Kitabı oku: «La transición española»

Eduardo Valencia Hernán

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La transición española. Una visión desde Cataluña.

Tomo II

Eduardo Valencia Hernán

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Editado por Tregolam (España)

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1ª edición: 2021

Este libro está basado casi en su totalidad en un resumen escueto de mí Tesis Doctoral La Asamblea de Cataluña (1970-1978) realizada entre el año 2000 y el 2011.

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LA TRANSICIÓN. EL CAMBIO DEMOCRÁTICO

Con la desaparición del general Franco comienza una etapa histórica para nuestro país conocida como la Transición Española. Mucho se ha escrito sobre ese periodo tan corto en lo temporal como intenso en acontecimientos políticos y sociales; sin embargo, tal como va transcurriendo el tiempo, van surgiendo del anonimato nuevos documentos y testimonios sobre aquellos hechos que nos permiten amoldar con coherencia las diferentes interpretaciones que los historiadores han publicado a lo largo de los últimos treinta años.

El historiador Rubén Vega, en su artículo titulado: “Demócratas sobrevenidos y razón de Estado. La Transición desde el poder”, nos presenta una de estas versiones poniendo en cuestión a aquellos que afirman que la realización de las reformas que condujeron al cambio desde el régimen dictatorial a la democracia, partieron exclusivamente desde el poder, sin tener en cuenta, por un lado la madurez del pueblo español y, por otro, la presión ejercida desde abajo por las intensas movilizaciones sociales, sin poder olvidar otros factores como los de carácter internacional, pues España era la última dictadura en la Europa occidental después de la caída de los regimenes autoritarios de Grecia y Portugal.

Otros historiadores, sin embargo, han resuelto el tema mediante el protagonismo ejercido por los cuatro artífices de la Transición: el rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Torcuato Fernández Miranda,1 dando la sensación que los directores de la reforma desde el franquismo a la democracia fueran en el fondo unos demócratas convencidos que encontraron su oportunidad de romper con lo que ellos mismos habían apoyado durante décadas. Sea como sea, aunque esta hipótesis fuera factible, resulta poco creíble, aunque ocurriera el caso de que ellos mismos se hubieran autocalificado como demócratas.

En realidad, este cambio reformista fue un cúmulo de acciones, unas preparadas y otras forzadas, donde la presión ejercida por la oposición, aunque algunos opinen que se produjo en un ambiente de desmovilización de la sociedad civil, actuó como catalizador de estos actos.

Sin duda alguna, el recuerdo de la guerra civil y el miedo a la represión franquista todavía continuaban en lo más profundo de la sociedad, sobre todo, los que lo vivieron o padecieron una dura posguerra; sin embargo, los más jóvenes comenzaban a percibír el franquismo como un sistema caduco y no como un régimen dictatorial y policial, por lo que la actitud de esta nueva generación de españoles sería la encargada de llevar adelante el grueso del trabajo de oposición democrática diferenciada preferentemente entre el movimiento obrero y el estudiantil.2

Tras la muerte del presidente Carrero Blanco en 1973, se produjo un nuevo impulso organizativo de la oposición democrática, siendo la Asamblea la que llevó la mayor representatividad antifranquista en Cataluña, junto a la Junta Democrática que, a partir de 1974, llevó la iniciativa en el resto del Estado español. De esta forma todo parecía ir encaminado en la búsqueda del gran salto desde la dictadura a la democracia, sumándose a ello la gran conflictividad laboral provocada en parte desde dentro de las estructuras sindicales, donde las candidaturas ganadas por CC.OO en las elecciones sindicales de 1975 comenzaban a dar sus frutos.

Las fuerzas entre los dos bandos estaban preparadas para dirimir su lucha final, aunque la cuestión era el cómo se iba a realizar, ¿mediante la ruptura o la reforma?

