Kitabı oku: «Colombia. El terror nunca fue romántico»
Mackenzie, Eduardo
Colombia : el terror nunca fue romántico / Eduardo Mackenzie. -- 1a ed. -- Bogotá : Cangrejo Editores ; Buenos Aires : Ediciones Gato Azul, 2021.
296 p.
Incluye índice de nombres
ISBN 978-958-5532-35-9
1. Colombia - Política y gobierno - Artículos de diarios - Siglo XXI 2. Colombia - Condiciones sociales - Artículos de diarios I. Título
CDD: 320.9861 ed. 23
CO-BoBN– a1079024
PRIMERA EDICIÓN: AGOSTO 2021
© Eduardo Mackenzie
© Cangrejo Editores, 2021
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ISBN: 978-958-5532-35-9
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CONTENIDO
Prefacio
Impostura: las Farc piden a gobernadores y alcaldes satisfacer sus exigencias
¿Colombia debe volver a la seguridad democrática?
Claudia lópez pretende exponer grupos de civiles a la violencia de los vándalos
¿A quién le sirve Claudia López?
El lenguaje mamerto
Enemigos de la historia
La JEP y sus pescas milagrosas
Cómo Soros infiltró la Corte Europea de Derechos Humanos
Colombia: saludable repudio a la injerencia abusiva de la ONU
Le piden al presidente Duque que actúe para atajar el crimen en masa del aborto
¿El «derecho a la protesta» es una herramienta subversiva?
¿Cómo luchar por la abolición de la JEP?
Los mamertos quieren sepultar la verdad sobre las Farc
Mis críticas al texto de Pedro Aja Castaño sobre coronavirus y el Evento 201
Antiamericanismo y complotismo
Lo que hay detrás de la frase «apagar la economía»
Colombia: la subversión llama a abandonar la lucha contra el Covid-19
Lucha humanitaria y resistencia contra el Covid-19
Kienyke oscila entre la realidad y la farsa
Colombia: ¿espías v/s periodistas?
La JEP quiere echarle mano a la memoria histórica
La seguridad estratégica de Colombia en peligro
Francia en medio de la pandemia de la Covid-19
El caso Burchett
¿Uribe sospechoso de espionaje?
La denuncia anónima en el derecho francés
Novedad: los archivos del CNMH son consultables por teléfono y computador
Matanza en el Centro Andino: ¿también terminará impune?
¿Quién mueve los hilos de la detención de los investigadores de la SIJIN?
Suzanne Labin, Juana de Arco de la libertad
Colombia: el terror nunca fue romántico
La sombra de Stalin
Las Farc quieren sacar a los asesores americanos de Colombia
Lo que la BBC le oculta a la opinión británica sobre Colombia
La JEP trata de colapsar el derecho de defensa
Sigue la intoxicación noticiosa contra Colombia
La elección de Sandra Ramírez a la vicepresidencia del senado es una especie de síncope de la nación
Las Farc representan el pasado: siguen siendo unos fracasados
El autor del incendio de la Catedral de Nantes confesó su crimen
El verdadero delito que le imputan a Uribe
Colombia: ¿hacia la guerra civil?
Onda de indignación crece en Colombia contra la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe
Sobre la detención domiciliaria dictada contra el expresidente Uribe
Iván Cepeda, enemigo de la transparencia
El final de un ciclo político
El desafío del marxismo
La indagatoria contra Uribe: un acto surrealista
Cumbre fallida de Santos en «Los Alpes»
Proteger la constitución: lo que falta en Colombia
Gustavo Petro incendiario impune
Una nueva guerrilla urbana golpea a Colombia
No a la «transformación» de la Policía Nacional
Los embuchados de Ariel Ávila
Petro y su bastón de mando
La CSJ: nuevo paso hacia el control del poder ejecutivo
Colombia: nuevo golpe a la libertad de opinión y de expresión
Santos y Petro en pleno electrochoque
El eurodiputado sin calzones amigo de Petro
¿Guillotina o control político?
¿Qué busca la «minga» versión 2020?
La minga indígena amenaza a Bogotá
Francia: Samuel Paty, un mártir de la libertad
Inquietantes embestidas simultáneas
Los «humanistas» que quieren matar al expresidente Uribe
Francia: un islamista asesinó al profesor Samuel Paty
Un poco más de calma, embajador Goldberg
De nuevo el islamo-fascismo atacó en Francia
¿Feliciano Valencia en peligro?
«Timochenko» y Cepeda deben explicar qué pasó con José Cardona Hoyos
No, esta elección no es un referendo pro o anti Trump
¿Joe Biden gran amigo de Colombia?
Guardián de la verdad revelada
Proceso o espejismo de paz
No es un proceso de paz
La JEP reivindica ser el máximo tribunal de la justicia de Colombia
Colombia debe ganar la guerra de la memoria
Una siniestra condecoración
Un Black Lives Matter hace de las suyas en Cartagena
Los ataques intempestivos de un presidente
Sobre la epidemia del coronavirus en europa
El mendigo de las vacunas
El candor de Duque está matando a Colombia
¿Colombia Humana? No. Colombia bestial
¿Bloqueos ilegales? No. Ahora son «espacios de discusión»
¿Le cambiarán el nombre a Colombia?
¿Ingrid Betancourt contra las Farc?
Sin un gesto de compasión
Notas al pie
PREFACIO
COLOMBIA ES UN PAÍS EN PELIGRO. Es un país que podría morir. Las instituciones liberales-conservadoras que sus líderes y ciudadanos edificaron durante más de 200 años, con tantos sacrificios, tras la independencia de España, están siendo demolidas. Fuerzas totalitarias quieren transformar a Colombia en un satélite miserable de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Durante más de 70 años, sin interrupción, Colombia sufrió los ataques de cinco aparatos armados comunistas, organizados por Moscú, Pekín y La Habana. A pesar de las masivas atrocidades y devastaciones que cometieron, esas guerrillas y sus partidos legales no lograron que Colombia, para defenderse, renunciara a sus fundamentos democráticos.
Como no triunfó, la subversión logró al menos penetrar y controlar parcelas del Estado y de la sociedad. El poder judicial, el aparato escolar-universitario, el movimiento sindical están hoy, entre otros, bajo esa nefasta influencia. Y lo que es peor: en 2010 lograron que un sector de la élite de gobierno ayudara a tal demolición. La «negociación de paz» que un presidente de la República, Juan Manuel Santos, abrió con las Farc fue una obra maestra de revolución palaciega obtenida por las vías de hecho: condujo a la capitulación en regla del Estado democrático ante las ambiciones del narco-comunismo. Negociado en La Habana e implementado durante ocho años por Santos, el pacto de éste con las Farc fue rechazado por los colombianos en el referendo del 2 de octubre de 2016.
Santos pasó por encima de la voluntad popular. Obligó a las fuerzas militares a reducir su estrategia anti Farc y el desastre político, económico, moral e institucional se hizo visible: la guerra híbrida continuó, el narcotráfico se triplicó y la justicia politizada estuvo a punto de declarar la muerte civil de Álvaro Uribe, el principal enemigo de los pactos en Cuba, el popular expresidente que en sus ocho años de gobierno derrotó a las Farc e impidió que Hugo Chávez se apoderara de Colombia. En el periodo de Santos, el Centro Democrático, partido uribista, fue objeto de violentos ataques de las bandas armadas y del poder central. Las Fuerzas Armadas fueron paralizadas y las Farc recuperaron el terreno que habían perdido. Los «acuerdos» firmados en La Habana, un texto de 310 páginas, fueron elevados por el gobierno Santos al rango de adiciones «irreversibles» de la Constitución. «Señores hemos perdido la patria», declaró el exministro y periodista Fernando Londoño cuando JM Santos obligó al Congreso a validar, mediante un procedimiento inconstitucional, los arreglos de La Habana, el 5 de diciembre, que el país había rechazado en el referendo dos meses antes.
Las Farc burlaron los acuerdos: no entregaron sus armas ni los niños que estaban en sus filas y las centenas de miles de víctimas causadas por la aventura revolucionaria, no fueron indemnizadas. Las Farc ganaron en todos los terrenos. Hasta pudieron crear un tribunal «especial», la JEP, dedicado a absolverlos penalmente. Y, nota cumbre, 10 de sus jefes más crueles llegaron al Congreso de la República sin ser elegidos por nadie. Y para llevar a la incandescencia la humillación de los colombianos, JM Santos obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
¿Colombia terminará gobernada por émulos de Hugo Chávez? El gobierno de Santos abrió las puertas a eso: eliminó la fumigación aérea de los cultivos ilícitos y declaró esa nefasta actividad como «delito político». Así, algunos «desmovilizados» y los «disidentes» de las Farc pudieron continuar en ese negocio. En 2022, el candidato de esa corriente podría ganar la elección presidencial, según algunos sondeos de opinión.
Los artículos que el lector tiene en sus manos describen estos problemas. Hacen parte y estimulan el debate de ideas que conoce Colombia e intentan decodificar las supercherías de los actores armados y examinar las amenazas que penden sobre la continuidad del régimen democrático-republicano.
La destrucción del lenguaje es otro tema que el libro aborda. No hay proyecto «revolucionario» que no intente manipular o incluso abolir el lenguaje corriente de la sociedad atacada. El objetivo es substituir el sentido habitual de las palabras por términos y razonamientos desprovistos de sentido, o deslizar el sentido de las palabras hacia su contrario: la noche es día, el caos es orden, el mal es bien, etc. El objetivo de esa maniobra es paralizar el pensamiento crítico, tan peligroso para las ideologías totalitarias, y crear la «estupidez protectora», definida por George Orwell en su famosa novela 1984.
En Colombia conocemos bien el caso de la palabra «secuestro», permutada por los agresores en «retención». La propaganda izquierdista perjudicó nuestra lengua sin que el fenómeno haya sido estudiado. Lo hizo para extraviar la justicia, dormir los espíritus y cambiar el pasado. Así, la revuelta violenta e incendiaria fue transformada en «paro cívico». La más reciente maniobra lexical es quizás esta: el bloqueo de autopistas, calles y barrios enteros, con balaceras y emboscadas mortíferas contra civiles y policías, es presentado ahora como «marchas pacíficas» y «protestas sociales».
Estos textos fueron publicados tal cual a lo largo de 2020 y de los primeros seis meses de 2021 en periódicos, noticieros radiales y revistas electrónicas de Colombia como El Mundo e IFM Noticias, ambos de Medellín, en La Hora de la Verdad, de Bogotá, Dreuz Info, de New York, Costa Noticias, de Barranquilla, así como en los portales web La Linterna Azul, Contexto Ganadero, El Expediente y el Periódico Debate, todos de Bogotá(1).
Pero ninguno de estos artículos pertenece al pasado. Todos se abren y exploran los temas que ocupan la candente actualidad política colombiana.
IMPOSTURA: LAS FARC PIDEN A GOBERNADORES Y ALCALDES SATISFACER SUS EXIGENCIAS
8 de enero de 2020
EL GRUPÚSCULO «DEFENDAMOS LA PAZ», QUE muchos llaman «Defendamos las Farc», tuvo el cinismo de enviarle este miércoles una carta a los gobernadores y alcaldes de Colombia para notificarlos de que de ahora en adelante, palabras más, palabras menos, tendrán que seguir las instrucciones de ese grupo privado. Les piden a los mandatarios regionales «desarrollar políticas» relacionadas con la «implementación del acuerdo con las Farc», es decir, plegarse a un texto impopular e ilegal que fue rechazado por los colombianos en el plebiscito de 2016.
La carta de los amigos de las Farc constituye un intento de confundir a la opinión pública y a los mandatarios regionales arrogándole arbitrariamente poderes gubernamentales a un micro grupo político. En su carta(2), Defendamos la Paz dice que el «acuerdo final» otorga unas «responsabilidades particulares a las autoridades territoriales», para que a través de sus programas de gobierno «definan la paz como un norte». Olvidan decir que ese enfoque es inconstitucional. Las «responsabilidades particulares» de los mandatarios regionales son fijados por la Constitución Nacional. La suprema autoridad administrativa en Colombia es, además, el presidente de la República. Ese poder no puede ser compartido o delegado a organismos locales ni a grupos de particulares que pretenden impulsar unas políticas que no han sido refrendadas por el pueblo en elección popular alguna. Habría que recordarles a esas eminencias un hecho: las Farc y sus aliados perdieron la elección presidencial en 2018.
Las Farc no han recibido mandato alguno para presentar líneas de actuación y gobierno a los gobernadores y alcaldes de Colombia. Sin embargo, ellas insisten en lo contrario. Afirman que «los planes de desarrollo con enfoque territorial, impulso a los programas de sustitución de cultivos, a la inclusión del enfoque de género, el trabajo conjunto con los consejos departamentales y municipales de paz y reconciliación y la cooperación con las instancias e instituciones locales y nacionales» son de obligado cumplimiento pues así lo dice el acuerdo Farc-Santos.
Olvidan decir esos activistas que los «planes de desarrollo» y los «programas» de lucha contra el tráfico de drogas y contra los narco-cultivos dependen exclusivamente de las decisiones del gobierno nacional, la única autoridad elegida por los colombianos para orientar los destinos del país. Las Farc pretenden darse, por la vía de esa superchería, una personería jurídica, en sectores estratégicos, que nadie les ha dado.
También indican en la misiva que «los asesinatos de líderes y lideresas sociales (sic), defensores y defensoras de Derechos Humanos y excombatientes en proceso de reincorporación, ponen de manifiesto la urgencia de defender la vida y la necesidad de avanzar desde los territorios». Esa carta olvida decir que los autores de asesinatos de activistas sociales y de excombatientes de las Farc son las mismas guerrillas castristas (Eln y las Farc-disidencias) en su lucha por apoderarse de regiones y recursos propicios a sus tráficos ilegales. Para resumir, la delincuencia común, los carteles de la droga y los escuadrones de la muerte, buscan crearse espacios, mediante la violencia y el asesinato de personas que no encajan en sus planes. La defensa de la vida, de la propiedad privada y de la paz, y por ende la represión del entramado de criminalidad complejo de Colombia, no puede «avanzar desde los territorios», como insinúa ladinamente la carta de los amigos de las Farc. Esa misión superior recae exclusivamente sobre la fuerza pública y las fuerzas armadas de la República, la cual actúa bajo órdenes de su comandante, el jefe de Estado colombiano.
La carta es firmada por «miembros negociadores del Gobierno y de las Farc que estuvieron en La Habana», según la prensa, así como por «facilitadores del proceso de paz, negociadores del fallido diálogo con el Eln, entre otros». Olvidaron decir que los negociadores de la época de Santos, así como los presuntos «facilitadores», no tienen derecho para imponer ni sugerir líneas de gobierno a nadie y mucho menos a las autoridades regionales. Ellos nunca dejaron de ser civiles sin atribuciones oficiales. Ellos carecen de mandato popular y no son miembros de organismos de control. No pueden pretender substituir al gobierno nacional ni a las autoridades electas.
¿COLOMBIA DEBE VOLVER A LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA?
16 de enero de 2020
ESTA VEZ NO SÓLO PRETENDEN ENLODAR al expresidente Álvaro Uribe y a altos mandos del Ejército, sino también a Rafael Nieto, un abogado, exviceministro de Justicia y excandidato presidencial del Centro Democrático. La tortuosa maniobra no prospera, pero muestra que los extremistas están urgidos y se saben perdedores.
De manera desesperada aplican la cobarde táctica de la calumnia preventiva, contra unos y otros, utilizando operadores judiciales bajo influencia y las páginas de una revista que acepta jugar un papel abyecto.
Un fiscal ordena investigar a un general (r.) de Colombia porque un semanario clama, sin aportar pruebas, que ese alto militar cometió un delito. Un fiscal que baila al son que le dicta una revista debería regresar a la facultad de Derecho.
La apertura de una investigación penal debe ser motivada factualmente. Sin embargo, el fiscal (e) Fabio Espitia ordenó indagar al general Nicasio Martínez, excomandante del Ejército, pues un semanario, conocido por su enfermizo antimilitarismo, lo acusa, sin pruebas, de estar involucrado en un caso de intercepción de teléfonos. El general Martínez, quien durante su carrera militar no había sido acusado de nada, refuta la acusación. El ministro de Defensa rechaza a su vez las insinuaciones de la revista.
Sin sentirse aludido, Espitia anuncia que «pedirá la información» que no tiene todavía para ver qué aparece. En otras palabras, el expediente está vacío pero él espera que alguien lo llene. El gesto de disparar primero y preguntar después es criminal.
Obviamente, el objetivo central de esa campaña es el linchamiento del expresidente Uribe. ¿Por qué? Porque la venganza de los comunistas contra él no ha llegado a término. Durante sus dos mandatos, Uribe puso fin al desarrollo orgánico de las Farc, les destruyó sus cabezas «históricas» y los dejó, en 2008, sin sus 15 «rehenes políticos» con lo que estaban exigiendo, de nuevo, la desmilitarización de una sección del territorio nacional.
