadanía y, por supuesto, la conservación del orden público como statu quo. En este sentido, la amenaza yace en la capacidad desestabilizadora del comunismo o de otras ideologías que contravinieran la autoridad tradicional, por ejemplo, el nazismo, el populismo, el socialismo, entre otros.
Por su parte, la seguridad del Estado hace referencia más a la conservación de la Nación como unidad territorial, por lo que la amenaza yace en la capacidad desestabilizadora de la guerra, en tanto confrontación militar entre dos ejércitos por el control territorial, político y económico de otras sociedades.
Como concepto opuesto, la Oficina Coordinadora de Asuntos Humanitarios de la ONU propone la seguridad humana en la Resolución 60 de 2005:
El derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. […] todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2005)
Nacido del informe sobre el desarrollo realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1994, este concepto se sustenta en el desarrollo humano como indicador integral de la calidad de vida de las personas, el bienestar de una sociedad y el progreso de una nación. Por ello, la seguridad humana
se trataba de un nuevo paradigma, que implicaba transitar desde la seguridad tradicional (centrada en el Estado) a la seguridad en la vida cotidiana, a la protección prioritaria de las personas frente a la amenaza de la enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito, el conflicto social, la represión política y los riesgos del medio ambiente. (IIDH, 2012, p. 12)
Allí se puede resaltar que se trata de la protección a las personas frente a amenazas crónicas y a alteraciones súbitas de la vida cotidiana. Este enfoque subraya la necesidad de proteger la vida humana, las libertades fundamentales y su capacidad de realización, construyendo un contexto social propicio que lo permita.
Las anteriores definiciones ponen el énfasis en el respeto por la vida y la dignidad, que incluye la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política, con el objetivo de promover el desarrollo de todas las capacidades sociales y económicas de las personas, en particular en aquellos sectores de la población caracterizados por su vulnerabilidad socioeconómica.

Figura 9. Componentes de la seguridad humana.
Fuente: elaboración propia.
Finalmente, el enfoque de la seguridad ciudadana que se va a emplear en este trabajo se encuentra en un intermedio entre estas últimas dos concepciones de seguridad (Bello, 2013): entre la supresión de las amenazas que perjudican, inquietan y preocupan a los ciudadanos y la construcción de un nuevo modelo de desarrollo humano en donde las capacidades de las personas puedan desplegarse sin que sus derechos sean violentados. Los roles de los actores que intervienen en el sector de la seguridad cambian: la ciudadanía es convocada a participar, la Policía, las cortes y las cárceles tienden a ser reformadas y la administración, local y nacional, se empieza a centrar más en los ciudadanos que en las amenazas tradicionales que se han mencionado.
En este sentido, por ejemplo, el Libro blanco de la seguridad de Bogotá señala que:
la seguridad ciudadana es el bien público que sustenta la protección de la integridad física y moral de las personas. […] [Es] prerrequisito de la justicia, la dignidad, el bienestar, la calidad de vida, la solidaridad, los derechos, las libertades y el desarrollo de las actividades sociales, económicas y políticas. (Velásquez, 2008, p. 21)
El Referencial Global de la Seguridad Ciudadana se sostiene en tres concepciones particulares que pueden ser intermedias a los referenciales globales de seguridad nacional y seguridad humana: protección de derechos y libertades fundamentales, como base fundamental del Estado de derecho, el empoderamiento ciudadano o la corresponsabilidad en la garantía de la seguridad, y la lucha contra amenazas y alteraciones. No se plantea la construcción de un enemigo interno o externo, pero tampoco se desestima completamente la presencia de organizaciones dispuestas a usar la violencia como forma de poder.

Figura 10. Elementos de la seguridad ciudadana.
Fuente: elaboración propia.
En su acepción más común, la seguridad ciudadana es entendida como “el estado de cosas en donde el individuo, sujeto activo, con derechos y obligaciones, se encuentra libre de peligros y riesgos” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). La nueva acepción de seguridad ciudadana tiene como propósito un cambio en las formas de responder ante amenazas que han sido dejadas en un segundo plano y que persisten como perjuicios para individuos y comunidades (Rivas, 2005).
La seguridad ciudadana se va a entender como la seguridad orientada a empoderar a la ciudadanía en el enfrentamiento ante las diversas amenazas que impiden u obstaculizan su desarrollo humano. Se trata de empoderar en el sentido de otorgar la atribución, la capacidad de decisión y de incidencia a la ciudadanía, así como de establecer escenarios de participación que permitan poner a la ciudadanía en el centro de la discusión y en la agenda pública como actor fundamental en la formulación de la política pública.
En este sentido, tanto el lugar de la amenaza como el rol de los actores es diferente: la amenaza ya no es quien atente contra el orden público, sino quien atente directa o indirectamente contra los derechos y libertades fundamentales de las personas; asimismo, quien detenta la iniciativa no es el Gobierno sino los ciudadanos (caso en el que la perspectiva varía diametralmente con respecto a la concepción de seguridad humana, en tanto esta es todavía un modelo de seguridad para el Estado), como actores que construyen un entorno propicio para el desarrollo de sus proyectos de vida, siendo proactivos y partícipes de los espacios de la política pública.
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