Kitabı oku: «De la dictadura a la democracia limitada del Frente Nacional»
Sastoque Ramírez, Edna Carolina
De la dictadura a la democracia limitada del Frente Nacional : un caso exitoso de negociación / Edna Carolina Sastoque Ramírez, Mauricio Pérez Salazar. - Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2020.
147 páginas ; 21 cm.
Incluye referencias bibliográficas (páginas 137-147)
ISBN: 9789587903232
1. Violencia – Colombia -- Siglo XX 2. Frente Nacional – Colombia -- Siglo XX 3. Negociaciones de paz – Colombia -- Siglo XX 4. Violencia política – Colombia -- Siglo XX 5. Colombia – Historia -- Frente Nacional, 1958-1974 I. Pérez Salazar, Mauricio II. Universidad Externado de Colombia III. Título
303.66SCDD 21
Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP.
Marzo de 2020
ISBN 978-958-790-323-2
©2020, EDNA CAROLINA SASTOQUE RAMÍREZ
©2020, MAURICIO PÉREZ SALAZAR
©2020, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá
Teléfono (57-1) 342 0288
publicaciones@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Primera edición: marzo de 2020
Imagen de cubierta: Alberto Lleras y Laureano Gómez, revista Cromos, 1957
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Corrección de estilo: Javier Correa Correa
Composición: María Libia Rubiano
Impresión y encuadernación: DGP Editores S.A.S.
Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares
Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN
I. CONFLICTO, NEGOCIACIÓN Y RETÓRICA: UN MARCO CONCEPTUAL
La teoría de la lucha y el conflicto de Simmel
Reflexiones teóricas de negociadores prácticos sobre procesos de paz
La retórica y la política
II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA NEGOCIACIÓN
La República Liberal y el inicio de la violencia política
Las elecciones de 1946 y el gobierno conservador de Ospina Pérez
Dos dictaduras: la civil de Gómez y la militar de Rojas Pinilla hasta 1957
III. EL PACTO DE BENIDORM
La propuesta originaria
El ethos implícito de los negociadores: Laureano Gómez y Alberto Lleras
IV. LA CAÍDA DE ROJAS PINILLA Y LA MOVILIZACIÓN NACIONAL
El último año de Rojas en el poder
El pacto de marzo y la candidatura conservadora de Guillermo León Valencia
La movilización nacional, la contrarretórica de Rojas y el fin de la dictadura
V. HACIA EL PLEBISCITO DE 1957: LA COMISIÓN PARITARIA Y SITGES
El inicio de la Junta Militar
El Pacto de Sitges: la paz positiva hecha articulado
Las deliberaciones de la Comisión Paritaria y la convocatoria del plebiscito
El Pacto de San Carlos y la votación del 1 de diciembre
VI. LAS ELECCIONES DE 1958 Y LA ALTERNACIÓN PRESIDENCIAL
Los primeros comicios populares después de la dictadura
El epílogo: la enmienda constitucional sobre la alternación presidencial
La legislatura de 1958: la primera vuelta
López Michelsen: la crítica de la alternación presidencial
La segunda vuelta de la alternación: la legislatura de 1959
VII. APRECIACIONES CONTEMPORÁNEAS Y POSTERIORES SOBRE LA NEGOCIACIÓN Y SUS RESULTADOS
VIII. CONCLUSIONES
Los resultados de la negociación
Conflicto, negociación y rigidez constitucional
La retórica de la paz
REFERENCIAS
NOTAS AL PIE
AGRADECIMIENTOS
Los autores expresan su agradecimiento a Julián Arévalo, que sugirió el tema de esta investigación dentro del marco del proyecto de negociación de la Facultad de Economía del Externado. De igual manera, reconocen los aportes de información, la retroalimentación y los comentarios de muchos colegas, dentro de quienes se cuentan Gonzalo Cataño, Javier Torres Velasco, Lucía Montoya, Alberto Castrillón, Rafael Antonio Díaz, Juan Manuel Ospina, Alberto Supelano, Jorge Iván González, Camilo Echandía, Rafael Barrera y los pares anónimos que evaluaron el manuscrito. En forma especial, nuestras gracias por el invaluable apoyo editorial de Giselle Turga, a lo largo de la elaboración del libro.
INTRODUCCIÓN
Las transformaciones de la República Liberal, la victoria conservadora en las elecciones de 1946 y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, sumieron a Colombia en un conflicto conocido como la Violencia. Esta se agudizó luego, cuando llegó a la presidencia el intransigente Laureano Gómez, en 1950.
Tres años después, en lo que algunos caracterizaron como un golpe de opinión, el general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder. Si bien inicialmente tuvo amplio apoyo político, Rojas gravitó a posiciones que lo asemejaban a dictadores militares de otros países de la región, quienes trataban al Estado como patrimonio familiar y buscaban perpetuarse indefinidamente en el poder.
El objeto de estudio de esta obra es una negociación exitosa entre los partidos históricos, el Liberal y el Conservador, que permitió a Colombia volver a los cauces constitucionales –pero con limitaciones al ejercicio de la democracia. Este acuerdo es el del Frente Nacional, que rigió entre 1958 y 1974.
Los principales artífices de la negociación fueron Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez. Ambos expresidentes de la República, periodistas influyentes, grandes oradores e intelectuales prestigiosos. Eran enconados adversarios ideológicos y líderes de los bandos cuyo conflicto violento había precipitado el golpe de Rojas en 1953. Los separaba también su talante. El conservador Gómez desde principios de su carrera política se había destacado por su beligerancia verbal, haciéndose al apodo del “hombre tempestad”. El liberal Lleras era ecuánime, de discurso razonado y había entregado de manera pacífica la presidencia al conservador elegido en los comicios de 1946, Mariano Ospina Pérez.
El problema a resolver en la negociación era el deterioro progresivo del clima político durante las décadas anteriores y la creciente disfuncionalidad de las instituciones que regulaban la competencia política entre los partidos tradicionales. A nivel jurídico, el recurso frecuente al estado de sitio había desdibujado las garantías constitucionales. La falta de gobernabilidad dentro de un marco de contienda democrática fue aducida por Rojas (y aceptada en su momento por el grueso de la opinión pública) como justificación del golpe de 1953.
El objetivo de esa negociación puede resumirse con la frase de Jesús Antonio Bejarano (aunque referida a otro contexto): “la desmilitarización de la sociedad y... la reconstrucción de las instituciones democráticas... y derechos que han sido cancelados por cuenta de la dictadura”1.
La negociación fue compleja. No solo porque hubo varias etapas entre 1956 y 1959, sino porque el acuerdo, para ser exitoso, debía asegurar al apoyo de diversos estamentos de la sociedad colombiana. En primer lugar, los partidos tradicionales y sus militantes. Lleras Camargo y Gómez eran jefes políticos, pero el respaldo de sus copartidarios no era incondicional. De entrada, hubo una asimetría que marcó el proceso. Había unión liberal (aunque algunos líderes, los llamados “lentejos”, respaldaban a Rojas) pero el conservatismo estaba dividido en tres facciones: los laureanistas (entonces mayoritarios en el partido), los ospinistas (que habían apoyado el golpe de Rojas) y los alzatistas.