Uribe obligó a esos criminales a replegarse en las selvas de Colombia y Ecuador y en los llanos de Venezuela y demostró que su política de seguridad democrática era la única exitosa. Las Farc temen ahora que Uribe y su partido, el Centro Democrático, convenzan de nuevo a las mayorías de que esa orientación puede volver a salvar a Colombia en 2020.
En un momento dado el gobierno de Iván Duque tendrá que ver si adopta por fin esa política, abandonada por Juan Manuel Santos, antes de que el país colapse de nuevo en manos de la narco-subversión rampante, como en 2002.
La política que aplicó Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 demostró algo muy importante: que la acción militar le había ganado la mano a la pretendida «negociación política» y a la acción diplomática. Esta última se esforzaba por orientar a su manera la acción oficial contra la violencia de las narco-guerrillas, sin lograr nada, salvo mejorar las condiciones de la subversión, fuera y dentro del país y ante la prensa internacional.
Nadie puede ignorar que la víspera de la liberación de Ingrid Betancourt y de los otros 14 rehenes «políticos»(3), la ONU y una docena de gobiernos y de líderes extranjeros y una docena de ONG del primer mundo ejercían presión a diario sobre el gobierno para que cediera ante las Farc y optara por la impotencia ante la ola de atrocidades que cometía esa organización.
La Operación Jaque Mate, una acción militar no letal contra varios centros operativos de las Farc, preparada durante cuatro meses y ejecutada por 200 soldados, dejó a esas personalidades, gobiernos y organismos foráneos descolocados y sin voz, y puso fin a la gangrena de los inútiles «mediadores» que sólo habían prolongado el martirio de los rehenes.
Esa vía había hecho que horribles gobiernos, como los de Chávez, Correa, Lula y Kirchner, abogados todos del «intercambio humanitario», metieran sus narices en Colombia. Las Farc lograron atraer a ese tinglado un presidente francés, Sarkozy, tan mal asesorado que, en su afán por obtener la liberación de Betancourt, agenció, paradójicamente, la excarcelación de un importante jefe de las Farc, quien huyó inmediatamente a Cuba.
La confusión y el absurdo reinaban en ese periodo. Hasta cuando ocurrió lo del 2 de julio de 2008 en el Guaviare. Ese día el mundo vió que las Farc eran vulnerables y que Uribe y los militares eran capaces de obtener lo que la diplomacia no había alcanzado. Constató, además, que las armas de la República podían dar golpes demoledores y derrumbar la moral de su mayor enemigo, si había voluntad política. Las Farc trataron de reorganizarse, pero no lo consiguieron. Sólo la traición de Juan Manuel Santos a la Constitución colombiana las salvó de su colapso definitivo. A pesar de las concesiones pactadas en La Habana, las Farc no han podido superar su desarticulación interna y siguen en el impase en que los dejó la seguridad democrática.
Colombia lo ha olvidado, pero lo hecho por Uribe y las Fuerzas Armadas en 2008 fue de importancia hemisférica: arruinaron el eje continental bolivariano impulsado por Chávez, quien «quería cabalgar sobre una victoria de las Farc», como escribió en esos días Joaquín Ibarz, un periodista español. «El presidente Álvaro Uribe escaló el Everest al superar las marcas mundiales de popularidad: 91,4% de aprobación en la última encuesta», observó antes de decir: «El rescate de rehenes lo coloca como referente para todo el continente». Américo Martín, un analista venezolano, estimó por su parte que ese acto «se produjo en un instante crítico y derrumbó el engranaje montado para asfixiar a Colombia»(4).
Álvaro Uribe es la personalidad política más investigada de la historia de Colombia. Ninguna de sus actuaciones como hombre público ha sido pasada por alto desde 1980, cuando era director de la Aeronáutica Civil, hasta hoy. En 2001, cuando una oficina fariana de propaganda, la Agencia de Prensa Nueva Colombia (Anncol), vió que la candidatura presidencial de Uribe era imparable, financió la redacción de una «biografía no autorizada» para matar políticamente a su víctima. Allí la técnica del «se dice que», «se murmura que» fue empleada a fondo. Todo fue en vano. La DEA y la prensa americana y colombiana investigaron a fondo durante años y no encontraron nada, salvo las iracundas amalgamas sin valor de los extremistas.
El senador Uribe —quien acaba de lanzar una frase clave: «el país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema»—, parece más combativo que nunca, tras 46 años de vida política. El actual contexto mundial y latinoamericano favorece un regreso a una forma de seguridad democrática. El derrumbe de bastiones castro-chavistas (Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina), la crisis de los regímenes venezolano y cubano, y la firme posición de Washington contra esas dictaduras, han generado ataques castristas brutales contra democracias como la chilena que, aunque prósperas, no saben cómo defenderse. Un derrumbe de las defensas de seguridad como en Chile podría ocurrir también en Colombia, si el Estado y la sociedad no se levantan contra eso. ¿Cómo impedir ese colapso? ¿Con gestos entreguistas como los de Sebastián Piñera? ¿Con reculadas ante los vándalos y los «comités del paro cívico»? ¿Asumiendo con valentía los valores que salvaron a Colombia en 2008?
La más que factible reelección de Donald Trump en noviembre de este año, por sus éxitos económicos en el frente interno y sus victorias ante China e Irán(5) impedirán que Colombia se sienta sola ante sus enormes desafíos. Proteger al expresidente Álvaro Uribe, consolidar la fuerza pública, castigar a los calumniadores profesionales y defenestrar a los magistrados corrompidos son tareas de primer plano para impedir que el país sea de nuevo víctima del Foro de Sao Paulo.
CLAUDIA LÓPEZ PRETENDE EXPONER GRUPOS DE CIVILES A LA VIOLENCIA DE LOS VÁNDALOS
21 de enero de 2020
LA ALCALDESA CLAUDIA LÓPEZ ES LA máxima autoridad y jefe de la policía en Bogotá. Ello es así pues en Colombia los alcaldes tienen, en principio, esa atribución. Deberíamos saber que darles ese enorme poder a los alcaldes no es una marca de democracia. Hay repúblicas muy civilizadas donde los alcaldes no tienen ese derecho. El orden público de las grandes ciudades es algo tan complicado hoy en día que no se puede dejar en manos de un solo funcionario pues entre los alcaldes, ungidos por el voto ciudadano, pueden haber politiqueros inexperimentados, cuando no demagogos irresponsables y hasta extremistas con agenda secreta.
Un ejemplo: el alcalde de París tiene muy pocos poderes de policía. Quien dispone de esos poderes es el Prefecto de París y su región. Este es nombrado por el gobierno y es el único representante del Estado. El alcalde se encarga de los servicios para los habitantes de la capital. En Francia hubo y hay tantas revueltas urbanas, que a veces se transforman en revoluciones, que la contención de multitudes agresivas no es dejada en manos del alcalde.
Lo que acaba de hacer Claudia López respecto del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una fuerza antimotines de la Policía Nacional, es absurdo, irresponsable y peligroso. Ello debe ser objeto de reflexión. Una primera conclusión podría ser: en Colombia deberíamos modificar la Constitución para retirarle al alcalde de Bogotá esa enorme responsabilidad.
El estatuto de los alcaldes en Colombia es ambiguo. No se sabe bien hasta dónde van sus facultades en materia de orden público. La legislación es defectuosa pues la conservación y restablecimiento del orden público es asunto del presidente de la República pero en esa labor pueden intervenir también los gobernadores y los alcaldes (artículos 296, 303 y 315 de la CN) y eso se presta a malentendidos, abusos y errores.
Claudia López con su injusta hostilidad contra el ESMAD está dispuesta a jugar con la vida de los bogotanos. El transporte urbano, los edificios públicos y privados, los comercios y viviendas de la capital también están en peligro si los prejuicios anti policía y anti represión de la alcaldesa llegan a imponerse. Ella decidió, por ejemplo, que su administración no admitirá el uso de las escopetas calibre 12 mm y que el ESMAD no «hará presencia en las calles» a menos de que sea necesario «por un disturbio de importancia» y que «en caso de ser necesario intervendrá la Fuerza Disponible de la Policía, no el ESMAD». Ella reitera que éste, «no volverá a salir como recurso de primera instancia durante movilizaciones». ¿Qué tiene que decir al respecto el presidente de la República? ¿Él está de acuerdo con eso?
El amateurismo de la alcaldesa es evidente: no intervenir, o intervenir mal y tarde o en «segunda instancia», como quiere ella, contra incursiones masivas, violentas y coordinadas, como las que vimos en 2019, es cooperar con los vándalos y llevar al sacrificio inútil a los miembros de la fuerza pública y a los civiles.
El ESMAD es injustamente acusado por la alcaldesa. Sin embargo, esa fuerza es la que ha impedido hasta ahora que los devastadores consigan destruir a Bogotá como lo hicieron sus émulos pro chavistas en Santiago de Chile. ¿Quiere alguien a estas alturas que haya un nuevo Bogotazo como el del 9 de abril de 1948?
Claudia López no admite que lo ocurrido en 2019 encierra un peligro para el país. Ella utiliza un lenguaje especial para disimular el potencial negativo de las acciones destructoras. No ve lo que está en juego. ¿Esa actitud de dónde viene? ¿Es signo de ineptitud o de obsesión ideológica? Por ahora lo que cuenta son sus increíbles planes para hacerle frente a los desmanes en la capital del país.
La alcaldesa está inventando una táctica de combate antidisturbios inédita y ridícula: contener a manifestantes violentos con grupos de civiles desarmados. Ella advirtió que la «primera línea de defensa» contra los desbordamientos populares serán «los gestores de paz de la alcaldía»; que, en segundo lugar, estará el grupo de las «madres gestoras de paz», y las «mamás de los estudiantes de universidades públicas». En última instancia, ella enviará «los policías de la Fuerza Disponible con casco y escudo, pero no el ESMAD».
Eso de constituir grupos de madres de familia para disolver o frenar las acciones de gente brutal y, en muchos casos, drogada, es totalmente inhumano e ilegal. Sería bueno saber qué otras ciudades utilizan grupos de madres de familia en tales circunstancias. ¿Qué tiene que decir de todo eso el presidente de la República? ¿Iván Duque está de acuerdo con ese invento? Y no solo el Presidente. El Procurador General que tiene por misión, entre otras, la defensa de los intereses de la sociedad y proteger los derechos humanos, no puede seguir silencioso ante ese proyecto de Claudia López.
¿Claudia López vive fuera de la realidad? Ella ve, en todo caso, esas cosas a través de un filtro extraño. Habla de simples «movilizaciones» y de «marchas» angelicales. López pretende que olvidemos lo que ocurrió, al decir: «Una marcha no es un problema de orden público. Hacer grafitis no atenta contra la vida». Lo que hubo en Bogotá y otras ciudades fue mucho más que eso. Hubo disturbios estructurados donde agresores políticamente motivados emplearon gasolina, explosivos y todo tipo de armas contra la fuerza pública y contra civiles, razón por la cual el ESMAD tuvo que intervenir. Ello dejó decenas de heridos, entre miembros de la fuerza pública y «manifestantes». Y hubo hasta muertos, y no solo por culpa del ESMAD. Contra esa cruzada de brutalidades que hubo, y que van a seguir, la alcaldesa pretende anteponer y sacrificar grupos de civiles desprotegidos y sin experiencia, sobre todo mujeres, contra vándalos y energúmenos. ¿No sabe acaso ella en qué consiste «la brisita» que el dúo Maduro-Cabello quieren reanudar en 2020? Todo eso es locura furiosa.
En lugar de pedirle a Iván Duque que se entienda y se mantenga «alineado con los gobiernos municipales» y viceversa, como sugería un columnista de El Tiempo en estos días(6), habría que pedirle al jefe de Estado que trace una orientación clara sobre la política destinada a desarticular a tiempo la ola de manifestaciones teledirigidas por dictaduras enemigas de Colombia.
Se equivocan quienes pretenden que las protestas que se avizoran no conciernen al país sino que «pertenecen a cada una de las ciudades» y que según eso «los alcaldes [son] los principales responsables de contener brotes de violencia y tramitar inteligentemente esas movilizaciones». En otras palabras, la línea es dejar en manos de madres de estudiantes la contención de los vándalos. Ello equivale a cruzarse de brazos y abrirle avenidas a la violencia «de masas» como dicen los mamertos. Hay que dejar de ser tontos ante los enemigos bestiales. Después de la tragedia veremos a esos columnistas llorar ante la leche derramada. Lo que nunca ha servido de nada.
¿A QUIÉN LE SIRVE CLAUDIA LÓPEZ?
26 de enero de 2020
LOS BOGOTANOS ESTÁN COMO LOS ARGENTINOS: eligen a los más ineptos y corruptos y después se quejan de las barbaridades que comete esa gente. Después de haber elegido alcaldes como Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno Rojas y Gustavo Petro, los bogotanos volvieron a dejar que este último, el señor de los talegos, accediera de nuevo a la alcaldía, a través de otra persona. Claudia López no es un clon de Petro pero es la continuidad de Petro, ideológicamente hablando. Ella viene para lo mismo: no a servirle a la ciudad sino a imponerle un programa no enunciado. La barbarie de la lucha de clases, la creencia de que la revuelta anticapitalista y la ecología irracional harán feliz al pueblo. Es lo que ella llama hacer «el cambio de historia».
Por más de que esos dos hayan protagonizado una comedia para exhibirse como adversarios, ellos tienen la misma agenda. Ambos están convencidos de que hay que cambiar la democracia. Claudia López desliza eso en su frase enigmática sobre la «democracia inclusiva». La democracia a secas, la auténtica, según ella, es «excluyente». Es lo que proponía Marx. Los derechos humanos y la democracia deben ser abolidos pues protegen el individualismo, el egoísmo y la sociedad civil. La democracia totalitaria, en cambio, es la única que alcanza el control de la voluntad colectiva sobre la voluntad de los individuos. Tal es el núcleo secreto de esos dos activistas. Según ellos, hay que ir hacia el socialismo que «incluirá a todos». En realidad, ello conduce al Terror como sistema, algo que esas eminencias se empeñan en ocultar.
Lo ocurrido el pasado 21 de enero fue la primera muestra de la contradicción que hay entre lo que dice y hace la alcaldesa.
Hay un esfuerzo tenaz para golpear y humillar a la policía de la capital. Para desestabilizarla y acabarla, para dejar a Bogotá sin seguridad. Esa estrategia abrió una fase nueva el 17 de enero de 2019, cuando un elemento del Eln le quitó la vida a 22 jóvenes cadetes de la Escuela de Policía General Santander al detonar una bomba de 80 kilos de pentolita.
La opinión pública olvida que la destrucción de la Policía Nacional fue teorizada por un miembro de la dirección del PCC, en septiembre de 2010, luego de la muerte del jefe militar de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas, alias «Jorge Briceño Suárez», alias «Mono Jojoy». Ese directivo decidió que la inteligencia de la Policía había descubierto el lugar donde se escondía ese verdugo, lo que habría facilitado el ataque aéreo de las fuerzas militares, la Operación Sodoma, contra el búnker y los túneles de «Jojoy», en la zona «la Escalera» de La Macarena, Meta.
Es obvio que esa campaña sigue y se oculta detrás de diferentes formas para desgastar, desacreditar y apartar a la policía de los asuntos de la seguridad urbana. La decisión de Claudia López de estigmatizar y marginalizar al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) emerge en un contexto muy curioso.
La política de terror directo está siendo combinada con otras técnicas de terror de baja intensidad. La aparición de «marchas de protesta» sobre todo desde 2018, que se dicen «pacíficas» pero que culminan en orgías de destrucción contra la sociedad civil y contra la fuerza pública, encajan, quiéranlo o no los miembros del «comité del paro cívico», en esa estrategia de tensión.
Aunque no representa nada, ni fue elegido por nadie, ese «comité», donde hay agentes de las Farc y de los sindicatos FECODE y CUT, lanza cuando quiere, en medio de la indiferencia del gobierno de Iván Duque, marchas ruidosas pero poco nutridas. Y los encapuchados que emergen de la masa son los que dirigen el baile: hieren brutalmente a los uniformados, incendian, destruyen lo que pueden, siembran el pánico, roban y destruyen buses y estaciones de transporte, agreden a los usuarios, saquean tiendas y supermercados y degradan edificios públicos y privados. El 21 de noviembre pasado, los vándalos golpearon, en especial, en diez ciudades: Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Manizales, Popayán, Pamplona, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta. Ese día fueron heridos 37 policías y 42 civiles. 420 amotinados fueron detenidos. Sumando las marchas anteriores, hasta ese día los civiles heridos por los brotes de violencia subieron a 177 y a 271 policías (26 de ellas mujeres) y dos militares heridos(7). Julián Andrés Orrego, un encapuchado, murió en Medellín, el 2 de diciembre, al estallar los explosivos que llevaba.
