Kitabı oku: «Historia económica de la Argentina»

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A Sonia Abrazián, esposa y madre, por su paciencia, aliento, lealtad y amor.

Prefacio

Durante los últimos cuarenta años, ocupé varias posiciones gubernamentales, y –en numerosas oportunidades– tuve que explicar, convencer, justificar o defender mis decisiones u opiniones. Escribí mucho y estuve presente en medios audiovisuales. El propósito de este libro es diferente. En particular, en la última parte, brindo mi percepción de los eventos desde una perspectiva histórica.

Siempre creí en el valor de estudiar y aprender de la historia; así lo hice desde temprana edad. Estudié Economía en la Argentina durante la época de la recuperación posterior a la recesión de 1962-1963, luego del intento modernizador del presidente Frondizi con su Plan de Estabilización y Desarrollo de 1958.

Comencé a trabajar durante los años del Plan de Estabiliza­ción y Crecimiento de Krieger Vasena, en 1967, en la época en que se fue gestando el retorno de Perón al poder en 1973, en me­dio de una trágica confrontación entre los movimientos guerrilleros y el gobierno militar.

En aquellos años, hubo varios intentos de revertir el aislamiento internacional producto de las políticas intervencionistas, heredadas de los dos gobiernos de Perón entre 1945 y 1955. En esa época, las teorías económicas predominantes eran el keynesianismo en América del Norte y el estructuralismo y la “Teoría de la Dependencia” en América Latina. Para describir el pensamiento prevaleciente de aquel entonces, suelo recordar que, cuando yo era un estudiante en Córdoba y leí las primeras novelas de Mario Vargas Llosa, el entonces muy joven escritor peruano admiraba la revolución cubana.

Desilusionado con el curso de los acontecimientos durante la primera mitad de la década del setenta, en particular, cuando se agravó el clima de violencia, desde 1972 a 1974, y sintiendo que mi conocimiento de historia y economía no bastaban para entender la actualidad argentina, decidí tomar distancia de los acontecimientos de mi propio país. Decidí aprovechar la oportunidad para profundizar mis conocimientos de teoría económica y aprender sobre la experiencia económica de otros países de América Latina y el mundo.

Harvard me permitió cumplir con los dos objetivos al mismo tiempo. Mientras escribía la disertación para el doctorado en Economía sobre política económica en contextos estanflacionarios, me beneficié del interés de varios profesores de esa universidad y del MIT sobre la experiencia de la Argentina, tales como Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher, Martin Feldstein, Benjamin Friedman, Richard Musgrave y Yair Mundlak.

También me enriquecí intelectualmente interactuando con compañeros de clase y economistas que estaban completando estudios de posgrado o visitando Cambridge por conferencias y seminarios. Pedro Aspe, Sebastián Piñera, Eduardo Aninat, Jorge Dosermeaux, Roberto Dagnino, Larry Kotlikoff, Larry Summers, Jeffrey Sachs, Michael Bruno, Edmar Bacha, Eliana Cardozo, Alejandro Foxley, Álvaro Pachón, Christophe Chamley son personas que conocí en Harvard y con las que continué interactuando como investigador y funcionario. También conocí al profesor Arnold Harberger cuando participé en la Misión Musgrave de Reforma Fiscal para Bolivia y, algunos años más tarde, tuve el privilegio de frecuentar a Jacob Frenkel, Vito Tanzi, Robert Mundell y Rodrigo Botero. Aprendí mucho de todos ellos.

A mi regreso, continué estudiando las particularidades de la Argentina con renovadas herramientas teóricas, así como lo que estaba pasando en el resto de América Latina y el mundo. Así, fundé el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IEERAL), un centro de pensamiento financiado por la Fundación Mediterránea, una organización no gubernamental localizada en Córdoba. IEERAL nucleó a un equipo de investigadores, cuyas producciones, debates y conferencias influenciaron las políticas públicas cuando la Argentina recuperó la democracia.

En 1987 incursioné por primera vez en el mundo de la política. Me había mantenido al margen de los partidos políticos, hasta que el Partido Justicialista de la provincia de Córdoba me invitó a participar en su boleta como candidato independiente a la Cámara de Diputados de la Nación. Desde 1987 hasta 1989 asumí el rol de diputado nacional, y expliqué qué el Plan Austral –inicialmente exitoso– se estaba desmoronando a causa de la indisciplina fiscal generalizada de las provincias y del gobierno federal.

Cuando Menem sucedió a Alfonsín como presidente, integré su gabinete como ministro de Relaciones Exteriores. Convencido de que el aislamiento había frenado el progreso de nuestro país durante buena parte de su historia, decidí que era fundamental reintegrarlo al mundo. El aislamiento se debía, en gran medida, a nuestra relación distante con los Estados Unidos, la interrupción de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido después de la Guerra del Atlántico Sur, los problemas limítrofes con Chile y la carrera nuclear con el Brasil. Tras varios meses de negociaciones, logramos progresos en todos esos frentes. La Argentina comenzó a involucrarse en los temas del mundo con una actitud constructiva y recuperó el respeto de las naciones, como en la época de oro entre 1870 y 1914 y durante el corto período de la presidencia de Frondizi entre 1958 y 1962.

La reconexión de la Argentina con el mundo produjo los mismos resultados que en los dos períodos mencionados: el fortalecimiento de las relaciones exteriores facilitó las reformas económicas que expandirían el comercio, atraerían inversiones e introducirían adelantos tecnológicos en la producción de bienes y servicios. Cuando pasé del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Economía, a comienzos de 1991, tuve la oportunidad de implementar las políticas que había predicado durante una década desde el IEERAL.

Para la Ley de Convertibilidad, me inspiré, ayudado por Horacio Liendo en la experiencia de Carlos Pellegrini en 1890 y en la observación del comportamiento de la sociedad durante los años de hiperinflación. En esas circunstancias, los argentinos decidieron usar el dólar en lugar del austral para proteger sus ahorros, aun cuando el uso del dólar era ilegal. La complementariedad de la caja de conversión con la legalización del uso del dólar como moneda alternativa fue crucial para restablecer la confianza, estabilizar y reiniciar el crecimiento.

Sin embargo, la situación de la deuda pública no difería de la que encontraron tanto el presidente Avellaneda en 1870 como Pellegrini en 1890. Nosotros, como ellos, tuvimos que reestructurar la deuda externa, normalizar la relación financiera con el exterior y, al mismo tiempo, recrear la confianza en los mercados locales.

Por ello, cuando competí por la presidencia en 1999, creí que necesitábamos profundizar las reformas de la década de 1990, particularmente en las provincias que estaban generando fuertes déficits fiscales financiados con endeudamiento con la banca local a altas tasas de interés. Pero los candidatos de los partidos tradicionales tenían la ventaja de contar con el apoyo de sus respectivos aparatos partidarios, de modo que solo obtuve el 10% de los votos.

No obstante, mis ideas influenciaron la campaña y las políticas del gobierno de De la Rúa; por ese motivo, en 2001 fui convocado a integrar el gobierno nuevamente. El barco se estaba hundiendo y yo me hundí con él, pero hice todo lo que pude para evitar la catástrofe.

Confrontado con la crisis financiera que siguió a la recesión y deflación que había comenzado en 1998, recordé los problemas de deuda creados por la deflación durante 1890 que convencieron al presidente Roca de que la convertibilidad tenía que reinstaurarse a una paridad diferente de la que había prevalecido hasta la crisis de 1890. Pero un cambio en la paridad o la flotación del peso convertible solo podrían haberse implementado después de concluida la reestructuración de la deuda pública, proceso que comenzamos y que fue interrumpido por el golpe institucional de diciembre de 2001.

Durante los meses en que fui ministro de De la Rúa, nos empeñamos en evitar un default desordenado y una devaluación explosiva, imitando lo que los presidentes Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza habían logrado entre 1914 y 1916, cuando la convertibilidad tuvo que suspenderse para enfrentar la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial. De manera similar, los presidentes Uriburu y Justo, cuando debieron enfrentar el impacto local de la Gran Depresión, siguiendo el valioso consejo de Prebisch y Pinedo, lograron abandonar el patrón oro sin desorganizar la economía. Desafortunadamente, en 2001, la política destruyó el orden económico y, al final, los intereses corporativos prevalecieron.

El default simultáneo de la deuda externa y la pesificación forzosa de la deuda interna –que, de hecho, constituyó un default de esa deuda–, provocaron una devaluación extrema del peso, que hizo saltar a la economía de la deflación a un período de inflación alta e inestable que prevalece hasta la actualidad. Como resultado, la inflación se ha transformado nuevamente en el problema principal de la economía argentina; problema grave con el que se enfrenta el gobierno de Macri al momento de publicarse este libro.

Decidimos titular a la Parte V del libro “Reforma y contrarreforma”, porque mis sucesores deshicieron la mayor parte de las transformaciones que habíamos producido durante el período en el que estuve envuelto en las decisiones de política económica. Entonces, pasé a estar en la oposición política, sin poder y políticamente perseguido. Duhalde y los Kirchner no solo me transformaron en el chivo expiatorio de la crisis, sino que trataron de silenciarme. Pero seguí escribiendo, a veces defendiéndome de los ataques, otras veces criticando los errores de política económica que –en mi opinión– ellos estaban cometiendo. Escribí dos libros en español describiendo las consecuencias de las políticas que habían reintroducido la inflación y, una vez más, aislado a la economía argentina del resto del mundo.

Después de comentar mi libro Camino a la estabilidad (2014), uno de los más respetados historiadores económicos de la Argentina, Gerardo Della Paolera, me sugirió que escribiera un libro para el público de habla inglesa explicando mi evaluación de las reformas de la década de 1990 y las subsecuentes contrarreformas de los últimos años. Él comentó que la comparación entre los episodios históricos y los acontecimientos del último cuarto de siglo, que yo presentaba en aquel libro, resultaba útil para entender por qué los planes de estabilización y liberalización económica no habían podido revertir las políticas intervencionistas y aislacionistas que, desde la mitad de 1940, generaron inflación persistente, estanflación e hiperinflación.

Cuando mi hija aceptó ser coautora de este libro, decidí seguir el consejo de Della Paolera. Una vez que conjuntamente decidimos en qué episodios históricos concentrarnos, ella se dedicó a investigar y escribir los 13 primeros capítulos, la parte estrictamente histórica del libro. Yo pude, entonces, concentrarme en los capítulos 14 a 17, donde traté de combinar la descripción objetiva de los acontecimientos con mi interpretación subjetiva de las ideas, circunstancias, conflictos y prejuicios que –una vez más– deshicieron reformas que habían consiguido estabilidad y desarrollo para la economía argentina.

Al momento de terminar de escribir este libro, la Argentina parece haber cambiado de nuevo el rumbo. Un gobierno responsable está tratando, una vez más, de abrir la economía al comercio, reinsertarla en el mundo y luchar contra la inflación. Les deseo lo mejor, pero aconsejaría que no ignorasen nuestra historia, porque los problemas que deben enfrentar son similares a los del pasado, luego de episodios de estatismo y aislamiento internacional. Hay mucho por aprender de la experiencia de nuestra nación. Sinceramente espero que este libro pueda ayudar no solo a nuestra gente, sino también a los ciudadanos del mundo que miran al futuro de la Argentina con interés y esperanza.

Domingo Cavallo

Introducción

La economía de la Argentina es enigmática: muchos episodios durante los 200 años como nación independiente son difíciles de explicar en términos estrictamente económicos. Por eso, debemos relacionar los eventos económicos, plagados de conflictos de interés, con las circunstancias políticas, las condiciones externas y las discusiones ideológicas.

En tal sentido, este libro pretende proponer una relación entre los acontecimientos históricos y lo que ocurre actualmente a través de todos estos ángulos. También intenta transmitir las lecciones relevantes de la experiencia argentina a investigadores y políticos que estudian o enfrentan problemas similares en otros países.

La obra se compone de dos partes diferentes: una historia económica de la Argentina desde el período colonial español hasta 1990, que escribieron en coautoría Domingo Cavallo y Sonia Cavallo Runde; y una exposición de Domingo Cavallo sobre las reformas y contrarreformas de los últimos veinticinco años.

Como se sabe, existen publicaciones excelentes de la historia argentina para el período elegido. Nos hemos valido de los trabajos de Luis Alberto Romero, Tulio Halperín Donghi, José Ignacio García Hamilton, David Rock, Jonathan Brown, Alejandro Bunge, Carlos Díaz Alejandro, Roberto Cortés Conde, Gerardo Della Paolera, Alan Taylor, Juan José Llach, Juan Carlos De Pablo, Pablo Gerchunoff, Orlando Ferreres y muchos otros a los que citamos como referencias.

La única originalidad que reclamamos para las partes I a IV del libro se centra en la selección de episodios, que merecen especial atención para entender cabalmente los problemas actuales y ofrecer lecciones útiles para nuestro futuro y el de otros países. También hay cierta originalidad en nuestro enfoque político, pues tratamos de vincular los acontecimientos políticos y económicos de manera deliberada con las discusiones ideológicas y echar luz sobre los tantos conflictos de interés entre grupos organizados para presionar. Este análisis sociológico persigue explicar por qué las administraciones no pudieron llevar adelante las políticas imprescindibles para resolver los problemas o, por qué, frecuente y drásticamente, cambiaron las reglas de juego en la dirección incorrecta.

La Parte V se centra en la opinión personal del autor tanto sobre los méritos como sobre los inconvenientes creados por las decisiones adoptadas en el período 1990-2015, muy diferente de la narrativa de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Durante los 12 años en que ostentaron el poder no se privaron de gastar el dinero de los contribuyentes para publicitar y propagandear su versión de la historia. La Argentina se benefició de condiciones externas en extremo favorables durante el boom de las commodities entre 2003 y 2012, lo que ayudó a esconder los graves desequilibrios que se crearon. Esta parte del libro es responsabilidad exclusiva de Domingo Cavallo y por eso –a pesar del consejo contrario de los editores–, usamos la primera persona del singular.

En los 200 años desde el nacimiento de la Argentina independiente y soberana, los fenómenos mundiales más relevantes que ayudan a entender su historia económica son los dos episodios de globalización. El primero se extendió desde 1860 hasta 1930 y el segundo comenzó en 1945 y continúa hasta hoy.

La primera ola de globalización la lideró Gran Bretaña hasta 1914, comenzó a debilitarse con la Primera Guerra Mundial y terminó cuando se produjo la Gran Depresión en los Estados Unidos, el país que estaba desplazando a Gran Bretaña como el líder de la producción mundial.

La segunda ola de globalización comenzó en 1945 cuando los Estados Unidos emergieron de la Segunda Guerra Mundial como la potencia líder de la economía mundial. En la actualidad, después de siete décadas de vicisitudes, este proceso continúa, si bien hay poderosos actores nuevos que disputan el poder económico y militar a los Estados Unidos, en particular China y Rusia, que hasta 1990 todavía funcionaban como sistemas económicos autárquicos, pero que ingresaron a la economía global en el último cuarto de siglo.

Durante la primera ola de globalización, nuestro país se ubicó como una de las más exitosas economías emergentes de la época. El sistema político funcionaba en el marco de la Constitución Nacional sancionada en 1853 y aceptada por la pro­vincia de Buenos Aires en 1860. Entre 1870 y 1914, durante la llamada “Edad de Oro”, la economía argentina creció más rápido que la de los Estados Unidos, Canadá, Australia y el Brasil, cuatro países que también cuentan con vastos recursos naturales y atrajeron fuertes influjos de capitales y de inmigrantes desde Europa.

Como la mayoría de los países activamente involucrados en el comercio y las finanzas internacionales, la Argentina sufrió numerosos shocks después de la Primera Guerra Mundial, tales como las hiperinflaciones europeas de 1920, la Gran Depresión de 1930 y la Segunda Guerra Mundial.

Los problemas económicos alimentaron actitudes defensivas de grupos de interés organizados. Las instituciones democráticas se debilitaron, y permitieron que esos grupos de interés, incluidas las fuerzas armadas, capturaran el poder político. Luego de varias asonadas que quedaron solo en el intento, la Argentina sufrió el primer golpe militar que logró derribar a un gobierno constitucional en 1930. Los gobiernos sucesivos, tanto militares como civiles, llegaron al poder gracias a los comicios viciados por el fraude hasta 1946.

En contraste con la primera ola de globalización, el país demoró 45 años su participación en la segunda ola. Entre 1945 y 1990, las políticas económicas se tornaron populistas e internacionalmente aislacionistas, y la inflación persistía en un escenario de crecimiento lento e inestable.

Luego de participar en el gobierno militar que tomó el poder en 1943, Juan Perón ganó las elecciones en 1946. De inmediato entendió que la promoción de la industria manufacturera, la construcción y los servicios internos servían para redistribuir ingreso desde las actividades agropecuarias, intensivas en el uso de capital y tierra, en favor de los trabajadores urbanos. Para implementar esta estrategia, Perón utilizó tipos de cambios múltiples, restricciones cuantitativas, altos aranceles de importación, así como impuestos explícitos e implícitos sobre las exportaciones de productos agropecuarios.

Los efectos deseados sobre los salarios reales no duraron mucho tiempo porque esas políticas provocaron el estancamiento de la producción agropecuaria, la reducción drástica de las exportaciones y dificultades para financiar la importación de insumos y bienes de capital indispensables para sostener la producción eficiente de las manufacturas y los servicios.

Además de su estrategia de sustitución de importaciones y redistribución de ingresos, el gobierno de Perón incrementó el gasto público, lo que tuvo como consecuencia déficits fiscales importantes. Al inicio, gravámenes sobre la riqueza y ahorros acumulados en el pasado financiaron estos déficits, pero el gobierno terminó utilizando la emisión monetaria como principal fuente de financiamiento. La inflación se transformó en un fenómeno persistente: alrededor del 30% anual, con excepción de un pico en 1959, año de un drástico sinceramiento de inflación reprimida. Pero la peor experiencia inflacionaria todavía estaba por ocurrir.

