Kitabı oku: «¡La calle para siempre!»

CAPÍTULO I.

LA DESESPERANZA DE HABITAR EN LA CALLE: APROXIMACIONES CONCEPTUALES, EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y TESTIMONIOS LOCALES ¹

Óscar A. Alfonso R.

Rafael Andrés Barrera G.

Pedro Ignacio Bernal F.

Diana Carolina Camargo C.

Laura Camila Garzón B. B.

¿Prevenir o remediar? Todas las naciones se han enfrentado a esta disyuntiva estratégica en algún momento de su historia. En relación con sus problemas sociales más agobiantes, inseparables de la garantía del Estado a los derechos fundamentales de amplios segmentos poblacionales generalmente marginados de los beneficios del desarrollo, son reiterados los análisis de diferente naturaleza que inclinan la balanza en favor de la prevención y, sin embargo, predominan las políticas reactivas, más onerosas e ineficaces que las políticas activas. La primacía de las políticas reactivas indica que han existido y existirán gobernantes que ignoran deliberadamente las reglas constitucionales del Estado Social de Derecho, para recrearse ante el clamor de la manida “voluntad política”.

Ese sistema acarrea consecuencias sociales que, al alcanzar cierta envergadura, mutan a fenómenos que parecen insuperables. La incertidumbre sobre los derechos fundamentales de la población desplazada de manera forzada con el uso de la violencia y la persistencia y sistematicidad socioespacial del asesinato de los líderes sociales después del Acuerdo Final son, sin lugar a duda, los más conocidos por los colombianos. En un Estado Social de Derecho serio, esto se habría evitado. Hay otros fenómenos que, por diversas razones como la naturalización o la falta de interés mediático, no tienen el mismo interés societal, siendo el más protuberante el de la habitabilidad de miles de personas en las calles de las metrópolis colombianos.

Ese desinterés es paliado por la atención humanitaria reactiva de entidades públicas y de algunas organizaciones no gubernamentales que, por su mismo diseño, pretenden hacer más tolerante la vida en la calle a una reducida porción de este grupo social, antes que procurar una solución a la desesperanza que emana de enfrentar el miedo, el hambre y el frío.

Por su parte, la justicia tampoco contribuye eficazmente a enfrentar el problema social de la habitanza de la calle. El abandono de menores de edad y de personas desvalidas es un delito tipificado en el artículo 127 del Código Penal, declarado exequible en sentencias de la Corte Constitucional como la C-034/05. Sin embargo, existen más de 10.000 personas abandonadas en las calles de Bogotá y no se conoce de un número siquiera parecido de juicios por abandono.

En este capítulo se busca, mediante un análisis de bibliografía seleccionada, precisar que la elección de habitanza de la calle hace parte de las libertades formales de las personas, pero no de su libertad real, por cuanto es el entorno social el que moldea de manera decisiva su decisión. Seguidamente se exploran esos elementos del entorno social a partir de un balance crítico de una porción de la abundante literatura académica destinada al análisis del fenómeno de la habitanza de la calle para, en la parte final, analizar la dialéctica inmanente a las razones de los habitantes de la calle que los llevaron a tomar la decisión, no sin antes revisar lo que ocurre en otras metrópolis del continente. Esas evidencias estadísticas son la base para el desarrollo de la hipótesis fundamental de esta obra cual es que, desde una perspectiva psicológica del ciclo vital individual, los habitantes de la calle de cualquier sexo y grupo etáreo, ingresan de manera precoz a la etapa de la desesperanza con la que se inicia el ciclo mortal de las personas.

1.1 LA ELECCIÓN DE HABITANZA DE LA CALLE NO ES UN ACTO LIBRE

Guiarse por la idea de que los habitantes de la calle hicieron tal elección porque es ese el tipo de vida que quieren llevar conduce a la misma conclusión a la que se llega con la voluntad política: ¡no hay nada que hacer! Y, en tal caso, lo mejor es no intervenir. Esta ideología es insustancial, pues conviene de manera simplista en que eso es la libertad. Y claro que es libertad, pero en términos meramente formales; es decir, la libertad formal tiene como función opacar la libertad plena.

Las capacidades de las personas delinean la noción de sus libertades reales en la obra de Sen (2000), pues el acumulado de las primeras les confiere la ampliación de su haz de oportunidades. Desde esta perspectiva, los derechos políticos y humanos son determinantes de las libertades. De allí que el desarrollo implica eliminar las privaciones de libertad, entre las que están la pobreza, la desigualdad, la inasistencia sanitaria, la tiranía, las privaciones sociales, el abandono, los Estados represivos y demás; es decir, la falta de libertades está relacionada directamente con la falta de oportunidades y se priva la libertad cuando hay falta de servicios y atención social.

La diferenciación entre las nociones de desarrollo y subdesarrollo no es universal ni automática, en razón a que las instituciones tienden a edificarse en buena medida sobre los valores y costumbres sociales, entre las que existe una relación simbiótica con la libertad. Sin embargo, las investigaciones empíricas que han adoptado una perspectiva instrumental han enfatizado en que las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora, son los determinantes del desarrollo y, por tanto, son los ejes normativos de las políticas públicas.

La falta de libertad surge a raíz de procesos inadecuados o por insuficiencia de oportunidades para conseguir lo que mínimamente les gustaría a las personas conseguir. Un ingreso insuficiente está asociado a fenómenos como la mortalidad prematura, la desnutrición y el analfabetismo y, por esta razón, los sistemas de seguridad social son imprescindibles para la política pública. Por ejemplo, el sistema de seguridad social europeo respecto al desempleo tiende a compensar el bajo nivel de renta o su ausencia temporal, y se realiza aun si ello conlleva la confianza personal entre los subempleados y desempleados.

Pero la mera voluntad de acción individual no es suficiente para explicar el desarrollo. Jiménez (2016, p. 3) discute la dimensión social de la libertad, asimilándola a la libertad de procesos, noción que no hace parte de la aproximación desde la perspectiva de Sen de las capacidades individuales, ya que guarda más relación con la idea de las capacidades absolutas.

Cualquier teoría de la justicia social es incomprensible si en su construcción elude la cuestión distributiva, como ocurre con los enfoques basados en el individualismo ético de la oportunidad. La coerción a la libertad de expresión, la censura a quienes piensan diferente o el desplazamiento y confinamiento forzados, son algunos ejemplos de los obstáculos de que se ocupa la libertad de procesos, pero es algo más, pues también se ocupa de la negación de las relaciones interpersonales como rasgo distintivo de algún entorno social; es decir, hay restricciones sociales que coartan procesos (Jiménez, 2016, p. 4-5): de nada sirve saber escribir si el ejercicio del poder lo impide, de nada sirve tener una fuente de agua si no es posible beber.

Los individuos que han acumulado capacidades seguramente serán más libres que aquellos que no lo han hecho, pero unos y otros quedarán confinados en similar precariedad si el entorno socialmente construido así lo determina. Son las capacidades sociales y técnicas acumuladas por las sociedades las que gozan del poder para potenciar o constreñir el desarrollo de las capacidades individuales y, por ello, son asumidas como “capacidades sociales” o “capacidades de funcionamiento”, a las que es consustancial la noción de “contracapacidad” que no son otra cosa que los impedimentos para funcionar surgidos del entorno social (Jiménez, 2016, pp. 5-6): la voluntad política asida al clientelismo es una contracapacidad al obstruir deliberadamente la libertad social, tanto de elegir como de disponer de bienes públicos.

1.2 APORTES PLURIDISCIPLINARES A LA COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIAL

Nieto y Koller (2015) buscan sintetizar el panorama general de la discusión internacional sobre la definición de habitante de calle, encontrando diferencias entre las definiciones propuestas en países desarrollados, países en vía de desarrollo y las Naciones Unidas. Aunque la habitabilidad en calle es un fenómeno social presente en muchos países y en varios momentos históricos de la humanidad, en la actualidad no hay un consenso general respecto a su definición. Las definiciones de habitante de calle son variadas y hay diferencias no solo entre los países, sino incluso al interior de un mismo país. “Según los términos utilizados en las discusiones sobre la habitabilidad en calle de los países desarrollados, se puede afirmar que se trata de una definición circunscrita a la dimensión habitacional, operativa y funcional para los estudios cuantitativos y de enumeración, pero conceptualmente asociada a la dimensión social de dicha problemática” (Nieto & Koller, 2015, p. 10). En los países en desarrollo, las definiciones de habitabilidad en calle no han sido estables ni homogéneas, como tampoco objeto de debate. Por el contrario, son amplias e incluyen tanto a quienes no habitan en una vivienda como a quienes viven en la calle o en instituciones de abrigo. Por su parte, las definiciones utilizadas por Naciones Unidas también son inestables y variadas, y están dedicadas a estudiar el fenómeno desde una perspectiva habitacional, enfocado en la calidad de la vivienda. Los niños en situación de calle son considerados como un subgrupo de habitantes de calle. La definición de niño, niña y adolescente en situación de calle también es heterogénea e inestable, con connotaciones políticas y ha sido objeto de variadas discusiones. La falta de consenso afecta la forma en que los habitantes de calle son caracterizados, así como las comparaciones que se hacen sobre la prevalencia de esta problemática en diferentes países, e incluso los criterios para que sean incluidas en investigaciones, en programas o en políticas de intervención social.

1.2.1 La desigualdad

El trato desigual atañe al ingreso de las personas, pero también al acceso a los bienes y servicios inseparables de la órbita funcional del Estado, y a prácticas discriminatorias en las esferas privadas de la vida. Los habitantes de la calle son el resultado humano más conspicuo de la desigualdad. Wilkinson y Pickett (2009) convienen en que la desigualdad dificulta la vida en comunidad, las relaciones y la movilidad sociales. El igualitarismo no es una regla universal y, por el contrario, aun entre los más pobres la desigualdad en la percepción de los ingresos es considerable (Sen, 2011). Dentro de los pobres se encuentran aquellos a quienes su ingreso no les permite acceder a los bienes que les garanticen su consumo básico y menos aún su equilibrio nutricional. El costo de la canasta normativa de satisfactores básicos es denominado la línea de indigencia, quedando por construir la línea de habitanza de la calle que sería la del ingreso cero.

1.2.2 Juridicidad, psicoanálisis y representaciones sociales

Báez, González & Fernández (2013) proponen una investigación-intervención sustentada en las disposiciones de la teoría psicoanalítica, donde el sujeto se constituye como actor principal. La noción del sujeto que habita en la calle se acuñó en espacios de participación marcados por los discursos religiosos y del Estado de derecho y de deberes. Esto posibilitó la entrada del significante, aquel que interroga y permite la apertura del inconsciente para que sea el sujeto mismo quien encuentre un sentido a su decir. El acercamiento con el habitante de calle permitió que este se reconociera así mismo y pudiera expresar a qué se hace referencia cuando se le denomina de esa manera, qué hace en las calles y por qué circula en ellas. Intentan comprender el fenómeno del habitar en la calle como un modo de subjetivación, donde el sujeto, por un lado, establece una particular forma de relación con otro sujeto y, por otro lado, una relación con el discurso mismo que lo sostiene, puesto que la visión del otro puede sesgarse por efecto de las diferentes interpretaciones y concepciones que se tienen del habitante de calle. Como resultado plantean que “quien habita en la calle no lo es, tanto, por el hecho de que viva o no en ella, sino de que exista en lo que implica el discurso de la calle, es decir, ser en la calle, decir desde la calle y hacer en la calle” Báez, González & Fernández (2013, p. 11); esto es, existe un sujeto consciente de la decisión de habitar en la calle que es responsable del lugar que ocupa, y que con ello da cuenta de la participación en un discurso que le permite su establecimiento en la calle.

Gómez (2015) sugiere un análisis de las causas que originan la habitabilidad en la calle, que enfatiza en un punto de vista jurídico. Evoca el artículo 2º de la Ley 1641 de 2013, en el que se define al habitante de la calle como “la persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar”. En la perspectiva de un fallo de tutela de la Corte Constitucional, la diferencia entre el habitante de la calle y el indigente radica en que el primero habita en el espacio público urbano, donde transcurre su vida y, por tanto, es la falta de vivienda la variable que lo distingue con el indigente. Uno de los aportes de este análisis se encuentra en su fuente inspiradora, que es una investigación en la que se discute la colisión entre los derechos sociales con la libertad civil, surgida a raíz de un fallo de la Corte Constitucional, consistente en que el habitante de la calle está en libertad de rechazar la asistencia social del Estado, prefiriendo entonces por su permanencia en la calle; sin embargo, al incurrir en tal conducta, esa persona opta por ignorar las causas que lo condujeron a esa situación. Seguidamente, Gómez (2015, p. 31) propone una taxonomía de las causas originarias del status de habitante basada en la exploración de la jurisprudencia: “i) Las derivadas de razones internas: el habitante de la calle es un resultado de problemas psicológicos, de salud y de conflictos de carácter privado como problemas familiares –o carencia de la misma–, que le impiden sostenerse económicamente y consecuentemente, la persona se ve despojada de su hogar; ii) las derivadas de la pobreza extrema y de la marginalidad: el habitante de calle es una representación de una sociedad desigual y excluyente; y, iii) las derivadas del conflicto armado: el habitante de la calle como consecuencia del conflicto armado, y más específicamente del desplazamiento”.

Esas causas pueden imbricarse en una misma persona, de manera que es probable que dos y hasta las tres causas determinen en algunos casos la condición de habitante de la calle; sin embargo, las razones que ocasionaron la ruptura de los vínculos con el entorno familiar, que son el principal determinante de la habitabilidad en la calle, son escasamente estudiadas.

Con la expedición de la Ley 1641 del 2013, la población habitante de calle se reconoce como un grupo de especial atención y protección, que requiere de una intervención estatal que sea “coherente con sus realidades”. El rol del DANE es crucial en la caracterización socioeconómica y demográfica de los habitantes de la calle. Las entidades territoriales están en la obligación de empezar a implementar políticas públicas con base en tal caracterización del DANE, siguiendo la secuencia de la formulación, implementación y seguimiento y evaluación de impacto. Sin embargo, dos años después de la fecha de expedición de esta ley, la implementación de esta no se había dado porque persistía una tardanza injustificada de la caracterización de los habitantes de calle, que en el caso de Bogotá se prolongó hasta 2017, y adicionalmente porque el Gobierno Nacional no había promulgado la reglamentación de esta ley (Mendivelso, 2017, p. 10). Acudiendo al principio de la Igualdad y no Discriminación, Mendivelso (2017, pp. 11 y ss.) explica las razones jurídicas para promover la atención especial por parte del Estado a los habitantes de calle, debido a que son víctimas de trato discriminatorio, desigual e injusto. Las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, comenzando por la T-533 de 1992 en la que se cataloga la pobreza extrema como el no tener los recursos mínimos para sobrevivir como una de las principales causas que atentan directamente llevar a una vida digna que es el caso de los habitantes de la calle, se han orientado a reestablecer los derechos fundamentales a personas que lo han perdido por habitar en las calles. La sentencia T-043 es la “arquimédica” que decanta un largo recorrido en la búsqueda de un hilo jurisprudencial que tiene como finalidad el restablecimiento de sus derechos, pero como advierte Mendivelso (2017, p. 125), “la discusión que aquí podría suscitarse es que dicho restablecimiento aparece como la cura para los males sin existir ningún tipo de medida preventiva para que un indigente no adquiera la calidad de habitante de la calle cuando es susceptible de ello”.

Restrepo (2016) considera que problemáticas sociales como la marginalidad, la exclusión social y la disfunción familiar, modifican las dinámicas políticas, económicas y culturales de las ciudades y de la vida urbana y, por tanto, los habitantes de la calle son un resultado de estas dinámicas sociales, ya sea porque el sujeto lo tome como una elección de vida que se quiere asumir, o porque la sociedad lo empuja a estar bajo dicha condición. En tal sentido, la exclusión social es un factor potenciador de la problemática de habitar en la calle, en la medida en que son “los excluidos aquellos sujetos que han perdido su filiación con la población y no pueden integrarse y, por tanto, se sitúan fuera de las pautas de producción y consumo comúnmente admitidas por la sociedad” (Enríquez, 2007 p. 76, citado por Restrepo, 2016, p. 97). Desde este punto de vista, es el rechazo al estilo de vida, normas y valores de los habitantes de la calle, la que lleva a que se les denomine como ‘ñeros’, ‘indigentes’, ‘desechables’ y ‘gamines’ y, por ende, a la exclusión misma. Restrepo recalca la importancia de las representaciones sociales, ya que, al ser una construcción del conocimiento social, permiten entender las interacciones, vivencias y experiencias en las que se generan los diferentes contextos sociales. “En resumen el medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la estructura social y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario influyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que perciben la realidad social” (Araya, 2002, p. 14, citado por Restrepo, 2016, p. 98).

Las elecciones bajo incertidumbre han sido una preocupación central de los economistas conductuales que, como en el caso de Kahneman y Tversky (1973), convergen en la idea de que, en condiciones de incertidumbre, las recompensas seguras moldean las decisiones como, por ejemplo, si en determinada situación ganar mucho es poco probable, las personas se inclinarán por perder poco. Desde una perspectiva psicológica, la incertidumbre es resultado de una cantidad limitada de representaciones que el individuo procesa, resultando de ello un juicio a partir del que realiza sus elecciones. Las representaciones sociales, en particular, permiten la comprensión de ese contexto debido a que estas son: “organizadoras de la experiencia, reguladoras de la conducta y dadoras de valor” (Navarro y Gaviria, 2010, p. 347), posibilitando la adaptación de los individuos a su propia realidad según su contexto y al grupo social al cual pertenecen. Navarro y Gaviria (2009), motivados por la trascendencia del fenómeno de habitabilidad de la calle como un flagelo que va acompañado de exclusión social, marginalidad y estigmatización, lo investigaron como objeto de representación y, para ello, abordaron a una centena de personas a las cuales se les solicitó declarar aquellas palabras que asociaban a partir de las palabras introductorias Habitante de Calle, permitiendo acceder al espectro semántico asociado al elemento de estudio. El análisis prototípico y categorial de representación social por medio de la interpretación de resultados lexicográficos obtenidos de la muestra, determinó que todas de las percepciones obtenidas tenían connotación negativa asociadas a la condición social, a la inseguridad, a la salud mental, a la apariencia física e incluso a la supuesta relación con las drogas; sin embargo, paradójicamente también se asoció con la marginalidad socioeconómica, lo que pone en evidencia la eventual compasión que desprende el conocimiento de las dificultades por las que pasan los habitantes de la calle al estar en tal condición.

Esta variedad de aproximaciones al fenómeno de la habitanza de la calle, surgida de los diversos ángulos desde los que los investigadores se posicionan a fin de revelar alguna dimensión desconocida que lo explique, dista mucho de ser exhaustiva en cuanto a sus determinantes. En la exploración realizada se detectan al menos tres vacíos de trascendencia social, así como de utilidad para el diseño de políticas de prevención y atención humanitarias, para los que se propone a continuación un análisis que, con seguridad, exige una mayor profundización en los desarrollos venideros.

1.2.3 Familias disfuncionales e hijos indeseados

Los problemas cognitivos y de conducta que afrontan los seres humanos en algún momento de su vida requieren, como cualquier enfermedad, del apoyo médico para superarlos. Las ayudas terapéuticas para los participantes del conflicto familiar pretenden subsanar los problemas afectivos que padecen, así como a prevenir los abusos que los más frágiles pueden afrontar. La prevalencia de las conductas disruptivas de la convivencia intrafamiliar son un determinante crucial de la habitanza de la calle cuando, precisamente el miembro fragilizado, decide por tal alternativa en vista del abuso a que es sometido por el más fuerte.

En las conductas asociales extremas de los habitantes de la calle, con su elevado potencial de intimidación al transeúnte, son distinguibles retrasos cognitivos asociados a distorsiones de razonamiento, ausencia de sentimientos de reciprocidad y confianza, así como una inexpresividad emocional que, en ambientes intolerantes, produce la agresividad. Estos rasgos se originan comúnmente en la interacción cotidiana entre miembros de familias disfuncionales, en las que el infante o el joven en transición a la adolescencia manifiesta su hastío con el abuso del castigo al que es sometido por haber sido un hijo indeseado, para doblegar su incipiente voluntad y lograr su obediencia, o para imponerle las reglas de una moral que juzga incompatible con su visión del mundo. En ausencia de estímulos positivos con los que pueda advertir su inserción simbólica y real en la sociedad, así como de propuestas solidarias de otros familiares o de amigos cercanos, la calle con sus atractivos ocultos aflora como la única alternativa a una vida sin esas tensiones insostenibles.

Maier (2017), madre poseedora de títulos en economía y psicoanálisis, afincada en las corrientes lacanianas del psicoanálisis, analiza las razones por las que “odia a los niños”, comenzando por encuadrarlos como una carga para la vida, especialmente para las madres que, como ella, resignaron parte de su libertad desde la procreación y su dedicación ulterior al cuidado, educación y manutención de sus dos hijos. Desde su punto de vista, los hijos son la principal razón que ata a los padres a un sistema decadente, persuadiéndolos a aceptar condiciones laborales inhóspitas para poder acceder a los ingresos necesarios para sostener las conductas codiciosas de sus vástagos, estrategia que los conduce inevitablemente a ejercer una “paternidad consumista”. Es por esto que afirma que la mayor felicidad de la maternidad ocurre cuando los hijos abandonan el hogar. Es el día para celebrar.

Cuando el hijo es una carga para los padres y de él no se esperan momentos de gozo, de interacción fraterna, y no se prevé algún resarcimiento simbólico o real a los sacrificios de los progenitores, el hogar se torna un sistema socio-ecológico estresante, en el que el maltrato y la violencia intrafamiliar aflora como mecanismo de solución de las diferencias, siendo los detonantes más comunes la constatación fáctica del mal desempeño escolar del menor, las sospechas del consumo de alucinógenos y de incursión en conductas delictivas, o la simultaneidad de estos.

Las razones para el mal desempeño escolar acostumbran a buscarse en el estudiante y no en el sistema educativo y en las formas de hacer escuela de sus miembros. La aspiración de cualquier estudiante a desarrollar algún talento, en un marco académico que promueva la autonomía y la libertad, no es meramente una búsqueda social del pasado, como sí el encuentro original de la persona con un modo de vida que lo caracterice. La escuela que se opone a tal encuentro es, antes que nada, un proyecto civilizatorio que impulsa algún énfasis basado en la entronización de los dictámenes del mercado laboral y de las demandas de la economía, por ejemplo, y para ello impone currículos que pretenden la homogenización de los estudiantes que concluyen cada ciclo educativo. En tal contexto, la rudeza de la memorización se ha impuesto sobre la excitación del ejercicio de la curiosidad, la reflexión y el pensamiento. El mal desempeño escolar suele originarse en la sensación de ser la parte dominada de un sistema represivo que no promueve su talento y que lo distancia de los demás miembros de su cohorte que, por alguna razón, se han sometido a las reglas de tal modelo y, de manera coetánea, lo aproxima a otros grupos de contacto en rebeldía, aunque no necesariamente por las mismas razones. Dentro de tales grupos están los conformados por aquellos que, incitados por terceros, consideran el consumo de alucinógenos como una práctica liberadora del estrés, o por los que promueven las conductas delictivas como mecanismo de resarcimiento de los daños causados por la sociedad que los excluye.

1.2.4 Los modelos de escuela incompatibles con la promoción del talento

A las expectativas de los jóvenes al educarse suelen oponerse los proyectos educativos en curso en los que prima la imposición de criterios morales y dogmas, sobre la promoción del talento, situación que se asemeja a la restricción de capacidades discutida por Sen (2011). La persistencia de modelos civilizatorios en la educación que, bajo la pretensión de ilustrar continúan difundiendo arcaísmos como el de la servidumbre natural, imponen reglas homogeneizadoras para un universo diverso, está asociada a visiones del mundo que se gestan de manera premeditada como resultado de un proyecto de sociedad elitista. Cuando el joven percibe que su talento es reprimido, a fin de someter su voluntad a las reglas del proyecto educativo civilizatorio, afloran tensiones que se manifiestan inicialmente en la indisciplina, seguida por el desinterés y la inasistencia a las aulas, y concluyen con el abandono. Al llegar ese momento, el conflicto familiar se agudiza y los padres que son orgánicos del proyecto educativo civilizatorio por haberse formado en él, porque su grupo principal de contacto también lo es o porque simpatizan con el proyecto político que lo impulsa, tienen incentivos para imponerlo también en el hogar. La comparación con los aprovechados hijos de otros hogares exacerba la animadversión del joven talentoso con el entorno inmediato, produciéndose entonces el abandono y su llegada a la calle.

1.2.5 El desahucio en la vejez

Así como llegan niños a habitar la calle, también llegan personas adultas y, dentro de este grupo, las de mayor edad constituyen un fenómeno social igualmente apremiante con tendencia a agravarse en vista del incremento de las tasas de envejecimiento y de la ausencia de cobertura de algún programa pensional o de renta básica de ciudadanía para la mayor parte de los adultos mayores.

Los adultos mayores que son considerados como una carga para sus familiares, particularmente por los hijos ya adultos que manifiestan su intolerancia con las conductas propias de quienes han llegado a la senectud, son repudiados por estar en un ciclo improductivo cuya prolongación es incierta y, por tal razón, no ameritan gasto alguno, pues el que pudieran realizar no tendrá retorno. En tal situación, la fragilidad de los vínculos fraternos es arrasada por la racionalidad beneficio/costo, y el desahucio y el abandono sobrevienen con posterioridad al maltrato al que son sometidos. Una porción de los adultos mayores indeseados es recibida en hogares geriátricos en donde reciben el cuidado a cambio de las mensualidades a cargo de los familiares, algunos de los cuales eventualmente los visitan. Algunas familias que no tienen disponibilidad para pagar las mensualidades o que, por otras razones, no están dispuestas a hacerlo, intentan que su responsabilidad sea asumida por el Estado internándolos en alguna entidad de beneficencia o en un asilo y, cuando no lo consiguen, optan por el abandono del adulto mayor en lugares en donde saben que llamarán la atención como una sala de urgencias de un hospital, un centro comercial o una terminal de transporte.

Un rasgo inquietante es que la mayor proporción de los adultos mayores que llegan a habitar en la calle son hombres. Algunos psicólogos ecuatorianos sostienen que tal proporción bordea el 70% y que ello se debe, en especial, a cierto rasgo de la cultura patriarcal en la que los vínculos afectivos de los hijos se establecen con la madre, porque el padre proveedor del ingreso familiar siempre estará ocupado o cansado para afianzarlos (Mosquera, 2012). Una relación tiránica entre padres e hijos incrementa la posibilidad del abandono y hasta el desahucio en la vejez, ante la ausencia de sentimientos como el del respeto ganado o la solidaridad, aflorando en cambio el odio y la venganza. El desahucio ocurre en ocasiones con el despojo subrepticio de los bienes del adulto mayor, orquestado generalmente por los hijos con el auxilio de otros familiares quienes, recurriendo al engaño y a la suplantación, usurpan su propiedad, a sabiendas de que incurren en el delito de abandono agravado con el de defraudación mediante el abuso del adulto mayor en condiciones de inferioridad, prescritos en el capítulo sexto del título primero, y sexto y séptimo del título segundo del Código Penal.

1.2.6 Desplazamiento forzado

En los Estados que han perdido el monopolio en el uso de la fuerza, así como aquellos que abusan de ella, el propósito fundante de la preservación del imperio de la ley es relegado a un segundo plano ante el embate de los que imponen sus criterios a sangre y fuego. El desarraigo que sobreviene a fin de preservar la vida es un determinante de la habitanza de la calle cuando las víctimas del conflicto no encuentran el amparo en los lugares de destino.

Interno. La exagerada prolongación temporal del conflicto interno armado ocasiona la ampliación de su cobertura territorial y, además, su degradación. El mayor contingente de víctimas es la población que, en evidente estado de indefensión, es objeto de los grupos violentos armados. Siendo el propósito estratégico de tales grupos el ensanchamiento de su dominio territorial que facilite su accionar y, a la vez, el desplazamiento del enemigo, la propiedad de los habitantes de las zonas rurales de las regiones desarticuladas de los procesos de desarrollo se configura como el principal botín de una gesta desigual, cuyo fragor llama la atención de testigos que los violentos procurarán silenciar. El despojo ilegal de la propiedad bajo amenaza de muerte, y la persecución de los testigos de los crímenes de los violentos, producen el desplazamiento forzado que, con el paso del tiempo y el recrudecimiento de ese accionar, involucra al resto del país (Alfonso, 2014, pp. 243-325).

El cruce de fuego entre facciones en combate ocasiona el desplazamiento masivo de la población residente en esas zonas que por lo general se agrupan para emprender el éxodo hacia la cabecera municipal más próxima en busca de resguardo y protección temporal. La amenaza selectiva ocasiona el desplazamiento de personas y sus hogares de manera aislada, optando el grupo familiar por la cabecera más próxima cuando, de forma similar a los hogares víctimas del desplazamiento masivo, abrigan la esperanza del retorno a su parcela. Por el contrario, entre los que deciden desplazarse hacia las metrópolis prevalece la idea del cambio de residencia permanente, contándose dentro de ellos un amplio número de hogares cuyos miembros han sido testigos de los crímenes de los violentos y, por ello, víctimas de sus afrentas (Alfonso, 2015, pp. 36-58). Las metrópolis son las principales receptoras de esta última modalidad de desplazamiento, pues allí es posible reconstruir un proyecto de vida, pero en un hábitat diferente. Al interior de las metrópolis también ocurren procesos violentos de desplazamiento originados en el desarrollo de economías ilegales, como también en prácticas predatorias asociadas a la renovación del acervo inmobiliario en el que grupos criminales coluden con políticos, funcionarios de la administración local y de la policía (Pérez y Velásquez, 2013 pp. 463 y ss.; Galindo, 2018).

La informalidad urbana cumple la función social de acogida habitacional a la población desplazada no cubierta por los programas nacionales y distritales, entablándose relaciones de reciprocidad, positiva o negativa, en el submercado de alquiler (Sáenz, 2015: 289) a partir de vínculos de amistad, parentesco o de garantía de un tercero. En ausencia de tales vínculos, o debido a los conflictos intra e interfamiliares al interior de los inquilinatos, sobreviene un segundo desplazamiento forzado que remite al afectado a la habitanza de la calle.

Externo. Fenómenos como la inexistencia de la garantía del Estado a los derechos civiles de las personas, la inestabilidad económica y la amenaza de grupos armados paraestatales a etnias y comunidades frágiles, ocasionan el miedo, el hambre y el desarraigo de amplios contingentes de población que engrosan una diáspora a la espera de refugio en alguna nación amistosa que los reciba con los brazos abiertos. La estrechez del mercado de trabajo local y la aversión a las sociedades multiculturales se evidencian a los ojos de los refugiados como las principales barreras para insertarse amigablemente en la sociedad receptora. La discriminación laboral torna a los menos calificados en objetos de explotación, mientras que la xenofobia y el racismo los confina a los extramuros de las metrópolis, y la ausencia de vínculos de amistad y de parentesco los fragiliza a diario, contexto de vida dura que pone en duda aquel propósito fundante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual se promete a todas las personas unos derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor (Naciones Unidas, 2015, p. vii).

La segregación residencial confina al grueso de las diásporas a lugares inhóspitos, en los que el miedo latente ocasionado por la posibilidad de la extradición es atenuado por la solidaridad entre personas que afrontan la misma situación de ilegalidad, tal como ocurre en Lavapiés, barrio de Madrid de acogida a la diáspora senegalesa (Barroso, 2018). En la isla de Lampedusa el riesgo de deportación por parte de las autoridades italianas es mayor para los africanos que para los provenientes del Medio Oriente (Oller, 2017), por ejemplo. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se prescriben en el artículo 5º de la Declaración desde 1948, son los que afloran a diario, quedando la vida en la calle como la alternativa de sobrevivencia de quienes buscan refugio y no gozan de amparo estatal, como tampoco de vínculos amistosos que hagan más llevadera su vida.

1.2.7 El consumo de psicoactivos ¿determinante o paliativo?

El sentido común sugiere que los habitantes de la calle lo son por ser drogadictos, puesto que allí el acceso y el consumo a los fármacos es tolerado. El uso y el abuso de los psicoactivos que, inevitablemente deteriora su semblante y su conducta, ha reforzado esta idea hasta degradarla en el uso corriente del calificativo “desechable” o “marginal”. Sin embargo, cuando se indaga por las razones de la adicción a las drogas, es una idea surgida de un mal sentido común. Habitar en la calle implica la exposición al hambre, a los vaivenes del clima por estar a la intemperie, especialmente al frío, y a los avatares de la llegada del día y de la noche, además del miedo resultado de las amenazas de muerte provenientes de las “manos negras” de los promotores de la mal llamada “limpieza social”, o de sus compañeros de desgracia.

Nieto (2011) procuró identificar los principales predictores del nivel de consumo de drogas en el ciclo vital de habitantes de calle de Bogotá, así como las posibles diferencias de consumo entre niños y adolescentes en situación de calle de Bogotá y algunas ciudades de Brasil. Los habitantes de calle tienen características que varían significativamente a través del tiempo y, por ello, la identificación de los predictores de los principales problemas de salud y comportamientos de riesgo que afectan a esta población es muy compleja. La definición de droga ha sido histórica, convencional o institucional. “No existe una fórmula química o una característica física que abarque las diferentes sustancias que hoy en día se consideran drogas, y algunas de ellas, en culturas indígenas o en la antigua Grecia, fueron consideradas como medicinas u objetos rituales” (Nieto, 2011, p. 51). En el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, todo consumo de sustancias psicoactivas es indicador de la presencia de un cuadro de trastorno mental asociado, mientras que para la Organización Mundial de la Salud el uso nocivo de drogas se define como un patrón de consumo de sustancias psicoactivas que está causando daños a la salud, el cual puede ser físico o mental” (Nieto, 2011, p. 51). Los términos de salud y enfermedad mental están relacionados con una amplia discusión sobre lo que se considera normal y patológico. Nieto concluyó que los habitantes de calle, tanto infantes como adultos, durante su vida en la calle consumen drogas, enfrentan problemas cognitivos y enfermedades mentales como depresión, trastorno bipolar y/o esquizofrenia, y diferentes formas de violencia.

El tránsito de la noche al día es percibido de manera diferente por los sentidos de los habitantes de la calle, que por quienes gozan del confort de un lugar de habitación confiable, lo que torna irregular la producción de serotonina a la que sobrevienen los estados depresivos. Los pacientes medicados son tratados con ansiolíticos, hipnosedantes y antidepresivos, mientras que los habitantes de la calle se automedican recurriendo a sustitutos con resultados tardíos tales como la somnolencia prolongada a la luz del día, y efectos colaterales como la laceración de la mucosa, el deterioro de las vías respiratorias y la reiteración del estado depresivo posconsumo. El hambre y el frío, así como el dolor, son enfrentados con sustancias inhibitorias de las funciones del sistema nervioso central cuyos efectos son demorados cuando se trata de sustancias que no ingresan al torrente sanguíneo, tales como las sustancias inhaladas y fumadas a las que generalmente recurren los habitantes de la calle por su bajo costo.

La hostilidad del medioambiente callejero con sus habitantes consuetudinarios que se ha descrito es la que los conduce a la adicción a las sustancias psicoactivas, con cuyo consumo se busca engañar al sistema nervioso central a fin de inhibir los dolores y aflicciones que de ella emanan. Señala Elster (2001, p. 191) al respecto que “la adicción es artificial y no universal; de hecho, es un accidente de la interacción entre el mecanismo de recompensa cerebral, que evolucionó para otros propósitos, y ciertas sustancias químicas”. Añade posteriormente que las facultades cognitivas del adicto se entorpecen y la percepción de la exterioridad se altera, lo que ocasiona que prevalezca sobre su conducta la elección por la excitación y el hedonismo del consumo sobre el rechazo y la tirantez de la gente. Es bastante probable que, en tal estado, las personas sufran alteraciones del cortisol que les acarreen la pérdida de peso y del tono muscular, agotamiento persistente y malestares estomacales, así como otros síntomas asociados al estrés.

1.2.8 Redes de trata de personas

El sometimiento de personas en evidente situación de desamparo y de inferioridad física a la voluntad de terceros organizados, quienes estilan emplear la fuerza o la coacción a fin de lucrarse de tal condición, es un fenómeno de magnitudes crecientes en el que se imbrican los determinantes del desamparo y su expresión más evidente en la actualidad –el éxodo forzado–, con el interés de la delincuencia organizada de diversificar sus mercados. La mercantilización del ser humano desamparado, en inferioridad física o mental, o sugestionable, es una actividad tanto o más lucrativa que cualquier otra actividad ilegal que, sin embargo, entraña un rasgo diferenciador de las demás: la degradación sistemática de la dignidad del ser humano. Los habitantes de la calle son uno de los colectivos más expuestos a la acción mercantilizante de las redes de trata de personas, a cuyo interior se establecen reglas de sometimiento como en el proxenetismo, así como de disciplina en la entrega de los dividendos de la mendicidad o del tráfico de psicoactivos que, cuando se violan, dan lugar a prácticas de escarmiento como el homicidio del transgresor.

1.3 ESTIGMATIZACIÓN, ABANDONO Y RECHAZO DEL HABITANTE DE LA CALLE EN ALGUNAS METRÓPOLIS DEL CONTINENTE AMERICANO

Los habitantes de la calle, también llamados “sin hogar”, no son un fenómeno exclusivo de los países en desarrollo. Cualquier metrópoli mundial lo experimenta con más o menos intensidad, pudiéndose encontrar diferencias en cuanto a su origen social, la estructura etárea, así como en la salud física y de condición mental.

Nueva York cuenta con una población aproximada de 8.800.000 habitantes. Al iniciar el segundo trimestre de 2018, el registro de personas sin hogar fue de 62.498, de las cuales 15.176 eran familias con 22.801 niños, que dormían en el Sistema de Refugios municipales. En su mayoría son afroamericanos (58%), seguidos por latinos (31%), blancos (7%), y menos del 1% son asiáticos, desconociéndose en el 3% de los casos su raza/etnia (Coalition For The Homeless). Según la organización The Bowery Mission, “cerca de 4.000 (cuatro mil) personas duermen en las calles de Nueva York, en el sistema de trenes o en otros espacios públicos” (s.f.), lo cual es, para la organización, solo una parte ínfima del problema, puesto que la mayor parte de los sin hogar (homeless) al resguardarse en los refugios permanecen ocultos o invisibles. Entre las causas aducidas para habitar en la calle se encuentran: enfermedades mentales, abuso de drogas, problemas médicos sin tratamiento, eventos traumáticos, violencia y abuso, carencia de una vivienda accesible y dificultad para mantener un empleo.

En Estados Unidos se encuentran “organizaciones formadas por personas que han estado sin techo y algunos que han vivido en indigencia, [que promueven] la formación de redes sociales [para que] grupos e individuos logren hacer causa común para la solución de sus problemas, lo que incide desde el ámbito más simple desde lo local hasta el más complejo, o nacional” (Núñez García, 2001, p. 162). En 2006 se emitió una orden del estado de Nueva York para que las personas sin hogar fueran retiradas a la fuerza de la calle. La orden encontró resistencia no solo en los mismos habitantes de calle, sino también entre las autoridades de la ciudad de Nueva York por las serias preocupaciones que implicaba el uso de la fuerza, la cual solo se puede ejercer en caso de peligro inminente o enfermedad mental. Entre los adultos mayores se sostenía que no querían compartir el espacio con drogadictos y que buena parte de los allí presentes deberían estar en una institución mental (Chicago Tribune, 2016).

Fuentes y Flores (2016) estudiaron el fenómeno en Ciudad de México. Consideran que hay una tendencia a atender las consecuencias y no sus causas, percatándose de la existencia de relaciones de solidaridad entre los habitantes de la calle por la condición que comparten. Los lazos que se llegan a crear no solo abarcan a personas en su misma situación, sino que llega, como en muchas otras ciudades, a establecerse con animales “en su mayoría perros, los cuales también han sido abandonados y se encuentran en la calle, creando así una relación de cuidado y fidelidad el uno del otro” (Fuentes y Flores, 2016, p. 175). Según un informe realizado en 2017, se establece que la población habitante de calle aumentó en 25% en relación con el año 2016, pasando de entre 3.500 y 4.000 personas a más de 5.000, siendo las causas más importantes la migración tanto interna como externa (Zamarrón, 2017). Dada la situación problemática presentada con la población habitante de la calle, en octubre de 2016 el Senado de la República propuso la instrumentación de un protocolo interinstitucional de atención integral a “personas en riesgo de vivir en la calle e integrantes de las poblaciones callejeras en la delegación Cuauhtémoc, debido a las presuntas denuncias de violaciones a los derechos humanos de la población callejera derivados de los operativos instrumentados en la demarcación por el jefe delegacional” (Senado, 2016; Gaceta LXIII/2PPO-45/67148).

Con alrededor de 28 millones de personas contando su área metropolitana (10 millones en la ciudad), el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social de México sobre las personas en situación de calle que presenta el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México –IASIS– destaca, entre los resultados preliminares del censo de 2017, 4.354 personas en el espacio público y 2.400 en albergues públicos o privados. El 87,3% corresponde a hombres y el restante 12,7% a mujeres. El 1,9% corresponde a niñas y niños, el 3,7% a personas mayores de 60 años. Las causas por las que se integran a las poblaciones callejeras son los problemas familiares (39%), los económicos (28%), las adicciones (14%), mientras que el 55% padece problemas mentales. El 34% dijo que permanece en la calle por no tener otra opción, el 10% eligió vivir en dicha condición, el 6% no ha aceptado los servicios que se le ofrecen al igual que un 6% dice que por otros motivos y finalmente un 5% por ser discriminados y excluidos (IASIS, 2017). El censo de la población habitante de calle se preparó durante más de ocho meses y se espera realizar cada dos años como parte de un ejercicio de justicia social en donde se pueda saber si las políticas públicas han sido adecuadas para este sector de la población.

Quito contaba con cerca de 2´645.000 habitantes, cuando en 2017 se estimó que alrededor de 3.500 personas vivían en estado de mendicidad. La mayor proporción (37,1%) se localizaba en el Centro Histórico, seguida de la zona Eloy Alfaro (17,5%) y de La Mariscal (12,7%). La mayoría de las personas son adultos (69,7%) y adultos mayores (11,2%), siendo la mayoría varones y de población principalmente mestiza (63,8%), seguida por indígenas (21,2%) (El Telégrafo, 2017). De otro lado, se establece en 4.694 las personas “con experiencia de vida en calle”, de las cuales el Patronato Municipal San José acoge 2.781. La situación de mendicidad se agravó desde 2006 cuando el centro psiquiátrico San Lázaro, que funcionaba en el centro, se cerró y varios de sus pacientes no fueron reubicados y quedaron en la calle (Jácome, 2017).

Quito fue declarada en 1978 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, condición que ha sido aprovechada como otros lugares con la misma distinción para promocionar el turismo (Del Pino, 2010, p. 57; citado por Vaca Granja, 2014, p. 11). El control que realiza el Distrito Metropolitano por la conservación del patrimonio, así como la regulación del espacio público, hace que “muchas de las actividades como el comercio informal, las ventas ambulantes y el pedir caridad en las calles del centro se prohíben” (Vaca Granja, 2014, p. 18). Los adultos mayores en situación vulnerable son atendidos principalmente por las instituciones religiosas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas. Según Vaca (2014, p. 13) “la institución que representa al Estado en la ciudad de Quito es el Municipio, el mismo junto con la Fundación Patronato se encuentra ejecutando el proyecto Erradicación Progresiva de la Mendicidad en el Distrito Metropolitano de Quito, este programa trabaja con niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales”. Los ancianos, quienes son abandonados de forma intencional por sus parientes, además de vivir en la calle son estigmatizados y se ven envueltos en prejuicios que profundizan la “problemática de violencia estructural que tiene que vivir este grupo marginado, pues al habitar el Centro Histórico deben entrar en la dinámica de control ejecutada por parte del Municipio de Quito” (Vaca Granja, 2014, pp. 17-22), pues su presencia obstruye el turismo.

Un fenómeno coetáneo que se presenta en el centro histórico de la ciudad es el relacionado con el trabajo sexual el cual, después de un proceso entre 2001 y 2002 de reordenamiento urbano y de recuperación del casco colonial en el que se clausuraron casas de tolerancia y se planeó la reubicación de las trabajadoras sexuales, conllevó a que 450 mujeres optaran por ofrecer sus servicios allí. Su reubicación tardía, que comenzó en 2006, llevada a cabo con acciones coercitivas y sin la infraestructura adecuada, ha implicado que una parte importante de las trabajadoras sexuales se queden laborando en las calles en condiciones de inseguridad, estigmatización, discriminación social y sometidas a la persecución por parte de las autoridades (Álvarez y Sandoval, 2013).

El Gran Buenos Aires cuenta con una población cercana a los 12´800.000 habitantes, y Buenos Aires alrededor de 2,9 millones de habitantes. El censo realizado por 40 organizaciones con el apoyo del Ministerio Público, el Consejo de Organizaciones de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la Auditoría General, todas instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, produjo un informe en el que se señala que para 2016 “el gobierno de la ciudad dijo que había 876 personas en esa situación [de calle], casi lo mismo que en el 2012 y 2014, y apenas unas 100 personas menos que lo que registró en el 2015 (n=924)” (Proyecto 7, 2017). Para 2017, la cifra se elevó a 1.066 personas, según el gobierno de la ciudad. En dicho informe se muestra que, por la tendencia del Estado a ignorar e invisibilizar la problemática, se denunció al gobierno de la ciudad para la revisión del dato registrado y a llevar a cabo un relevamiento anual junto con organizaciones de la sociedad civil. Debido a la negativa del gobierno de la ciudad se llevó a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de calle (PSC).

El resultado es que se censaron 4.394 PSC, de las que 3.800 son adultas, y los 594 restantes son niñas, niños y adolescentes (13,5%). Dentro de los menores de 18 años, 45% son mujeres. El 73% de los menores de quienes se obtuvo información va a la escuela cursando el nivel inicial, primario y secundario. El 93% de las personas adultas tiene algún nivel de instrucción: el 54% ha completado la primaria, 15% la secundaria y un 2% nivel de educación superior completo. El origen en su mayoría es porteño (62%), seguido de otras provincias argentinas (25%) y de países limítrofes (12%). Entre los motivos para ingresar a la situación de calle los principales son problemas familiares (41,5%), y dificultades económicas (34,9%), y solo un 10% de quienes respondieron la pregunta sostiene que es por adicción a drogas; también se encuentran como causas haber estado privados de la libertad y problemas de salud mental. Se señala en el informe que el 80% duerme en la calle y que 235 de las personas un año atrás no vivía en la calle lo cual da cuenta del riesgo de situación de calle para otras personas (Proyecto 7, 2017). El 70% ha sido víctima de una o varias formas de violencia social y/o institucional y en general se reviste un patrón de estigmatización estereotipos justificadores de violencia. Entre las redes de apoyo que les brindan ayuda se encuentran instituciones religiosas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y grupos de amigos.

Las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social de Chile daban cuenta de que en 2012 había 12.255 PSC en sus ciudades. Berroeta y Muñoz (2013, p. 4) precisan que el promedio de permanencia es de 5,8 años y que el 84% eran hombres. La Región de Valparaíso es la segunda en importancia en cuanto a PSC, encontrándose en las metrópolis de Valparaíso y Viña del Mar que el mayor contingente lo conforma el grupo etáreo de entre 25 y 59 años (67,9%), mientras que el 67% respondió contar con ingresos derivados de algún trabajo, el 56% pernocta en la vía pública y el 37,9% es PSC debido a problemas familiares. Existe un gran temor por la pérdida de la vida a manos de grupos neonazis, principalmente, asociado al control y disputa del espacio público (Berroeta y Muñoz, 2013, pp. 12 y ss.).

En el penúltimo capítulo se retomará el estudio de las políticas en varias metrópolis, cuyo rasgo principal es posible anticipar: la primacía de las políticas reactivas sobre cualquier otra alternativa de intervención del Estado y la sociedad. Por ahora, exponemos las contradicciones en torno a las causas de la habitabilidad en la calle en Bogotá.

1.4 DIALÉCTICA DE LAS CAUSAS DECLARADAS DE LA HABITABILIDAD EN LA CALLE

Si el encuentro con la calle es cruel para cualquier persona, el que lo depara con la droga no es ni mucho menos envidiable. Los estudios clínicos de Jacques (1999, citado por Rivera, 2007, p. 128) lo llevaron a concluir que a la toxicomanía la precede un “sufrimiento insoportable”, generalmente asociado a algún trauma de tipo sexual, de manera que la persona resuelve la disyuntiva de la amenaza incestuosa o el pecado venial del consumo obsesivo de droga en favor de esta última. La cuestión sexual y el psicoanálisis son inseparables. La imagen paterna o materna es la que generalmente se trastoca para producir ese sufrimiento. Es por ello que no es pertinente disociar las dos primeras razones en importancia de la figura 1 pues, tanto en el plano real como en el simbólico, el conflicto familiar está en la base de la decisión de habitar en la calle.

Que exista un grupo de habitantes de la calle que manifiesta estar en tal condición “por gusto personal” no es extraño pues, de hecho, son esas personas cuya dignidad ha sido mancillada de manera cruel y reiterada por cuanto ámbito familiar, institucional o solidario han transitado, de manera que la calle es lo único que queda a su alcance. Siguiendo a Lacan, es incoherente afirmar que, del pernoctar a la intemperie, afrontando el hambre y el frío y, además, enfrentando sistemáticamente el miedo, se pueda derivar pulsión alguna de goce.

Por ello, aquellos humoristas y actores de televisión que se prestan para transfigurarse momentáneamente en habitantes de la calle a fin de ofrecer un puesto de trabajo, inexistente por lo demás, a los habitantes de la calle, se prestan a la difusión de la ignorancia selectiva (cfr. Proctor, 2020) cuando ensalzan la respuesta negativa a tal ofrecimiento y, con ello, terminan victimizándolos pues, “como se podrá observar, están en la calle por gusto, no les atrae el trabajo y en cambio viven drogados”. Respuesta bien diferente es la que podrían esperar de los habitantes de la calle que preguntados primero por la razón que los llevó a esa condición, responden que lo están por “dificultades económicas” y “por falta de trabajo”.

No hay nada placentero en habitar en la calle; por el contrario, es la desesperanza la que gobierna la condición presente y la visión de futuro de los habitantes de la calle, condición de miles de personas que desacreditan al Estado social de derecho que pregona el Artículo 1º de la Constitución Política de Colombia pues, reconocidas sus causas, es un fenómeno evitable y desde ningún punto de vista insuperable. Los siguientes capítulos se ocupan del análisis de las expresiones más conmovedoras del fenómeno, aquellas que a manera de una “muerte en vida” padecen los habitantes de la calle, y en cuyo método se ha procurado poner en relieve la alteridad como estrategia que permite una comprensión más perspicaz de la estadística.

FIGURA 1.

CAUSAS DECLARADAS DE LA HABITANZA DE LA CALLE, BOGOTÁ 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del VII Censo de Habitantes de la Calle, DANE – Secretaría Distrital de Integración Social.

REFLEXIONES FINALES

Entre los habitantes de la calle se encuentran personas talentosas, hijos de familias disfuncionales, víctimas de modelos educativos represivos y desplazados por los violentos, y no meramente adictos a los alucinógenos entrados en desgracia. Para los primeros, la calle produce la sensación de emancipación de una escuela que transmite la ignorancia de los profesores a los alumnos, de una familia que los juzga a diario como una carga y de grupos estatales y paraestatales que no los toleran; y para los segundos, el encuentro con otros adictos, pero también con los miembros de los circuitos ilegales del tráfico de alucinógenos. La rudeza de la convivencia a la intemperie termina confinando a unos y a otros a tales circuitos.

El deterioro urbanístico de ciertas zonas centrales de la ciudad ha propiciado la aglomeración de quienes mejor expresan el deterioro social, los habitantes de la calle. Cinco Huecos, El Cartucho y El Bronx son algunos de los más emblemáticos, erigidos en proximidad a las sedes de los gobiernos nacionales y distritales, y objeto de programas de renovación urbana que, con apreciable discontinuidad temporal, erradican a sus residentes agravando el fenómeno por la dispersión a la que son sometidos. “Conocí la desesperanza consumiendo en El Cartucho y después en El Bronx, allí la felicidad está negada” respondió “El Cantante” quien a sus 58 años ha descubierto que padece de epilepsia y que necesita de su medicación a diario. “Nada que ver con lo ajeno” es la manera como uno de sus paisanos de 28 años y cuatro habitando en la calle intenta ganar la confianza de los transeúntes del centro tradicional de Bogotá, a quienes aborda en busca de la limosna con la que pueda reunir los cien mil pesos diarios que dedica al consumo de 15 o más papeletas de “basuco” y a pagar los cinco mil pesos del rincón que ocupa en algún inquilinato. El ciclo mortal de los habitantes de la calle se hace presente a cualquier edad.

Estos testimonios coadyuvan los argumentos presentados a lo largo del capítulo, con los que se pretende propiciar un análisis con potencial para contribuir a modificar las ineficaces políticas y los fracturados modelos de atención estatales dirigidos a los habitantes de la calle, pero también a cuestionar los sentidos comunes errados que proliferan sobre los determinantes de la habitabilidad en la calle, su cotidianidad y sus desenlaces fatales, propósito utópico debido a que, como plantea Raigosa (Semana, 2017), “la gente cree lo que quiere creer, lo que reafirme sus creencias y lo haga sentir más cómodo con su realidad”.

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SEGUNDA PARTE

LOS HABITANTES DE LA CALLE DE BOGOTÁ Y LAS PARTICULARIDADES DE SU HABITANZA EN EL CENTRO TRADICIONAL

CAPÍTULO II.

LOS GRANDES DETERMINANTES DE LA HABITANZA DE LA CALLE EN LA HISTORIA DEL CENTRO TRADICIONAL

Pedro Ignacio Bernal F.

La habitabilidad de calle es un fenómeno derivado, es decir surge y se desarrolla condicionado por el desarrollo de la sociedad en la que se inscribe. Es, por llamarlo así, un síntoma de los males del crecimiento de la sociedad. En las décadas en las que la sociedad colombiana inició su despegue demográfico, industrial y urbano, este se concentró en su ciudad capital, con efectos diversos y sobre todo contrastes de acumulación de riqueza y miseria en un espacio urbano r educido, el centro de Bogotá.

El propósito de este capítulo es explorar la tesis según la cual el desarrollo histórico de la centralidad urbana bogotana ha tenido incidencia en el fenómeno de habitabilidad de la calle. ¿Cuáles son los principales determinantes de la concentración de habitantes de la calle en el centro de Bogotá? A continuación, se presenta una síntesis de lo que se va a desarrollar.

Diversos factores socioeconómicos tales como el crecimiento vegetativo de la población, las intensas migraciones desde las zonas rurales y el proceso de industrialización, ocurridos desde la segunda mitad del siglo XIX y la década de los años 70 del siglo XX, incidieron significativamente en la rápida e intensa concentración de población y actividades económicas en el centro de Bogotá. Este proceso estuvo acompañado y reforzado por la instalación de la estación del ferrocarril de La Sabana y, poco después, de las sedes de diversas empresas de transporte intermunicipal de pasajeros, que canalizaron la gran afluencia de viajeros y migrantes provenientes de varias regiones del país, muchos de los cuales se instalarían en las inmediaciones de la estación de La Sabana y sobre todo de los terminales de buses. Esto incidiría fuertemente en el carácter popular y la intensidad y uso de la ocupación del espacio urbano, tanto en cuanto al hábitat como a las actividades económicas del centro.

En las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, con posterioridad al Bogotazo, al mismo tiempo que se mantenía e intensificaba el proceso de densificación popular del centro, una serie de decisiones que se venían gestando desde los años 1930 marcaría la configuración del centro: la construcción y ampliación de grandes avenidas, de modernos edificios administrativos y la migración, principalmente hacia el norte de la población acomodada que habitaba en algunos sectores del centro. Estas dinámicas marcaron el carácter del centro. Se consolidó su vocación popular en lo económico, su condición central de sede político-administrativa de carácter nacional y, junto con el abandono por parte de los sectores de elite y el descuido y desidia por parte de las autoridades, propició su degradación y “lumpenización”, a todo lo cual se agregan propósitos y decisiones públicas con efectos de especulación.

2.1 DETERMINANTES DEMOGRÁFICOS

Antes del período republicano, hasta inicios del siglo XVIII, el fenómeno de habitabilidad de calle no era frecuente debido a que las instituciones coloniales asignaban un papel muy definido a cada persona según su condición social (españoles, criollos, mestizos, indígenas y esclavos), lo cual era una forma de limitar la autonomía y la libertad personales. Durante la Independencia y la República, desde inicios del siglo XIX, con la existencia de problemas de desocupación laboral y migraciones, aparecen los primeros mendigos, fenómeno que creció en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Entre las causas de ello cabe destacar la violencia en los campos y el inicio de la producción industrial en las ciudades que desencadenaron procesos de desestructuración familiar y expulsión a la calle de algunos de sus miembros (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 15).

Según Melo (2001, pp. 50 y 56), el proceso de migración rural-urbano, desde inicios del siglo XVIII, se reflejó en la segunda mitad del siglo en la proliferación de vagos, maleantes, mendigos, prostitutas y “toda guisa de desechos sociales”. Por esta razón las autoridades coloniales y el clero crearon la institución del hospicio como solución para afrontar el problema de la indigencia en la calle, para hacer desaparecer de las calles y plazas a mendigos y demás indigentes. Este mismo autor señala que el siglo XIX se caracterizó más por la guerra civil que por el desarrollo económico, lo cual influyó en la marginalidad (indigencia y delincuencia) de la calle. La guerra desplazó del campo a muchas personas (viudas, huérfanos, soldados) e indígenas de sus resguardos. Las mujeres se dedicarían a la prostitución y los hombres se convertirían en indigentes (mendigos y ladrones).

A lo largo del siglo XIX hubo un gran aumento de la densificación urbana, que llegó a niveles de 410 habitantes/ hectárea entre 1881 y 1890 y de 371 en 1900; posteriormente descendería a 131 habitantes/hectárea en 1938 (Vargas y Zambrano, 1988, p. 19). Una de las causas de los problemas sanitarios de las calles bogotanas a comienzos del siglo XX era la “excesiva afluencia de personas indigentes de la provincia”, sin un techo donde protegerse, y que debían pasar la noche bajo aleros y zaguanes. La gente de la calle aumenta conforme lo hace la población de la ciudad (Melo, 2001, p. 63).

Esta llegada masiva de familias en busca de vivienda se traduce en la densificación del centro tradicional, y en el crecimiento de la ciudad por el incremento de barrios obreros. El impacto territorial de esta oleada migratoria deja una evidencia física en la ciudad que se traduce en un proceso de urbanización vertiginoso, un crecimiento urbano acelerado y desordenado y en la congestión en su centro tradicional (De Urbina, 2011, p. 24).

Entre 1900 y 1910 los ritmos del crecimiento poblacional de Bogotá y del país en su conjunto estaban emparejados bordeando el 3% anual, pero hacia mediados de la década de 1910 Bogotá comenzó a desmarcarse significativamente pasando de 2,9% en 1918 a 6,6% en 1964 –ver figura 1–, frente a 2,4% y 3,2% respectivamente para Colombia. Es decir, en cinco décadas se abrió una brecha demográfica entre Bogotá y Colombia, de tal manera que la capital pasó de representar en 1905 el 2,4% de la población nacional a 9,7% en 1964 (Vargas y Zambrano, 1988, pp. 21-22). La primacía poblacional bogotana no ha parado de crecer: en 1985 ya representaba el 13,7% del total nacional, y en 2018 alcanzó el 23,1%.

FIGURA 1.

POBLACIÓN CENSADA DE BOGOTÁ Y SU TASA DE CRECIMIENTO, 1800-2018

Fuente: Elaborada con base en Vargas y Zambrano (1988, p. 15) y Estadísticas Poblacionales del DANE.

La localidad de Los Mártires, en particular, es una de las más representativas del centro de Bogotá. Algunos eventos que contribuyeron al desarrollo de su papel central fueron: la construcción del cementerio, entre 1820 y 1840 (en ese momento en las afueras de la ciudad). En 1873 se construyó junto al anterior el que sería el cementerio central; la plaza de Los Mártires en 1850, en lo que hoy es la calle 10 con Avenida Caracas; y la plaza de Maderas en 1883 que luego sería la plaza España por un Acuerdo de 1902 del Concejo de la ciudad. Esta plaza se especializó en la venta de materiales de construcción, leña, carbón y animales en pie, actividades que fueron reemplazadas por comercios ejercidos en la plaza de San Victorino, donde confluía el comercio de la Sabana. En San Victorino también coincidían los visitantes que llegaban a la ciudad, generando gran concentración de actividades, suciedad, presencia de mendigos, etc. En la transición de los siglos XIX y XX, era una localidad periférica, pero al mismo tiempo la comunicación con el río Magdalena y el exterior partía de allí, marcando su carácter de centralidad en los años siguientes. En 1910, por ejemplo, San Victorino tenía 14.000 habitantes (censo de 1912), acogía el 12% de los habitantes de la ciudad y concentraba gran parte de la actividad comercial (Cardeño, 2007, pp. 19-23).

San Victorino se afianzó en las actividades de comercio de productos para construcción y alimentos, llegando a ser el primer puerto de descargue y de entrada y salida de mercancías, especializado en la producción de bienes de consumo no duradero. Según Cardeño (2007, pp. 38-40), San Victorino se especializó en actividades industriales más tradicionales y el espacio productivo por excelencia era el taller. Algunos de los factores que favorecieron el asentamiento de la industria en este sector fuero la estación de La Sabana y el sistema vial orientado hacia el occidente (Facatativá) por la calle 13 y hacia el aeropuerto de Techo por la avenida de Las Américas, el uso de la energía eléctrica, el aprovechamiento de las economías de aglomeración, y la aparición de barrios obreros alrededor de las vías del ferrocarril y el crecimiento demográfico. En San Victorino se establecieron cervecerías, molinos, bodegas, agencias de víveres que recibían los productos agrícolas, fábricas de velas, de galletas, cigarrillos, etc. El crecimiento urbano tendía a orientarse a lo largo de los ejes viales: hacia el norte (Chapinero), el sur (San Cristóbal), el occidente (Bosa, Soacha y Fontibón). Se construyeron nuevos barrios obreros sobre la sabana, a manera de saltos, dispersos en enclaves aislados, como bloques independientes, dejando espacios vacíos conectados por alguna vía. En la localidad de Los Mártires, por ejemplo, surgieron Samper Mendoza, Ricaurte, Eduardo Santos (Tívoli), La Favorita, El Vergel, entre otros.

A mediados del siglo XX, con la intensificación de las migraciones rurales, la población que se asentó en el centro y en sectores periféricos de la ciudad no contaba con servicios básicos ni oportunidades laborales. Las mujeres se veían obligadas a trabajar, siendo una de las causas de la desarticulación de la familia; por esta época surgen los primeros niños y niñas de la calle. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 16). El documento Política pública distrital para el fenómeno de habitabilidad en calle (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) reconoce que el fenómeno responde a factores históricos-sociales, específicos a cada sociedad, y que en Bogotá hay diferencias en su manifestación entre las localidades, debido a diferencias institucionales, actores involucrados, actividades sociales, económicas y políticas, y elementos de infraestructura y de arquitectura. Además, que los factores específicos detonantes del fenómeno son la violencia intrafamiliar, el abuso de drogas, el microtráfico, la informalidad económica, los procesos migratorios y el desplazamiento forzado por el conflicto armado interno.

Diversos autores insisten en el papel desempeñado por las migraciones. Por ejemplo, Guerra (2017, p. 1) señala que a comienzos del siglo XX las migraciones hacia Bogotá de personas que habían sido reclutadas para la guerra, en general campesinos y artesanos, gestó una vida urbana de “choques e imposiciones” en una ciudad hacinada en su centro histórico. Hacia 1916, en el barrio donde está la catedral del Voto Nacional (carrera 15, calle 10), se concentraba la vida urbana, antes de la construcción de la carrera 10 y la avenida Jiménez, que surgirían años después como respuesta a la falta de espacio para los carros que reemplazaron a los coches, carruajes y tranvías.

Como resultado de lo anterior, comienzan a proliferar inquilinatos y casuchas de barrios pobres, en sectores aledaños a la carrera 4 con calle 24, y hoteles populares en la calle 10, que eran lugares de acogida de recién llegados a la ciudad. Para despejar las calles de vagos reincidentes y ladrones, la ley 48 de 1936 creó colonias agrícolas de trabajo. Los habitantes de la calle eran enviados a las colonias, acusados de maleantes, vagos, y ladrones, y recibían condenas que variaban entre 6 meses y 5 años. El centro, en los alrededores de la carrera 10 entre las calles 12 y 13, se caracterizaba en la época por el hacinamiento, la suciedad y la congestión, y en los pasajes Hernández y Rivas, eran comunes las ventas de chicha. En esa época la gran plaza de San Victorino servía de lugar de huelgas y reyertas, al igual que la plaza central, dos espacios que le quedaban a la población que había sido desalojada de las calles y reducida a cuartos, mientras se alzaban grandes edificios de oficinas, parqueaderos y almacenes (Guerra, 2017, pp. 32-39).

Durante las décadas de 1920 y 1930 las altas tasas de natalidad y las inmigraciones regionales principalmente desde Cundinamarca y Boyacá, trajeron como consecuencia el desbordamiento del estrecho perímetro urbano y rellenando el vacío que quedaba entre este nuevo sector y el centro tradicional. Esta tendencia de relleno se reforzaría en las décadas de 1930 y 1940, abriendo tramos en las carreras 13 y 14 desde el centro hacia el norte (Barrios Unidos, Alfonso López), en las laderas (Perseverancia) y el sur (más allá de Las Cruces y Santa Bárbara: San Cristóbal y Veinte de Julio). Sin embargo, el centro tradicional conservaría su hegemonía como complejo administrativo, institucional, comercial, de mercado y de abasto. Se conformará una estructura social menos homogénea y más compleja, una fisura en la hegemonía política de la oligarquía y la intervención novedosa de otros sectores sociales en el escenario urbano. La población con menores recursos estaba asentada en “aposentos” o cuartos en el centro y en una serie de “barrios de miseria”, o en los “arrabales” de San Miguel, San Luis y otros situados al oriente de la carrera primera entre las calles 6 y 26, a lo largo de los cerros orientales. En 1936 se iniciaría la reubicación de los habitantes, se tumbaron las casas y se indemnizaron a sus habitantes, que se trasladaron a barrios estilo Ciudad Jardín para obreros en el occidente del pericentro: Centenario, Ricaurte, Olaya, etc. (Aprile-Gniset, 1983, p. 13 y p. 306).

Entre 1938 y 1951 la población bogotana pasó de 330.000 a 700.000 habitantes, en gran parte por el éxodo rural, siendo el barrio Ricaurte un gran receptor de este flujo poblacional. Se generó gran congestión alrededor de la plaza de mercado de La Concepción (carrera 10 con calle 10, hoy centro comercial San Victorino) y deterioro ambiental, físico y social con expansión hacia los alrededores. En el pericentro se dio densificación por medio del arriendo y subarriendo, partición de casas unifamiliares, división de apartamentos por piso, alquiler de piezas y la generalización de los inquilinatos en San Victorino, La Perseverancia, Las Cruces, Santa Bárbara, Egipto, Las Nieves, San Diego, etc. (Aprille-Gniset, 1983, p. 7; Cardeño, 2007, pp. 51-52; Jaramillo, 2012, p. 58).

Fue durante los años cuarenta que ingresaron en términos absolutos y relativos una mayor cantidad de migrantes que en épocas anteriores. La mayor interconexión vial amplió el radio de atracción a otras regiones diferentes de Boyacá y Cundinamarca (…) El censo de 1951 muestra estadísticamente esta realidad. De los 653.791 vecinos tan solo el 30% eran bogotanos perdidos en una marea de 455.000 provincianos (Vargas y Zambrano, 1988, p. 28).

Desde al menos finales de los años 1940 la mayoría de la población estaba concentrada en el centro. Parte de la burguesía ya había migrado hacia Teusaquillo y Chapinero). Los habitantes del centro eran las clases medias y bajas (Melo, 2001, p. 72).

En el barrio Santa Inés, donde posteriormente se ubicaría El Cartucho, vivió “lo más granado de la clase alta de Bogotá”. Después del Bogotazo se deterioró por el abandono de sus residentes que se trasladaron al norte. En su lugar, el barrio fue ocupado por desplazados por la violencia de los años 1940 y 1950, y por personas sin techo que vivían de vender materiales reciclados. Debido a las condiciones de extrema precariedad de las familias que residían allí, y a la débil cohesión de estas, muchos de los hijos terminaron en la calle. En este sector se concentraron actividades de contrabando, ventas estacionarias y se dio un alto desempleo urbano. Ya desde las décadas de 1960 y 1970 había expendio y consumo de drogas, llegando a ser el eje de esta actividad en Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, pp. 19-21; Jaramillo, 2012, pp. 68 y 69).

2.2 DETERMINANTES ECONÓMICOS

Desde finales del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX, Bogotá se convierte en el centro administrativo y genera servicios y empleos en distintas áreas económicas. En la capital se concentrarán una burguesía afianzada en los excedentes acumulados por la economía cafetera, y un proletariado ligado al incipiente desarrollo de la industria.

La evolución, sofisticación, diversificación y especialización del sector terciario dedicado a la prestación de servicios se empieza a concentrar en el sector fundacional, imprimiéndole el carácter de centro urbano que conserva actualmente. De manera simultánea se está viviendo un proceso de densificación residencial producto del incremento de la demanda de vivienda para todos los estratos sociales, sobrecargando las estructuras residenciales (De Urbina, 2011, p. 26).

Según De Urbina y Zambrano (2019, p. 17), la economía exportadora fue un factor clave en el auge económico del centro en el cambio de siglo: se instalaron bancos, agencias mercantiles y almacenes, restaurantes y hoteles, universidades y toda una serie de servicios urbanos asociados al desarrollo capitalista. Luego del Bogotazo, fueron creadas fábricas de materiales de construcción (cemento, concreto, ladrillos…) como Cementos Samper, Diamante, El Progreso, Cedonia, Moore, La Catalana, “para cimentar el progreso de la ciudad”. En 1945 se creó la Lonja de Propiedad Raíz y después de que se terminó de canalizar el río San Francisco hacia 1948, fue construida la avenida Jiménez para conectar la ciudad con el occidente (Guerra, p. 3 y p. 7).

El 9 de abril de 1948 desempeñó un papel decisivo en la transformación de lo que era una zona residencial: “Se rompió el equilibrio anterior. Se valorizó Chapinero y se desvalorizó el centro”. El realojo de comerciantes en el pericentro, en Chapinero, Siete de Agosto, Restrepo, tiende a aliviar la presión de demanda en el centro histórico, pero lleva la especulación hacia estos sectores donde se registran alzas de precios (Aprile-Gniset, 1983, pp. 218-219).

En la década de 1950 se da un cambio en el patrón de la industria, pasando de la producción de bienes de consumo final a la de bienes de consumo intermedio y de capital, lo cual implicó cambios en la estructura y tamaño de los establecimientos industriales, que requerían espacios mayores y más adaptados a sus necesidades como el manejo de materias primas y el transporte de carga. Con ello se impulsa el crecimiento físico de Bogotá hacia el occidente: barrios obreros y de empleados, dispersos, en forma de saltos, y fábricas e industrias con tendencia a localizarse en las carreras 18 y 22, a lo largo del eje de la avenida Colón, en los alrededores de la estación de La Sabana. Predominan las actividades relacionadas con la recepción y despacho de mercancías por el ferrocarril y relacionadas con el comercio local y de las provincias, molinos y fábricas de chocolate y carpinterías regionales. El barrio Ricaurte se especializó en la fabricación de espermas y productos químicos. El Acuerdo 21 de 1944 reglamentó y reforzó la ubicación industrial hacia el occidente, más allá de la carrera 30, hasta el barrio Puente Aranda (De Urbina y Zambrano, 2019, p. 39). La reubicación de la industria hacia el occidente se consolida sobre los ejes viales en la periferia urbana, dejando en la localidad de Los Mártires todo tipo de industrias, principalmente talleres en los que predomina le economía familiar. Mientras tanto el centro urbano perdía valor y la especulación del suelo fue aprovechada por los constructores para expandir la urbanización hacia la periferia, donde los precios del suelo eran menores. En el centro y el pericentro se dio un rápido deterioro físico, a lo largo de la avenida Caracas (Cardeño, 2007, pp. 60-67)

En 1970, las migraciones explicaban el 49% del crecimiento de Bogotá contra solo 22% en 1999. Amplias áreas de expansión de la ciudad hacia la periferia acogieron parte de los flujos migratorios. Luego de los años 1970 el centro dejó de ser el punto favorito de llegada y asentamiento de la población. Progresivamente la periferia urbana comenzó a ser el destino predilecto de esos movimientos. Entre 1973 y 1985 las localidades del centro (Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria) decrecieron (-0,48%, -1,34% y -3,72% respectivamente). La nula inversión en viviendas reduce la renta del suelo en los sectores reconstruidos, los barrios son tomados por el comercio y habitantes de escasos recursos, mientras algunas zonas quedan completamente abandonadas y son ocupadas por población marginada y aquella dedicada a actividades delictivas (Melo, 2001, pp. 73-74).

El sector de la estación de La Sabana presentaba actividad mixta. Comercio, pequeñas industrias, y la población residente era sobre todo arrendataria, lo cual incidió en la pérdida de sentido de pertenencia y dificultades para la organización comunitaria. Predominan los inquilinatos, lo cual contribuye al deterioro físico y la falta de mantenimiento del hábitat físico. Ello ha incidido en la caída de los precios de la vivienda y la ocupación por grupos de bajos ingresos, acelerando aún más el deterioro. En el centro de Bogotá la vida de la calle depende exclusivamente del ritmo impuesto por la economía: frenesí en las horas diurnas u “horas pico”, que se mantiene mientras el comercio está activo; en la noche, cuando la calle se vacía de gente, el centro queda en poder del lumpen, o de la policía. (Melo, 2001, pp. 74-75; Jaramillo, 2012, pp. 69-70)

En la década de 1980, el comercio informal, las microempresas, los recicladores de basuras, el mercado negro y toda suerte de esfuerzos por generar recursos para participar en la vida social, han ocupado amplios sectores del centro de Bogotá abandonados después de que en su tiempo fueran considerados como el ápice de la modernidad (Aprile-Gniset, 1983, p. 311).

Con la ubicación de la industria hacia la periferia, el centro se especializa cada vez más en actividades comerciales, administrativas, cívicas y culturales. Alrededor de la mitad de los establecimientos se dedicará a la venta de prendas de vestir y calzado, seguido de editoriales, imprentas, y comercialización de alimentos. La mayoría de las empresas se concentrará en procesos de producción de baja complejidad, de tipo artesanal y con bajos niveles de generación de empleo. Es decir, industrias céntricas, dedicadas al comercio al detal y dependientes de la cercanía del consumidor final (De Urbina y Zambrano, 2019, pp. 49-50).

2.3 DINÁMICAS SOCIOESPACIALES Y DETERMINANTES DE POLÍTICA URBANA

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, el centro de Bogotá era el lugar de vivienda y trabajo de casi todos los grupos sociales de la ciudad. Luego, se dividiría en zonas o barrios para grupos sociales específicos, enmarcadas dentro de un patrón general que segregaba las actividades laborales de las residenciales. Después de 1930, los grupos más ricos prefirieron adquirir sus viviendas en la ciudad jardín, la nueva imagen de la modernidad, en vez de modernizar sus casas en el centro. Así, inician el éxodo a partir de los últimos años de la década de 1920 hacia nuevos barrios en el norte (Ratwitscher, 2000, pp. 302-303).

Ya desde los años 1910 a 1940 se presentaba una tendencia de crecimiento segregado de la ciudad, entre barrios acomodados en el norte y pobres en el sur y occidente de la ciudad, y un contraste entre edificios en el centro y casas dispersas por sus alrededores. Esta distribución segregada sería fuente de conflictos y evitaría, al menos en apariencia, la posible interacción social entre los diferentes grupos que habitaban la ciudad. Además, generó diferencias de renta entre el norte, por un lado, y el centro y el sur por el otro, gracias al juego de la especulación que empujó hacia arriba los precios del suelo en el norte, que es hacia donde la elite eligió instalarse (Guerra, 2017, pp. 10-18).

La introducción del modelo de ordenamiento urbano propuesto por Karl Brunner (director del Departamento de Urbanismo creado en 1933) se concibió como solución al vigoroso aumento de la población, que pasó de 100.000 habitantes en 1905 a más de 330.000 en 1938. Entonces, los arriendos urbanos aumentaron 350% entre 1918 y 1928, con un déficit de vivienda de alrededor de 30%. Los precios de la tierra en el centro llegaron posteriormente a más del doble de los barrios de la sabana (Ratwitscher, 2000, p. 303). El desmesurado aumento de la población creó condiciones de insalubridad y estimuló el contacto cercano entre los habitantes urbanos, haciendo difícil delimitar los grupos sociales en el espacio. El ruido de los carros en las estrechas calles incomodaba la vida diaria en una ciudad demasiado angosta para construir los edificios modernos. La elite se sentía insatisfecha en sus casas tradicionales, lo que indicaba un cambio en su concepción sobre la cultura material. Las edificaciones construidas antes de 1930 ya no eran “modernas”. Entonces, se prefirió adquirir la ciudad jardín (K. Brunner) como nueva imagen de la modernidad, en vez de modernizar las casas del centro. Es el caso de los grupos sociales acomodados, que comenzaron el éxodo desde finales de los años 1920 hacia nuevos barrios ubicados en el norte: Teusaquillo, Santa Teresita, Avenida Chile, Chapinero, etc., y algunos en el sur: San Cristóbal (Ratwitscher, 2000, p. 303).

Mientras los barrios residenciales se ubicaban hacia la periferia, los administradores distritales anhelaban convertir el centro en un lugar de trabajo. Con este fin, Karl Brunner (1938) propuso su “Plan regulador y de ensanche para dirigir el crecimiento de Bogotá” y la demolición de las casas antiguas para abrir vías de transporte rápido por todo el centro de la ciudad. Avenidas y edificios modernistas, de acuerdo con el plan norteamericano, para que así el centro se adaptara a la función de reparto de gente hacia sus trabajos y viviendas, mientras que se formaría un sector comercial sobre la carrera séptima. Este esfuerzo se acompañó, sobre todo después de los años 1940, con la demolición de las construcciones coloniales, republicanas y afrancesadas que fueron reemplazadas por edificaciones modernas a lo largo de la carrera Séptima y la avenida Jiménez. El plan vial de Brunner también incluía la ampliación de vías centrales, como la carrera 30, la calle 6 y la calle 22, rompiendo con la trama y estilo anteriores (Aprile-Gniset, 1983, p. 305).

Así, pues, antes del Bogotazo, la herencia de una trama colonial con una morfología que impedía la modernización mediante el ensanche vial, sobre todo en el centro, hacinado, sucio e insuficiente, estorbaba el desarrollo urbano. Los acontecimientos del 9 de abril marcaron el desarrollo de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX: “la ira popular se convirtió en una máquina demoledora que recayó sobre las casonas y los edificios de Bogotá” (Cardeño, 2007, pp. 49-50). Uno de los efectos del 9 de abril fue la liberación del suelo de una manera más radical y rápida que con cualquier “declaración de expropiación por utilidad pública” (Cardeño, 2007, p. 55).

Aunque el fenómeno de la especulación se había presentado en la ciudad (en tierras de la zona periférica de la época) desde años atrás, a partir de 1946 se recrudeció bajo la presión de una demanda en aumento, agudizado por las corrientes migratorias y los éxodos provenientes del campo. Varias empresas se dedicaban a la división, parcelación y modificación de lotes en algunas haciendas colindantes con la ciudad (Aprile-Gniset, 1983, p. 115).

El centro actual de Bogotá, en su gran mayoría, fue construido después de 1950. Hasta esa época permaneció sometido a un proceso de sobrepoblamiento, mientras su estructura física había permanecido intacta desde el siglo XVIII. La violencia de la década de 1950, luego del Bogotazo, que llegó hasta 1957, fortaleció las migraciones hacia Bogotá, simultáneamente a una incipiente industrialización, fomentando la aparición de nuevos barrios. Algunos de los componentes del proceso de modernización de Bogotá a comienzos de la década de 1950 son la introducción del automóvil como eje de la movilidad urbana, el plan piloto de Le Corbusier (1951) y el fortalecimiento del Estado mediante el equipamiento urbano y las obras púbicas. Estos procesos urbanos marcaron profundamente la configuración espacial de la ciudad (Cardeño, 2007, pp. 55-58). La política de urbanismo refuerza las tendencias especulativas y las alzas de los precios. En 1951, el plan piloto urbano propuesto por Wiesner y Le Corbusier, durante la alcaldía de Fernando Mazuera, dejó por fuera barrios populares como El Guavio, La Perseverancia, San Fernando, Las Ferias, Boyacá Real, La Cabaña, Santa Inés, Tunjuelo, Lourdes y Girardot.

Después del Bogotazo se afianzó la idea de una red arterial de avenidas anchas con amplios andenes. De ello se aprovecharon los monopolios del transporte público, y los andenes se convirtieron en mercados del “lumpenterciario” callejero. En los años 1940-1957, con la ampliación de la carrera 10, fue encerrado el gran barrio San Victorino y segregado del resto de la ciudad, desaparecieron el hotel Barranquilla, la iglesia de Santa Inés, la gran plaza de mercado y la central de buses. En la calle 13 fue donde la ciudad “llegó a su división total y donde se alzó definitivamente como metrópolis” (Aprile-Gniset, 1983, p. 220). Así pues, la reconstrucción del centro posterior al 9 de abril de 1948 incluyó la construcción de grandes edificios de estética norteamericana y la construcción de grandes avenidas. A las nuevas edificaciones se les asigna la función de administración y gestión, de dominación económica y política, dejando al ciudadano sin ningún espacio de identificación, desarraigado (Melo, 2001, p. 73).