La frase atribuida a Carlos Arias Navarro de que: “o hacemos el cambio nosotros o nos lo hacen”3 me parece de lo más acertado, aunque otros, hábilmente, utilicen ese lenguaje con el propósito de justificar su pasado en aras del objetivo cumplido, como así afirmaba el antiguo jefe nacional del SEU y posterior ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa: “La izquierda es la que enarbola la bandera de la democracia. Nosotros nos limitamos a traerla. Nada menos”.4

Lo cierto fue que los testimonios que brindan los protagonistas principales de la Transición, tal como dice Rubén Vega, a parte de ser textos filtrados y desvirtuados por el tiempo, en el fondo retratan a unos gobernantes obsesionados por los peligros de la conflictividad obrera y las manifestaciones populares, forzados a ceder más que a ser impulsores de las libertades, ciegos e insensibles ante los abusos del régimen al que pertenecían y aceptando los consejos de guerra con resultado de muerte como algo normal y no excepcional a la democracia que pretendían protagonizar. Más bien este cambio de actitud fue debido a la presión ejercida por las fuerzas de oposición y por la presión social que logran domar pero no neutralizar.5

El historiador José Mª Marín es aún más atrevido en sus conclusiones, afirmando que la Transición democrática supuso en realidad una ruptura con el régimen franquista, una especie de ruptura pactada o reforma pactada con efectos reales de ruptura, tal como señala también Javier Tusell.6 De todos modos, la balanza entre la reforma y la ruptura se estaba dirimiendo en las fábricas, universidades y en la calle, causando incontables contratiempos a los reformistas que veían esta presión como un estorbo ante el avance democrático. El propio Salvador Sanchez Terán, siguiendo esta línea, intenta en lo posible desactivar esta presión popular que inunda Barcelona y su entorno, llegando incluso a manipular el sentido de las protestas como algo negativo para la evolución democrática. En los próximos capítulos veremos como se desenvuelve esta situación. Efectivamente, tras la muerte del Caudillo, el presidente Arias tuvo de nuevo la oportunidad con el apoyo del rey de presentar y tomar la iniciativa y llevar a cabo una nueva política aperturista al recibir el encargo de presidir el primer gobierno de la Monarquía; no obstante, fue incapaz de asumir siquiera un programa de gobierno propio teniendo que aceptar el propuesto por Manuel Fraga. Asi que, en el fondo lo único que hizo bien en su corto mandato fue lo que siempre supo hacer: librar al régimen del peligro de sus adversarios. Eso fue lo esencial de su política.

Lo sorprendente del caso fue que el último presidente del franquismo no perteneciera a ninguna familia del régimen ni que tampoco fuera falangista aunque eso no le valiera para entenderse ni con Franco ni con el rey; y que, contra todo pronóstico Juan Carlos I decidiera mantenerlo en el cargo presionado seguramente por distintos sectores del bunker pues incluso el propio falangista Girón, que había sido rechazado a formar parte del anterior gabinete por el propio presidente, apoyó al rey en este asunto ya que, después de todo, era la solución menos mala. Asi, pues, Carlos Arias no dimitió ante el rey en la creencia de que todavia estaba a la mitad del mandato ejercido por Franco, sin saber que, en realidad, el rey deseaba lo contrario.

Sin duda alguna, el primer gobierno de la Monarquía estuvo abocado al fracaso desde su inicio entre otras cosas al ser un gabinete impuesto; sin embargo, en los siete meses que duró pudieron apreciarse algunos rasgos positivos comparados con el anterior ejecutivo, como la incorporación de dos nuevos reformistas: José Mª de Areilza y Joaquín Garrigues en Asuntos exteriores y Justicia, y la incorporación de dos nuevos valores, Alfonso Ossorio y Adolfo Suárez, este último propiciado por el nuevo presidente de las Cortes y asiduo consejero del rey, Torcuato Fernández Miranda.

Las reflexiones del conde de Motrico, uno de los ministros que formaban parte de este gabinete, criticando al nuevo gobierno por su falta de unidad, coherencia y propósito en sus objetivos, sumado al discurso pronunciado por el presidente Arias en las Cortes en enero de 1976, puso en evidencia definitivamente la incapacidad de éste de romper las pautas ideológicas con el franquismo. La propuesta de dos cámaras legislativas con atribuciones sin concretar, la reforma del asociacionismo y el derecho de manifestación pero, sobre todo, sus posteriores manifestaciones contrarias a las pequeñas concesiones que ofrecía, delataban su fijación por el pasado.