Restricciones de oferta y baja productividad durante la primera parte de los cincuenta restringieron la expansión de la industria. Incluso cuando la expansión industrial se revigorizó, en especial luego de la apertura a la inversión directa extranjera durante la presidencia de Arturo Frondizi, el crecimiento global fue menor que en la Edad de Oro, menor que en los Estados Unidos, Australia y Canadá en el mismo período y significativamente menor que en el Brasil.

En 1973, Perón asumió la presidencia por tercera vez, sin mayores cambios con respecto a su primera presidencia. De hecho, implementó políticas similares a las que había aplicado antes: fuertes impuestos a la agricultura, aliento activo a las manufacturas, la construcción y los servicios, aumento del gasto público y déficits fiscales financiados con expansión monetaria masiva.

En esta oportunidad, los términos del intercambio se revirtieron mucho más rápido que al final de la década de 1940. La muerte de Perón en julio de 1974 y la intensificación de la lucha entre los guerrilleros y los militares recortaron el poder de su sucesora. En este contexto, su intento de revertir las políticas, como el mismo Perón lo había hecho después de 1949, generaron protestas, huelgas y disturbios que terminaron en una explosión inflacionaria en junio de 1975.

Los quince años que siguieron a la explosión inflacionaria de 1975 fueron dramáticos. La inflación se mantuvo por sobre el 100% anual y los intentos de introducir reformas económicas parciales no lograron revertir el clima de estancamiento y alta inflación. El ingreso per cápita declinó al 1,5% anual mientras en el mundo aumentaba al 1,6% anual. Hacia el final del período, la economía sufrió hiperinflación. Entre marzo de 1989 y marzo de 1990, la tasa anual de inflación alcanzó el 11.000% anual.

La traumática experiencia de 1975 a 1990 creó las condiciones políticas para una reorganización completa de la economía: una ambiciosa reforma que persiguió la inserción de la Argentina en la economía global enmarcada por un sistema monetario similar al de las décadas iniciales del siglo XX.

Durante el primer trimestre de 1991, el gobierno argentino sancionó la Ley de Convertibilidad, que creó un nuevo sistema monetario basado en el peso convertible 1 a 1 con el dólar y totalmente respaldado por reservas externas. La misma ley legalizó el uso del dólar en competencia con el peso. Al mismo tiempo, el gobierno eliminó los impuestos sobre las exportaciones agropecuarias, redujo los derechos de importación y eliminó las restricciones cuantitativas a las importaciones. También privatizó empresas estatales luego de recrear competencia en los mercados o regulaciones adecuadas cuando los servicios constituían monopolios naturales. El gobierno redujo el gasto público, simplificó el sistema impositivo y eliminó el déficit fiscal.

La inflación cayó al 3% anual hacia 1994. El país gozó de cuatro años consecutivos de crecimiento rápido. En 1995 una interrupción repentina en el flujo de capitales provocada por la crisis mexicana generó una recesión. El FMI y otras instituciones financieras, incluyendo bancos privados, proveyeron financiamiento de última instancia, y la economía se recuperó en un año sin que se alteraran las reglas de juego. La Argentina volvió a experimentar crecimiento rápido desde 1996 hasta 1998.

No obstante, a causa de varios shocks externos, particularmente la devaluación del real brasileño en febrero de 1999 y la depreciación del euro desde 1999 hasta mediados de 2002, la Argentina entró en recesión al final de la década de 1990. Con un fuerte deterioro de los términos del intercambio externo y la imposibilidad de devaluar el peso, la deflación acompañó a la recesión y creó un clima de virtual depresión: el desempleo y la pobreza aumentaron de manera sostenida.

A partir de 1997, el gasto público como porcentaje del PBI aumentó debido a la recesión y al aumento de intereses de la deuda pública, particularmente de la deuda de las provincias con el sistema bancario local. Por la misma razón, los ingresos comenzaron a declinar y el déficit fiscal a aumentar.

En el último trimestre del año 2000, disminuyó la entrada de capital extranjero, y en 2001 se produjo otra interrupción repentina en el flujo de capitales como la de 1995. Esto generó una gran iliquidez en el sistema bancario, motivo por el cual las provincias tuvieron problemas para servir sus deudas y varios bancos se tornaron insolventes. Ni el Banco Central ni el gobierno tenían recursos para ayudarlos.

El FMI, que hasta septiembre de 2001 había provisto algunos fondos, en noviembre de ese mismo año decidió retirar su apoyo, justo cuando el gobierno anunció una reestructuración ordenada de la deuda. Una corrida contra los bancos obligó al gobierno a restringir el retiro de dinero en efectivo, lo que provocó la caída del gobierno de De la Rúa.

En medio del caos político, un nuevo gobierno provisional liderado por el presidente interino Eduardo Duhalde decidió abandonar la convertibilidad, transformando todas las obligaciones financieras bajo ley argentina, incluidos los depósitos bancarios, de dólares a pesos inconvertibles. El precio del dólar saltó de 1 a 3,8 pesos entre enero y septiembre de 2002. En ese año, el índice de precios al consumidor aumentó 41%, lo que incrementó dramáticamente el desempleo y la pobreza.

El gobierno congeló salarios, jubilaciones y tarifas de los servicios públicos. Además, introdujo impuestos a las exportaciones agropecuarias y controles de precios a la carne y a otros bienes de consumo masivos. En 2002, cuando los términos del intercambio externo mejoraron y el dólar se depreció frente a la mayoría de las monedas, la economía argentina –que entre 1998 y 2002 había sufrido una caída del 25% del PBI– comenzó a recuperarse rápidamente. El precio del dólar bajó desde 3,8 pesos a menos de 3 pesos y la inflación declinó al 3% anual en 2003.

El nuevo gobierno liderado por Néstor Kirchner dejó que los salarios se incrementaran en forma gradual en 2003 y más rápidamente a partir de 2005, pero el gasto público también comenzó a aumentar, tanto que en 2006 volvió al mismo porcentaje del PBI de 2001, a pesar de que la reestructuración compulsiva de la deuda de 2005 permitió una fuerte reducción del costo en intereses.

La política monetaria se fijó como meta el crecimiento de la demanda en lugar de apuntar a la inflación, y el Banco Central intervino para parar la apreciación del peso. Comenzando en 2005, como los salarios se recuperaban, el gasto público aumentó a un ritmo rápido. Como la política monetaria perserguía evitar la apreciación del peso, la inflación se aceleró al 6% anual en 2004 hasta llegar a 24% anual en 2008. El gobierno, en lugar de utilizar la política monetaria como una herramienta antiinflacionaria, decidió tergiversar la medición oficial de la tasa de inflación, que a partir de 2007 fue virtualmente fijada (por manipulación de los datos) en alrededor del 9% anual. La deuda interna estaba indexada a la medida oficial de la inflación, por lo que los tenedores de deuda sufrieron una nueva devaluación de sus activos. Esta política hizo imposible financiar los déficits con deuda interna voluntaria, de ahí que la economía argentina se viera desacreditada aún más en el exterior.

La intervención gubernamental en los mercados, las restricciones al comercio exterior, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, la reestatización de muchas compañías de servicios públicos, el fuerte aumento en el gasto público y la presión tributaria configuraron una contrarreforma de la reforma económica de la década de 1990. Hacia 2012, el talón de Aquiles de la economía argentina no solo era la persistente inflación, sino también las muchas distorsiones de precios relativos que desalentaban la inversión eficiente y, en su lugar, alentaban la fuga de capitales, la especulación con tierras y la inversión en edificios y propiedades de lujo. Luego, la estanflación se transformó en la nueva realidad.

En la actualidad, la economía argentina está una vez más en medio de una tormenta, producto de las políticas populistas y aislacionistas. En efecto, las políticas de la última década dejaron al país con un 40% de inflación anual, desempleo creciente, una recesión que ya lleva tres años, comercio exterior declinante y prácticamente nula inversión directa extranjera. No es casual que alrededor de 80 mil millones de dólares se fugaran del país durante los últimos ocho años.

El 10 de diciembre de 2015, un nuevo gobierno asumió el poder. Para encontrar soluciones sostenibles, el presidente Mauricio Macri intenta aplicar reformas políticamente muy difíciles, tal como lo demuestran fallidos intentos similares en épocas pasadas. Dos veces en el pasado reciente, el país sufrió crisis semejantes. En ambas instancias, la crisis se produjo después de varios años de elevado gasto público, fuertes y persistentes déficits fiscales financiados con emisión monetaria, restricciones a las exportaciones e importaciones, controles de cambio y intervenciones distorsivas generalizadas en los mercados. Estas políticas se aplicaron durante años en los que los términos del intercambio exterior resultaron favorables, pero se tornaron insostenibles cuando la tendencia se revirtió.

Las crisis que siguieron a períodos de activa participación de Argentina en la economía global ocurrieron en momentos de fuerte declinación de la demanda externa de los productos de exportación que generaron presiones deflacionarias. Las crisis que siguieron a períodos de populismo y aislamiento internacional se produjeron cuando el fenómeno de fuerte mejoramiento en los términos del intercambio que las había hecho posible comenzó a revertirse. Las condiciones macroeconómicas de la economía en estos dos tipos de crisis fueron muy diferentes. El problema macroeconómico que caracterizó a las crisis de 1914, 1930 y 2001 fue la deflación. El problema de las de 1949 y 1975 fue la inflación, el mismo que la economía argentina enfrenta hoy.

Finalmente, a lo largo de la historia argentina existieron muchas otras crisis monetarias y de deuda que se originaron en perturbaciones monetarias y fiscales de cuño interno más que por shocks externos. Este fue el caso de las crisis de 1876 y 1890 y también de 1958, 1962, 1981 y 1985. Las políticas aplicadas para superar las crisis de 1876 y 1890 permitieron reestablecer la estabilidad luego de algunos años. Pero, para las que siguieron a períodos de políticas populistas y aislacionistas, la estabilidad de los precios fue muy esquiva. Para peor, en cada uno de los casos, pocos años después de cada intento de superar la crisis, la inflación se aceleró y terminó en un escalón más alto que antes. El único proceso de estabilización exitoso fue el de 1991 después que el país sufriera hiperinflación.

Ahora que la Argentina confronta una vez más las consecuencias de políticas populistas y aislacionistas insostenibles, cabe preguntarse sobre el curso futuro de los acontecimientos. ¿Debemos esperar que Macri encuentre las mismas dificultades que los gobiernos enfrentaron en 1949 y 1975 para revertir políticas populistas similares a las del gobierno de los Kirchner? ¿Tendrán los ciudadanos que soportar una nueva hiperinflación antes de encontrar el camino a la estabilidad y el crecimiento sostenibles? ¿Podrá la experiencia de los traumáticos veinte años que siguieron a 1949, y los aún más traumáticos posteriores a 1975, ser utilizada para diseñar una estrategia capaz de recrear el clima estable e integrador en la economía global que comenzó en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina alrededor de 1990?

El presente libro pretende responder estas preguntas indagando en la historia económica de nuestro país, desde el Virreinato del Río de la Plata. Varios de los defectos institucionales y el comportamiento extremadamente confrontativo de las élites políticas y económicas del país son un legado de la historia argentina: más de tres siglos de gobiernos muy centralizados e intervencionistas no lograron construir una sociedad pacífica y moderna. Muy diferentes resultados se consiguieron en los Estados Unidos, Canadá y Australia, por nombrar solo a unas pocas economías emergentes que tenían recursos humanos y características geográficas similares, pero cuyos arreglos institucionales les permitieron un grado mucho mayor de libertad ciudadana, pero respetando la ley y los derechos de propiedad.

Esperamos que la discusión de las consecuencias negativas de la inflación persistente, de la estanflación y de la hiperinflación sirva como advertencia para evitar el uso y abuso de la política monetaria como un instrumento para eliminar las deudas a través de la inflación. Esta es una advertencia relevante en estos tiempos en los que economistas muy influyentes sugieren a los países que tienen una deuda severa aplicar lo que denominan “la solución a la Argentina”. Utilizar la política monetaria, o aún peor, rediseñar el sistema monetario como para facilitar la recolección del impuesto inflacionario en lugar de llevar a cabo procesos ordenados de reestructuración de deudas, es muy peligroso. Solo reproduce todos los errores de política económica que llevaron a la Argentina a pasar de ser ejemplo de estabilidad de precios y crecimiento en 1990 a convertirse el caso perdido de los últimos quince años. Tenemos la esperanza que el actual gobierno y los que le sucedan logren reestablecer el orden económico y, sobre todo, el funcionamiento pleno de las instituciones federales, democráticas y republicanas de nuestra Constitución Nacional.

Parte I

Capítulo 1
La herencia española

La herencia española de América Latina ha sido valiosa en muchos aspectos; pero, sin duda, no dejó un gran legado en asuntos económicos. La Argentina, como todos los países latinoamericanos colonizados por España, heredó una administración altamente burocrática y una estructura económica atrasada.1

El Imperio tenía muchas unidades administrativas, virreinatos, gobiernos, capitanías generales y tribunales que requerían el nombramiento de un gran número de funcionarios públicos, administradores, recaudadores de impuestos y jueces. Además, la defensa de los nuevos territorios con fronteras mal definidas y el mantenimiento del orden público requerían de fuerzas militares.

En la Argentina, la estructura económica que el país heredó de la independencia se conformó como resultado de tres fenómenos socioeconómicos clave que habían estado en vigor durante siglos: la explotación de las minas de plata en Potosí, la contribución de las misiones jesuíticas al desarrollo humano y el liderazgo exportador de la economía de Buenos Aires, basado en la producción ganadera de las estancias.

La explotación de las minas de plata de Potosí y su cadena de abastecimiento a lo largo del Camino Real al Alto Perú representó el motor del crecimiento durante más de dos siglos y proporcionó la mayor parte del dinero que financió a los funcionarios, los soldados y la Iglesia. Sin embargo, no solo su productividad disminuyó durante el siglo XVIII, sino que su contribución financiera a las Provincias Unidas del Río de la Plata cesó con la pérdida del Alto Perú en 1813.

Los jesuitas y otras órdenes regulares católicas organizaban asentamientos comunales de nativos, llamadas “reducciones” o “misiones” que se volvieron cada vez más activas y productivas en el comercio interregional. Hubo misiones tanto en las ciudades del Camino Real, como en las del Río de la Plata y a ambos lados de los Andes, pero las misiones habían perdido su papel económico al momento de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Después de la expulsión de los jesuitas durante el reinado de Carlos III, los habitantes de las viejas misiones migraron a ciudades cercanas a Buenos Aires para trabajar como artesanos y campesinos, o fueron reclutados por comerciantes privados, bien conectados con el gobierno. Esos mismos comerciantes también compraron la mayor parte de la tierra y bienes de capital de las antiguas misiones; se convirtieron así en una clase de grandes terratenientes no muy diferentes de la clase de estancieros que entonces emergían alrededor de Buenos Aires.

Durante el siglo XVIII, el desarrollo de las estancias ganaderas y las exportaciones de cueros, sebo y grasa hicieron del puerto de Buenos Aires el nuevo motor de crecimiento de la economía que permitiría a Argentina unirse a la más abierta y dinámica economía mundial del siglo XIX.

Después de que Buenos Aires se transformara en la capital del Virreinato del Río de la Plata y el comercio legal se trasladara de Lima al puerto rioplatense, su papel político y económico se amplió significativamente. Por ello, otras potencias coloniales europeas se interesaron cada vez más en el área del Río de la Plata. En efecto, las invasiones británicas de Buenos Aires y Montevideo en 1806 y 1807 tuvieron dos efectos. Primero, los criollos comprendieron que eran ellos –no el virreinato español– los verdaderos defensores de la ciudad. En segundo lugar, advirtieron el valor de un comercio más libre, tal como lo habían perseguido durante mucho tiempo los británicos. Estos eventos locales, junto con la invasión de Napoleón a España, influyeron en la posterior Revolución de Mayo.

El Camino Real al Alto Perú y las vías fluviales del Río de la Plata

Los conquistadores españoles fundaron ciudades y establecieron una presencia europea en lo que hoy es la Argentina a partir de la década de 1530. En 1532, el adelantado Francisco Pizarro subyugó el Imperio inca al expandir el control español a lo largo de la costa oeste de América del Sur. Los asentamientos en la costa este sobrevinieron poco después. En 1536, el adelantado Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires en la orilla occidental del Río de la Plata. Miembros de la expedición de Mendoza navegaron por el río Paraná y fundaron la ciudad de Asunción junto a un río que los habitantes nativos, los guaraníes, llamaban Paraguay. El asentamiento de Buenos Aires no sobrevivió a los ataques de los nativos –aunque Asunción lo hizo–, pero Juan de Garay refundó Buenos Aires en 1580.

Desde el comienzo de la conquista, los adelantados buscaron las minas de las cuales los nativos obtenían el oro y la plata que vestían como adornos y usaban como utensilios ceremoniales. Como es bien sabido, el nombre “Río de la Plata” proviene de los primeros exploradores que creían que el río los llevaría a ricas minas en los Andes. Incluso el nombre Argentina, utilizado por primera vez en un poema de Martín Del Barco Centenera publicado en Lisboa en 1602, proviene de argentum, vocablo latino que significa “plata”. El término “argentino” fue utilizado como un sinónimo poético para habitante del Río de la Plata. A pesar de esta nomenclatura optimista, los conquistadores no encontraron plata en el territorio de Argentina, lo que limitó la población española de la zona durante más de dos siglos.

Durante la época colonial, la población se agrupaba alrededor de las minas más ricas o en los lugares dotados de recursos humanos y naturales, donde las poblaciones indígenas se vieron obligadas a proveer bienes y mano de obra para aquellas. Alrededor de 1540 los conquistadores descubrieron Cerro Chico, una de las minas más ricas de la América española, y fundaron Potosí cerca de 1545. A mediados del siglo XVII, Potosí se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo, con una población de 150.000 habitantes.

Para explotar los recursos naturales y humanos de los territorios recientemente conquistados, la corona española utilizó una institución llamada encomienda. El encomendero estaba a cargo de un cierto número de nativos obligados a pagar tributo en dinero o en mano de obra; también recibía licencias para extraer minerales o desarrollar tierras para el cultivo o para criar caballos, mulas o ganado. Los nativos, sin dinero para pagar los tributos, proporcionaron la tan necesaria mano de obra. Mucho antes de la llegada de los españoles, el inca había utilizado una institución similar, la mita, para extraer oro y plata de las minas de Perú y del Alto Perú.

De los siglos XVI al XVIII, la economía de la Argentina actual se desarrolló lentamente a lo largo de dos ejes principales norte-sur: el Camino Real al Alto Perú, conectando Potosí con Buenos Aires, y las vías fluviales del Río de la Plata, que unían Buenos Aires con Asunción. Al oeste del Camino Real al Alto Perú, los españoles fundaron ciudades en contacto con la Capitanía General de Chile a través de los Andes. Al este de las vías fluviales del Río de la Plata, hicieron lo mismo y sumaron misiones nativas en un intento de bloquear la ocupación portuguesa de esos territorios. Durante los siglos XVII y XVIII, los portugueses expandieron sus dominios soberanos hacia el oeste desde sus primeras ubicaciones en la costa oriental.

Tribus nómadas primitivas poblaron el territorio entre los dos ejes de asentamiento norte-sur. Los europeos controlaban dos franjas de este territorio: las áreas que rodeaban la carretera de Santa Fe a Córdoba y las tierras al norte de una línea de fortines que iban de Buenos Aires a San Rafael en Mendoza, a través del sur de las actuales provincias de Córdoba y San Luis.

Las monedas acuñadas en Potosí apoyaban el comercio a lo largo del Camino Real al Alto Perú y las vías fluviales del Río de la Plata. Córdoba, Salta y Jujuy proveían mulas, caballos, bueyes y carretas; Tucumán aportaba azúcar; Mendoza y San Juan producían vinos; y Paraguay producía un té de hierbas llamado yerba mate.

Todo comercio entre las colonias y el mundo exterior estaba bajo un monopolio mercantil controlado por España. Todos los embarques dentro y fuera del Virreinato del Perú, incluyendo el territorio actual de Argentina, pasaban por Lima y otros puertos en el Pacífico, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Las largas distancias que las personas y las mercancías debían recorrer en territorio argentino obstaculizaron el desarrollo humano y económico de nuestro país.

Entre la segunda mitad del siglo XVI y la segunda mitad del XVIII, la mayor parte de los ingresos del gobierno provenía en forma directa o indirecta de las minas de Potosí. El gobierno también recaudó aranceles aduaneros y otros impuestos internos, pero representaron menos de un tercio de los ingresos totales. Las monedas de plata y, en menor medida, las de oro acuñadas en Potosí eran el único medio utilizado en las transacciones que utilizaban moneda. Muchos de los intercambios no implicaban el uso de dinero.

Solo los encomenderos, los funcionarios públicos y las autoridades religiosas recibían ingresos que les permitían acumular riquezas. El grueso de la población ganaba apenas para subsistir y muchos ni siquiera participaban en la economía monetaria, viviendo del trueque como en la época precolombina.

Las misiones jesuíticas

Una concesión del Papa, expresada en varias bulas, otorgó a la corona española derechos, anteriormente privilegio exclusivo de la Iglesia. La corona podría organizar la presencia de la Iglesia católica en América, organizar y distribuir a los misioneros en los nuevos territorios, decidir la ubicación de iglesias y catedrales y seleccionar candidatos para cargos clericales en el Nuevo Continente. Estos derechos iban acompañados de la obligación de proteger a la Iglesia católica en la región.

Las primeras órdenes religiosas que llegaron a América fueron los dominicos y los franciscanos. Los mercedarios y los agustinos, junto con los jesuitas, arribaron hacia finales del siglo XVI.

La encomienda y la mita funcionaban en lugares donde había una fuerte concentración de nativos, cuya evangelización la corona quería asegurar, así como la de los que vivían dispersos o en pequeñas comunidades. Con tal fin, la corona decidió que los nativos debían ser “congregados y reducidos en lugares cómodos y convenientes” llamados reducciones o misiones, instituciones religiosas y socioculturales creadas y administradas por órdenes religiosas, como la de los prominentes jesuitas y franciscanos.

Las reducciones de nativos fueron un “experimento” de desarrollo social y económico que se destacó del resto de las estructuras sociales y económicas que surgieron de la interacción de los funcionarios públicos, los encomenderos y los terratenientes. Una vez que los misioneros establecieron las primeras reducciones a principios del siglo XVII, la mayoría de los habitantes originarios que hasta entonces habían resistido las encomiendas decidieron voluntariamente abandonar sus comunidades y unirse a las misiones, donde recibieron tierras para producir sus alimentos. Allí aceptaron las reglas impuestas: participaban en la vida de la comunidad, recibían instrucción religiosa y aprendían técnicas agrícolas europeas más avanzadas para cultivar la tierra.

Los jesuitas primero se establecieron en Córdoba en 1599, que se convirtió en el corazón de la antigua provincia jesuita de Paraguay. Allí fundaron seis misiones, llamadas “estancias” porque eran centros agrícolas y comerciales. También allí crearon la primera universidad. Hasta comienzos del siglo xvii, Córdoba representó, después de Potosí, el segundo centro religioso y económico más importante de lo que luego conformaría el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Córdoba estaba ubicada en la intersección de las carreteras que conducían desde Asunción del Paraguay al este, a través de las ciudades de Santa Fe; con San Luis, Mendoza y Chile al oeste; con San Juan, Catamarca y La Rioja hacia el noroeste; y con Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, al norte, para llegar a Potosí en el Alto Perú.

Hasta ese momento, el pueblo de Buenos Aires apenas tenía unos 2000 habitantes; constituía un puerto marginal que comerciaba con mercancías de contrabando. Buenos Aires creció en importancia a lo largo de los siglos xvii y xviii. Su población aumentó de menos de 2000 en 1615 a más de 30.000 en 1776, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata.

Las reducciones jesuitas más exitosas, pobladas por guaraníes, se ubicaron alrededor de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, en territorios que hoy pertenecen a la Argentina, Paraguay y el Brasil, pero también desempeñaron un papel importante en casi todas las ciudades del Camino Real al Alto Perú.

Contrariamente a la práctica de los encomenderos, las misiones reinvertían el excedente producido por las actividades comerciales en instalaciones para las comunidades e iglesias y financiaban milicias, que lucharon contra las ambiciones expansionistas de los portugueses en los territorios ocupados por las misiones.

A lo largo del siglo XVII, los guaraníes continuaron migrando a las reducciones atraídos por la oportunidad de recibir una educación y gozar de un nivel de vida más alto. Además de buscar protección de los esclavistas portugueses que los asediaban desde el este, trataban de protegerse de los encomenderos y oficiales públicos de Asunción, que siempre estaban ansiosos por capturar los recursos humanos y materiales de las misiones.

Las milicias guaraníes de las misiones aportaron alrededor de cuatro mil hombres a las sucesivas campañas del Gobierno de Buenos Aires para desplazar a los portugueses de Colonia de Sacramento, un lugar estratégico que los portugueses utilizaban ocasionalmente para disputar a España la soberanía del actual Uruguay a fin de compartir el control de la navegación en el Río de la Plata.

Sin embargo, las negociaciones diplomáticas entre las autoridades de Madrid y Lisboa no tuvieron en cuenta el interés de las misiones guaraníes cuando, en 1750, España y Portugal firmaron el Tratado de Madrid. España consiguió Colonia de Sacramento; a cambio, Portugal obtuvo todas las misiones al este del río Uruguay. Acto seguido, los nativos de las misiones se rebelaron en las Guerras Guaraníes, entre 1752 y 1756.

Los círculos de poder de Lisboa y Madrid, influidos por las prácticas del despotismo ilustrado, consideraban a los jesuitas como un estado dentro del Estado, no compatible con el absolutismo real. Finalmente, las fuerzas combinadas de Portugal y España derrotaron a los guaraníes, y los jesuitas –acusados de instigar la guerra–, fueron expulsados de Portugal en 1758, de España en 1767, y obligados a renunciar a sus misiones.

Para Córdoba y las principales ciudades del Camino Real al Alto Perú, tal expulsión resultó un duro golpe, pues despojó al sistema virreinal de propiedad comunal y privada, que habría contribuido a una distribución menos concentrada del poder económico cuando se convirtió en las Provincias Unidas del Río de la Plata. El declive de las misiones significó el mayor revés de la época colonial para el desarrollo social y económico de las actuales provincias del centro y norte de la Argentina.

De vaquerías a estancias

Desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII se desarrolló la cría de ganado en las misiones jesuíticas y en las propiedades de los encomenderos de Córdoba hacia el norte. En las tierras asignadas a las misiones y a los encomenderos se criaban mulas, muy necesarias para el transporte en el Alto Perú, caballos para montar y bueyes para tirar carretas y carros. En Córdoba, Mendoza y San Juan, también se criaban vacas y cabras para leche y carne vacuna para exportación, principalmente a Chile.

Hacia finales del siglo XVI, descendientes silvestres del ganado que Juan de Garay había traído de España poblaban las pampas. Las vacas y los toros abundaban en todo el territorio, rico en pasto y agua dulce. Durante la segunda y tercera décadas del siglo XVII algunos mercaderes y encomenderos comenzaron a organizar grupos de jinetes que, con una buena jauría de perros, cazaban ganado salvaje para extraer sus cueros y sebo. De vez en cuando, consumían la carne, aunque la mayoría de las veces quedaba en los campos a merced de los buitres. Tan pronto como los cabildos descubrieron el valor comercial de los animales, decidieron controlar la caza de ganado mediante la emisión de autorizaciones a un número limitado de cazadores, especificando volumen, área y período de cada autorización.

La cacería de ganado salvaje se desarrolló primero en Córdoba, pero creció con mayor intensidad en Buenos Aires durante el siglo XVIII. Al principio, el comercio de cueros y sebo abastecía el mercado nacional, pero gradualmente los comerciantes de Buenos Aires exportaron a Europa a través de su puerto. De esta manera, los ganaderos y los comerciantes de cueros aumentaron rápidamente su riqueza y posición social, con lo cual presionaron al gobierno para que prohibiera la matanza o venta de animales no marcados. Así, el Cabildo de Buenos Aires no solo creó un registro de marcas, sino que distribuyó sus derechos a unos cuarenta comerciantes de pieles y terratenientes. Eventualmente, cuando mermaron los rebaños de ganado salvaje, los ganaderos compraron tierras para reemplazar la caza de ganado por su cría: génesis de las estancias ganaderas tan características de la pampa argentina.

De terratenientes y ganaderos a caudillos

El selecto grupo de grandes terratenientes vivía en las ciudades; con frecuencia ocupaban cargos públicos, servían en las milicias públicas o se convertían en comerciantes. Además, comisionaban a los jinetes para que actuaran como milicias privadas contra los nativos o los que amenazaban sus propiedades. Por el contrario, los gauchos eran hombres de espíritu libre, nómadas sin tierra ni ganado. Trabajaban en las estancias por períodos cortos o participaban en guerras contra los nativos, una amenaza latente y difusa que creaba una sinergia natural entre ellos y sus patrones.

Esta estructura económica y social estaba firmemente establecida en el Virreinato del Río de la Plata en la época de la Revolución de Mayo; pero dos nuevos grupos poderosos e ideológicamente opuestos surgirían después de ella. En un extremo estaban las élites urbanas compuestas de abogados, jefes militares y clérigos liberales que aspiraban a convertirse en la élite ilustrada de las Provincias Unidas del Río de la Plata y favorecían un gobierno central fuerte. En el otro extremo, los terratenientes y los estancieros se habían convertido en fuertes federalistas, ideológicamente más conservadores, comprometidos con la defensa de sus propiedades y su poder económico. En efecto, durante los cinco decenios posteriores a la Revolución de Mayo, los enfrentamientos entre estos dos grupos sociales impulsarían las guerras civiles que desafiaron la paz y el orden necesarios para el progreso económico y social.

La creación del Virreinato del Río de la Plata

Una compleja burocracia administraba los nuevos territorios americanos. La corona necesitaba cobrar impuestos, que incluían el quinto, un impuesto sobre la producción de minerales. Otros tributos incluían las alcabalas, cargado sobre las mercancías que ingresaban en cada ciudad, y el almojarifazgo, una especie de arancel aduanero aplicado a las importaciones. Además, se cobraba por el nombramiento de funcionarios y cargos de administración, así como por el otorgamiento de monopolios para la producción y venta de tabaco, naipes, explosivos y otros productos, cuya producción requirió la autorización del gobierno.

A principios del siglo XVIII, España sufrió una reducción en los ingresos de sus colonias americanas. La producción de oro y plata en Potosí disminuía, así como la cantidad de nativos, apenas unos setecientos de los miles que habían trabajado en las minas a través del sistema mita. Urgía utilizar esclavos o contratar trabajadores, porque el costo de producción también había aumentado significativamente. De hecho, la corona tuvo que reducir el quinto (una quinta parte) a un diezmo (una décima parte), mientras el contrabando aumentaba a través del puerto de Buenos Aires.

Frente a los descensos en los ingresos tributarios provenientes de América y al creciente interés de las potencias europeas rivales en los puertos del Río de la Plata, el rey Carlos III introdujo importantes cambios en la administración de las colonias. Pocos años después de la expulsión de los jesuitas y como parte de esos cambios, creó el Virreinato del Río de la Plata con Buenos Aires como capital. El nuevo virreinato comprendía la actual Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que hasta entonces formaban parte del virreinato del Perú, con Lima como cabecera.

Al legalizar la conexión marítima con España a través del puerto de Buenos Aires, la corona pudo reducir los costos de transporte entre Potosí y los puertos españoles, lo que impactó positivamente en el desarrollo de Buenos Aires. También aumentó el tamaño de las fuerzas militares ubicadas en la ciudad y permitió la llegada de buques portugueses y británicos, siempre que aceptaran la autoridad de las aduanas españolas.

Junto con la creación del Virreinato del Río de la Plata, la corona decidió aumentar los impuestos sobre las ventas internas y las mercancías importadas, pero eximió las exportaciones de cueros y sebo. El aumento de los primeros generó violentos levantamientos en el Alto Perú, pero la exención de impuestos sobre las exportaciones de cueros y sebo provocó un fuerte aumento en las exportaciones oficiales desde el puerto de Buenos Aires. En 1780 comenzó la primera transformación industrial de la carne vacuna en tasajo (carne salada y disecada), cuya primera exportación se destinó a La Habana en 1785; en 1796, ya había unos treinta saladeros que producían tasajo en la costa oeste del Río de la Plata.

En este contexto, uno de los asuntos que requería la atención del virrey era la defensa de los ranchos ganaderos de los ataques de los nativos. En el curso del siglo XVIII, los mapuches y araucanos de los territorios chilenos del centro y sur recorrieron las pampas en malones en busca de ganado salvaje para llevar a Chile. Pero cuando el ganado salvaje escaseó, decidieron –a veces en alianza con los tehuelches locales– saquear los ranchos que criaban ganado al norte del río Salado. Hasta mediados del siglo XVIII, ninguna fuerza militar había defendido la frontera de estos ataques. En 1752, el gobierno de Buenos Aires organizó las primeras milicias para asumir este papel: los blandengues. En 1778, el virrey Vértiz reforzó las defensas y creó una línea de fortines encargada de defender la frontera (para entonces el límite era el río Salado). Los fortines se conformaban de pequeñas aldeas que apoyaban el desarrollo de las estancias ganaderas. Gracias a esta protección, los terratenientes pudieron expandir sus propiedades y aumentar la producción ganadera.

Las invasiones inglesas

Importantes acontecimientos políticos en el Virreinato del Río de la Plata estuvieron asociados con el impacto de la Francia de Napoleón sobre la relación de los imperios británico, portugués y español con sus colonias en América; entre ellos, las invasiones de Buenos Aires en 1806 y 1807 por las fuerzas británicas y la abdicación forzada de Fernando VII de la corona española en favor del hermano de Napoleón en 1808.2

La reacción de Buenos Aires ante las invasiones británicas sentó un precedente que influyó en los acontecimientos de 1810. En 1806, un ejército al mando de Santiago de Liniers, oficial de origen francés, leal a España durante más de tres décadas, derrotó a un ejército británico que ocupó Buenos Aires durante 45 días. El virrey Rafael de Sobremonte, siguiendo instrucciones preestablecidas para casos de invación externa, había abandonado Buenos Aires para proteger en Córdoba el tesoro real. Mientras tanto, la Real Corte de Buenos Aires designó a Liniers como la autoridad militar de Buenos Aires. Él organizó al pueblo para defender la ciudad de nuevos ataques y creó varias nuevas milicias hechas exclusivamente de soldados criollos y oficiales que voluntariamente habían decidido tomar las armas. El Regimiento de Patricios con Cornelio Saavedra como general y Manuel Belgrano como comandante de uno de sus tres batallones jugaría un papel importante en la Revolución de Mayo y sus secuelas.

Una segunda invasión británica ocupó Montevideo, a pesar de que el virrey Sobremonte había marchado desde Córdoba con 3500 hombres. Cuando en febrero de 1807 llegó a Buenos Aires la noticia de la caída de Montevideo, un cabildo abierto decidió retirar a Sobremonte y pidió a la Real Corte de Buenos Aires que designara a Santiago de Liniers como nuevo virrey sin la aprobación del rey de España. Pocos meses después, cuando los británicos intentaron ocupar de nuevo Buenos Aires, enfrentaron una defensa vigorosa y efectiva de las milicias, de modo que tuvieron que rendirse pocas horas después de irrumpir en la ciudad. En este episodio, las nuevas milicias criollas, organizadas por Liniers, complementaron a las milicias españolas tradicionales que dirigía Martín de Álzaga, un comerciante español y alcalde de la ciudad.

El 1º de enero de 1809, Martín de Álzaga y un grupo de españoles intentaron forzar la renuncia del virrey Liniers con el apoyo de las milicias españolas; pero las milicias criollas, encabezadas por Cornelio Saavedra, bloquearon el intento, y los líderes del golpe fueron exiliados a Carmen de Patagones, una ciudad en el extremo sur del virreinato. El papel desempeñado por las milicias criollas en la defensa de la ciudad alentó a los líderes criollos, cada vez más insatisfechos con el orden político y económico español en el Río de la Plata.

La Junta Central Suprema de España, la institución que los españoles crearon para enfrentar a la ocupación francesa luego de la abdicación de Fernando VII y la designación de José Bonaparte como nuevo rey, decidió retirar a Liniers y designar a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey cuando advirtieron que la situación política amenazaba la integridad del Imperio.

Si bien los dirigentes del emergente movimiento independen­tista discutieron con Cornelio Saavedra y otros miembros de las milicias criollas la posibilidad de desobedecer la orden de des­titución de Liniers, comprendieron que esta vez no debían oponerse a la decisión de la Junta Central Suprema. Por lo tanto, Cisneros se convirtió en el nuevo y último virrey del Río de la Plata.

Los enfrentamientos entre criollos y las autoridades españolas se produjeron no solo en Buenos Aires, sino también en algunas ciudades del Alto Perú. En mayo de 1809, un golpe en Chuquisaca depuso al gobernador y a la Real Audiencia de Charcas. En julio del mismo año, un movimiento similar en La Paz forzó la renuncia del gobernador y el obispo. El virrey del Perú envió tropas a La Paz, y el virrey del Río de la Plata, a Chuquisaca, para aplastar los movimientos.

Apenas designado, el virrey Cisneros recibió instrucciones de la Junta Central Suprema de España para permitir el comercio con Gran Bretaña como una manera de honrar la alianza entre ambos imperios contra Napoleón. Cisneros lo vio como una oportunidad para amortiguar el efecto negativo que las guerras napoleónicas habían tenido en el comercio entre el Río de la Plata y España, pero el consulado de Cádiz y los comerciantes que se habían beneficiado del monopolio comercial entre España y América se opusieron a la decisión.

Cisneros, bajo presión, revirtió la política, pero un grupo de importantes terratenientes de Buenos Aires le pidió a Mariano Moreno que exigiera el restablecimiento del libre comercio. Su alegato, conocido como la Representación de los Hacendados del 31 de diciembre de 1809, se hizo eco de las ideas liberales de los economistas ingleses y de los filósofos sociales del período de la Ilustración. Manuel Belgrano, encargado del Consulado de Buenos Aires, ya había expresado opiniones similares, aunque no tan enfáticamente como el manifiesto de Moreno. Cisneros, por fin, restableció el libre comercio con Gran Bretaña, pero por un período limitado que debía finalizar el 19 de mayo de 1810.

En noviembre de 1809, Cisneros creó el Tribunal de Vigilancia Política para enjuiciar y castigar a los que promovían la creación de regímenes políticos que favorecían la independencia de las colonias, algo que, evidentemente, desagradó a los criollos. Mientras tanto, en España, las fuerzas que respondían a la Junta Central Suprema sufrieron derrotas importantes frente a las fuerzas francesas, lo que obligó que la junta se disolviera luego de crear el Consejo de Regencia, con apenas cinco miembros y con todos los poderes que hubiera tenido el depuesto rey Fernando VII.

1. García Hamilton, José Ignacio (2003), El autoritarismo y la improductividad. Buenos Aires: Sudamericana.

2. Una muy buena narración de estos eventos puede encontrarse en Jonathan C. Brown (2010).

Capítulo 2
De la Revolución de Mayo a la organización nacional

En mayo de 1810, tan pronto como la noticia de la disolución de la Junta Central Suprema de España y la creación del Consejo de Regencia llegó a Buenos Aires, los dirigentes del movimiento revolucionario decidieron remover al virrey y organizar un gobierno local. Los líderes clamaron lealtad al depuesto Fernando VII.

De inmediato, el nuevo gobierno de Buenos Aires lanzó una campaña para convencer a otras ciudades del interior del país para que adoptaran y apoyaran los ideales de la Revolución de Mayo. La campaña, no obstante, degeneró en largas y violentas guerras que durarían cinco décadas.

Con el tiempo, la idea de la independencia prevaleció en todas las provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata; pero las Provincias Unidas del Río de la Plata perdieron los territorios de Bolivia, Paraguay y Uruguay, que luego se convirtieron en nuevas naciones, independientes no solo de España, sino también de la Argentina.

La mayoría de los historiadores políticos describen los conflictos de esta época como disputas entre las élites unitarias de Buenos Aires y los caudillos federales del interior. Pero esta descripción es apropiada solo para los conflictos hasta 1830 y explica por qué Bolivia, Paraguay y Uruguay se separaron de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después de 1830, cuando Juan Manuel de Rosas se impuso como caudillo de Buenos Aires y condujo a un gobierno autoritario, esos conflictos pueden describirse como una lucha entre los intelectuales liberales y las élites militares contra los caudillos nacionalistas, nostálgicos de los valores conservadores de España. Aunque Rosas construyó un relato en el cual él era el paladín del federalismo, caracterizando a sus oponentes como “salvajes unitarios”, su gobierno era extremadamente centralizado y autoritario, y, en esencia, unitario. En la dirección de los asuntos exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Rosas defendió el monopolio de Buenos Aires sobre el comercio marítimo para aumentar los ingresos aduaneros. Ello enfureció a los gobiernos de Paraguay, Uruguay y Corrientes, que querían compartir el uso de las vías fluviales. Esto explica el continuo estado de guerra con la provincia de Buenos Aires. En las provincias del noroeste, ligadas a Córdoba, que exigían una Asamblea Constituyente, Rosas impuso su autoridad por la fuerza, pues se oponía a la idea de una República Constitucional.

El enfrentamiento de Urquiza con Rosas, que culminó con la derrota del gobierno de Buenos Aires en Caseros a principios de 1852, fue más una confrontación entre ideales liberales y conservadores, que entre unitarios y federales, además de modelar el cambio en el paradigma económico y político. Urquiza era un verdadero caudillo federal que había apoyado a Rosas en el pasado, pero a principios de la década de 1850 estaba convencido de que el autoritarismo de Rosas y las ambiciones monopólicas para el puerto de Buenos Aires impedían la organización constitucional de la nueva nación. En efecto, la vieja aspiración de Buenos Aires a prevalecer sobre el resto de las provincias la llevó a rechazar el Acuerdo de San Nicolás y la nueva Constitución, eligiendo no integrar la flamante Confederación Argentina.

Primera Junta

El gobierno surgido de la Revolución de Mayo se conformó en una junta de nueve miembros, dos de ellos figuras militares: el presidente Cornelio Saavedra y el vocal Miguel de Azcuénaga. Otros cuatro miembros eran abogados criollos: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno y Juan José Paso. Había también dos comerciantes españoles, Domingo Matheu y Juan Larrea, y un clérigo, Manuel Alberti. El nombre oficial fue “Junta Gubernamental Provisional de las Provincias del Río de la Plata en nombre de Fernando VII”, más conocida como la Primera Junta.

La confrontación y el conflicto comenzaron inmediatamente después de su conformación. La Real Audiencia se negó a aceptarla, y en su lugar, declaró su lealtad al Consejo de Regencia de España. Además, envió mensajes a las ciudades y provincias del interior del virreinato instruyéndolas a desatender las órdenes de la Primera Junta. Como respuesta, el gobierno revolucionario arrestó a los miembros de la Real Audiencia y, argumentando que sus vidas corrían peligro, los envió a España en un buque británico. Luego, nombró a criollos pro-revolucionarios en su lugar.

Si bien la Primera Junta solicitó a las provincias que elegieran delegados para que representaran sus intereses en una junta ampliada, no hubo respuesta inmediata; de hecho, en algunos lugares, no solo no pensaban elegir representantes, sino que se oponían al movimiento revolucionario. Así fue en Córdoba, donde el gobernador, el obispo y los miembros más influyentes de la comunidad pidieron a Santiago de Liniers que liderara un movimiento contrarrevolucionario. Liniers aceptó, pero la Primera Junta envió una milicia que lo derrotó luego de tres meses de combates caóticos. Juan José Castelli ordenó la ejecución de Liniers, del gobernador y de otros líderes de la contrarrevolución.

Fortalecidos por el rápido éxito en Córdoba, la Junta decidió reunir dos ejércitos más numerosos. El primero lucharía contra las autoridades del Alto Perú que habían declarado lealtad a España y reclamaban volver a formar parte del Virreinato de Perú. El segundo presionaría a los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Corrientes, Montevideo y Asunción, donde los realistas aún prevalecían. El ejército liderado por Castelli pudo ocupar Potosí y Charcas a mediados de noviembre de 1810. Adoptó medidas drásticas contra las autoridades realistas previas, incluyendo la confiscación de propiedades de familias opositoras.

Junta Grande

En diciembre de 1810, la Primera Junta pasó a llamarse Junta Grande con la incorporación de trece nuevos delegados. A sugerencia del deán Gregorio Funes, delegado por Córdoba, se crearon juntas provinciales con un miembro, el presidente –designado por la Junta Grande–, y el resto, elegido por los cabildos locales.

Moreno sostenía que la Junta debería ser una asamblea legislativa con un poder ejecutivo concentrado en una junta más pequeña de solo tres miembros. Un grupo muy influyente de criollos respaldaba su idea, pues creían que Buenos Aires debía seguir liderando la revolución a través de un gobierno centralizado que ellos controlaran. Sin embargo, Saavedra, que quería evitar más enfrentamientos con las provincias, decidió enviar a Moreno en una misión diplomática a Europa como una forma de distanciarlo del centro del poder.

El ejército del general Manuel Belgrano rumbo a Asunción no fue tan efectivo como la campaña anterior al Alto Perú. El gobernador realista del Paraguay recibió el apoyo del Brasil y derrotó a Belgrano en Tacuarí en marzo de 1811. Algunos meses más tarde se produjo una rebelión en Asunción contra el gobernador realista y el gobierno que lo reemplazó proclamó la independencia no solo de España, sino también de Buenos Aires.

El gobierno de las Provincias Unidas enfrentó una difícil situación con las fuerzas realistas de Montevideo que controlaban la navegación en los ríos con el apoyo de la flota española. A principios de 1811, el Consejo de Regencia de España había decidido trasladar a Montevideo la capital del Virreinato del Río de la Plata y designar a Francisco Javier de Elío como nuevo virrey, que contaba con el apoyo de Portugal. Montevideo continuó bajo el control de los realistas, pero a principios de 1811 José Gervasio Artigas, el caudillo de la Banda Oriental, sublevó a la población rural en apoyo del movimiento revolucionario contra los realistas. El general Belgrano trató de apoyar, sin éxito, la lucha de Artigas.

Dos malas noticias llegaron a Buenos Aires en junio de 1811. Primero, Castelli había sido derrotado en Huaqui por un ejército del virrey del Perú, y las tropas revolucionarias se retiraron a Jujuy. En segundo lugar, la flota española seguía bloqueando el puerto de Buenos Aires como una forma de ayudar al gobierno realista de Montevideo a resistir el asedio de la ciudad por las milicias de Artigas. Estos hechos fortalecieron la posición de los partidarios de Moreno en el Cabildo de Buenos Aires y forzaron una negociación con la Junta Grande.

Los triunviratos

Moreno falleció en el mar en su camino a Gran Bretaña, pero sus ideas continuaron influyendo en los acontecimientos en Buenos Aires. Cornelio Saavedra dejó la ciudad para dirigir el Ejército del Norte y el Cabildo forzó la creación de una autoridad ejecutiva tripartita compuesta por un presidente y dos secretarios. El llamado Primer Triunvirato se creó en septiembre de 1811. Bernardino Rivadavia, uno de sus secretarios, fue el miembro más influyente de la nueva autoridad ejecutiva.

Artigas entró en conflicto con el Primer Triunvirato en octubre de 1811 cuando Portugal envió tropas a Montevideo y Buenos Aires decidió negociar una tregua con De Elío. Esta negociación significaba reconocerlo como el gobernante de Montevideo y levantar el sitio. Así, Artigas organizó un éxodo de la población campesina de Uruguay y trasladó sus tropas a Salto Chico (hoy Concordia) en la provincia de Entre Ríos. Artigas interpretó que el Primer Triunvirato estaba traicionando la causa revolucionaria y priorizaba el interés de Buenos Aires.

La Junta Grande continuó como asamblea legislativa hasta su disolución en diciembre de 1811, cuando los soldados y oficiales del Primer Regimiento de Infantería Patricios se rebelaron contra la decisión del triunvirato de transformar la milicia en un ejército regular con Manuel Belgrano al mando.

Los delegados de las provincias fueron expulsados de Buenos Aires y acusados de insurgencia. A Cornelio Saavedra se le prohibió regresar a la ciudad y se exilió en Chile. Diez de los oficiales y soldados que habían dirigido la rebelión fueron fusilados. Este fue el segundo episodio, después de la ejecución de Liniers y de los líderes de la contrarrevolución de Córdoba, que signó el carácter violento y sangriento de las luchas dentro de la revolución.

Por su parte, el ejército de Manuel Belgrano debía impedir la ocupación por las fuerzas realistas de las ciudades desde Jujuy a Córdoba, y retomar la región del Alto Perú para la causa revolucionaria. Entre abril y septiembre de 1812, dedicó sus esfuerzos a reorganizar el ejército. Luego, desobedeció la orden del Primer Triunvirato de retirarse con sus tropas a Córdoba. En cambio, organizó el Éxodo Jujeño y ordenó quemar lo que quedaba de la ciudad para impedir que el ejército realista encontrara apoyo humano y material en su camino hacia el sur. Finalmente, enfrentó a los realistas en Tucumán y Salta, donde obtuvo dos victorias importantes. Continuó hacia el norte para reocupar Potosí en junio de 1813.

Mientras Belgrano emprendía la difícil misión de reconquistar la región del Alto Perú, se intensificaron las luchas entre facciones locales en Buenos Aires. De hecho, a mediados de 1812 el Primer Triunvirato pensaba que los antiguos partidarios de Moreno, liderados por Martín de Álzaga, estaban organizando una revuelta, de modo que Bernardino Rivadavia los condenó a muerte.

Hacia marzo de 1812, un grupo de militares que había luchado contra los franceses en el ejército español, con José de San Martín y Carlos María de Alvear como los miembros más prominentes, llegó a Buenos Aires para apoyar la revolución. Ofrecieron sus servicios al gobierno y crearon la Logia Lautaro en un intento de dar nueva vida a la revolución.

El Primer Triunvirato se hallaba en un dilema: o declaraban la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata o permanecían bajo el mando de España, ya que el Parlamento de Cádiz acababa de aprobar una constitución que daba a los virreinatos de América los mismos derechos que a las provincias en los territorios europeos.

La decisión del Primer Triunvirato de ordenar el retiro del ejército comandado por Belgrano a Córdoba desagradó a los miembros de la Logia Lautaro que bregaban por la independencia. En octubre de 1812, Juan José Paso fue el único miembro del Primer Triunvirato que permaneció en el cargo junto a dos miembros civiles de la Logia Lautaro. El Segundo Triunvirato se vio obligado a convocar una Asamblea General Constituyente con representación de todas las provincias que se comprometiera a declarar la independencia y redactar una Constitución.

La Asamblea Constituyente del Año XIII

La Asamblea se inició en Buenos Aires en enero de 1813, con representantes de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Corrientes, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Luis, Jujuy, Entre Ríos, Santa Fe y las ciudades del Alto Perú que designaron delegados mientras Belgrano las ocupaba en su camino a Potosí.

Luego de dos años de tensión entre Artigas y el gobierno de Buenos Aires, en los inicios de 1813, el lider oriental reanudó su participación en la lucha contra los realistas y envió delegados a la Asamblea. Lo hizo desde el sitio de Montevideo que se había reiniciado cuando gracias a la mediación de Gran Bretaña los portugueses abandonaron Montevideo. La Asamblea no aceptó a sus delegados, porque pretendían declarar la independencia y transformar a las Provincias Unidas del Río de la Plata en una Confederación Federal. De hecho, una de las primeras decisiones de la Asamblea fue que los delegados representaran al pueblo de las Provincias Unidas y no a las provincias mismas, una clara indicación de que su intención residía en organizar un gobierno unitario.

El rechazo a los delegados de Artigas aumentó el clima de confrontación entre los caudillos de las provincias que abogaban por el federalismo, y las élites de Buenos Aires que favorecían la creación de un gobierno unitario. A pesar de las tensiones, la Asamblea desempeñó un importante rol legislativo: apoyó la representación política y la soberanía del pueblo en lugar de la soberanía de la corona española; ordenó la eliminación de todos los símbolos de España y los reemplazó con el escudo de armas argentino; ordenó la acuñación del primer dinero nacional de plata y oro en Potosí; dio término a diversas formas de esclavitud eliminando la obligación de los nativos de prestar servicios personales y pagar tributos; acabó con el sistema de encomienda, el sistema de mita heredado y el yanaconazgo; declaró que los recién nacidos hijos de esclavos serían libres, y también proclamó la libertad de prensa y de religión.

Además, decidió concentrar el poder ejecutivo en una sola persona y reemplazó al Segundo Triunvirato por el Directorio.

El Directorio

Tras el nombramiento de Gervasio Posadas como primer director supremo, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata se volvió indiscutiblemente unitario, liderado por Buenos Aires. Fue en este tiempo cuando la lucha entre el gobierno central y los caudillos federales de las provincias se transformó en una guerra civil.

Posadas tomó dos decisiones cruciales para derrotar a los rea­listas en Montevideo y para sentar las bases de las campañas de San Martín para liberar a Chile y Perú. Ordenó la organización de la primera marina nacional bajo la dirección de Guillermo Brown y designó a San Martín como gobernador de Cuyo. Posadas acusó a Artigas de sedición; como consecuencia, se creó la Liga de los Pueblos Libres de las Provincias Unidas, una coalición formada por la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, que defendió con firmeza el federalismo.

Una revuelta en el Ejército del Norte y el regreso de Fernando VII al trono debilitaron el liderazgo de Posadas y en enero de 1815 Carlos María de Alvear reemplazó a su tío como director supremo. Alvear gobernó apenas durante unos meses. Una revuelta militar en abril lo desplazó del poder luego de que se enfrentara a San Martín en la proximidad de la campaña para liberar a Chile y Perú.

La declaración de la independencia

Luego de la disolución de la Asamblea del Año XIII, el nuevo director supremo, Ignacio Álvarez Thomas, acordó convocar un Congreso Constitucional para declarar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El Congreso de Tucumán declaró la independencia con la participación de los representantes de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y las tres ciudades del Alto Perú que aún estaban bajo el control del Ejército del Norte: Charcas, Chichas y Mizque. El resto de las ciudades del Alto Perú no enviaron sus representantes, pues los realistas habían recuperado el control. Paraguay no envió representantes, porque ya se había desvinculado de las Provincias Unidas del Río de la Plata; tampoco lo hizo la Liga de los Pueblos Libres, liderada por Artigas, pues estaban en guerra contra el Directorio.

La caída de Alvear no afectó la prevalencia de la idea de un gobierno unitario. Ignacio Álvarez Thomas, Antonio González Balcarce y Juan Martín de Pueyrredón, los tres sucesores inmediatos de Alvear en el Directorio, continuaron la lucha contra los caudillos del interior mientras apoyaban al ejército de San Martín.

La anarquía de 1820

Los conflictos con las provincias se intensificaron durante los directorios presididos por Juan Martín de Pueyrredón y su sucesor Juan Rondeau. Después de que los federales derrotaran a los unitarios en la batalla de Cepeda, el Directorio se disolvió en un clima de anarquía que caracterizó al año 1820. Las provincias recuperaron su autonomía, pero Buenos Aires continuó dirigiendo los asuntos exteriores y apoyando la campaña contra los realistas de Montevideo, Chile, Perú y el Alto Perú.

Luego de varios gobernadores interinos, Martín Rodríguez se transformó en gobernador de la provincia de Buenos Aires en septiembre de 1820 con el apoyo de los grandes comerciantes y los terratenientes locales, como Juan Manuel de Rosas. Martín Rodríguez negoció la paz con el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, quien después de vencer a Buenos Aires en la batalla de Cepeda había traicionado a sus aliados en la Liga de los Pueblos Libres. Juan Bautista Bustos, caudillo federal y gobernador de Córdoba, ofició de mediador y Juan Manuel de Rosas proporcionó una ayuda crucial.

Rosas era un comerciante y terrateniente que había construido una fortuna con la venta y exportación de cueros y carne salada. Había organizado un ejército de gauchos para defender sus estancias de los nativos en la frontera. Se convirtió en el garante de una cláusula secreta del acuerdo de paz entre Martín Rodríguez y Estanislao López, que consistía en el pago de 25.000 cabezas de ganado como compensación a Santa Fe por el costo de la guerra. Esta negociación creó una asociación entre Rosas y López crucial para que el primero aumentara su poder con los años. López convirtió a Rosas a la causa federal, aunque los instintos e intereses de Rosas estaban más alineados con los comerciantes y terratenientes unitarios, beneficiarios del comercio con los británicos.

Mientras tanto, San Martín, que ya había cruzado los Andes con su ejército a principios de 1817 y había liberado Chile después de derrotar a los realistas en las batallas de Chacabuco y Maipú, preparaba hacia 1820 una campaña para liberar Perú con el apoyo del gobierno chileno. Debido a la anarquía en el lado oriental de los Andes, tendría que lanzar su campaña sin recursos del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A pesar del obstáculo, siguió adelante con su campaña y en julio de 1821 declaró la independencia del Perú y fue nombrado su protector. En esa calidad, gobernó Perú por un año calendario, a pesar de que los realistas aún controlaban parte del territorio de Perú y Alto Perú.

Simón Bolívar, líder del ejército de la Gran Colombia, marchaba hacia el sur intentando derrotar a los realistas en el actual Ecuador, Perú y Alto Perú. Bolívar había ocupado la costa del Ecuador y preparaba su campaña hacia Quito. En 1822, Bolívar se reunió con San Martín en Guayaquil. Desalentado por la falta de apoyo de Buenos Aires y consciente de las mejores perspectivas de éxito de Bolívar, San Martín le ofreció sus tropas, renunció a su cargo de protector del Perú y regresó a su país.

El gobierno de Buenos Aires lo había acusado de desobedecer la orden de regresar con sus tropas a luchar contra los caudillos locales. San Martín permaneció apenas unas semanas en Buenos Aires, tiempo suficiente para visitar la tumba de su esposa y prepararse a viajar a Europa junto a su hija en febrero de 1824.

La Constitución unitaria y la breve presidencia de Rivadavia

Gregorio Las Heras, ex general del ejército de San Martín, sucedió a Martín Rodríguez en 1825. Sin embargo, el verdadero poder detrás de los gobernadores en este período se concentró en manos del unitario Bernardino Rivadavia, un fuerte defensor del liberalismo que ansiaba alentar las relaciones comerciales y financieras con los británicos para edificar la infraestructura que el país necesitaba para el desarrollo.

Como presidente, Rivadavia pudo aprobar una constitución unitaria, y nombró a Rosas comandante de las tropas encargadas de defender la frontera de los ataques de los nativos. El nuevo gobierno nacional duró poco. Las provincias se opusieron a la constitución unitaria. El Brasil invadió los territorios al este del río Uruguay y ocupó Montevideo. Rivadavia tuvo que renunciar, y no hubo un nuevo gobierno nacional hasta la promulgación de la Constitución Nacional en 1853.

Juan Manuel de Rosas

Tras la renuncia de Rivadavia, hubo varios gobernadores provisorios, como Manuel Dorrego, destacado líder militar, socio de Rosas. Dorrego tuvo que aceptar la independencia de Uruguay, no solo del Brasil, sino también de la Argentina, como parte de las negociaciones de paz. Esta decisión enfureció a las élites liberales y militares encabezadas por el ex gobernador Juan Lavalle, quien decidió rebelarse contra Dorrego. En lugar de retirarse a Santa Fe para buscar el apoyo de Estanislao López, como recomendó Rosas, Dorrego se quedó en Buenos Aires y Lavalle lo capturó y ordenó su ejecución, otro acto de crueldad que alimentó el antagonismo entre unitarios y federales.

En 1829, San Martín intentó regresar con la intención de ayudar a poner fin a la guerra civil. Al acercarse al puerto de Buenos Aires, oyó hablar del clima de violencia provocado por la ejecución de Dorrego, por lo que decidió no desembarcar en Buenos Aires, sino que permaneció unos meses en Montevideo antes de viajar a Francia, donde vivió hasta su muerte en 1850.

Tras la ejecución de Manuel Dorrego, el gobernador Lavalle ordenó a José María Paz que organizara la lucha contra los caudillos federales del interior. Había luchado bajo el mando de Belgrano en el Ejército del Norte, participado en la guerra contra el Brasil y Juan Martín de Pueyrredón lo había enviado a pelear contra Estanislao López en Santa Fe. También había cumplido órdenes de Rivadavia. El general Paz decidió iniciar su campaña contra los caudillos federales en 1829 y marchó a Córdoba forzando la renuncia de Juan Bautista Bustos, que había gobernado la provincia desde 1820. Bustos buscó el apoyo de Facundo Quiroga de La Rioja; pero Paz derrotó a Quiroga en La Tablada en 1829 y nuevamente en Oncativo en 1830.

Por su parte, Estanislao López y Rosas aunaron fuerzas para derrotar a Lavalle, forzándolo a exiliarse en Uruguay. Así, Rosas se convirtió en el nuevo gobernador de Buenos Aires e inició el ejercicio de un poder que no abandonaría hasta 1852. La guerra civil y los conflictos externos no desaparecerían durante sus más de dos décadas de gobierno. En agosto de 1830, nueve de las catorce provincias se habían unido a la Liga Unitaria liderada por Paz. Por su parte, Rosas había creado la Liga Federal con Santa Fe y Entre Ríos. Los soldados de Estanislao López capturaron y encarcelaron al general Paz; Rosas renunció como gobernador en 1832 después de derrotar a la Liga Unitaria y durante los tres años siguientes dedicó sus esfuerzos a asegurar la frontera con los nativos.

Desde la época del virreinato, los mapuches y ranqueles incursionaban y atacaban aldeas rurales y estancias ganaderas. Rosas se hizo cargo de los esfuerzos militares para derrotarlos, una tarea inconclusa que databa de la época de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia. Durante la nueva campaña, Rosas mató unos 3200 indígenas, tomó 1200 prisioneros y rescató unos 1000 cautivos. Su estrategia consistía en dar un trato razonable a las tribus que consideraba amigas, pudiendo extender la frontera más al sur y al oeste en unos 200.000 kilómetros cuadrados adicionales para las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Autorizó que las tribus amigas se establecieran en los territorios conquistados.

En 1835, se convirtió nuevamente en gobernador de Buenos Aires, esta vez con poderes dictatoriales y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, nuevo nombre dado a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La guerra civil en curso se intensificaba a medida que los países vecinos prestaban apoyo a los gobernadores opositores.

En 1837, un año después de la creación de la Confederación Peruano Boliviana, Andrés de Santa Cruz, líder de la Confederación, se preparaba a invadir Tucumán y declarar la guerra a la Confederación Argentina con el apoyo de Francia, que impuso un bloqueo naval a Buenos Aires que duró dos años.

Por otro lado, los intelectuales liberales que vivían en Montevideo instaron a Lavalle, exiliado en esa ciudad, a reanudar su lucha contra Rosas con el apoyo de Francia y de la Confederación Peruano Boliviana. Lavalle esperó en vano obtener un amplio apoyo de las provincias. Además, cuando los franceses iniciaron las negociaciones de paz con Rosas, retiraron su apoyo financiero a Lavalle, cuyas tropas estaban desmoralizadas. Lavalle evitó a las tropas federales y se retiró hacia el norte con un pequeño grupo de hombres. Fue asesinado cuando intentaba escapar tras sufrir una derrota en La Rioja en 1841.

Mientras tanto, en el vecino Uruguay, dos partidos políticos representaban ideologías e intereses opuestos. Los conservadores o “blancos” defendían los intereses agrícolas del campo con Manuel Oribe, amigo cercano de Rosas, como su líder. Los liberales o “colorados” representaban los intereses comerciales de Montevideo, cuyo líder, Fructuoso Rivera, favorecía a los exiliados argentinos.

En junio de 1838, un ejército liderado por Rivera derrocó al presidente Oribe y declaró la guerra a Rosas. El conflicto duraría trece años. En 1843, el ejército argentino invadió Uruguay en nombre de Oribe y sitió Montevideo por nueve años. Durante este período, José María Paz –liberado en 1939 y exiliado en Montevideo– reanudó su lucha contra Rosas y se trasladó a Corrientes y Asunción, abogando por una coalición de los gobiernos uruguayo, paraguayo y correntino en un nuevo intento por derrotar a Rosas. Los paraguayos temían que Rosas pretendiera recuperar sus territorios para la Confederación Argentina.

Esta virtual coalición tenía interés en mantener barcos extranjeros navegando libremente por los ríos Paraná y Uruguay para facilitar el comercio exterior sin la intermediación de Buenos Aires. Con el apoyo de Francia y Gran Bretaña, bloquearon el puerto de Buenos Aires y organizaron expediciones navales para garantizar que Asunción, Corrientes y Montevideo pudieran comerciar libremente entre sí y con Europa. El bloqueo duró desde 1845 hasta 1849, cuando las dos potencias europeas iniciaron negociaciones de paz. Como resultado, Rosas obtuvo un acuerdo favorable que reforzaba el sitio de Montevideo. Pero la intervención brasileña en nombre de los colorados derrotó a Oribe, y Rosas tuvo que levantar el sitio.

Mientras tanto, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, organizaba una sublevación. Había sido un aliado de Rosas durante la guerra civil, pero como muchos otros caudillos y todos los liberales y unitarios, desaprobaba las demoras y excusas para justificar la indefinida postergación de la organización constitucional del país. Los intelectuales exiliados en Chile, Uruguay, Paraguay y el Brasil apoyaron a Urquiza, que luchó y derrotó a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Algunos de estos intelectuales aceptaron alejarse de los ideales unitarios del pasado que habían generado tanta oposición en las provincias. Presentaron propuestas para la organización del país y el consenso se construyó alrededor de la idea de un gobierno representativo, republicano y federal.

El sistema económico de las Provincias Unidas del Río de la Plata

El sistema económico de las Provincias Unidas del Río de la Plata resultó tan burocrático como durante el tiempo del virreinato. Sin embargo, otros aspectos económicos cambiaron significativamente. El libre comercio benefició al pueblo de Buenos Aires y sus zonas aledañas. El monopolio del comercio mercantil con España, debilitado ya durante los últimos años del virreinato, terminó con la Revolución de Mayo y las Provincias Unidas del Río de la Plata adoptaron el libre comercio con Europa y el resto del mundo. Gracias a que controlaba las vías fluviales del Río de la Plata, Buenos Aires desempeñó un papel de intermediario natural en todo el comercio. Al mismo tiempo, las antes activas rutas de comercio terrestre a los territorios vecinos (Chile, Bolivia y Paraguay) se vieron perjudicadas por las guerras de independencia y las guerras civiles posteriores.

Por otra parte, la situación fiscal perjudicó a las provincias del interior. A inicios de 1813, los recursos fiscales dejaron de fluir desde las minas del Alto Perú, y Potosí dejó de demandar bienes y servicios de las ciudades en el Camino Real tras la derrota del ejército norteño por los realistas durante la segunda campaña al Alto Perú.

Consecuencias de la liberalización del comercio exterior

El pueblo de Buenos Aires había buscado abrir el comercio incluso antes de la Revolución de Mayo. Después de ella, las Provincias Unidas del Río de la Plata pudieron comerciar libremente con todas las naciones europeas y americanas. Es decir, la apertura del comercio se produjo en la transición del virreinato a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este cambio explica la significativa mejora en el bienestar de la población de lo que más tarde sería la Nación Argentina, al menos para la población que vivía en los alrededores de Buenos Aires.

Buenos Aires y su área de influencia, ampliada con la adición de territorios fronterizos durante las campañas contra los habitantes originarios, se convirtió en una de las economías más abiertas del mundo.

Entre 1810 y 1850, las exportaciones per cápita de Buenos Aires triplicaron las exportaciones per cápita de otras economías avanzadas. Los términos del intercambio casi se cuadruplicaron entre 1810 y 1837 como resultado del efecto combinado de la caída de los precios textiles y el aumento de los precios ganaderos (Gráfico 2.1). Cueros, sebo, charqui y lana eran los principales productos de exportación. La economía de las estancias también reaccionaba a cambios de precios relativos: a medida que la lana y el sebo se apreciaban en términos de cueros, los productores cambiaban su mezcla productiva hacia los revalorizados.

Gráfico 2.1. Términos del intercambio y exportaciones per cápita 1810-1852


Fuente: elaboración propia basada en material originalmente publicado en Ferreres (2010).

El historiador económico Ricardo Salvatore descubrió información interesante para documentar este fenómeno. Las alturas de los soldados nacidos en los años previos y posteriores a la Revolución de Mayo muestran que los grupos de bajos ingresos habían sufrido un grave deterioro en la nutrición y la salud en los años anteriores a la Revolución, a diferencia del aumento de la altura después de 1810 (Gráfico 2.2). Escribe Salvatore: “El libre comercio tuvo un efecto saludable en el estado nutricional de la población. El costo de los alimentos importados (harina, aceite de oliva, vino, azúcar, harina de mandioca y otros productos secos) bajó. Los textiles importados más baratos ayudaron a mejorar la higiene. El cambio de trigo a ganado produjo un mayor volumen de calorías que antes. El aumento de las exportaciones de cueros, sebo y grasa generó un excedente de carne de vacuno para consumo interno”.3

Gráfico 2.2. Promedio de la altura de los soldados argentinos 1785-1839 en centímetros. (La altura media se refiere a las cohortes de nacimiento)


Fuente: Salvatore (1998).

Consecuencias de la interrupción del suministro de recursos fiscales por Potosí

La evolución de la economía de las Provincias Unidas en su conjunto no fue tan positiva como la de Buenos Aires. Por el contrario, la interrupción del comercio regional con Bolivia, Paraguay, Uruguay y el Brasil, causada por las guerras y la precaria infraestructura vial, frustró gravemente la actividad económica en el interior del país. Incluso más, Buenos Aires impuso restricciones a la navegación de las vías fluviales del Río de la Plata y las autoridades de la Aduana de Buenos Aires prácticamente monopolizaron el comercio marítimo.

En cuanto al bienestar de la población del interior, los beneficios de los bienes importados más baratos que llegaban de Buenos Aires no compensaron la escasez de recursos fiscales derivada de la interrupción de las transferencias desde Potosí y el colapso del comercio a lo largo de la Camino Real al Alto Perú.

En la época del Virreinato del Río de la Plata, había un recaudador de impuestos en cada una de las principales ciudades, pero las dos arcas más importantes se hallaban en Potosí y Buenos Aires. Potosí recaudaba más que el costo de su burocracia. En cambio, los gastos dedicados a la administración y la defensa excedieron en gran medida los ingresos recaudados por las autoridades aduaneras de Buenos Aires y por las aduanas del interior, por lo que el Alto Perú subvencionó permanentemente al resto del virreinato. Solo la firmeza política de la dominación española centralizada en los territorios americanos mantuvo a estas dos regiones, con muy diferentes intereses, funcionando como una unidad económica y política integrada. Después de la guerra de independencia, el Alto Perú no tenía motivos para seguir enviando recursos fiscales a las otras partes del antiguo virreinato, un grave revés para las finanzas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no tanto para Buenos Aires como para el resto del interior.

La liberalización del comercio provocó un aumento de las importaciones y al mismo tiempo, un aumento de las exportaciones de cueros y otros subproductos del ganado. No sorprende que haya habido un fuerte aumento en los ingresos generados por la Aduana de Buenos Aires. Mientras tanto, las finanzas públicas del interior del país acusaron el golpe. Asimismo, el comercio con Potosí disminuyó significativamente, por lo que escaseaban los pesos bolivianos, lo cual afectaba, sobre todo, a las provincias del interior, pues Buenos Aires recibía oro y letras de cambio en oro o libras a través del comercio de cueros con Gran Bretaña.

A los efectos de compensar la caída de ingresos, las provincias del interior aumentaron las tasas impositivas sobre las mercancías que ingresaban en sus territorios. Estos impuestos reprodujeron las viejas alcabalas bajo el dominio español, pero con el tiempo se convirtieron en un sistema ineficiente de aduanas interiores que, junto con las guerras, restringieron el comercio interno. La economía de las Provincias Unidas del Río de la Plata se transformó en un enjambre de mercados regionales fragmentados y aislados con redes comerciales más débiles de las que habían existido durante el virreinato.

Entre 1810 y 1820, Buenos Aires asumió el papel de tesorero de todas las provincias. Para financiar sus déficits, el gobierno buscó fuentes inusuales: retrasar pagos a proveedores; confiscar propiedades y bienes; y, a la larga, tomar préstamos ofrecidos por los comerciantes locales que luego utilizaron esos créditos para pagar sus obligaciones aduaneras. Cuando los gobiernos provinciales tomaron prestado dinero, lo documentaron en forma de bonos al portador, que se convirtieron en moneda de curso legal para los impuestos y más tarde circularon como dinero.

Luego de la disolución del gobierno nacional en 1820, la provincia de Buenos Aires recobró su autonomía como el resto de las provincias. Dado que la aduana estaba en su jurisdicción, Buenos Aires pudo administrar su situación fiscal. Además, algunas reformas como la creación del Banco de Buenos Aires en 1822 ayudaron a proveer financiamiento adicional sin generar inflación durante cinco años consecutivos. El acceso a los mercados de capitales también fue importante. La provincia de Buenos Aires obtuvo su primer préstamo externo de Baring Brothers por un millón de libras esterlinas. El gobierno depositó el producto de ese préstamo, destinado al pago de infraestructura, en el banco que financiaba a comerciantes y terratenientes. El banco tenía un capital limitado y sus activos eran ilíquidos pues, si bien se suponía que descontaba letras de cambio hasta 90 días, en la práctica los deudores solicitaban una continua refinanciación.

Este período de disciplina fiscal y orden monetario terminó alrededor de 1825 debido a la guerra con el Brasil. El gobierno tuvo que financiar al ejército que luchaba al este del río Uruguay, mientras sufrió una drástica caída en las recaudaciones de las aduanas debido al bloqueo del puerto de Buenos Aires por parte de los brasileños. Bajo estas circunstancias apremiantes, el gobierno decidió utilizar el préstamo obtenido de Londres y solicitó un préstamo adicional en oro al Banco de Buenos Aires, que aceptó con la condición de declarar la inconvertibilidad del papel moneda emitido. El banco se transformó en Banco Nacional y sus notas se volvieron inconvertibles.

El banco volvió a la provincia de Buenos Aires luego de la disolución del gobierno nacional en 1827 y en el mismo año se dejó de pagar el crédito a la Baring Brothers. Esta sucesión de acontecimientos llevó a Buenos Aires a entrar en un largo período de financiamiento inflacionario. Entre 1826 y 1831, el peso inconvertible sufrió una fuerte devaluación: por primera vez desde la creación del Virreinato, la inflación rondó entre el 20% y 22% anual.

Durante su primer mandato, Rosas restauró la disciplina fiscal y monetaria, estabilizando el peso inconvertible. El peso se mantuvo estable durante los dos primeros años de su segundo gobierno. Sin embargo, en 1837, las rentas aduaneras disminuyeron cuando los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires en apoyo de la Confederación de Perú y Bolivia, y el gobernador volvió a imprimir pesos inconvertibles para financiar el déficit fiscal. Cerró el Banco de Buenos Aires para que la Casa de la Moneda acuñara el dinero, una nueva institución a la que se le otorgó el monopolio de imprimir billetes. Cuando el banco cerró, la cantidad de papel moneda ascendía a 15 millones de pesos. En 1852 había aumentado a 126 millones de pesos.

El peso inconvertible sufrió continuas devaluaciones hasta 1842. Entre 1838 y 1842, la inflación osciló entre el 25% y el 45% anual. El fin de la guerra y el bloqueo contribuyeron a la apreciación del peso y durante tres años hubo deflación. Al momento de la nueva guerra con Montevideo y del bloqueo francés y británico de 1845 a 1849, el peso se devaluó nuevamente, y la inflación reapareció a una tasa de alrededor del 14%. La inestabilidad monetaria continuó después de la caída de Rosas; durante el período en que la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires funcionaron como entidades separadas.

Solo después de la reunificación y consolidación de la Nación Argentina, el gobierno llevó a cabo reformas monetarias y financieras orientadas a la creación de una moneda convertible y un sistema bancario. Tanto los intelectuales liberales en el exilio como los políticos advirtieron que el sistema monetario y la inflación se comportaban de manera muy diferente en la Argentina en comparación con Gran Bretaña y los Estados Unidos (Gráfico 2.3). Esta evidencia los convenció de la necesidad de emprender una reforma monetaria y financiera tras la organización constitucional del país.

Gráfico 2.3. Nivel de precios y tipo de cambio, Argentina EE. UU. y Gran Bretaña 1820-1852


Fuente: elaboración propia, basada en material originalmente publicado en Ferreres (2010) y metodológicamente usado en Della Paolera y Taylor (2001).

El crecimiento económico de las Provincias Unidas

La financiación inflacionaria tuvo un impacto importante en las decisiones de ahorro e inversión de los comerciantes y terratenientes. En períodos de alta inflación, acumularían oro, comprarían tierras e invertirían capital líquido en ganado. Mientras que los exportadores y los comerciantes pudieron hacer frente a la inflación, los trabajadores y los agricultores vieron caer sus salarios y precios agrícolas. En consecuencia, se desa­lentó la inmigración y la expansión del mercado interno se vio severamente limitada.

Las incertidumbres asociadas con las guerras y la inestabilidad monetaria desalentaron la inversión a largo plazo y el cambio tecnológico en actividades alternativas a la producción ganadera para exportación, particularmente en agricultura, manufactura e infraestructura. Empeorando las cosas, cuando el gobierno de Buenos Aires dejó de servir el préstamo de un millón de libras de la Baring Brothers, pocos años después del desembolso, el país perdió acceso al mercado financiero de Londres durante las próximas cuatro décadas. Los Estados Unidos, Canadá y Australia pudieron desarrollar infraestructura, pedir prestado capital y recibir inmigrantes. La Argentina, por el otro lado, no pudo hacerlo hasta la organización nacional.

La investigación de Maddison estima que entre 1820 y 1850 el desempeño de la economía argentina fue superior al del Brasil y México, pero significativamente inferior al de los Estados Unidos, Australia, Canadá y Gran Bretaña (Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Crecimiento del PBI per cápita en Argentina y otros países y regiones 1820-1850


[1] dólares I. significa “dólares Internacionales” como es definido en Madison (2006).

Fuente: propia basada en material originalmente publicado en Maddison (2006) y Ferreres (2010).

3. Salvatore, Ricardo D. y Newland, Carlos, “Between Independence and the Golden Age: the Early Argentine Economy”, en Della Paolera, Gerardo y Taylor, Alan M. (2003). A New Economic History of Argentina. Nueva York: Cambridge University Press, p. 36.

Parte II

Capítulo 3
De la organización nacional a la Primera Guerra Mundial

La adopción de la Constitución argentina en 1853 coincidió con el inicio de lo que los historiadores económicos llaman la primera ola de globalización, liderada por Gran Bretaña. Durante estas décadas, desde aproximadamente la mitad del siglo XIX hasta 1913, la Argentina se ubicó entre las economías emergentes más exitosas del mundo. Entre 1870 y 1913, la economía argentina creció más rápido que las economías de los Estados Unidos, Canadá, Australia y el Brasil, cuatro países con recursos naturales abundantes. Atrajo grandes entradas de capital y un gran número de inmigrantes procedentes principalmente de Europa.

Además de las condiciones externas favorables al comercio internacional, el movimiento de capitales y la inmigración, un factor clave del éxito se debió a que los intelectuales y líderes políticos del país aprendieron de los errores del pasado. Durante la primera ola de globalización, los dirigentes argentinos impulsaban, con entusiasmo, la integración del país con el mundo. Comprendieron que el comercio exterior permitiría una expansión creciente de la producción, lo que a su vez conduciría a mejoras en la calidad de vida de la población.

También, habían aprendido que no alcanzaba con integrarse al sistema comercial mundial, sino que había que aprovechar las fuentes internacionales de capital. El país necesitaba capital extranjero para financiar la expansión de la infraestructura y la inversión necesaria a los efectos de incorporar los avances tecnológicos para una producción más eficiente de bienes y servicios.

Dos intelectuales y políticos que observaron lo que sucedía en Europa y en los Estados Unidos, Alberdi y Sarmiento, subrayaron la importancia de la inmigración y de la educación. Hacía falta traer gente que trabajara, produjera y consumiera a fin de poblar un país vasto y casi vacío, pero también era esencial educar a esas personas para hacerlas expertas y productivas, e integrarlas plenamente en la cultura y valores de la nueva nación.

Sucesión de gobiernos constitucionales

Después de la batalla de Caseros, la Confederación Argentina enfatizó su organización institucional. Una Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe aprobó la Constitución Argentina de 1853, que organizó a la nación como una república representativa y federal.

El nombre Confederación Argentina data de 1835. Inicialmente, incluía las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. La Patagonia, La Pampa, Chaco y Formosa eran todavía territorios fronterizos poblados por nativos. Rosas nunca había reconocido la independencia del Paraguay, pero Paraguay tampoco estuvo integrado a la Confederación Argentina, a pesar de codiciar la provincia de Misiones.

La provincia de Buenos Aires se separó de la Confederación Argentina y se constituyó como Estado de Buenos Aires, como consecuencia de la oposición de la élite dirigencial local a un gobierno nacional dirigido por un caudillo del interior, y a que no quería entregar el control de los ingresos aduaneros.

Los líderes de Buenos Aires, Valentín Alsina y Bartolomé Mitre –ambos unitarios–, no formaron parte de la Asamblea Constituyente, se negaron a participar en las elecciones, no aceptaron la autoridad del presidente electo, e incluso estaban dispuestos a enfrentarse militarmente a la Confederación. Justo José de Urquiza presidió la Confederación Argentina en 1854, pero gobernó desde Paraná en Entre Ríos, sin los ingresos de Buenos Aires.

El interior del país estaba sumido en una larga depresión económica desde la interrupción del comercio y de la afluencia de recursos del Alto Perú. A pesar de su rezago, Urquiza y su sucesor, Santiago Derqui, enfrentaron al ejército de Buenos Aires. En 1859, la Confederación derrotó a Buenos Aires en la batalla de Cepeda.

Los conflictos militares entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires continuaron durante dos años, hasta que la lucha de poder se resolvió después de la batalla de Pavón en 1862, cuando Urquiza concedió la victoria a Mitre. Tras la renuncia de Derqui, Bartolomé Mitre se convirtió en presidente. Durante su administración, la Argentina comenzó a funcionar como una nación verdaderamente reunificada y el ideal de una república representativa y federal bajo una única constitución por fin se convirtió en una realidad.

Aunque el republicanismo liberal incorporado en la Constitución Nacional de 1853 predominó durante las siete décadas que siguieron a 1862, los métodos electorales y la forma en que los gobiernos sucesivos ejercieron el poder variaron con el tiempo. Las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda tuvieron características más aristocráticas que democráticas. En el cuarto de siglo en que Julio A. Roca dominó la política, los gobiernos resultaron más oligárquicos que aristocráticos. A partir de 1910, cuando Roque Sáenz Peña asumió la presidencia, el gobierno avanzó hacia la democracia.

De todos modos, aunque los cambios en la orientación política tuvieron alguna influencia en la formulación de la política económica, ninguno de los gobiernos se desvió sostenidamente de la ideología económica predominante del libre comercio combinada con la ortodoxia fiscal y monetaria impuesta por el patrón oro.

La influencia de la experiencia histórica en los nuevos gobiernos

Desde 1853 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Argentina trató de mantener su economía plenamente integrada en la economía mundial. La estructura interna de la producción reaccionaba con rapidez a los cambios en la demanda, los precios relativos y las nuevas tecnologías. La estrategia dio resultados impresionantes que explican por qué los historiadores económicos llaman al período 1870-1913, la Edad de Oro de la economía argentina.

Entre 1850 y 1913, el PBI per cápita creció en línea con los Estados Unidos, Australia y Canadá; pero entre 1870 y 1913, nuestro crecimiento del PBI global y per cápita superó a la mayoría de los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, Australia, Canadá y Gran Bretaña, en especial, en comparación con el vecino Brasil.

Tabla 3.1. Comparación del crecimiento del PBI per cápita entre 1850 y 1913


Fuente: propia basada en materia originalmente publicado en Maddison (2006).

Las exportaciones constituían sin dudas el motor principal de la expansión económica; el crecimiento de las exportaciones reflejó el mejor desempeño de Argentina en comparación con otros países importantes.

Como en décadas anteriores, la producción y exportación de productos agrícolas creció con rapidez. Con el tiempo, estos productos provinieron de un área geográfica mayor mientras se conquistaba la frontera y los ferrocarriles se expandían. Un gran número de inmigrantes, en especial varones adultos procedentes de Italia, España y otras naciones europeas, proporcionaban la mano de obra que permitió transformarla producción agropecuaria de la ganadería intensiva en tierra, a la producción de lana y granos con uso intensivo de mano de obra.

Tabla 3.2. Comparación del crecimiento de las exportaciones entre 1870-1913


Fuente: propia basada en materia originalmente publicado en Maddison (2006).

El paso de la producción y exportación de pieles, sebo y carne salada a la producción de lana se inició en la década de 1850. La producción de carne también pasó de baja a más alta calidad cuando la tecnología de refrigeración y transporte impulsó las exportaciones de carne congelada a los mercados europeos.

La participación de la agricultura en el PBI aumentó del 4,4% entre 1876-1880 al 15,4% en 1911-1915. Al mismo tiempo, la producción ganadera disminuyó de 56,5% del PBI en 1876-1880 a 16,2% en 1911-1915. El esquema de producción rural consistía en la rotación de cultivos y pastoreo de animales. Los cultivos, principalmente trigo, maíz y lino, se expandían con el desarrollo del ferrocarril y la caída de los costos de transporte marítimo. Por ello, la ganadería con uso intensivo de tierras tendió a desplazarse a zonas marginales, a fin de disponer más tierras para rotar entre cultivos y pasturas.

Después de la “Campaña del Desierto” en 1880, el país incorporó 45 millones de hectáreas al territorio. El área cultivada aumentó en 30 millones de hectáreas. Entre 1884 y 1913, hubo un aumento anual del 9% en las tierras cultivadas y un aumento en la producción del 10,5% anual, reflejado en un sólido crecimiento de la productividad del 1,5% anual.

Tabla 3.3. Crecimiento del PBI total, agricultura y manufactura 1875-1914


Fuente: propia, basada en material originalmente publicado en Cortés Conde (1994).

Asimismo, el crecimiento de la manufactura estuvo por encima de la tasa de crecimiento del PBI y superior al crecimiento combinado de la economía agrícola y la ganadería. Roberto Cortés Conde ha estimado que la industria creció casi 5,9% al año entre 1870 y 1914, mientras que el PBI de la economía en su conjunto creció al 5,4% y la agricultura alrededor del 4,2%. En este período se desarrollaron nuevas industrias relacionadas con la agricultura. El censo industrial de 1914 muestra que en ese año los alimentos, las bebidas y el tabaco representaban el 53% de la producción total; los textiles y el cuero, el 21% y los artículos de madera, el 5%.

Alrededor de 1870, los países líderes, en particular Gran Bretaña y los Estados Unidos, habían adoptado el patrón oro, que les dio estabilidad e impulsó un fructífero acople con los sistemas de comercio internacional y financiero. Los líderes intelectuales y políticos de la Argentina trataron obstinadamente de respaldar a la moneda argentina en oro a un tipo fijo, pero no pudieron mantenerlo debido a las periódicas crisis fiscales y monetarias que obligaron al país a suspender varias veces la convertibilidad. Después de cada crisis, sin embargo, reanudaban el compromiso del país con la convertibilidad. Al mismo tiempo, trabajaron para desarrollar un sistema bancario nacional y mercado de capitales locales, pero con menos éxito en esta empresa.

En la década de 1850, el Estado de Buenos Aires, aún separado de la Confederación Argentina, llegó a un acuerdo con los banqueros de la ciudad de Londres para el pago de la deuda que habían incumplido en 1827. Esta normalización de las relaciones financieras con Londres alentó la entrada de capital durante 1870 y 1880. Luego, se redujeron drásticamente a principios de la década de 1890 (Gráfico 3.1), debido a la crisis de 1890; se reanudaron entre 1893 y 1898, y cayeron de nuevo entre 1899 y 1905, volviéndose particularmente fuertes desde 1906 hasta 1913, cuando el compromiso con el patrón oro ganó credibilidad.

El ingreso de capitales permitió enormes inversiones en ferrocarriles, sistemas de telégrafos, puertos e infraestructura agrícola. Alrededor de 1913 el país tenía más de 33.000 kilómetros de ferrocarriles que conectaban la mayor parte del territorio. Buenos Aires tenía un nuevo puerto. Rosario iba camino a convertirse en un importante centro comercial y puerto para la producción agrícola. Otros puertos nuevos se instalaron en Santa Fe, Zárate y San Pedro. Y la provincia de Buenos Aires construyó una ciudad para su nueva capital: La Plata. Los millones de inmigrantes europeos atraídos por salarios más altos que en sus países de origen influyeron en gran medida en la expansión y desarrollo de la agricultura.

Gráfico 3.1. Inversión y ahorro externo 1885-1913. (En porcentaje del PBI)


Fuente: elaboración propia, sobre la base del material originalmente publicado en Taylor (1998).

Tabla 3.4. Orígenes del crecimiento de la población por periodos de cinco años entre 1870 y 1914


Fuente: propia, basada en material originalmente publicado en Recchini de Lattes y Lattes (1975).

En efecto, el gobierno promovió la inmigración europea incluso antes de que la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires se reunieran. Durante el período de la Confederación Argentina, Mitre, Sarmiento y Avellaneda favorecieron la creación de asentamientos donde los campesinos inmigrantes se convirtieran en propietarios. Pero cuando Roca se convirtió en presidente, las políticas cambiaron. Se desaconsejó el asentamiento con propiedad de la tierra y los inmigrantes se convirtieron en arrendatarios o aparceros de los grandes terratenientes, en especial en las áreas ocupadas después de la extensión de la frontera.

Entre 1870 y 1914, la migración neta representó el 49% del crecimiento de la población, que escaló a 70% en 1885-1889; solo resultó levemente negativo durante la Primera Guerra Mundial (Tabla 3.4). Los censos de 1869, 1895 y 1914 muestran la importancia de los inmigrantes como porcentaje de la población total, en particular, aquellos procedentes de Italia y España.

Tabla 3.5. Participación de los inmigrantes en los censos de población


Fuente: propia, basada en material originalmente publicado en Recchini de Lattes y Lattes (1975).

Además, la educación jugó un rol crucial para integrar y educar a los inmigrantes. Desde la época de Sarmiento, pero sobre todo durante los gobiernos de Avellaneda y Roca, la creación de escuelas primarias, secundarias y de capacitación para maestros permitió que la mayoría de los hijos de inmigrantes y muchos adultos analfabetos recibieran educación, que derivó en una integración efectiva a la sociedad argentina.

Capítulo 4
División, reunificación y “presidencias históricas”

El diferente delineamiento de los intelectuales y políticos que se habían opuesto a Rosas desde el exilio y habían aplaudido la campaña de Urquiza no se debió únicamente a la tradicional aspiración de Buenos Aires por liderar la Argentina, sino también en la percepción de algunos liberales de que en la Confederación aún persistían restos del característico conservadurismo de los caudillos provinciales. En su libro Facundo, Sarmiento había llamado “bárbaros” a esos caudillos, en contraste con los intelectuales y políticos liberales a quienes él calificaba como “civilizados”.

En términos de política exterior, Urquiza logró el reconocimiento de España a la independencia de la Argentina, otorgó a Gran Bretaña el derecho de navegar los ríos argentinos y restableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Las discusiones sobre el derecho a navegar los ríos dominaron las relaciones con el Brasil y Paraguay. Urquiza pudo establecer buenas relaciones con Paraguay mediando entre su gobierno y los Estados Unidos en un conflicto que se intensificó en 1859 cuando una flota norteamericana con 2400 hombres apareció en el puerto de Rosario con la intención de atacar a Paraguay. Solano López, presidente de Paraguay, recompensó esta ayuda mediando en la reunificación de la Confederación Argentina con el Estado de Buenos Aires.

El presidente Urquiza creó el Ejército Nacional. Llamó a la primera elección de senadores y representantes e inauguró el primer Congreso Nacional. El Congreso aprobó la ley que creó el sistema judicial federal y nombró la primera Corte Suprema. Urquiza nacionalizó la Universidad de Córdoba y varias escuelas secundarias e impulsó una política inmigratoria para establecer asentamientos de campesinos inmigrantes en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Pero la Confederación enfrentó grandes dificultades para implementar los cambios establecidos en la Constitución. No pudo financiar sus ambiciosos planes por modernizar la infraestructura, eliminar las aduanas domésticas, crear un banco y una moneda nacional, y promover la inmigración de agricultores europeos para crear asentamientos agrícolas. El intento de crear una oficina de aduanas alternativa en el puerto de Rosario tampoco tuvo éxito. Ello, sumado a la falta de recursos fiscales, hundió a la Confederación Argentina.

En cambio, el Estado de Buenos Aires, que mantenía sus ingresos aduaneros y cuyo banco seguía imprimiendo dinero, gozó de un período de prosperidad que fortaleció su determinación ya sea por ingresar a la Confederación manteniendo sus prerrogativas o declarar su independencia. Mitre lideró del Partido Nacional que defendía la primera alternativa. Valentín Alsina lideró el Partido Autonomista que abogaba por lo segundo.

Gracias a la fortaleza de sus finanzas, el Estado de Buenos Aires no solo pudo recrear su banco, sino también renegociar con la Baring Brothers. Se comprometió a pagar la deuda más el interés acumulado y firmó un acuerdo de reembolso. Baring Brothers reanudó su papel de agente financiero con el derecho de colocar deuda argentina en el mercado londinense.

En 1859, el gobernador de Buenos Aires, Valentín Alsina, ordenó a Mitre invadir Entre Ríos, pero Urquiza lo derrotó en Cepeda y Alsina se vio obligado a dimitir. Mitre se convirtió en gobernador y finalmente acordó negociar la incorporación de Buenos Aires a la Confederación mediante una reforma constitucional que garantizaría los privilegios de su provincia.

Estas negociaciones desembocaron en el Pacto de San José de Flores, que reconoció el derecho de la provincia de Buenos Aires a mantener su banco e imprimir su propia moneda, pero mantuvo la disposición constitucional de la federalización de la recaudación aduanera del puerto de Buenos Aires. Mitre convenció a Derqui de que Buenos Aires debía mantener el control de su aduana durante algún tiempo mientras ofrecía al resto del país una compensación monetaria. Buenos Aires aportaría 1.500.000 pesos fuertes por año al tesoro de la Confederación. En 1860, la Asamblea Constituyente aprobó la reforma, con lo que la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires se unieron en la Nación Argentina.

Los conflictos entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires perduraron en temas tales como la intervención del gobierno nacional en asuntos provinciales. En particular, tras una revuelta política en San Juan para reemplazar al gobernador federal por Antonino Aberanstain, amigo cercano de Domingo Faustino Sarmiento, intervino el presidente Derqui. Envió al gobernador de San Luis, Juan Saá, a luchar contra los líderes de la revuelta. El Ejército Nacional capturó a Aberanstain y lo ejecutó. Esta decisión enfureció a Mitre, que tomó represalias suspendiendo la contribución monetaria comprometida al gobierno nacional.

Derqui se trasladó a Córdoba para comandar un ejército con­tra Buenos Aires. Desde Entre Ríos Urquiza también marchó contra Buenos Aires en la batalla de Pavón. Sorprendentemente, a pesar de los ataques iniciales exitosos, Urquiza decidió retirarse. Mitre ganó la batalla, la guerra y la presidencia.

La cuestión de establecer la ciudad de Buenos Aires como la capital de la nación estaba pendiente y llevó a una lucha entre Mitre y Alsina. En 1880 la Legislatura de Buenos Aires finalmente promulgó una ley reconociendo la federalización de la ciudad de Buenos Aires, como capital de la Nación.

Desde 1854 hasta 1859 el Estado de Buenos Aires había tratado de mantener un presupuesto equilibrado: introdujo una reforma tributaria ampliando la base imponible a las exportaciones, restableció el crédito externo y evitó el uso de financiamiento inflacionario. Sin embargo, entre 1859 y 1862, debido a diversos conflictos militares, incurrió en un déficit significativo, emitió gran cantidad de deuda, y su banco puso grandes cantidades de dinero en circulación. El gobierno de la Confederación, por otra parte, nunca tuvo la posibilidad de imprimir dinero por lo que había acumulado una deuda signi­ficativa con los acreedores nacionales. En 1862, el gobierno de Mitre recuperó los ingresos aduaneros para la nación, pero heredó las deudas tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Confederación.

El horizonte aún se perfilaba tormentoso, pero al menos Argentina ya era una nación organizada y unificada, con una constitución ampliamente aceptada.

Mitre, Sarmiento y Avellaneda completaron tres períodos sucesivos de seis años entre 1862 y 1880, conocido como el período de las “presidencias históricas”. A pesar de persistentes conflictos violentos con varias provincias, de la prolongada guerra con Paraguay y de la lucha contra los nativos en la frontera, las tres presidencias contribuyeron de manera significativa al desarrollo institucional y económico del país.

También se beneficiaron de la normalización de las relaciones financieras con Gran Bretaña, iniciada antes de la reunificación, por la reestructuración del préstamo de la Baring Brothers que la Argentina había incumplido en 1827. El gobierno de Mitre, por ejemplo, consiguió financiamiento internacional para la guerra con Paraguay y para desarrollar infraestructura.

Los prósperos años de Sarmiento se enfocaron en promover la educación, pero la salud pública se convirtió en un problema evidente tras una epidemia de fiebre amarilla que mató a más de 14.000 personas en Buenos Aires.

Avellaneda enfrentó la primera crisis financiera y de deuda del país después de la normalización de las relaciones financieras externas. Su exitosa gestión de la crisis acompañó la expansión territorial luego que la Campaña del Desierto sentara las bases para el impresionante progreso económico que comenzó después de 1880.

Las cuestiones políticas entre 1862 y 1880

A pesar de los conflictos militares del período, Mitre se centró en la organización del gobierno nacional. No obtuvo la aprobación de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para la federalización de la ciudad, pero logró el compromiso por el cual la ciudad de Buenos Aires sería la sede del gobierno federal. La provincia seguiría controlando la aduana, pero proporcionaría al gobierno suficientes recursos para financiar los presupuestos provinciales. En 1866, una reforma constitucional nacionalizó las aduanas.

Mitre organizó el sistema de justicia federal y aplicó el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires a todo el país. Nacionalizó el Colegio San Carlos, un prestigioso colegio secundario para la élite de Buenos Aires, actual Colegio Nacional de Buenos Aires. También creó escuelas secundarias en varias provincias.

Mitre inició la construcción de un ferrocarril, el Central Argentino, de Rosario a Córdoba, así como un ferrocarril hacia el Sur. Una empresa privada en el Estado de Buenos Aires había creado el primer ferrocarril, el Ferrocarril Oeste, durante el mandato del gobernador Pastor Obligado.

Al final de su mandato, el Partido Nacional de Mitre y el Partido Autonomista de Adolfo Alsina tenían candidatos diferentes para la presidencia, pero ninguno de ellos parecía suficientemente fuerte para derrotar al otro. El coronel Lucio Mansilla propuso la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento, que servía como embajador en los Estados Unidos y se había mantenido fuera de las batallas y divisiones internas durante la presidencia de Mitre. Adolfo Alsina, a su vez, aceptó ser candidato a la vicepresidencia.

Sarmiento gobernó de 1868 a 1874. En 1869 organizó el primer censo poblacional que sumó 1.880.000 habitantes en el país; 187.000 vivían en la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo año, el Congreso aprobó el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sársfield, abogado muy respetado de Córdoba.

Durante su presidencia, Sarmiento luchó los dos últimos años de la guerra con Paraguay y enfrentó la última rebelión de un caudillo. El general Ricardo López Jordán se levantó contra Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos que había desarrollado una buena relación con Sarmiento a pesar de sus diferencias tras la batalla de Caseros. Cuando los soldados de López Jordán asesinaron a Urquiza en su casa, el Palacio San José, Sarmiento decidió declararles la guerra, que duró hasta 1873 y que resultó tan costosa, en términos de vidas y dinero, como la guerra contra Paraguay.

Con la ayuda de su ministro de Educación, Nicolás Avellaneda, creó 800 nuevas escuelas primarias y aumentó el número de niños que asistían a clases de 30.000 a 110.000. Para fomentar la formación de maestros creó las escuelas normales y trajo 61 maestros de Boston en los Estados Unidos, impresionado con el sistema de la escuela primaria de Massachusetts tras su primera visita a los Estados Unidos. También continuó expandiendo la educación secundaria en las provincias.

Asimismo, creó varias escuelas agrícolas en el interior. En 1871 organizó la primera exposición de artes y frutos de la tierra en la ciudad de Córdoba. Esta exposición supuso la creación de la Academia de Ciencias y del Observatorio Astronómico de Córdoba. A iniciativa de Sarmiento, la Universidad de Córdoba creó la Escuela de Ingeniería, y la Cátedra de Mineralogía en el Colegio Nacional de San Juan y Catamarca, lo que unos años más tarde se convertiría en la Escuela de Ingeniería de San Juan.

El transporte y las comunicaciones también registraron progresos impresionantes. Durante la presidencia de Sarmiento, los ferrocarriles pasaron de 573 kilómetros en 1868 a 1331 kilómetros en 1874, conectando ciudades tales como Villa María con Río Cuarto, Córdoba con Tucumán, Concordia en Entre Ríos con Mercedes en Corrientes y Buenos Aires con Campana. El gobierno construyó nuevos puertos en Zárate y San Pedro y extendió la red telegráfica a lo largo de 5000 kilómetros conectando todas las principales ciudades del país. Al final de su mandato, Sarmiento inauguró la primera conexión telegráfica con Europa. En 1873, creó el Banco Nacional.

Cuando asumió en 1874, Avellaneda enfrentó una crisis económica y financiera al comienzo de su mandato y, tan pronto como la crisis comenzó a revertirse, aprobó una ley para promover la inmigración. El número de inmigrantes aumentó significativamente; la mayoría de ellos se establecieron en asentamientos agrícolas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Avellaneda completó el ferrocarril a Tucumán iniciado durante la presidencia de Sarmiento. También extendió los ferrocarriles al oeste y al sur dentro de la provincia de Buenos Aires y de Río Cuarto a Villa Mercedes en San Luis.

En 1875, la Sociedad Rural Argentina, integrada por grandes terratenientes ganaderos, organizó la primera Exposición Rural de Buenos Aires, iniciando una tradición que continúa hasta nuestros días.

Cuando murió Adolfo Alsina, ministro de Guerra, el presidente nombró en el cargo a Julio Argentino Roca. Avellaneda apoyó la estrategia militar de Roca para expulsar o subyugar a los mapuches, ranqueles y tehuelches que controlaban la parte sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. Esta campaña no difería mucho de la que había llevado Rosas en la década de 1830. Medio siglo después, los habitantes originarios todavía controlaban un amplio territorio que les permitía transportar el ganado robado de las estancias argentinas al sur de Chile. Durante la Campaña del Desierto se mató o encarceló a varios miles de nativos, expulsando a los que no fueron capturados al sur de los ríos Negro y Neuquén.

Dinero y banca entre 1862 y 1880

Después de la creación de la Nación Argentina, tanto el sistema monetario como el de intermediación financiera intentaron emular a los de Gran Bretaña y los Estados Unidos, un proceso lento y doloroso que no tendría éxito sino hasta el siglo siguiente.

En 1862, un grupo de comerciantes locales y extranjeros fundó el Banco de Londres, un ente privado que jugaría un papel importante años más tarde. También surgieron en las provincias bancos públicos y pequeños bancos privados.

Mitre tuvo que aceptar la nacionalización de las deudas tanto de la Confederación Argentina como del Estado de Buenos Aires. Había intentado crear una moneda y un banco nacionales, pero no pudo obtener la aprobación del Congreso debido a la oposición de Buenos Aires. Por lo tanto, decidió negociar las condiciones bajo las cuales el Banco de la Provincia de Buenos Aires conduciría la política monetaria de toda la nación. Finalmente, estableció una paridad de 20 a 1 entre el peso papel de los bancos y el peso fuerte.

Reflejando los sistemas monetarios exitosos prevalecientes en otros países, Mitre y sus asesores económicos intentaron hacer convertibles en oro (peso fuerte) los billetes del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Al comienzo, sin embargo, en lugar de fortalecerse en relación al peso fuerte, el peso papel perdió valor. En 1864, la conversión, que había comenzado en una relación de 20 a 1 en 1862, había caído a 29 a 1. Se aplicó una contracción monetaria que significó altas tasas de interés para crear deflación y finalmente lograr la estabilidad monetaria que prevaleció durante la presidencia de Sarmiento.

