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El plan nacional decanta en un plan regional con cuatro pilares. El primero es la diversificación de mercados: no puedes depender de uno solo. El segundo, la diversificación de tu oferta: no puedes producir espárragos por 100 años, sino que debes cambiar y agregar más huevos a la canasta. El tercero, la facilitación del comercio: hazlo todo a través de tu teléfono celular. Tienes que digitalizar tus procesos: cuando tienes todos tus procesos digitalizados, el Senasa no te puede pedir papeles adicionales ni la Sunat cobrar impuestos por servicios que no te ha brindado. Por último, el cuarto, la cultura exportadora: todos desde el colegio debemos enfocarnos en una mentalidad exportadora. Yo compito en el mercado y no puedo robarle a nadie en la cadena.

Toda esa mística orientada a posicionar al Perú en los mejores mercados es lo que se trabaja. Ese es el mensaje que se transmite de gestión en gestión.

Detrás del trabajo de cada sector, en las últimas décadas, ha existido un orden macroeconómico, fiscal y monetario, y actores relevantes como el MEF y el BCRP que lo hicieron posible. Si pudiéramos resumirlas, ¿cuáles fueron las grandes políticas que permitieron nuestro crecimiento económico?

En primer lugar, la autonomía del BCRP. Cuando empezamos las reformas estructurales en los años 90, éramos un país quebrado que ya no disponía de más crédito en los mercados internacionales y que había logrado récords internacionales de inflación comparables con los de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, el BCRP ha sido el guardián de la sostenibilidad macroeconómica.

El BCRP cuenta con un directorio que cambia en cada periodo presidencial y su objetivo es velar por la estabilidad de precios del país. Entre sus funciones, también se encuentran regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas, e informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. Su ley orgánica, además, le prohíbe financiar al erario nacional, independientemente de quien sea el presidente, y se compromete con la transparencia y la verdad en las cifras que maneja.

En segundo lugar, la reforma fiscal, que estableció la regla fiscal por la que solo podemos endeudarnos hasta cierto nivel. En tercer lugar, otra gran reforma, la tributaria: iniciamos la década de 1990 con muchas exoneraciones e impuestos que no recaudaban nada. Se ordenó, entonces, la caja fiscal y se redujo el nivel de las exoneraciones.

En cuarto lugar, la apertura del mercado. A nivel de comercio, decidimos mirar al mundo como nuestra posibilidad de interrelación en términos de mercado y aprovisionamiento de tecnologías, maquinarias, equipos y materiales. Esa fue nuestra apertura al mundo y, actualmente, contamos con 20 tratados de libre comercio que nos permiten llegar a todos los mercados del mundo. Fue muy importante reconocer que era necesario mirar al consumidor desde conceptos como calidad, productividad y competitividad, que se incorporaron en nuestra agenda interna.

También es importante destacar la ley de beneficios tributarios para el agro: el milagro de las agroexportaciones peruanas no sucedió porque tenemos un clima maravilloso o un gremio empresarial fuerte. El ingrediente fundamental del crecimiento sostenido fue esta ley, que ahora hemos perdido.

¿Qué pasó con la reforma laboral? El empresariado siempre se queja de los costos laborales —que son de 1,45 del salario bruto mensual— y Hugo Ñopo señala en este libro que, si los comparamos con la región, no son tan altos como creemos. ¿Cuánto crees que haya incidido la falta de esta reforma en los niveles de informalidad que mantenemos? Siete de cada diez trabajadores eran informales antes de la pandemia, y ya no generamos el empleo suficiente para absorber a los técnicos y universitarios que salen a la calle cada año.

Cuando era viceministra de Mype en Produce, mi preocupación era cómo conseguir que las empresas que son mype no mueran siéndolo, sino que logren un incentivo de crecimiento. Tú a una mype no le puedes decir: “Paga 1,45 veces un salario mínimo de 930 soles (que es su costo empresa aproximado de un salario en planilla)”. Recuerdo que Pablo Checa, el viceministro de Trabajo en ese entonces, me decía que el salario mínimo es un derecho ganado por los trabajadores y se remontaba a las luchas sindicales. Yo le decía: “Nuestra lucha no es así. Usted debe pensar que, si una mype ha sentido el coraje para decidir ser formal y producir panetones, compite con el informal de la avenida Grau. Ese señor informal no hace que su trabajador labore ocho horas, sino probablemente 18 horas y quién sabe a qué salario. Si ese trabajador se enferma, no tiene seguro en EsSalud”. Por ello, debemos seguir dialogando entre todos los actores para que entendamos que el problema del Perú es la baja productividad.