La creación en ese mismo mes de una comisión mixta formada por representantes del gobierno y del Consejo Nacional para negociar la reforma constitucional basada esencialmente en el texto que presentó su ministro de la Gobernación titulado “La reforma constitucional, justificación y líneas generales”, resultó de nuevo un fracaso pues carecía de ideas, se queria reformar mucho sin cambiar nada y, sobre todo, se ignoraba la posición del rey. En definitiva, lo que se pretendía era detener cualquier tipo de reforma; incluso desde la primera reunión, el propio presidente se declaró mandatario de Franco y de su testamento.

Otro aspecto en el que cabe profundizar fue la actitud y la estrategia a seguir por la oposición democrática durante el periodo final del franquismo y la reacción del gobierno frente a ésta. La aparición de la Junta Democrática (JDE) y posteriormente, la unión con otros entes unitarios de oposición provocó en el gobierno de Arias Navarro un sensible malestar al intuir éste el peligro unitario de la mayoría de la oposición aunque era evidente que la situación política no aconsejaba optar exclusivamente, como en otras ocasiones, por acciones represivas sino por una estrategia de reacción controlada. De ahí que se aceptase un pluralismo limitado desde el poder donde no se contemplaba ninguna opción ni para los comunistas ni para cualquiera que osara cuestionar el régimen. En definitiva, se trataba de implantar un sistema por el cual se iban concediendo algunas libertades relacionadas con los propios derechos humanos pero que podían ser revocadas en cualquier momento en defensa del interés nacional, o sea, utilizar la táctica de emplear ligeros cambios cosméticos y dejar lo esencial invariable. Sin embargo, el transcurso del tiempo nos ha demostrado que esta declaración de intenciones propuesta desde el poder se vió practicamente desbordada por la presión popular, la llamada “presión desde abajo”, por lo que cada logro de libertad conseguido no fue otorgado por la pura concesión gubernativa sino a través de enormes sacrificios pagados mayoritariamente por la clase trabajadora. Eso si, al menos hasta llegados los primeros comicios democráticos generales, ni con el gobierno Arias ni tampoco con el primer gobierno de Suárez se pudo traspasar la linea roja consistente en excluir a los organismos que pusieran en duda la unidad de España, el sistema capitalista, la monarquía y la forma de Estado establecido, teniendo algunos partidos como el de ERC que arrastrar por mucho más tiempo la ilegalidad de ese republicanismo inherente en sus siglas.

Fueron precisamente los trágicos sucesos de Vitoria y posteriormente los de Montejurra los que marcaron el principio del fin del gobierno Arias que caería definitivamente a finales de junio de 1976, siendo sustituido, por elección del rey, sorprendentemente por Adolfo Suarez, uno de sus ministros.

En resumen, podríamos concluir que las concesiones de libertad y de democracia en la etapa final del franquismo fueron conseguidas a través de una presión constante ejercida desde abajo contrarrestada por continuas represiones dirigidas desde el poder, generando así un arriesgado equilibrio que podría romperse en cualquier momento. Por tanto, cometeríamos un error en aceptar, pese a la insistencia de los protagonistas que inciden en ello, que estas concesiones democráticas fueron concebidas mediante un plan consciente dirigido desde el poder para así conducir la reforma del franquismo hacia una zona realmente democrática por la generosidad y gracia de aquellos que ostentaban el poder.

Junta Democrática de España, París, Enero de 1976

1. VEGA, Rubén, “Demócratas sobrevenidos y razón de Estado. La Transición desde el poder”, en Historia del presente, Madrid, Ed. Eneida, 2008. Volumen 12, II época, pp. 129-154.

2. MARIN, José Mª, “Algunas claves interpretativas de la transición española”, en WAISMAN, Carlos; RAANAN, Rein y GURRUTXAGA, Ander, Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2005, pp. 87-89.

3. OSORIO, Alfonso, Trayectoria politica de un ministro de la corona, Barcelona, Planeta, 1980, p. 37. En VEGA, “Demócratas sobrevenidos (...)”, op. cit., p. 132.

4. MARTÍN VILLA, Rodolfo, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, p. 50. En VEGA, Rubén, “Demócratas sobrevenidos (...)”, op. cit., p. 131.