En noviembre de 2018, un manifestante arrojó una bomba incendiaria que causó quemaduras graves a los policías que custodiaban la sede de RCN Radio, en Bogotá. Todo eso justificado con la mentira de un supuesto «derecho a la protesta». Ese «comité» llega al cinismo de incluir en su programa los gritos de guerra de la banda que ordenó el atentado contra los cadetes de la Policía. Ese «comité» dice tener una meta a corto plazo: obtener que el gobierno de Duque realice la totalidad de las concesiones hechas por Santos a las Farc. Ello equivaldría a completar la infiltración de las Farc en las instituciones y a poner a la subversión narco-comunista a las puertas del poder.
El 21 de enero vimos lo que buscaba Claudia López: hacer el simulacro de contener a los violentos mediante grupos de uniformados aislados y protegidos con láminas de plástico. Ella quería ver en acción su gran invento: las «madres gestoras de paz». El resultado no pudo ser más patético: tuvo que admitir la intervención del ESMAD en cuatro puntos de la ciudad y aún así once policías fueron heridos, 37 buses y 15 estaciones de Transmilenio fueron averiados. Sólo dos vándalos fueron acusados por un fiscal.
La orden irresponsable de la señora López de marginalizar al ESMAD no es un error de cálculo. Es un acto consciente destinado a debilitar a la policía de la capital, aunque en sus discursos ella promete «construir una ciudad cuidadora» (sic).
¿Cómo puede ella afirmar eso si su plan para reprimir a los violentos es substituir la policía profesional por grupos de madres de familia? Ese modelo demente es, además, inconstitucional. Si tuviéramos una Corte Constitucional ésta ya se habría pronunciado contra eso. Pero no. No hay nada de eso.
Mucha razón tuvo la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, al denunciar las graves fallas del protocolo de intervención de la policía inventado, sin consulta alguna, por Claudia López. A su vez, Alberto Brunori, representante en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, mostró su asombro por lo ocurrido el 21 de enero: «Veo con preocupación que algunos individuos, afortunadamente una minoría, atacaron violentamente y hostigaron a miembros de la Policía Nacional», además de atacar a «manifestantes e infraestructura pública y privada».
La alcaldesa envió piquetes de policías inexpertos para que fueran cercados y salvajemente lapidados. Es un milagro que ninguno de ellos haya muerto en la emboscada de Suba. López justifica el retiro del ESMAD diciendo que la muerte de Dylan Cruz se debe exclusivamente al ESMAD, descartando la responsabilidad del «comité» que lanzó la violenta «protesta». Claudia López no cesa de acusar al ESMAD de practicar el «abuso de autoridad» y de ir «contra la legítima expresión ciudadana».
Los vándalos no son manifestantes, ni son una «expresión ciudadana». Ni son la punta de un movimiento social. Son antisociales. Sus desmanes son de tipo criminal. La policía le incautó a uno de ellos una libreta con notas y dibujos. Ese documento revela que la subversión intoxica con mentiras a sus tropas y les dice cómo armar bombas Molotov y otros elementos letales. Les dice, además, qué atuendos llevar a los ataques y cómo formar líneas de defensa y repliegue. ¿Ese adiestramiento en técnicas del combate urbano indica que hay una guerrilla en formación?
Claudia López trata de esquivar lo que ocurrió el 21 de enero. ¿Lo logrará? Algunos juristas han hecho un llamado de atención. Uno de ellos, Francisco Bernate, experto en derecho penal, definió como «intento de homicidio agravado» los actos de los encapuchados en sus ataques contra la policía. El vio en eso no unos actos de «protesta» sino intentos de matar seres humanos. «No son vándalos, son asesinos», remató Bernate. Esos hechos deben ser investigados. Realmente investigados. Sin embargo, la alcaldesa se abstiene de dar instrucciones al respecto, y la Fiscalía, organismo llamado a hacer eso de oficio, sigue acéfala pues la Corte Suprema ha sido incapaz de designar un nuevo fiscal general.
En las redes sociales muchos están pidiendo la destitución de la alcaldesa de Bogotá por lo ocurrido el 21 de enero. Dicen que no se puede tolerar que sigan esas «marchas de protestas». La Casa de Nariño y los servicios del Estado deben parar la dinámica de desestabilización recurrente. La seguridad de Bogotá y de Colombia está en juego. A las alcaldías de las grandes ciudades, comenzando por Bogotá, hay que retirarles los poderes de policía. En los tiempos que corren esa alta tarea debe recaer en manos del Jefe de Estado y de los organismos especializados.
El papel del «comité de paro» en los disturbios sangrientos es cada vez más obscuro. Dice condenar la acción vandálica pero no hace nada para retirarle el piso a los violentos y las «marchas de protesta» siguen generando revueltas. Ese «comité» debe ser disuelto.
Bogotá ha sido víctima en años recientes de atentados monstruosos. La capital no puede habituarse ahora a una ola de violencias de nuevo tipo con el pretexto de que hay un «derecho a la protesta». Ese derecho no existe, si la protesta consiste en utilizar la fuerza contra las personas y los bienes públicos. Esas marchas deben ser prohibidas. La opinión sabe que esas destrucciones responden a dictados de Nicolas Maduro quien intenta castigar a Colombia por recibir la emigración venezolana y por ayudar diplomáticamente al pueblo venezolano a liberarse de esa abyecta dictadura.
EL LENGUAJE MAMERTO
31 de enero de 2020
ESTAMOS EN MORA DE HACER UN diccionario del lenguaje comunista. Son tantas las palabras de nuestra bella lengua española que los mamertos han pervertido para disfrazar sus mentiras y embellecer sus acciones, que podríamos hacer no solo un lexicón sino un abultado volumen de consulta para que el público en general, pero sobre todo para que las nuevas generaciones y algunos periodistas puedan reapropiarse el significado auténtico de miles de palabras que fueron desfiguradas y alteradas por los propagandistas de esas bandas criminales.
El trabajo debería extenderse a ciertas fórmulas, sintagmas, dichos y maneras de hablar de los mamertos que la opinión, a fuerza de tanto oírlas, termina por aceptarlas como si su sentido fuera justo y reflejara la realidad.
Veamos, por ejemplo, un sintagma muy conocido y utilizado por ellos en estos momentos: «paro cívico».
Ese término fue inventado por los marxistas criollos para darle una connotación positiva a una de sus «formas de lucha» más vengativas y destructoras.
La frase «Paro cívico» es, en realidad, un oxímoro, es decir una figura de estilo que acerca sintácticamente dos términos que se oponen en circunstancias normales. Por ejemplo, la frase «la soledad sonora» (de San Juan de la Cruz) es el más bello oxímoro de la lengua española. También son oximoros frases como «docta ignorancia», o «hielo abrazador», «el sol de medianoche». Incluso la frase «ciencias ocultas» es un oxímoro.
«Paro cívico» es, también, un oxímoro. Es una expresión que encierra una contradicción fundamental, pues «paro» y «cívico» son dos términos antagónicos. Un «paro» nada tiene de «cívico». Un paro no puede ser cívico. Cívico quiere decir de ciudadanos, de gente educada y civilizada. En un paro la violencia está siempre presente, luego un «paro» no merece el calificativo de «cívico».
En el hablar colombiano, un paro es una huelga intempestiva y hasta ilegal. En castellano un paro es otra cosa: es «una interrupción o cese de una actividad laboral, particularmente la realizada por los patronos, en contraposición a la huelga de los empleados» (Santillana).
En Colombia la izquierda logró convertir la palabra «paro» en sinónimo de huelga, es decir, en un acto que puede ser legítimo y legal (si la huelga no es violenta), en un derecho obtenido por el mundo sindical y por los trabajadores. En cambio, en la acepción colombiana de «paro» está presente la noción de suspensión violenta de las actividades de una sociedad, o de una ciudad, o de una región. Peor: se supone que en un «paro» deben participar, voluntariamente o por la fuerza, todas las capas y clases de la sociedad, no solo los obreros y los trabajadores.
El invento de la fórmula «paro cívico» fue muy hábil. Un paro, es decir una huelga ilegal, nunca puede ser «cívica». Es un acto contrario al derecho y repudiable. Sin embargo, en la fórmula «paro cívico» esa connotación negativa desaparece o es neutralizada. Es más, aparece como una acción justificada, necesaria, disculpable y legítima. El alcance desinformador de esa fórmula es vastísimo.
Recordemos el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Los aparatos de entrismo del PCC en el mundo sindical lograron arrastrar a esa aventura sangrienta a las otras centrales sindicales. Ese paro dejó un saldo de 23 muertos, un número indeterminado de heridos y 400 detenidos. Los desórdenes en varias ciudades duraron dos días. Pero ahí no terminó en tal paro cívico: un año después, el 12 de septiembre de 1978, un comando comunista asesinó a balazos al exministro del Gobierno que le había hecho frente al paro insurreccional, Rafael Pardo Buelvas, en su propio domicilio, delante de su esposa. Ese fue el fin del paro cívico de 1997.
Luego los «paros cívicos» no tienen nada de «cívicos»: son, por el contrario, una pavorosa arma criminal de la subversión comunista.
Los «paros cívicos» que decretan y dirigen hoy los jefes de las Farc-partido, junto con los caciques de FECODE y de la CUT contra el gobierno, son de la misma naturaleza de aquel paro de 1977: producen muertos, heridos, detenidos y destrucciones de todo tipo. No ha acarreado el asesinato de un ministro, pero el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha sido amenazado de muerte por una banda narco-terrorista. Esos elementos, apartemente inconexos, hacen parte de un mismo proyecto. ¿Cómo es posible que sigamos creyendo que en esas revueltas sangrientas hay algo de «cívico»?
Orwell decía que es ilusorio creer que bajo un gobierno totalitario (comunista o fascista) se podría permanecer interiormente libre, que en sus buhardillas los enemigos clandestinos de ese régimen podrían anotar sus pensamientos. Parafraseando a Orwell podríamos decir que en Colombia sería ilusorio creer que bajo la cascada diaria de propaganda permanente comunista, vertida de manera directa o indirecta, e inconsciente a veces, por la prensa y por los demás medios de comunicación, podríamos seguir, en el fondo de nosotros mismos, seguir pensando como hombres libres.
Para serlo debemos repudiar y denunciar el uso del lenguaje totalitario que le roba a las palabras su relación íntima con las cosas y que es explotado para disimular el verdadero carácter de las atrocidades.
ENEMIGOS DE LA HISTORIA
14 de febrero de 2020
LOS ÚNICOS QUE OBJETAN LA IMPORTANTE labor del profesor Darío Acevedo Carmona al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde febrero de 2019, es el grupúsculo sectario de siempre, el mismo que controló a sus anchas, durante ocho años y en la más grande opacidad, esa dependencia administrativa.
Ese equipo estaba empeñado en cumplir una sola tarea: que todos los recursos intelectuales y financieros del CNMH fueran canalizados para imponer como verdad revelada un embuchado narrativo que avergüenza a todo historiador que se respete(8).
Pretendían (y los viudos del poder siguen gritando lo mismo desde los techos) que la violencia de las Farc, y de las otras narco-guerrillas comunistas, sólo fue «un elemento discursivo desde el marxismo» de un «actor político» aunque éste haya «trasgredido el orden jurídico constituido»(9).
Cincuenta años de atrocidades, manipulaciones y mentiras de todo calibre, cometidas por implacables bandas criminales, son ocultados y convertidos en un mero «discurso» de un actor no armado pues únicamente «político».
Lo hecho en Inzá, Bojayá, El Nogal, Machuca, la Escuela General Santander, para escoger solo cinco matanzas entre tantas otras, fueron «elementos discursivos» de las Farc y del Eln.
La montaña de asaltos sangrientos contra colombianos inermes de todas las clases y categorías sociales, y contra las fuerzas armadas y de policía de un Estado democrático, es glorificada por la clique que inspira a quienes pretendían seguir controlando el CNMH tras el fin del periodo del presidente JM Santos.
Son ellos los que insisten en que las Farc, como lo escribe con gran cinismo Francisco Toloza, acudieron a la violencia en calidad de «actor político» y que esa violencia masiva era impartida en defensa de «los intereses de unas clases» y, sobre todo, siendo «fiel a la tradición extra-parlamentaria propia del acervo de los partidos comunistas».
Si retiramos ese maquillaje retórico, esto quiere decir, en lenguaje corriente, que el empleo de la violencia por parte de las Farc fue, en realidad, un gesto político «tradicional» de justicia de clase, plenamente conforme al derecho, y no solo al derecho colombiano sino a un derecho más vasto y superior: el de «los partidos comunistas».
Con tales adulteraciones quieren imponerle al país la falsa visión apocalíptica de que, en Colombia, unas clases sociales, dirigidas por el partido comunista, se levantaron en armas contra otras clases sociales. Y que en ese supuesto levantamiento masivo jamás hubo participación del bloque comunista internacional.
Tal es la razón de la lucha desesperada de ellos para aplicar a rajatabla la fórmula «conflicto armado interno» y descarar el concepto de agresión terrorista de largo alcance.
Adoptar una u otra terminología tiene consecuencias. Si aceptamos la del «conflicto armado interno» tendremos que tragar otro mito: que la actual violencia narco-comunista (de las Farc-Segunda Marquetalia, del Eln, etc.), debe seguir su curso pues todo lo que ocurre en materia de lucha social, política y cultural es el reflejo de una guerra de clase contra clase en el que el comunismo dirige «la pugna por el poder del Estado». Conclusión: no habrá paz hasta que el comunismo tome el poder.
Eso es lo que está en juego y lo que explica las intrigas contra la dirección actual del CNMH.
Los fanáticos que exigen que un marxista regrese a la dirección del CNMH no hacen más que cumplir el legado de Luis Morantes, mejor conocido como «Jacobo Arenas», un sanguinario que pretendía ser el mayor «ideólogo» de las Farc hasta su muerte en 1990. Él decía eso mismo aunque en el lenguaje brutal propio de su rango.
Es evidente que la Historia fue proscrita en la etapa inicial del CNMH. Si quieren sacar al profesor Darío Acevedo es porque quieren expulsar de nuevo la Historia del CNMH. El objetivo mamerto es hundir la Historia del país bajo una capa de memoria arreglada.
Incluso acudieron a una secta internacional rarísima que vive gracias al dinero de George Soros. Esta gesticula desde Nueva York y pide la cabeza de Darío Acevedo. Otra reciente muestra de esa ofensiva es el iracundo comentario de un columnista del diario antioqueño El Colombiano que acusa al presidente Iván Duque de «torpedear los acuerdos» Farc/Santos y le exige, al mismo tiempo, destituir al profesor Acevedo(10).
Es verdad que los leninistas prefieren la Memoria y desconfían de la Historia. Saben bien que la Memoria reposa sobre el recuerdo, la imaginación, la divagación, la conjetura, y hasta en el falso rumor. Por eso ella es el mejor aliado de la propaganda. La Historia, en cambio, es un instrumento exigente. Basado en el examen detallado y contradictorio de archivos, documentos, periódicos, testimonios y otras pruebas incontestables, el trabajo del historiador es un mejor instrumento para conocer el pasado y comprender el presente.
Los comunistas no aceptan que un historiador ocupe ese cargo y no un marxólogo disciplinado dispuesto a «recoger la memoria» (como dicen ellos) para engordar una leyenda.
¿Por qué ahora? Porque quieren que el Museo de la Memoria también sirva ese plato.
La Historia es, pues, evacuada para que reine la Memoria. Pero hay otros cambalaches. Un grupo pretende que «hay conflicto armado interno» porque lo dice la ley 1448 de 2011(11). ¿Desde cuándo una evaluación político-social es decidida por una ley? La ley no puede dictarle conclusiones al historiador, ni al sociólogo, ni al economista, ni al demógrafo.
Otros dicen que «hay conflicto armado interno» porque una universidad sueca lo dijo. El defensor de esa cursilería agrega que una universidad americana fijó un criterio: hay «conflicto armado interno» si la violencia es «intensa», «organizada» y genera «combates». Dudo que una universidad americana maneje hipótesis tan simplistas. Habría entonces que clasificar de esa manera una cantidad de ofensivas terroristas donde esos criterios aparecieron: en Estados Unidos contra los Weathermen, el SLA y Al Qaida; en Israel contra las facciones terroristas palestinas; en España contra ETA; en Italia contra las Brigadas Rojas; en Francia contra Acción Directa y el terrorismo islámico; en Alemania contra la Banda Baader; en Uruguay contra los Tupamaros; en Argentina contra los Montoneros y el ERP; en Perú contra Sendero Luminoso; en Turquía contra el PKK. La lista es larguísima. Ninguno de esos desafíos es clasificado de esa manera.