La competencia de las condiciones laborales de las mypes es con el sector informal. Si bien existe una Ley Mype, sus beneficios no son suficientes, especialmente en la pandemia. Por ejemplo, una solución para aumentar el empleo formal ante tanta incertidumbre es extender los plazos de los contratos temporales hasta que se restablezca la normalidad. Esta rebaja de las exigencias debería ser totalmente convincente para que más personas pasen al sector formal. Pero necesitas un trabajo integral en el que, si recibes más ingresos fiscales, serás capaz como Estado de mostrarle mejores y mayores resultados a la población que decidió formalizarse. Cuando estaba en Produce, nosotros manejábamos una unidad llamada Mi Empresa, con programas orientados a mejorar la eficiencia del productor. Debo poder ir, tocar la puerta y decir: “Señor, formalícese y aquí tiene el caramelo”. Yo no soy de estar con el palo o la zanahoria. Soy de las que prefiere tener la zanahoria y entre ambas partes comérnosla para que veamos que es un beneficio para las dos.

Frente al crecimiento, sin embargo, cuatro de cada diez niños menores de tres años tienen anemia en el Perú, y nuestro país no cuenta con servicios básicos como salud y educación de calidad. Alguien lógicamente te puede decir: “Hay un problema con el sistema”. ¿Qué debemos reflexionar o entender para mejorar ese sistema? Porque tiene sus fallas y, si no mejora, tarde o temprano caerá.

De hecho, lo hemos visto en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. Y, probablemente, lo veamos aquí en el Perú. Yo sí creo que hay una gran responsabilidad compartida del Ejecutivo, del Congreso y de los empresarios. No podemos seguir peleando cuando tenemos un país que literalmente se está desangrando. Cualquier peruano puede decir que el modelo económico ha fallado, y yo creo que no. El modelo económico no ha fallado, sino quienes lo han gestionado y, por ello, debemos pensar en cómo ajustar su gestión.

El modelo económico indica que, conforme generes inversión privada, las oportunidades de empleo aumentarán. El trabajo te brindará ingresos y eso te permitirá consumir. Este consumo alimentará el mercado y, por lo tanto, la rueda girará en un sentido que amplíe los beneficios de todos. En este modelo económico, el Estado recibe más recursos, y los administra y distribuye eficazmente. Además, lo que ocurrió al inicio de la pandemia es que la velocidad a la que giraba esa rueda era cada vez más lenta, ya que en el camino tenía mucha pérdida de eficiencia. Esta pérdida ha sido provocada, en primer lugar, por la corrupción; en segundo lugar, por la falta de cuadros altamente competentes para lograr los objetivos; y, en tercer lugar, por la falta de infraestructura. No es que tengamos que cambiar todo el sistema: debemos revisar todas estas ineficiencias.

Otro factor es la poca confianza que siente un inversionista para invertir en el Perú, donde no solo hay una falta de claridad en las reglas de juego, sino que, peor aún, empiezas con unas reglas y a medio proceso se añaden otras y al final, como es lógico, desistes de la inversión porque te quedas estancado. Hay un proyecto de irrigación en Arequipa que no avanzó por una pugna de poder entre el Gobierno regional y el ministerio, por eso la empresa privada decidió irse.

La falta de coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y las regiones nos ha causado mucho daño. Nos olvidamos de estandarizar. Por ejemplo, en construcción es una locura. Si tú eres un constructor en Magdalena del Mar, tienes diferentes reglas de juego que si lo eres en San Isidro, Ate o Tacna. Es muy importante considerar dos aspectos: la estandarización y el sentido común. Desde mi punto de vista, hay un problema de exceso de interpretación de la autonomía de los municipios. Cada uno quiere manejar su propio catastro, sus propias reglas, su número de pisos, etcétera. Esto es absurdo porque no puedes administrar territorios tan pequeños con reglas de juego tan disímiles.

En la prepandemia, cuando el crecimiento económico se desaceleraba, siempre teníamos esperanza en la inversión pública, pero siempre también los porcentajes de ejecución son bastante bajos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el meollo del asunto?

Primero, debes manejar una regla de ejecución que todos los ministerios cumplan. Segundo, que los recursos se usen para proyectos de vital importancia. Porque puedo tener una ejecución del 100% construyendo un monumento y gastando todo el dinero del Estado. Las obras en el Perú deben ir de abajo hacia arriba. Es decir, de la comunidad al municipio y del municipio al Gobierno regional, y en un trabajo conjunto con el Gobierno central.

Por ejemplo, si soy ministra de Comercio Exterior y Turismo, mi objetivo es atraer más turistas al Perú para que el sector crezca y obtenga más recursos que regresen a las poblaciones a través de mejores servicios. Así, mejoran los hoteles y las ciudades y, con ello, el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando estaba en la cartera, me proponían proyectos como rehacer la Plaza de Armas de Trujillo y yo decía: “Eso no trae más turistas”. Debemos aumentar la oferta de recursos turísticos poniendo en valor recursos a los que hoy no se tiene acceso. Eso hicimos en Amazonas con Kuélap. Las reglas deben ser bien claras y debemos revisar permanentemente las razones por las cuales se aprueban los proyectos de inversión pública en el Perú. Para mí, esa es la clave del asunto.

Tenemos el caso que mencionas, Majes: idas y venidas, y ya se fue la empresa. Perdimos una oportunidad de oro porque nuestra frontera agrícola está llegando casi a su límite. Alcanzamos el límite y hemos ampliado por productividad, pero necesitamos más extensión de tierras y no lo hemos conseguido. Lamentablemente, con muchísimos millones de dólares en pérdidas para el país, seguimos con la obra inconclusa de Odebrecht en Trujillo, La Libertad. Contamos con una Contraloría exigente, como debe ser, pero también revisa criterios técnicos y no solo procesales de las instituciones públicas. Por ello, los funcionarios sienten miedo de terminar con juicios inacabables: tu honra, tu nombre, queda por los suelos.

Es importante tener en claro que se debe elegir siempre el camino correcto: es la mejor manera de servir al ciudadano. Y, si el camino correcto involucra vencer el miedo de terminar con un proceso en la Fiscalía, vale la pena lograrlo.

En un horizonte de diez años, ¿qué cambios debemos realizar en nuestro modelo para generar un mayor bienestar?

Tenemos que trazar el país que todos queremos. Veo al Perú de 2030 como un país en el que los jóvenes, y la mayoría de sus pobladores, pueden acceder a un trabajo digno. Para eso, habrán pasado por un sistema educativo y de salud que los haya acompañado. También deberíamos haber vencido la anemia porque, si esta no se cura en los primeros años, el cerebro no se desarrolla de forma apropiada. Si en 2030 tenemos trabajadores adecuadamente empleados, tendríamos que haber resuelto estos tres problemas: la mala educación, salud y alimentación, que es responsabilidad tanto del Gobierno como de la sociedad. Porque lo que le sobra a uno puede ser perfectamente lo que alimente a niños o ancianos.

Veo a un país con empresas solidarias que usan la tecnología, el big data y la inteligencia artificial; que aprendieron a ser conscientes con el medio ambiente; que reutilizan sus materiales y se responsabilizan de sus residuos sólidos; que lograron sistemas innovadores con el éxito que alcanzaron; y que fueron capaces de alimentar al Perú. Veo también un sistema de Gobierno casi como el de los países nórdicos, donde ni siquiera se discuta si debemos tributar o no, sino cuál será nuestra próxima inversión como sociedad para seguir creciendo en educación, salud y alimentación.

Informalidad, entrevista a Carlos Ganoza

“Debemos mejorar las capacidades del Estado y reducir la informalidad para asegurar una macroeconomía estable”

Reto bicentenario. Establecer un régimen tributario general progresivo y un salario mínimo diferenciado por tamaño de empresa que alienten el crecimiento de las empresas y la formalidad, y amplíen el acceso de los trabajadores a la protección social. Desarrollar un Estado competente y fuerte que haga sostenible estas reformas y el desarrollo del país.

Responde Carlos Ganoza, investigador sobre la informalidad y exjefe del gabinete de asesores del MEF. Economista por la Universidad de Lancaster y MBA por la Universidad de Chicago, con estudios de Economía del Comportamiento en la Universidad de Harvard. CEO y cofundador de Quantum Talent.

En tu libro titulado Coronashock (Debate, 2019), explicas las condiciones preexistentes a la pandemia en la economía peruana. Te enfocas en dos, pero la más importante es la informalidad, que recrudece el impacto de la pandemia.

Considero que lo más importante es la composición del aparato productivo, con una población económicamente activa (PEA), pero altamente informal. Más del 70% de la PEA es informal, y se concentra en empresas muy pequeñas o en empleos independientes. Son empresas muy vulnerables de acuerdo con las medidas adoptadas para controlar la pandemia. Eso no solo se relaciona con las restricciones a su capacidad para atender clientes y abrir sus negocios, sino también con el golpe en el consumo de los ingresos de los hogares.

Todo ello amplifica el impacto de la pandemia sobre sus negocios. Además, estas empresas tienen márgenes muy bajos, y poca capacidad de endeudamiento y acceso al crédito. La mayoría no podía resistir un golpe pequeño y les ha caído un mazo gigante. Esta composición del aparato productivo peruano hace que la economía sea muy poco resiliente y dificulta muchísimo el crecimiento de la productividad peruana a mediano plazo.

¿Cómo definimos la capacidad de estas empresas para resistir? ¿Por su tamaño e informalidad? Porque nos referimos a empresas conformadas por cinco trabajadores o menos. Entonces, parece que pueden ser tumbadas de un soplido.

Exacto. Por ejemplo, la mayoría no tiene acceso al crédito y depende de lo que puede generar con su flujo de caja, que es irregular. Por sí mismas son sumamente vulnerables. Además, son empresas que generan muy pocos excedentes; por ende, tampoco guardan reservas de caja para enfrentar un golpe de este tipo. Incluso, presentan muy poca capacidad para adaptarse. A pesar de que tienen la oportunidad de utilizar tecnología para aumentar su alcance a clientes a través de delivery y aplicativos, les resulta imposible por sus tipos de negocio, y por su falta de capital humano y know how.

En Coronashock, este sector no transable al que te refieres es un elemento novedoso para tu estudio de la informalidad, en estricto de El Perú está calato (Planeta, 2016). Si nos centramos en la informalidad, aunque es difícil de separar, ¿es la falla estructural del país que se convirtió en el principal vector del impacto del COVID-19?

La informalidad y esta composición deficiente del aparato productivo, con una alta concentración en pequeñas empresas en sectores no transables, son dos caras de la misma moneda. Hay dos formas de entender la informalidad: como un refugio frente a la exclusión y como un escape de la regulación. La primera se refiere a las personas que no pueden encontrar un mejor empleo y se autoemplean informalmente. También puede ser que tengan un empleo dependiente en una microempresa, o que formen una microempresa con dos o tres personas.

La segunda es la informalidad de escape o evasión, que ocurre cuando una empresa o individuo evita cumplir reglas que le son muy caras. Esto es diferente a las personas que intentaron encontrar un empleo formal (hacer otra cosa con sus vidas), pero no les quedó otra alternativa que convertirse en ambulantes o independientes. Eso es informalidad por exclusión. Si bien las dos son altamente nocivas, esta última refleja un problema más estructural, fundamental y difícil de solucionar.

Cuando escribes sobre nuestra alta informalidad, destacas nuestra poca capacidad de recaudación y mala calidad de servicios públicos. Con la llegada del COVID-19, esto, en conjunto, es una trampa. ¿Cómo se configura esta trampa?

Los tres reflejan un círculo vicioso que nos ha atrapado en una narrativa perjudicial. En Coronashock, me refiero a esta trinidad imposible, en la que el país no puede mejorar la calidad del Estado, reducir la informalidad, mantener la estabilidad macroeconómica ni establecer unas finanzas públicas ordenadas. Esto sucede porque, si quieres invertir más en el Estado sin arriesgar la sostenibilidad de las finanzas públicas, debes aumentar la recaudación y la presión tributaria. A su vez, tienes que reducir la informalidad y, para ello, es necesario mejorar la capacidad del Estado. Es como una trinidad imposible de lograr.

La pandemia nos encuentra con esta narrativa, con un Estado muy débil y una economía altamente informal. Todo esto nos sitúa en un alto riesgo de insostenibilidad fiscal. Por ello, debemos quebrar esta trinidad imposible, mejorar las capacidades del Estado y reducir la informalidad para asegurar una macroeconomía estable.

Ese fortalecimiento del Estado suena opuesto a lo que la izquierda llama neoliberalismo, que no existe como corriente, pero sí como estereotipo. ¿Es contra lo que significa este estereotipo que hay que combatir?

La verdad es que todavía no sé bien qué es el neoliberalismo. No puedo referirme a eso. Lo que sí creo que es un error es pensar que un país se puede desarrollar con un Estado mínimo. El gasto público en el Perú como porcentaje es de los más bajos de la región. Por supuesto, esa no es una razón para simplemente incrementarlo, pues para que gastemos pésimo prefiero que ahorremos ese dinero y se lo dejemos a los ciudadanos. Sin embargo, existen razones para pensar en qué debemos hacer, qué no estamos haciendo y cómo podemos hacerlo bien. Es imposible convertirse en un país de ingreso alto sin un Estado competente y fuerte. No necesariamente uno gigante o intervencionista, pero sí que realice eficientemente ciertas cuestiones básicas. En el Perú, por ejemplo, el Estado no puede arreglar bien las calles, construir colegios que no se caigan a pedazos o implementar campañas de salud pública en una pandemia. Entonces, tenemos que desterrar ese discurso de que es necesario un Estado mínimo. Lo que necesitamos es uno competente y fuerte para desarrollarnos como país.

¿Crees que la crisis del COVID-19 nos permita pensarlo de ese modo?

Lamentablemente, no. Se pensaría que sí, pero creo que el discurso que terminará irrumpiendo es el populista, el cual señala que el sector privado no sirve y que ahora todo es responsabilidad del Estado. Me preocupa muchísimo que, en lugar de buscar cómo fortalecemos a este Estado peruano débil para que pueda mejorar su trabajo, tratemos de rebalancear la cancha al delegarle más funciones sin mejorar un ápice sus capacidades.

Sostienes que los empleos perdidos por la pandemia “no tienen cómo reabsorberse fácilmente” y que la informalidad es un refugio para los que quedan fuera. Frente a una recuperación económica —que seguro será lenta y difícil—, ¿por qué crees que será así?

Por dos razones. En primer lugar, porque la pandemia se quedará con nosotros durante mucho tiempo, a menos que nos vacunemos rápidamente, un escenario improbable. Entonces, eso significa que seguirán existiendo restricciones de operación para las empresas. Frente a esta incertidumbre, las empresas dudarán dos veces en contratar a más gente y adoptar nuevas tecnologías; pues, si hay una cuarentena y les paralizan las operaciones, no podrán vender.

En segundo lugar, porque la informalidad tiene un punto en común con el desempleo a largo plazo. La percepción del mercado, real o no, es que una persona desempleada que cambia de trabajo a taxista pierde capital humano valioso durante ese tiempo. Hay una reducción de su capacidad para emplearse de nuevo en el sector formal. Por ello, los efectos económicos de la pandemia pueden acompañarnos en un plazo cercano a los dos años y muchas de las personas que se han refugiado en el empleo independiente informal soportarán un periodo similar.

¿Dices “una percepción del mercado, real o no” porque dudas de que sea así? ¿Realmente el trabajador pierde sus capacidades en este estadio?

No he visto estudios que midan esta pérdida en el caso de la informalidad. Con respecto a la formalidad, sí. Al quedarme en casa dos años, evidentemente, pierdo capacidades: me olvido de las actividades que sabía hacer, pierdo los buenos hábitos de trabajo, y no estoy al tanto de los nuevos softwares y las nuevas técnicas que han aparecido. Las empresas toman decisiones de contratación con la información incompleta, pues no saben si la persona que están contratando realmente será eficiente en el trabajo o no. Entonces, para reducir ese riesgo, se guían de señales como dónde ha trabajado antes, cuál fue su último empleo. Si la respuesta es que trabajó durante dos años como taxista o preparaba sanguchitos desde su casa, la señal es muy pobre y la empresa podría decidir no contratarla.

En Coronashock, abogas por evitar la quiebra —te cito— “de empresas estructuralmente viables”, pero que han sido muy golpeadas por la pandemia. ¿Los esfuerzos por evitar esta quiebra son suficientes o adecuados? ¿Recomendarías alguna medida?

Creo que podríamos hacer mucho más. Se implementó la medida de subsidio a las planillas, pero fue insuficiente. Debió continuar por más tiempo y por un monto mayor, aunque esto es delicado, pues no puede sostenerse para siempre. También es muy importante asegurar que, cuando empiece a surgir más necesidad de reestructurar deudas, se puedan adoptar medidas que faciliten que el sector financiero lo logre. Esto implicaría un impacto en el balance de los bancos. Entonces, no comprendo cómo el Estado, a través de una combinación de políticas públicas con el BCRP, no puede tomar parte de esas pérdidas. Asimismo, estas políticas se deberán socializar si se materializa esto porque hay una ola masiva de quiebras de empresas que no reestructuraron sus deudas. Esta reestructuración implica plazos más largos o la reducción del valor de la deuda.

En el Perú de la prepandemia, el 70% de los trabajadores era informal. ¿Cómo nos dejará la pandemia? ¿O cuánto aumentará la informalidad?

Hay algunas proyecciones que señalan que puede aumentar hasta el 80%. Todavía es muy pronto para saberlo, pero me parece una proyección razonable.

En un escenario de recuperación económica optimista, con un próximo Gobierno conformado por personal técnico competente en los ministerios vinculados directamente a la economía, ¿en cuánto tiempo se recuperaría el nivel de formalidad previo?

Honestamente, no tengo ni idea. En la prepandemia, el Perú tenía un exceso de informalidad en comparación con los países con el mismo nivel de ingresos per cápita: el porcentaje de empleo informal era entre 10 y 15 puntos porcentuales mayor. Entonces, si nosotros teníamos el 70%, el promedio era de entre 55% y 60%. Podemos pensar que, mediante una reforma laboral, acompañada de políticas activas que capaciten a los jóvenes para que conecten con mejores empleos y el cambio de algunas de las reglas de juego que penalizan el empleo formal, podríamos llegar a ese 55%. Ahora, la pregunta es cómo bajar del 55% al 35%. Evidentemente, esto requiere una mezcla de reformas más profundas y un crecimiento económico más acelerado. Sin embargo, si en los siguientes cinco años hacemos lo que debemos hacer, que ni siquiera tiene que ser tan acelerado, lograremos un crecimiento razonable.

Entre las reformas laborales y tributarias necesarias para ello, ¿cuál sería la principal medida?

En lo tributario, el régimen único simplificado (RUS) y el régimen especial de renta (RER) son un gran subsidio a la informalidad y a la pequeñez de las empresas, ya que penalizan su crecimiento. Hay una aglomeración muy grande de empresas justo por debajo del umbral para que no dejen de formar parte del RUS y del RER. Las empresas prefieren no crecer; pues, evidentemente, los beneficios del régimen son mayores que los que les traería el crecimiento. Es una distorsión tremenda de la política pública.

Deseamos que las empresas crezcan, empleen más gente, generen más excedentes y capital, e inviertan más. Sin embargo, las incentivamos a no crecer.

Por otro lado, en términos agregados, el RUS y el RER han crecido a una tasa mayor que el régimen general, lo cual es muy preocupante. En todo caso, debemos cambiar estos regímenes tributarios por un régimen general progresivo que sea similar a la renta personal, donde las empresas más pequeñas paguen un porcentaje menor y, conforme crezcan, uno gradualmente mayor. Esa sería la mejor forma de evitar el subsidio a la informalidad y a la pequeñez generado por estos regímenes.

La otra parte es la laboral…

Sí, en ella hay tres elementos. El primero es el salario mínimo. Según las estadísticas, más del 50% de los empleados dependientes de las microempresas ganan menos del salario mínimo, lo cual significa que son informales. Entonces, una manera rápida de formalizarlos es tener un salario mínimo diferenciado por tamaño de empresa. Más allá de la ficción legal que implica ser formal, es importante brindar acceso a la protección social a los trabajadores. Creo que algo debemos hacer con el salario mínimo, sino seguiremos engañándonos.

¿Cuáles son los otros dos elementos?

El segundo es la reposición. El precedente de la reposición laboral sentado por el Tribunal Constitucional (TC) tiene dos consecuencias. La primera es que, en el Perú, no hay despidos: la gran mayoría de salidas es por mutuo disenso que es, básicamente, un despido camuflado. Es decir, les pagan a las personas para que renuncien, lo cual dificulta que accedan a un seguro de desempleo.

El tercero es que la gran mayoría de contratos es temporal. Esto genera menos incentivos de parte de la empresa para invertir en su capital humano y capacitarlo. También produce una mayor rotación provocando más entradas y salidas de la formalidad. Hay un estudio de Miguel Jaramillo que muestra que, a raíz de la reposición, el porcentaje de contratación temporal ha aumentado rápidamente y se ha convertido en la contratación predominante en el mercado laboral peruano.

En los siguientes diez años, ¿qué medidas incluirías en una hoja de ruta para reducir la informalidad a tal punto que la formalidad no sea un privilegio de pocos?

Debemos trabajar en tres dimensiones. La primera es disponer de un régimen tributario que incentive el crecimiento, la creación de valor y la eficiencia; y, sobre todo, premie a los peruanos emprendedores que realmente construyen negocios que generan valor para sus clientes, emplean a más personas, aumenten la inversión y dinamicen la economía. Tenemos que evitar un sistema tributario que artificialmente mantenga un océano de pequeñas empresas con baja productividad, y que emplean un montón de personas con trabajos precarios y sin protección social.

La segunda es implementar una reforma laboral que facilite el acceso a empleos formales con protección social y estabilidad en el sector moderno de la economía. De esta forma, las personas desarrollarán su capital humano, y las empresas invertirán y potenciarán a sus trabajadores. Lo importante es alejarnos del régimen actual, el cual excluye a la gran mayoría de personas de los empleos formales y la condena a unos más precarios.

La tercera es invertir en programas de entrenamiento y capacitación, con el fin de que las personas puedan optar por los tipos de empleo que se crearán en el Perú y transitemos a una economía del conocimiento, donde las habilidades que se demandarán de las personas serán diferentes.

Salud, entrevista a Janice Seinfeld

“Lo importante es poner al ciudadano en el centro y que reciba la atención que necesita para resolver sus problemas de salud”

Reto bicentenario. Crear redes integradas que no distingan entre los establecimientos del Minsa, EsSalud o privados, y que permitan el uso eficiente de los recursos, el talento y las inversiones en infraestructura del sector. Empezar a medir la atención del paciente por el nivel de servicio que recibe y digitalizar su historia clínica en un sistema interoperable.

Responde Janice Seinfeld, especialista en salud y directora ejecutiva de Videnza Consultores. Economista por la UP, y magíster y doctora en Economía por la Universidad de Harvard, con estudios de posdoctorado en el National Bureau of Economic Research (NBER).

¿Cuál es el panorama actual del estado de la salud en el Perú?

Creo que hemos avanzado. Te planteo algunos ejemplos: la mortalidad neonatal es de 10 por cada 100 000 nacidos vivos y el objetivo era 12. La mortalidad materna ha disminuido de 265 a 68 muertes por cada 100 000 nacidos vivos entre 1990 y 2015, cuando la meta de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) es 70. Pero nuestros avances son heterogéneos entre las zonas rurales y las urbanas; de la misma forma, la sierra y la selva presentan retrasos respecto a la costa. Y hay indicadores en los que se puede observar que ciertas enfermedades afectan más a las mujeres que a los hombres.