5. En VEGA, Rubén, “Demócratas sobrevenidos (...)”, op. cit., p. 152.

6. MARIN, José Mª, “Condicionantes económicos y sociales de la Transición”. En YSÀS, Pere; JULIÁ, Santos; MARÍN ARCE, José Mª; PÉREZ LEDESMA, Manuel; MAINER, José Carlos; MOLAS, Joaquim; UGARTE, Javier; CHIRLES, Rafael; al cuidado de Carmen MOLINERO, La Transición, treinta años después, Barcelona, Peninsula, 2006, p. 81.

La Asamblea de Cataluña y la Junta Democrática de España

Los intentos de aproximación entre la Asamblea y otras plataformas unitarias de oposición en el resto del Estado español, se pueden catalogar de esporádicos al principio de su formación e intensos después de la muerte del Generalísimo. Desde hacía tiempo la CCFPC y la CPAC habían intentado reunirse con otras organizaciones unitarias en España, buscando interlocutores para estos fines aunque el resultado fue insatisfactorio. En Madrid, después del fracasado intento en el verano de 1971 de formar una mesa democrática unitaria de los partidos de izquierda, se constituyó en 1974 otra mesa democrática regional sin llegar a convertirse en Asamblea del Centro, que era su deseo.

Sin embargo, fue a primeros de abril de 1973 cuando se reunieron diez delegaciones representativas de diversos organismos de coordinación de lucha unitaria en la que estaban representados: Andalucía (Granada y Sevilla), Aragón, Asturias (como observador), Canarias, Cataluña, Galicia, Mallorca, La Rioja y Valencia. En los debates se trataron temas relacionados con la reivindicación nacional que afectaban a Canarias, Cataluña, Euzkadi y Galicia, recalcando una aceptación positiva mayoritaria. También se habló de la descentralización y de preparar una reunión de todas las plataformas unitarias de oposición, buscando un esfuerzo principal en concentrarse por la concreción de la alternativa democrática, rechazándose la falsa apertura y el incremento de la opresión por parte del régimen.

Lo cierto fue que representantes de la Asamblea realizaron entre los años 1973-74, diversas reuniones de plataformas o mesas unitarias en diferentes lugares del país aunque siempre se echaba en falta la ausencia de Madrid que no permitía la estabilidad de esas relaciones. El sacerdote Josep Dalmau, miembro de la Asamblea, comentaba al respecto:

“Y para que no se pueda objetar que la Asamblea fue una reflexión preocupada solo por nosotros y aislada del resto de España, añadiré que yo, un miembro mas de la Asamblea, expliqué el tema en una conferencia en Madrid donde había, entre otros, Ramón Tamames y el portavoz del PCE en Madrid, en otra multitudinaria en Córdoba en el local Juan XXIII, dirigido por José Aumente, ahora ideólogo a la sombra del Partido Andalucista, y en una conversación informal con grupos escogidos en Málaga, invitado por el canónigo amigo de Cataluña, José Mª González Ruiz. Hice una conferencia en Santiago de Compostela sobre la Asamblea, camuflada con el título Xirinachs, premio Nobel de la Paz, y otra en San Sebastián. Y como anecdotario, una conferencia que tenía que dar en Valencia fue prohibida por el gobernador. Y yendo a visitar al obispo Antonio Añoveros para que me diese permiso para hablar en un local de la iglesia, me dijo que no, poniendo en duda agresivamente, y después disculpándose, que yo tuviese −licencias canónicas− para predicar dentro de la iglesia (…).”7

También surgió la noticia de la creación de la llamada Asamblea Democrática de Euzkadi, con cierta similitud en su composición con la Asamblea. Así pues, en vista de la buena aceptación de este tipo de organizaciones dentro de la oposición democrática, se intentó relanzar el concepto de entes unitarios a lo largo de todo el territorio español.8

Por otro lado, hacía tiempo que los partidos de ámbito nacional buscaban una solución que fuera la alternativa al régimen. Para algunos grupos, Juan de Borbón parecía un buen candidato para liderar las fuerzas de oposición; sin embargo, ante la negativa de éste y la enfermedad de Franco, se decidió constituir un organismo de carácter unitario.9 El 13 de junio de 1974 se constituyó en Madrid la Junta Democrática Española (JDE) integrada por PCE, CC.OO., independientes, monárquicos juanistas (Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano, Partido Socialista Popular (PSP) con Enrique Tierno Galván, grupos socialistas regionales, Partido del Trabajo de España (PTE) y otros.10 El 30 de julio de 1974, en plena enfermedad de Franco, la JDE fue presentada a la opinión pública por Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer simultáneamente desde Madrid y París mediante la “Declaración de la Junta Democrática de España al Pueblo Español”.