Otro grupo cree ver en Colombia un «conflicto armado interno» porque el Derecho Internacional Humanitario lo dice. Estos últimos quieren preservar un curioso arsenal normativo que, en ciertos casos, crea más problemas que soluciones. Esa legislación dificulta, e impide en algunos momentos, la defensa del Estado democrático contra la agresión terrorista, con el pretexto de la preservación de los derechos humanos. ¿Preservación para quién? ¿Se imagina lo que habría sido la lucha contra Al Qaida y contra el Estado Islámico si Estados Unidos se hubiera sometido a esas reglas? Ben Laden estaría de primer ministro en Pakistán y Abu Bakr al-Baghdadi sería el presidente de Irak.
Atornillar esa teoría en el CNMH le conviene a muchos, sobre todo al principal logro de los pactos Santos/Farc: la JEP. La justicia «especial» consiste en disculpar los crímenes de las Farc pues estos son, según el PCC, «actores políticos» que participan en una «pugna por el poder del Estado».
Luego la impunidad para los miembros del Secretariado y los otros verdugos de esa organización es un efecto lógico. Sin memoria amañada no hay justicia «especial». George Orwell escribió: «Quien controla el pasado controlará el futuro». En consecuencia, el Museo de la Memoria terminaría también siendo desviado y convertido en un monumento pro Farc.
Quien agita lo del «conflicto armado interno» trabaja, quiéralo o no, para implementar el pacto Santos/Farc, rechazado por los colombianos en el referendo de 2016, y para desmovilizar a Colombia ante la violencia de las Farc Segunda Marquetalia, y de su cómplice el Eln.
LA JEP Y SUS PESCAS MILAGROSAS
17 de febrero de 2020
EL ESPECTADOR Y OTROS MEDIOS HAN tratado de arreglar una historia de lo que ocurrió, según ellos, la semana pasada, durante las dos audiencias en las que el general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército de Colombia, habló en «versión voluntaria» ante la JEP.
Las «fuentes consultadas» que mencionan esos diarios no son creíbles: son los abogados de tres oficiales involucrados en el caso de falsos positivos de Soacha, ya juzgado, y en el que nunca estuvo involucrado el general Montoya. Es decir, son actores interesados. Luego ellos no pueden ser objetivos.
Peor: las «fuentes» de El Espectador pueden ser los mismos magistrados de la JEP que condujeron las audiencias del miércoles y jueves. ¿Violaron ellos el secreto judicial? No lo sabemos por el momento. Pero la investigación sigue.
Por ahora hay un hecho: ningún medio tuvo un periodista en esa audiencia, pues ésta era «reservada». Luego lo que dicen algunos matutinos bogotanos hay que tomarlo con cautela: es la interpretación de personas que pueden haber tratado de hacer pasar sus opiniones por hechos.
Hasta la televisión chavista trató de enredar las cosas. Hernán Tovar, de Telesur, a pesar de que no estuvo en la audiencia, gesticuló que el general Montoya «calló (pero pronunció cayó) sobre los falsos positivos». Y llegó al extremo de decir que si él no está dispuesto a auto inculparse «no debería estar asumiendo esta justicia especial para la paz». Increíble. Ese es el «periodismo» madurista que está tratando de implantarse en Colombia.
La JEP hizo su propia grabación de las audiencias. Pero de éstas no salió documento oficial alguno. No hay un acta, un auto, un documento sonoro, visual o escrito, que recoja con exactitud las declaraciones del general Montoya y lo que expresaron los magistrados. Empero, el 13 de febrero, El Tiempo tituló así: «audiencia contra general Montoya en la JEP». Ha debido escribir: «audiencia del general Montoya».
¿La JEP respetó la confidencialidad de esas audiencias? Existen dudas. «Sin que se hubiese terminado la primera audiencia del miércoles ya todos los medios de comunicación tenían conocimiento de lo expresado por mí. La información que suministré fue filtrada a los medios», reveló el general Montoya(12).
A esa audiencia la JEP no dejó ingresar teléfonos celulares. Sin embargo, los abogados tenían equipos informáticos. ¿La audiencia era realmente «reservada»? En febrero de 2019, tras la «versión voluntaria» de alias «Timochenko», jefe de las Farc, sobre los secuestros cometidos por esa guerrilla, pero sin presencia de las víctimas, la prensa no dijo nada substancial. ¿La reserva de esas audiencias es para las Farc y no para los militares?
La prensa no presentó una versión equilibrada de lo ocurrido la semana pasada. Mucho menos puede justificar la pertinencia de la palabra «indolencia» con la que unos medios creyeron útil condimentar sus artículos. Estos le reprochan al general Montoya haber sido «indolente con las víctimas». También le atribuyen una «falta de respeto». ¿A quién? ¿Cómo? Los medios no responden. Deslizaron esos vocablos y escondieron la mano.
Esos calificativos oprobiosos fueron sacados del cubilete del mago para afectar el buen nombre del general Montoya, en vista de que no tenían nada más para endilgarle.
Veamos más de cerca la cuestión. Vamos al punto central.
Desde agosto de 2015, el general Montoya ha estado dando explicaciones. El fiscal general Eduardo Montealegre, que proclamaba que iba a encarcelar al general, no lo hizo. No lo pudo hacer. No porque no quisiera (su odio antimilitarista de exmiembro de la JUCO es bien conocido) sino porque no encontró prueba alguna. Después, otro fiscal, Jaime Camacho, prometió lo mismo. No lo hizo.
Durante el periodo de Néstor Humberto Martínez la Fiscalía tampoco inculpó al general Montoya. La Fiscalía informó que entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 se reportaron 6 699 muertes en combate contra la subversión, y que de ese universo ella estaba investigando si en 2 429 casos se trató de asesinatos de civiles. Esa investigación no ha terminado. Luego no hay claridad siquiera sobre la cifra exacta de los llamados «falsos positivos».
En la audiencia del miércoles, el general Montoya afirmó una vez más que nunca dio una instrucción que fuera contra la Constitución, que no dio órdenes de matar civiles, ni de matar a nadie fuera de combate.
La posición de él no ha cambiado. El 10 de agosto de 2015, declaró ante la Fiscalía: «Yo estuve de comandante del Ejército de febrero de 2006 a octubre de 2008, eso da un total de 32 meses o 128 semanas. Y en esas 128 semanas, de acuerdo con el libro de programas del comandante del Ejército, en 92 oportunidades hice alusión al respeto por los derechos humanos, a la transparencia y a limpieza de las operaciones. Hasta la saciedad les dije: ‘Que se muera un inocente y no lo reconozcamos es un gran error, pero que se muera un inocente y lo hagamos pasar por bandido es un acto de cobardía’».
Sin embargo, el modelo de texto deliberadamente obscuro que adopta en estos días cierta prensa sobre este tema, quizá por hostilidad o por simple incapacidad para examinar los hechos con exactitud, es este: «La JEP ordenó la comparecencia del general (r) Montoya, ya que ha sido comprometido en varios informes allegados a la JEP y en, por lo menos, 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ejecuciones extrajudiciales».(13)
Ese párrafo es un perverso juego semántico que calla detalles esenciales para ofrecerle a la opinión un saco de nudos incomprensible.
1. Nadie puede ser «comprometido» por simples «informes» de terceros. La única forma de «comprometer» a alguien en un proceso penal es que las autoridades judiciales hayan establecido plenamente que existen pruebas (no simples dichos) contra una persona.
2. La frase «versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ‘ejecuciones extrajudiciales’», omite un elemento central: ninguno de esos miembros de la fuerza pública afirma haber recibido órdenes del general Montoya de masacrar a civiles. Lo que ellos dicen es que el comandante del Ejército «pedía resultados» a sus tropas.
¿Pedir resultados, e incluso presionar para que se obtengan resultados, es un delito?
«Obtener resultados» no es solo un derecho sino un deber de todo comandante militar, en Colombia y en cualquier otro país. No hacerlo es incumplir sus obligaciones. Colombia vive una guerra subversiva, despiadada, asimétrica, narco-terrorista. El deber de los mandos de la fuerza pública, altos y bajos, es combatir y ganar esa guerra. Los resultados pedidos por los altos mandos colombianos, tienen que ver con acciones militares y de policía, perfectamente reglamentadas, destinadas a proteger la población, a reprimir las bandas criminales, a restablecer el orden público, a hacer respetar la soberanía nacional y a fomentar la concordia cívico-militar.
Empero, la sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP quiere escuchar una canción diferente. Quiere que los altos mandos, como el general Montoya, se auto inculpen. Como el general Montoya se acogió voluntariamente, la JEP cree que el deber de él es reconocer que cometió delitos. Por no reconocer eso la JEP le recrimina que no está «colaborando». Y le hace saber a los medios que él «no está diciendo la verdad». Esa actuación es cobarde e ilegal.
¿Cómo no ver en esto un intento de manipulación del público? Deliberadamente insinúan que Montoya miente. La JEP no está lejos de cometer una difamación.
«Yo no voy a reconocer ningún delito pues yo no he cometido ningún delito», subraya el general Montoya. «Los magistrados de la JEP me dicen: ‘usted debe colaborar para que se restablezca la verdad’. Es decir, la versión que les he dado no les satisface, quieren que uno se involucre y que diga que presionar los resultados llevó a ciertas personas a cometer delitos y eso no lo voy a admitir pues no es cierto». Y detalla: «Mis subordinados eran los comandantes de división del Ejército, oficiales con gran experiencia por sus largos años de servicio a la República. Ellos conocen perfectamente las reglas de funcionamiento del Ejército nacional».
Pregunta: ¿si la JEP estima que el general Montoya no está «colaborando», en qué basa tal convicción? ¿Dispone de pruebas? ¿Éstas en qué consisten? ¿Dónde están? ¿Quién las recogió? ¿Cuándo? La JEP deja ver que no tiene nada, a pesar de la documentación que le ha trasladado la Fiscalía General. Por eso van a la pesca azarosa de informaciones.
«La única ‘prueba’ que ellos tienen, me dice el general Montoya, son las versiones de siete subalternos que ya reconocieron haber matado gente fuera de combate. Ellos, al final, aducen que cometieron eso porque yo presionaba por resultados. Pero el punto es que esas personas no eran mis subordinados. Yo no les daba órdenes a ellos, ellos tenían otros jefes». Y concluye: «Si obran así es porque pueden estar tratando de lavarse las manos trasladando a otros la responsabilidad, con el argumento de que se les exigía resultados».
Hasta hoy no hay prueba de que hubo una relación directa entre el acto de esas personas y una orden del general Montoya. Éste afirma: «No hay ninguna declaración que diga el general Montoya me ordenó, o me dijo, o sabía. No dicen eso. Todo gira en torno del asunto de que yo exigía resultados. Yo lo que hice fue poner a pelear el Ejército contra los bandidos».
Estamos pues ante un procedimiento penal muy alarmante, ante una instancia judicial «especial», la JEP, que parte de la presunción de culpabilidad del acusado, y que abandona la tradición jurídica del país, y del mundo civilizado, de la presunción de inocencia.
El enfoque de la JEP recuerda la justicia bolchevique. Lenin decía: «El tribunal es un instrumento de poder del proletariado y de la clase rural trabajadora en la lucha contra la burguesía y el sistema capitalista». El juez no se tomaba la molestia de probar la verdad. La técnica investigativa judicial se basaba en la confesión y el arrepentimiento del acusado, hubiera o no pruebas a favor de él. ¿La JEP es un instrumento de poder de las Farc? Es lo que millones de colombianos piensan al ver la trayectoria de ese aparato desde su creación. Si dejamos que ese enfoque penal continúe, Colombia habrá dejado de ser una democracia aunque sigan existiendo los rituales visibles de la democracia. La democracia no existe sin derechos reales de la ciudadanía y sin justicia auténtica.
Sobra decir que la JEP no es producto del desarrollo jurídico de Colombia, ni de un pacto social entre colombianos, sino el resultado de unos convenios Farc/Santos secretos, espurios, a la espalda de todos, violatorios de la Constitución y rechazados por el país en el plebiscito nacional de 2016, organizado por el gobierno.
Lo que hace la JEP es totalmente anómalo. ¿Está tratando de forjar tranquilamente, mientras la gente duerme, un nuevo delito: el del «crimen contra-revolucionario»? ¿Por eso es que quieren la cabeza de los héroes militares que quebraron el proyecto de las Farc?
En todo caso, ante la ausencia de pruebas, la JEP opta por el camino fácil de ir a la pesca de informaciones. Esa oficina espera que los militares confiesen delitos que no han cometido. El colmo es que le hace creer a las víctimas y a la prensa que todo militar que se acoge a la JEP terminará asumiendo culpas. Lo ocurrido el miércoles y jueves en Bogotá muestra que la JEP no escucha al general Montoya y que los militares no pueden esperar ser escuchados allí ni obtener beneficios. Por el contrario, ella quiere convertir al general Montoya en un trofeo, en un anzuelo para hacer caer a otros militares. Ese organismo es un injerto de la detestable «justicia» castrista. Lo mejor es salir y contar a la opinión lo que está ocurriendo. Hay que impedir que la JEP siga intoxicando los otros tribunales y engañando a todo el mundo, sobre todo a los militares y a las víctimas.
CÓMO SOROS INFILTRÓ LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
26 de febrero de 2020
GRAN REVUELO CAUSÓ ESTA SEMANA, EN los círculos políticos de París, la revelación de la revista Valeurs Actuelles sobre la galaxia «filantrópica» de Georges Soros. En un informe especial de 21 páginas, la revista conservadora explica que «entre los 100 magistrados que han trabajado en la Corte Europea de Derechos del Hombre (CEDH), entre 2009 y 2019, 22 tienen o tuvieron lazos directos con una de las ONG que dirige la Open Society Foundations (OSF), la red mundial del multimillonario americano de origen húngaro.
La CEDH de Estrasburgo no es un tribunal cualquiera: ese organismo le dicta su ley —y su ideología— a los 47 países signatarios de la Convención Europea de Derechos del Hombre.
Más precisamente: de los citados, no menos de 12 magistrados llegaron a esa Corte después de haber desempeñado puestos claves en la OSF o en una de sus ramas, sobre todo en la Open Society Justice Initiative.
Algunos fueron miembros sucesivamente de dos o tres de esas organizaciones bajo influencia. Seis pasaron por la OSF; cinco por la Comisión Internacional de Juristas; tres por Amnistía International; siete por la Red de Comités y Fundaciones Helsinki; uno por Human Rights Watch; uno por el Centro por los Derechos Individuales de Europa, uno por el Centro Internacional para la Protección Judicial de Derechos del Hombre.
El dinero para esa masiva operación de entrismo nunca faltó. Grégor Puppinck, un abogado que intervino durante varios años ante la CEDH, y que estudia este tema, acaba de publicar dos textos –un libro y un informe— en los que explica que Georges Soros ha invertido más de 32 mil millones de dólares desde 1984 en la creación y orientación de numerosas ONG con el objeto de imponer su visión en cuestiones jurídicas y societales al Viejo Continente.
Puppinck da cifras impresionantes. Por ejemplo, HRW ha recibido 100 millones de dólares americanos desde 2010 y la Comisión Internacional de Juristas recibió, sólo en 2017, 650 000 dólares. Amnistía Internacional recibió, en 2016, 300 000 dólares. El 40% del presupuesto de los comités Helsinki en 2017 vino de las donaciones de Soros.
Grégor Puppinck fue el primero en sorprenderse por el carácter intensivo de la infiltración de Soros en la CEDH. En 2011, él creyó que había en esa Corte sólo «uno o dos jueces Soros», y no miró más de cerca el asunto pues había jueces que eran masones o católicos «lo que es habitual en los juegos de influencia en todas las instituciones». Todo cambió en 2018 cuando se dedicó a reunir y analizar una gran masa de jurisprudencias de la CEDH para ver más claro cuáles eran los acentos ideológicos que permeaban esa producción jurídica. Ello culminó en la redacción de un libro intitulado Les Droits de l’homme dénaturé (Editions du Cerf, Paris) y, más recientemente, en el informe que Valeurs Actuelles reseñó.
El escándalo de los crucifijos fue lo que le abrió los ojos a Puppinck sobre los estragos que puede hacer la galaxia Soros en la vida europea. En 2006, una mujer acudió a la CEDH. Pidió que ésta prohibiera en las escuelas públicas de Italia la presencia de crucifijos pues ello «restringía el derecho de los padres a educar sus hijos según sus convicciones». Tres años más tarde, un magistrado de la CEDH, András Sajó, amigo de vieja data de Soros y miembro de la OSF, hizo parte de la sala que aceptó los argumentos de la demandante y la educación pública de Italia tuvo que ocultar los crucifijos. Escandalizada por tal injerencia, Roma le dio poder a Grégor Puppinck para que derribara esa sentencia, cosa que él logró en 2011. Sajó ya no era magistrado en ese momento.
Desde entonces, Puppinck investiga las operaciones de lobby en Estrasburgo. En su calidad de director del European Centre for Law and Justice (ECLJ) él afirma que la CEDH, bajo la presión de Soros, se está alejando del terreno de la justicia y «de la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no hay sociedad democrática» para darle más cabida a los prejuicios soristas favorables a la inmigración ilegal, la eutanasia, la diversidad social, el multiculturalismo, el derecho al aborto, el activismo LGBT, la adopción de parejas homosexuales, la aplicación de la sharia, la hostilidad a las legislaciones antiterroristas, la abolición de fronteras y de largas sanciones penales, la despenalización del consumo de drogas, la disolución de la familia tradicional y el debilitamiento de los gobiernos nacionales.
Esos enfoques son visibles en numerosas decisiones de esa corte en pleitos radicados en Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Austria, Polonia, Hungría, Suecia. En Francia, la eutanasia es ilegal. Sin embargo, la muerte por esa vía de Vincent Lambert, en julio de 2019, creó gran conmoción. Los padres del joven se oponían a la desconexión y obtuvieron el apoyo de la ONU y del mismo tribunal de apelación de Paris. Pero la CEDH no quiso volver a revisar el caso y Lambert murió.
En 2018, el Reino Unido fue acusado de violar los derechos del Hombre por su sistema de vigilancia masiva de comunicaciones en la lucha contra el terrorismo. La prensa bautizó el caso como «Big Brother Watch». La CEDH dictaminó que Londres «no satisface la exigencia de legalidad» por «insuficiente densidad normativa». (Suecia recibió el mismo trato en otro expediente). Esos casos no han terminado del todo, pero lo interesante es que de los 16 demandantes contra el Reino Unido, 14 son ONG, y de éstas 10 son financiadas por Soros.
Las ONG de la Open Society Foundations son capaces de atacar hasta los Estados mismos, mediante la técnica del «litigio estratégico»: un gobierno aislado debe hacerle frente a una nube de ONG hostiles. El objetivo es, según Puppinck, «obtener a partir de un caso concreto, la condena de prácticas o de legislaciones nacionales contrarias a los intereses o a los valores» de la OSF. Para ello es indispensable que haya «colusión entre las ONG que entablan las demandas y los jueces que dictan la sentencia».
«Desde 2009, en 185 expedientes, una de las siete ONG financiadas por Soros actuaron como demandantes, representantes o terceros interesados», afirma Valeurs Actuelles. Lo peor es que los jueces dictaron sentencia en 88 casos aunque ellos tenían un vínculo directo con una ONG sorista, sin que por eso se hayan declarado impedidos por colusión de intereses. En cuanto a los vínculos indirectos, Puppinck subrayó: «La cantidad de negocios que dejan ver un vínculo indirecto es tan grande que no llegamos a evaluarlos totalmente».
Los estudios de Grégor Puppinck no tocan lamentablemente la acción de la OSF en América Latina, donde emergen cantidad de ejemplos de injerencia sorista con graves consecuencias sociales. ¿Hasta qué punto existe un vínculo, directo o indirecto, entre la mano de Soros y el crimen cometido en días pasados en Colombia contra la vida de Juan Sebastián, un bebé no nato perfectamente viable de siete meses, abortado por decisión de su madre, pese a la oposición del padre, con el apoyo de un organismo privado? Los investigadores locales tienen la palabra.
COLOMBIA: SALUDABLE REPUDIO A LA INJERENCIA ABUSIVA DE LA ONU
2 de marzo de 2020
HE LEÍDO CON SORPRESA, PERO CON mucho agrado, las noticias sobre la actitud del gobierno del presidente Iván Duque ante la metida de patas del señor Alberto Brunori, agente de «derechos humanos» de la ONU en Bogotá y vocero oficioso del jefe socialista portugués Antonio Guterres. Admiro la posición asumida por la Casa de Nariño y sobre todo las declaraciones de Martha Lucía Ramírez, Vicepresidente de Colombia, y de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, quienes rechazaron las extrañas exigencias del señor Brunori en el sentido de que el Ejército Nacional no intervenga en la contención de las alteraciones al orden público, que la Policía Nacional sea adscrita al ministerio del Interior y no al ministerio de Defensa y que el ESMAD sea «transformado» en un grupo de monaguillos.
En sintonía con la posición asumida por el jefe de Estado colombiano ante el insólito informe, los dos ministros refutaron el memorial de Brunori y explicaron que la organización interna de Colombia «no depende de ningún organismo multilateral». Fue una acertada respuesta a la acción excesiva del operador onusiano. Las declaraciones de Iván Duque, Marta Lucia Ramírez y Carlos Holmes Trujillo deben ser destacadas y saludadas.
En mis largos años de observación de la vida política colombiana no recuerdo haber visto una actitud tan clara, enérgica y patriótica, de altos responsables gubernamentales, frente a organismos internacionales injerencistas y menos ante los pronunciamientos de las 26 oficinas que la ONU ha podido incrustar en nuestro país para dictarnos una conducta particular, copiada casi siempre de cenáculos socialistas, como si Colombia necesitara tales ordenanzas.
La actitud habitual ante esas operaciones era la de la sumisión ante el extranjero, la del sometimiento y la de recibir palos en silencio. Lo que acaba de ocurrir ante la patanería de Brunori parece, eso espero, marcar el fin de esa actitud deshonrosa y humillante.
Lo de Brunori fue una grave torpeza que sólo podía desatar réplicas severas. Su informe es un monumento de unilateralidad y ceguera, que adopta la tesis de los extremistas, sobre todo de los farco-santistas, de que el gobierno «no está implementando los acuerdos». Es un texto que retoma las invectivas de «Timochenko». Brunori es conocido por ser un fanático partidario de la JEP.
A pocos les extraña que el único que sale a defender la impertinencia de Brunori sea el senador farco-madurista Iván Cepeda y los falsos senadores del pseudo partido Farc.
Ninguna de las agencias onusianas ha ayudado ni combatido al lado de Colombia en los momentos más dramáticos, como los que Colombia vivió por culpa de los grandes carteles de droga, en los años 80 y 90, ni en los periodos de grandes riesgos y sacrificios sufridos por el país por cuenta de la guerra asimétrica de las bandas centralizadas del narco-comunismo. Por el contrario, los aparatos de injerencia «diplomática» buscaron siempre crear confusión y parálisis, sobre todo en el seno de las fuerzas de defensa de Colombia. El estallido de indignación de hoy es el resultado de años de presiones indebidas.
Si Colombia existe todavía y no quedó fraccionada en dos o tres entidades territoriales como querían los enemigos del capitalismo y de la democracia representativa (tal era el propósito declarado de las Farc bajo la dirección de Alfonso Cano), es porque las fuerzas militares y de policía, el Estado y la sociedad colombiana, sin pedirle consejos a la ONU, estuvieron unidos y le hicieron frente a ese proyecto, como pudieron, sin importar los sacrificios y a pesar de sus debilidades económicas y de liderazgo, y lo derrotaron. La nación colombiana creció en medio de esas luchas y no puede seguir tolerando más, sin deshonrarse, la acción disolvente de burócratas arrogantes tipo Brunori, Michel Forst y compañía.
Las coerciones de Brunori y Forst no están desligadas de las intrigas de Michelle Bachelet —cuya actuación como presidente de Chile dejó sembrada la semilla de odio que hoy destroza a ese país—, quien está ahora tratando de imponerle al presidente Duque, de la manera más dictatorial, una de sus favoritas. Bachelet no acepta enviar la terna que le pide el presidente colombiano para escoger el sucesor de Brunori pues quiere asignarle la quechua-peruana Tarcila Rivera Zea. ¿A que vendría esa agitadora? ¿A soliviantar aún más las comunidades indígenas?
Espero que esto que vimos este 28 de febrero no sea flor de un día sino que corresponda a una toma de conciencia de los peligros que del exterior le caen a Colombia y a un deseo auténtico de recuperar la libertad del país en materia internacional y diplomática y de hacerlo saber a todos. Esta libertad supone ponerle fin a la presencia onusiana para que ese armatoste —así llamaba el General De Gaulle a la ONU—, quede libre de decir lo que quiera de Colombia pero desde Nueva York y Ginebra. Desde allá, podrá ver las cosas como son y no como dicta la nube de abejorros que llenan sus oficinas en Bogotá.
LE PIDEN AL PRESIDENTE DUQUE QUE ACTÚE PARA ATAJAR EL CRIMEN EN MASA DEL ABORTO
5 de marzo de 2020
RECOMIENDO LA EXCELENTE ENTREVISTA CONCEDIDA POR la abogada Ángela Vélez Escallón al exministro Fernando Londoño Hoyos, director del programa radial La Hora de la Verdad. Este 5 de marzo, la líder pro-vida de Colombia, hizo importantes declaraciones en esa conversación. Ella evocó el reciente asesinato de Juan Sebastián, bebé no nato perfectamente viable, cometido por Profamilia, una agencia pro-abortos de Popayán. También comentó lo ocurrido la semana pasada: la Corte Constitucional no se atrevió a llegar al extremo de legalizar, sin condición alguna, el aborto hasta las 16 semanas de gestación, como algunos magistrados habían hecho saber. «Pero seguimos en la misma tragedia», detalló la doctora Vélez, en vista de que esa corte dejó intactas las discutibles tres causales del aborto que están permitiendo el asesinato legal de miles de niños no natos en Colombia. «La situación sigue siendo muy delicada y hay que seguir en la lucha», subrayó la doctora Vélez.
Amplios sectores de la ciudadanía han expresado su repudio por el aborto monstruoso cometido por la mamá de Juan Sebastián y están pidiendo la abolición pura y simple de la doctrina de la Corte Constitucional (la cual es una aberración pues carece de respaldo constitucional y legal) que le está dando un barniz de legalidad a esa masiva atrocidad.
Ángela Vélez Escallón alertó a la opinión pública sobre «la embestida que prepara» en estos momentos el agresivo lobby del aborto para continuar su labor criminal, tras la ola de repudio que sacudió al país luego de la eliminación infame del bebé Juan Sebastián. Explicó que con el pretexto de velar por la salud de la madre la agenda abortista está llevando a la muerte a miles de bebés viables no natos.
Ángela Vélez Escallón denunció que el cuerpo del niño asesinado no ha sido entregado a su padre. Este intentó en vano impedir la muerte de su hijo en el vientre de la madre. La oficina abortadora que cometió ese crimen no ha querido entregarle el cuerpo del niño y no quiere dar explicación alguna sobre la atrocidad cometida. La jurista dice que no se puede excluir que Juan Sebastián haya nacido vivo, como ocurre en muchos casos de abortos tardíos. Se pregunta si Profamilia lo dejó morir en una caneca, como ocurre en los abortaderos de Estados Unidos. ¿Por eso es que no quieren entregar el cadáver de Juan Sebastián?
La abogada explicó que conoce el caso abominable de un bebé no nato que tenía aparentemente, según los médicos, «un problema en una mano». A pesar de que la anomalía no fue confirmada, alguien interpuso un recurso de tutela y con esa excusa el bebé viable, de casi nueve meses, fue ultimado. Ese crimen execrable, como, tantos otros, sigue en la impunidad total.
Fernando Londoño señaló que algunos de los patrocinadores del aborto utilizan el pretexto de «mantener la pureza de la raza», tema tomado del discurso de Adolf Hitler, lo que muestra el hecho gravísimo de que el país está regresando a estados de barbarie y de deshumanización asombrosos.
La líder pro-vida se preguntó qué tipo de sociedad estamos construyendo en Colombia cuando, sin trabas, hay campañas en las universidades que buscan suscitar en las jóvenes sentimientos contra la maternidad e incluso de odio contra el ser vivo que llevan en ellas, en el caso de las embarazadas.
Sectores de la opinión están pidiéndole a Iván Duque, quien se ha declarado «pro-vida», que sea consecuente y utilice sus poderes presidenciales para impedir que la industria del aborto siga llenándose los bolsillos con esa abyecta actividad. La líder pro-vida estimó que «no ve al gobierno planteando una opción real [frente al aborto], y que el presidente «dice que es pro-vida pero acepta y le parecen bien las tres causales el aborto. Esto me parece curioso».
Potcast de las declaraciones de Ángela Vélez Escallón:
https://www.youtube.com/watch?v=7gZJllFLD0o&feature=youtu.be
http://www.lahoradelaverdad.com.co/angela-velez-escallon-abogada-y-activista-pro-vida-habla-sobre-el-aborto-en-colombia/
¿EL «DERECHO A LA PROTESTA» ES UNA HERRAMIENTA SUBVERSIVA?
6 de marzo de 2020
SE HABLA MUCHO EN ESTOS DÍAS del «derecho a la protesta social». Algunos observadores estiman que ese «derecho» lo están «vulnerando los bandidos», es decir los vándalos y encapuchados que salen cuando los miembros del nefasto «comité del paro cívico» les dan la orden de ir a destruir las ciudades.
Pero los desmanes y devastaciones que comete esa gente no son expresiones del ejercicio de un «derecho». Son delitos que todo Estado de derecho sanciona.
El «derecho a la protesta social» no existe. No está consagrado en la Constitución nacional, texto que enuncia taxativamente los derechos de los colombianos. Ese derecho no es el resultado de la evolución jurídica de la sociedad sino, más bien, una concepción que unos le quieren imponer a la sociedad.
Es tan exitosa la campaña de hacer creer que hay un «derecho a la protesta» que el mismo gobierno colombiano supone que eso existe. Gina Parody, ministra de Educación bajo la presidencia de JM Santos, el 22 de abril de 2015, ante la inminencia de un paro cívico indefinido, declaró: «El derecho a la protesta no puede violar el derecho a la educación». Así, ella enunció una ficción (el derecho a la protesta) y un derecho real (el derecho a la educación) y les dio idéntica legitimidad.
El «derecho a la protesta» es un estandarte ideológico. Es el instrumento más valioso de quienes utilizan la violencia para impulsar una agenda política. Esa formación verbal es clave para el éxito de los desmanes. Sin ella es difícil darle a los medios una justificación de tales actos. Sin esa frase es imposible hacer pasar los actos violentos como una «crítica social». Desconfiemos pues de las frases con carga ideológica, donde la palabra «social» es un elemento central.
El prestigio del vocablo «social» es inmenso. Hayek decía: «‘Social’ fue cada vez más la etiqueta de la virtud preeminente, la cualidad que distinguía al hombre de bien, y el ideal que debía guiar la acción colectiva».
Es hora de examinar el asunto del lenguaje que fabrica la subversión. El uso de fórmulas retóricas ambiguas hace parte de la política de la manipulación de los espíritus. Es una verdadera guerra psicológica. La capacidad de reflexión y respuesta de la sociedad son adormecidas por la reiteración de esa propaganda.
Como ninguna constitución lo garantiza, el «derecho a la protesta» es una mentira. Una mentira tan grande como definir como «retención» el secuestro, como llamar a los terroristas «inconformes», como decir que las Farc son un «actor político», como decir que su violencia es un «discurso». Es una falsedad tan grave como decir que Ingrid Betancourt y los rehenes militares, encadenados a árboles durante años, eran «bien atendidos» por sus verdugos y que solo eran encadenados «esporádicamente». Es tan infame como decir que los cautivos de las Farc eran los responsables del maltrato que sufrían pues habían intentado escapar.
Sin tal distorsión del lenguaje los crímenes de los violentos serían perseguidos seriamente por la justicia. Empero, ante los destrozos humanos y materiales, las autoridades y la ciudadanía quedan perplejas el primer día, pero olvidan todo unas horas después. El tal derecho «a la protesta social» sirve para eso.
FECODE ha hecho mucho para popularizar el «derecho a la protesta» y para convertirlo en un derecho «social». Siempre que puede repite: «La protesta social pacífica es un derecho de todos los ciudadanos en una democracia. No puede ser ni estigmatizado, ni violentado». Es decir, el Estado no puede reprimir los desmanes pues eso sería violentar y/o estigmatizar un «derecho social».
Encontramos defensores de eso en los lugares más insólitos. Una decana de la Universidad de Los Andes inventó algo muy curioso: que el Estado debe ser «neutro» ante las «manifestaciones» y que no puede advertir a la sociedad sobre los efectos de ciertas protestas pues eso equivale a «atemorizar a los jefes de la protesta» y violar esa pretendida «neutralidad». Para que no quedara duda, ella puso este ejemplo: «Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es legítimo porque eso disuelve la protesta». Gracias a ese embuchado anarquista, a esa fantasía sin soporte, el Estado como servidor de la comunidad desaparece. Así va el estudio del Derecho en la universidad colombiana.
Gracias a ese tipo de artimañas, FECODE fue más lejos y beatificó los paros cívicos al definirlos como «movilización social continuada y articulada». Hasta los más entendidos mintieron al respecto. El antropólogo Gonzalo Sánchez, de la Universidad Nacional, estimó hace poco que «la protesta social estaba criminalizada» durante los gobierno del expresidente Uribe. El primer director del Centro Nacional de Memoria Histórica (en tiempos de Santos) afirma sin sonrojarse que combatir el terrorismo es «criminalizar la protesta social».
El 21 de noviembre de 2019, FECODE proclamó: «No a la criminalización y restricción del derecho a la protesta social. Todos a las calles en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, contra el Paquetazo de Duque». Ese «derecho» terminó en los desastres que conocemos: saqueos, disturbios y parálisis en varias ciudades, tres policías destrozados por una bomba en el Cauca, 70 uniformados, entre ellos 14 mujeres, agredidos brutalmente, y 57 ciudadanos lesionados.
La teoría de la decana de «no atemorizar a los líderes de la protesta» antes de ésta produjo los efectos esperados: la sociedad fue agredida sin que el Estado tomara medidas previas para impedir que ese paro cívico termina en semejante caos. En los textos de algunos teóricos del CINEP la narco-guerrilla Farc es mostrada como una expresión de la «protesta social» que responde ante la «desigualdad social».
La periodista Isabel Caballero Samper también aporta su contribución a tal confusión. Ella escribió: «El derecho a la protesta social es un derecho muy importante porque se utiliza para lograr el cumplimiento por parte del Estado de los derechos fundamentales. Por eso es aceptable que en ciertos momentos afecte algunos derechos de otras personas como el derecho a moverse libremente por la ciudad».
Asombra saber que una periodista acepte que los derechos de los otros puedan ser «afectados» por alguien que quiere imponerse por la fuerza. Su idea sobre el origen de un derecho es grotesca. Los particulares no pueden crear caprichosamente «derechos» utilizando las vías de hecho. Esa visión es bárbara. Un derecho no existe por el hecho de que alguien lo «utiliza», es decir, por tomarse el derecho de hacer algo. Si eso fuera así, el derecho a asesinar podría dejar de ser un crimen. Un derecho surgido de una práctica exige ser rectificado por la legislación. Eso es así en las sociedades organizadas, desde los tiempos de Licurgo y de las Doce Tablas de Roma.
Tras leer con atención los textos que nos hablan del pretendido «derecho a la protesta social» observamos que sus actores son incapaces de ubicar el lugar donde se encuentra ese derecho en la Constitucional nacional. Algunos creen verlo en la Declaración universal de Derechos del Hombre. Tampoco es cierto.
En realidad, no hay una sola palabra sobre el «derecho a la protesta» en la Constitución de 1991. Ese «derecho» tampoco hizo parte de la Constitución de 1886. Si ese derecho no aparece en nuestra Carta no puede aparecer en ningún código. Y si aparece esa formulación es inconstitucional. Las dos jurisprudencias de 2017 de la Corte Constitucional que, según algunos, validan el «derecho a las protestas» (sic) son por eso de muy dudosa estirpe.
La Constitución consagra los derechos fundamentales de los colombianos (Titulo II, capítulo 1). Allí están consagrados los derechos principalísimos: por ejemplo, el derecho a la vida, a nacer libres e iguales en derechos; a no ser torturados; a la libertad de conciencia, de cultos. Ese título consagra, entre otros, la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, de circular por todo el territorio nacional. El artículo 56 garantiza el «derecho de huelga salvo en los servicios públicos». El artículo 258 dice que el voto es un derecho y un deber ciudadano.
El social-liberalismo y los marxistas tratan de hacer creer que la Constitución garantiza un «derecho a la protesta». Empero, el artículo 37, que algunos citan como el fundamento de ese derecho, habla explícitamente de otra cosa: del derecho a «reunirse y a manifestarse públicamente y pacíficamente». La subversión cree ver en esa frase el «derecho a la protesta». Incluso creen ver allí el «derecho a la protesta social». Pero como es imposible hacerle decir eso a la Constitución acuden a un experimento culinario: echan en una licuadora el artículo 56 de la CN, que garantiza el derecho de huelga, y le agregan el artículo 37, ya visto, ponen en marcha la licuadora y de eso sale un jugo maravilloso: el derecho «a la protesta social».
Que bella impostura.
Un derecho fundamental, que no requiere un desarrollo legislativo ulterior, o una reglamentación, debe ser mencionado exacta y explícitamente por la Constitución. La Constitución no habla en ningún momento de «derecho a la protesta».
Es imposible hacer creer que «protestar» es igual a «reunirse» y a «manifestarse públicamente y pacíficamente». Protestar es «mostrar con fuerza su desacuerdo o descontento». La palabra castellana protestar viene del latín proteste, que significa «afirmar con fuerza y públicamente». El constituyente supo que en el término «protesta» hay siempre el elemento de la fuerza. Por eso evitó utilizar esa palabra. En cambio, creó el derecho a «manifestarse públicamente» y agregó inmediatamente el adverbio «pacíficamente» para no crear un vacío por donde pudiera deslizarse la idea de que la manifestación violenta es un derecho.
Ese desplazamiento de sentido del artículo 37 de la CN es lo que tratan de implantar oficinas como el CINEP, FECODE y algunas fuerzas para impedir toda discusión sobre sus métodos «de lucha» y sus ideales políticos. Para ellos la protesta, incluso la protesta violenta, es un derecho, algo que la ley permite. Incluso pretenden que es un derecho que el Estado no debe reprimir ni castigar. Esa creencia es inaceptable por ser antisocial.
¿La Constitución colombiana no es democrática, ni republicana, ni garantista, ni «social» por no haber incluido ese «derecho»? Claro que no. La Constitución colombiana no deja de lado ningún derecho propio de la sociedad democrática. Los defectos de la Constitución de 1991 no están en la enumeración de libertades y derechos. Sus problemas son de arquitectura y de la relación entre los tres poderes y sus controles mutuos.
¿CÓMO LUCHAR POR LA ABOLICIÓN DE LA JEP?
8 de marzo de 2020
NO BASTA CON QUEJARNOS POR LO que hace la JEP. No basta escribir artículos y cortos mensajes iracundos en las redes sociales cada vez que ese organismo creado por las Farc comete fechorías. Los bonzos de la JEP se ríen bajo capa de nuestra indignación. Saben que la irritación espontánea de la sociedad no dura y no genera consecuencias negativas para ellos, si esa indignación no es canalizada y reforzada políticamente.
Saben muy bien que el cinismo de sus decisiones, como el que acaban de ejecutar al declarar «amnistiable» el atentado contra la Escuela Superior de Guerra, donde fueron heridos 23 estudiantes el 19 de octubre de 2006, en Bogotá, no pone en peligro la existencia de ese aparato subversivo creado por las Farc. La JEP seguirá ayudando a consolidar la subversión pues sabe que ni el gobierno ni la clase política se sienten capaces de encarar el problema. Saben que la línea es gerenciar el asunto y dejar que, pese a todo, el monstruo siga vivo.
Pero es posible que los electores saquen sus propias consecuencias.
Asombra ver, en todo caso, que algunos dirigentes del Centro Democrático, tras la explosión de furor nacional por la nueva resolución inicua de la JEP, quien amnistió, además, a Marilú Rodríguez Baquero, alias «Mata Hari» —la terrorista Farc condenada en 2015 a 25 años de prisión por haber infiltrado una institución universitaria y ayudado a preparar y ejecutar ese atentado—, solo proponen enmendar ese tumor maligno dejado por la administración Santos.
En lugar de pedir desde ya la abolición pura y simple de ese aparato, y de llamar a la movilización general contra la JEP, algunos regresaron a sus sillones a esperar que el recurso interpuesto por la Procuraduría contra la maligna decisión les saque las castañas del fuego.
Paloma Valencia pide, por ejemplo, dialogar para ver cómo se puede «reformar la JEP», lo que contraría lo que piden millones de ciudadanos que están hartos de ver cómo Colombia se ridiculiza al ser el único país del mundo que tiene un organismo de «justicia especial» que proclama, sin que sus jueces sean acusados de complicidad con el terrorismo, que un atentado con armas prohibidas (carro-bomba), contra un centro universitario lleno de jóvenes y de civiles, fue un «acto lícito de guerra a la luz del derecho internacional humanitario». Contra lo que estiman la JEP y los violentos, esa escuela no es un cuartel, ni un centro de mando militar.
Sorprende ver que algunos parlamentarios se limitan a decir que se debe invalidar ese mecanismo de «justicia transicional», sin tomar medidas concretas.
Los congresistas no son elegidos para que hagan declaraciones compasionales sino para que asuman sin tardar las acciones concretas de su rango: presentar proyectos de ley, o proyectos de reforma constitucional, para ayudar al país a salir de las trampas que urden sus enemigos.
Los senadores y representantes están para informar y movilizar a la ciudadanía en torno de la acción política, sin esperar que el humor de los jueces cambie sobre ciertos puntos, y para debatir y defender con energía los proyectos de ley benéficos para el país y para desmantelar los organismos que consideran nefastos.
¿No ha llegado acaso el momento de redactar un proyecto de ley que busque abolir ese adefesio que se hace llamar JEP? ¿No ha visto el CD que la opinión pública, tras la proclamación infame del 2 de marzo, quiere orientación y acción ya mismo? ¿No ven que ha llegado la hora de obrar como una bancada parlamentaria de combate?
Nada es más urgente en este momento que dar un paso concreto: redactar un proyecto de ley que proscriba la JEP, darlo a conocer a las mayorías nacionales, organizar campañas de educación cívica en todo el país, con conferencias y mítines públicos en torno de ese texto y luchar, al mismo tiempo en el Senado y en la Cámara de Representantes, teniendo o no la mayoría de esos colegios, para sacar adelante la proscripción y abolición definitiva de la JEP.
La JEP no es un detalle, no es un accidente ni un malentendido, no es un tropiezo que se resuelve con un simple recurso. Es un inmenso problema político que está minando el Estado de Derecho y que requiere una decisión política respaldada por la movilización ciudadana.
LOS MAMERTOS QUIEREN SEPULTAR LA VERDAD SOBRE LAS FARC
21 de marzo de 2020
EL ARTÍCULO INTITULADO «INVESTIGADORES LE HACEN el quite al Centro de Memoria Histórica», publicado hoy por el diario El Colombiano y firmado por Olga Patricia Rendón(14), merece un comentario. Lo que hacen los supuestos «investigadores universitarios» no es hacerle «el quite» sino sabotear de manera vergonzosa la discusión del CNMH sobre la violencia comunista en Colombia. El artículo de la señora Rendón es desequilibrado. No le da la oportunidad al director del CNMH, Darío Acevedo Carmona, de presentar su punto de vista sobre ese cobarde saboteo y sobre la propuesta misma del CNMH (salvo tres palabras «pluralizar los contenidos»). Ella parece aceptar el sofisma del «conflicto armado», aunque los inventores de ese embuchado nunca pudieron probar la tal suposición. Ellos carecen de argumentos. En lugar de debatir, explicar, convencer, ellos combinan todo tipo de bajas maniobras, al límite de la legalidad, para encaramarse de nuevo en el CNMH. Quieren seguir explotando ese Centro como vehículo de propaganda. Su compromiso militante es diabolizar la fuerza pública colombiana y proclamar que las atrocidades de las Farc y de sus satélites armados (Eln, Epl, M-19, Quintín Lame, etc.), durante más de 50 años, tenían un objetivo loable: alcanzar «la paz». Colombia no aceptará jamás esa impostura.
MIS CRÍTICAS AL TEXTO DE PEDRO AJA CASTAÑO SOBRE CORONAVIRUS Y EL EVENTO 201
26 de marzo de 2020
MIS OBSERVACIONES:
1. Rechazo la frase del punto 11 que invita a «Seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud». La OMS está mal dirigida y no jugó un papel de prevención de esta crisis del Covid-19. La OMS cede a las presiones chinas sobre esta pandemia y no está jugando el papel de un líder en el combate contra esta pandemia(15).
2. El análisis de la crisis sanitaria mundial actual, de su origen y desarrollo, es confuso. Mezcla elementos de la realidad con ficciones de orden literario. Un análisis debe dejar de lado esa mezcla y ceñirse únicamente a los hechos.
3. El texto no dedica una sola frase al problema de la responsabilidad de la dictadura comunista china en la aparición del coronavirus de Wuhan. No habla del ocultamiento inicial de la emergencia de ese virus, ni de la inercia de ese régimen ante las contaminaciones.
4. El texto pone en duda que ese virus sea un producto de las pésimas condiciones sanitarias de China. El texto recoge, sin crítica, los elementos de lenguaje y de desinformación de chinos y rusos sobre un hipotético origen norteamericano de ese virus. Yo no firmaré ni apoyaré ningún texto que afirme o que sugiera que el covid-19 es un complot americano.
5. El texto sugiere, de manera confusa, que el virus fue fabricado en un laboratorio, pero no indica si esa fabricación es de origen chino. No dice si la contaminación fue el producto de un accidente o de un acto criminal deliberado de los chinos, tesis ésta última difícil de aceptar por los estragos económicos que causó y causará esa pandemia no solo en el mundo sino también en la China. En cambio, el texto deja abierta la posibilidad de que ese virus de laboratorio sea americano. La inclusión del affaire Charles Lieber en el texto juega en ese sentido. Eso me parece muy lamentable.
6. La forma en que el texto presenta el caso Charles Lieber es cuestionable. El texto omite toda referencia al programa de Pekín de robo de secretos industriales y químicos sensibles americanos mediante el «Plan de los Mil Talentos» financiado por el Estado chino. La justicia americana afirma que Lieber trabajó durante años con los chinos y que por eso recibió de ellos 15 millones de dólares desde 2008. El texto desfigura ese grave episodio y le resta credibilidad. Dice que «Se trata de novelas internacionales de espías al estilo de Dean Koontz».
7. El texto sugiere que hay una conexión entre un seminario financiado a finales de 2019 por el millonario estadounidense Bill Gates y la aparición del coronavirus de Wuhan. «¿Pero quién les robó la idea a los panelistas?» se pregunta cándidamente el texto, dando por cierto que habría una conexión y que, en conclusión, el origen real del virus sería americano.
8. «Los EE. UU no estaban preparados» para esta pandemia, admite el texto. Luego no se entiende por qué ese país habría desatado una pandemia en China que sabría que golpearía necesariamente a Europa occidental y a los mismos Estados Unidos, potencia mundial que, pese a ello «no estaba preparada» para frenar esa pandemia. El texto incluye la primera frase pero no hace la pregunta que aquí formulamos.
9. El texto dice que esa pandemia «ha sido el ‘sueño’ de cierta élite» tanto comunista como capitalista. No definir qué tipo de «élites» son los responsables de esa pandemia y hablar en términos tan generales no aporta claridad sino confusión. El texto dice «El Evento 201 imaginó, y el karma copió y respondió» para darnos una lección: «Las palabras y los pensamientos tienen poder». Es una explicación mágica que no comparto.
10. El texto no dice una palabra sobre la mundialización y sobre cómo China fue el mayor aprovechador de la mundialización, proceso que llevó al desmantelamiento industrial de países claves del mundo capitalista en beneficio del desarrollo industrial chino. No dice que la mundialización deberá ser reestructurada y que China deberá pagar un precio económico, político y diplomático por no haber frenado desde el comienzo el desastre causado por el virus de Wuhan.
11. El texto no dice una palabra sobre el hecho gravísimo de que la producción de elementos esenciales en la fabricación de medicamentos, antibacterianos, anti virus, vacunas y materias primas para la fabricación de ciertos medicamentos, así como las máscaras sanitarias y los aparatos de reanimación pulmonar, son hechos en gran medida por China, a causa de esa mundialización, y que ese hecho está jugando un papel gravísimo en la incapacidad actual de ciertos países del primer mundo, como Italia, Francia y España para dotarse a tiempo de elementos sanitarios para reducir la curva de infectados y de muertes de la pandemia.
12. Recuso todo lo que recomienda el texto sobre «combatir la información errónea» y establecer una «coordinación de la información» sobre la pandemia. Todo eso va contra la libertad de expresión y de prensa. «Coordinar la información» equivale a censurar la información no conforme con el pensamiento del grupo dominante y crear una información oficial como la única tolerada. Todas las informaciones y opiniones deben ser libres de circular sean erradas o no, así como se debe proteger la libertad de crítica.
ANTIAMERICANISMO Y COMPLOTISMO
31 de marzo de 2020
PEDRO AJA CASTAÑO EN SUS RESPUESTAS telegráficas a mis críticas destapó, por fin, su juego. El fondo de sus planteamientos es una combinación sutil de tres posturas: antiamericanismo, anticapitalismo y complotismo. Lo que fue, para mí, una sorpresa. No había visto ese perfil en sus anteriores columnas.
Pedro Aja Castaño insiste en atribuirle a Estados Unidos un papel central en la aparición del virus de Wuhan. Claro, no es el primero en decir eso. Tampoco él dispone de una prueba al respecto. Sin embargo, no abandona en sus respuestas ese punto de vista.
El hilo conductor de sus explicaciones es el odio a Estados Unidos y al Reino Unido (o a lo que él llama los «ingleses capitalistas»). En sus lacónicas respuestas lanza mensajes explícitos que no ocultan esa antipatía. Él, por ejemplo, me lanza la siguiente pregunta: «¿Sabes que hubo norteamericanos e ingleses capitalistas que financiaron a Hitler y al comunismo?». Respuesta: no lo sabía, aunque nadie ignora que hubo gente, como el comunista francés Jean-Baptiste Doumeng, que se llenó los bolsillos haciendo negocios con la URSS durante la Guerra Fría.
Sin arriesgar una sola línea para sustentar el cuento de los capitalistas que financiaron «a Hitler y al comunismo», Pedro concluye: «Esa es la élite que juega en ambos bandos» (el hitlerismo y el comunismo). Y termina con esta perla: [la élite anglo-americana] «controla en la sombra los principales gobiernos de la tierra».
Antes de refutar su tesis complotista diré algo: Estados Unidos jamás financió a Hitler, ni financió el asalto bolchevique al poder. Pedro Aja calla la realidad de esos dos procesos. Resumo: Con el tratado de Rapallo de 1922, basado en el mutuo rencor de Berlín y Moscú por Occidente, el Ejército alemán pudo evadir las duras exigencias de desarme del tratado de Versalles y la Rusia soviética pudo realizar algunos planes de industrialización gracias a los alemanes. Con el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, Stalin se repartió con Hitler la Polonia y le permitió desatar la segunda guerra mundial. Mucho antes, Stalin había contribuido al ascenso de Hitler al poder. Ordenó a los comunistas acusar a la socialdemocracia alemana de ser su peor enemigo. Divididos, los dos partidos mayoritarios le facilitaron a Hitler ganar la elección de 1933, ser nombrado canciller y obtener poco después los plenos poderes. Si alguien ayudó a Hitler fueron, entre otros, los comunistas rusos.
Gracias a Estados Unidos y a la Gran Bretaña y al heroísmo de los Aliados y del pueblo ruso, la ocupación nazi de Europa fue derrotada. La masiva ayuda militar de Estados Unidos a la URSS (le suministró aviones, camiones y artillería pesada), le permitió al desbaratado Ejército Rojo resistir la invasión de la Reichswehr y lanzar las contraofensivas que culminaron en el triunfo de Stalingrado de 1943. El desembarco aliado en junio de 1944, dirigido por Estados Unidos, desembocó en el colapso definitivo y en la capitulación nazi del 8 de mayo de 1945.
Quien financio a Lenin, para que tomara el poder en octubre de 1917 fue el alto mando alemán. Desde el comienzo de la primera guerra mundial, y alertada por Parvus, un rico aventurero socialista y traficante de armas, Berlín vió con interés los llamados bolcheviques a la deserción de las tropas rusas, que los obreros y soldados rusos desoían. Enormes sumas de dinero, a través de Parvus y de bancos alemanes en Suecia y Noruega, fueron dadas a Lenin, Zinoviev, Kamenev, Korlovsky, Kollontai y otros para financiar sus publicaciones e intensificar la propaganda derrotista. Tras la caída del zar, en plena revolución de febrero, esa operación fue profundizada. Bajo instrucciones de Ludendorff, jefe de los ejércitos alemanes, dos diplomáticos, Robert Grimm y Fritz Platten, redactaron el protocolo que organizó el regreso a Rusia de Lenin y 32 miembros de su partido en abril de 1917, a través de Suiza y Alemania. Ludendorff logró lo que buscaba: utilizar a Lenin como agente alemán quien, una vez en el poder, debería firmar la capitulación de Rusia y la retrocesión a Alemania de inmensos territorios, a cambio de una «paz durable»: Polonia, Lituania y una parte de la Rusa Blanca. Las tropas rusas tuvieron, además, que salir de Ucrania, Finlandia, Estonia y Letonia. Y las ciudades de Kars y Batoum fueron cedidas a Turquía. Eso, más el pago de una indemnización de seis millardos en marcos-oro, fue la humillante «paz separada de Brest-Litovsk» firmada por Trotsky el 3 de marzo de 1918. Tal traición vergonzosa desató una rebelión de jóvenes oficiales de Petrogrado que estuvo a punto de poner fin a la dictadura de Lenin y precipitó la intervención occidental. Ese fue el comienzo de la guerra civil de tres años y de los 73 años de atrocidades comunistas sin nombres, en Rusia y en otros países.
Robert Service, profesor de historia de Oxford, quien fue autorizado por Gorbachov y Yeltsin a consultar los archivos personales de Lenin, reveló los detalles de ese obscuro episodio y de la aventura del famoso tren que solo fue «blindado» porque nadie podía entrar ni salir de los cuatro vagones sin la autorización de Platten y las maletas y pasaportes no fueron controlados por la policía ni por la aduana. «Sería difícil encontrar en la Historia un partido político que haya trabajado en la derrota de su propio país con más celo y determinación que los bolcheviques. Era un eslabón esencial de la cadena: el derrumbe del Estado tras la derrota militar sería seguido por la toma del poder», escribió Dimitri Volkogonov, un general ruso autor de una famosa biografía de Lenin.
¿En qué queda la teoría de Pedro Aja Castaño sobre la «financiación del comunismo» de los norteamericanos?
Los adeptos de las teorías del complot dicen que Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel (que Aja no menciona) «controlan el mundo», que los sistemas democráticos que gobiernan esos países, y el mundo libre, son meras fachadas que ocultan una horrible dictadura: la de «un grupo secreto» incrustado en las altas esferas del poder.
¿Recuerda el lector el 11 de septiembre de 2001? Tras esa catástrofe los amigos de tales teorías explicaron qué había pasado. Los atentados no habían sido, según ellos, cometidos por Ben Laden sino por «un grupo presente dentro del aparato de Estado americano que le dictaba la línea al presidente Bush». Exigieron que fuera investigada otra pista: la de un «complot interior». Había que capturar a los «conspiradores» que se ocultaban entre los «militaristas blancos, racistas, misóginos, antisemitas y anticomunistas que rodeaban al presidente George W. Bush». Ese grupo, decían, había organizado esos ataques para tomar el poder, lanzar la guerra contra gente inocente y aumentar el presupuesto de Defensa, a pesar de que, desde la elección de Bush hijo, los militares americanos no tuvieron el menor problema de presupuesto.
El promotor de esa fantasía era Lyndon LaRouche, jefe de una secta delirante americana que dispone de ramificaciones en varios países, como el Instituto Schiller, dirigido por su viuda, Helga Zepp-LaRouche, en Wuppertal. En Francia esa superchería fue defendida por Thierry Meyssan en un libro L’effroyable imposture que fue un best seller en el mundo árabe. LaRouche también proclamaba que el exsecretario de Estado Henry Kissinger había intentado asesinarlo y que la reina de Inglaterra dirigía un tráfico internacional de drogas. Varias veces acusado de neo-nazismo y antisemitismo, Lyndon LaRouche fue condenado en 1989 por fraude fiscal y desvío de dineros por lo que tuvo que pagar seis años de cárcel.
Así como los conspiracionistas trataron de disculpar a Ben Laden, Pedro Aja soslaya la responsabilidad de la dictadura comunista de China en el ocultamiento inicial de la epidemia, lo que favoreció la expansión de esa terrible infección y la paralización de muchas economías. En lugar de criticar las condiciones de higiene de los «mercados húmedos» como el de Wuhan, donde pudo ocurrir un proceso de zoonosis de recombinación de virus entre un murciélago (portador de varios tipos de coronavirus) y un pangolín, Pedro Aja se burla de esa hipótesis. Habla de «la tesis del murciélago y los cerdos, una presunción que se ‘vendió’ culturalmente en occidente».
Pedro Aja apunta el dedo acusador hacia «una organización diferente a los gobiernos» que podría ser la ONG de Bill Gates y el seminario Event 201, realizado a finales de 2019 con el Centro Johns Hopkins.
Varios portales web complotistas, como Wikistrike y Nuevo Orden mundial, dijeron que el coloquio Event 201 había sido una «simulación» de lo que sería la epidemia que aparecería semanas después. Tal descripción fue refutada por la ONG de Bill Gates quien subrayó, el pasado 25 de enero, que ese evento no hizo «ninguna predicción» y que «los datos utilizados para modelar el impacto potencial de un virus ficticio no son similares al Covit-2019». El Centro Johns Hopkins, un organismo privado dedicado al estudio de las epidemias, declaró por su parte, según el diario Le Monde(16), que Event 201 «nunca predijo que la epidemia de coronavirus mataría a 65 millones de personas», como pretenden los complotistas.
Para finalizar: Pedro Aja Castaño presenta a la China como una víctima de Estados Unidos y de quienes tratan de «dominar el mundo mediante el dinero». En otras palabras, Pedro Aja evita la discusión. Para él, la mundialización es «lo que otros llaman codicia de los inversionistas que aprovecharon la producción china barata».
Como «prueba» de eso Pedro lanza una frase incomprensible («Tengo el derecho a lanzar hipótesis cuando lo único que existe es la prueba de lo inexplicable») y cita un artículo que no es pertinente. «Cover: Get ready for a World Currency, publicado en 1988 por The Economist, hizo una profecía que no se cumplió. En 2020 no hemos visto aún el colapso del dólar ni la realización de la «unión monetaria mundial completa» que, según ese texto, «comenzaría como un cóctel de mo- nedas nacionales».
Pedro Aja Castaño insiste en amordazar la libertad de información. Él prefiere que haya una «coordinación de las informaciones» para «beneficiar a los enfermos». Error: sin libertad de información, de expresión, de discusión (científica, política y periodística), no se podrán superar los errores que cometieron los chinos, primero, y los países, después, al hacer frente a la pandemia y a las insuficiencias de los sistemas médicos de los países afectados. Sofocar la discusión, es lo peor que se podría hacer en estos momentos.
LO QUE HAY DETRÁS DE LA FRASE «APAGAR LA ECONOMÍA»
6 de abril de 2020
«APAGAR LA ECONOMÍA» COLOMBIANA PARA HACERLE frente a la pandemia de Wuhan. Esa es la receta salvadora que acaba de descubrir, después de muchas meditaciones, la alcaldesa de Bogotá.
Claudia López da la impresión de estar más interesada en confeccionarse un discurso político personal, para redorar su blasón, que trabajar duro, junto con el gobierno nacional y el sector médico-científico del país y de los países más avanzados, para saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo con el Covid-19 y cuáles son las medidas más acertadas para proteger a las poblaciones.
En lugar de sumarse de manera responsable y modesta al frente que heroicamente lucha a diario contra la epidemia en Colombia, Claudia López optó por una línea doble: soplar el frío y el calor, acatar un día las políticas del gobierno nacional para enseguida abrirle bajas querellas a Iván Duque y confeccionar, en un rincón de su oficina del Palacio Liévano, el seductor (pero falso) dilema de «salud o riqueza».
Ella aprovecha la coyuntura para aterrorizar a la ciudadanía declarando cosas absurdas, como eso de que «ninguno de nosotros va a sobrevivir literalmente» a esta epidemia si no se hace lo que ella propone, y advirtiendo, en un tono de lucha de clases, que las medidas (imaginarias) que toman algunos (léase el gobierno y «los más acomodados») corresponden a una «visión tacaña, calculadora, egoísta», que «nos hunde a todos».
La solución es, pues, según ella, dejar de trabajar: «apagar la economía» y «encender la generosidad». Tal es el artilugio retórico fascinante que ella lanzó, como la gran síntesis, en su entrevista con Yamid Amad sin que éste se alarmara. Al veterano periodista le sonó bien eso de «apagar la economía» y no quiso ver qué había detrás de esa fórmula.
Claudia López quiere «apagar la economía» de Bogotá durante tres meses sin medir las consecuencias. Ella ve la «riqueza» como algo que va y viene fácilmente: «Así como la ganamos antes la volveremos a ganar después», dijo desde la Alcaldía, envuelta en una casulla gris. ¿Ella habla de «apagar la economía» en todo Colombia?
Bogotá representa el 31% del PIB nacional. El distrito capital es el principal motor de la economía colombiana, es la mayor plataforma empresarial y el principal mercado laboral del país. ¿Eso es lo que ella quiere «apagar» durante tres meses?
No es una coincidencia que Claudia López, dirigente de un partido verde, lance esa receta, la otra forma de plantear el programa verde más extremista: el crecimiento cero. La idea del crecimiento cero, o del decrecimiento, fue vendida a las «vanguardias» políticas y a los «progresistas» de los años 1980, como una panacea, como el futuro luminoso e inevitable de la humanidad. «Crecimiento cero: la opción para un mundo sostenible».
Claudia López trata de aplicar esos axiomas en Colombia ahora que está al frente de Bogotá y que tiene ante sí una grave emergencia sanitaria. Su solución es simple: apagar la actividad productiva y derrochar lo que no tiene: «dar, sentir, soltar y sonreír».
El socialista y pacifista Kenneth E. Boulding decía lo mismo. «Quien piensa que siempre es posible el crecimiento exponencial en un mundo finito está loco o es economista». Otros iluminados, como Sicco Mansholt y Paul Ehrlich abundaron en ese sentido. Este último, ecologista de Stanford, defendió la idea de que debemos frenar el crecimiento, tanto de la población como del consumo. Sus amigos dibujaban cuadros sin base matemática para demostrar que la curva de alimentos y de recursos naturales estaba cayendo, mientras que la de la población subía. La respuesta lógica era la reducción de nacimientos y de la producción. Algunos activistas partidarios del decrecimiento llegaron a proponer decretar impuestos a los nacimientos de niños y ofrecer, al mismo tiempo, dinero en forma de «créditos carbono» a quienes acepten esterilizarse.
El austriaco Ivan Illich (1926-2002), crítico de la sociedad capitalista y conocido militante de una «sociedad sin escuela», decía que el desarrollo industrial, el aumento de la producción manufacturera y la explotación de los recursos naturales, son los causantes de las anomalías del clima. El escribió: «La organización de la economía que busca el bienestar es un obstáculo al mejor ser».
El problema es que la reconfiguración del coronavirus en Wuhan fue el resultado de la pobreza, no del avance industrial, sobre todo del atraso cultural en materia alimentaria. Fue el resultado de la falta de higiene de los mercados para los más pobres de ese país. No fue el resultado del crecimiento económico, ni del desarrollo industrial. Los verdes anunciaban la inminencia de una catástrofe ecológica causada por el desarrollo y no vieron venir la catástrofe sanitaria producida por el atraso.
En Francia la ecología política también tiene dogmas delirantes. Yves Cochet, exparlamentario, decretó: «hemos vivido como príncipes pero la fiesta terminó y el decrecimiento es nuestro único horizonte». Hervé Kempf pidió, por su parte, mirar al sur y buscar en África el nuevo modelo. ‘Ese continente’, —decía—, puede enseñarle a Occidente como «adaptarse a la frugalidad». El economista Serge Latouche, otro papa del crecimiento cero, dice que la mayor parte de nuestros contemporáneos son degenerados y que por eso «no pueden fabricar niños sanos y normales».
Desde la otra barrera, la de quienes denuncian esas estupideces, está Pascal Perri, un geógrafo y economista francés que fustiga, en un libro reciente(17), la peligrosa deriva de los verdes y recomienda leer los textos de ellos donde aparecen cosas pavorosas. El explica que «los militantes y los responsables ecologistas detestan las actividades humanas mercantiles y practican una forma de idolatría de la naturaleza». La naturaleza para ellos es el «centro absoluto», un «zenit insuperable». Los verdes «odian la arrogancia humana, sueñan con un mundo indolente, desintoxicado de huellas humanas». Y concluye: «Empujada a sus últimas creencias, la ecología desemboca en una forma de nihilismo».
La temática que devela Pascal Perri no debe ser soslayada. Él resume así el sentido profundo del nihilismo ecologista: «El hombre es el cáncer de la tierra y el capitalismo es una forma vil de ese estado canceroso. Es un virus terrible al cual hay que aplicar una quimioterapia masiva».
Es evidente que el miedo generado en todo el mundo por la pandemia del Covid-19 está exacerbando las tendencias más regresivas. La frase de Claudia López sobre «apagar la economía» y repartir durante meses y meses lo que quede, pues «la riqueza» volverá fácilmente, hace parte de esa tendencia. «Este no es un desafío a la economía, es a la vida», insiste Claudia López. No ve ella que el desafío actual es a la vida y a la economía, pues no puede haber vida sin economía, como lo recordaron muy bien José Félix Lafaurie y Rafael Nieto Loaiza quienes reiteraron que economía y salud van de la mano.
La expansión internacional del virus de Wuhan resultó no de un exceso de civilización sino de un fracaso de la civilización: la dictadura comunista es eso, un sistema político atroz y caduco. Ese régimen miente y oculta su miseria social aun a costa de la salud del pueblo chino y de la salud de millones de personas en el mundo. Ese sistema de partido único permitió que miles de personas infectadas viajaran a decenas de países y ahora inunda con material defectuoso a los países que les compran equipos médicos para vencer la pandemia.
La alcaldesa López intenta absolutizar la estrategia del confinamiento, darle un alcance mayor en el tiempo del que debe tener. Hace eso sin esperar a que haya, en Colombia y otros países, un balance objetivo de la experiencia entre confinamiento/desconfinamiento. Para ella lo esencial es «apagar la economía» y volver a un estado social de «vida sencilla», creyendo que los niveles de bienestar anterior volverán en unos meses. Europa, sin embargo, teme que salir del bajón económico tomará tres años, por lo menos. Claudia López estima que eso «no es el problema» y que «la riqueza» en Bogotá, «así como la ganamos antes la volveremos a ganar después». Por arte de magia.
COLOMBIA: LA SUBVERSIÓN LLAMA A ABANDONAR LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
13 de abril de 2020
LA IZQUIERDA NO LOGRA ELEVARSE POR encima de su miseria espiritual ni siquiera en esta época de emergencia sanitaria que golpea violentamente a Colombia y a tantos otros países.
Después de las invitaciones a «apagar la economía durante tres meses» de una líder verde, alcalde recién instalada de Bogotá, y de los motines instigados por las Farc y el Eln en varias cárceles del país el 21 de marzo pasado, que dejaron 23 personas muertas, ahora emergen las invitaciones demoniacas de la prensa comunista al personal hospitalario a que huya del campo de la lucha contra la pandemia del Covid-19.
El 13 de abril, en efecto, el portal web del Partido Comunista de Colombia publicó esta orden: «Trabajadores de la salud: digan NO al ejercicio inseguro de su profesión»(18). Firmado por un tal Dairo Gutiérrez Cuello, quien se define como «médico ginecólogo-abogado, especialista y magíster en Derecho Médico», ese texto propone una teoría que haría que Hipócrates se revolcara en su tumba. El doctor Gutiérrez pretende que «el médico no ejercerá los procedimientos por el encargo de su profesión cuando las condiciones de seguridad para él y su paciente no son las adecuadas».
Falso. El bello texto hipocrático que tradicionalmente juran respetar los médicos en Occidente antes de comenzar a ejercer su profesión, tiene 364 palabras y fue redactado probablemente en el siglo IV antes de Cristo. Allí hay dos frases que definen, en particular, la ética y la determinación humanitaria del médico: «Es con pureza y piedad que pasaré mi vida y ejerceré mi arte» y «En todas las casas a las que tendré que entrar, ingresaré para beneficiar a los enfermos». Ese juramento no dice que el médico puede invocar pretextos para no ayudar a su paciente, como eso de abstenerse si no tiene «condiciones de seguridad adecuadas» para él. Lo que lanza el doctor Gutiérrez, perdón por decirlo francamente, es una mezquina impostura, un insulto a todos los médicos colombianos y del mundo, sobre todo a aquellos que libran, en este momento, en tantos países, un combate peligroso y sin condiciones contra el virus de Wuhan.
Ese horrible grito del órgano comunista explota vilmente la lamentable muerte de Joaquín Satizabal, un conductor de ambulancia de Ginebra, Valle, ocurrida el domingo pasado. Ese deceso que todo el país deplora es utilizado para apoyar la maligna teoría de que el personal hospitalario debe abandonar a sus pacientes porque el gobierno de Iván Duque es, según los mamertos, «negligente». Los dos artículos citados, que rápidamente fueron retomados por la prensa de la dictadura venezolana, insisten en que los trabajadores de la salud de Colombia —médicos, enfermeras, choferes de ambulancias y demás personal técnico—, deben cesar su actividad profesional en la lucha contra el virus en razón de que «el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, sigue negando la entrega de equipos de bioseguridad al personal que labora en las Clínicas y Hospitales del país»(19).
Tal mentira —que agravará sin duda la situación de miles de personas atacadas por el Covid-19—, es el resultado de las declaraciones absurdas de otro personaje, Sergio Isaza Villa, el inamovible presidente de la Asociación Médica Colombiana (AMC), quien fue el primero en lanzar la consigna de que la política del gobierno de Iván Duque contra la crisis sanitaria «no es coherente con la realidad».
Sin pudor alguno, Sergio Isaza acaparó los micrófonos para gesticular, tras las muertes del médico urgentista Carlos Nieto Rojas y del anestesiólogo William Gutiérrez Lombana, quienes habían sido infectados por el Covid-19. Isaza declaró que tenía «mucha rabia y dolor», pues la muerte del doctor Nieto «era prevenible». Sin ser especialista en virología, Sergio Isaza fue incapaz de explicar cómo esa muerte habría podido ser impedida y se contentó con insultar al gobierno quien, según él, «se ha referido al fallecimiento [de Carlos Nieto] con desdén e hipocresía».
Con no menos virulencia, el líder de la AMC la emprendió también contra Fernando Ruiz Gómez, el ministro de Salud, a quien trató de endilgarle un crimen: que él «no entrega los elementos necesarios para que los profesionales de la salud trabajen protegidos ante esta pandemia».
El atrevido pediatra da a entender que el ministro Ruiz es algo así como un doctor Mengele que tiene elementos guardados en alguna parte y que se los niega a los profesionales de la salud para perjudicarlos. Después vinieron dos otros embustes, basados en declaraciones anónimas: que el gobierno está «amenazando a los médicos» y que está «ocultando información» para que estos no puedan luchar contra el Covid-19(20). Tales embuchados fueron lanzados en Caracas por Colarebo, un portal web de propaganda patrocinado por Russia Today (RT) y Telesur, la televisión de Nicolás Maduro que tiene la obligación de despotricar contra Iván Duque y Colombia todos los días.
Esa fue, obviamente, la señal que esperaban algunos para lanzar todo tipo de chifladuras sostenidas únicamente por activistas políticos y burócratas de la AMC y para desembocar en el llamado criminal a abandonar a los pacientes de Covid-19 por no haber en los hospitales «condiciones adecuadas» de seguridad.
La campaña de Sergio Isaza, expresa, en realidad, los puntos de vista de una organización que nada tiene que ver con la ciencia ni con la medicina: la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la cual vió que la cuarentena y la emergencia generada por el virus chino abría para ellos una ventana para sembrar la cizaña y confundir a la opinión.
No hay, pues, en la gritería histérica de Sergio Isaza y de la prensa comunista, un acto de buena fe que intenta ayudar a corregir las deficiencias del dispositivo de emergencia actual sino una serie de pasos deliberados hacia la destrucción y el caos, en medio de la emergencia sanitaria nacional.
La campaña busca desacreditar la ley 100 de 1993. Ella presiona para hacer que todo el sistema de salud en Colombia sea nacionalizado (para adoptar el modelo fracasado de Cuba y Venezuela). Los impulsores de la ola de violentos disturbios callejeros contra el gobierno hace unos meses, gesticulan ahora que el sistema de salud debe ser «revertido». Así dicen dos jefes de la CUT en la carta que ese sindicato le envió, este 11 de abril, a los ministros de Trabajo y Salud.
Esa cruzada no es de ahora. El 6 de febrero de 2018, durante la contienda electoral, el portal web del partido comunista entrevistó al doctor Isaza para que lanzara su idea de «transformar el actual sistema de carácter mercantil en un sistema que se base en el Derecho a la Salud»(21). El 28 de julio siguiente, Telesur le publicó a Isaza un artículo, que fue retomado por la prensa del PCC, bajo el simpático título de «Más para las EPS y menos para la gente»(22). Sergio Isaza es el único médico que, desde hace años, tiene los favores del periódico comunista Voz, y del citado portal web.
Esta semana, la CUT llegó a decir que la actual emergencia sanitaria por el Covid-19 «se debe al modelo de salud adoptado en Colombia con la Ley 100 de 1993, mediante la cual se privatizó la prestación de los servicios de la salud y se adoptó un enfoque de negocio». ¡Qué estupidez!
Esos activistas saben que todos los países golpeados por el Covid-19, incluso los mil veces más ricos que Colombia, como Estados Unidos, Italia, España, Francia, Alemania, tienen todos, en estos momentos, dificultades para eliminar el virus chino. Saben que todos los países fueron tomados por sorpresa por esa pandemia. Saben que la OMS se plegó a los dictados de China y minimizó la gravedad del contagio, razón por la cual Europa y Estados Unidos superaron a China, en pocos días, en número de contagios y muertes. Saben que todos los países, sin excepción, sufren o sufrieron de penuria de material médico adecuado, que muchos carecen, incluso al momento de escribir esta nota, de cantidades suficientes de test para detectar el virus rápidamente. Saben que a muchos países desarrollados les faltaron respiradores artificiales, que en todas partes hubo penuria de solución hidro-alcohólica, y de máscaras para el personal hospitalario, para los médicos del sector privado, para los servidores públicos y para la población en general.
No obstante, Isaza y sus comparsas presentan las dificultades obvias del operativo colombiano contra el Covid-19 como si fuera algo particular y único, como si fuera el resultado de la maldad del gobierno y, peor, como si esas dificultades no existirían si el sistema de salud en Colombia hubiera sido nacionalizado en 1993. Isaza no quiere reconocer que Colombia es uno de los países latinoamericanos que mejor ha encarado la pandemia. No quiere admitir algo que es evidente: que Iván Duque y sus ministros no han sido negligentes y que, pese a los inevitables errores, ha tomado, por el contrario, decisiones prontas e inteligentes contra la pandemia y en favor de los sectores menos favorecidos. La mayoría de colombianos, dicen los sondeos de opinión, reconoce el carácter positivo de esa acción de gobierno.
En España, Francia e Italia, muchos operadores hospitalarios y médicos luchan de forma admirable contra el Covid19. En esos países, donde reina la libertad de expresión, los gobiernos son criticados cada día por las insuficiencias técnicas y por los errores que han podido cometer en la lucha improvisada contra la pandemia. Pero en ningún país nadie, nadie repito, está llamando a abandonar la batalla contra el virus chino. En Francia, ni siquiera la oposición más extrema ha pedido al personal hospitalario salir corriendo ante los riesgos. Aunque muchos de ellos han sido infectados y hasta perdido la vida por batallar heroicamente contra el misterioso virus, el personal de la salud vería tal llamado como un signo de ignominia, como un ultraje a sus valores y como una traición al juramento de Hipócrates.
La infamia que está impulsando el PCC y sus acólitos petristas no tiene nombre. Lo de ellos es ver cómo pueden romper la fraternidad que los colombianos han forjado en estos días de angustia y confinamiento riguroso.
En ningún país, salvo en Colombia, partido alguno utiliza la tragedia del coronavirus para urdir solapadamente una huelga de médicos, como lo pretende hacer, por desgracia, el PCC, la CUT y sus agentes.
La cascada de denuncias de la CUT, la AMC, el PCC, la prensa madurista y algunos noticieros bogotanos, como Noticias Uno, son perversos llamados a crear el caos, a poner en peligro decenas de miles de vidas y a romper con siglos de valeroso humanismo.
LUCHA HUMANITARIA Y RESISTENCIA CONTRA EL COVID-19
20 de abril de 2020
EN FRANCIA, LAS AUTORIDADES MÉDICAS ADMITEN que tras un mes de confinamiento nacional, hay todavía penuria de máscaras, blusas de protección y gafas de seguridad, entre otros elementos, para los médicos y paramédicos que luchan en los hospitales contra el virus de Wuhan(23). Cientos de enfermeras, por ejemplo, han tenido que confeccionarse blusas de protección con bolsas plásticas. Esas limitaciones existen y pesan, pero nadie en Francia está invitando a cesar el trabajo o a huir de los hospitales hasta que el gobierno llene esos vacíos.
El ambiente en tales centros es, por el contrario, de unidad y de trabajo sin descanso. El clima psicológico del personal de la salud es de optimismo y dedicación. El gobierno trata de importar y distribuir lo que falta para llenar esas lagunas pero tiene dificultades: muchos países están en lo mismo y los fabricantes, sobre todo los de China, no responden a tiempo o no dan abasto.
La emergencia sanitaria es universal. La ciudadanía lo sabe y su actitud es consecuente: se mantiene unida, ayuda, fraterniza y aísla a los que meten cizaña. El público agradece como puede la abnegación de los médicos, enfermeras, urgentistas, radiólogos y choferes: con aplausos, a las 8 de la noche, con canciones, pancartas y mensajes de admiración en los balcones y en redes sociales. Unos vecinos cosen blusas de seguridad para los profesionales de la salud. Otros, incluso restaurantes de renombre, sin clientes por el momento, cocinan platos especiales para que el personal sanitario se alimente bien, supere la fatiga y pueda sentirse amado y respetado.
Ese combate nacional contra el virus chino tiene un precio. Un dato oficial del 12 de abril dice que de las 100 000 personas involucradas en esa lucha (la mitad de ellos en contacto directo con los enfermos), 6 019 contrajeron la enfermedad. Quince de ellos fallecieron. Hasta el pasado 10 de abril había un total de siete médicos muertos por coronavirus, en especial en la región este de Francia. El primero fue un médico nacido en Madagascar. Murió en Compiegne el 21 de marzo. Tenía 67 años. Al día siguiente, otro médico, de 60 años, falleció en Saint-Avold (Moselle). El sexto murió el 13 de abril en Folgensbourg, cerca de Suiza. Tenía 73 años. Médico jubilado, él había decidido ir a prestar sus servicios ante la escasez de galenos en la localidad.
Al momento de redactar este artículo, el total de personas fallecidas en Francia por el virus era de 20 265. Otras 30 584 personas estaban hospitalizadas por la pandemia. «Una cierta cantidad de profesionales de la salud, sin duda enfermos, se han recluido en sus hogares», reveló hace unos días una agencia regional de salud.
No he sabido que en Francia ningún médico haya sido hostilizado por sus vecinos, como ocurrió, por desgracia, hace unos días en Colombia. La prensa bogotana contó que hay gente que se amotina para expulsar a los médicos que, infectados durante su trabajo contra el Covid-19, y aislados por prevención, se encuentran en residencias especiales. Leí que hay alcaldes que, en lugar de reprimir a los violentos, facilitan tales desalojos. Que tres médicos del hospital San Rafael de Andes, Antioquia, sufrieron ese trato inicuo(24).
Hay también grupos que, violando la cuarentena, tratan de explotar los errores en el reparto de alimentos en los barrios pobres para destruir buses y llamar a la revuelta contra el gobierno de Iván Duque. Algunos han atacado y hasta asesinado policías. Hay autoridades departamentales que, ante la aparición de casos de Covid-19, en lugar de atender a las víctimas, deciden cerrar los servicios, como ocurrió en el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó el 18 de abril(25). En Fundación, Magdalena, cinco médicos abandonaron el hospital San Rafael al saber que había llegado un paciente con coronavirus.
¿Por qué está ocurriendo eso en Colombia? ¿Qué tipo de demagogia está incitando a cometer tales delitos? ¿Quién espolea tales perversiones?
Empapadas de irracionalismo, esas acciones surgieron después de que la CUT y el sindicalismo extremista decidieran explotar la emergencia sanitaria para ganar terreno. Sus cabecillas lanzan consignas absurdas. «Uno no está obligado a atender órdenes» durante la pandemia, proclama un cacique sindical, antes de concluir: «Tenemos el derecho a entrar en desobediencia civil».
La prensa del Partido Comunista Colombiano inventa que los otros países están «óptimamente dotados con su indumentaria protectora», mientras que en Colombia no hay nada pues el gobierno «se está robando el dinero de los auxilios».
Mientras el gobierno saca partidas para la emergencia sanitaria y para la población más necesitada, y mientras la ciudadanía y las empresas generosamente aportan dinero para ayudar a los hogares más vulnerables en la cuarentena, como ocurrió ayer en Bogotá (51 696 millones de pesos donados) y Medellín (13 100 millones de pesos) donde participaron firmas del sector de la construcción, de supermercados, del textil y alimentos, entre otros, los marxistas pretenden socavar, con sus campañas de desinformación y de odio, el clima de solidaridad, cuyo mayor ejemplo han sido los «donatones». Están furiosos pues ven que el presidente Duque y algunos alcaldes suben en los sondeos ante sus buenos desempeños contra la epidemia.
La prensa comunista no cesa por eso de destilar su veneno divisionista. Dice que el personal de la salud vive «un calvario sin resurrección», que el gobierno «obliga manu militari» a los médicos a trabajar, y que las medidas oficiales para afrontar la pandemia buscan «privilegiar al empresariado y al sector financiero». Esa prensa nauseabunda predica que la pandemia fue causada por el «neoliberalismo», y no por los errores graves de un laboratorio de la China comunista.
Las deserciones de médicos, y la confusión de algunos sobre sus deberes profesionales, son el resultado del llamado hipócrita del PCC, del pasado 13 de abril, a los trabajadores de la salud a «decir NO al ejercicio inseguro de su profesión» (sic), y a abandonar a los enfermos a su suerte.
Esas manipulaciones se traducen en los hechos insólitos registrados, los cuales aumentarán si el gobierno y la justicia no le ponen freno a eso. Es indispensable adoptar una ley que condene todo intento de sabotear la lucha contra el Coronavirus. Los agitadores están invitando, de hecho, a lesionar y a dejar morir a los enfermos. Quien obedezca esas consignas entra en una lógica criminal que debe ser sancionada.
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