En segundo lugar, era necesario convocar a la sociedad civil. La movilización de la opinión involucraba a la prensa, los sindicatos y empresarios, las universidades (estudiantes y directivas) y la Iglesia. La mitad de la población –las mujeres– no había gozado de derechos políticos y la Asamblea Nacional Constituyente de Rojas les había conferido el sufragio –sin que la dictadura hubiera celebrado elecciones. Un acuerdo viable tenía que lograr un consenso amplio de la sociedad colombiana.
Finalmente, estaban las Fuerzas Armadas que en la tradición colombiana eran formalmente apolíticas2. Rojas había sido ambiguo, oscilando entre el personalismo de su dictadura y la afirmación de que era vocero e intérprete de la institución militar que gobernaba el país. La remoción de Rojas requería el asentimiento de esta, mientras se reafirmase el principio de su naturaleza no deliberativa.
En la construcción de la coalición que sería el Frente Nacional, un factor de unidad fue la oposición a Rojas y su dictadura. La esencia de la retórica pública de la negociación fue presentarlos como obstáculo para la paz, en vez de su garante indispensable.
Las negociaciones políticas tienen momentos públicos y etapas privadas. Esta investigación se concentrará en los primeros, por la disponibilidad de fuentes primarias que no han sido analizadas de manera exhaustiva y porque un elemento clave del éxito fue la capacidad de Lleras y Gómez de persuadir, con retórica pública, a los militares, los estamentos sociales y la gran mayoría de los colombianos de que el acuerdo que proponían era la mejor solución de los problemas nacionales del momento.
Buena parte de la historiografía del Frente Nacional subraya su carácter excluyente. Al establecer la paridad política entre liberales y conservadores, sin contemplar la participación de otras fuerzas políticas, habría sentado las bases de lo que sería el conflicto interno de las décadas finales del siglo pasado. De hecho, y esto es consistente con la narrativa del presente artículo, fue un acuerdo que “despejaba el camino de las relaciones interoligárquicas” (Sánchez, 1989, p. 168). Pero a la luz de las fuentes contemporáneas, la nota dominante del acuerdo entre Lleras Camargo y Gómez fue la inclusión –construir un consenso nacional, que fue ratificado de manera abrumadora en el plebiscito de 1957–. Un balance historiográfico del desarrollo y las consecuencias del Frente Nacional sobrepasa los objetivos de este libro. Sobre ese tema, la literatura es inmensa. Su propósito es examinar el cómo de una negociación exitosa. El qué se verá a la luz de las condiciones concretas del momento de la negociación y los objetivos buscados por los protagonistas.
Este libro tiene ocho capítulos, además de esta introducción. Se presenta un marco conceptual, cuyos elementos son la teoría del conflicto, elementos de la técnica negociadora y el papel de la retórica, en especial en el ámbito del debate público; los antecedentes históricos del Frente Nacional; el Pacto de Benidorm en 1956; luego de la caída de Rojas, el Pacto de Sitges y el plebiscito de 1957, incluyendo las deliberaciones de la Comisión Paritaria; el trámite del Acto Legislativo 1 de 1959, que se considera un epílogo de la negociación del Frente Nacional; las apreciaciones contemporáneas y posteriores sobre esa negociación, y las conclusiones.
I. CONFLICTO, NEGOCIACIÓN Y RETÓRICA: UN MARCO CONCEPTUAL
LA TEORÍA DE LA LUCHA Y EL CONFLICTO DE SIMMEL
El conflicto y la lucha son consubstanciales a la vida en sociedad. En su obra seminal sobre el tema, Georg Simmel planteó una tesis paradójica: el conflicto y la lucha son mecanismos de socialización que implican una acción recíproca y pueden conducir a una síntesis de opuestos3. En todas las relaciones sociales coexisten fuerzas centrífugas y centrípetas –contra y hacia la unidad. El antagonismo y la oposición propios de la lucha generan identidades de grupos en pugna y eventualmente identidad del grupo en su conjunto4.
Salvo casos extremos, como el del salteador y su víctima inerme cuando el primero intima al otro, “la bolsa o la vida”, el conflicto y la lucha son fenómenos complejos. Entre otras razones, porque el conflicto está sometido a reglas implícitas o explícitas. Un ejemplo es la guerra. Existen normas que regulan lo que las partes pueden y no pueden hacer –lo que se denominó Derecho de gentes, luego Derecho de guerra y actualmente Derecho Internacional Humanitario–. Aun prescindiendo de consideraciones iusnaturalistas, hay razones prácticas para que los beligerantes acepten esas reglas que se explican con postulados de conducta racional.
Aunque podría atribuirse la lucha al instinto básico de la hostilidad (entendido como el contrario de la simpatía) esta con facilidad se contamina de consideraciones de interés. A ambas partes les conviene que el uso de la violencia sea proporcional a los fines buscados –de lo contrario, quien eventualmente sea derrotado sufre el riesgo de daños que en nada benefician al vencedor. Para usar de nuevo un ejemplo bélico, el soldado que asesina fuera de combate al enemigo prisionero se expone a un trato parecido de llegar a ser capturado. Después del conflicto (los contextos que menciona Simmel son diversos: la guerra, pero también la política, la competencia comercial e incluso el matrimonio) pueden ser inevitables la coexistencia y alguna forma de convivencia. De hecho, ese era el problema central para los partidos tradicionales en la negociación del Frente Nacional: eliminada la dictadura de Rojas, ¿qué vendrá luego?
Simmel sugiere que hay dos orígenes de las reglas y limitaciones de conducta hostil en medio de la lucha. Las clasifica como interindividuales y supraindividuales. Sus ejemplos provienen del ámbito de la competencia comercial. Son de la categoría interindividual los acuerdos de cartelización; y supraindividuales, las normas públicas que prohíben la competencia desleal. Ambos resultan pertinentes para entender la negociación del Frente Nacional: la decisión de conservadores y liberales de compartir los cargos políticos y judiciales de manera paritaria y exclusiva, y su consagración en normas constitucionales.
Pero también hay factores que agudizan el conflicto. Dos de ellos son las motivaciones “idealistas” o ideológicas (que implican prescindir o menospreciar los criterios pragmáticos de los intereses racionales) y el hecho de provenir las partes de lo que antes se percibía como una unidad (que hace que el proceder del adversario sea percibido como una traición). Quizá por ello sean particularmente cruentos los conflictos civiles entre compatriotas. En palabras de Simmel (1939), “personas que tienen muchas cosas en común se hacen más daño y mayores injusticias que los extraños... Para que el antagonismo se agudice hasta el máximum, es preciso que actúe la tensión entre la hostilidad y la pertenencia a un mismo grupo” (pp. 291-295). Si entendemos “el mismo grupo” como la nacionalidad colombiana, ello ayuda a explicar las acerbas divisiones en la época de la Violencia del medio siglo. También resulta aplicable la reflexión de Simmel a las ásperas disputas entre las facciones conservadoras durante y después de la dictadura de Rojas.
En medio de la lucha, y cuando el número de partes en conflicto es más de dos, se da otro fenómeno –las alianzas ad hoc, cuyo principio rector es “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Según Simmel (1939), “ni las más enconadas enemistades impiden la unión, siempre que esta vaya contra un enemigo común. Esto acontece especialmente cuando las dos partes coaligadas, o una de ellas al menos, persigue finalidades muy concretas e inmediatas, para cuya consecución no necesita más que eliminar un determinado adversario” (p. 339).
¿Cómo termina el conflicto? Concluye con una negociación –es decir, la búsqueda y concertación de un acuerdo entre las partes– a menos que una de ellas logre la destrucción total de su adversario (o sea, la paz de los sepulcros). La negociación admite varios escenarios. Una o ambas partes pueden haber agotado los recursos necesarios para la lucha. Así mismo, puede darse la pérdida de relevancia del objetivo buscado. Esta situación, para Simmel (1939), equivale a “la desviación del interés de la lucha hacia un objetivo superior. Esto último engendra diversidad de hipocresías morales y de propios engaños; se dice o cree haber enterrado el arma guerrera por el interés ideal de la paz, cuando en realidad lo único ocurrido es que el objeto de la pugna ha perdido su interés y se desea conservar las energías para aplicarlas en otra dirección” (p. 346). Aun cuando hay “victoria”, se requiere el reconocimiento y aquiescencia de esta situación por parte del perdedor. El derrotado mantiene un poder de veto sobre la paz que no sea consecuencia de su completa erradicación.
Simmel (1939) plantea dos condiciones distintas de un acuerdo negociado. Una, la denomina avenimiento –es decir, la división del objeto buscado por acuerdo, o regateo entre las partes. Es propia de las relaciones comerciales, donde el beneficio es fácilmente reducible a unidades monetarias. El avenimiento es viable aun en el caso de objetos indivisibles: “cuando estos son susceptibles de representación; entonces, aunque el premio propiamente dicho es atribuido a uno solo, este indemniza al otro por su condescendencia, con algún valor” (p. 349). Cosa distinta es la reconciliación, un “sentimiento primario que, prescindiendo de toda razón objetiva, quiere terminar la contienda... [G]racias a la reconciliación surge un fondo en el cual destacan más conscientes y con mayor claridad todos los valores de la unión y todos los valores que contribuyen a mantenerla... [L]a intensidad del deseo de mantener a salvo de toda sombra la relación renovada no procede tanto del dolor experimentado durante la ruptura, sino de la convicción de que la segunda ruptura no podría curarse como la primera” (pp. 350-353).
Incluso después de finalizada la lucha por medio de una negociación exitosa, y aun si hay reconciliación, no implica eso un fin del conflicto, bien sea político, económico o social. Por muy logrado y equitativo que sea el acuerdo persistirán diferencias entre las partes que obedecen a distintas concepciones ideológicas y percepciones sobre lo que es un reparto “justo” de costos y beneficios, sociales y privados. Si el conflicto es connatural a la vida en sociedad, la diferencia entre lucha y paz no es solo de fines: es de medios. Hacer la paz es construir procedimientos políticos para la resolución de conflictos.
REFLEXIONES TEÓRICAS DE NEGOCIADORES PRÁCTICOS SOBRE PROCESOS DE PAZ
En julio de 1999, poco antes de su asesinato, Jesús Antonio Bejarano pronunció una de sus últimas conferencias sobre el proceso de paz en Colombia. En ella hizo una valoración no solo de las negociaciones del Caguán entonces en curso, sino sobre el marco teórico que se estaba construyendo sobre la negociación. Era fruto de su experiencia personal como negociador de los procesos de paz de finales de los ochenta y principio de los noventa en Colombia, de sus observaciones como embajador de Colombia de los procesos de El Salvador y Guatemala, y de sus amplias lecturas sobre el tema. Su intervención transcrita y publicada de manera póstuma no tiene el aparato bibliográfico de un escrito académico, pero no por ello deja de hacer aportes teóricos útiles para entender las negociaciones de paz como la del Frente Nacional (Bejarano, 2000)5.
Entre ellos:
– La distinción entre lo que denominó “paz positiva” y “paz negativa”. La segunda supone un estado de cosas donde existe “un clima, de instituciones, de un clima político, de un clima de valores, que permite que una sociedad viva más o menos armónicamente, que viva más o menos en paz” (2000, p. 66), lo que sería la situación normal de una sociedad donde los conflictos políticos se resuelven dentro de cauces institucionales generalmente aceptados. Buena parte de la reflexión académica de las décadas anteriores (en especial la llamada “violentología”) había subrayado la necesidad de crear una cultura de paz. Para Bejarano, este enfoque fácilmente se degradaba en una explicación genérica y estéril: el conflicto se debía a una propensión cultural a la violencia de los colombianos. Solía preguntar con ironía si el fin del conflicto armado en Colombia se podría lograr a punta de pintar palomas. Cuando no existen o se han perdido, las condiciones para “paz negativa” se requiere la “paz positiva”, “en el sentido de una construcción deliberada intencional” (2000, p. 67), como lo es una negociación política. En la coyuntura de la Violencia interpartidista del medio siglo, la “paz positiva” era una precondición de la “paz negativa” y de la reconciliación.
– La diferencia entre los enfoques cuya base es el regateo y aquellos que buscan llegar a acuerdos que trascienden las posiciones iniciales de las partes. El regateo es afín a la forma más sencilla del avenimiento de Simmel: hay un premio de cantidad definida y la solución, una regla cuantitativa acerca de cómo se reparte entre las partes que negocian. Su expresión típica: “¿cuánto pide usted para dejar de molestar?”6. Eso, señalaba Bejarano (2000), no es aplicable a muchos procesos de negociación de paz que requieren más bien redefinir el problema que ha causado el diferendo. Lo que implica llegar a un acuerdo que concilie “visiones del mundo distintas” (p. 70), la noción de que ese acuerdo haga posible la aspiración de “que queremos un nuevo país” (p. 69). Este es un problema cualitativo cuya solución depende de la creatividad de quienes negocian. E involucra por supuesto una dimensión política. En el caso de los pactos de Benidorm y Sitges, esa redefinición fue restablecer el compromiso de los partidos históricos con la democracia constitucional pero, paradójicamente, con una limitación transitoria del principio de la regla mayoritaria como esencia de la democracia7.
– El carácter político de las negociaciones implica llegar a acuerdos sobre los fines (“el país que queremos”) y sobre los medios para lograrlos, pero hay medios que no son negociables cuando uno de esos fines es la paz, como es la violencia. La esencia de la paz es la renuncia a los medios violentos para resolver conflictos, una vez se han creado formas alternas de lograrlo (2000, p. 74). En la negociación del Frente Nacional, otro medio que se condena es la censura y la restricción a la libertad de prensa (que habían sido practicadas por liberales y conservadores y exacerbadas durante la dictadura de Rojas).