El programa presentaba una alternativa al franquismo, mediante el acuerdo entre una burguesía liberal, el movimiento obrero y los partidos de izquierda. En un primer apartado del documento se afirmó que el régimen político español tocaba a su fin, por lo que la desaparición de los factores históricos, ideológicos, económicos y estratégicos que lo sustentaban, impedían su prolongación mediante la monarquía. Para la Junta, la democracia sería el criterio único de la reconciliación nacional y por principio sería total o falsa. Por el contrario, ciertos sectores políticos de la burocracia estatal, y círculos económicos que se alimentaban de él por la corrupción, y que poseían el control policial y político, confiaban en la prolongación del sistema ofreciendo fidelidad y confianza en la continuidad del régimen franquista que pretendía haber dejado “atado y bien atado”, a la fidelidad del príncipe Juan Carlos, a su juramento y a la función de represión interior que ciertos militares atribuían a las fuerzas armadas, con una interpretación abusiva del concepto de defensa de un orden institucional que no inspiraba confianza al país.11 Por eso, la continuidad del Estado exigía por razones de dignidad y responsabilidad nacional la no continuidad del régimen anterior reinstaurándose el Estado democrático; para ello, harían falta unas organizaciones democráticas, líderes conocidos, cuadros políticos y sindicales y un programa de acción para el periodo transitorio sin perder el hecho fundamental en la creencia de una alternativa democrática frente al continuismo del régimen mediante la formalización de la unidad democrática.

Ante ese momento histórico, siendo conscientes de la necesidad de una acción democrática unitaria, informados de la ausencia de un proyecto democratizador del gobierno y decididos a asumir las responsabilidades históricas, se constituyó, con carácter abierto, la JDE con los objetivos y programa siguientes:

1 La formación de un gobierno provisional que sustituyera al actual, para devolver al hombre y a la mujer españoles, mayores de 18 años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos.
2 La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política, y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y sindicales.
3 La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones.
4 La libertad sindical, y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical.
5 Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica.
6 La libertad de prensa, de radio, de opinión, y de información objetiva en los medios estatales de comunicación social, especialmente en la televisión.
7 La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial.
8 La neutralidad política y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de las fuerzas armadas.
9 El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política del pueblo catalán, vasco, gallego, y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente.
10 La separación de la Iglesia y el Estado.
11 La celebración de una consulta popular, entre los 12 y los 18 meses contados desde el día de la restauración de las libertades democráticas con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado.
12 La integración de España en las Comunidades Europeas, el respeto a los acuerdos internacionales, y el reconocimiento del principio de la coexistencia pacífica internacional.12

Estableciendo la JDE su sede en Madrid, ésta, tuvo entre sus objetivos el asumir la responsabilidad de vigilar, coordinar, impulsar, promover y garantizar el proceso constituyente de la democracia política de España, disolviéndose el día que comenzase el ejercicio de un poder político legitimado por el sufragio universal de los españoles.

El 16 de septiembre de 1974, dos meses después, el SCPAC y la CCFPC recibieron sendos comunicados de la Comisión Permanente de la JDE ofreciendose ésta a iniciar, cuanto antes, conversaciones oficiales a fin de estudiar el modo de participar en el proceso democrático unitario.13

En toda la oposición catalana, la aparición de la Junta fue mal recibida, entre otras cosas por la ausencia resaltable de socialistas y demócrata-cristianos, y porque respecto a la cuestión de las autonomías, el nivel pretendido por la Junta estaba por debajo de las pretensiones catalanistas. De este modo, era evidente que existían serias incompatibilidades entre las propuestas presentadas por la Asamblea y la propia Junta, como por ejemplo se detalla en el punto noveno del programa de la JDE donde se hablaba de la unidad del Estado español, en contraposición a la reivindicación del Estatuto de 1932 y el derecho de autodeterminación.14

Relaciones entre A.C y JDE. