Kitabı oku: «El fascismo de los italianos»

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EL FASCISMO

DE LOS ITALIANOS

UNA HISTORIA SOCIAL

HISTÒRIA / 178

DIRECTORES

Mónica Bolufer Peruga (Universitat de València)

Francisco Gimeno Blay (Universitat de València)

Pedro Ruiz Torres (Universitat de València)

CONSEJO EDITORIAL

Pedro Barceló (Universität Postdam)

Peter Burke (University of Cambridge)

Guglielmo Cavallo (Università della Sapienza, Roma)

Roger Chartier (EHESS)

Rosa Congost (Universitat de Girona)

Mercedes García Arenal (CSIC)

Sabina Loriga (EHESS)

Antonella Romano (CNRS)

Adeline Rucquoi (EHESS)

Jean-Claude Schmitt (EHESS)

Françoise Thébaud (Université d’Avignon)

EL FASCISMO

DE LOS ITALIANOS

UNA HISTORIA SOCIAL

Patrizia Dogliani

Traducción de Patricia Gómez Soler

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

Título original: Il fascismo degli italiani UTET S.p.A., Torino, 2008

© Patrizia Dogliani, 2007

© De esta edición: Universitat de València, 2017

© De la traducción: Patricia Gómez Soler, 2017

Publicacions de la Universitat de València

http://puv.uv.es publicacions@uv.es

Diseño del interior y maquetación: Inmaculada Mesa

Fotografía de la cubierta: Concentración en la plaza Venecia, Roma

Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

ISBN: 978-84-9134-117-8

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

I. SALIR DE LA GUERRA, ENTRAR EN EL FASCISMO

Salir de la guerra

La toma del poder

Hacia un Estado totalitario

Los nuevos aliados: la Iglesia y el ejército

La represión

II. LOS ITALIANOS Y EL PARTIDO FASCISTA

El Partido Nacional Fascista

La clase dirigente fascista

Un partido solo de hombres

El mussolinismo

III. HOMBRES Y MUJERES EN EL FASCISMO

¿Hombres o soldados?

La familia fascista

El cuerpo de los italianos

La mujer fascista

IV. LA ITALIA FASCISTA

¿Un país moderno?

Un país en movimiento

La nueva frontera

Un territorio transformado

El Bel Paese

Tierras de confinamiento

V. CRECER BAJO EL FASCISMO

Fascistizar a la juventud

Asistir, vigilar y castigar

La educación

La educación superior y la universidad

VI. EL TIEMPO LIBRE Y LA CULTURA DE MASAS DE LOS ITALIANOS BAJO EL FASCISMO

Deporte y nación

Cultura popular

Información y espectáculo

Un arte al servicio de las masas

¿Una cultura al servicio del régimen?

VII. LA GRAN NACIÓN FASCISTA

La idea fascista de patria y nación

Una nación = una lengua

Fascistizar las comunidades italianas en el extranjero

VIII. ITALIANOS Y NO ITALIANOS

Italianos a la fuerza

Colonialismo y racismo

Racismo y sexismo en la madre patria

Antisemitismo y judíos italianos

IX. DE LA GRAN AVENTURA A LA GRAN CATÁSTROFE

Una política exterior al servicio de la interior

La guerra en España

Los italianos de nuevo en guerra

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Han pasado exactamente ocho años desde que entregué la primera edición de esta historia social del fascismo a la editorial Utet y diecisiete de mi anterior libro, L’Italia fascista, publicado por Sansoni. Si bien durante este tiempo han aparecido muchos trabajos sobre el tema, creo que las preguntas y el propósito de estos volúmenes siguen siendo válidos. La pregunta que me hacía en 1999 era si seguía siendo necesario escribir otra síntesis sobre la historia del fascismo, y me respondí afirmativamente tanto entonces como en 2008, al publicar una segunda reconstrucción de aquel intenso y complejo periodo de la historia italiana y europea. Cabe señalar que en estos algo más que tres lustros no ha aparecido ninguna historia general del fascismo, excepto un trabajo de reflexión histórico-política de Salvatore Lupo, una reedición general sobre los orígenes del régimen de Roberto Vivarelli y algunas obras colectivas tanto bajo forma de diccionario como de volúmenes de ensayo en torno a temas relacionados con el ventenio fascista. Tampoco se ha publicado ninguna historia propiamente social de aquel periodo histórico y, por otra parte, las historias sociales de la Italia contemporánea todavía son pocas. Así pues, sigue siendo válido lo que afirmaba en la introducción de la edición de 2008: se trata de una historia social del fascismo, una entre las muchas y las diferentes que podrían escribirse y todavía esperamos. En cambio, la historiografía alemana y anglo-americana que se ha ocupado del nazismo ha trabajado durante mucho tiempo sobre la sociedad alemana. La realización de un trabajo sobre el caso italiano me la sugirieron la síntesis de Richard Grunberger de 1971, el trabajo pionero de William Sheridan Allen de 1965 sobre Alltag, que trata sobre la vida cotidiana de un tranquilo pueblo alemán que se desliza rápidamente hacia el nazismo, y sobre todo la obra de Detlev Peukert de 1982, Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde (literalmente «Compatriotas y extraños a la comunidad», publicada en italiano con el título Storia sociale del Terzo Reich), la cual, según su autor, analizaba el conformismo, la eliminación y la rebelión (así decía el subtítulo) de las clases, los estamentos, los grupos sociales, los cuerpos profesionales y las generaciones de la nueva nación forjada por el nazismo. Era lo que después retomaron más explícitamente dos autores, el inglés Michael Burleigh y el alemán Wolfgang Wippermann, en otro significativo análisis sobre la obra de redefinición y reconstrucción de la sociedad alemana por parte del Estado racial germánico. En la introducción de 1992 estos últimos historiadores se hacían la misma pregunta que yo me haría algunos años después: ¿por qué escribir otro libro sobre el Tercer Reich, cuando la bibliografía sobre el tema ya era inmensa? Por mi parte, en 1999 respondí reivindicando la necesidad que sienten todas las generaciones de historiadores de formular su propia lectura de ese pasado.

Al final de los años noventa todavía tenía la intención de hacer frente al menos a dos generaciones precedentes a la mía que habían sido testigos (al menos la primera, directamente implicada) y habían escrito sobre el fascismo como deber moral y civil y que asimismo habían puesto en marcha el vivo debate entre las escuelas interpretativas; de ellas, afirmaba, me alejaba la edad, pero aun así me habían influido a través de la formación, la tradición y la cultura.

Diez años después ya me sentía libre de ellas. El panorama político había cambiado. Dos cuestiones estaban en el centro de la nueva síntesis de historia social que quería hacer. La primera, de manera similar a la formulada por Burleigh y Wippermann, concernía a la relación entre modernidad y antimodernidad que caracterizaba la ideología y la práctica de los regímenes fascistas. El nacimiento del fascismo también parece dictado por una modernidad política que pretendía conseguir profundas transformaciones, pero que estaba en contradicción con una retórica reaccionaria que se fue consolidando con el tiempo a causa de los compromisos y del enfriamiento del radicalismo inicial del primer movimiento fascista laico y subversivo. El resultado fue el intento frustrado del régimen de detener las tendencias ya presentes en el país: industrialización, urbanización, migraciones internas, malthusianismo, emancipación femenina y redención de las clases subalternas, concretamente las campesinas. El proyecto fascista terminó colocándose a contracorriente con respecto a lo que ocurría en la mentalidad, los hábitos y la cotidianidad de los italianos, surgiendo una resistencia pasiva y a menudo inconsciente ante los dictámenes y el sistema impuestos por el régimen. El fascismo ejercitó un esfuerzo inútil por cambiar estas transformaciones de largo plazo, cayendo en contradicción y obteniendo, a pesar de ello, resultados parciales que influyeron a medio plazo, mucho más allá de su conclusión, en la historia del país: entre la historia de Italia y la historia del fascismo hay conexiones profundas que deben estar constantemente bajo observación. El libro tiene una tesis de fondo que se desarrolla en los capítulos centrales, precedidos y concluidos por dos capítulos que orientan al lector menos maduro en la contextualización del periodo histórico. La tesis es que el fascismo, a pesar de todos los esfuerzos coercitivos y propagandísticos, ni modificó radicalmente ni interrumpió las tendencias que ya se estaban desarrollando en la sociedad italiana. Sí que impuso políticas, sobre todo en los años que precedieron a la Gran Depresión, orientadas a reformar procesos y remediar carencias. Fue el principio del Estado social, pero no de una ciudadanía social, porque excluyó a quienes no respondían o no se adecuaban a su visión de la sociedad. Creó un Estado paternalista y clientelar que encontró en el Partido Fascista su mejor agente. Nacionalizó a los italianos más y mejor de cuanto lo había hecho anteriormente el Estado liberal, pero les impuso una idea unívoca de comunidad nacional que los llevó a aceptar y a participar incluso activamente en políticas, acciones y agresiones nacionalistas, racistas y xenófobas. El régimen no siempre tuvo éxito en sus políticas sociales: por ejemplo, aun practicando políticas de incremento demográfico y de ruralización, no logró impedir que los núcleos familiares se modificasen según las nuevas necesidades y las nuevas economías, ni que la población italiana disminuyese y abandonase la montaña y el campo para desplazarse a la llanura y la ciudad. Así pues, hemos considerado los largos procesos de transformación de la sociedad italiana prestando atención a los agentes, como las legislaciones; las ideas, como la de nacionalidad; las relaciones, entre generaciones y géneros; la economía en la gestión de los recursos humanos y la demografía y el territorio geográfico.

El fascismo fue la única experiencia contemporánea que tuvo un proyecto unitario y autoritario de transformación de la sociedad, de la mentalidad, de los roles de género y de las tareas destinadas a las generaciones y al individuo incluso en su esfera privada. De todo esto se ocupa el libro: de ilustrar las políticas creadas para remodelar la sociedad y crear italianos «nuevos» y del consenso real que obtuvieron tales proyectos. Giulia Albanese y Roberta Pergher, coordinadoras de la obra colectiva publicada en 2012 In the Society of Fascists, me han señalado que en mi libro el estudio del consenso se concentra más en las políticas para obtenerlo que en la efectiva correspondencia en la sociedad. En esta nueva edición no habría podido obtener un resultado diferente de no haber modificado totalmente la estructura y la dirección de la investigación y de no haber construido el libro a partir de los casos de estudio aplicando el enfoque bottom up. Otra historia social sobre los sentimientos de la población podría llevarse a cabo investigando las huellas y las señales que aparecen en los diarios y en los epistolarios particulares: es lo que hizo Peter Fritsche con una reconstrucción de las condiciones de «vida y muerte» de los alemanes en la Alemania nazi en un libro publicado contemporáneamente a mi primera edición, y Christopher Duggan en el innovador libro sobre las «voces» de los diarios y los epistolarios de los italianos publicado en 2012.

En cualquier caso, este libro no se ha pensado como un texto de alta divulgación, como algunos críticos lo han definido, sino como un trabajo historiográfico, dirigido principalmente a estudiosos y estudiantes universitarios, cuyo propósito es proporcionar a distintos niveles un cuadro completo de los resultados de las investigaciones realizadas y en curso y sugerir pistas y lagunas sobre las que dirigir la atención para investigaciones futuras. Algunas cuestiones señaladas como irresueltas en la primera edición se han ido investigado durante este tiempo. Entre las más interesantes y completas se encuentran la aplicación de las leyes raciales antijudías y sus consecuencias sociales y económicas, la construcción del fascismo en las zonas provinciales y la compleja relación entre el poder central y el poder local y la reconstrucción de la vida colonial bajo el fascismo. Estos nuevos estudios se han tenido en cuenta en la reescritura de algunas partes del libro y sobre todo en la actualización de la bibliografía final. La primera edición también contó con una categoría más amplia de lectores, que espero que asimismo estén interesados en esta reedición. Es sobre todo por ellos por lo que he agilizado la lectura gracias a un texto que conscientemente ha evitado las notas; pero todo cuanto aquí está escrito es el resultado de un intenso estudio de la bibliografía historiográfica sobre el tema y de las fuentes impresas y archivísticas.

Y esto nos lleva a la segunda razón de este libro. Una historia social es una narración que se basa en las fuentes y en los resultados de una investigación. No tiene nada que ver con la literatura evocativa del «cómo éramos», fundamentalmente dominio de publicistas banales, pobres de lecturas y de preparación adecuada, que en los últimos años han pretendido narrar la sociedad italiana bajo el fascismo. Recordaba en la primera edición las corresponsabilidades que, años antes, el historiador Massimo Legnani también había atribuido a la historiografía italiana: la de haber sido insensible y evasiva a la hora de afrontar temas como la experiencia de la gente común y el espíritu público. Pienso que estas responsabilidades por fin han sido asumidas por una nueva generación de historiadores italianos, al igual que está ocurriendo con la superación del periodo de fácil «negación» de las responsabilidades del fascismo italiano. Desde hace al menos dos décadas los trabajos más innovadores hablan de colonialismo, racismo, antisemitismo, antieslavismo, sexismo, homofobia y todas las fobias hacia los diferentes y hacia los «otros», no solo proscritos por el fascismo sino también olvidados durante mucho tiempo por los historiadores, atentos exclusivamente al enfrentamiento político e ideológico entre fascistas y antifascistas militantes. El fascismo, lo recuerdo de nuevo, fomentó prejuicios y odios que produjeron dramas personales y colectivos; además, empujó a la mayoría de italianos, que se consideraban y que han seguido considerándose «buenas personas» no solo a sufrir una política agresiva, sino también a apoyar su exportación más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose ellos mismos a su vez en víctimas y verdugos.

Vuelvo a dedicar esta edición a Adriana Vaccaro y a Francesco Dogliani, que transcurrieron su infancia y su primera juventud bajo el fascismo y supieron redimirse conscientemente, aprendiendo de lo que habían vivido; la primera a través de la emancipación y el anticonformismo, el segundo a través de la difícil pero necesaria entrada en la resistencia armada a finales de 1943, siendo aún estudiante liceal. Lamento no haber hablado más con ellos; ha sido por pudor filial, pero también por esa dificultad de comunicación entre generaciones que, en cuanto italianos, nos ha impedido durante mucho tiempo llegar al fondo de ese periodo y adquirir plena conciencia de nuestro pasado todavía reciente.

Un agradecimiento especial va a los amigos y colegas que han apoyado esta edición, Ángel Duarte i Montserrat, Maximiliano Fuentes Codera y la querida amiga Anna Maria Garcia Rovira de la Universitat de Girona e Ismael Saz Campos de la Universidad de Valencia. También un agradecimiento a Vicent Olmos, editor, porque ha creído en este proyecto, y a Patricia Gómez Soler, por la traducción y la paciencia: nuestra constante colaboración se ha convertido en amistad. Grazie a tutti.

Bolonia, diciembre de 2016

I. SALIR DE LA GUERRA, ENTRAR EN EL FASCISMO

SALIR DE LA GUERRA

El fascismo conquistó el poder rápidamente: transcurrieron cuatro años desde el final de la Gran Guerra hasta la prueba de fuerza, celebrada más tarde como la Marcha sobre Roma, que el 28 de octubre de 1922 llevó al nombramiento del líder del movimiento, Benito Mussolini, como jefe del Gobierno. Concluía una época caracterizada por intentos revolucionarios y contrarrevolucionarios, violencia civil y política y complejas reconstrucciones territoriales, económicas y morales de las que pocos países europeos habían quedado inmunes. Italia, pues, no vivió una experiencia aislada, ni mucho menos anómala, con respecto a otras naciones; pero en aquellos años dio origen a un nuevo experimento de gobierno a través de una fuerza política que representaba, en el laboratorio italiano, la expresión de las nuevas derechas europeas. En el continente, la represión de las corrientes revolucionarias que se inspiraban en la experiencia del Consejo Ruso había tenido lugar de manera tradicional a través de una intervención militar o mediante «cuerpos francos» relacionados con las unidades regulares del ejército. Una vez derrotadas las izquierdas revolucionarias, el poder político volvió a las oligarquías tradicionales, como en Hungría y Polonia, o a una clase dirigente que, como en el caso de la Alemania weimariana, procuró restablecer en la arena política modalidades parlamentarias y democráticas. En cambio, la experiencia italiana fue original y duradera: el movimiento contrarrevolucionario se instaló en el poder, poniendo a su favor la vasta alianza entre fuerzas conservadoras y de la derecha tradicional, y convirtió progresivamente el sistema liberal parlamentario en una dictadura personal y de partido. Además, modificó el orden económico, asegurándose el apoyo de los centros financieros y empresariales gracias a la creación de fuertes monopolios que garantizaban el capital privado en un mercado privilegiado y protegido, en el interior y hacia el exterior, y sin conflictividad sindical. Estos factores hicieron de la experiencia fascista una novedad en la historia italiana con respecto a las decisiones autoritarias adoptadas por parte de las clases dirigentes después de la Unificación, así como un modelo para exportar al ámbito europeo.

Las específicas condiciones italianas de partida favorecieron su rápida aparición: durante la Gran Guerra, en Italia más que en ningún otro lugar, se había experimentado un sistema autoritario que también había sometido a la sociedad civil a la disciplina militar y había desvitalizado las instituciones parlamentarias. Además, la primera posguerra reveló las debilidades y las dificultades del sistema productivo para readaptarse en tiempos de paz y del mercado laboral para absorber el regreso de la mano de obra desmilitarizada, a la que le habían hecho promesas sobre todo durante los últimos meses del conflicto. De hecho, las expectativas del proletariado agrícola e industrial habían aumentado con respecto a la asignación de tierras en barbecho y de cuotas de mano de obra y las de los jóvenes burgueses que habían ocupado cargos intermedios en el ejército con respecto a los cargos de responsabilidad. Únicamente analizando este contexto histórico podemos entender por qué Italia, que se colocaba entre las naciones ganadoras, registró un comportamiento, una inquietud y una pérdida de la identidad colectiva, una necesidad de orden y una esperanza de cambios radicales semejantes a los de las naciones vencidas, desorientadas por la pérdida de la soberanía imperial. Solo partiendo de los últimos dos años del conflicto podemos entender la facilidad con la cual el fascismo asumió el poder en Italia. A pesar de que algunos observadores de la época, concretamente quienes hicieron un balance de la guerra (Luigi Einaudi, Giorgio Mortara, Riccardo Bachi, Arrigo Serpieri), consideraron zanjada la desmovilización militar y económica en 1920, hoy deberíamos tomar en consideración al menos un quinquenio, marcado por dos extremos cronológicos significativos: desde la derrota militar en Caporetto en octubre de 1917 hasta la Marcha sobre Roma en octubre de 1922. A finales de 1917, el vínculo entre la coerción militar y la renovada movilización moral de la población se hizo más estrecho, y la brutalidad de los actos se manifestó de manera todavía más acentuada. Esta relación no acabó con el final del conflicto, sino todo lo contrario: la guerra se mostró como una prueba general del debut fascista.

Entre el 24 y el 25 de octubre de 1917, en la localidad de Caporetto (hoy Kobarid, en Eslovenia), uno de los puntos estratégicos de la línea del frente meridional, fuertemente contendido pero mantenido por las tropas italianas desde la entrada de Italia en el conflicto europeo en mayo de 1915, tuvo lugar una rápida ofensiva que comportó la invasión y la ocupación por parte de las tropas austro-húngaras, apoyadas por la llegada de refuerzos alemanes, de un vasto territorio que se extendía hasta las orillas del río Piave. La derrota de Caporetto abrió un último capítulo decisivo de la Gran Guerra. Por una parte, hizo que Italia probase la experiencia que otros países ya estaban viviendo: la política de ocupación militar de territorios fértiles, los trabajos forzados impuestos a la población civil, el internamiento de miles de prisioneros militares; por otra, preanunció todas la políticas de movilización del país en tono casi «milenarista», de cruzada en defensa de la patria invadida, y sobre todo con un lenguaje comunicativo nuevo. Si hasta el año 1917 el compromiso oficial había sido el de crear la más amplia cohesión posible, concretamente en un país como Italia, que había entrado en guerra con una opinión pública dividida y realmente minoritaria con respecto al apoyo a la intervención militar, después de Caporetto se trataba no solo de infundir valor en la población, sino también de hacer promesas concretas para su futuro.

En los veintinueve meses que precedieron a la ofensiva de Caporetto, el conflicto había sido fundamentalmente de posición: un amplio frente desde el Trentino hasta la costa que no cambió sensiblemente hasta el 23 de octubre de 1917, a pesar de las doce batallas libradas, de los sacrificios y las muertes por congelación, del esfuerzo y las avalanchas en alta cuota y de la terrible vida de trinchera. Solo en el año 1916, los italianos contaron 118.000 muertos y 285.000 heridos. La ofensiva a cargo del general en jefe del ejército italiano, Luigi Cadorna, llevó a la conquista, el 9 de agosto de 1916, de la ciudad de Gorizia; un éxito militar que habían ambicionado durante mucho tiempo para consolidar de nuevo el consenso patriótico en el país, éxito que, sin embargo, también provocó la pérdida de 140.000 soldados italianos entre muertos, heridos y prisioneros, y no modificó sustancialmente la línea a lo largo del río Isonzo. Fue así como en 1917 el general Cadorna intentó resolver la guerra a favor de Italia con otras ofensivas: con la batalla del monte Ortigara, de mayo a junio (12.000 muertos), y sobre todo con la batalla de la Baisizza, de agosto a septiembre. La situación interna requería urgentemente una victoria y la conclusión de la guerra: en el país se difundía, también entre las clases sociales en un primer momento intervencionistas, la desconfianza hacia los gobernantes civiles y los militares, mientras que del extranjero llegaban noticias de huelgas y de revueltas militares y obreras. La propia ciudad de Turín, a la cabeza en la industria de guerra, había visto en agosto manifestaciones de protesta popular encabezadas por mujeres y por gente muy joven. Fue así como la ofensiva enemiga, bajo el mando de la 14.ª armada alemana, iniciada durante la noche del 24 al 25 de octubre de 1917, cogió por sorpresa al ejército italiano, resultando catastrófica. La retirada se transformó en una derrota, en una fuga desordenada sin órdenes ni indicaciones por parte de hombres y unidades que solo se detuvo al llegar a orillas del río Piave. Durante todo el invierno de 1917-1918, Italia alimentó pocas esperanzas de victoria, manteniéndose en la nueva línea defensiva del Piave y resistiendo la última ofensiva enemiga del verano de 1918. Por fin, la crisis militar, pero sobre todo interior, de los imperios centrales dio al ejército italiano la posibilidad de realizar una acción ofensiva en octubre y de ganar en la localidad Vittorio Veneto una última batalla –que le permitió firmar como ganadora el armisticio–, en la cual el enemigo se rindió el 3 de noviembre de 1918.

Caporetto fue mucho más que una batalla perdida: como ha escrito en diversas ocasiones uno de los más influyentes historiadores de la Gran Guerra, Giorgio Rochat, fue el nudo crucial del conflicto bélico, donde se pusieron de manifiesto todas sus contradicciones y se anticiparon decisiones de largo plazo. Fue el acontecimiento revelador de la esencia misma de la guerra en Italia, sufrida por las clases populares, sin objetivos concretos, ni patriotismo, ni una idea clara del enemigo, dirigida por los altos cargos y por los oficiales de carrera, desdeñosos y negligentes ante el sacrificio de sangre al que estaban sometiendo desde hacía más de dos años a sus soldados. Fue también la experiencia de psicología de masas y manipulación de la información más importante anterior al fascismo, cuya lección aprendió este. Falsas noticias se acumulaban sin que ninguna fuente oficial las desmintiese: fragmentarias y confusas, impedían que se comprendiese el fenómeno y que se averiguase quiénes eran los responsables. Pánico, frustración y un sentimiento de vergüenza nacional se difundieron sobre todo entre las clases medias, que hasta aquel momento eran las que más habían estado a favor de la guerra. Para los soldados de la tropa, abandonados sin órdenes, testigos de la ausencia o incluso de la fuga de sus comandantes –incluido el general Pietro Badoglio, que el 8 de septiembre de 1943 cometería una acción todavía más grave al dejar a los soldados italianos víctimas de feroces represalias alemanas–, la única solución fue el intento de salvación personal frente al enemigo. Para todos Caporetto fue la prueba de la falta de resistencia de la nación en guerra, de la propia ausencia de una comunidad nacional.

El balance demográfico de la guerra también fue particularmente alto e influyó en las políticas emprendidas después por el régimen fascista. En 1911 la población italiana censada era de unos 36 millones de personas, de las que al menos un millón y medio residían en el extranjero. Durante la guerra fueron reclutados seis millones de hombres, de los cuales alrededor de 4.250.000 fueron empleados en operaciones de guerra. Se ha calculado, sobre la base del número de núcleos familiares registrados en 1911, que las cuatro quintas partes de las familias tenían al menos a uno de sus miembros en el ejército. Los dos censos nacionales de 1901 y de 1911 –se realizaban cada diez años– muestran un aumento medio anual de la población residente de 210.000 unidades; el realizado después de la guerra, en 1921, era de 230.000. Por lo tanto, en términos generales, la población continuó creciendo. Sin embargo, es necesario descomponer estos datos: entre 1913 y 1918 los nacimientos se redujeron a la mitad, mientras que se duplicó el número de muertos y disminuyó, hasta casi desaparecer, la emigración. En 1913, la emigración italiana, con 873.000 unidades, llegó al punto más alto de un flujo que desde comienzos de siglo tenía una media anual de 350.000 salidas. Así pues, el saldo positivo en el decenio 1911-1921 fue debido a los nacimientos (excluyendo los años más intensos de la guerra), al cese de la emigración durante 1915-1918 y a la inclusión de los habitantes de las tierras obtenidas en virtud de los tratados de paz. En este cuadro resulta que únicamente en los años 1917 y 1918 se registraron saldos demográficos negativos: si bien en 1915, frente a aproximadamente 1.109.000 nacimientos, hubo 811.000 fallecimientos entre la población italiana, en 1917 los 691.000 nacimientos fueron superados por las 929.000 defunciones y en 1918 los 640.000 nacimientos por 1.276.000 fallecidos (un saldo negativo de -636000). Es difícil un cálculo fiable de las víctimas militares y civiles. En 1924 el demógrafo Giorgio Mortara observó que los datos oficiales difundidos una vez terminado el conflicto no eran seguros. Las cifras de los fallecidos cambiaron de los 564.000 declarados por los oficiales militares en 1920 a los 677.000 tenidos en cuenta para las pensiones de guerra en 1926 a través de la reordenación de las matrículas en los centros de reclutamiento, del cálculo de los cuerpos en los cementerios militares y de la búsqueda de prisioneros y dispersos más allá de la frontera nacional.

La emergencia sanitaria, desencadenada a raíz de la retirada de Caporetto, se prolongó en Italia mucho más allá del periodo de la guerra y de la desmovilización, al menos hasta 1920. Los observadores de la época identificaron en el «precipitado abandono de un amplio territorio por parte de nuestras tropas» el comienzo de una nueva época, en la cual el sistema higiénico sanitario puesto en marcha con la guerra también colapsó. En un primer momento, lo que hizo que el sistema entrase en crisis fue la disgregación del ejército, la pérdida de alimentos, la ocupación militar de territorios, el tránsito de prófugos y el aumento de prisioneros de ambas partes, comprendida la captura de soldados austrohúngaros también exhaustos, «sucios, malnutridos, infectados de gérmenes de enfermedades epidémicas» (Mortara: 25). En el invierno de 1918-1919 se sumaron otros factores: el regreso a casa de los soldados y de los prisioneros italianos extenuados provocó otras 87.000 muertes entre noviembre de 1918 y abril de 1920. Los cuerpos, ya extremadamente cansados, se expusieron a enfermedades epidémicas como la malaria, la tuberculosis, el tifus, la enteritis y la pulmonía; además, la difusión de la terrible epidemia de la gripe «española» también hizo estragos en Italia. Se cobró alrededor de 600.000 víctimas en el país: la población, vulnerable a causa de años de penurias, fue literalmente diezmada por la gripe europea. El sentimiento común de desventura e injusticia del destino se evidenció cuando la población vio, antes incluso de que lo vieran las estadísticas –por las que después se confirmó que los más afectados apenas tenían veinte años–, que los más jóvenes, muchos excluidos del frente por ser menores de edad, habían sido las principales víctimas. Entre 1915 y 1920, la mortalidad de varones y mujeres en la edad más activa, entre 15 y 45 años, se triplicó respecto al periodo precedente de paz (llegando a ser para los varones en edad de permanencia en filas dieciséis veces mayor que antes de la guerra), mientras que no se modificó excesivamente entre los 45 y los 65 años y aumentó poco para los mayores de 65 años. Los demógrafos de la época calcularon que cada cien muertos en la guerra dejaban una media de treinta y dos viudas y sesenta y nueve huérfanos y juzgaron positivamente la decisión tomada por el Gobierno de no enviar al frente en los últimos años del conflicto a las personas de más edad, ya que había más probabilidades de que tuviesen familias a su cargo. Solamente a partir de 1921 hubo una mejora en las condiciones de la población y una vuelta general a los hábitos cotidianos, lo que comportó un aumento de los nacimientos y una expectativa de vida semejante a la de antes de la guerra. Este balance demográfico no estuvo exento de consecuencias en las políticas posteriores del fascismo. Mussolini y los dirigentes fascistas se alimentaron de las corrientes antimalthusianas que circulaban por Europa después del conflicto, pero sobre todo expresaron los temores incluso irracionales de la Italia rural más profunda y tradicional, donde los brazos que podían trabajar se empleaban solo para la supervivencia del núcleo familiar y de la comunidad. A diferencia de los datos reales, el país de la primera posguerra estaba poblado de personas mayores, mujeres y mutilados, sin hombres jóvenes y con las cunas vacías.

A partir de la posguerra, el cálculo de las regiones más afectadas también fue complejo. Se suministraron datos, pero agrupados, difíciles de analizar. Aun así, de ellos emerge que la mayor contribución de sangre la hicieron los campesinos (casi todos trabajadores agrícolas, aparceros, pequeños propietarios), porque constituyeron el 58% de quienes habían sido enviados al frente (que correspondía al porcentaje de la mano de obra en la Italia de entonces), casi siempre en infantería, es decir, en el cuerpo del ejército más afectado por las pérdidas debidas al combate a pie. Además, ningún campesino tenía la posibilidad de formar parte de los 166.000 hombres movilizados asignados a la industria de la guerra. Fueron las regiones principalmente agrícolas las que registraron la mayor mortalidad, pero con variaciones muy diferentes si se añaden, a los muertos en el frente, los muertos civiles y los soldados desmovilizados, y 1918 fue el año más luctuoso en Italia (el 28 por mil, contra el 26,4 por mil de Austria y el 18,4 por mil de Alemania según los datos recogidos por Mortara). Véneto fue la región más afectada porque a la mortalidad por la guerra se sumaron, después de la batalla de Caporetto, las víctimas civiles causadas por la ocupación enemiga; pero también Basilicata y Cerdeña, lejos del frente, fueron regiones especialmente afectadas, ya que contribuyeron con un alto número de hombres alistados en infantería; y asimismo la región de Apulia, a causa del desarrollo de enfermedades infecciosas, y Lacio, donde el nuevo brote de malaria en terrenos pantanosos descuidados por el hombre allanó el camino a la gripe «española». Según los hombres de ciencia de la época, los inmensos lutos que afectaron a las regiones más rurales fueron lógicos y fueron consecuencia de la conducta económica de la guerra y de la condición de salud de la población agrícola después de esta.

Pero a estos dramas se les atribuyeron otros significados y valores, tanto en la mentalidad de la población que los sufrió como en la instrumentalización que las derechas hicieron para dividir a las clases subalternas y apartarlas de la influencia de las corrientes de izquierda neutralistas y pacifistas. Fueron creados estereotipos: el que más arraigó fue el de la imagen del sacrificio silencioso del soldado campesino, contrapuesta a la del obrero evasor. Según la opinión que dio en 1933 el excombatiente sardo Emilio Lussu, que después pasó a las filas del antifascismo, las luchas obreras de la posguerra no atenuaron este juicio:

... en los obreros de las grandes industrias, más que en los otros, era vivísima la aversión a la guerra. Ellos no habían participado, pero seguían combatiéndola como si no hubiese cesado, como si todavía tuviese que estallar. Esta aversión se traducía en desprecio por todos los que habían combatido, como si, durante cuatro años, hubiesen disfrutado correteando. Al poco tiempo, este estado de ánimo contribuiría de manera importante a alejar de los obreros las simpatías de los soldados y del ejército (Lussu: 14).

Durante el año que transcurrió entre la batalla de Caporetto y la victoria, también se extendió la violencia sufrida por la población civil, sobre todo en las provincias de las regiones de Friuli y Véneto. Un contingente de 800.000 soldados, sobre todo austriacos, húngaros y alemanes, ocupó un territorio habitado por cerca de un millón de civiles, lo que provocó alrededor de 600.000 prófugos, de los cuales menos de la mitad consiguieron refugiarse tras las nuevas líneas de batalla italianas. Hasta ese momento, únicamente las poblaciones italianas de frontera que pertenecían a los territorios del Imperio austrohúngaro habían vivido como prófugas, sobre todo en Austria. Esta ocupación fue tan dura precisamente porque tuvo lugar durante el último año de la guerra: a los saqueos italianos y enemigos después de la retirada de Caporetto se sumó una ocupación predatoria, debida también a la escasez general de bienes de primera necesidad, especialmente en Austria, que hizo que los territorios ocupados no solo alimentasen a las tropas ocupantes, sino que también contribuyesen a que no muriesen de hambre las regiones de las que provenían. El clero, que a menudo era la única autoridad que permanecía en el territorio ocupado, asumió una función de mediación durante aquellos meses; si bien su comportamiento fue exaltado por algunos ambientes, en otros, como la clase política laica y patriótica de la posguerra, su acción fue interpretada con hastío al ser sospechosa de haber acogido con simpatía a los austriacos católicos y de haber colaborado con ellos por hostilidad hacia el Estado italiano. Los volúmenes de las Relazioni alla Reale Commissione sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, publicados entre 1919 y 1921, sostenían, basándose también en testimonios recogidos, que el «nuevo enemigo», el ocupante alemán, fue más temido y demonizado que las tropas austriacas, porque estas eran más conocidas en las tierras que habían dominado hasta hacía cincuenta años. La memoria colectiva que se había construido en las provincias ocupadas tendía a representar a las tropas alemanas todavía arrogantes y sometidas al orden y la disciplina, mientras que recordaba al ejército austrohúngaro ya exhausto por la guerra en 1918 y por lo tanto más similar, por estar más afectado por la tragedia bélica, a la población a la que ellos sometían. Después, al fascismo le resultó difícil extirpar de estas tierras el estereotipo popular que la gente conservaba de los alemanes para presentarlos como los nuevos aliados.

La guerra, para Italia, significó sufrir violencia, pero también perpetrar violencia a través del arditismo. Durante el verano de 1917 se probaron unidades de asalto, cada una con una fuerza media de seiscientos hombres, que se desarrollaron considerablemente después de Caporetto. A diferencia de lo que se pensaba, los arditi eran un cuerpo del ejército y no una formación irregular, como los camisas rojas garibaldinos o los legionarios de D’Annunzio en la empresa de Fiume. Hasta la batalla de Caporetto, los arditi eran elegidos por los mandos de la infantería, mientras que en 1918, cuando se conocieron tanto sus actividades como los privilegios de los que disfrutaban con respecto a la tropa regular, los voluntarios fueron numerosos, más del número reclutado. El núcleo de las unidades de asalto nunca superó el número total de 40.000 o 50.000 unidades adiestradas y empleadas. Entre los voluntarios también había militares en espera de juicio o de cumplimiento de pena privativa de libertad (sometidos a uno de los 360.000 procesos a soldados en armas que tuvieron lugar durante la guerra) por delitos militares, como deserción y rechazo a la obediencia, y nunca por delitos comunes. Los arditi destacaban por el deseo de combatir en la guerra hasta el final, hasta la victoria, y por ello se hicieron fundamentales para los altos mandos militares como instrumentos involuntarios de propaganda, más todavía que el éxito mismo de sus acciones, como ejemplos de soldado optimista y victorioso ante una multitud de combatientes desmotivados sobre todo después de Caporetto. Fue construido el mito de hombres fuera de lo normal, firmemente fieles a los valores de la patria y de la victoria hasta las últimas consecuencias. Rochat, que ha reconstruido su historia, observa en los arditi el hecho de haber sido condicionados por su proprio mito y el de haber cultivado y haberse identificado con su propia acción cruenta: asaltos nocturnos con arma blanca, uso del puñal para degollar a los enemigos o la práctica de hacer prisioneros en el campo tal y como cuentan muchos testigos. Hasta el final de la guerra no existió ningún contacto entre el arditismo y Mussolini, por aquel entonces director de Il Popolo d’Italia, a pesar de las muchas afinidades: victoria a toda costa, rechazo de las reglas tradicionales del ejército de masas y confianza en la capacidad individual y en las minorías audaces.

De 600.000 prisioneros italianos, la mitad cayeron en manos enemigas en la retirada de Caporetto, y al menos 100.000 murieron a causa del encarcelamiento, vivido en condiciones deshumanas en campos de Austria, Bohemia y Alemania; fue uno de los episodios más dramáticos de la guerra. No fue adoptada ninguna forma de asistencia para los prisioneros cuando volvieron a Italia, a menudo después de jornadas de marcha sin comida. Su llegada había sido prevista en tandas de 20.000 hombres al día, pero los 400.000 detenidos en Austria llegaron de manera desordenada. A finales de noviembre de 1918 fueron preparados centros de acogida en la llanura padana para examinar su situación judicial, porque sobre ellos pesaba la acusación de deserción. Eran los «imboscati d’Oltralpe»,1 tal y como los había definido con desprecio Gabriele D’Annunzio. La dramática situación en los campos de acogida podía desencadenar revueltas, al igual que ocurrió en la Rusia revolucionaria. En aquel momento, ni la izquierda ni los mussolinianos se sentían capaces de gestionar una protesta semejante por ser considerada o demasiado revolucionaria o demasiado derrotista. Ante esta situación, el Gobierno intentó reducir el número de personas de los campos, reteniendo únicamente a aquellas sobre las que caían fuertes sospechas. Más tarde, en septiembre de 1919, el Gobierno presidido por Francesco Saverio Nitti aprobó un decreto de amnistía, que liberaba a 40.000 de los 60.000 detenidos y anulaba 110.000 procesos de los 160.000 en marcha. Fue la primera medida tomada para apaciguar los ánimos y un acto de valor frente a la derecha nacionalista que, por el contrario, pedía condenas inflexibles para quienes habían atentado contra la victoria. Finalmente, la publicación en el verano de 1919 de la investigación sobre las responsabilidades de Caporetto hizo que muchas de las sospechas de deserción desapareciesen y justificó todavía más la amnistía. La desmovilización de las unidades armadas tuvo lugar, en cambio, de manera ordenada. En el momento del armisticio, los ciudadanos italianos bajo las armas eran más de tres millones: 1.400.000 obtuvieron la licencia absoluta para la Navidad de 1918 y otros 500.000 entre enero y marzo de 1919. Luego, la desmovilización se interrumpió hasta el verano debido al agravamiento, tanto en el país como a nivel internacional, de la crisis posbélica (crisis y coste de la vida, ocupación de terrenos baldíos al sur, movilizaciones de los campesinos asalariados de la llanura Padana y de obreros en las industrias del norte, empresa de Fiume e incertidumbre sobre lo que Italia obtendría de la conferencia de paz de Versalles). En los primeros meses de 1919 fueron muchas las manifestaciones llevadas a cabo por los excombatientes, principalmente en los grandes centros urbanos. Sin embargo, durante ese año, solo una minoría de ellos fundó o se adhirió a las organizaciones extremistas, violentas o revolucionarias del «combattentismo», a los nacientes Fasci di Combattimento de Mussolini o a la Lega Proletaria de los mutilados, inválidos, heridos y veteranos de guerra. La mayor parte de los desmovilizados se adhirieron a la heterogénea Associazione Nazionale dei Combattenti (ANC), creada en 1919 por exoficiales de complemento. El mito de la renovación partía del intervencionismo democrático y el objetivo que se planteaba en la posguerra era el de reunir a todos aquellos que habían estado en el frente en un partido de combatientes de tipo laborista, popular y alternativo a los partidos de masas y a los movimientos revolucionarios, y basado en una amplia alianza interclasista entre la pequeña burguesía y las clases campesinas, es decir, entre los dos principales componentes sociales que habían constituido la tropa y sus grados inferiores de mando durante los años de la guerra.

La apuesta por conservar en el terreno democrático la camaradería y la solidaridad que habían nacido en las trincheras entre millones de italianos provenientes de regiones y clases socioeconómicas profundamente diferentes se perdió rápidamente. Las causas de este fracaso fueron múltiples y concomitantes. En primer lugar, la relación entre la ANC y los últimos gobiernos prefascistas fue débil a la hora de buscar soluciones para una reinserción civil y laboral eficaz de los veteranos. La clase política liberal de la época no acabó de aprovechar la oportunidad de contener el fascismo conquistando a los excombatientes. El primer grupo dirigente de la ANC apoyaba una política liberal y descentralizada, contraria a un Estado que se había vuelto demasiado centralizador con la guerra y sobre todo que había adoptado una concepción wilsoniana de las relaciones internacionales, a la cual tanto los nacionalistas, en la oposición, como los gobiernos en funciones miraban con hostilidad en la fase de obtención de nuevos territorios para Italia. El golpe de gracia lo dio la transformación geográfica de la ANC, que en un primer momento había acogido a los excombatientes provenientes sobre todo del sur que no encontraban ni en el nuevo movimiento católico de don Sturzo ni en el movimiento socialista una referencia política eficaz. A partir de 1921-1922 el centro de gravedad de la ANC se trasladó gradualmente al centro-norte, perdiendo progresivamente el carácter político inicial y asumiendo, en su lugar, una labor sobre todo asistencial y de refugio para muchos veteranos democráticos de provincias como Bolonia y Cremona, que pronto se transformaron en escenario de la violencia escuadrista. La nueva dirección septentrional consiguió salvar la unidad y la autonomía, pero a un precio político alto, por lo que tal aspiración conciliadora debilitó al movimiento a favor del fascismo en ascenso.

En el momento de la fundación de la ANC, sus líderes habían expresado una clara hostilidad hacia el movimiento de los Fasci di Combattimento y habían excluido a Mussolini de la lista de los combatientes presentada en Milán para las elecciones de 1919. Por otra parte, Mussolini y su periódico, Il Popolo d’Italia, apoyaban abiertamente a la aislada y minoritaria Associazione degli Arditi. Todavía a mediados de 1921, cuando el movimiento fascista intentaba superar la crisis de adhesiones y de orientación que había sufrido a finales de 1919 y buscaba frenéticamente apoyos y alianzas, la ANC contaba con un número de adhesiones de al menos el doble con respecto al Partido Nacional Fascista (PNF), que se estaba constituyendo: 400.000 inscritos y una presencia económica compuesta por más de mil cooperativas. Cuando llegó al Gobierno, Mussolini modificó lentamente la naturaleza de la ANC, transformándola en un engranaje de la máquina asistencial y por tanto dependiente de la suerte política del Estado fascista. De hecho, entre junio de 1923 y febrero de 1924, el Gobierno promulgó una serie de decretos que transformaron en entidades morales la ANC y la Associazione Famiglie dei Caduti in Guerra, dotándolas de autonomía bajo el control de la Presidencia del Gobierno y uniéndolas a la gestión financiera de la Opera Nazionale Combattenti (ONC). En definitiva, puso en marcha una operación que con el tiempo se demostró eficaz: la neutralización del potencial político de la ANC haciendo que fuese fagocitada por la burocracia asistencial destinada a los veteranos y a sus familias.

Hasta 1924, la relación entre los fascistas y las secciones de la ANC fue tensa, especialmente por el rechazo de la Associazione a participar oficialmente en la celebración del primer aniversario de la Marcha sobre Roma y en la conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial el 4 de noviembre de 1923, cuando escuadras fascistas y grupos patrióticos de manifestantes se enfrentaron en muchas plazas italianas. En cualquier caso, la ANC nunca fue un objetivo de las acciones más violentas del fascismo. Atacarla habría sido demasiado peligroso para un partido que tenía la intención de presentarse como el legítimo heredero y depositario de los nuevos valores generados por la guerra. En lugar de eso, lo que hizo el fascismo fue apartar de la dirección de la ANC a las corrientes del combattentismo de izquierda y democrático. La crisis Matteotti, en la segunda mitad de 1924, también dio a las asociaciones de excombatientes la última posibilidad de oponerse al fascismo. Sin embargo, la ocasión fue desaprovechada muy pronto por la incapacidad demostrada por la cúpula a la hora de adoptar una dirección única y por la falta de comunicación entre las secciones meridionales y las septentrionales. Esto proporcionó tiempo al fascismo para imponerse: en marzo de 1925 la dirección de la ANC se puso en manos de un triunvirato de dirigentes leales al fascismo que llevó a cabo una depuración interna y fascistizó la dirección, excluyendo a los intervencionistas democráticos; entre estos se encontraba el exoficial Emilio Lussu, que en 1919 había fundado el Partito Sardo d’Azione y era su representante en el Parlamento.

LA TOMA DEL PODER

En este nuevo cuadro político tan heterogéneo y todavía de difícil clasificación, el 23 de marzo de 1919 se habían creado en una asamblea reunida en Milán, en la plaza San Sepolcro, las ligas de combate fascistas, los Fasci di Combattimento (literalmente ‘fasces de combate’). Habían sido promovidos y apoyados por sectores del intervencionismo nacionalista y sobre todo por el periódico Il Popolo d’Italia, fundado y dirigido desde noviembre de 1914 por el dinámico organizador político y periodista Benito Mussolini. Mussolini había sido punto de referencia para muchos jóvenes socialistas revolucionarios tanto como director del diario socialista Avanti!, desde diciembre de 1912, como cuando fue expulsado del Partido Socialista Italiano (PSI) por su posición claramente filointervencionista en octubre de 1914. Durante el último año del conflicto, Il Popolo d’Italia había sido financiado por grupos industriales que gracias a la guerra estaban realizando grandes fortunas en la industria alimentaria, en la armamentística y en la química (Eridania Zuccheri, Breda, Ansaldo). Estos grupos veían con preocupación la reconversión industrial de la posguerra y buscaban nuevos aliados. El periódico dirigido por Mussolini se había propuesto en agosto de 1918 como el «órgano de los combatientes y de los productores» y en la inmediata posguerra había empezado a representar y a orientar a grupos diversos y minoritarios: sindicalistas revolucionarios, anarcosindicalistas, sectores estudiantiles y vanguardias artísticas y culturales. Todos ellos compartían la voluntad de no desaprovechar una fase favorable al cambio propiciada por la Gran Guerra, eran contrarios tanto al inmovilismo de la clase política como a los fermentos de las masas populares resurgidas de las revoluciones originadas por la guerra en Rusia, Alemania y Hungría y estaban cada vez más decepcionados por la incapacidad de los gobiernos liberales de jugar bien la carta de la victoria en las mesas de las conferencias de paz para obtener territorios y mayor prestigio para Italia.

La primera prueba de fuerza de este grupo heterogéneo fue la que se intentó con la acción llevada a cabo por alrededor de dos mil excombatientes y soldados aún en servicio activo para ocupar, el 12 de septiembre de 1919, la ciudad de Fiume, que los tratados de paz no habían asignado a Italia tal y como solicitaban los irredentistas y los nacionalistas. La ocupación, liderada por Gabriele D’Annunzio, apoyado en un primer momento por el nacionalista Giovanni Giuriati y después, a partir de enero de 1920, por el sindicalista revolucionario e intervencionista Alceste de Ambris, aspiraba a ser más que un simple acto de conquista territorial: tenía como objetivo que entrase en crisis política el Gobierno de Francesco Saverio Nitti en vísperas de las elecciones de noviembre de 1919 y experimentar una nueva forma de autogobierno, basada en el programa constitucional de la Carta del Carnaro y en el vínculo fiduciario entre el mando y el Consejo Militar del ejército legionario. La carta, escrita por D’Annunzio y De Ambris y difundida en agosto de 1920, resumía las ideas y las utopías del momento: republicanismo, corporativismo de diferente origen, deseo de autogobierno y de descentralización, necesidad de una relación directa y carismática entre jefe y población en armas y la realización de una República de las artes. La experiencia terminó por agotamiento y por discrepancias internas incluso antes de que el ejército italiano, en la Navidad de 1920, ocupase a su vez Fiume, la cual se había convertido en ciudad independiente después del tratado ítalo-yugoslavo de Rapallo, firmado el 12 de noviembre.

El movimiento fascista, presente en las plazas y en las acciones llamativas y simbólicas, no obtuvo un inmediato éxito electoral: todavía era demasiado heterogéneo y confuso en los programas y en las órdenes. De hecho, no fue premiado en las elecciones del 16 de noviembre de 1919 (en Milán, su bastión, había obtenido menos de cinco mil votos), las cuales, en cambio, favorecieron a los socialistas con 156 escaños, a los católicos populares, a los que correspondieron 100, y a la coalición liberal, que obtuvo 179. Las elecciones administrativas que tuvieron lugar en septiembre-octubre de 1920 con el sistema mayoritario ratificaron en el centro-norte la conquista de los municipios y de las provincias por parte de los socialistas y de los populares: los primeros obtuvieron 2.022 municipios de 8.346 y la gestión de 26 consejos provinciales sobre 69; los segundos, fuertes sobre todo en Véneto, consiguieron 1.613 municipios y 10 provincias, mientras que los republicanos lograron la dirección de 27 municipios. En las capitales de provincia, como Alessandria, Milán, Cremona, Plasencia, Reggio Emilia, Módena, Bolonia, Ferrara y Grosseto, los socialistas obtuvieron la mayoría absoluta. El bloque gubernativo democrático liberal mantuvo los restantes 4.665 municipios y 33 provincias. Los fascistas y los nacionalistas se afirmaron únicamente en la ciudad de Trieste, heredando e instrumentalizando el pasado irredentista y el nuevo antieslavismo. Fue entonces cuando el movimiento fascista recurrió abiertamente a la violencia.

La violencia fue parte constitutiva del movimiento fascista: reclutaba a sus seguidores entre quienes sabían utilizar las armas (concretamente exoficiales de complemento) y que, incapaces de reintegrarse en la vida civil, eran propensos a convertirse en profesionales de la violencia, a hacer de la violencia una ocupación política a tiempo completo. Hay que distinguir la especificidad de la acción fascista de la más general situación de violencia difundida en la sociedad italiana y europea de la primera posguerra, así como de otras formas de violencia tradicional o episódica que contemporáneamente tuvieron lugar en Italia. En un país sacudido por profundos fermentos sociales y por reivindicaciones económicas que desembocaron en la ocupación de tierras en la llanura Padana y en el sur y de fábricas del triángulo industrial, el movimiento fascista decidió abandonar la acción en los grandes aglomerados urbanos, que era donde se había originado, para trasladarla a los pequeños centros y a las zonas rurales. También las fuentes oficiales relativas a los actos de violencia política y al número de delitos contra el orden público son claras en sus también descarnadas cifras. En 1919 los hechos violentos se colocaron en un nivel inferior a los registrados en 1915; en cambio, crecieron durante 1920 y alcanzaron su punto álgido entre 1921 y 1922. Atendiendo a las numerosas víctimas por armas de fuego, esta violencia ha sido atribuida sobre todo, tanto por las fuentes de policía de entonces como por los historiadores sucesivos, al clima político desencadenado por el fascismo, concretamente en la Italia septentrional y central, donde los homicidios aumentaron aproximadamente en 350 unidades entre 1920 y 1921.

Una primera acción violenta epatante ya había tenido lugar el 15 de abril de 1919 con el ataque de escuadras fascistas a la redacción milanesa del Avanti! Pero fue un caso bastante aislado, posiblemente una acción no premeditada a cargo de futuristas y arditi, inspiradores y protagonistas de las primeras agresiones escuadristas. La violencia política no consiguió difundirse en las grandes áreas urbanas septentrionales en esos meses: el movimiento obrero se autodefendió en sus bastiones turineses y milaneses y los empresarios industriales prefirieron recurrir a la negociación o a las fuerzas de policía y del ejército para mantener el orden. En cambio, dos circunstancias provocaron que la violencia fascista se manifestara en las áreas provinciales: las grandes huelgas agrícolas del verano de 1920 y la conquista de los municipios por parte de los socialistas en otoño. Las asociaciones de los productores agrícolas de la llanura Padana, así como de Toscana y Umbría, empezaron a armar a voluntarios para imponer orden y control en las zonas rurales sustituyendo al ejército y a los precedentes guardias privados. Las escuadras (squadre, de aquí el término squadrismo, ‘escuadrismo’) salían normalmente de las capitales de provincia, atacaban y aterrorizaban a individuos, organizaciones y sindicatos de jornaleros y pequeños cultivadores, y después se retiraban a las ciudades de las que habían venido. Estas escuadras estaban formadas por oficiales desmovilizados, apoyados por estudiantes universitarios e hijos de la aristocracia y de la gran burguesía terrateniente, habitualmente residentes en centros urbanos y ciudades universitarias y temerosos de perder privilegios y sobre todo el control de la tierra. A ellos se unieron, también para salvaguardar los propios intereses y la posición social, cultivadores directos, arrendatarios medios o grandes y aparceros. De esta manera, el fascismo estableció un vínculo entre las pequeñas ciudades y las zonas rurales del entorno. El escuadrismo agrario se difundió en el centro-norte entre la segunda mitad de 1920 y la primera de 1921 y contó con «hombres nuevos», jefes y organizadores de la violencia: Olao Gaggioli e Italo Balbo en la zona de Ferrara, Leandro Arpinati en la de Bolonia y Roberto Farinacci en la de Cremona. Fueron designados ras, jefes locales con amplio poder y con seguidores: algunos entraron al servicio de los productores agrícolas, otros, como en las provincias de Alessandria, Pavía y Arezzo, acudieron para formar escuadras expresamente requeridas y financiadas por las confederaciones agrarias. Su acción no se limitaba a aterrorizar a la población y a las organizaciones campesinas, sino que tenía como objetivo la destrucción de todos los centros, sobre todo en los «municipios rojos», que desarrollaban formas de resistencia, solidaridad y asistencia y cooperación y que eran administrados principalmente por socialistas y católicos populares: sedes de partido, ligas, sindicatos, cooperativas de consumo y producción, oficinas de paro, imprentas, escuelas públicas, asociaciones culturales, círculos y salas para reuniones y entretenimiento. La acción sangrienta más dramática que abrió la nueva fase de enfrentamiento civil tuvo lugar en Bolonia el 21 de noviembre de 1920 en el Palazzo Comunale y en la adyacente plaza central: nueve muertos y cincuenta heridos entre la multitud que escuchaba al alcalde socialista maximalista Enio Gnudi condenar un reciente ataque escuadrista a la Camera del Lavoro local.

Entre 1920 y 1922 las instituciones del Estado cedieron casi completamente el monopolio de la violencia. Oficiales del ejército y del gobierno civil fueron incapaces o muy a menudo permisivos y conniventes con respecto al uso de la fuerza por parte de los productores agrícolas y a la violencia fascista en general. Esta venía obstaculizada, cuando era posible, por una igualmente violenta autodefensa por parte de los militantes de izquierdas. Los socialistas se mostraron muy débiles y nada preparados; hubo alguna posibilidad más de controlar el territorio en algunas ciudades industriales obreras en las que la experiencia de la ocupación de los consejos de las fábricas (como en Turín en septiembre de 1920) había formado una clase joven y combativa que en parte confluiría en el Partido Comunista. En algunas ciudades, como Parma y Bari, la tradición sindical revolucionaria facilitó la formación de grupos armados, como los arditi del popolo, creados en el verano de 1921. La resistencia a la agresión escuadrista en Parma, organizada por los arditi guiados por Guido Picelli, tuvo éxito en agosto de 1922, cuando los barrios de Oltretorrente resistieron la acometida de escuadras provenientes de otras provincias, permaneciendo mitificada en la memoria popular antifascista durante todo el ventenio fascista, durante los años de la resistencia e incluso años después. Una situación análoga se produjo pocas semanas después en el barrio San Lorenzo de Roma. Los arditi de Parma eran principalmente jóvenes: al menos el 70% de ellos tenían entre 18 y 27 años; muchos de ellos, pues, no habían participado en la guerra y eran guiados por jóvenes veteranos no mucho mayores que ellos. Una composición por edad análoga a la de las escuadras fascistas: los arditi eran reclutados entre las clases populares y los jóvenes pertenecientes a las escuadras fascistas entre la clase media y medio-baja. Fue Lussu quien observó que

... quienes eran estudiantes, pequeños empleados y artesanos antes de la guerra, se habían convertido en tenientes y capitanes, comandantes de pelotón, de compañía, de batallón. Quien ha estado al mando de una compañía en tiempos de guerra ¿puede, sin esfuerzo, volver a estudiar en el colegio? Quien ha estado al mando de un batallón ¿puede volver a trabajar como empleado de archivo o como escribiente a 500 liras al mes sin sentirse humillado?

Era lo mismo que estaba ocurriendo en Alemania en esos meses con los Freikorps:

... muchos se habían acostumbrado a un ambiente superior al que habían vivido con sus familias o en sus empleos [...], la vida civil les resultaba imposible [...] y ¿podían volver a la vida normal como fracasados quienes habían ganado la guerra? ¿Y ahora debían adaptarse humildemente al trabajo, depender de quienes habían medrado evadiendo la guerra? (Lussu: 15).

De todos modos, fueron pocas las áreas en las que la reacción popular consiguió contener el escuadrismo. El municipio rojo de Sarzana, en el interior de La Spezia, atacado en la noche del 20 de julio de 1921 por una escuadra de unos quinientos fascistas toscanos bajo el mando de Amerigo Dumini (que tres años después asesinaría a Giacomo Matteotti), demostró que se podían combatir los asaltos fascistas si las fuerzas del orden y la población, que en este caso había sido armada por los arditi del popolo, se oponían con decisión.

La violencia fascista resultó exitosa porque tomaba la iniciativa de la acción y no se limitaba a ser solo defensiva: se basaba en una estrategia de terror y tenía como objetivo la intimidación y la humillación del adversario –obligado a tomar aceite de ricino, abandonado, apaleado, sucio y desnudo en lugares públicos y de paso– o, lo que es peor, su eliminación. Más que una guerra civil, lo que tuvo lugar en el país fue una lucha defensiva de las propias sedes por parte de las izquierdas y una ofensiva por parte de las escuadras fascistas, que tenían una gran movilidad. Provincias enteras fueron conquistadas a mano armada gracias a esta táctica militar, permitida por la financiación y los medios de transporte puestos a su disposición por los propietarios agrarios, y gracias al inmovilismo de las fuerzas del orden. Fueron especialmente eficaces las columnas de fuego, organizadas en Emilia por Arpinati y Balbo. Una de estas, formada por al menos tres mil fascistas ferrareses y boloñeses, devastó Rávena en julio de 1922, incendiando y destruyendo edificios y barrios símbolo del movimiento cooperativo y de las asociaciones de jornaleros agrícolas de la provincia. La Marcha fue experimentada muchas veces en las provincias antes de que se dirigiese a la capital y al Gobierno central. En el centro-norte la ofensiva escuadrista alcanzó su máxima intensidad durante la primavera-verano de 1921, volviendo a la ciudad después de haber conquistado las zonas rurales. En abril de 1921 fue incendiada la Camera del Lavoro de Turín, después de que la Fiat hubiese decidido un despido masivo y luego el cierre de los establecimientos, y el 13 y el 14 de julio escuadras fascistas ocuparon Treviso y un enfrentamiento armado provocó muertos en Trieste. En algunas ciudades de Véneto, como en Venecia, el fascismo mantuvo su naturaleza dannunziana hasta 1921; los empresarios vénetos (sobre todo de la industria textil) lo habían contemplado con recelo, prefiriendo el avance de los católicos. Después, el fascismo agrario véneto tuvo como objetivo la eliminación de las bases de organización y resistencia económica de los católicos y de los socialistas en las zonas provinciales, con ataques a sus cooperativas, cajas rurales y administraciones, especialmente en las zonas de Treviso (donde la ofensiva fue liderada por el fiumano Giovanni Giuriati), Polesine y Padua. A continuación la violencia fascista pasó a algunas áreas del sur, especialmente a Apulia y a la Sicilia oriental, sobre todo a la provincia de Siracusa, la cual en aquel entonces comprendía el territorio de Ragusa, epicentro del fascismo agrario siciliano. La ola de violencia tuvo lugar entre el invierno de 1921 y la primavera de 1922, pero las ciudades, como Bari, no cayeron bajo el control fascista hasta el verano de 1922.

En cualquier caso, hasta 1921 el fascismo fue un fenómeno de la Italia centro-septentrional; los Fasci estaban principalmente en las ciudades de tamaño medio (con excepción de Milán, Trieste, Bolonia y Florencia), las áreas de llanura y las zonas de colina. Se habían establecido en el área padana tanto a nordeste como a noroeste y su despliegue había sido facilitado por las vías de comunicación: el curso natural del río Po, el eje viario de la vía Emilia hasta Bolonia y los pasos apenínicos que comunicaban con Florencia y con Perugia. También estuvo presente en menor medida en los Abruzos, en la zona de Nápoles y en la zona del Tavoliere de Apulia. El escuadrismo agrario había sido importado a Apulia y Sicilia rompiendo las tradicionales relaciones de fuerza y de uso de la violencia para imponer autoridad y reivindicaciones. En la zona de Foggia y Bari la violencia avanzó siguiendo círculos concéntricos que, ampliándose, tocaron los grandes centros agrícolas de Andria, Cerignola, Minervino, Spinazzola y Gioia del Colle bajo el mando de algunos ras locales, entre los cuales se encontraba Giuseppe Caradonna, considerado el «duce di Cerignola», un joven propietario que financió y dirigió las escuadras y conquistó sucesivamente la ciudad de Foggia, hasta convertirse en diputado. Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre el fascismo agrario padano y el de Apulia. Este último no cedió ni llegó a compromisos, no estuvo caracterizado por ninguna forma de populismo reaccionario, no utilizó consignas demagógicas: fue puro escuadrismo y, en cuanto tal, provocó un enfrentamiento armado frontal entre jornaleros agrícolas sindicalizados y escuadristas, estos últimos reclutados entre la clase propietaria y de grandes arrendatarios, estudiantes, oficiales retirados y profesionales de la violencia, como el capitán sardo de los arditi Salvatore Addis, al servicio de la Associazione Agraria de la provincia de Bari. El enfrentamiento se prolongó desde febrero de 1921, cuando fueron proclamadas en la región tres jornadas de huelga contra el escuadrismo, hasta agosto de 1922, ante unas autoridades de policía débiles o incluso cómplices de los propietarios agrícolas. Los fascistas conquistaron Cerignola a principios de 1922 y en julio cayó el municipio de Adria; administradores y sindicalistas, entre estos Giuseppe Di Vittorio, se refugiaron en Bari, que cayó por último a principios de agosto. En la zona de Ragusa, en Sicilia, los escuadristas fueron reclutados entre emigrantes sicilianos que habían tenido una primera experiencia en el escuadrismo agrario septentrional antes de volver a la isla. Una figura emblemática fue Pippo Raguso, que volvió a Palermo en 1921 después de haber sido escuadrista en la ciudad romañola de Lugo y en Bolonia. Estos escuadristas se movieron contra un fuerte movimiento de jornaleros agrícolas, dirigido por los socialistas, llevando a cabo en la primavera de 1921 los primeros asaltos a organizaciones y círculos socialistas de Siracusa y Ragusa, hasta la conquista definitiva del municipio de Ragusa en 1922, y de su bastión, Lentini, en julio de ese mismo año.

Mientras tanto, en el norte, la dirección del movimiento fascista intentaba tener controladas a las escuadras y a los jefes locales. El 15 de mayo de 1921 había habido nuevas elecciones políticas que habían llevado a la Cámara a los treinta y cinco primeros diputados fascistas, elegidos en listas de coalición realmente heterogéneas formadas por los liberales y por las derechas nacionalistas y fascistas. Con todo, el Partido Socialista se mantenía a nivel nacional, incluso después del abandono por parte de quienes habían fundado el Partido Comunista, pero empezaba a ceder terreno a los fascistas en sus áreas más consolidadas del centro-norte. A principios de verano, Mussolini propuso un acuerdo de pacificación entre la derecha y la izquierda que tenía entre sus varios objetivos tranquilizar a los sectores de la clase media que se estaban acercando a los Fasci, alcanzar en la medida de lo posible un acuerdo con las fuerzas populares, socialistas y católicas para construir un frente antiliberal y normalizar el movimiento con la finalidad de transformarlo en un verdadero partido político. Después de que diversos Fasci, concretamente toscanos y emilianos, rechazasen en animadas asambleas el acuerdo, en otoño Mussolini aceleró la fundación del nuevo partido. Con el tercer Congresso Nazionale dei Fasci, que se celebró en Roma en el Teatro Augusteo el 7 de noviembre de 1921, se fundó oficialmente el Partido Nacional Fascista (PNF). A pesar de que seguía habiendo fuertes resistencias internas para hacer de Roma, en parte todavía extraña al movimiento, la propia central, el PNF trasladó a la capital su dirección y procedió al nombramiento de nuevos dirigentes, intentando encontrar un equilibro entre el centro y los diversos poderes presentes en la periferia. Mientras tanto, los inscritos a los Fasci aumentaban rápidamente; los cerca de 80.000 de marzo de 1921 se cuadruplicarían para mayo de 1922, hasta alcanzar las aproximadamente 322.000 adhesiones.

Tres meses después de la fundación del PNF, la Confederazione Italiana dei Sindacati Economici, fundada en Milán en noviembre de 1920 con declarada simpatía por el movimiento fascista, creaba en Bolonia la Confederazione Nazionale dei Sindacati Nazionali, dirigida por el sindicalista ferrarés Edmondo Rossoni. El nuevo sindicato tendría modo, así pues, de utilizar a su propio favor un instrumento de lucha que hasta entonces había sido fundamentalmente prerrogativa de las izquierdas en las pruebas de fuerza contra el patronato y contra la autoridad estatal: la huelga general. Italo Balbo y Leandro Arpinati pusieron a prueba al primer Gobierno de Luigi Facta con una huelga de jornaleros agrícolas, organizada en colaboración con el escuadrismo agrario, que paralizó entre el 12 y el 14 de mayo de 1922 la provincia de Ferrara, gracias a la cual pudieron sustraer a los sindicatos y a las asociaciones de izquierda los contratos de las obras públicas. Además, con otra prueba de fuerza que detuvo las actividades productivas del área boloñesa entre el 29 de mayo y el 2 de junio, consiguieron el traslado del prefecto Cesare Mori, el cual, hasta aquel momento, había impedido a los propietarios agrarios importar mano de obra de la zona de Ferrara y Módena, mano de obra que podía sustituir a la controlada por las asociaciones rojas y sus oficinas de empleo. Finalmente las huelgas y la revueltas armadas paralizaron la actividad de muchos centros ciudadanos que todavía estaban gobernados por juntas de izquierda y juntas populares y determinaron su disolución, como en Novara, Cremona, Bolonia, Rímini, Rávena y Viterbo.

El segundo Gobierno de Facta, reconstituido en agosto de 1922 con el voto contrario de socialistas, comunistas y fascistas, no pareció capaz de detener la violencia en el país ni de utilizar instrumentos militares ni prefecturas para restablecer el orden; tampoco los liberales, liderados aún por Giolitti, estaban convencidos de que fuese oportuno aceptar a exponentes fascistas para neutralizarlos y para reconducir el fascismo a la legalidad mediante la responsabilidad de gobierno. En septiembre de 1922 Mussolini hacía decaer una serie de preliminares institucionales del programa original del movimiento fascista, abandonando el republicanismo y prometiendo que, en caso de que llegase al gobierno, respetaría la monarquía y acabaría con la lucha de clases con vistas a la creación de una nación fuerte y unida, respetable en política exterior. Sin embargo, no se declaraba dispuesto a que exponentes del PNF ocupasen posiciones de segundo plano en un posible gobierno. Mientras tanto, el Partido Socialista sufría una segunda división: después del abandono de la fracción denominada terzinternazionalista con la fundación del Partido Comunista Italiano en enero de 1921, a principios de octubre de 1922 también los maximalistas y los reformistas se separaban, los segundos fundando el Partido Socialista Unitario. La escisión tuvo profundas repercusiones incluso en la Confederazione Generale del Lavoro (‘Confederación General del Trabajo’), que puso fin a su relación privilegiada con el Partido Socialista.

La situación resultó en seguida favorable a los fascistas para preparar una prueba de fuerza apta para conquistar el Gobierno del país. A mediados de octubre se organizó un mando político-militar, un cuadrumvirato, compuesto por Cesare De Vecchi, Emilio De Bono e Italo Balbo, responsables de la Milizia, y por el secretario nacional del PNF Michele Bianchi. El momento se presentó el 26 de octubre, cuando frente a la ingobernabilidad del país los ministros dieron su dimisión a Luigi Facta, esperando que llamase a la propia responsabilidad a los militares y sobre todo al soberano. Al rey Víctor Manuel III se le planteó la posibilidad de declarar el estado de sitio en la capital y de llamar a alrededor de tres mil militares para que la defendiesen del cuerpo de expedición fascista que se estaba reuniendo en Perugia. Los fascistas paralizaron a su paso ciudades y vías de comunicación entre el norte y el centro de Italia y establecieron tres puestos de avanzada a menos de cien kilómetros de Roma. Resultaban inferiores en número y menos armados y adiestrados que las tropas regulares, pero estaban provistos de una precisa estrategia: su Marcha sobre Roma iba acompañada de numerosas acciones armadas y violentas en centros menores. No se trató de un golpe de Estado, sino de la amenaza de llevarlo a cabo. El enfrentamiento frontal, que los fascistas no podían ganar contra el ejército en la capital, se intentó y se produjo en la periferia, privando de autoridad a los gobiernos locales y a los representantes del Gobierno central y desorientando a la opinión pública.

Durante mucho tiempo, la Marcha sobre Roma ha sido juzgada por muchos antifascistas como una farsa, y la estrategia de la violencia que se utilizó ha sido minimizada, por razones diferentes, tanto por la historiografía fascista como por la antifascista. Mussolini, con la reconstrucción que realizó a los diez años del evento, contribuyó a hacer que la Marcha no fuese considerada un golpe de Estado, sino el momento más alto de la movilización revolucionaria y fundadora del Estado fascista: una jugada genial de una más amplia estrategia política. Mussolini no participó; pero, en 1926, impuso, en número romanos, al lado del número en árabe de los años después de Cristo, el comienzo de la era fascista (EF): el 28 de octubre de 1922. En el décimo aniversario de la Marcha, en una famosa entrevista en la que aún mitificaba el evento, minusvaloró el papel que él había jugado en aquella ocasión: «Junto con los generales desarrollamos la Marcha en tres diagonales, aunque no la dirigí yo» (Ludwig: 51). Era la estrategia de las columnas de fuego ya adoptada en las provincias por los ras. Los observadores de entonces también minusvaloraron la importancia del episodio; tanto los antifascistas, como por ejemplo Emilio Lussu, que lo describió como una farsa que salió bien gracias a la complicidad del soberano, de los altos oficiales del ejército y de una parte de la clase política, como los simpatizantes atípicos y humorales, como por ejemplo el periodista Curzio Malaparte, que admiró la estrategia de la amenaza del golpe de Estado como medio para evitarlo: «Cuando el funcionamiento de la máquina insurreccional es perfecto [...], los accidentes son muy raros» (Malaparte: 133).

El interés por el 28 de octubre ha resurgido recientemente gracias a las reconstrucciones puntuales de algunos historiadores extranjeros, pero han sido sobre todo las investigaciones italianas las que han sabido encuadrar el octubre de 1922 en un más vasto cuadro interpretativo de la violencia política, revolucionaria y contrarrevolucionaria de la primera posguerra europea. Giulia Albanese ha subrayado que fue precisamente la Marcha sobre Roma la que hizo evidente,

una vez más, la fuerza de los fascistas, la incapacidad y la no voluntad del Estado a la hora de reaccionar y hacer valer algunos principios fundamentales de su existencia, como la libertad de prensa, la libertad de expresión y de asociación, pero también el monopolio de la fuerza (2006: VII).

La tarde del 28 de octubre el rey, después de haber consultado a sus más cercanos consejeros militares sobre la resistencia del ejército en caso de conflicto armado, prefirió, tal y como le permitía el estatuto, encargar la formación de un nuevo gobierno a Benito Mussolini, que prudentemente se hallaba en su sede de Milán a la espera de acontecimientos. Fue así como el fascismo reconoció en aquel acto y aquel día la fecha de su nacimiento como régimen político. Desde sus exordios, la historiografía antifascista ha preferido fechar el nacimiento en enero de 1925. Hoy por hoy los historiadores, ya fuera de las tradiciones historiográficas militantes, consideran que el primer Gobierno Mussolini representó indudablemente el comienzo de la dictadura en Italia y el final de las instituciones liberales, y que, y aquí está el interés y la actualidad de una reflexión seria sobre las fuentes, «un sistema institucional puede ser transformado sin que esto sea comprendido claramente por parte de quien asiste a las transformaciones», es decir, por sus contemporáneos (Albanese, 2006: X).

Conquistada Roma, al fascismo le quedaba conquistar el sur, desmantelando el tejido reformador y democrático todavía presente. La sustitución del antiguo personal político se produjo lentamente, entre 1919 y 1924, más por la desaparición de una antigua clase dirigente que por la repercusión de la ruptura política que tuvo lugar en la capital. A pesar de ello, dicha sustitución se produjo y fue visible. El caso siciliano resulta uno de los más emblemáticos de esta transformación. En las elecciones políticas de 1924 Sicilia fue una de las regiones en las que el fascismo obtuvo mayor consenso, aproximadamente el 70% de los votos, aunque hay que tener en cuenta que en esta región la lista cerrada fue preparada pactando más que en ningún otro sitio y comprendiendo a figuras prominentes del antiguo régimen liberal como Vittorio Emanuele Orlando, Enrico de Nicola y Antonio Salandra. Fue la respuesta dada a la confianza que Mussolini había depositado en la clase dirigente siciliana al incluir en su primer gobierno de 1922 a cuatro ministros sicilianos. En el sur, los Fasci se desarrollaron a lo largo de 1923 gracias a la confluencia en el PNF de formaciones políticas y clientelares completas, provenientes principalmente de los cuatro troncos entre los que se habían distribuido quienes habían sido elegidos del área liberal y radical en 1921. Sucesivamente estos constituyeron parte de los cuadros dirigentes y de las potestades de las administraciones locales que pasaron al fascismo. Se hicieron fascistas miembros de la nobleza meridional, profesionales, intelectuales y docentes universitarios. La intervención de fascistización del sur se produjo principalmente a través de los prefectos, que nombraron a un comisario en centenares de gobiernos municipales para poder integrarlos en el nuevo Estado fascista. Se trató de una operación compleja, hábil y mucho más radical que el precedente transformismo político de época liberal.

En el sur el escuadrismo no había necesitado expandirse en las zonas rurales en las que la defensa del orden y de la propiedad, además de con la violencia, aún se aplicaba según reglas y ejecutores tradicionales y eficaces. Una vez conquistado el poder, el fascismo se ocupó de controlar a las organizaciones mafiosas que podían convertirse en peligrosas competidoras. La operación antimafia entró a formar parte, así pues, del proceso de estabilización del fascismo en el sur. Para demostrar que el PNF era un partido que estaba por el orden, en junio de 1924 fue reincorporado al servicio y fue enviado a Trapani y después a Palermo el prefecto Mori, del que ya hemos recordado que se distinguió en Bolonia y en la llanura Padana por la severidad y la imparcialidad con las que había contenido la violencia y la intemperancia de las opuestas formaciones fascista y antifascista. En 1926, a este «prefecto de hierro» le fueron otorgados plenos poderes de jurisdicción en toda la isla. La actividad de Mori tuvo contemporáneamente diversos objetivos: el principal fue derrotar a la mafia, pero también fue destruir las clientelas liberales y eliminar las posibles resistencias de las fuerzas políticas no alineadas con el fascismo. La lucha contra la mafia se condujo con total libertad de medios y de métodos represivos: deportación en masa de pueblos y familias, empleo de la tortura, largas detenciones a la espera de procesos indiciarios, condenas sumarias y confinamientos para extirpar toda forma de delincuencia autónoma. En el fenómeno mafioso también incluyeron a hombres que durante la guerra y en la inmediata posguerra habían realizado delitos menores y robos de ganado, muchos de ellos habían sido insumisos y desertores (unos 40.000 entre 1916 y 1917), otros eran excombatientes que, una vez regresados a Sicilia, habían acabado integrando las filas de una nueva mafia que según el prefecto Mori era

... joven [y] esquivaba y despreciaba la protección de los hombres políticos [y] consideraba la propia escopeta como la mejor protección [...]. Y fue una ola de violencia que atropelló a todos y a todo, agravando las condiciones de la seguridad pública hasta un punto que nunca se había visto hasta entonces (Mori: 23).

Entre finales de 1927 y el verano de 1929 se celebraron unos quince grandes procesos a mafiosos, que llegaron a reunir incluso a miles de imputados. La magistratura colaboró de manera activa en la operación, sin perjudicar nunca a los miembros de la gran propiedad agraria, absolviéndolos de haber utilizado en el pasado, «solo por necesidad», a muchos guardianes de fincas (campieri), arrendatarios y administradores de los feudos (gabellotti) implicados en la mafia o propios iniciadores de una mafia rural. Estos fueron los sujetos a los que atacó directamente el fascismo, aunque las potentes familias mafiosas también se vieran implicadas en las operaciones de policía. Algunos personajes reaparecieron en la posguerra, otros desaparecieron del todo y unos terceros huyeron a Túnez o a Estados Unidos, donde recuperarían los contactos con Sicilia en la guerra y la posguerra. De cualquier modo, el haber defendido los intereses de los grandes latifundistas silenció solo durante algunos años a la mafia, la cual reapareció en los años treinta en las áreas de latifundio con una nueva generación y una nueva etapa de violencia generalizada. La nueva represión fue llevada a cabo por el ejército, al igual que la primera, en lo que respecta a su extensión e intensidad, pero completamente en secreto. En los años treinta, en Sicilia estaba prohibida cualquier alusión a la mafia. El cargo de Mori había sido revocado en 1929: había adquirido demasiado poder personal y había llevado a cabo demasiado explícitamente una intervención del nuevo Estado dura y libre de toda garantía de legalidad, intervención que el régimen quería que la isla olvidase. Por su parte, la gran propiedad agraria se avanzó con la parcial eliminación de la antigua clase de gabellotti, sustituyéndola por otra a la cual exigieron beneficios mucho más onerosos que los precedentes. Pero Mori también había intervenido liquidando al grupo de fascistas intransigentes que, apoyados por el secretario del Partido, Roberto Farinacci, habían neutralizado anteriormente el localismo político de tendencias autonomistas. Estos habían sido liderados por el palermitano Alfredo Cucco, que fue expulsado del PNF en 1927. Así pues, se volvió a dar voz a los miembros de la aristocracia agraria y de la nobleza palermitana, que aseguraron al régimen respetabilidad, moderación, fidelidad y defensa de los principios ideológicos del fascismo. A finales de 1927 Sicilia era la novena por número de inscritos en el PNF, por delante de Apulia y Liguria, mientras que al menos 12.000 jornaleros agrícolas estaban controlados por los sindicatos fascistas.

La alianza de los propietarios agrarios con el fascismo, tanto en la llanura Padana como en Apulia y Sicilia, no fortaleció su poder, aunque les aseguró el control de los campos gracias a la colaboración del partido y de los sindicatos fascistas; recibieron ventajas económicas con la política estatal de extensión de los cultivos de cereales y de recuperación de los terrenos, pero perdieron el control de una parte de las administraciones locales y no fueron en absoluto privilegiados en lo que respecta a la relación con el Gobierno central. En Apulia y Sicilia la nueva clase dirigente ya no estaba ligada por fuerza a la propiedad agraria y al campo; estaba compuesta por grandes inversores en el sector inmobiliario, como en Bari, y por empresarios, como Ignazio Florio en Palermo, y sobre todo por la clase media emergente en la Administración del Estado y del paraestado. El fascismo alimentó el empleo público también en el sur: solo en la ciudad de Bari experimentó un aumento del 25% en la totalidad de la población activa. Los planes reguladores de las ciudades de Apulia fueron pensados principalmente para acoger a las nuevas clases medias, lo que provocó la expulsión de núcleos familiares pertenecientes a las clases populares y el empeoramiento de sus condiciones de vida hasta el umbral de la pobreza. El movimiento fascista se había alimentado de los conflictos en las áreas rurales para emerger; una vez establecido de manera estable, puso en valor políticamente el ambiente ciudadano del que había surgido para conquistar el poder, poniéndose de parte de las ciudades y de sus clases dirigentes en el secular enfrentamiento con el campo.

HACIA UN ESTADO TOTALITARIO

Una de las principales intervenciones del fascismo relativas a la organización interna del país fue la que llevó a cabo en el campo institucional. Se ha discutido durante mucho tiempo si los resultados obtenidos por estas transformaciones pueden llevar a incluir el fascismo italiano en la experiencia y en la familia política de los estados totalitarios de este siglo. Aquí, por tanto, es necesario distinguir entre modelo político, definido por una comparación entre las diversas experiencias totalitarias del siglo XX, y realización histórica, medida a partir del mayor o menor acercamiento a tal modelo. Además, bajo el concepto de totalitarismo se engloban regímenes muy diferentes entre ellos que se caracterizan por la afirmación de un monopolio político total de una fuerza política en el Estado y en la sociedad. Estos se distinguen, a su vez, por los caminos emprendidos y las elecciones efectuadas en campo económico y respecto a la propiedad privada. En este contexto, la experiencia histórica de los fascismos europeos estuvo caracterizada no solo por la construcción de un Estado fuerte y centralista dominado por una única fuerza política y diferente de una dictadura de carácter personal, sino también por una estrecha relación de intereses entre la clase política, los grupos burocráticos y la empresa privada, relación que reforzó el poder económico de algunos grupos adecuadamente protegidos.

Las limitaciones del acercamiento del fascismo italiano al modelo totalitario fueron por tanto históricas; estuvieron determinadas por el contexto institucional y económico en el que el nuevo movimiento político se movió y por los compromisos que tuvo que asumir para afirmarse. El fascismo, reforzado en 1923 por la entrada en el PNF de la Associazione Nazionalista Italiana, fundada en 1910, se propuso como claro objetivo la caída del sistema parlamentario y de la representación política basada en la libre asociación y en las elecciones libres introducidas lentamente por el liberalismo en los decenios precedentes, y puso fin a la articulación y a la dialéctica entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Su aspiración era «totalizar», centralizar el poder en manos de un ejecutivo fuerte e incontestable, que representase la única fuerza política considerada capaz de dirigir y representar al país y de transformar el Estado en un instrumento de este monopolio. Para ello debía tener lugar una fusión entre Estado y partido único, que cambiaría profundamente el modo de gobernar, no ya en una forma autoritaria de suspensión temporal de las prerrogativas del Parlamento y de las oposiciones, como había ocurrido en momentos precedentes (último de los gobiernos de emergencia nacional durante la Gran Guerra), sino con la exclusión permanente de las oposiciones. Los límites no estuvieron en el programa general, sino en la capacidad de obtener resultados, condicionados como lo estuvieron por la lentitud de las realizaciones, por la capacidad de respuesta de los cuerpos de la Administración central y por los niveles de consenso obtenidos en la sociedad.

En la historia del fascismo hay que distinguir varias fases: la primera, de toma del poder, fue completada en 1925 con la neutralización de las oposiciones, la transformación del Estado central y las instituciones periféricas, la modificación de las reglas electorales y contemporáneamente la preparación de organismos (el Gran Consejo y la Milizia), que luego permitirían la integración del Partido Fascista con el Estado. La siguiente fase, terminada en 1928, dio el monopolio político total al PNF con la eliminación de toda forma de oposición. El primer paso consistió en la transformación del Estado gracias a la ley del 3 de diciembre de 1922, que confería plenos poderes legislativos al primer Gobierno Mussolini. De esta manera, el Gobierno tuvo la facultad de modificar la estructura y la función de los ministerios, reduciendo su número y asumiendo el control total en los ámbitos económico, financiero y administrativo; además, incluso llegó a disminuir y depurar al personal no grato al nuevo Gobierno en la Administración central y en los servicios públicos y a poner bajo control al Consejo Superior de la Magistratura y, en consecuencia, a la magistratura ordinaria. A lo largo del bienio 1923-1924, el sistema burocrático central fue fuertemente jerarquizado y disciplinado.

Además, a finales de 1922 fue creado el Gran Consejo del Fascismo, que no solo tenía una función de dirección del movimiento fascista, sino que también constituía un organismo de enlace entre el Estado y el partido en cuanto que estaba formado por los ministros fascistas, el responsable de la oficina de prensa de la Presidencia del Gobierno, el jefe de la Policía y los representantes de los sindicatos y las cooperativas fascistas. Representaba el grado más alto de la jerarquía del Partido Fascista, precedido por el Consejo Nacional (una especie de Gran Consejo extendido a los secretarios provinciales del Partido) y por el Directorio Nacional, órgano ejecutivo constituido por cinco miembros elegidos por el propio Gran Consejo. El Gran Consejo funcionaba como modelo para otros organismos de gestión de asociaciones, entidades y comités, todos ellos en apariencia representativos de instancias y organizaciones; en realidad, se trataba de órganos de control y de reglamentación de cualquier actividad desarrollada en el país. Con el decreto del 14 de enero de 1923 se constituía, además, la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), organismo híbrido y proyectado para incidir en la sociedad y en las instituciones públicas más que en el movimiento político. Para su dirección fueron nombrados los estrategas de la toma del poder de octubre de 1922: Emilio De Bono, como dirigente general, e Italo Balbo y Cesare Maria De Vecchi, como comandantes generales. Los comandantes políticos de la Milizia, los cónsules, jugaron un papel importante a la hora de acelerar el cambio político que se produjo en enero de 1925 y la llegada del final del régimen parlamentario: treinta y tres de ellos se revelaron contra la posición cauta y expectante de Mussolini durante la crisis Matteotti, solicitando una intervención decidida de represión de las oposiciones durante la noche del 31 de diciembre de 1924. Después de esta experiencia, Mussolini, en octubre de 1926, asumió personalmente el mando general de la Milizia y se rodeó de personajes que no tenían una especial influencia sobre los escuadristas y los milicianos.

Entre 1923 y 1924 el Gobierno Mussolini se activó para debilitar todavía más a las fuerzas de oposición tanto en ámbito local como en el Parlamento: se multiplicó la disolución de las concejalías de las ciudades así como el envío de comisarios a las administraciones. Con la Marcha sobre Roma no había cesado la violencia escuadrista, la cual comenzó de nuevo con vigor, sobre todo en las ciudades, a partir de diciembre de 1922 y no se detuvo hasta pasado el año 1926, cuando en Véneto cayeron las últimas organizaciones católicas. La vuelta de la violencia, que esta vez tenía como objetivo el movimiento obrero y el joven Partido Comunista, se inició con los hechos de Turín entre los días 18 y 20 de diciembre de 1922, cuando incendiaron la Camera del Lavoro, devastaron la sede de la revista Ordine Nuovo y asesinaron al menos a veintidós personas, entre las cuales se encontraba el secretario de la federación de metalmecánicos y un concejal comunista. Las elecciones municipales se desarrollaron entre infinitas intimidaciones que acabaron con la retirada de la escena política de los administradores anteriores, y los fraudes electorales facilitaron la victoria de las listas fascistas y de la coalición de las derechas. Entre mayo y diciembre de 1923, el Gobierno disolvió 368 ayuntamientos y 10 diputaciones provinciales y envió comisarios a 246 ayuntamientos y a 7 provincias. En 1924 le tocó el mismo destino a 278 ayuntamientos y a 10 provincias, mientras 361 y 12 comisarios se hacían con la administración de ayuntamientos y provincias respectivamente. El movimiento y el Gobierno fascistas eran perfectamente conscientes de la puesta en juego; la red de resistencia de las izquierdas residía en los ayuntamientos administrados por ellas, en sus servicios directos o realizados por empresas municipalizadas según los recursos que tenían a su disposición, en las cooperativas de producción y de consumo y en las asociaciones y sindicatos que operaban en el territorio con los administradores locales.

Solo en la región emiliana, en la preguerra laboratorio de experimentación de un reformismo socialista que se manifestaba fundamentalmente en el buen gobierno local, los ayuntamientos rojos habían pasado de 86 en 1914 a 217 en 1920. Idéntico reclamo había ejercido la Administración milanesa laica y reformista. Los gobiernos liberales anteriores a la Primera Guerra Mundial también habían intervenido para frenar la iniciativa política y económica y la excesiva autonomía de algunas administraciones locales y empresas municipalizadas, pero hasta entonces el atentado a las autonomías jamás había sido tan sistemático y declarado tan explícitamente, precedido y seguido por la agresión a sedes de ayuntamientos y a administradores. Entre los personajes más explícitos se encontraba, como ocurría a menudo, el ras Farinacci, quien, en el discurso que realizó en Cremona el 21 de septiembre de 1925, afirmó que

bajo el pasado régimen el problema de las administraciones locales se había convertido en un grave problema político en el norte y en un problema administrativo igualmente grave en el sur,

y ponía al mismo nivel el buen gobierno local y el clientelismo:

... los socialistas –continuaba– consideraban los ayuntamientos, por ellos conquistados, como fortalezas que había que conservar y armar contra el Estado, y los politicuchos meridionales estaban acostumbrados a no hacer excesivas distinciones entre los presupuestos municipales y los de sus clientes [...]. La acción benéfica de la Revolución Fascista, antes que en el Estado, se ha notado en los ayuntamientos y en las provincias.

La rendición de Palazzo Marino había asumido

el valor de un símbolo. La caída del mayor ayuntamiento socialista no es solo el precedente cronológico, sino también el presupuesto lógico de la conquista del Gobierno por parte del fascismo (Farinacci: 264-265).

Dos decretos, el primero del 28 de octubre de 1925 y el segundo del 6 de diciembre de 1928, transformaron la administración de la capital en una gobernación de nombramiento central acompañada por un consejo de doce miembros designados por los ministerios de Interior y de Corporaciones. Otro decreto, emitido el 3 de septiembre de 1926, instituía el cargo de potestad en lugar del precedente de alcalde para todos los ayuntamientos italianos. El potestad era designado por el Ministerio del Interior, mientras que los concejales de los consejos municipales, que sustituían a los miembros elegidos del consejo, eran también elegidos por el prefecto en los ayuntamientos inferiores a los 100.000 habitantes y directamente por el Ministerio para los ayuntamientos de población superior: estos, en un proyecto marcadamente corporativo, tenían que representar igualmente a los empresarios y a los trabajadores manuales e intelectuales. Al mismo tiempo aumentaban la autoridad y las prerrogativas de los prefectos, representantes del Gobierno en la periferia, tanto con respecto a las juntas provinciales administrativas, también reformadas con el decreto del 27 de diciembre de 1928, como a los consejos municipales. También fue destruida la red asociativa mediante la disolución de la Lega dei Comuni Socialisti (‘Liga de los Ayuntamientos Socialistas’), fundada en 1916, y la absorción en la Confederazione Nazionale degli Enti Autarchici (‘Confederación Nacional de los Entes Autárquicos’) de la Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (‘Asociación Nacional de los Ayuntamientos de Italia’), fundada en 1901 y a cargo de los católicos sociales de don Luigi Sturzo desde la guerra hasta 1923.

Además, fue modificada la ley electoral: aprobado el 18 de noviembre de 1923 y recordado como ley Acerbo, por el nombre de su redactor, el nuevo sistema comportaba una primera modificación radical. Constituía un único colegio en el territorio nacional, premiaba con dos tercios de los escaños previstos a la lista que alcanzase la mayoría relativa del 25% y redistribuía el tercio restante entre las minorías sobre la base de la representación proporcional. Tal y como era propuesta, la nueva ley servía para fragmentar todavía más a las fuerzas de oposición al Gobierno fascista y para premiar a una gran coalición, conocida como el listone, liderada por el PNF y en la cual participaban una parte de los liberales y de los católicos moderados. En las elecciones del 6 de abril de 1924 la gran coalición obtuvo así el 64,9% de los votos. La oposición salió muy fragmentada: los liberales independientes liderados por Giolitti obtuvieron el 3,3%, los católicos populares el 9%, los socialistas unitarios de Filippo Turati y Giacomo Matteotti el 5,6%, el Partido Socialista el 5%, el Partido Comunista dirigido por Antonio Gramsci el 3,7% y, por último, los constitucionales de Giovanni Amendola e Ivanoe Bonomi solo obtuvieron el 2,2%. Con motivo de la cita electoral, Italia fue sacudida de nuevo por oleadas de violencia: comicios antifascistas prohibidos, agresiones a opositores y fraudes electorales. Con estas condiciones de control e intimidación el listone consiguió obtener votos, sobre todo en los centros pequeños y entre los ciudadanos que fundamentalmente pedían orden en el país. En las grandes ciudades, en cambio, obtuvo un resultado por debajo de los porcentajes esperados, pero de todas formas suficiente para alcanzar los dos tercios: en Milán obtuvo el 38,4% y en Turín el 36,6%. Quien denunció el clima coercitivo y de violencia, con un decidido discurso en la Cámara el 30 de mayo de 1924, fue el diputado socialista de Rovigo Giacomo Matteotti, que pocos días después, el 10 de junio, fue secuestrado en las calles de la capital y luego asesinado por unos sicarios fascistas que escondieron el cuerpo en el campo romano. El asesinato de Matteotti ha sido uno de los más atroces delitos políticos de la historia italiana; abrió una crisis política y moral durante la cual, entre junio y diciembre de 1924, se decidiría la suerte de los dos decenios posteriores del país.

La larga crisis del Aventino (llamada así por el lugar donde se reunieron los parlamentarios que seguían oponiéndose al fascismo) se prolongó durante toda la segunda mitad de 1924, lo que evidenciaba la debilidad y sobre todo la fragmentación de la oposición institucional, así como su incapacidad general para aprovechar la protesta y la combatividad todavía presente en las masas populares en diferentes áreas del país, sobre todo urbanas. Además, proporcionó el tiempo necesario al jefe del Gobierno y del fascismo para definir una nueva estrategia, poner freno a la intemperancia de los jefes fascistas locales, tranquilizar a los sectores moderados y conquistar la confianza de los sectores empresariales que todavía no se habían posicionado políticamente. El discurso que realizó Mussolini el 3 de enero de 1925 en la reapertura de la Cámara asumiéndose la «responsabilidad política, moral, histórica de todo lo ocurrido» inauguraba una nueva fase de la historia del fascismo y del Estado italiano. Hasta aquel momento el fascismo había tolerado el sistema parlamentario, domesticándolo o, con mayor convicción, suspendiendo su funcionamiento. Entre 1925 y 1927 el Gobierno fascista elaboró una legislación (que fue recordada por el conjunto de «leyes fascistísimas») que modificaría radicalmente la propia fisionomía del Estado italiano, haciéndolo pasar de un sistema parlamentario, ya fuertemente limitado en sus prerrogativas constitucionales, a una dictadura personal con un fuerte poder ejecutivo y una administración centralizada y policíaca respaldada por la estructura del partido único. En 1925 una reorganización dio como resultado un Gobierno formado solo por ministros pertenecientes al PNF, de los cuales destacó el ministro de Justicia, Alfredo Rocco, que provenía de las filas del nacionalismo y a partir de aquel momento se convirtió en el principal legislador y refundador del nuevo Estado. Rocco intervino con dos paquetes legislativos consecutivos, las leyes de defensa del nuevo orden estatal y las leyes de reforma constitucional. Las primeras permitieron, entre 1925 y 1926, disolver definitivamente las asociaciones políticas y sindicales de oposición y silenciar a la prensa.

La toma del poder y la construcción de un Estado totalitario no habrían sido posibles si se hubiese dejado libertad de expresión a los medios de información. Contra la prensa independiente el fascismo realizó una doble operación: el silenciamiento y la supresión de los periódicos que expresaban una oposición al Gobierno fascista y la creación de diarios obedientes al régimen. En la inmediata posguerra, el periodismo había sido el gimnasio en el que se habían entregado a la política muchos veteranos provenientes de la pequeña y media burguesía con deseos de emerger socialmente. El ejemplo de los hermanos Mussolini, Benito y Arnaldo, que habían utilizado su periódico Il Popolo d’Italia para empezar a partir de 1914 un imparable ascenso al poder, había representado un fuerte estímulo para los jóvenes con algo de cultura que estaban dispuestos a sobresalir. Los nuevos periódicos llegaron a unos cien en 1924 y el poder de algunos ras quedaba demostrado por la capacidad de mantenerlos bajo el propio control incluso después de la normalización del régimen de 1925. El sometimiento de la prensa nacional se produjo a través de diversos medios y en varias etapas y se completó en 1925. La última resistencia de la prensa libre había tenido lugar durante 1924, durante la crisis Matteotti. En esa ocasión los dirigentes fascistas se dieron cuenta de que no era suficiente con atacar a la prensa de los partidos adversarios y crear una propia: era necesaria una acción enérgica de censura y adquisición de los grandes periódicos independientes nacionales por parte del frente fascista. La destrucción de las redacciones y las imprentas de los principales diarios de oposición (Avanti!, La Giustizia, L’Unità, L’Ordine Nuovo, Rivoluzione liberale, Il Mondo y La Voce Repubblicana) fue acompañada de una extensa aplicación de la censura. Un primer decreto que concernía a la prensa, firmado el 15 de julio de 1923, otorgaba a los prefectos de las provincias la autoridad para prohibir la salida e incluso, en caso de reiteración del hecho, cerrar los diarios que criticaban («desacreditaban») la actividad de las autoridades públicas y provocaban «una alarma injustificada entre la población». Durante la crisis Matteotti, el 10 de julio de 1924 un nuevo decreto precisaba y endurecía las medidas de censura que los prefectos podían aplicar, tanto que durante el periodo de transformación y de paso del fascismo de Gobierno autoritario a dictadura, entre diciembre de 1924 y enero de 1925, no hubo un día en el que algún periódico tanto político como de opinión no fuese confiscado. La última protesta por parte de la Federazione Nazionale della Stampa (‘Federación Nacional de la Prensa’) por el ataque a la libertad de opinión periodística tuvo lugar en septiembre de 1924. Desde entonces la gran prensa nacional fue adquirida por el frente fascista a través de cambios de propiedad y de la sustitución de los directores de los consejos de redacción.

Inmediatamente después de la Marcha sobre Roma, un primer grupo de periódicos se había posicionado con el nuevo Gobierno: uno de los primeros fue el Messaggero; le siguieron el Mezzogiorno, con la nueva dirección de Giovanni Preziosi, el Piccolo de Trieste y la Nazione de Florencia. Después de la crisis Matteotti, algunos periódicos que habían sido tolerados hasta el verano de 1924 por permanecer tibios con respecto al fascismo, pero que después se habían comprometido con la defensa de la libertad de opinión, fueron adquiridos por empresarios posicionados con el fascismo y, en otros casos, les fue anunciado a sus accionistas que solamente en caso de que el Gobierno los aprobara podrían continuar publicando. La operación empezó con el Mattino de Nápoles en enero de 1926, sustraído a la propiedad de los Scarfoglio, y continuó con el Corriere della Sera, propiedad de los Crespi, que despidieron al director Luigi Albertini (y con él abandonaron el periódico numerosos redactores y colaboradores de relieve) y lo sustituyeron por Ugo Ojetti. Una suerte parecida corrió Alfredo Frassati, que vendió su participación mayoritaria de La Stampa a Giovanni Agnelli y pasó la dirección a Curzio Malaparte. De los periódicos nacionales, solo el Resto del Carlino fue comprado directamente por el PNF para apartarlo de los enfrentamientos internos del fascismo emiliano. Y el único que escapó al control total fue el Lavoro, que antes había sido portavoz de algunos socialistas reformistas genoveses que se acercaron al sindicalismo fascista, logrando que el periódico renaciese con un nuevo aspecto y con nuevas ideas. Solo los periódicos fascistas reconocidos oficialmente por el partido fueron tolerados y sometidos a un riguroso examen para impedir que se publicasen diatribas personales y políticas internas: ninguna de las federaciones provinciales podía poseer más de un órgano de prensa. Otra contribución más llegó en 1923 por la confluencia en el PNF del Partido Nacionalista, que llevaba al fascismo su periódico Idea nazionale, cerrado en 1925, y sobre todo a periodistas y organizadores culturales: Roberto Forges Davanzati, Dino Alfieri, Ezio Maria Gray y Virginio Gayda. Estos escribían para periódicos como la Tribuna y el Giornale d’Italia, este último portavoz de la nueva política exterior fascista; algunos de ellos muy pronto se convirtieron en locutores radiofónicos. En 1926 el Gobierno disolvió la Federazione Nazionale della Stampa y la profesión periodística quedó bajo la dirección del Sindacato Fascista dei Giornalisti, fundado en 1924. Para escribir en los periódicos era aconsejable tener un carné del PNF y, de todos modos, había que estar inscrito en el registro profesional de periodistas, creado en 1925 y reformado en 1928 con reglas más severas de admisión, para la cual era necesaria la previa profesión de fe fascista. Además, en 1929 fue creada una comisión de prensa, la Commissione Superiore della Stampa, presidida por Arnaldo Mussolini, como un instrumento más para vigilar las publicaciones y las relaciones entre los profesionales y la autoridad pública. Mientras, surgían cursos para la formación de periodistas en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de las universidades de Perugia, Ferrara y Trieste: estos cursos tenían como objetivo la formación de un nuevo personal periodístico para el régimen y el estudio de los lenguajes, los contenidos y la construcción de la información.

Una serie de atentados contra la vida de Mussolini –el atribuido al diputado socialista Tito Zaniboni el 4 de noviembre de 1925, el de la inquieta y solitaria irlandesa Violet Gibson el 7 de abril de 1926, el del anarquista Lucetti en septiembre de 1926 y sobre todo el último, no resuelto completamente, a manos del jovencísimo boloñés Anteo Zamboni el 31 de octubre de 1926– fue la ocasión para justificar la última ola general de violencia escuadrista que se abatió sobre Italia en otoño de 1926 y para introducir, el 6 de diciembre de ese mismo año, la ley de defensa del Estado y un nuevo texto único sobre la seguridad pública. Estas medidas legislativas instituían la pena de muerte y el confinamiento policial por delitos políticos y endurecían las sanciones y las condenas para quienes se expatriaban ilegalmente y conspiraban contra el Gobierno. Además, aumentaban la autoridad y la facultad de los prefectos para perseguir y disolver en las provincias toda forma de asociacionismo contrario al nuevo sistema. Gran parte de estas medidas fueron perfeccionadas y trasladadas al nuevo Código Penal, que entraría en vigor el 1 de julio de 1931. En varias ocasiones, a partir de 1925, también se modificó el perfil profesional en el ámbito judicial, con un fuerte control sobre la orientación política de abogados y procuradores y con nuevas normas para la elección y la promoción en la carrera de los jueces. Diseñadas las normas de defensa, el 14 de marzo de 1928 fue aprobada una ley de reforma constitucional. El número de diputados se redujo de 560 a 400 y debían ser elegidos en un colegio único nacional. La propuesta de los candidatos ya no llegaría de las fuerzas políticas casi inexistentes oficialmente en el Parlamento y en el país, sino de entidades, asociaciones y sindicatos fascistizados que presentaban un número de candidatos que duplicaba el de los que podían ser efectivamente elegidos. La última decisión concernía al Gran Consejo del Fascismo, que llevaba a cabo una ulterior selección entre los candidatos propuestos y gozaba de plena facultad para añadir a otros que considerara que destacaban por una «clara fama en las ciencias, las letras, las artes, la política y las armas». Las cámaras fueron disueltas el 21 de enero de 1929 y los ciudadanos varones de edad superior a veintiún años fueron llamados el 24 de marzo de 1929 a responder a la pregunta demagógica «¿Aprueba usted la lista de los diputados del Gran Consejo del Fascismo?». Se trataba de un acto que imponía que cada uno de los ciudadanos italianos adultos se pronunciase públicamente a favor o en contra del régimen, tal y como el mismo ministro de Justicia Rocco solicitaba al elector

llamado para decir si la dirección política general que el Régimen sigue [...] es aprobada por él. [...] La elección se reduce por tanto a una simple expresión de acuerdo o desacuerdo con un sistema de gobierno, con una dirección política.

El carácter del voto, más allá del hecho de ser plebiscitario, revelaba un claro desprecio por la capacidad y por la voluntad de elección autónoma del individuo, que «no es llamado para hacer algo imposible para él; [es decir] elegir a una o más personas, que él no conoce», sino para expresar algo «que no es imposible para una persona común y de cultura media, y que se concreta en un sí o en un no» (Aquarone: 153). Fueron a las urnas, con voto público, no oculto por la privacidad de la cabina electoral, el 89,6% de los convocados: de ellos votaron sí 8.519.559 personas y tuvieron el valor de expresarse por el no 135.761, lo que permitió al fascismo, a los pocos días de alcanzar el Concordato con la Iglesia católica, declarar triunfalmente que había conquistado el consenso casi unánime de la población italiana.

Esta gran prueba no comportó profundas transformaciones en la cámara: sobre 400, 197 diputados fascistas de la anterior legislatura fueron confirmados. La forma misma de la representación corporativa resultaba imperfecta, lo que confirmaba las relaciones de poder ya existentes y todo lo que había sugerido en la decisión final el Gran Consejo (por ejemplo, la Confederazione degli Industriali, que contaba con 70.000 miembros, había tenido la posibilidad de proponer el mismo número de candidatos que la Confederazione dei Lavoratori della Industria, compuesta por 1.300.000 asociados): los empresarios estaban representados por el 31,5% contra el 22,25% de la representación sindical de los trabajadores dependientes; los propietarios agrarios estaban representados con un 11,5% y los trabajadores agrícolas con un 6,75%; una fuerte presencia, equivalente al 25,75% de los diputados, estaba constituida por funcionarios. De esta manera, se creó la Camera Corporativa. Tres meses antes, el Gran Consejo del Fascismo había sido reconocido plenamente como órgano del Estado, presidido y convocado por el jefe del Gobierno. Había sido organizado en tres categorías compuestas por miembros de derecho a tiempo indeterminado (principalmente los fundadores del movimiento político), de derecho durante el desempeño de su mandato y de nombramiento personal por parte de Mussolini, unos cincuenta miembros en total. Además, sus competencias habían quedado todavía más claras: las relativas a la elección de la lista de los diputados y de los secretarios y subsecretarios políticos y administrativos del partido, y las de carácter constitucional, comprendidas las opiniones sobre la sucesión al trono y sobre las prerrogativas del soberano, que constituyeron una primera discrepancia entre el régimen fascista y la dinastía de los Saboya. Una ley posterior, del 14 de diciembre de 1929, disminuyó y, de hecho, desvitalizó el poder del Gran Consejo, cuyo número de miembros fue reducido a alrededor de la mitad, mientras que el secretario del PNF era propuesto directamente por el jefe del Gobierno mediante decreto. La centralización del poder en manos de Mussolini, como jefe del partido, jefe del Gobierno y jefe del Gran Consejo era ya casi total. Pero todavía quedaba en vigor el Estatuto Albertino, con la cláusula del nombramiento real del jefe del Gobierno, que constituiría una salida para desembarazarse, el 24 de julio de 1943, de la difícil y vergonzosa presencia de Mussolini como jefe de un régimen en plena crisis interna y con las tropas anglo-americanas desembarcadas en el territorio nacional.

En abril de 1926 una legislación sindical había regularizado las relaciones laborales y de representación en el mundo social y económico, acabando con lo que quedaba del libre asociacionismo. En septiembre se instituía el Ministerio de Corporaciones; un año después, el 21 de abril de 1927, se difundía un documento sobre el trabajo, la Carta del Lavoro, que identificaba la corporación como el único y el mejor instrumento de representación de las demandas de las fuerzas productivas y de comercio, de los empresarios y de los trabajadores, así como de la superación del conflicto de intereses y de clases mediante el arbitraje imperativo de la autoridad pública. Y el 20 de marzo de 1930 se constituía un Consejo Nacional de Corporaciones. Pero la indecisión y sobre todo el enfrentamiento entre políticos y sindicalistas fascistas sobre el carácter definitivo de la corporación fascista (asociación por categoría y profesión o agregación según los ciclos productivos y de comercio de los productos y de los servicios) continuaron hasta el 5 de febrero de 1934, cuando fue aprobada la ley de la constitución de las corporaciones. Fueron identificadas veintidós corporaciones paritarias, agrupadas en cuatro sectores principales: dieciséis para los ciclos productivos agrícola, industrial y comercial y seis para las actividades productivas de servicios. En 1937 la burocratización de las relaciones laborales fue completada por la creación de los consejos provinciales de las corporaciones, en los que se debían resolver los conflictos; estos estaban presididos por el prefecto y por el secretario federal del Partido y formados por los representantes sindicales de los trabajadores y de sus jefes.

El último paso institucional se cumplió con la creación en 1939 de la Cámara de Fasces y Corporaciones, que incluía la Cámara de Diputados y las representaciones sindicales. Debería haber supuesto la coronación de las reformas constitucionales del fascismo; en realidad, decepcionaba a los dirigentes sindicales y a los políticos fascistas, como por ejemplo a Rossoni y Bottai, que habían imaginado en la fundación de una sociedad de productores y de un estado completamente nuevo y corporativo la desaparición del conflicto de clases en el país y la formación de nuevas formas de iniciativa pública y privada. En cambio, se presentaba como una estructura burocrática que dejaba mucha libertad a los grupos empresariales privados más tradicionales, mientras que los sindicalistas fascistas querían que se hubiese convertido con el tiempo en un instrumento de autogobierno de los trabajadores dependientes.

LOS NUEVOS ALIADOS: LA IGLESIA Y EL EJÉRCITO

Al entrar en guerra, en 1915, Italia había recibido el apoyo de la posición cautamente patriótica de los católicos, con reservas por parte del clero, del que solo una minoría se había declarado intervencionista. Pero durante la guerra la acción de los sacerdotes en el país y sobre todo en el ejército italiano se hizo esencial a la hora de mantener la esperanza y la disciplina en los momentos más difíciles del conflicto, especialmente después de la caída del frente en Caporetto. El clero combatía su propia batalla contra la superstición popular que se difundía en el país a través de un gran mercado de santos, escapularios y exvotos que eran repartidos entre la tropa y sus familiares. Solo una élite de sacerdotes había apoyado con convicción la intervención; entre estos se encontraba el médico y sacerdote franciscano Agostino Gemelli, que había sido integrado en el estado mayor del ejército no para el cuidado de las almas, sino para estudiar la mente de los combatientes. Fue uno de los primeros que peroró una gran propaganda entre las tropas cansadas y desmotivadas sobre la base de un análisis atento de la psicología de masas, siguiendo las teorías del francés Gustave Le Bon, cuyos trabajos habían alimentado sobre todo las lecturas de los socialistas y de los protofascistas de la época, entre ellos el mismo Mussolini. La actitud patriótica de la Iglesia católica durante el conflicto acercó el Estado italiano a la Santa Sede, presidida por el papa Benedicto XV. El Gobierno de Vittorio Emanuele Orlando, pues, empezó a tratar de resolver la cuestión romana, intentando asegurarse a cambio la ausencia de la diplomacia vaticana en la conferencia de paz de Versalles en el momento en el que se decidía el destino de los territorios pertenecientes a la católica Austria. Estos primeros contactos facilitarían la labor de Mussolini diez años después.

La Gran Guerra también había conferido al vaticano una reputación de imparcialidad diplomática, a la cual recurrieron cada vez más los nuevos países surgidos del conflicto para obtener reconocimientos internacionales y para llegar, a través de la diplomacia vaticana, allá donde a menudo la diplomacia tradicional no podía o no quería llegar; de 1914 a 1933 aumentaron a más del doble los estados que mantenían relaciones diplomáticas constantes con la Santa Sede, llegando a alrededor de cuarenta. La Francia laica de la Tercera República restablecía en 1921 las relaciones diplomáticas con la Santa Sede; el mismo Hitler, inmediatamente después de su subida al poder, firmó un Reichskonkordat. Es, pues, evidente el prestigio que confirió a Mussolini acabar finalmente, el 11 de febrero de 1929, con las desavenencias que dividían a Italia y a la Santa Sede desde hacía más de cincuenta años, reconociendo al Vaticano como Estado y la extraterritorialidad de sus propiedades y poniendo fin oficialmente al laicismo del Estado italiano, querido por la clase dirigente liberal en el acto de unificación nacional. De hecho, las primeras grietas en el laicismo se habían producido antes del Concordato, con la introducción, a partir de 1923, del crucifijo y de las primeras nociones de educación religiosa en las escuelas, con una mayor presencia del clero en las instituciones y con la apertura de una universidad católica en Milán. El rescate del Banco de Roma, propiedad del Vaticano, que realizó el primer Gobierno Mussolini fue también una señal de la voluntad de acercamiento y de intereses comunes. Por su parte, el Vaticano había ayudado al fascismo en el momento de la consolidación de su poder, al privar de apoyo al Partido Popular y a los católicos abiertamente antifascistas y viendo con buenos ojos la confluencia de los católicos conservadores en las listas electorales con los fascistas y los nacionalistas.

El Concordato precisaría además la no interferencia del Vaticano y sobre todo aclararía las dos esferas de intervención: la Iglesia en la esfera de la fe y el régimen en la de la organización temporal de la política de los fieles. Las desavenencias que quedaban concernían a la juventud y, de manera secundaria, a la población femenina activa en las diócesis, pero se resolverían tres años después, en 1931, con un acuerdo concreto sobre los espacios reservados a la organización Azione Cattolica y a la organización femenina. La Iglesia, de hecho, en este acto de alianza ventajoso para ambas partes, podía aceptar no apoyar a los católicos en una política activa y autónoma en el país (que, por otra parte, siempre había sido vista con desconfianza por el papado), pero no podía abandonar su red de educación, dirigida principalmente en la periferia por Azione Cattolica, reorganizada en la primera posguerra por Pío XI. Esta población controlada directamente por la estructura eclesiástica constituía, además, una reserva que se revelaría fundamental al pasar del fascismo a la república y de la cual poder sacar cuadros y seleccionar a una nueva clase dirigente. Las disposiciones legislativas del 24 de junio de 1929 y el 28 de febrero de 1930 dictaron las modalidades de aplicación del Concordato y, al subrayar que «la religión católica, apostólica y romana es la única religión del Estado», discriminaron por primera vez desde el nacimiento del Estado unitario a otras iglesias presentes en el territorio, especialmente a las minorías religiosas protestante y judía. Eran aun así «admitidos en el Reino cultos diferentes de la religión Católica Apostólica y Romana, a condición de que no profesen principios y no sigan ritos contrarios al orden público o la moralidad». En definitiva, lo que se hacía era someter a la aprobación del Ministerio del Interior y a la de sus prefectos cualquier acto que estas iglesias quisiesen llevar a cabo, desde la apertura de «un templo u oratorio de culto» hasta las reuniones en edificios de culto ya abiertos. Además, la enseñanza religiosa en las escuelas, que había pasado a ser obligatoria, era exclusivamente católica y los padres estaban obligados a solicitar y a justificar la exención de los propios hijos. Esto creaba la existencia de ciudadanos de segunda clase sobre la base de la profesión de una fe religiosa que no fuese la católica, o del simple laicismo o declaración de agnosticismo. Esta nueva situación incrementó la desconfianza y la vigilancia hacia quienes no practicaban la fe católica, aun antes de que se explicitasen métodos de verdadera persecución de algunas religiones minoritarias en el país.

A cambio, el régimen esperaba un apoyo del papado para reforzar su política exterior (recordemos que buena parte del personal diplomático vaticano era de origen italiano) en algunas áreas de expansión: en la medioriental, centrándose en la voluntad secular del papado de establecer nuevamente la presencia católica en Palestina, y en las comunidades católicas del Mediterráneo y en el área danubiano-balcánica, donde el Vaticano también empezaba a penetrar a finales de los años veinte para contrarrestar a la Iglesia ortodoxa, ligada a los nacionalismos. Italia contaba con que la Santa Sede se convirtiese en un aliado tanto en la función antibritánica como en la antifrancesa. Esperaba que su diplomacia transgrediese su tradicional neutralismo hacia un país protestante, Gran Bretaña, que controlaba los lugares sacros de la fe cristiana en Oriente; en cambio, era más difícil suscitar una actitud hostil hacia la presencia francesa en Oriente y en los Balcanes. A pesar de ello, el Vaticano se mantuvo equidistante durante mucho tiempo de las católicas Italia y Francia. Francia servía de garante de las instituciones católicas en los países del ex Imperio otomano y además estaba fuertemente vinculada con un tratado de defensa a la catolicísima Polonia, en la cual el futuro papa Pío XI, antes de subir al pontificado en 1922, había asistido personalmente al intento de conquista por parte de los bolcheviques. Por último, el Vaticano no estaba dispuesto a apoyar la política antiyugoslava del fascismo; sí que había contribuido a la italianización de las minorías lingüísticas alemana y eslava de las provincias anexas al reino italiano después de la guerra, sustituyendo o tranquilizando al clero de lengua no italiana, pero no estaba de acuerdo con la represión de los eslovenos y los croatas, no estaba dispuesto a seguir a Italia en una aventura en tierra yugoslava, sobre todo después de haber activado acuerdos con el Reino de Alejandro I gracias a la mediación francesa, y estaba a punto de activar una misión de evangelización en el área danubiano-balcánica. Por estas cuestiones, el conflicto entre Italia y el Vaticano fue muy fuerte en torno a 1931-1932, sumándose así las desavenencias internas relativas al cuidado de la juventud a las diferentes perspectivas en política exterior. Pero ambas diplomacias quedaron de acuerdo en la común misión de proteger a la católica Austria del apetito alemán. De hecho, a mediados de los años treinta, la relación entre el Vaticano y el nazismo daba señales de conflicto, a pesar de la firma de un Concordato. Pio XI no aceptaba el neopaganismo que se respiraba en la sociedad y en la cultura del III Reich y además censuraba la marginación, por no decir la persecución, del catolicismo alemán.

Se ha reflexionado poco sobre las convicciones religiosas del jefe del fascismo, Benito Mussolini, y sin embargo desde sus primeras entrevistas podemos trazar un recorrido que si bien no fue de conversión, tampoco fue de simple conveniencia. Nacido en una provincia profundamente anticlerical y educado políticamente laico, Mussolini se acercó a la Iglesia católica por oportunismo, para derrotar a los católicos: «en 1922 quería conceder a los populares algunos cargos en el Gobierno. Don Sturzo lo estropeó. Creía que podría seguir jugando conmigo como con Giolitti, y entonces lo tiré». El Concordato de 1929 representó para su régimen una gran operación política y su «conversión» al catolicismo, recurriendo a sacramentos como el matrimonio, fue necesaria para consolidar la relación sin llegar a la deferencia. Mussolini afirmó en la entrevista de 1932 que nunca se había inclinado a besar la mano del papa: «entonces me pregunté si un hombre con un poco de orgullo que no sea creyente debe someterse totalmente a estos formalismos», y se eximió. Pero al final de los primeros diez años de gobierno empezó a considerar la importancia de la relación entre César y Jesús con el propósito de crear un nuevo Imperio que se basase en la historia milenaria romana y cristiana: «el centro del mundo lo es solo en cuanto que tiene más historia que los demás. Jerusalén y Roma. ¿Qué importancia tiene lo demás a su lado?». Si bien nunca se mostró practicante, reconoció que «claro, si el hombre de Estado vive íntimamente en la religión de la mayoría de sus compatriotas esto se vuelve un especial punto de fuerza y de consenso» (Ludwig: 172-174).

Fue precisamente la construcción de un nuevo Imperio lo que unió definitivamente a Italia y la Santa Sede: en primer lugar, en la misión católica y civilizadora en Etiopía, que asumía valores mucho más profundos que el simple objetivo de sustituir a la Iglesia copta en África oriental. Algunos historiadores consideran que en esta ocasión se abrió incluso una distancia de posiciones y actitudes entre la cautela de la diplomacia vaticana, por las graves implicaciones internacionales que la campaña etíope podía provocar, y el entusiasmo, con tonos incluso fanáticos, de los obispos y del clero italianos. Lo cierto es que desde 1935 la Iglesia católica confirió al fascismo el encargo de guiar la refundación de una Europa católica, espiritual y anticomunista. Disipada a principios de los años treinta la ilusión de utilizar el bolchevismo contra la Iglesia ortodoxa para penetrar en la Unión Soviética, el Vaticano puso en marcha una lucha activa contra el ateísmo y el comunismo que se concretizó en la implicación directa del mismo clero y en su posicionamiento en la Guerra Civil a favor de Franco. De hecho, en 1937 fue publicada la encíclica Divini Redemptoris, condena del comunismo ateo. En este contexto, mientras el papado se mostraba cauto a la hora de juzgar a la parte de la Iglesia española, la vasca, que se mantenía a favor de la República y en defensa de las autonomías, el clero italiano entusiásticamente bendecía esta segunda misión fascista en tierra extranjera.

Pero se avecinaba otro problema: la relación cada vez más estrecha entre la Italia fascista y la Alemania nazi. La condena de la agresión italiana a Etiopía por parte de la Sociedad de las Naciones produjo como reacción, en 1936, un alejamiento de Italia de la reciente alianza con Francia, que era bien vista por la Santa Sede, y un acercamiento a Alemania. Las preocupaciones vaticanas por esta relación se explicitaron en 1938, como bien mostraban las páginas del Osservatore romano, cuando Italia sacrificó a favor de dicha relación su protección a la Austria católica, rural y corporativa y considerada un modelo por el papado, e introdujo las leyes raciales. Es preciso dejar este punto bien claro. El antisemitismo siempre había formado parte de la cultura católica (tal y como testimoniaban las páginas de la Civiltà Cattolica), pero en los términos históricos de polémica frente al pueblo que se consideraba el elegido y que la Iglesia católica acusaba de «deicidio» y en la tradicional petición de separación entre gentiles y judíos. Esto contribuyó a enriquecer la elaboración de una moderna política antisemita del fascismo. Lo que en cambio la Iglesia católica no aceptaba era lo que estaba proponiendo el nazismo en Alemania, con el peligro concreto de una contaminación en Italia: la persecución de los matrimonios mixtos, entre cristianos y judíos, que infringía los acuerdos tomados en los concordatos, y sobre todo la persecución de los judíos, convertidos o no convertidos, sobre la base de presupuestos biológico-raciales, negando así las distinciones entre los pueblos y las gentes basadas en razones históricas de fe y de religión. En este contexto Pío XI difundió en marzo de 1937 la encíclica Mit brennender Sorge, que expresaba la preocupación por las discriminaciones y las persecuciones religiosas que estaban surgiendo en Alemania y, además, lanzaba un mensaje a otros países, entre los que se encontraba Italia.

Otro aliado válido fue el ejército nacional, que hasta la consolidación del régimen había continuado manteniendo la función de controlador del orden público interno que las clases dirigentes le habían atribuido a lo largo del Ochocientos. Sin el ejército, o al menos sin la pasividad del ejército, el escuadrismo fascista no habría podido actuar impune en el país. En octubre de 1922 esta actitud fue premiada con los nombramientos del general Armando Diaz y del almirante Paolo EmilioThaon di Revel como ministro de Guerra y de la Marina respectivamente. Estos cargos demostraban la voluntad del primer Gobierno Mussolini de liberar a las jerarquías militares del control de los ministros burgueses que había caracterizado a los precedentes gobiernos liberales y de revalorizar los estados mayores, cuyo prestigio había sido fuertemente comprometido por la publicación en 1919 de los resultados de la investigación sobre las responsabilidades en Caporetto. La presencia de militares en el Gobierno tranquilizaba a una parte de la burguesía, asustada por la violencia escuadrista. Además, el ejército proporcionaba una serie de garantías y representaba no solo un cuerpo del Estado, sino un grupo de intereses económicos y sociales bien diferenciado. Su indiscutible fidelidad a la Corona aseguraba al rey y a los ambientes monárquicos y de la derecha tradicional que el ejército sería siempre un defensor de la Monarquía y del Estatuto (como de hecho lo fue en julio de 1943 proporcionando una salida a la crisis del fascismo con la destitución de Mussolini). Esta fidelidad de los oficiales efectivos del ejército estaba corroborada por el juramento al soberano y por la ausencia de una análoga obligación hacia el fascismo, obligación que en cambio se extendió con el paso del tiempo a todos los funcionarios del Estado. Recordando la intolerancia con la que la casta militar había visto las injerencias políticas durante la época liberal, Mussolini tuvo bajo control las iniciativas y las peticiones para que se fascistizase el ejército que provenían de exponentes de su mismo partido, como de De Vecchi, Farinacci y Balbo. En el respeto a esta autonomía, la Milizia (que durante la crisis Matteotti había recibido armas del Ministerio de la Guerra para prevenir cualquier intento de revuelta) fue siempre un cuerpo separado del ejército, aunque lo cierto es que hubo oficiales del ejército que cubrieron grados de la Milizia y fueron llamados a adiestrar a los jóvenes de las organizaciones de masas del Partido.

En cualquier caso, cuando terminó la batalla de Vittorio Veneto el ejército italiano ya se estaba transformando: en los altos grados seguía habiendo nombres de la aristocracia, especialmente piamontesa y septentrional, que tradicionalmente ofrecían su descendencia a la carrera militar, pero también surgía una nueva clase burguesa, sobre todo meridional, que veía en la carrera militar una de las salidas ocupacionales proporcionada por la ampliación de la administración del Estado. En enero de 1923 el ministro Diaz propuso una reforma del ejército que multiplicaba unidades y cuadros dirigentes y por lo tanto requería un excepcional esfuerzo económico por parte del Estado destinado principalmente al pago de sueldos y funcionarios; un segundo ordenamiento aprobado en 1926 revisó el precedente, confirmó el periodo de servicio militar obligatorio a dieciocho meses y un alistamiento medio de aproximadamente 250.000 hombres, potenciando la artillería y la instrucción de la infantería. Como ocurrió con la administración civil, el ejército también contribuyó a dar espacio a una nueva generación de jóvenes provenientes de la pequeña y mediana burguesía, a menudo monárquica, aumentando las filas de los oficiales subalternos de carrera y de complemento durante las campañas militares de mediados de los años treinta. El ejército volvía a ofrecer a sus oficiales prestigio, privilegios, autonomía y un espíritu de cuerpo, sobre todo en algunos cuerpos nuevos como la aviación. La adhesión al fascismo por parte de estos oficiales era total, como por otra parte lo era la de los sectores industriales que trabajaban para el ejército. Los gastos militares bajo el fascismo, en relación con la renta nacional, pasaron de un 2,6% en 1923-1925 a un 5,6% en 1931-1933 (los años más duros para la crisis que atenazaba al país e imponía enormes sacrificios a las clases populares). En 1936, con la campaña colonial en Etiopía y la intervención en España, el porcentaje llegó al 18,4% y estaba destinado a los armamentos y los equipos militares, a la ampliación de las bases de los efectivos y a las recompensas y aumentos de las dietas. Entre 1926 y 1940, en proporción a la renta nacional, la Italia fascista gastó más de lo que Gran Bretaña desembolsó para mantener a su ejército imperial ocupado por el mundo, y superó también en términos absolutos los gastos militares de la otra potencia militar y colonial, Francia.

Pero para asegurarse el apoyo de las fuerzas armadas, el fascismo dejó a los altos mandos la plena autonomía de los distintos cuerpos, lo que dio como resultado una falta de coordinación entre un ejército de tierra no renovado en la estrategia y carente de medios de combate modernos y una marina más equipada (gracias también a la contribución estatal a los astilleros), pero no coordinada para su defensa y ni para la defensa terrestre con la aeronáutica. A esta última la habían puesto al mismo nivel que a los otros dos cuerpos en 1925 y perseguía fáciles éxitos deportivos transoceánicos y militares en tierra africana y española. Mussolini se encargó personalmente de los tres ministerios militares de 1925 a 1929 y de 1933 a 1943, pero se ocupó fundamentalmente de vincular el instrumento militar a su política exterior y de propaganda interior, dejando a los altos mandos la labor de gestionar la estrategia. En su política de divide et impera, dio a Badoglio la coordinación de las fuerzas armadas, pero al mismo tiempo lo privó de un verdadero poder; de hecho, el general mantuvo dicho cargo incluso estando establecido en el extranjero como gobernador de Libia entre 1929 y 1933 y luego durante la guerra de conquista de Etiopía.

El régimen fascista encontró, así pues, tanto en el clero católico como en los cuadros del ejército, válidos aliados. Las dos instituciones fueron empleadas en el país para educar a las nuevas generaciones de italianos en el orden, la disciplina, la obediencia y el patriotismo. Fueron un instrumento eficaz de movilización de las masas y de compensación para la pequeña burguesía patriótica, de este modo tranquilizada con respecto a los objetivos demasiado audaces del fascismo. En los años treinta la fe religiosa completó la religión civil del fascismo. Un estudio relativo al Día de la Fe (es decir, al acto en el que se ofrecía el anillo de boda para apoyar la campaña colonial en 1935) ha destacado símbolos y rituales cristianos que alimentaron el culto laico del Littorio: «Ministros de la Iglesia católica y gestos de culto garantizados por la tradición y por los dogmas religiosos» contribuyeron así en los años de máximo consenso a la movilización de las masas (Terhoeven: 18).

En esta compleja construcción no hay que olvidar a la monarquía. El fascismo italiano ha sido clasificado a menudo como un régimen totalitario imperfecto por estar aparentemente comprometido al estar construido sobre una diarquía, el Partido Fascista y la monarquía, y provisto de dos autoridades: el Duce y el rey. En realidad se trató de una operación hábil y compleja, completamente italiana en sus características, difícilmente comparable con el nazismo, que se estableció en una república agonizante después de que la derrota bélica hubiese acabado con el Imperio y con su monarca. En Italia, la dinastía de los Saboya se había fortalecido con la victoria en la Gran Guerra y gracias sobre todo al mito del rey soldado cultivado por y para Víctor Manuel III durante el conflicto. El antigiolittismo no era alimentado solo por los intelectuales meridionales antifascistas como Gaetano Salvemini, sino también por monárquicos para los cuales el liberalismo giolittiano era «la emanación de las antiguas castas piamontesas, dominadoras de jerarquías prefecticias» (De Secly: 5), que, según su punto de vista, tenían abandonado el sur. El encuentro entre fascismo y monarquía, junto con la transformación del Estado que consintió una mayor entrada en su administración de clases profesionales y de intelectuales meridionales, había convencido a muchos exborbónicos de que por fin se podía dar vida a una monarquía nacional al ser esta apoyada por un Gobierno fuerte, considerado expresión de una nueva clase finalmente nacional. Por otra parte «el Rey reina pero no gobierna», como destacó una de las voces intelectuales, Luigi De Secly.

LA REPRESIÓN

Uno de los factores que ha llevado a poner una fecha posterior al nacimiento del régimen fascista, de finales de 1922 a 1925, ha sido el comienzo de la legalización de la represión. Para completarse, el régimen debía institucionalizar la persecución de la oposición y de las voces en desacuerdo todavía activas en el país antes de pasar a una tercera fase, la de la organización del consenso de las masas. Así pues, la creación del Estado fascista comportó en los primeros años del régimen la represión de cualquier forma de oposición activa y organizada. En septiembre de 1925, el entonces secretario del PNF, Roberto Farinacci, simplificaba con rudeza pero también con mucha claridad una idea: «En Italia nadie podrá ser antifascista porque el antifascista no puede ser italiano» (Farinacci: 263). Acción y reacción van unidas y por lo tanto antes de la crisis debida al asesinato de Giacomo Matteotti no se puede hablar propiamente de antifascismo militante, aunque sí de formas de oposición parlamentaria y extraparlamentaria a la acción y al crecimiento del poder del fascismo. Muchos, por parte católica y liberal, entre quienes se encontraban Nitti y Croce, creyeron que podían neutralizar el alcance subversivo del fascismo, aceptando incluso formas de colaboración política y cultural; tampoco faltaron los gestos de colaboración de personajes y grupos de la izquierda socialdemocrática y sindicalista para intentar aprovechar el alma populista del originario movimiento fascista. La reacción al asesinato de Matteotti, más allá de sus consecuencias parlamentarias e institucionales, representó un hecho simbólico, de última revuelta moral, pero también fue la señal del principio del final del país legal. Y sobre todo dio inicio al éxodo de dirigentes políticos sobre la base de dos suposiciones: del peligro por la propia integridad física, privada de toda forma de protección legal, y de una batalla que parecía definitivamente perdida y que, por lo tanto, necesitaba una pausa de reflexión y una reorganización de las fuerzas y de las voluntades que seguían siendo contrarias al fascismo. Fue denominado fuoriuscitismo este éxodo hacia otros países de los cuadros dirigentes y de algunos intelectuales que habían representado a la oposición en la segunda mitad de 1924. Algunos de ellos murieron como consecuencia de las agresiones sufridas, como el joven liberal Piero Gobetti, fallecido en París con ni siquiera veinticinco años, y el principal exponente de la Unione Democratica Nazionale, Giovanni Amendola, con poco más de cuarenta años, en Canes.

La ley para la defensa del Estado entraba en vigor en diciembre de 1926 y reintroducía la pena de muerte (abolida por el Código Zanardelli en 1889) por atentados a los exponentes de la familia real y al jefe del Gobierno y por graves delitos contra la seguridad del Estado. En 1931 la pena de muerte fue públicamente defendida por el mismo Mussolini en la ya recordada entrevista que dio al periodista alemán Emil Ludwig. El jefe del fascismo la consideraba un válido instrumento de disuasión, adoptado por los estados más modernos y civiles como Alemania, Francia e Inglaterra. La pena fue extendida, gracias al nuevo Código Penal Rocco, también a los más graves delitos comunes. La legislación de 1926 castigaba, además, la reconstitución de asociaciones y de organizaciones disueltas por orden de las autoridades de policía y la propaganda de métodos y doctrinas por ellas profesados. Por último, quienes se implicaban en el extranjero en actividades adversas al régimen podían ser castigados con la reclusión desde un mínimo de cinco años hasta un máximo de quince. Los crímenes políticos eran juzgados por un tribunal creado ad hoc, especial pues, formado en su mayor parte por jueces provenientes de la MVSN. Una serie de leyes, llamadas «fascistísimas», acentuaron el éxodo hacia el extranjero y al mismo tiempo sugirieron la actividad interna ilegal del Partido Comunista y la fundación de nuevos grupos de oposición, especialmente los de inspiración socialista, republicana y democrática, expresión esencialmente de intelectuales y profesionales que se habían reunido en círculos y grupos conspiradores en las ciudades universitarias de Florencia, Milán y Turín. Algunos de ellos en 1929 darían vida a la formación Giustizia e Libertà.

El aparato de represión empezó a obtener los primeros éxitos en la interceptación y en el arresto de opositores por parte de la policía política, conocida con el nombre de OVRA, y con condenas durísimas impartidas por el tribunal especial. El proceso (conocido como processone), que tuvo lugar entre mayo-junio de 1928, casi diezmó la dirección del Partido Comunista con condenas de al menos veinte años de cárcel; entre los condenados se encontraba Antonio Gramsci, que fue arrestado en Roma el 8 de noviembre de 1926 y fue preso en la dura cárcel de Turi, cerca de Bari, de la cual saldría enfermo, en estado de semilibertad, para morir el 27 de abril de 1937. Pero fue sobre todo en la primera mitad de los años treinta, en el momento en el que la crisis económica desencadenó manifestaciones y huelgas espontáneas de protesta entre los trabajadores de la industria agrícola, cuando el Partido Comunista, con la creación en junio de 1930 de un centro operativo interno, e inmediatamente después los nuevos cuadros socialistas y de Giustizia e Libertà retomaron las actividades de conspiración. Entre 1927 y 1943 el tribunal especial investigó a alrededor de 21.000 personas y dictó 4.596 condenas a 5.619 imputados, la mayor parte obreros y artesanos (3.898), seguidos por los agricultores (546) y por los profesionales, los estudiantes y los empleados del terciario. Los procesos comenzaban gracias a los informes escritos por un sinfín de policías, infiltrados, espías y delatores en Italia y en el extranjero que inflaban los expedientes personales de miles de sospechosos que eran recogidos en el Casellario Politico Centrale del Ministerio del Interior (un registro general de la policía), fundado en la época liberal y potenciado bajo el fascismo. Los años de mayor operatividad del tribunal fueron 1928, 1931 y 1939. Respecto a la acción represiva del nazismo, fueron pocas las condenas a muerte y sobre todo las realmente efectuadas: nueve entre 1928 y 1933, ninguna en la segunda parte de los años treinta, es decir, en los años de mayor búsqueda de consenso, pero veintidós en los años de la guerra, entre 1940 y 1943. Los juicios fueron particularmente severos con los anarquistas y con los nacionalistas eslavos de Venecia Julia, con cinco de las nueve condenas a muerte, en 1929 y en 1930, a irredentistas eslovenos. Las otras cuatro condenas fueron ejemplares y fueron infringidas a disidentes aislados sobre la base de una auténtica obsesión de las autoridades de policía y judiciales por los posibles actos terroristas preparados por centrales extrajeras antifascistas y por atentados a la vida de Mussolini. El sardo Michele Schirru, recién llegado de Estados Unidos, y el belunés Angelo Sbardellotto, repatriado de Bélgica, fueron condenados a la pena capital solo por la posesión de explosivos y por haber admitido, durante los interrogatorios, la intención de asesinar al dictador, sin de hecho haber puesto en práctica su propósito. En los primeros años del régimen fueron registrados casos de violencia y de ejecución sumaria de los opositores recluidos, como la misteriosa muerte en marzo de 1928 en la cárcel de Perugia del comunista forlivés Gastone Sozzi. Algunas prisio nes se habían ganado la fama de ser particularmente peligrosas por las acciones cometidas en ellas por los escuadristas, como la cárcel de Bolonia, al menos mientras estuvieron bajo la tutela del secretario provincial Arpinati y de sus fanáticos gregarios. Con los años treinta, estos casos fueron reduciéndose progresivamente gracias a la reorganización de las competencias carcelarias devueltas a los funcionarios de carrera, y también porque el fascismo se había hecho más cauto y atento a no suscitar la reacción de la opinión democrática internacional, puesta en alerta por una serie de campañas promovidas por la prensa antifascista en el extranjero y por organizaciones como la Liga italiana, que reunía a la Ligue des Droits de l’Homme francesa y el Soccorso Rosso alle Vittime del Fascismo e delle loro Famiglie, promovido por la Tercera Internacional Comunista. A partir de 1932 los detenidos políticos fueron así destinados solo a tres cárceles: a la de Civitavecchia, a la de Fossano y a la de Castelfranco Emilia (con parada también en el IV brazo de la cárcel de Roma).

Antes que la pena capital, el régimen prefirió las condenas restrictivas de libertad, dejando al detenido la posibilidad de «redimirse», de «hacerse italiano» y, por tanto, fascista. El fascismo adoptó, así pues, una táctica más posibilista, más paternalista que la típica del régimen nazi, es decir, de represión inmediata y violenta de la disidencia, con campos de disciplina que anularían la voluntad del individuo, humillándolo y separándolo para siempre de la comunidad de origen. Fueron dos tácticas diferentes, debidas a la diversa naturaleza de los regímenes y de las sociedades en las que actuaban: van juzgadas cada una en su contexto, sin tentaciones de minimizar el caso italiano en una comparación con el alemán. Además, hay que recordar que una parte de los actos de disidencia hacia el régimen, los no inmediatamente atribuibles a la acción política y de propaganda de una fuerza de oposición, fueron juzgados y condenados por la justicia ordinaria. Y que muchos de los delitos menores de crítica e incluso de burla y sátira del régimen por parte tanto de personas no integradas como de fascistas inquietos fueron castigados con meses o años de confinamiento, es decir, de asignación a lugares de exilio interno, controlados por las autoridades de policía. Y también fueron condenados a un destino análogo antifascistas absueltos en juicio preliminar o en juicio final por el tribunal especial, o de todas maneras fueron detenidos en la cárcel o fueron enviados a islas y países remotos elegidos para esta forma de exilio de la vida civil.

1 Literalmente, ‘emboscados transalpinos’. (N. de la t.)

II. LOS ITALIANOS Y EL PARTIDO FASCISTA

EL PARTIDO NACIONAL FASCISTA

Simultáneamente a la política de represión, iba creciendo y madurando en el movimiento fascista el Partido Nacional. No debe ser considerado como un cuerpo homogéneo e invariable, sino como una institución sometida a una lenta e incesante metamorfosis que se adaptaba a las transformaciones estructurales del Estado y de la sociedad italiana y a las dinámicas de poder del grupo dirigente fascista. El PNF tuvo, así, al menos en el decenio siguiente a la Marcha, una vida propia, contribuyendo de manera decisiva a configurar el sistema político, convirtiéndolo en una dictadura personal y en un régimen corporativo. El fascismo actuó basándose en la integración de hombres y cargos del Partido en el Estado y en el servicio que los funcionarios públicos prestaron al Partido Fascista. Con el tiempo, y de manera clara a partir de la secretaría de Achille Starace en 1931, el PNF perdió el carácter de representante institucional de un movimiento y asumió las funciones de educador político y de órgano de organización del consenso en torno al Estado fascistizado. Coincidían, por tanto, la fe en la ideología fascista y la fidelidad al Estado fascista. Bajo este aspecto también se modificaron el concepto de ciudadanía y de nacionalidad, así como las reglas para su obtención y conservación, que ya no estaban basadas en un derecho adquirido al nacer y confirmado por una buena conducta civil y social, sino en la pertenencia a una comunidad con un credo común y a un cuerpo político. En consecuencia, el Partido se convertía en el principal filtro selectivo de dicha ciudadanía. Según esta lógica, era considerado «buen italiano» solo quien era fascista, y eran excluidos de la vida pública, y en última instancia de la comunidad nacional, quienes, en cuanto opositores al fascismo, eran clasificados inmediatamente como antinacionales y antipatrióticos. Además, el Partido representaba el vehículo, el sistema nervioso a través del cual la voluntad central del jefe de Estado y del fascismo se irradiaba a la periferia de la nación, y al mismo tiempo representaba el principal instrumento de ejercicio del principio de jerarquía y de culto del jefe.

Además, en los años treinta, el PNF había absorbido progresivamente, transformándose a su vez, los organismos que él mismo había contribuido a crear y en los cuales había delegado en un primer momento actividades de representación de intereses: institutos económicos y jurídicos, asociaciones que representaban categorías especiales y sujetos cuyo fin era controlar y coordinar el ámbito educativo, el laboral y el tiempo libre y la vida cotidiana de una gran masa de italianos que de no ser así habrían escapado al reclutamiento y a las reglas del Partido. Al final de ese decenio la proliferación de uniformes, funciones, carnés, reuniones y celebraciones marcaba la vida de los italianos y determinaba la relación con el prójimo, creando una normalidad en la movilización constante que hacía que dicha movilización fuese para muchos apolítica, espontánea, a veces apática, sin aparentes alternativas. Los pocos que resistieron fueron los que conservaron ámbitos informales o clandestinos de encuentro, alternativos al sistema: las tertulias y las reuniones exclusivas de las familias de la alta burguesía refractaria al populismo y a las vulgaridades del régimen; las lecturas y las conversaciones de la burguesía intelectual contraria al conformismo imperante; o las formas de rechazo y negación del poder pretencioso e injusto, sentidas por los trabajadores de la industria y la agricultura, que en fases económicas desfavorables acabaron en revueltas espontáneas circunscritas, pero que con el tiempo dieron como resultado un antifascismo más consciente y militante, alimentado tanto por convicciones y memorias familiares como por la presencia de una red política clandestina.

A lo largo de un ventenio el PNF fue estructurado por al menos cinco estatutos que fueron objeto de varias modificaciones y reglamentos. El primero fue aprobado el 20 de noviembre de 1921 por una dirección colegial al día siguiente de la decisión tomada por el Congreso, que tuvo lugar en el teatro Augusteo de Roma, de transformar el movimiento de los Fasci di Combattimento en partido político. El paso a partido fue determinante a la hora de dar disciplina y una forma representativa nacional a un movimiento todavía extremadamente heterogéneo en el plano político y local. Ya en el Congreso de Florencia, celebrado en mayo de 1920, los Fasci se habían impuesto algunas reglas de comportamiento, propaganda y coordinación. Las sucesivas modificaciones que se realizaron de 1922 a 1925 y el segundo Estatuto de 1926 fueron redactados por el Gran Consejo del Fascismo. Los estatutos de 1929, 1932 y 1938 también fueron obra del Gran Consejo, pero además fueron sometidos a la aprobación, por decreto, del Gobierno; acto que confirmaba el reconocimiento del Partido como órgano del Estado italiano. El secretario nacional político asumió una función fundamental solo después de la crisis Matteotti, cuando fue llamado a cubrir dicho cargo Roberto Farinacci. Hasta aquel momento la dirección había sido colegial; entre 1919 y 1922 habían sido tres hombres, Cesare Rossi, Giovanni Marinelli y, sobre todo, Michele Bianchi, que fue formalmente secretario de 1921 a 1922, quienes dieron continuidad a la dirección, reforzada en enero de 1923 por la labor del Gran Consejo y por dos secretarías generales, una política y otra administrativa. En cambio, de 1925 a 1943 se sucedieron en el cargo de secretario del PNF diversos dirigentes: Roberto Farinacci, de febrero de 1925 a marzo de 1926; Augusto Turati, hasta octubre de 1930; Giovanni Giuriati, durante poco más de un año, de octubre de 1930 a diciembre de 1931; y Achille Starace, el más longevo de los jerarcas fascistas, que ocupó el cargo durante ocho años, hasta octubre de 1939. Le siguieron, hasta la caída del régimen fascista, Ettore Muti, de octubre de 1939 a octubre de 1940; Adelchi Serena, hasta diciembre de 1941; Aldo Vidussoni, hasta abril de 1943, y Carlo Scorza, que ocupó el cargo desde abril hasta julio de 1943.

Roberto Farinacci, que ocupó el cargo durante poco más de un año, tuvo la función de sacar al Partido de la profunda crisis de identidad y militancia que había vivido en el bienio precedente, especialmente en el segundo semestre de 1924. El cargo de Farinacci, ras de Cremona, fue una elección hábil, porque llevaba a Roma, y por tanto neutralizaba en las provincias, la acción de uno de los principales jefes del escuadrismo extremista y del fascismo más intransigente que habían criticado la moderación con la que Mussolini había gestionado la crisis Matteotti. Es interesante recorrer la biografía de Farinacci. Nació en 1892 en Isernia, Molise, donde el padre napolitano prestaba servicio como comisario de policía. Más tarde, en 1909, la familia Farinacci se trasladó a Cremona, donde Roberto, que había abandonado los estudios, encontró trabajo en los ferrocarriles. Con el estallido de la guerra pasó de posturas socialistas reformistas a una postura intervencionista. De 1915 a 1917 estuvo en el frente, donde alcanzó el rango de cabo y le fue concedida una cruz al mérito. De nuevo en servicio en los ferrocarriles (trabajo que conservó hasta 1921), Farinacci se dedicó al activismo entre los veteranos de guerra y a la organización asociativa de los arditi; en 1919 formó parte de quienes fundaron en Milán los Fasci di Combattimento. A partir de aquel momento se distinguió por la violencia con la que organizó y condujo en Cremona y en sus alrededores ataques a sedes políticas y sindicatos y a militantes. En mayo de 1921, fue uno de los primeros treinta y tres diputados que entraron en la Cámara con Mussolini, pero al año siguiente fue inhabilitado, junto a Dino Grandi y Giuseppe Bottai, por no tener aún treinta años, que era la edad mínima solicitada para la elegibilidad. En el verano de 1922 el Comité General del PNF lo nombró cónsul general de la Milizia. También en 1922, completada la conquista de la provincia de Cremona, a mano armada, con la disolución forzada de las administraciones locales y el control completo de la prensa a través de su diario Cremona nuova, se trasladó con Achille Starace para actuar en el área de Trentino y del Tirol del Sur.

Durante el año en el que ejerció de secretario del PNF, Farinacci logró devolver la disciplina y la confianza al Partido, integrando las diferentes corrientes en un instrumento capaz de gestionar el paso de un sistema pluripartítico a un régimen totalitario de partido único. El recién elegido secretario contribuyó, como él mismo declaró en diversas ocasiones, a legalizar la ilegalidad fascista y con esta su violencia y su intolerancia hacia los adversarios políticos. Para Farinacci el Partido, mucho más que las corporaciones y la Milizia, era el órgano que mejor representaba la experiencia revolucionaria y preservaba la ideología fascista. Según la visión de Farinacci, el secretario político del Partido debía asumir un papel político de primer orden, una gestión del poder de tipo consular, y por lo tanto paritaria, al lado del jefe del Gobierno, en cuanto representante de una milicia ideal de combatientes para la salvación y el honor nacional. Eso presuponía una dualidad personal e institucional del poder que Mussolini no podía aceptar. Además, la presencia de Farinacci en la cúpula del Partido alentó la vuelta de la violencia escuadrista en el país durante la primavera y el verano de 1925, violencia que, además de dar el golpe de gracia a las organizaciones no alineadas con el fascismo, puso en evidencia en las provincias la autoridad del Gobierno, representado por los prefectos, lo que provocó un duro enfrentamiento entre el secretario del Partido y el ministro del Interior, el boloñés Luigi Federzoni. Ferderzoni, que ocupó el cargo desde junio de 1924 hasta noviembre de 1926, era un exponente de relieve de la corriente nacionalista que confluyó en 1923 en el PNF y a través de la cual el Partido estaba destinado a efectuar la importante coalición de las fuerzas de la derecha interesadas en una transformación del Estado en sentido autoritario y antiliberal. Estos contrastes provocaron el alejamiento de Farinacci de la secretaría y su sustitución, en marzo de 1926, por otro jefe del fascismo local, el bresciano Augusto Turati, lo que determinó su eclipse político. De hecho, después de 1926, Farinacci mantuvo un papel secundario en la clase dirigente fascista; siguió controlando su feudo cremonés e interpretando el papel de representante del sector intransigente, puro y duro, del fascismo del primer tiempo. Solo después de diez años, a partir de 1936, Mussolini lo llamó para desempeñar algunas funciones de representación; en España con Francisco Franco y en la Alemania nazi en estrecho contacto con Goebbels y Himmler. Farinacci encarnaba mejor que otros escuadristas el nuevo clima que se había creado en Italia y en Europa representando la conversión de la intransigencia fascista en alianza con el nazismo, la aspiración de llevar a cabo juntos una expansión ideológica y territorial y, no menos importante, el antisemitismo, que había manifestado entre los primeros con su virulencia característica.

La autonomía política del Partido terminó con Farinacci; antes de su destitución ya se habían extinguido la dialéctica y la vida interna. El Congreso Nacional del Partido, que tuvo lugar en Roma en junio de 1925, consistió en un breve y pasivo desfile de discursos, apariciones y deliberaciones tomadas unánimemente sin discusión. A partir de ese momento, el fascismo italiano ya no eligió los congresos como formas de exhibición de la propia fuerza y cohesión política, a diferencia de lo que hizo el Partido nacionalsocialista alemán cuando llegó al poder. Mussolini y los demás jerarcas prefirieron las asambleas y las manifestaciones multitudinarias en las plazas a los encuentros políticos entre los cuadros dirigentes del Partido para demostrar que progresivamente todo el pueblo italiano se había convertido en Partido. Al mismo tiempo, tenía lugar la concentración del poder decisional en Mussolini y en pocos elegidos que él sabía seleccionar, o alejar según los casos, suscitando entre ellos rivalidades, envidias y en última instancia una dependencia acrítica del jefe. El nuevo Estatuto del PNF, redactado en el verano de 1926 por Mussolini y Augusto Turati y aprobado por el Gran Consejo en octubre, abolió el sistema electivo de los cargos internos del Partido, introduciendo la norma del nombramiento desde la cúpula de todos los cargos nacionales y periféricos. El PNF, a partir de aquel momento, sería guiado sobre la base de las relaciones personales y jerárquicas mantenidas entre Mussolini y la Secretaría y el Gran Consejo y el Gobierno. Los dos secretarios que siguieron a Farinacci, Turati y Giuriati, llevaron a cabo una depuración interna en el Partido, expulsando tanto a los escuadristas rebeldes como a todos aquellos que eran sospechosos de oportunismo por haber «monetizado el carné», que se habían hecho después de 1922 para obtener privilegios y cargos. De esta manera fueron expulsados, a finales de 1927, algunos diputados, alrededor de 2.000 dirigentes y 30.000 afiliados; poco menos de 11.000 correrían la misma suerte hasta 1929. Giuriati expulsó a lo largo de 1931 a otros 120.000. Desde octubre de 1925 se habían cerrado las inscripciones en el PNF, decisión que el Gran Consejo reiteró en 1927, cuando la entrada de una nueva leva fue permitida solo a los avanguardisti (uno de los grupos de la juventud fascista) que habían cumplido dieciocho años de edad y, en general, a los jóvenes entre 18 y 21 años que cumplían los requisitos necesarios. El Partido, por tanto, siguió creciendo, aunque lentamente, con una nueva leva de jóvenes, pasando de 1.035.000 inscritos en 1927 a los poco más de 1.057.000 registrados el 28 de octubre de 1930.

El papel de secretario de Augusto Turati fue esencial. Oriundo de Parma, se trasladó cuando era joven a Brescia, donde empezó a trabajar como periodista apoyando posiciones liberal-democráticas. En 1914 también fue intervencionista y después voluntario en la guerra, logrando el rango de capitán de infantería. No se había distinguido como fascista de la primera hora, pero se había convertido en dirigente de relieve del movimiento sindical fascista de la provincia de Brescia. Superada la sorpresa general que suscitó el hecho de que Mussolini lo quisiese en Roma, se reveló como el hombre adecuado en el momento adecuado. Se había mantenido fuera de las disputas políticas de 1924-1925; decidido y moderado, mostró inmediatamente, por carácter y por aptitud política, fuertes diferencias con Farinacci. Turati consideraba que el escuadrismo había tenido su momento y que ya era necesario que el Partido se configurase como una fuerza política capaz de formar y seleccionar a una nueva clase dirigente. Así pues, había que terminar con las formas de veleidad y de sectarismo, reeducando, en caso de que fuese necesario, a los antiguos fascistas y cooptando fuerzas nuevas tanto entre la juventud como entre los adultos que daban prueba de fidelidad al nuevo Estado sobre la base de una convencida fe patriótica. Siguiendo esta línea, Turati privó a las sedes periféricas del PNF de poder real, dictó procedimientos homogéneos en la gestión de las federaciones provinciales, examinó las relaciones entre el Partido y los sindicatos fascistas e incluso eliminó la prensa fascista excesivamente autónoma, forzando el cierre de al menos unos treinta periódicos fascistas y facilitando el encuentro entre la prensa conservadora y la fascista. Pocos periódicos fascistas resistieron semejante ímpetu censorio; se salvaron los que estaban fuertemente ligados al territorio y protegidos por fascistas de peso, como el Corriere padano de Balbo en Ferrara, el Regime fascista de Farinacci en Cremona y el Resto del Carlino controlado en Bolonia por Arpinati. Turati intentó definir la relación entre Estado fascista y Partido, afirmando la supremacía del Estado sobre el Partido, pero al mismo tiempo valorizando el papel determinante del Partido único como esqueleto del sistema estatal. De esta manera obtuvo una simbiosis entre Estado y PNF: aparentemente independientes, se controlaban mutuamente. El Partido era el garante de la fascistización del Estado, y el Estado del orden en el Partido.

Esta forma de esquizofrenia reflejaba la actitud del fundador del movimiento fascista, Benito Mussolini, que manifestaba que no creía en el instrumento partido, a pesar de que había tenido que volver a examinar su posición antipartidista de 1919 por exigencias concretas de oportunidad política. Una de las muchas contradicciones de la labor de Turati como secretario fue la de no haber sabido, y posiblemente no haber podido, construir una relación orgánica y clara entre el Partido y su máximo dirigente, e incluso de haber contribuido a crear el ducismo, la figura de un jefe provisto de poder absoluto, más allá de esquemas, jerarquías y alternancias. Se ha recordado que, después de los repetidos atentados de los que fue objetivo Mussolini a lo largo de 1926, Turati percibió la vulnerabilidad del fascismo representado por la persona física del propio jefe y se comprometió mucho más en estructurar un Partido que pudiera sobrevivirle. Pero Mussolini, y los mismos secretarios, no se activaron para identificar instrumentos adecuados para formar nuevas figuras que pudieran preparar un recambio en la cúpula del PNF. El Duce prefería pensar que el fascismo se perpetuaría a través de la nueva leva juvenil, sin plantearse el problema de una sucesión para la que era necesaria la identificación de herederos. El mismo Turati, para contrarrestar el poder local de los ras, había reforzado el poder del jefe en el centro, empezando el proceso de mitificación y exaltación de Mussolini como el «hombre del destino», como el líder italiano por encima de las partes.

De este modo, Mussolini se fue construyendo progresivamente un poder personal, paternalista y despótico: si en los Estatutos de 1926 y 1929 aún era el primer dirigente del Partido, a partir de 1932 se posicionó fuera de la jerarquía, hasta convertirse en el «jefe del Partido» en el Estatuto de 1939. Además, en cuanto jefe del Estado fascista, concentraba en sí un doble control: el del Gobierno y el del Partido. Esta ambigüedad también se reflejaba en los intercambios entre las dos jerarquías, estatal y del partido, sobre todo en las relaciones entre el ministro del Interior y el secretario general del Partido en Roma, y entre los secretarios de las federaciones provinciales y los prefectos en la periferia. A pesar de que ningún Estatuto del PNF preveía la dependencia del secretario federal respecto al prefecto, de hecho desde principios de 1927 una serie de disposiciones y circulares hacían de este último «el más alto cargo del Estado en la provincia», al cual los secretarios provinciales del Partido (los federales) debían obediencia. Una parte de los jefes federales se atuvieron a las disposiciones, demostrando conformidad cuando no verdadera debilidad y falta de autonomía en la gestión del Partido; otros siguieron rebelándose a las excesivas interferencias. Esta situación se prolongó durante los secretariados de Turati y Giuriati, desde 1927 hasta 1931, y no se resolvió ni siquiera con el largo secretariado de Starace, aunque los primeros afrontaron directamente la situación con informes y declaraciones dirigidas al jefe de Gobierno y al Gran Consejo, mientras que Starace eludió la cuestión, haciendo frente a los problemas conforme se iban presentando en las provincias. Por otra parte, después de la eficaz conducción por parte de Federzoni del ministerio del Interior, desde noviembre de 1926 Mussolini ocupó provisionalmente dicho ministerio y a partir de ese momento fue nombrando como subsecretarios a hombres con un pasado fascista y escuadrista: hasta 1933 se sucedieron a su lado Giacomo Suardo, Michele Bianchi y Leandro Arpinati; y a partir de 1933, y durante diez años, el fiel Guido Buffarini Guidi. Fue fundamentalmente una elefantiásica burocracia estatal, paraestatal y de partido lo que siguió administrando el país mientras el Consejo de Ministros había sido despojado progresivamente de poder consultivo y directivo con el alejamiento de las personalidades más prestigiosas, y lo que en realidad hacía el Gran Consejo, promovido por la ley del 9 de diciembre de 1928 a órgano constitucional del Estado con poder decisional sobre el Partido, era funcionar de caja de resonancia y de cámara de aprobación para las decisiones tomadas a menudo en otra parte.

Mientras tanto, Mussolini se había asegurado la fidelidad de la policía, cuerpo autónomo que controlaba la acción de los funcionarios del Estado y del Partido. Para reorganizar los servicios de seguridad pública fue llamado en septiembre de 1926 el prefecto de Génova, Arturo Bocchini. Bocchini había nacido en 1880 en la provincia de Benevento y entró en la administración pública en 1903, tras licenciarse en Derecho. Después de la Marcha sobre Roma fue nombrado prefecto, primero en Brescia, después en Bolonia y, en octubre de 1925, en Génova. A Bocchini se le encargó el mando del cuerpo de los agentes de policía del Estado, reconstituido en 1925, y de las policías metropolitanas de Roma y de Nápoles. No era hombre de convicciones políticas; sirvió al fascismo en cuanto Estado. Oportunista y fiel a las instituciones de poder, había dado prueba de su habilidad al administrar ciudades difíciles y aún no completamente sometidas al fascismo. Sobre todo era un gran organizador y conocedor del aparato burocrático del ministerio del Interior y de su entorno. Mussolini hizo de él y de la policía, de la que Bocchini tuvo el mando hasta su muerte (en noviembre de 1940 estando en servicio), instrumentos dúctiles y autónomos respecto al Partido, vinculados solo a la voluntad del jefe del Estado fascista y, en cuanto dependientes del poder ejecutivo, incapaces de ser una fuerza alternativa al fascismo en caso de crisis. Además, a través de Bocchini, convirtió el cuerpo de los guardias de seguridad pública en el instrumento de control de la sociedad más fiel, proponiéndolo como alternativa y a menudo en competición con el Arma dei Carabinieri, que dependían de las jerarquías militares que permanecieron fieles a la Corona. El resultado fue que, cuando cayó Mussolini en el verano de 1943, en consecuencia también se derrumbó la policía del Estado, mientras que el control del orden público, ramificado en las provincias, quedó encomendado a los Carabinieri, que representaban y representarían también en 1945 la continuidad de las fuerzas del orden, más allá y a pesar del fascismo.

Las transformaciones también afectaban a las funciones del secretario nacional del PNF, que se convirtió en el garante de la dependencia del Partido respecto al Estado fascista y, al mismo tiempo, en el dirigente político más prestigioso, subordinado solo al Duce. Con el decreto del 11 de enero de 1937, el secretario recibió, además, el cargo de ministro secretario de Estado. La fusión entre Estado y fascismo, empezada diez años antes con el decreto del 12 de diciembre de 1926 que escogía el fascio littorio (los fasces o haz de lictores) como emblema del Estado italiano, casi había concluido. El Estatuto del PNF de 1932 definía oficialmente el Estado con el adjetivo «fascista». Contemporáneamente el PNF, bajo la nueva dirección de Starace, se lanzaba a un nuevo y amplio programa para fascistizar a toda la sociedad civil y absorber instituciones y actividades del campo educativo, cooperativo, sindical y poslaboral que hasta ese momento habían sido tuteladas por los ministerios, entre los que se encontraban el de Educación y el de Corporaciones. Con motivo de los diez años de la Revolución fascista la política de reclutamiento fue modificada de nuevo y se volvieron a abrir las inscripciones a quienes se encontraban en el momento de incorporarse al mundo laboral y a quienes pertenecían a las asociaciones que habían sido absorbidas por el Partido. De esta manera, el Partido fue definiéndose como una estructura piramidal y jerárquica, tan amplia como la misma sociedad, regida desde el centro y ramificada en la periferia a través de poderes de control y responsabilidad y de referencia al más inmediato superior: desde el responsable de un grupo de viviendas, pasando por los de barrio, distrito, núcleo urbano, hasta llegar a los secretarios de las federaciones provinciales y al secretario nacional del Partido. Las iniciativas y las prescripciones del Partido llegaban a las provincias a través de un Foglio d’Ordini: un boletín que no pretendía explicar las decisiones tomadas en la cúpula ni suscitar debates o iniciativas autónomas en el organismo político, sino, como indicaba el nombre, impartir órdenes a las cuales las federaciones estaban obligadas a atenerse.

La palabra lo dice todo –escribía Mussolini en el Foglio d’Ordini emitido el 31 de julio de 1926–. No se trata de un periódico. Por lo tanto, no contendrá artículos [...] [E]s otra señal clara de cómo se consideran la organización y las actividades del Partido; nuestra organización es un verdadero ejército: sus actividades se caracterizan por el trabajo cotidiano y por las metas lejanas que alcanzaremos cueste lo que cueste. ¡Viva el fascismo!

Los tres secretarios que se sucedieron desde 1926 hasta 1939 contribuyeron, cada uno de ellos con su propia personalidad y convicción política, a definir las funciones y la presencia del Partido en la sociedad hasta convertirlo en un instrumento de una movilización permanente de masas. Augusto Turati amplió las competencias del Partido en muchos campos, trazó el culto de la jerarquía y del jefe, concibió el Partido como escuela de vida capaz de forjar las cualidades y la fuerza moral del «nuevo italiano» y la disciplina de la colectividad nacional. Giovanni Giuriati era de formación y de generación diferente a la de su predecesor: doce años mayor que Turati, procedía de una familia de juristas vénetos y él mismo era abogado; nacionalista de formación, había sido un estrecho colaborador de D’Annunzio en la batalla de Fiume. Giuriati, sobre la base de la experiencia y de su credo político, identificó entre las principales tareas del Partido la de educador patriótico: tenía el deber de acoger y orientar a los nuevos creyentes en la nación surgida de la Gran Guerra. En su breve año de secretaría, Giuriati esencialmente actuó como «transbordador» del intento de valorizar el Partido como alma política del Estado fascista, en el cual creía Turati, al vaciamiento del Partido y a su dilatación y penetración en la sociedad, que llevó a cabo Starace.

Un balance de los resultados obtenidos por las varias secretarías políticas muestra que la actividad de Turati resultó ser la que menor éxito obtuvo de las tres, al menos respecto a las intenciones iniciales. Su esfuerzo por reprimir la disidencia también comportó la eliminación de fuerzas aún frescas en el Partido. El PNF, después de 1926, carecía de cuadros dirigentes y de una clara reorganización interna y era inadecuado para las nuevas tareas a las cuales debía hacer frente. Y, sobre todo, a los pocos años de la conquista del poder, se manifestaba la dificultad para crear a través del Partido una nueva clase política dirigente, adiestrada culturalmente, y moralmente superior a la anterior clase liberal: la «aristocracia educativa y formativa del pueblo italiano» que Mussolini todavía estaba esperando en enero de 1928. El mismo Turati fue víctima de esa depuración de la que él había sido artífice y precursor. En Italia, la normalización del fascismo para poder llevar a cabo una alianza con fuerzas moderadas y conservadoras no fue confirmada por un acontecimiento sangriento y radical, como en el caso de la noche de los «cuchillos largos» en Alemania, que en junio de 1934 eliminó a los seguidores del ala revolucionaria del frente nazi liderada por Röhm y Strasser; dicha normalización coincidió, por el contrario, con el ascenso de Mussolini como único dominador de la escena política, y como tirano que sospechaba de cualquiera del Partido que pudiese hacerle sombra o postularse como rival. Entre 1926 y 1932, después de los intransigentes, los autónomos y los carismáticos, también cayeron las cabezas de los dirigentes fascistas de las provincias y las de quienes habían apoyado a Mussolini en la represión del ala escuadrista del fascismo. La eliminación tuvo lugar sin derramamiento de sangre; con campañas difamatorias, como en el caso de las dirigidas a Turati y Arpinati; o con ascensos que, en realidad, eran alejamientos: Dino Grandi dejó el ministerio de Exteriores para convertirse en embajador en Londres; Balbo de ministro de Aviación y de potencial delfín de Mussolini acabó en el exilio «dorado» de la gobernación de Libia y a Bottai le quitaron el Ministerio de Corporaciones que concebía como laboratorio político.

También fue instrumental la referencia al concepto de Revolución fascista, distorsionado y objeto de continuos malentendidos por parte de Mussolini en sus discursos, ya que creaba fuertes expectativas y amargas decepciones sobre todo entre los más jóvenes, a quienes se les hacía creer que por «Revolución» se entendía una transformación permanente de la sociedad, en la cual ellos estaban llamados a participar como protagonistas. Por el contrario, ya en 1927 la antigua guardia del PNF había tratado la Revolución como un hecho: se había sustituido a la antigua clase dirigente liberal y estaba actuando profundamente en la psicología de las masas. Para los nacionalistas, las principales transformaciones ahora estaban destinadas al Estado y no a la sociedad. El Partido se convertía por lo tanto en el garante de dichas transformaciones y el Estado en el más alto destinatario de estas.

Con la llegada de Starace a la Secretaría en 1931, el PNF se burocratizó todavía más, convirtiéndose en una máquina de órdenes y en un instrumento dócil de pedagogía de las masas. El llamado «estilo fascista» (que él mismo resumiría al final de su secretariado en un vademécum) no era otra cosa que una imposición de comportamiento a los afiliados y, más en general, un adoctrinamiento político de vastos sectores de la población italiana que estaban en contacto con el Partido y el Estado fascista a través de la escuela, el trabajo, la asistencia y las formas de socialización que tenían lugar en el tiempo libre. Hubo una rápida multiplicación de las asambleas, los grados y los uniformes. Starace fue un histrión, la personificación, a través de sus actos y su omnipresencia, de los aspectos fideístas y militantes del fascismo originario. Sin embargo, no hay que olvidar que, a diferencia de lo que ha quedado en la memoria colectiva, no fue Starace quien impuso la liturgia fascista; él, gracias a un complaciente y acrítico servicio colectivo prestado a la voluntad del jefe y a las necesidades del Partido, supo perfeccionar ritos y costumbres ya ideados y adoptados en los años veinte. Su Secretaría completó la fascistización de las masas italianas, gracias a una creciente permeabilidad y maleabilidad de la sociedad civil para adaptarse al culto del jefe y a los principios de jerarquía y movilización constante, basándose en una educación y en una imposición difusas que tenían como objetivo la participación de los italianos en la vida del Partido y del Estado. Ninguna otra forma de vida civil era oficialmente posible, al tiempo que una propaganda incesante se dirigía con especial fuerza y éxito a las nuevas generaciones. Starace, nacido en Gallipoli en 1889, había participado en la guerra como oficial de complemento. En la posguerra su militancia escuadrista se había dividido entre las tierras de proveniencia y los territorios irredentos. Fue subsecretario del Partido en 1921 y de nuevo, al lado de Farinacci, en 1926; en 1924 fue elegido diputado. Fue empleado repetidamente como inspector para efectuar expulsiones y cambios en la cúpula de muchas secretarías federales, función que también llevó a cabo durante el primer año de Secretaría nacional, cuando expulsó a varios miles de inscritos, mientras al mismo tiempo el Partido se abría a nuevos miembros. Mussolini se deshizo de Starace en octubre de 1939 sin demasiadas contemplaciones. Un testigo de la época, el entonces joven miembro de los Gruppi Universitari Fascisti (GUF) Luigi Preti, ha dado una de las tantas versiones corrosivas que circulaban en aquel momento sobre el secretario del Partido:

estaba ya tan desacreditada su persona, que hasta los jerarcas se dejaban recitar el mordaz epitafio que, contra la verdad, lo hacía incluso cobarde y ladrón: «Aquí yace Starace / vestido de estambre: / en paz rapaz, / en guerra fugaz, / en cama pugnaz, / con el pueblo mendaz, / de nada capaz. / Requiescat in pace» (Preti: 112).

Pero el legado de su Secretaría fue imponente: en octubre de 1939, de una población de 43.733.000 personas, 2.633.515 hombres y 774.181 mujeres se habían inscrito a los Fasci; 7.891.547 niños y jóvenes pertenecían a la Gioventù Italiana del Littorio y 105.883 eran estudiantes adheridos a los GUF, alcanzando un total de 11.405.125 personas. A estas hay que sumar los inscritos a organizaciones, entidades y asociaciones públicas pertenecientes al PNF, lo que elevaba la cifra total de los italianos que individualmente o mediante grupos asociativos estaban adheridos al Partido a 21.606.468, es decir, la mitad de los habitantes de la península.

Cuando dejó el cargo, Starace fue nombrado jefe del Estado Mayor de las milicias, pero poco después de un año salió de escena definitivamente, sin asumir ningún cargo en los meses de la República de Saló. Convencido de haber obtenido de esta manera una especie de inmunidad, el 28 de abril de 1945 se mezcló con la multitud milanesa que se dirigía a la plaza de Loreto, donde habían sido transportados los cuerpos de Mussolini, Claretta Petacci y otros jerarcas de la República Social. Fue reconocido y ejecutado inmediatamente por una unidad partisana, y él también fue expuesto en la plaza. En cuanto a Farinacci, durante la reunión del Gran Consejo del 24 de julio de 1943, que sancionó la destitución de Mussolini, defendió la continuación de la guerra junto a los nazis. Pocos días después, huido a Alemania, se ofreció a Hitler como sustituto de Mussolini; esta acción lo marginó de nuevo en Cremona durante la República Social Italiana (RSI) y, cuando esta cayó, intentó refugiarse en Suiza. Capturado y reconocido por los partisanos, fue fusilado el 28 de abril de 1945 en Vimercate. En cambio, corrió diversa suerte Turati, el cual, habiéndose quedado solo en el Partido, volvió al empleo de periodista en 1931 aceptando la oferta de Giovanni Agnelli como director de La Stampa, pero fue inhabilitado y enviado al confinamiento en la colonia de Rodi entre 1933 y 1937. Después volvió a Italia y fue readmitido en el PNF. No volvió a ocupar cargos importantes. Condenado en la posguerra por actividades fascistas, y luego amnistiado, murió de infarto en 1955. Giuriati, en cambio, se convirtió en senador en 1934, votó contra Mussolini el 25 de julio de 1943 y por ello fue condenado a muerte en contumacia por la RSI. En la posguerra fue absuelto de procesos judiciales y murió con más de noventa años. También Adelchi Serena, nacido en 1895, murió de vejez en 1970; así como también Vidussoni, que murió en 1982, después de haberse adherido con convicción a la RSI. Y en 1988 moría Carlo Scorza, con más de noventa años. Había votado contra Mussolini; procesado por la RSI, no cumplió la condena y cuando la guerra concluyó emigró a Argentina. Un destino diferente tuvo el ravenés Ettore Muti (1902), el escuadrista más combativo y aventurero de los secretarios junto a Farinacci. Voluntario jovencísimo en la Gran Guerra, legionario en Fiume, participante en la Marcha, cónsul de la Milizia y combatiente en Etiopía, España y la Segunda Guerra Mundial, Muti murió en un tiroteo con los carabinieri, que en agosto de 1943 habían ido a arrestarlo a su chalet de Fregene. Se convirtió en un mito para las milicias fascistas reconstituidas durante la RSI.

Estas breves noticias biográficas nos llevan a la cuestión de la depuración de los dirigentes fascistas inmediatamente después de la Liberación, empezando por la suerte de los secretarios nacionales y de las federaciones provinciales. Pocos cuadros dirigentes, tanto locales como nacionales, sufrieron duras sanciones y condenas capitales, al contrario de quienes habían participado activamente en la República Social. En general, quien había reducido la actividad y las apariciones después de septiembre de 1943 se libró o sufrió condenas leves, amnistiadas durante los años siguientes. La justicia y la violencia vengativa se dirigieron principalmente contra quienes fueron considerados los autores de episodios concretos de violencia fascista, incluidos los ocurridos en el periodo de la toma del poder, pero fundamentalmente de los episodios reiterados y todavía más atroces realizados por la acción del escuadrismo de la República Social y de su Guardia Nacional: fueron condenados a muerte en el momento de la captura por parte de formaciones de partisanos o tribunales populares y militares, y la condena fue efectuada inmediatamente. A fin de cuentas, más que mandatarios y dirigentes, sobre los cuales se habría debido efectuar un proceso de identificación de sus responsabilidades a escala nacional, quienes pagaron los actos y las responsabilidades fascistas fueron en su mayoría ejecutores y dirigentes locales, fácilmente localizables por las pequeñas comunidades que sentían odio hacia ellos o, más en general, pedían justicia e indemnización moral.

LA CLASE DIRIGENTE FASCISTA

La obra de restructuración llevada a cabo por Turati hizo que después de 1926 las expectativas y las ambiciones que muchos ponían en el Partido se dirigiesen a las carreras directivas de la administración central y periférica del Estado, que absorbió, pues, a un número conspicuo de fascistas de los primeros tiempos. Esta entrada fue especialmente facilitada durante 1928, tanto que los nuevos dirigentes, reclutados a través del PNF, fueron llamados ventottisti (literalmente veintiochistas), término que usaban a menudo de manera irónica los colegas que habían entrado de otra manera. Sin embargo, la mayoría de los pertenecientes al ventottismo estaban escasamente preparados desde el punto de vista cultural y profesional, tanto como para suscitar críticas internas e incluso la burla en ambientes diplomáticos extranjeros. Análisis llevados a cabo en la posguerra han redimensionado el alcance de este fenómeno, que en términos numéricos fue reabsorbido y al final circunscrito tanto a la carrera en el Ministerio de Interior y en el de Exteriores y también en los ministerios más marcadamente fascistas, como el de Corporaciones. Por ejemplo, de alrededor de setenta funcionarios ventottisti que entraron en la diplomacia, la cifra más alta desde la Unificación de Italia, pocos alcanzaron los cargos más altos de la carrera diplomática y asumieron direcciones de embajadas; la mayoría llevó a cabo funciones consulares y de representación política en el extranjero. La transformación de la administración central se volvió lenta cuando el fascismo sustituyó a parte de los dirigentes periféricos garantizándose, al mismo tiempo, la fidelidad de otros funcionarios. A principios de los años treinta, ya alrededor de la mitad de los prefectos de las provincias no procedían de una trayectoria específica, sino que eran elegidos a través de nombramiento político. De nuevo, en 1937 se estableció que al menos tres quintos de ellos debían ser elegidos entre el personal efectivo del Ministerio de Interior. En definitiva, el cambio existió, pero se produjo diluido en el tiempo, estuvo basado esencialmente en la fiabilidad política de los candidatos y además fue determinado por otras tendencias preexistentes aceleradas por el fascismo: el rejuvenecimiento de la administración en el primer periodo de la posguerra, el recambio social (que sí que fue evidente en la diplomacia, donde hasta los años veinte prevaleció la «nobleza de servicio», es decir, el reclutamiento de miembros de grupos aristocráticos leales a la Corona) y la creación de un nuevo grupo de procedencia centro-meridional. En aquel momento ya se había confirmado la obligación de inscribirse al PNF para obtener cargos más altos en el Ejecutivo y en la judicatura ordinaria (jueces de primera instancia, mediadores, etc.). A partir de 1932 se hizo necesario el carné del Partido para participar en oposiciones para plazas en la administración central, a partir de 1933 para las de los organismos locales y paraestatales y a partir de 1938 también fue solicitada la inscripción a los trabajadores remunerados por el Estado. No siempre era suficiente la inscripción en el PNF para puestos de responsabilidad; a ella debía sumarse el juicio favorable del secretario federal. Además, las oficinas centrales ya estaban repletas de jóvenes con estudios y con el carné en el bolsillo, dispuestos a poner sus ambiciones no ya directamente en el Partido, sino en el Estado fascista.

Un claro ejemplo es el rápido ascenso de Galeazzo Ciano, que nació en 1903 y entró en la carrera diplomática inmediatamente después de licenciarse en Derecho en 1925. La trayectoria de Ciano fue especialmente afortunada. Era hijo de un oficial de la Marina, Costanzo, que había destacado durante la Primera Guerra Mundial y en la empresa de Fiume tanto como para que le otorgasen el título de conde de Cortellazzo en 1928 y ocupase varios cargos importantes, desde el de subsecretario de la Marina hasta el de ministro de Correos y Comunicaciones. Galeazzo asistió a los colegios y a los círculos de la alta sociedad; se casó en 1930 con la hija mayor de Mussolini, Edda; asumió cargos diplomáticos en el extranjero entre 1930 y 1933; después de un breve paréntesis como jefe de la Oficina de Prensa, se convirtió en subsecretario y luego ministro de Prensa y Propaganda y finalmente, en junio de 1936, con solo treinta y tres años, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Naturalmente, el ascenso fulminante de Ciano fue excepcional incluso para aquella época y demuestra muy claramente lo necesario que eran en aquel momento las relaciones personales, familiares y políticas para ascender. Galeazzo había sacado el máximo provecho de todas las etapas no por sus excelentes dotes profesionales, sino porque había aprovechado sus favorables condiciones familiares y las había consolidado a través del matrimonio con Edda y de su relación con los ambientes propicios para un tal ascenso. También tendrían la posibilidad de tomar decisiones similares otros vástagos de la burguesía. Giorgio Amendola, hijo de Giovanni, ya ministro y opositor de Mussolini, recordaba en sus memorias que había conocido y tratado durante las noches romanas de 1924 al coetáneo Ciano, que era un «joven abierto, inteligente, y tenía muchas ganas de gustar, de ser admirado. Conmigo acentuaba su distancia del fascismo, como si la suya fuese una posición obligada»; tanto que Amendola le preguntó por qué no se alejaba de él, a lo que el otro le respondió: «¡Ni que estuviese loco! Con mi padre ministro y miembro del Gran Consejo tengo la carrera asegurada» (Amendola: 98).

El ascenso de Ciano indicaba, además, que había una burguesía que aspiraba junto con sus hijos a abrirse camino, a infringir las barreras establecidas por la alta burguesía del capital y la aristocracia de sangre ligada a la Corona y a la nobleza y a enriquecerse y a adquirir poder a través del Estado. Mussolini sabía dirigir y utilizar sabiamente estas carreras rápidas, capaces de ofender y herir privilegios consolidados que el fascismo no atacaba directamente. Algunos dirigentes del fascismo fueron ennoblecidos: Acerbo se convirtió en barón en 1924; Dino Grandi obtuvo el título de conde en 1937; el mariscal Rodolfo Graziani fue nombrado marqués en 1938 y al banquero y subsecretario del Ministerio de Finanzas Giuseppe Bianchini lo nombraron conde en 1941. Igualmente ocurría con los rangos militares; un ejemplo fue el nombramiento de Italo Balbo como mariscal de Italia, nombramiento que confirió el máximo grado del Ejército a un hombre que había sido un desconocido oficial de complemento durante la guerra y que no provenía de la Academia ni de una familia de consolidada carrera militar. De este modo, se vinieron a formar pequeñas «cortes particulares», como la de los Ciano en Roma, o la de los Balbo en Tripoli, que aglutinaban a los nuevos llegados al poder, a los arribistas que se introducían como un cuño entre la pequeña y la alta burguesía, mientras que algunos representantes de la aristocracia venían asociados al régimen, sobre todo gracias al cargo de potestad. Dicho cargo suponía en el centro-norte la constitución de una nueva clase de notables, además de la neutralización de los bandos más extremistas del escuadrismo y del rassismo, mientras que en el sur representaba un instrumento para cooptar a grupos de propietarios que de otra manera hubiesen estado destinados a desaparecer.

Sin embargo, todavía hay que completar la investigación sobre la proveniencia social y generacional, la formación política y la educación de los cuadros dirigentes del PNF. El análisis que hemos realizado de alrededor de unos mil perfiles biográficos de hombres que desempeñaron funciones directivas y de representación tanto en el centro como en la periferia, en el Partido y en los sindicatos fascistas, en la MVSN, en el Gran Consejo y en el Tribunal especial, así como de ministros y subsecretarios del Gobierno Mussolini después de 1924, nos lleva a anticipar algunas primeras consideraciones. Durante el ventenio fascista, los cargos de responsabilidad fueron ampliamente ocupados por personas nacidas en el último decenio del siglo precedente, sobre todo en los años 1895, 1896, 1898 y 1899. Recordemos que Bottai y Grandi nacieron en 1895; Balbo en 1896; Arpinati, poderoso secretario federal de Bolonia y después subsecretario, en 1892; y Bastianini, secretario de Mussolini, en 1899. Era la generación que, con apenas veinte años, había querido o acogido con entusiasmo el conflicto; eran, también, los jóvenes conocidos como i ragazzi del’99, que habían conocido la experiencia de la guerra. Uno de ellos, uno de los pocos intelectuales realmente de la «plantilla» del fascismo, fue Camillo Pellizzi (1896-1976), combatiente en la Gran Guerra y estudiante universitario en Pisa, donde fue influido por el idealismo gentiliano y la cultura vociana. Más tarde fue docente en Gran Bretaña durante casi un ventenio y allí fundó el Fascio de Londres en 1921. Pellizzi, ya en 1925, se identificaba con una generación histórica que había vivido la misma experiencia bélica y política, había realizado las mismas lecturas y había tenido los mismos maestros y por lo tanto podía convertirse en una nueva élite. Pero no toda esta generación tomó las mismas decisiones: algunos se adhirieron con convicción al fascismo; otros, con igual convicción, se opusieron.

Tuvimos nuestros maestros nuevos. Para problemas político-sociales citamos como ejemplo a Sorel. En sociología, a Pareto; en economía, Pantaloni. En filosofía, puede casi decirse que toda la filosofía moderna, de Bergson [...] a Gentile. Pero todavía no teníamos una religiosidad, porque no teníamos un carácter... La experiencia grande fue la guerra y fue precisamente durante la guerra cuando empezó a formarse el carácter de la nueva generación. Este nuevo carácter es, si me lo permite, el fascismo (Pellizzi: 90).

Un año después, otro representante de esta generación, Roberto Cantalupo (1891), de origen napolitano y monárquico, perteneciente a la carrera diplomática, se mostraba aún más crítico con respecto a la clase política liberal y consideraba el fascismo «el primer intento orgánico y consciente de creación de una clase dirigente» y de un Estado nuevo y por lo tanto «joven» (Cantalupo: 98).

Los que superaron indemnes las crisis y las discordias internas que tuvieron lugar en el Partido entre 1924 y 1927 formaron la clase política, con apenas cuarenta años, que tuvo el poder político en el país hasta casi el final del régimen. Estos estaban acompañados por un grupo menor numéricamente, pero situado en los puestos de mando, que tenía diez años más; a este grupo, nacido en los años ochenta, pertenecían Mussolini y Bianchi, del año 1883, y Graziani, de 1882. El número de los dirigentes del Partido nacidos en el penúltimo decenio del siglo aumenta en los años que van de 1885 a 1889. Estos componen el cuadro maduro, pero todavía joven, de la dirección fascista, que en el ventenio osciló entre los cuarenta y los cincuenta años de edad. Aportaban al régimen experiencia y formación políticas (socialistas, anarquistas, sindicalistas, nacionalistas) de los años giolittianos ampliamente reconsideradas a la luz de los nuevos tiempos de la posguerra. Todavía menor numéricamente, pero fuertemente representativos, eran los nacidos entre principios de los años sesenta (entre ellos Gabriele D’Annunzio, de 1863) y finales de los setenta. En concreto, a este último decenio pertenecía un grupo selecto de intelectuales, profesionales, juristas, militares y empresarios entre los cuales se encontraban el filósofo Giovanni Gentile y Giovanni Giuriati, de 1875 y 1876 respectivamente. Este grupo representaba una mayor continuidad en la trayectoria política de la derecha nacionalista y una mayor coherencia en la visión conservadora, ya fuese laica o católica, de la sociedad y de la política, y estaba protegido de las exclusiones contradictorias de las que habían sido objeto las generaciones más jóvenes, los nacidos en los dos últimos decenios del siglo.

Además, a lo largo de los años treinta destacó una nueva generación, de veinte y treinta años, nacidos entre 1900 y 1905, y sobre todo en 1903: los coetáneos de Galeazzo Ciano, como Alessandro Pavolini, secretario del Partido durante los meses de la RSI; y como Ettore Muti, secretario del Partido a los treinta y siete años, en octubre de 1939. En cualquier caso, esta generación también incluye a los nacidos en el decenio sucesivo, entre 1906 y la entrada en guerra. Estos representan poco más del 20% de los mil dirigentes del PNF censados y presentan aspectos comunes que merecen atención. La misma muestra ya había revelado que la mayoría de los miembros directivos del Partido tenían un título escolar superior y universitario. Los estudios jurídicos y la declarada profesión de abogado prevalecían sobre otras formaciones profesionales, como las de ingeniería, medicina y agraria, y sobre nuevas formaciones universitarias en ciencias económicas, políticas y diplomáticas. Es interesante subrayar que los títulos que caracterizaron el ventenio fascista eran los mismos que los de la anterior clase dirigente de la época liberal, especialmente los de los diputados. Este dato puede dar la razón a quienes han visto una continuidad con la tradición liberal en la clase política de la periferia dentro de los organismos institucionales del Estado, en concreto en su capacidad localista, es decir, como portavoces en el centro de grupos de interés residentes en las provincias. Pero a esta mayoría de directivos se sumó una clase media de políticos que solo habían realizado estudios de secundaria y que no contaban con un patrimonio familiar o una posición profesional tales como para aspirar a un escaño en el parlamento, como ocurría generalmente en la época liberal. Esta clase representaba el recambio, que tuvo lugar entre 1921 y 1926, de una parte de la clase política italiana, y su llegada coincidió con la anulación de las prerrogativas del parlamento.

Sus componentes se declaraban principalmente contables, aparejadores, peritos industriales, empleados de banco y comercio y agentes de seguros. Pocos eran los profesores y los que procedían de familias de profesores, y entre estos pocos se encontraba Benito Mussolini. Más numerosos eran los oficiales del Ejército y de la Marina, aunque habría que distinguir entre quienes habían emprendido la carrera militar, con una formación completa en la Academia, y quienes, en cambio, procedían de la filas de complemento. Aún en los años treinta, los terratenientes, casi siempre incluso con un título universitario, superaban numéricamente, entre los cuadros nacionales del PNF, a los empresarios y a los dirigentes industriales, lo que probaba una directa implicación de los latifundistas en la política activa. Resulta evidente un crecimiento social y de nivel educativo de muchos cuadros del PNF con respecto a la familia de origen: muchos de los que declararían títulos de secundaria y empleos administrativos habían ascendido al menos un escalón en la jerarquía social con respecto a los padres, trabajadores manuales, artesanos, pequeños empleados y comerciantes. Este dato confirmaría que fueron las clases pequeñoburguesas las que sacaron mayor ventaja del fascismo en términos de movilidad social, aprovechando la educación y las nuevas posibilidades de carrera ofrecidas por el empleo público y, por tanto, fueron estas las que protestaron cada vez que el acceso a la educación y a los sectores profesionales era interrumpido.

Del perfil colectivo de los cuadros dirigentes del Partido que hemos examinado, resulta que la mayor parte de los títulos de estudios que les consintieron un crecimiento social fueron adquiridos en la inmediata posguerra, gracias a medidas especiales que facilitaron el itinerario académico, y luego profesional, de los excombatientes. De la muestra también destacan dos grupos no mayoritarios, pero considerables: los que, emprendida desde la juventud la carrera política, una vez dentro del Partido y de los institutos directivos, se declararon periodistas y publicistas y los que, desde el principio, eran organizadores sindicales. Los secretarios nacionales Farinacci y Turati formaban parte de estos grupos, y representan las nuevas carreras políticas a tiempo completo aceptadas y asimiladas por el régimen. Un estudio de los primeros años cincuenta, lamentablemente nunca actualizado, revelaba que entre 1921 y 1943 la estructura directiva y federal del PNF no había cambiado mucho y que alrededor del 80% de los 709 secretarios federales que se habían sucedido a lo largo del ventenio fascista se habían inscrito en el Partido antes de la Marcha sobre Roma y pertenecían a la pequeña y mediana burguesía. Estos datos muestran aparentemente una solidez y una continuidad del Partido, y en conjunto denuncian la falta de dinamismo y alternancia del régimen, como si todos los cargos hubiesen sido rápidamente ocupados durante los años de ascenso al poder, llevando a una rápida esclerotización del sistema. No obstante, en la clasificación propuesta por los estudios pasados no están incluidos los personajes que, a pesar de no haber ocupado cargos políticos en los organismos del Partido, fueron los ideólogos o contribuyeron a la resistencia del régimen. Eran intelectuales y hombres de servicio que llevaron a cabo labores de responsabilidad, a veces con un gran poder, tanto en las provincias como en las oficinas centrales de la capital.

La acción de despojar al Partido de sus funciones directivas y de formación de una clase dirigente, llevada a cabo por Starace en los años treinta, mostró las primeras señales de debilidad en torno a 1938, en el momento en el que se habían planteado nuevos objetivos en política interior y exterior, como la finalización de algunos institutos del régimen y el relanzamiento de su posición europea en el ámbito de la alianza con la Alemania nazi. Además, junto a una educación del italiano medio, había que desarrollar una labor política alta, basada en presupuestos culturales, y no solo en consignas fideístas. En aquel momento el PNF recurrió, en consecuencia, a una nueva generación: la que representaba el 20% del total de los dirigentes nacionales. Estos jóvenes que asumieron cargos de responsabilidad en el PNF en la segunda mitad de los años treinta parecen contradecir todo lo que hasta hoy se ha presupuesto sobre el envejecimiento irreversible del Partido: por el contrario, posiblemente confirman el hecho de haber recurrido tarde, cuando se aproximaba la crisis institucional del régimen, a una joven guardia, después de casi quince años de ausencia de recambio y sobre todo de ausencia de formación de una nueva élite fascista. Estos constituyen una muestra muy homogénea: asumieron la responsabilidad de secretario federal a una edad media de entre treinta y treinta y cinco años, algunos incluso entre los veinticinco y los treinta años; casi todos poseían un título de estudios superior y universitario y muchos de ellos emprendieron la carrera política a través de la experiencia y la dirección de los GUF y de la práctica de las armas: los de más edad como jovencísimos miembros de los Fasci y en las filas de los legionarios fiumanos y los de menos como voluntarios en España. Estos demostraban una buena predisposición a la movilidad, al contrario de lo que habían expresado después de 1925 los cuadros precedentes del Partido, muy sedentarios y solo dispuestos a trasladarse a la capital. Después de haberse formado en sus ciudades de nacimiento o en las sedes de sus estudios universitarios, a menudo fueron enviados, como primer destino como vicesecretarios o secretarios, a provincias alejadas de su cultura y sociedad de origen. Su permanencia en una federación fue breve, normalmente un año, en cualquier caso casi siempre inferior a cinco años, y parecía decidida por la Secretaría del Partido, tanto como prueba para una candidatura a dirigente de órganos nacionales como por que muchas federaciones, especialmente en las provincias de frontera e insulares, necesitaban a un dirigente joven y enérgico para fascistizar el territorio o sustraerlo a intereses privados, a círculos de poder y a redes familiares. Parecían responder, finalmente, a una nacionalización del cuadro dirigente fascista. A esta generación también pertenecían muchos dirigentes de los sindicatos fascistas que se habían formado sobre todo en el funcionariado cooperativo y ya no directamente en el mundo del trabajo y de las profesiones. Además, para muchos de ellos, la carrera política no parecía ser la única posibilidad. La formación universitaria y la posterior incorporación a un colegio profesional dejaban abierta la elección entre política a tiempo completo y profesión, que algunos ejercían volviendo a sus lugares de origen y a veces ocupando el cargo de potestad. A esta generación de veinte-treinta años, la dirección del PNF recurrió en los momentos de crisis de identidad del Partido, como fueron los años de la guerra. Esta generación la representó el penúltimo secretario del PNF, Aldo Vidussoni. Vidussoni había nacido en 1914, se inscribió al Partido a los veintidós años, lo que era usual, combatió en España, fue secretario de los GUF de Trieste, donde estudiaba Ciencias Económicas y Comerciales, secretario nacional de los GUF en 1941 e inmediatamente después, a partir de diciembre, secretario nacional, con solo veintisiete años.

Queda por identificar la procedencia geográfica de la clase dirigente fascista a nivel político: parecen prevalecer los cuadros procedentes de la zona septentrional y del centro del país con respecto a la zona meridional y a las islas, sobre todo en niveles federales y de prefectura, en la Milizia y entre los diputados. Ello era resultado de un movimiento fascista que había tenido su origen precisamente en las regiones centro-septentrionales, de las que se había alimentado el primer grupo dirigente nacional, así como de la llegada al poder central, a mediados de los años veinte, de la corriente intransigente, que representaba al strapaese, es decir, a la provincia rural y aparcera, enferma del complejo de estar excluida del poder, deseosa de que se sustituyese a una clase dirigente política liberal considerada ciudadana, romana y meridional, y a una clase dirigente económica y tecnocrática septentrional. El «italiano nuevo» asumió los hábitos y la mentalidad de la periferia toscana y padana. Esta tendencia no fue modificada ni siquiera con el cambio político del Partido que tuvo lugar en 1932, en el momento en el que se alejó del poder central a personajes padanos influyentes, como Grandi, Balbo, Arpinati, Federzoni, sobre todo porque el meridional Starace necesitaba el espíritu populista, el «selvagismo» a la manera de Malaparte, las posturas antiburguesas, antioperarias y antiurbanas provenientes del fascismo tosco-emiliano para construir el partido de masas.

Mientras tanto, había tenido lugar una parcial pero importante meridionalización y romanización de la administración pública central, al menos por lo que nos dicen algunos estudios. El fenómeno se revela plenamente solo en los años treinta, después de que por lo menos durante cinco años la reforma de la administración pública aprobada en 1925 por el ministro de Finanzas De Stefani hubiese congelado las plazas. Siguió siendo difícil el diálogo entre los cuadros dirigentes del Partido y los cuadros de la administración, entre otras cosas porque a menudo se habían quedado sin definir las funciones y los límites respectivos en lo que concernía al gobierno del país. Pero hay que recordar que la cuestión de una Revolución fascista se planteó hasta finales de los años treinta, y la sintieron especialmente las nuevas generaciones educadas por el fascismo, creando en ellas expectativas e ilusiones. El Partido, como representante de un cuerpo único, de una cohesión nacional, del pueblo mismo, no excluía la formación de una élite dirigente, de una jerarquía que se basase en una elección determinada por cualidades morales, intelectuales y de competencia. En cambio, esta aristocracia fue sustituida por un aparato burocrático, anónimo y mastodóntico que, si bien procuraba una seguridad parcial en la distribución de servicios y empleos a la pequeña y mediana burguesía, a la que principalmente recurría, ahogaba especialmente las aspiraciones ascendentes y de libre competición de jóvenes cuadros, formados en el fascismo y procedentes de estas clases. Bajo esta luz, el Partido y el Estado fascista entraron en crisis por una ausencia de recambio político de sus dirigentes antes aún de que la guerra mundial revelase la desafección de la población hacia el régimen.

UN PARTIDO SOLO DE HOMBRES

La Milizia Voluntaria per la Sicurezza Nazionale había sido creada a principios de 1923 con el objetivo inmediato de anestesiar a las escuadras de acción fascista más refractarias al control central. De este modo se pretendía controlar su capacidad subversiva y sobre todo su autonomía en las provincias, donde se había ido construyendo un eje de poder entre el prefecto y el secretario federal y donde el primero, principal representante del Estado fascista, prevalecía sobre el segundo, y también se había ido creando una diarquía entre el secretario federal y el comandante o cónsul de la local MVSN (estos dos cargos eran incompatibles en una misma persona). De esta manera, el Gobierno legalizaba y se dotaba de un brazo armado autónomo respecto a los tradicionales y todavía no del todo domesticados institutos de control del orden público. La Milizia tenía como función construir una élite militar y militante del Partido, alejada de la influencia de las personalidades individuales y de las disputas locales, y legitimarla como cuerpo selecto del Estado fascista. Posteriormente, en plena crisis Matteotti, con el decreto ley del 4 de agosto de 1924, el Gobierno procuró a la MVSN un ordenamiento general que daba seguridad a los ambientes conservadores de la Corona y del Ejército: la Milizia era sometida a las mismas reglas disciplinarias y penales que el ejército real, y sus miembros estaban obligados a prestar juramento de fidelidad al rey y estaban sometidos al mando de oficiales que no estaban de servicio. De ser un organismo paralelo, la Milizia pasaba a ser un cuerpo autónomo del ejército, convirtiéndose en una cuarta fuerza armada, y sustituyendo al cuerpo de tierra en el control del orden público interno y de las fronteras.

Brevemente, la MVSN ejercía al menos tres funciones. En primer lugar, se ocupaba de los servicios de investigación junto con la policía y los carabinieri y de los procesos contra los subversivos junto con la judicatura; quizá, más que representar a las autoridades de policía o de justicia, representaba el ojo vigilante del Estado en lo que concierne a cualquier tipo de disidencia, ya fuese política o apolítica. Legalizando la violencia que tiempo atrás había caracterizado al escuadrismo, posiblemente representaba el cuerpo más eficaz de control y represión de la población italiana. Se dotó de milicias especiales, constituyó secretarías políticas de investigación en las comisarías y compuso con sus oficiales la corte del Tribunal especial. Una segunda función fue la que asumió en la educación política y en la instrucción premilitar de la juventud fascista: es decir, en la preparación de las nuevas generaciones de italianos para la constitución de una nación armada (proyecto alimentado pero no perseguido con convicción por parte de la clase política italiana posunitaria). Con fuertes tendencias pedagógicas, la MVSN asumía, por tanto, la labor de crear al «hombre nuevo», una élite viril y combativa, una aristocracia guerrera de nuevos italianos. «El soldado de la Milizia Nazionale sirve a Italia con una mística pureza de espíritu, fe inquebrantable e inflexible voluntad [...]. Así fue para la Milizia Volontaria de los liberi comuni (‘ayuntamientos libres’) y de nuestro Risorgimento, [...] a esas se relaciona idealmente, ya que solo una es el alma secular de nuestra gente», escribía Attilio Terruzzi, protagonista de la reorganización de la Milizia a finales del verano de 1936 (Terruzzi: 17). En consecuencia, la tercera función llevada a cabo por la Milizia fue la movilización de jóvenes varones para las campañas militares a través de los propios batallones de Camicie Nere (CC. NN., literalmente ‘Camisas Negras’), que acompañaban al ejército con uniforme militar en cuanto tropas coloniales y de servicio de artillería contraérea y marítima. La campaña para reconquistar la colonia libia duró de 1923 a 1931; después, la Milizia fue empleada de manera importante en la conquista de Etiopía (en mayo de 1936 casi un tercio del ejército italiano destinado en Etiopía estaba compuesto por CC. NN.: 100.000 sobre 330.000 militares italianos) y en la primera fase de la intervención militar fascista junto con los insurrectos nacionales en España hasta la batalla de Guadalajara, donde los milicianos dieron pruebas de su escasa capacidad militar y estratégica y fueron después sustituidos por unidades regulares del ejército italiano. La MVSN, reorganizada al final de la campaña etíope, en el verano de 1936, contaba con un cuartel general en Roma, una escuela de formación de oficiales en Civitavecchia, 14 cuarteles regionales y 32 cuarteles de batallones CC. NN. para un total de 132 legiones ordinarias y 5 cohortes autónomas. Un verdadero ejército con camisa negra que flanqueaba al ejército y a los servicios de policía.

El número de los milicianos aumentó con el tiempo y pasó de los poco menos de 190.000 hombres en 1923 a los cerca de 950.000 en el momento de la entrada en la guerra en 1940. Si bien las cifras aún no han sido determinadas por los historiadores, que todavía están comparando las fuentes procedentes de diversas administraciones, se han conocido algunas particularidades de la MVSN. Para empezar, en los años veinte la Milizia permitió la absorción de excombatientes y de quienes habían participado en las jornadas revolucionarias de la Marcha (entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 1922). Quienes obtuvieron los grados de jefes de manípulo y de centuriones, correspondientes a los grados de teniente y de capitán, fueron en un primer momento quienes habían sido oficiales de complemento en el ejército. Alrededor de un cuarto de los oficiales en servicio efectivo y retribuido en la Milizia habían surgido del escuadrismo y de los jóvenes oficiales de complemento a la deriva después del final de la guerra. Solo una pequeña parte de ellos, entre el tres y el cinco por mil, estaban en servicio y eran retribuidos, es decir, estaban empleados a tiempo completo en milicias especiales como agentes de policía judicial y, a partir de junio de 1933, también en el servicio de investigación política. Fueron milicias especiales la ferroviaria y la portuaria en 1923, la postelegráfica en 1925, la forestal en 1926 y la de carreteras en 1928. Los demás eran voluntarios, no retribuidos en el territorio nacional, pero con un sueldo cuando eran enviados a expediciones militares al extranjero o a las colonias. Entre los milicianos había hombres adultos –los suboficiales permanecían en servicio hasta los 36 años– y, a partir de 1930, jóvenes que eran reclutados de los Fasci di Combattimento cuando cumplían veinte años (dieciocho para el servicio permanente y las milicias formadas por estudiantes universitarios, nueve legiones en total), con ocasión de la Festa della Leva de los CC. NN., que caía simbólicamente el 24 de mayo, el día en el que Italia entró en guerra en 1915. Los milicianos eran constantemente movilizados para la instrucción militar ordinaria, las maniobras y los ejercicios anuales, los desfiles militares y también las catástrofes naturales (una larga lista, redactada en el Código de 1939, contemplaba intervenciones por terremotos, riadas, tormentas y avalanchas). La gran afluencia de hombres jóvenes a las filas de la MVSN no se explica solo por la adhesión al ideal fascista. El hecho de pertenecer a la MVSN comportaba también prestigio y consideración social; llevar un uniforme y pertenecer a un cuerpo selecto otorgaba una serie de beneficios realmente inusuales en la época: asistencia sanitaria de médicos y especialistas de la Milizia (alrededor de 14.000 en 1939) y también, a partir de 1924, ayudas económicas, becas, premios por matrimonio y natalidad, transportes gratuitos, servicios y entradas reducidas a espectáculos si se asistía de uniforme y asistencia espiritual por parte de los curas de la Milizia. A partir de 1929, la MVSN promovió muchísimo el deporte, que era coordinado por una oficina propia de deporte que apelaba sobre todo a los jóvenes meridionales, a quienes menos les llegaban las actividades recreativas realizadas por las organizaciones juveniles y por la Opera Nazionale Dopolavoro.1 Además, en algunos periodos la Milizia fue incluso una válvula de escape del desempleo crónico de Italia. Solo en la campaña etíope de 1935-1936 reclutó y militarizó al menos a 100.000 obreros. El PNF y su brazo armado fueron estructurados, así pues, como una comunidad de la que estaba excluido el elemento femenino, al cual le fue reservado un papel auxiliar y subalterno. La alta esfera de la política fue considerada idónea solo para los hombres; los deberes destinados a las mujeres que se adherían al PNF no eran considerados políticos, sino asistenciales y destinados a la organización del consenso entre la población femenina. Las militantes fueron llamadas para prestar servicio en el estado social, pero sin asumir jamás del todo responsabilidades directivas, que continuaron siendo dominio de los profesionales de la política, o sea de los hombres.

Los Fasci Femminili habían sido fundados en Milán en 1921 por Elisa Mayer Rizzioli, aglutinando elementos y grupos esparcidos de mujeres militantes procedentes del socialismo, del anarquismo, del sufragismo radical burgués, de las filas del fiumanismo y del futurismo. Formaban parte del mundo variopinto al que pertenecía el primer fascismo –movimientista, revolucionario y subversivo– y se confundían en las vanguardias femeninas europeas de la inmediata posguerra, que intentaban utilizar el patrimonio político de la emancipación y del sufragismo del primer Novecientos y el reconocimiento de la contribución masiva de la mano de obra femenina durante la guerra para obtener el derecho al voto, la eliminación de una serie de vínculos de tutela paterna y marital y de las aún numerosas prohibiciones de acceso a muchas profesiones y, más en general, la plena adquisición de la ciudadanía. En este clima, los gobiernos liberales de la posguerra empezaron a satisfacer algunas de las reivindicaciones provenientes de las clases medias femeninas: en julio de 1919 la ley Sacchi concedió a la mujeres el acceso a muchos empleos públicos, aunque seguía excluyéndolas de la justicia, el ejército y de los cargos dependientes del Ejecutivo. En esta fase de movilización social, los Fasci di Combattimento, reunidos en la Piazza San Sepolcro de Milán el 23 de marzo de 1919, reunión en la que también participaron nueve mujeres, supieron asumir algunas reivindicaciones del primer feminismo y en junio de 1919 incluyeron en su programa «el sufragio universal con voto y elegibilidad para las mujeres».

La posición de los fascistas cambió una vez se consolidaron en el poder, cuando el PNF buscó el apoyo de las fuerzas moderadas y conservadoras así como católicas y laicas. Mussolini mantuvo la concesión del voto a las mujeres hasta 1923, cuando pasó a apoyar la forma más limitada del sufragio administrativo, que defendió e hizo aprobar, a pesar de fuertes oposiciones, en mayo de 1925. De todas formas, esta concesión fue eliminada al año siguiente de la introducción de la figura del potestad y de la disolución de los consejos locales electivos. Entre finales de 1921, a partir del congreso fascista celebrado en el teatro Augusteo de Roma en noviembre, y el año 1926, las mujeres fueron excluidas progresiva pero irreversiblemente de la acción política en los Fasci y fueron relegadas fundamentalmente a los grupos de competencia, es decir, a las actividades de soporte externo como la propaganda, la asistencia y la beneficencia. Esta exclusión ha sido atribuida por muchos observadores e historiadores a la influencia creciente que los nacionalistas iban teniendo dentro del movimiento y del Partido, y este cambio del fascismo con respecto a las mujeres, no solo formal sino también ideológico, se completó a partir de 1925 con la negación a que tuviesen un papel político en el naciente régimen. Neutralizadas las esperanzas y las veleidades feministas del primer fascismo, el PNF excluyó progresivamente a las militantes de los cargos directivos y más a la vista sobre la base de una afirmada inferioridad e inmadurez congénita de las mujeres a la hora de enfrentarse a la política y de desarrollar funciones en la vida pública. A las mujeres fascistas les fue negada, por tanto, toda autonomía y el Partido sometió a tutela a los Fasci Femminili. El Inspectorado de los Fasci Femminili, dirigido por Mayer Rizzioli, fue disuelto en enero de 1926 y un hombre, que ni siquiera destacaba en el Partido, Serafino Mazzolini, asumió provisionalmente la dirección del movimiento fascista femenino; después, pasó a una joven sin ninguna trayectoria escuadrista, una fidelísima del entonces secretario nacional Turati, Angiolina Moretti. Así era neutralizada definitivamente la primera guardia femenina y feminista, de origen noble y burgués, aunque también popular, proveniente de los ambientes posunitarios y protofascistas del quinquenio 1914-1919. Dicha guardia fue sustituida por funcionarias anónimas y damas de la alta sociedad de provincias. La segunda mitad de los años veinte sirvió al fascismo para redefinir las relaciones entre los dos sexos y para borrar de la experiencia italiana el patrimonio protofeminista acumulado en la edad liberal entre las mujeres tanto de la burguesía como del proletariado organizado.

Inicialmente, pues, la afiliación de las mujeres al Partido no fue un objetivo de la dirección del PNF, ni constituyó para las mujeres, por el contrario que para los hombres, una ventaja para adquirir poder y autoridad y para ascender en el empleo público (del cual, por otra parte, eran progresivamente excluidas); como mucho era útil como garantía de buena conducta para servir en las estructuras asistenciales del régimen. A partir de los diez años de la Revolución fascista, del Decennale, el PNF, dándose cuenta de la apatía política a la que habían sido relegadas las mujeres italianas, intentó un nuevo comienzo preparando las bases para un partido de masas y se empeñó en el crecimiento de las nuevas generaciones femeninas. Las mujeres que se adherían a los Fasci Femminili en 1936 eran casi 584.000, dos años después casi 744.000 y lograron el número máximo de 1.217.000 en el año de la crisis del régimen, 1943. Este elevado número fue, pues, el resultado del abandono por parte del PNF de toda ambición inicial de convertirse en un movimiento político y de su desnaturalización en una organización de masas con la finalidad de crear y mantener el consenso de los italianos, ya fuesen mujeres u hombres. El nuevo Partido necesitaba la aportación de cuadros dirigentes femeninos para asumir la función de guiar la «nacionalización de las mujeres italianas».

Todavía se tiene que completar una valoración del origen social de las afiliadas a los Fasci Femminili, pero es posible deducir por algunos estudios que, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las alrededor de 750.000 mujeres registradas como afiliadas en el PNF procedían en su mayoría de clases medias y de la burguesía ciudadana. Hubo que esperar a diciembre de 1936, en el momento de mayor apoyo de las masas, para que el régimen, a través de una serie de decisiones tomadas por el Gran Consejo, hiciese su contribución para la difusión de la organización entre las clases populares. El instrumento para hacerlo fue de nuevo una mayor burocratización y proliferación de rangos jerárquicos: desde las delegadas provinciales, subordinadas a partir de 1931 a las directivas de la secretaría local del Partido, se descendía a los niveles de las inspectoras locales, de las visitadoras de distrito y de núcleo, hasta las responsables del grupo de las jóvenes fascistas, las Giovani Fasciste, por un total de dieciocho figuras principales entre dirigentes y secretarias. A pesar de ello, la cúpula del Partido excluyó constantemente a los cuadros dirigentes femeninos de los cargos directivos nacionales. Las responsables siempre estaban sometidas a la tutela y a la dependencia de superiores varones, haciendo que nunca destacase una líder de las mujeres fascistas, o al menos un personaje de referencia nacional, como estaba ocurriendo en la Alemania nazi con la figura de Gertrud Scholtz-Klink, que coordinaba una secretaría propia y los servicios de prensa y propaganda destinados a la población femenina. Las inspectoras locales eran sometidas al control del secretario federal; hasta la reorganización de 1937 (aparte de un breve paréntesis a finales de los años veinte durante la secretaría de Turati) ni siquiera se fundó un consejo directivo nacional. Solo después de la reorganización de 1937 fueron nombradas seis inspectoras nacionales. Y solo a finales de los años treinta fue propuesta, pero jamás llevada a cabo, la posibilidad de introducir una representación de las mujeres fascistas en el momento de la creación de la Cámara de Fasces y Corporaciones y en la dirección del Partido. Las organizaciones de masas que aglutinaban a las mujeres quedaron, por lo tanto, sometidas a la dirección del secretario general del PNF y de los dirigentes sindicales nacionales de la Opera Nazionale Dopolavoro (OND), de la Gioventù Italiana del Littorio (GIL) y de los Gruppi Universitari Fascisti (GUF). Las inspectoras nacionales provenían de la nueva guardia fascista; estas se habían formado principalmente en los años treinta en la periferia. Con el tiempo se había neutralizado y, en parte, se había mimetizado el movimiento femenino católico, representado por la Unione Donne Cattoliche Italiane, a pesar de que en 1931 todavía contaba con 250.000 asociadas. Las voces más representativas del mundo femenino fascista eran, en cualquier caso, las de algunas intelectuales, escritoras y periodistas. Entre ellas se encontraba Paola Benedettini Alferazzi, elegida por Turati en 1929 para hacerse cargo de la prensa femenina fascista a través del Giornale della donna, que mantuvo una parcial autonomía de elección de temas y artículos al menos hasta 1935, cuando el periódico se transformó en Donna fascista y pasó a ser dirigido por un periodista y se convirtió en un folio-organigrama del Partido.

Es interesante dar cuenta de algunos indicadores que evidencian la reintroducción tardía de las mujeres en el PNF. En 1931 la oficina histórica de la MVSN publicó una lista de caídos de la Milizia desde la fecha de su fundación con motivo de la inauguración de una capilla en Roma que los honoraba. Eran todos hombres pertenecientes a la Milizia ordinaria, especial y colonial, algunos muertos efectivamente en acción: en la frontera oriental, en los últimos episodios del enfrentamiento político en el valle padano y en las posesiones italianas en el extranjero y en la represión de la revuelta en Libia. Muchos otros fueron incluidos entre los mártires de la última fase revolucionaria fascista a pesar de que murieron a causa de enfermedades y accidentes de trabajo.

Con el aniversario de los diez años de la Revolución fascista y con la llegada a la secretaría de Starace, el fascismo empezó la operación de inclusión de algunas figuras femeninas históricas o que habían sido protagonistas al principio del fascismo. Un primer paso fue la inauguración del monumento a Anita Garibaldi en el monte Gianicolo en 1932. Siguió la puesta en valor de la memoria de una de las chicas que habían participado activamente en el primer escuadrismo: Ines Donati, de Las Marcas, concretamente de San Severino, donde había nacido en 1900. De origen modesto, llegó a Roma para estudiar Bellas Artes mientras estaba concluyendo la guerra. Donati tenía todas las características para ser mitificada: vivía humildemente en una casa-familia de monjas y formaba parte del asociacionismo scout católico; se adhirió a la Unión antibolchevique y luego al Fascio di Combattimento de Trastevere; intervino activamente desde 1919 en muchas acciones escuadristas en la capital y en los barrios problemáticos de San Lorenzo y Trastevere, donde fue herida en julio de 1921 en un enfrentamiento con los Arditi del Popolo; participó en expediciones y reuniones fascistas en diversas localidades italianas como en Rávena, Ancona y Liguria, y fue acusada y encarcelada durante un breve periodo a causa de la agresión que sufrió el diputado socialista Della Seta. El diario romano il Paese la definió como la Miss Pankhurst del fascismo italiano. Y a principios de 1923 solicitó poder entrar, como sus camaradas varones, en la Milizia, solicitud que el 4 de marzo de 1923 le fue denegada personalmente por Mussolini, el cual pasó la cuestión a De Bono. Ines Donati murió en Matelica, con solo veinticuatro años, en noviembre de 1924, de tisis: «gravísima enfermedad causada por golpes, lesiones y esfuerzos superiores a sus débiles fuerzas», tal y como fue defendido nueve años después por el PNF, que emprendió su «beatificación». En noviembre de 1933 los restos de Donati fueron trasladados a Roma, donde recibieron los honores solemnes del grupo local Franco Baldini del barrio Tiburtino, y después fueron llevados ante Starace a la capilla votiva de los mártires fascistas del cementerio del Verano. Entre noviembre de 1935 y 1937, años clave en lo que concierne a la implicación de las mujeres en el régimen, con la preparación del Día de la Fe y las grandes reuniones femeninas de masas en la capital, la exaltación de la figura juvenil y del sacrificio femenino de Ines Donati llegó a su punto culminante con la inauguración de una lápida en Roma y sobre todo con la construcción de un monumento, el único que sepamos, dedicado a una mujer fascista en su localidad de origen. Inés Donati se convirtió en la «Capitana»: «Orgullosísima Italiana, indómita Fascista», como fue grabado en el imponente monumento en broce y mármol que dominaba la plaza del final de la avenida del pueblo de San Severino, y como la describió el «herido fascista» Alfonso D’Agostino en 1940. El monumento «a la primera mujer fascista de Italia» fue destruido inmediatamente después de la guerra y, como ha ocurrido a menudo, fue sustituido, utilizando el mismo lugar y los mismos materiales, por un monumento a los caídos de la Resistencia.

EL MUSSOLINISMO

En la liturgia política del fascismo, el jefe es el elemento clave. La presencia del Duce, del líder, del hombre que representa el movimiento político y el Estado fascista, su política interior y exterior y a la entera comunidad de italianos, confiere solidez al poder y refuerza los principios de jerarquía, autoridad y deferencia. Esta liturgia viene perfeccionada en actos colectivos, que los fieles interpretaban bajo la guía atenta de un sacerdote, depositario de la religión misma. El ducismo representó la primera experiencia europea en este sentido, y en cuanto tal se presentó todavía imperfecta con respecto a otras posteriores. Fue favorecido por un conjunto de factores precoces y concomitantes que se dieron en Italia entre 1915 y 1919, entre los cuales se encontraban la escasa popularidad de la casa reinante de los Saboya en todas las regiones del país y, sobre todo, la falta de carisma del Gobierno civil y militar ante la población durante la guerra, a diferencia de lo que había ocurrido en otras naciones combatientes, al menos hasta 1917. Además, la rápida evolución de la débil democracia italiana hacia el autoritarismo tuvo lugar antes de que los jóvenes partidos de masas tuviesen tiempo de consolidarse y construir un pluralismo de ritos, presencias y sentimientos relativos a la nación. La dolorosa experiencia bélica, con su carga de horror y pérdidas, y las epidemias que se desencadenaron tras la guerra habían acentuado en las masas un sentido religioso de los acontecimientos y de los destinos que, a veces, rozaba la superstición, tanto que durante la guerra hubo frecuentes episodios y supuestas apariciones que fueron considerados milagrosos por el pueblo, a pesar de la prudencia de la Iglesia. La guerra también había revelado la poca preparación de los altos mandos militares y sobre todo su escasa fiabilidad en los momentos difíciles. Al final de la guerra, era una convicción común que la victoria no se debía a la habilidad de los generales, sino al sacrificio y a la unidad de los combatientes y de sus oficiales de complemento. El ducismo, que se convirtió en el culto de la personalidad de Mussolini, y por lo tanto mussolinismo, surge en este contexto de vacío ideológico y referencial. Mussolini apareció como un mesías de la política, cuyo mando no le había sido conferido por derecho dinástico, sino por carisma y aptitudes demostradas en momentos excepcionales. En el frente, la fiabilidad del camarada y del propio superior inmediato era esencial para sobrevivir. Mussolini propuso este modelo de fiabilidad en la vida civil. Se trataba de un modelo arcaico y contemporáneo; podía transformarse en democracia electiva y en cambio se convirtió en populismo y dictadura personal.

La Gran Guerra y las revoluciones y contrarrevoluciones que continuaron en Europa habían elevado a acto y a oración política una nueva forma de creatividad idónea para regenerar a los pueblos, para infundir ánimo y para conectar con las masas tumultuosas, sugiriendo expresiones y símbolos. En los últimos decenios ha sido llevada a cabo una revalorización histórica y cultural del poeta y prolífico escritor Gabriele D’Annunzio, introduciéndolo en un más amplio contexto europeo de fermento e innovación de las formas de la expresión política de principios de siglo, y por tanto alejándolo del juicio liquidatorio de muchos de sus contemporáneos. A pesar de que parten de posturas y experiencias diferentes, en sus reconstrucciones de la Marcha tanto Emilio Lussu como Curzio Malaparte delinearon un perfil despiadado. D’Annunzio ha sido considerado el maestro de Mussolini por el arte de comunicar a las multitudes, el histrionismo y la correcta puesta en escena de la política. Con la Gran Guerra inauguró el estudio de la localización de escenarios para las arengas a las masas, por ejemplo la plaza del balcón del Campidoglio en el centro de la Roma antigua, no muy lejos del balcón de Palazzo Venezia, en la plaza homónima, que sería el púlpito de Mussolini; y reverdeció los cultos guerreros, los estandartes y las banderas que tanto les gustarían a los jefes del fascismo, incluso haciendo de las banderas de los enemigos, internos primero (cámaras del trabajo, ligas ciudadanas, Case del Popolo) y extranjeros después, los botines de guerra más deseados. Además, D’Annunzio fue uno de los primeros que, a través del culto patriótico, asoció a los muertos de la Gran Guerra con los caídos en Fiume y en las acciones escuadristas de la posguerra. Después, el discípulo político superaría rápidamente al maestro poeta; ya desde 1921, el hombre al que le gustaba vivir momentos excepcionales debería dejar paso a quien sabía dominar la práctica y los compromisos de la cotidianidad política. En cualquier caso, el elitismo, evidente en las decisiones, y el populismo unido a la demagogia fueron los aspectos más destacados de la personalidad política de Mussolini, aspectos que tomó de la herencia dannunziana, sustituyendo la creatividad literaria por el mensaje verbal y oratorio y por la dramaturgia.

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