Sin embargo, mientras la Argentina libraba la guerra contra Paraguay, se vio forzada a tomar 3,5 millones de pesos fuertes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo cual desplazó el crédito al sector privado y, para suavizar la escasez monetaria, el gobierno argentino pidió a la Baring Brothers en 1865 que tramitara un préstamo del mercado de capitales londinense. Después de largas negociaciones, los fondos finalmente llegaron al Tesoro en 1868 y 1869.

El tipo de cambio se estabilizó en 25 pesos papel por peso fuerte y, en la práctica, el país cumplió su objetivo de adoptar el patrón oro. Entre 1868 y 1874 las provincias y el gobierno nacional pudieron obtener nuevos préstamos de Londres. Entre 1871 y 1872, el Tesoro Nacional recibió un préstamo para obras públicas que debía financiar la construcción de un nuevo puerto en Buenos Aires, el puerto de Rosario y el creciente sistema ferroviario. Como los pagos para tales proyectos de infraestructura tomarían algún tiempo, el Tesoro Nacional depositó el préstamo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el banco los utilizó para conceder préstamos al sector privado. Entre 1868 y 1873, una significativa expansión del crédito interno contribuyó al clima de prosperidad que caracterizó la presidencia de Sarmiento.

La crisis de 1876

En 1872, Sarmiento obtuvo aprobación en el Congreso para crear el Banco Nacional. Un año después, el gobierno transfirió al Banco Nacional todos los depósitos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Como las reservas de oro disminuían en ambas entidades, el gobierno autorizó al Banco de la Provincia de Buenos Aires a reemplazar sus reservas en oro con billetes respaldados por oro a fin de sostener la expansión de la oferta monetaria interna, pero tuvo el efecto contrario: alertó al sector privado que la convertibilidad estaba en riesgo. No sorprende, pues, que el sector privado empezara a exigir oro en lugar de peso papel y las reservas en oro se redujeran aún más.

Cuando Avellaneda asumió, la situación era crítica y las dificultades que la Baring Brothers encontró en Londres para vender deuda argentina solo agravaron la situación. El Gráfico 4.1 muestra que la demanda de peso papel, representada por la base monetaria medida en pesos fuertes, aumentó rápidamente hasta 1871, pero comenzó a disminuir cuando el sector privado perdió la confianza en la convertibilidad, lo cual significó una retirada de oro de los bancos. La suba del rendimiento de los bonos domésticos, que habían estado disminuyendo hasta 1873, también refleja una pérdida de confianza. Para mayo de 1876, Avellaneda tuvo que suspender la convertibilidad del peso papel y, al mismo tiempo, adoptar políticas monetarias y fiscales muy restrictivas.

El ajuste fiscal vino, principalmente, del aumento de los aranceles aduaneros. Algunos historiadores económicos han descrito las discusiones alrededor de esta decisión como una confrontación entre comerciantes librecambistas y proteccionistas. Pero ninguna de las partes estaba en contra del libre comercio, que se opusiera a la plena integración de Argentina al sistema mundial de comercio, sino que reconocían la necesidad del aumento de los derechos de importación para ajustar las cuentas fiscales.

Gráfico 4.1. Primer experimento de convertibilidad.


Fuente: Della Paolera y Taylor (2001).

La disputa entre el ministro de Hacienda, Norberto de la Riestra, por un lado, y Vicente Fidel López y Carlos Pellegrini, por el otro, se centraba en la estructura de los derechos de aduana. De la Riestra proponía una reducción de los derechos de aduana para los bienes de consumo terminados y un aumento en los insumos intermedios y bienes de capital utilizados por la agricultura y la manufactura. Vicente López y Pellegrini propugnaban lo contrario para reducir los costos de producción y preservar la competitividad. En última instancia, prevaleció esta “protección”.

La economía real se contrajo de inmediato. El saldo comercial volvió a tener un importante superávit en solo unos pocos años, pero el costo fue una profunda recesión. El país pudo continuar pagando su deuda, pero recién en 1881 el país recuperó el acceso al financiamiento externo.

Capítulo 5
Los años del dominio político de Roca

Julio Argentino Roca dominó la escena política entre 1880 y 1906. No cabe duda de que Roca y Pellegrini fueron los arquitectos de la impresionante expansión de la frontera y el desarrollo de la infraestructura que emplearon productivamente a millones de inmigrantes. El enorme ingreso de capitales extranjeros financió este progreso desde la década de 1880, pero también fogoneó la crisis financiera que alcanzó su máximo en 1891. La capacidad política de Pellegrini permitió a la Argentina superar esta crisis, no sin dolor ni sufrimiento, durante la mayor parte de la década de 1890.

Entre 1899 y 1914, gracias a 15 años de convertibilidad monetaria con plena integración a la economía mundial, la economía creció como nunca antes y a un ritmo mucho más rápido que cualquier otro país del mundo.

La política entre 1880 y 1906

No hay duda de que Roca fue la figura política más poderosa de la Argentina, no solo durante su presidencia, sino también en el cuarto de siglo que siguió a su ascensión al poder. La Campaña del Desierto ya había aumentado la disponibilidad de tierras productivas, pero después de la campaña extendida hacia el sur y hacia el norte, casi todo el territorio argentino se volvió potencialmente productivo. En 1884, con la Ley de Territorios Nacionales, se crearon los Territorios Nacionales de Formosa, Misiones y Chaco en el norte, y de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en el sur.

El presidente Roca también creó la primera moneda nacional, el peso moneda nacional. Y otorgó al Banco Nacional derechos de monopolio en la emisión de la nueva moneda. Buscó capital extranjero para invertiren infraestructura: durante el primer mandato de Roca, la red ferroviaria se expandió de 2500 a 6200 kilómetros.

La presidencia de Roca también vio cambios institucionales, algunos de los cuales desafiaron el poder prevaleciente de la Iglesia católica y su participación en asuntos públicos. En primer lugar, la creación de un Registro Civil se encargó de registrar los nacimientos, los matrimonios y las muertes, antes realizado por la Iglesia. Además, el Congreso aprobó una importante Ley de Educación defendida por Sarmiento. Esta nueva ley estableció la enseñanza primaria obligatoria, laica y gratuita para todos los niños, que ocasionó la suspensión de relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

A pesar de la controversia y oposición, el impacto de la Ley de Educación no deja dudas: el número de escuelas primarias aumentó de 1200 a 18.000 y el número de estudiantes, de 87.000 a 181.000 en solo seis años. El número de maestros se incrementó de menos de 2000 a más de 5000.

En política exterior, el presidente Roca favoreció la relación de la Argentina con Gran Bretaña. Estando Chile en medio de la Guerra del Pacífico, Roca aprovechó la oportunidad para negociar un tratado de fronteras territoriales en 1881, lo que ayudó a consolidar la soberanía argentina en sus territorios patagónicos.

Antes de dejar el poder, Roca nombró a su cuñado Miguel Juárez Celman como candidato a presidente con Carlos Pellegrini como vicepresidente en 1886. Roca mantuvo su apoyo a Juárez Celman hasta 1890 cuando, debido a una grave crisis económica, la Unión Cívica de Leandro Alem provocó una revuelta. A pesar de que el gobierno pudo superarla, Juárez Celman tuvo que dimitir y ceder el poder a su vicepresidente, Carlos Pellegrini, quien cumplió el resto del mandato hasta 1892.

La crisis económica y financiera dominó a las administraciones tanto de Juárez Celman como de Carlos Pellegrini. Al final de su administración, el foco pasó a quién sucedería a Pellegrini. La recién creada Unión Cívica nombró inicialmente a Bartolomé Mitre y a Bernardo de Irigoyen como candidatos a presidente y vicepresidente en la elección de 1892. Roca propuso una fórmula presidencial de “unidad nacional” presidida por Mitre, pero sin Irigoyen como compañero. Al oponerse Leandro Alem a este acuerdo, creó la Unión Cívica Anti-acuerdista, pronto conocida como Unión Cívica Radical. La candidatura de Mitre perdió impulso, y Bernardo de Irigoyen se convirtió en el candidato presidencial de la Unión Cívica Radical.

Muy respetado como abogado y diplomático, Roque Sáenz Peña se perfilaba como el gran candidato presidencial del Partido Autonomista, pero, a fin de bloquear esta fuerte candidatura, Mitre volvió a celebrar una alianza con Roca, con la candidatura de Luis Sáenz Peña, padre de Roque. Al igual que su hijo, Luis era un abogado muy respetado, aunque, a diferencia de él, detestaba la política y el poder.

Pellegrini temía que los miembros de la Unión Cívica Radical estuvieran preparando un levantamiento y ordenó la detención de la mayoría de sus dirigentes. Por lo tanto, finalmente, Bernardo de Irigoyen no participó en las elecciones de 1892 y, sin contrincante, Luis Sáenz Peña ganó la presidencia para el período 1892- 1898 con José Evaristo Uriburu como vicepresidente.

Durante su mandato, Luis Sáenz Peña continuó la expansión de la red ferroviaria conectando las principales capitales provinciales. Buenos Aires, Rosario y Santa Fe completaron sus puertos. Buenos Aires crecía y se embellecía. Alineada con elegantes edificios, una amplia avenida, la Avenida de Mayo, conectó Plaza de Mayo con Plaza del Congreso.

Al sospechar Luis Sáenz Peña de la insurgencia encabezada por la Unión Cívica Radical, pidió a Aristóbulo Del Valle, cofundador del partido junto a Leandro Alem, que se uniera a su gobierno. La presencia de Del Valle en el gabinete no bastó para evitar la insurgencia, y en 1893 Hipólito Yrigoyen, sobrino de Leandro Alem, que desconfiaba de la capacidad organizati­va de su tío, lideró una revuelta que casi logra el éxito, aunque finalmente fue derrotado por el ejército encabezado por el general Roca. Así, la Unión Cívica Radical decidió abstenerse de las elecciones argumentando que habría fraude. Luis Sáenz Peña no tenía poder, y la mayoría de los miembros de su gabinete prestaba más atención a las órdenes de Roca y Pellegrini que a las suyas.

Luis Sáenz Peña finalmente dimitió en enero de 1895, de modo que el vicepresidente José Evaristo Uriburu completó su mandato, aceptando el patrocinio de Julio Argentino Roca, presidente del Senado. Uriburu apaciguó la situación política amnistiando a los líderes de las rebeliones de 1890 y 1893 y, gracias a una situación económica mejorada, completó su mandato sin demasiados conflictos.

En 1896, murió Aristóbulo Del Valle, Leandro Alem se suicidó e Hipólito Yrigoyen se convirtió en líder claro de la Unión Cívica Radical, iniciando lo que él llamó la “abstención revolucionaria”.

Roca juró por segunda vez como presidente en 1899, completando su mandato en 1904. Una vez elegido gobernador, Bernardo de Irigoyen llegó a un acuerdo informal con Roca para asegurar la gobernanza a costa de un distanciamiento permanente de Hipólito Yrigoyen.

En el frente económico, en noviembre de 1899, Roca promulgó la ley que implementó la caja de conversión y restauró el patrón oro. En 1901, retiró su apoyo al proyecto de unificación de deuda de Pellegrini después de que el Senado lo aprobara. La ley había generado una fuerte oposición cuando, en un debate en el Congreso, Pellegrini señaló que el 8% de los ingresos aduaneros respaldaría el reembolso de la deuda externa. Se produjeron disturbios y protestas. Distanciado de Roca desde entonces, Pellegrini apoyó las iniciativas de Roque Sáenz Peña en favor de una reforma política para erradicar el fraude y democratizar las elecciones.

En su segundo mandato, Roca modernizó y profesionalizó el ejército, creando la Escuela Superior de Guerra para entrenamiento militar e investigación sobre temas de defensa nacional e historia militar. Instituyó el servicio militar obligatorio y creó nuevos cuarteles militares fuera de la ciudad de Buenos Aires y, además, buscó reducir el riesgo de que los militares desafiaran a los gobiernos civiles. Al igual que sus predecesores, apoyó el desarrollo de la red telegráfica, que en 1904 extendió más de 50.000 kilómetros, promoviendo el uso de la red telegráfica por parte de los militares.

En política exterior, restableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede, suspendidas desde la aprobación de leyes seculares durante su primera presidencia en 1901. Además, llegó a un acuerdo con el presidente Errázuriz de Chile sobre una disputa fronteriza en la Puna de Atacama. En 1902, su representante en Chile firmó los “Pactos de Mayo” que comprometieron a los dos países a detener su carrera armamentista y a someter las actuales y futuras disputas fronterizas al arbitraje de Gran Bretaña.

En diciembre de 1902, su ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago, dirigió una campaña internacional contra el uso de la fuerza militar por parte de Gran Bretaña y el Imperio alemán contra Venezuela para obligar al pago de su deuda. El principio de que las deudas públicas nunca justifican un ataque militar, conocido como “la Doctrina Drago”, ha sido ampliamente aceptado en todo el mundo.

Las protestas sociales se multiplicaron durante los primeros años de la segunda presidencia de Roca, dando inicio al sindicalismo. La Federación Obrera Regional Argentina (FORA) fue creada en 1901 y la Unión General de Trabajadores (UGT) se formó en 1903. Los empleadores buscaban apoyo policial y los enfrentamientos se volvieron violentos. Roca favoreció la represión antes que el diálogo y las negociaciones, actitud criticada no solo por los radicales y los socialistas, sino también por Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña.

En 1903, Roca apoyó la candidatura de Manuel Quintana, pero tuvo que comprometer y aceptar a José Figueroa Alcorta, ex gobernador de Córdoba y aliado cercano de Pellegrini, como candidato a la vicepresidencia. Roca había sancionado una reforma política propuesta por Lucio V. Mansilla que promulgaba la elección de representantes por precintos en el Distrito Federal. Como consecuencia de esta reforma electoral, el líder del Partido Socialista, Alfredo Palacios, ganó las elecciones en La Boca, un barrio popular entre los inmigrantes recién llegados. Palacios se convirtió en el primer representante socialista elegido en América.

Manuel Quintana asumió el cargo en 1904, aceptando el patrocinio de Roca tal como lo había hecho José Evaristo Uriburu en 1897; por lo tanto, mantuvo la política económica y exterior de Roca. Tanto la economía como la red ferroviaria nacional continuaron en expansión. Quintana nacionalizó la Universidad de La Plata, reglamentó las profesiones, promulgó una ley de descanso dominical propuesta por Palacios, y aprobó la Ley Láinez que promovió la creación de escuelas primarias en las provincias.

En 1905, los radicales, liderados por Yrigoyen, que estaban bien organizados en la mayoría de las provincias, reaparecieron en la escena política al rebelarse contra el gobierno de Quintana. Aunque la revuelta no tuvo éxito, el estrés dejó su huella en la salud de Quintana. En agosto de 1905, atentaron contra su vida y en febrero de 1906 transfirió el poder a José Figueroa Alcorta. Murió unos meses más tarde.

Dinero y banca entre 1880 y 1906

El duro recorte de gastos durante la presidencia de Avellaneda abrió las puertas a Roca para crear un nuevo sistema monetario, que establecía el oro y la plata como monedas metálicas, con una paridad fija entre ellos. En la práctica, el oro desplazó a la plata, por lo cual el sistema se movió hacia el patrón oro. La Casa de la Moneda acuñaría pesos oro y el Banco Nacional pondría en circulación pesos papel (convertibles uno a uno con el oro). El presidente Roca, asesorado por Carlos Pellegrini, quiso revocar la autorización del Banco de la Provincia de Buenos Aires para emitir moneda, garantizando así el monopolio del Banco Nacional sobre la emisión monetaria. Sin embargo, frente a la oposición del gobernador Dardo Rocha, se comprometieron a que en la práctica ambos bancos conducirían la política monetaria.

Para reforzar la capacidad del Banco Nacional de crear crédito interno, tanto para el sector público como para el privado, Roca obtuvo la aprobación del Congreso de una ley que aumentaba el capital del banco en 8 millones de pesos oro. Para integrar este capital, el gobierno tomó prestada la cantidad necesaria de oro del extranjero y, consecuentemente, el Banco Nacional pudo rápidamente emitir más dinero, poniendo en circulación billetes de pequeña denominación y abriendo sucursales en el interior del país. El Banco Nacional se convirtió en el banco más fuerte del sistema financiero.

La plena convertibilidad de los pesos papel en pesos oro se estableció en 1883, pero solo duró 17 meses. A pesar de que el Banco de la Provincia de Buenos Aires era más juicioso en la emisión de moneda, juntos, los dos bancos ampliaron la oferta monetaria sin mantener estrictamente el correspondiente suministro de metales preciosos. El inconveniente del nuevo sistema monetario radicó en que las reservas bancarias en metales preciosos tenían dos funciones: apoyar la emisión de pesos papel de acuerdo con la convertibilidad, pero también respaldar los depósitos del público, tanto en oro como en en pesos papel. Así, los bancos, buscando aumentar su rentabilidad, conservaban solo una pequeña proporción de sus depósitos en forma de reservas. Por tanto, en momentos en que los ciudadanos decidían convertir pesos papel o depósitos en pesos oro, las reservas en oro se reducían con rapidez. Así sucedió a finales de 1884, cuando los bancos se resistieron a la convertibilidad, y el gobierno la suspendió en marzo de 1885. En diciembre de 1886 se decretó la inconvertibilidad del peso papel.

Luego, prevalecieron políticas fiscales y monetarias expansivas. El déficit fiscal aumentó de 7 millones de pesos oro en 1881 a 20 millones en 1885 ya 52 millones en 1891. Esta expansión y consecuente emisión monetaria provocaron un aumento en el nivel de precios que reflejaba la depreciación del peso papel. En 1891 el tipo de cambio alcanzó 4 pesos papel por peso oro. La inflación alcanzó su máximo en 1891.

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Litres'teki yayın tarihi:
27 mart 2025
Hacim:
496 s. 111 illüstrasyon
ISBN:
9789500210942
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