– Bejarano (2000) propuso otra distinción, la que existe entre la “negociación horizontal [que se da entre los adversarios]... y otra que llamamos la negociación vertical, es decir lo que cada uno tiene atrás para negociar, o sea la del consenso sobre la posición negociadora. Yo me siento a una negociación sobre la base de un consenso mínimo que mis mandantes me han dicho, señor negocie hasta aquí o negocie por aquí o lo que quiero de esta negociación es esto o lo otro” (p. 92)8. Ello no implica que las posiciones sean inamovibles. Es usual que evolucionen en la medida en que avanzan las negociaciones; pero el negociador debe estar en condiciones de persuadir a sus mandantes de que esa evolución les conviene. De no ser así, el negociador corre el riesgo de perder la confianza de estos y desacreditar los resultados de la negociación. En el caso del Frente Nacional, Lleras Camargo no tuvo mayores problemas de negociación vertical, al gozar del apoyo irrestricto de su partido y de los expresidentes liberales Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos. Por el lado conservador, la situación fue distinta: Gómez tenía rivalidades con el otro expresidente conservador (Ospina Pérez) y con copartidarios que aspiraban a la presidencia (Guillermo León Valencia, Gilberto Alzate Avendaño y Jorge Leyva). En la etapa final de la negociación, que se analizará en detalle más adelante, hubo incluso una inversión de las posiciones iniciales de conservadores y liberales. La primera propuesta de estos había incluido el apoyo liberal a un candidato presidencial conservador para el periodo 1958-1962. No fue posible un acuerdo entre conservadores sobre el suyo, y Gómez terminó ofreciéndole a Lleras Camargo la candidatura bipartidista –a cambio de la alternación en el cargo pactada para los cuatro periodos entre 1958 y 1974 (que no se había contemplado en un principio). Pero ambas partes desempeñaron un papel muy activo en la negociación vertical con la opinión pública y los diversos estamentos de la sociedad colombiana que tuvo lugar antes y después de la caída de Rojas.
El objeto de la negociación del Frente Nacional era derrocar la dictadura y reconstruir instituciones democráticas funcionales. La negociación entre liberales y conservadores fue simétrica: a diferencia de lo ocurrido antes de 1953, unos y otros estaban marginados del poder por el régimen de Rojas (incluso, en la primera etapa tenían acceso limitada al canal dominante de comunicación con la opinión pública, la prensa, debido a la censura oficial). El éxito de la negociación dependía de convencer a la mayoría de los colombianos de que el acuerdo bipartidista propuesto era a la vez deseable y viable. Como en toda negociación, tuvo momentos privados; las etapas públicas fueron los más importantes, por cuanto los acuerdos se publicaban en documentos que plasmaban las coincidencias entre las partes y sus respectivos compromisos9.
En esto, los negociadores enfrentaron retos propios de lo que Harold Nicolson (1942, cap. IV) denominó la diplomacia democrática: superar la desinformación de los ciudadanos; las demoras propias de un proceso de negociación que se vuelve cada vez más participativo; el riesgo de la imprecisión de lo acordado (inevitable cuando se inicia con un lenguaje general y abstracto y se procede a propuestas cada vez más concretas), y la necesidad de una ratificación formal y vinculante de los distintos grupos de interés involucrados (en el Frente Nacional, la consulta popular del plebiscito fue la fórmula elegida).
Hay elementos, tanto éticos como de aptitud profesional, que hacen posible una negociación exitosa (Nicolson, cap. V). Entre ellos están: la confianza entre –y la probidad de– los negociadores (no siempre fácil de lograr cuando su relación anterior ha sido de hostilidad y de descalificación mutua); la veracidad y la transparencia; la serenidad y la ecuanimidad, y la adaptabilidad (que impone a cada negociador entender la perspectiva del otro). La adaptabilidad va de la mano de otras cualidades –la creatividad y la imaginación para la construcción de soluciones en la medida en que las circunstancias de la negociación cambian.
LA RETÓRICA Y LA POLÍTICA
La palabra “retórica” es polisémica. Las definiciones del DRAE registran esa ambigüedad. La primera acepción es positiva: “arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover”; la segunda, despectiva: “uso impropio o intempestivo de esta arte”. Las percepciones encontradas sobre la retórica se remontan al rechazo de algunos atenienses clásicos (Sócrates, Platón y Aristófanes) a los abusos percibidos de un grupo de profesores de retórica, los sofistas10.
En la siguiente generación, la Retórica de Aristóteles consagró una perspectiva más equilibrada, que permitió que esta se convirtiera en una disciplina esencial de la educación en artes liberales hasta bien avanzado el siglo antepasado11. Aristóteles define la retórica como la técnica de persuadir. Tiene relación con la argumentación filosófica rigurosa –“acontece a la retórica ser como un esqueje de la dialéctica” (1994, p. 178)– pero es distinta de ella. ¿Por qué es necesario acudir a medios de persuasión que no son estrictamente lógicos? Ofrece dos razones, ambas ligadas a la relación entre la retórica y la deliberación pública. En primer lugar, “en lo que toca algunas gentes, ni aun si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos, pues el discurso científico es propio de la docencia” (1994, p. 170), dado que “se supone que el que el que juzga es un hombre sencillo” (1994, p. 182). La otra razón consiste en que la retórica se utiliza en un contexto adversarial, el del debate público. “Si es vergonzoso que uno mismo no pueda ayudarse con su propio cuerpo [en la lucha física], sería absurdo el que no lo fuera también en lo que se refiere a la palabra” (1994, p. 171).
La técnica retórica tiene tres elementos: el ethos, o sea el talante del orador; el pathos, que usa la emoción para predisponer la audiencia, y el logos, la argumentación propiamente dicha. El ethos se refiere a las condiciones personales de quien habla (por ejemplo, su virtud o los servicios prestados a la patria) y su identificación con quienes lo escuchan. En palabras de Leith (2012), el discurso que utiliza el ethos está “basado en los supuestos comunes de su audiencia o, en casos especiales, el hecho de que esa audiencia tienda a ser deferente con la autoridad [del orador]” (p. 49). El pathos es “cuando [los oyentes] son movidos a una pasión por medio del discurso. Pues no hacemos los mismos juicios cuando estamos tristes que estando alegres, o bien cuando amamos que cuando odiamos” (Aristóteles, 1994, p. 177).
El logos, la argumentación, será el eje principal del análisis del presente libro. El logos de la retórica incluye herramientas ajenas a la lógica del discurso filosófico puro, entre ellas el ejemplo (o sea la inducción, que según el ejemplo puede ser una generalización indebida) y la analogía. También se usa la deducción propia del silogismo dialéctico, con variantes. La dialéctica busca la verdad y su resultado debe ser verdadero para ser válido. En la retórica, se acude a lo plausible para llegar a una conclusión verosímil.
El silogismo aparente, o recortado, de la retórica es el entimema. En el silogismo de la dialéctica, la premisa mayor debe ser cierta para que la conclusión lo sea; la premisa mayor del entimema es apenas probable, “lo que sucede la mayoría de las veces pero no absolutamente” (Aristóteles, 1994, p. 186)12. Con frecuencia, la premisa mayor del entimema es implícita; no es necesario enunciarla porque hace parte de los prejuicios, convicciones o creencias de la audiencia. Tales entimemas parciales son particularmente eficaces cuando refuerzan la identificación del orador con su audiencia.
La retórica tiene tres géneros: el judicial, el epidéctico (los discursos de elogio o reprobación) y el deliberativo, que se ocupa de las decisiones políticas. La retórica deliberativa concierne a los asuntos “que se relacionan propiamente con nosotros y cuyo principio de producción está en nuestras manos” (Aristóteles, 1994, p. 199); es decir, la manera de persuadir a la colectividad de que ciertas acciones son convenientes. En este caso, son fundamentales conocimientos empíricos y concretos sobre los problemas enfrentados y sus posibles soluciones.
Para regresar a la crítica de Platón, y de muchos más a la retórica: ¿pueden usarse sus técnicas de persuasión para contar mentiras, engañar y conducir a quienes las creen por caminos equivocados? Por supuesto que sí. Aristóteles era consciente de ese riesgo. El problema no es técnico, sino de ética política y tiene mucho que ver con la motivación y la virtud del orador. La retórica es un medio con el cual “puede llegar uno a ser de un gran provecho, si es que lo usa con justicia, y causar mucho daño, si lo usa con injusticia” (Aristóteles, 1994, p.171).
En la negociación del Frente Nacional, el medio fundamental fue la retórica, la palabra hablada y escrita. Liberales y conservadores estaban literalmente desarmados frente a un adversario, Rojas, que tenía todo el respaldo de la fuerza pública y la capacidad represiva del Estado. En años anteriores, ambos partidos habían combinado esa capacidad con retórica, a veces incendiaria, que agudizó la polarización política del país. La caída de la dictadura puede entenderse a partir de un cambio radical de la retórica que estos habían esgrimido antes del golpe militar13, que logró persuadir a los colombianos y las Fuerzas Armadas de que una transición pacífica a la democracia era a la vez posible y conveniente. En eso jugaron un papel importante el ethos de los protagonistas (Lleras y Gómez) y el uso de un pathos que hacía ver a la dictadura de Rojas como una aberración vergonzosa en la tradición republicana de Colombia. Las consecuencias de las condiciones acordadas y en particular de las limitaciones al principio democrático pactadas en el Frente Nacional se discutirán en las conclusiones.
II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA NEGOCIACIÓN
LA REPÚBLICA LIBERAL Y EL INICIO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
La elección presidencial de 1930 marcó el fin de la llamada hegemonía conservadora. La división interna del Partido Conservador había engendrado dos candidaturas encontradas (las del poeta Guillermo Valencia y del general Alfredo Vásquez Cobo) y la actitud vacilante de la jerarquía eclesiástica, que antes había dado el exequátur al candidato oficial del partido, abrieron espacio para la postulación liberal de Enrique Olaya Herrera. Olaya no era sectario; había militado en el Republicanismo bipartidista que sucedió a la dictadura del general Reyes14; había desempeñado altos cargos públicos durante la hegemonía, y cuando se lanzó a la presidencia era embajador en Washington del gobierno conservador de Abadía Méndez. Formó un gabinete de Concentración Nacional con ministros de ambos partidos; la cartera de gobierno le correspondió a Carlos E. Restrepo, expresidente republicano y para entonces líder conservador.
A pesar de la moderación de Olaya y de la entrega pacífica del poder presidencial, no faltaron resistencias conservadoras.
Según Juan Lozano y Lozano,
Los conservadores se negaban a entregar el gobierno en varios sectores de la república y particularmente en los Santanderes y Boyacá. Era aquel un régimen social de asonada permanente contra las autoridades locales, que cobraba fuerza y amenazaba con extenderse a otros departamentos del país. Era propiamente una guerra civil. El doctor Abadía Méndez entregaba el mando; pero los feroces conservadores de los municipios fanáticos no entregaban el mando al doctor Abadía para que lo entregara. El gobierno de Olaya Herrera tuvo también que liquidar aquella situación política... Olaya Herrera envió el Ejército para contrarrestar el bandidaje [en aquellas regiones]; y de paso, en dos años de lucha, implantó el régimen de la legalidad en los municipios rebeldes y aguerridos15.
Daniel Pécaut (2010) ofrece una narrativa similar, con otra perspectiva historiográfica:
Fortalecidos por el aumento de su control sobre los mecanismos electorales hasta ese momento en manos de los conservadores, los liberales se apoderan poco a poco de las posiciones que aquellos ocupaban. Cuando se producen las elecciones locales de 1933, ya son mayoritarios en el país. Desde 1931, la violencia política asola departamentos como Boyacá o los Santanderes del norte y del sur, cuyas estructuras electorales garantizaban a los conservadores una ventaja electoral considerable, y se incrementan los fraudes en las elecciones, los enfrentamientos sangrientos, los desplazamientos forzados de los habitantes y la homogeneización partidista de muchas localidades (p. 56, destacado fuera del original).
El texto resaltado alude a una costumbre inveterada y poco documentada de la democracia colombiana desde el inicio de la República: el fraude electoral. Para los conservadores era inaceptable que los liberales adoptaran las prácticas usuales de la hegemonía en su contra16.
Laureano Gómez fue nombrado embajador en Berlín cuando Olaya llegó a la presidencia. Regresó al país en 1932 y pronto asumió la jefatura del Partido Conservador, con una política de oposición implacable a los gobiernos liberales:
Condenó a Olaya Herrera por la violencia que se estaba ejerciendo [en] contra de los Conservadores después del regreso de los Liberales al poder... atacó a su viejo amigo Alfonso López Pumarejo [y ...] fue el líder de su partido en una oposición intransigente que incluyó la abstención electoral durante la mayor parte de la administración López. La razón que adujo ostensiblemente para decretar la abstención fue la incapacidad del Presidente para detener la violencia contra los conservadores en el campo y su renuencia a embarcarse en los procedimientos de reforma electoral que solicitaba la oposición. En la administración que siguió, la de Eduardo Santos... seguía protestando contra las persecuciones ejercidas por los liberales contra sus copartidarios. La campaña anti-Liberal de Gómez se hizo más estridente y más personal cuando Alfonso López volvió a la Presidencia en 1942 (Henderson, 1985, p. 53).
Bajo la férrea conducción de Gómez, y con base en alegaciones de fraude electoral y falta de garantías, el conservatismo se abstuvo de participar en los comicios presidenciales de 1934 y 1938. En las de 1942, apoyó la candidatura liberal disidente de Arango Vélez, quien fue derrotado por López. Por las mismas razones, no participó en numerosas elecciones parlamentarias y regionales durante la República Liberal17. El mensaje de la abstención era claro: si gobiernan los liberales la democracia es mentirosa e ilegítima.
A veces, la retórica de la oposición fue más agresiva y cercana a las vías de hecho. A principios de 1939, en su periódico El Siglo, “Gómez habla por primera vez de ‘acción intrépida’, guerra civil y ‘atentado personal’ como opciones del conservatismo” (Villar Borda, 1997, p. 394). Los gobiernos liberales no siempre respondieron de manera pasiva. En julio de 1944, luego del conato de golpe militar contra López conocido como “la amarrada de Pasto”, “El Siglo es clausurado por publicar un editorial incitando al golpe. Laureano Gómez se asila en la embajada del Brasil” (Villar Borda, 1997, p. 407)18.
¿Hasta qué punto fue violento el ejercicio del poder por los gobiernos de la República Liberal? No es un argumento concluyente, pero la historiografía en apoyo de la retórica de Gómez y sus copartidarios es parca. Se citan a continuación dos relatos de autores de orientación ideológica opuesta. El historiador Medófilo Medina, de izquierda, menciona 4 incidentes violentos ligados a elecciones entre 1933 y 1942, con un total de 33 muertos. No obstante:
Al reiterar en 1939 la decisión del conservatismo de participar en los próximos comicios luego de la abstención de los debates anteriores, la asamblea del directorio conservador de Cundinamarca abría con consignas extrañas la campaña: “No reunirnos nunca en donde quiera que nos desarmen y armarnos por todos los caminos posibles”, y por si no sorprendieran tan extravagantes directrices es preciso traer a cuento un juramento aprobado en la misma convención: “dar o hacer dar muerte al liberal que acepte, en las próximas elecciones, una candidatura de su partido en la provincia del Guavio”(1986, pp. 283-284).
Desde la orilla opuesta, un documento de trabajo de la Universidad Sergio Arboleda, cuyo título es “Violencia política en los años 30: de Capitanejo a Gachetá”, menciona apenas tres incidentes violentos con víctimas fatales: el de Capitanejo en 1930 donde hubo 15 muertos; el de Guaca, un año después, con 14 muertos, y la matanza de Gachetá, en 1939, con 12 muertos (Hernández, 2015).
Sin el ánimo de ahondar en lo que parece ser un vacío historiográfico, las perspectivas contrarias de Medina y de Hernández (y a pesar de las generalizaciones de Pécaut) parecen converger en la misma conclusión: hubo episodios de violencia política durante la República Liberal, pero sus muertos se contaban por decenas19.
LAS ELECCIONES DE 1946 Y EL GOBIERNO CONSERVADOR DE OSPINA PÉREZ
El periodo 1946-1953 fue la etapa más álgida de la Violencia del medio siglo y culminó con el golpe militar de Rojas. El conflicto tuvo al menos dos dimensiones interrelacionadas: la del pueblo, los militantes rasos de los partidos tradicionales y los ciudadanos del común que fueron víctimas y a veces victimarios de una violencia masiva; y la de las elites liberales y conservadoras, cuyas manifestaciones eran normalmente, aunque no siempre, retóricas y simbólicas. Estas dimensiones encajan con la distinción que hacía Gaitán en la época entre el país nacional y el país político. Sobre la Violencia que asoló el país nacional hay una amplia bibliografía20; el objeto central de lo que resta de esta obra es el conflicto entre las elites políticas y su negociación con los acuerdos del Frente Nacional.
López Pumarejo había renunciado a la presidencia en 1945; su gobierno estaba debilitado por la división interna del liberalismo y los constantes ataques de la oposición. Lo reemplazó el recién elegido designado, Alberto Lleras Camargo. El principal reto del nuevo mandatario era la inminente elección presidencial. Rodríguez describe así la actuación de Lleras: “observó una democrática política de estricta neutralidad en las elecciones que presidió, tanto de concejales municipales en octubre de 1945, como en las presidenciales de 1946, combatiendo además la delincuencia electoral y destituyendo a los funcionarios parcializados” (1989, pp. 394-395).
La elección de 1946 tuvo afinidades con la de 1930. El Partido Liberal estaba dividido entre el oficialismo, cuyo candidato era Gabriel Turbay, y la disidencia de Jorge Eliécer Gaitán21. Poco más de un mes antes de los comicios, los conservadores lanzaron una candidatura propia, la de Mariano Ospina Pérez. Como en 1930, el candidato de la oposición ganó con mayoría relativa (564.661 votos). El resultado combinado de los candidatos liberales fue de 795.220 sufragios22.
Al igual que Olaya en su momento, Ospina inició su mandato con ánimo conciliador. Designó un gabinete de Unión Nacional, con cinco ministros liberales y nombró siete gobernadores y más de cuatrocientos alcaldes de esa filiación; pero esa participación no contaba con el apoyo de los gaitanistas y en noviembre de 1946 su bancada decretó la renuncia de los funcionarios liberales de la rama ejecutiva (Reyes, 1989, p. 12). La división liberal se dirimió en las elecciones parlamentarias de marzo de 1947, cuando los partidarios de Gaitán obtuvieron una amplia mayoría sobre los candidatos del oficialismo santista. Gaitán fue consagrado jefe único del liberalismo23. Ospina recompuso su gabinete de Unidad Nacional con ministros gaitanistas y santistas, pero aquellos no tuvieron mucho apoyo de su jefe político –tenía cuota en la administración, pero no cesaba de criticarla.
En octubre de ese año, hubo elecciones municipales: como en marzo, los liberales obtuvieron una amplia mayoría sobre los conservadores (738.233 sufragios, frente a 571.301). “El conservatismo se sintió defraudado ante el triunfo liberal, pues venía acariciando la idea de que con una agresiva campaña electoral y la parcialidad de las autoridades seccionales podría superar las mayorías liberales”. Laureano Gómez, quien se había opuesto desde un principio a la Unión Nacional de Ospina, “anunció que estas [elecciones] habían sido un fraude. Aseguró que una revisión adelantada por él en la Registraduría del Estado Civil le había demostrado que el liberalismo poseía 1.800.000 cédulas falsas y exigió que se rehiciera totalmente la cedulación del país”24.
Aunque no se dispone de buena información cuantitativa sobre el alcance de la violencia en los primeros años del gobierno de Ospina, no es descartable una hipótesis: lo que se había afirmado en la retórica conservadora de la década anterior, en medios como el periódico de Gómez, El Siglo, sobre el uso de violencia política de los gobiernos liberales para coaccionar al electorado se convirtió en práctica generalizada del conservatismo a partir de 1946. Es posible que el efecto de esa retórica sobre el imaginario conservador haya justificado represalias exageradas durante este periodo.
El impacto de esa práctica sobre el país nacional lo describió el político liberal Julio Roberto Salazar Ferro en un informe a Ospina sobre la situación de Santander a principios de 1948: “Inmensas caravanas de hombres y mujeres huyen de las regiones azotadas... Tras ellos quedó la tierra calcinada por los incendios... Todo quedó destruido. Ni en Arboledas ni en Cucutilla, quedó nada de pertenencia de los liberales... ya no queda un liberal en toda esa comarca” (citado en Reyes, 1989, p. 19).
Jorge Eliécer Gaitán, como jefe de su partido y líder popular carismático, elevó su voz contra el hostigamiento de los liberales. En febrero de 1948, impulsó la Marcha del Silencio. “Fue un acto impresionante: durante dos horas una inmensa multitud marchó en absoluto silencio y muchos portaban banderas negras. Gaitán habló escasos minutos y en tono acongojado pidió a Ospina que cesaran las persecuciones, los asesinatos y la violencia. Dijo Gaitán: ‘solo os pedimos la defensa de la vida, que es lo menos que puede pedir un pueblo’”25.
En marzo, el Partido Liberal decidió abandonar la Unión Nacional. El 9 de abril, durante la Conferencia Panamericana concebida por el gobierno como una vitrina internacional del país, Gaitán fue asesinado a pocos metros de la esquina de la Jiménez con Séptima, el corazón de la capital26, y se desató una conmoción violenta –el homicida fue linchado y buena parte del centro de la ciudad resultó destruida. Entre los blancos de la ira popular se contaron la residencia de Laureano Gómez (nombrado canciller cuando se rompió la Unión Nacional) y la sede de su periódico El Siglo –ambas fueron incendiadas. Elementos de la Policía se unieron a la revuelta y el gobierno acudió al Ejército para restablecer el orden27. Los tumultos de Bogotá se reprodujeron en otras ciudades donde también hubo fuerte represión de la fuerza pública. La Violencia, que hasta entonces había sido un fenómeno predominantemente rural, se urbanizó y multiplicó (Alape, 1989).
En medio de la balacera de la noche del 9 de abril, directivos liberales acudieron al Palacio de la Carrera. Su propuesta: la renuncia de Ospina (siendo entonces el designado a la presidencia Eduardo Santos). A su vez, Laureano Gómez, refugiado en el Ministerio de Defensa, llamaba a pedir la conformación de una Junta Militar. Ospina se negó a dejar la presidencia y el 10 de abril se reconstituyó la Unión Nacional, con el liberal Darío Echandía como ministro de Gobierno. Gómez se retiró del gabinete y viajó a España. Se decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional, que en esta oportunidad regiría hasta diciembre de 1948.
Los propósitos del nuevo gabinete no fueron exitosos y la violencia se agravó. En abril de 1949, a instancia del presidente Ospina, jefes liberales y conservadores manifestaron en una declaración conjunta: “El sectarismo político y en ocasiones intereses y pasiones más bajas han logrado crear en determinadas regiones del país un ambiente de impunidad que nos devuelve a las formas más primitivas de la vida social. Allí los jueces no pueden investigar los delitos cometidos por una infinidad de razones... un país donde la impunidad pueda enseñorearse estaría en camino de la perdición” (citado en Reyes, 1989, p. 26).
Un mes más tarde, el liberalismo rompió la Unión Nacional y ordenó el retiro de todos los liberales de cargos públicos. En junio hubo elecciones parlamentarias y los liberales obtuvieron una mayoría de 130.000 votos. Usaron su control del poder legislativo para hacer una oposición agresiva a Ospina. En agosto, el Congreso aprobó una reforma electoral que adelantó las elecciones presidenciales de 1950 a noviembre de 1949 y aplazó la revisión de cédulas hasta la posesión del próximo mandatario. Con ambas medidas se quería reducir la posibilidad de interferencia del gobierno en los comicios –el Congreso con mayorías liberales estaría sesionando en la nueva fecha de las elecciones y para estas las autoridades conservadoras no podrían privar a ciudadanos liberales de sus cédulas. El presidente vetó la ley y las mayorías liberales del Congreso rechazaron la objeción presidencial. Como la razón del veto de Ospina había sido la inconstitucionalidad del proyecto, el asunto pasó a la Corte Suprema. Con el voto de los magistrados liberales (que eran mayoría), la ley fue declarada exequible y sancionada en octubre. Pero el 24 de ese mes, el registrador Eduardo Caballero Calderón (liberal) declaró que “las elecciones del 27 de noviembre lejos de llegar a ser la expresión inequívoca de la realidad serán una farsa sangrienta” (citado en Reyes, 1989, p. 31).
Ese pronunciamiento reflejaba el desarrollo de la campaña electoral. El candidato conservador, Laureano Gómez, había regresado al país en junio de 1949. Un lema de su campaña era la metáfora del basilisco, para describir el liberalismo: según su relato, el mítico animal tenía una cabeza diminuta que controlaba el cuerpo grotesco del monstruo –siendo el basilisco el liberalismo y la cabeza, el comunismo. Otro era la atribución de toda la violencia del país al liberalismo –comenzando por los hechos de la insurrección espontánea del 9 de abril de 1948. El candidato liberal, Darío Echandía, se enfrentó a “una alambrada de garantías hostiles”28, que culminó con el asesinato de su hermano cuando marchaba a su lado en una manifestación política. El 7 de noviembre, los liberales retiraron su candidatura. Dos días después, los parlamentarios liberales anunciaron el inicio de un juicio político a Ospina en el Congreso. En cuestión de horas, el gobierno declaró el estado de sitio (que se mantendría hasta 1958). En uso de facultades extraordinarias clausuró el Congreso, estableció una censura omnímoda y modificó las reglas de votación en la Corte Suprema. En la práctica, se había establecido una dictadura civil.
Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 27 de noviembre. Gómez, candidato único, obtuvo 1.140.122 votos –41% más que los logrados por su partido en las elecciones parlamentarias de junio.
DOS DICTADURAS: LA CIVIL DE GÓMEZ Y LA MILITAR DE ROJAS PINILLA HASTA 1957
Por sus antecedentes y temperamento, Gómez era una figura política que polarizaba. Si bien su pensamiento evolucionó con el tiempo (Henderson, 1985), su retórica tendía a lo dogmático y lo hiperbólico. Expresó, en distintos momentos, reservas sobre la moderación en la política y sobre el mismo principio democrático. Sobre la primera había señalado desde su perspectiva conservadora ortodoxa:
El moderado, en cualquiera de sus matices, está siempre más cercano a su vecino de izquierda que de su vecino de la derecha. Es más fácil descender que subir. Se necesitan más ideas, más valor, más virtud, más energía moral para defender el orden que para destruirlo... He aquí por qué, desatada por el comunismo sobre el universo una guerra inmisericorde, el peor enemigo de la civilización resulta ser el moderado. El marxista ataca de frente, puede ser repelido y circunscrito. El moderado no ataca en la apariencia, por lo tanto no es sospechoso. No se tienen con él las precauciones indispensables (citado en Henderson, 1985, pp. 145-146).
Su crítica de la democracia tenía como base la desigualdad innata de los seres humanos:
El sufragio universal inorgánico y generalizado interviniendo en toda la vida social para definir la dirección del Estado contradice la naturaleza de la sociedad. El manejo del Estado es, por antonomasia, obra de la inteligencia. Una observación fundamental demuestra que la inteligencia no está repartida en proporciones iguales entre los sujetos de la especie humana. Por este aspecto, la sociedad semeja una pirámide cuyo vértice ocupa el genio, si existe en un país dado, o individuo de calidad destacadísima por sus condiciones individuales. Por debajo encuéntranse quienes, con menores capacidades, son más numerosos. Continúa así una especie de estratificación de capas sociales, más abundantes en proporción inversa al brillo de la inteligencia, hasta llegar a la base, la más amplia y nutrida, que soporta toda la pirámide y está integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la racionalidad apenas parece diferenciar los seres humanos de los brutos (citado en Martz, 1969, p. 195).
En vísperas de su posesión, usó el lenguaje propio del mandatario de un sistema político funcional en épocas de normalidad institucional. Prometió ser “presidente de todos los colombianos”, que “la preocupación principal de su gobierno sería garantizar todo el respeto de la vida humana” y ofreció ministerios a los liberales. Estos rechazaron su oferta, por razones obvias: la consistente oposición de Gómez a la Unión Nacional durante el gobierno de Ospina; los antecedentes inmediatos de la campaña de 1949, y la exacerbación de la violencia (Henderson, 2006, p. 511 y Cuadro 1).
El conservatismo tenía divisiones profundas. Había los laureanistas, que apoyaban a su jefe en el gobierno; los ospinistas que podían considerarse el ala “moderada” del partido –Gómez tachó a Ospina de tener “mentalidad liberalizante”– (Tirado, 1989a, p. 103), y la extrema derecha liderada por Alzate Avendaño, cuyo ideario tenía cercanías con el fascismo y el falangismo de Franco. Los mismos laureanistas no estuvieron conformes con el primer gabinete de Gómez, cuyos integrantes fueron calificados de “conservadores tibios”29.
El gobierno de Gómez fue truncado, en dos sentidos: por el golpe de Estado de Rojas en junio de 1953, y por la mala salud del presidente, que limitaba sus horas de trabajo. En noviembre de 1951 tuvo que retirarse del cargo y quedó como presidente encargado Roberto Urdaneta. No obstante, Gómez seguía de cerca la gestión de este, con frecuencia le impartía instrucciones y participaba en el debate político desde El Siglo.
Su gran proyecto político era una reforma constitucional encaminada a remediar los defectos de las instituciones políticas que él había criticado desde la oposición durante las décadas anteriores y, de paso, asegurar a futuro una nueva hegemonía conservadora. Hubo elecciones parlamentarias en 1951, con abstención de los liberales; el gobierno había reservado una minoría de las curules para estos, que quedaron vacantes. El Congreso aprobó un acto legislativo convocando una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC)30. La exposición de motivos del proyecto de reforma presentado por el gobierno expresaba así sus bases ideológicas: “Las instituciones de la República se apartan definitivamente de la influencia perniciosa de las ideas rousseaunianas y marxistas y se inspiran por entero en las evangélicas y bolivarianas, a fin de realizar la democracia cristiana” (citada en Tirado, 1989a, p. 88).
El proyecto de reforma era francamente reaccionario. En algunos apartes del articulado, volvía a las instituciones originales de la carta política de 1886, fortaleciendo el ejecutivo a costa del legislativo. Se establecía un periodo presidencial de seis años; se eliminaba la responsabilidad del primer mandatario; se daba a este la facultad de designar al Contralor; se quitaba al Congreso la competencia de elegir los magistrados de la Corte Suprema; tampoco podría llamar este a juicio al presidente, y se reducía la duración de las legislaturas. El proyecto derogaba la reforma constitucional de 1936 y abolía la posibilidad de expropiaciones sin indemnización previa. Limitaba la operación del principio democrático: el Senado sería una cámara de representación gremial y corporativista, y en las elecciones de los concejos municipales los jefes de familia tendrían doble voto. Era regresivo en otros aspectos –se retomaba el papel del catolicismo como religión oficial de Colombia (con el respectivo control sobre la educación) y se prohibía de manera explícita el conflicto de clases. Finalmente, se buscaba limitar la libertad de expresión: por un lado, se declaraba la prensa un servicio público y, por otro, se tipificaba como traidor al colombiano que “de palabra o por escrito atente al prestigio de las autoridades y de las instituciones del país” (Henderson, 2006, pp. 519-520 y Tirado, 1989a, pp. 88-89; véase también la discusión de Fluharty, 1981, pp. 156-158).
Aun entre las elites la lógica de la represión no quedó en el plano teórico. La censura seguía en plena vigencia y fue aplicada contra rivales conservadores de Gómez en 1952 –Alzate y Ospina Pérez. Cuando este lanzó su candidatura para los comicios de 1954, resultó víctima de normas que él mismo había decretado en 1949 (Tirado, 1989a, pp. 102-104). Los jefes liberales, en franca oposición, sufrieron además violencia extraoficial. El 6 de septiembre de 1952, “una turba que había asistido al entierro de unos agentes de policía asesinados en el Tolima, en forma sistemática y sin que ninguna autoridad lo impidiera, procedió a incendiar El Tiempo, El Espectador, la sede de la Dirección Nacional Liberal, la casa de Alfonso López Pumarejo y, por último, la casa de Carlos Lleras Restrepo” (Tirado, 1989a, p. 99). Ambos tuvieron que asilarse en el exterior.
En el entretanto, el país nacional se desangraba. La violencia conservadora se ejecutaba por la fuerza pública (los “chulavitas” de la Policía Nacional cuyos integrantes se habían conservatizado luego del 9 de abril y de manera creciente por el Ejército) y milicias no oficiales ligadas a directivas locales del conservatismo (denominados, especialmente en el Valle, los “pájaros”). A su vez, la resistencia liberal se había materializado en guerrillas, que se coordinaban con la dirección del partido y a veces incorporaban elementos comunistas. Algunas fuentes hablan de más de 10.000 guerrilleros liberales (Henderson, 2006, p. 522).
De esa época hay pocas cifras confiables, pero la magnitud de los estimativos de victimización es escalofriante (Cuadro 1) a la luz de la experiencia colombiana del conflicto interno durante las últimas décadas31. Entre 1947 y 1957, hubo por lo menos 174.000 muertos. La tasa nacional de homicidios de la Violencia durante ese periodo32 fue de 140 por cien mil habitantes, con picos de 406 en 1948 (año del Bogotazo) y 446 en 1950 (llegada a la presidencia de Gómez). A manera de comparación, la tasa correspondiente en Medellín durante el peor momento del terror de Pablo Escobar en 1991 fue de 433 por cien mil habitantes33. Hubo más de dos millones de desplazados (el equivalente al 14% de la población del país en 1957) y el número de parcelas rurales perdidas llegó a 394.000 (Oquist, 1980, p. 227).
CUADRO 1 LOS MUERTOS DE LA VIOLENCIA – 1947-1957
| Año | Muertes (miles) | Muertes por 100.000 habitantes |
| 1947 | 14 | 134 |
| 1948 | 44 | 406 |
| 1949 | 19 | 168 |
| 1950 | 50 | 446 |
| 1951 | 10 | 89 |
| 1952 | 13 | 111 |
| 1953 | 9 | 70 |
| 1954 | 1 | 7 |
| 1955 | 1 | 7 |
| 1956 | 11 | 82 |
| 1957 | 3 | 21 |
| 1947-1957 | 174 | 140 |
| (total) | (promedio anual) |
Fuente: Adaptado de Henderson (2006, p. 618). Para la metodología, véase nota 31 del texto.
Para 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En la medida que su régimen perdía popularidad, Gómez trató de marginarlo por sus cercanías políticas con Ospina y otros conservadores que estaban alejados de su gobierno, pero sin éxito. Estos, a su vez, conspiraban activamente con los militares. El 30 de mayo de 1953, Alzate Avendaño declaró: “Todo está previsto, todos los caminos le están cerrados [para Gómez]. Si intenta posesionarse, se lo impedirán las fuerzas armadas” (citado en Henderson, 2006, p. 528).
La caída de Gómez tuvo como causa mediata una denuncia sobre el maltrato de un empresario conservador, Felipe Echavarría Olózaga, a manos del Ejército por sospechársele de participar en un complot contra Rojas. El 13 de junio, Gómez ordenó al presidente encargado, Urdaneta, y al ministro de Guerra, destituir a Rojas. Ambos rehusaron. Gómez reasumió la presidencia y cambió el ministro de Guerra. Mientras eso ocurría, la esposa de Ospina Pérez llamaba a otro general y le decía: “avísenle al General Rojas: avíspense y muévanse” (citado en Henderson, 2006, p. 530). Rojas, que estaba el Melgar, voló a Bogotá; esa noche Gómez salió al exterior con su familia y Rojas se proclamó presidente en una alocución radial. A su lado estaba Ospina Pérez (Tirado, 1989b, p. 109). El apoyo de Ospina no era gratuito; pensaba que el golpe abriría las puertas a su propia reelección en 1954 y estaba seguro de contar con una generosa cuota burocrática mientras tanto.
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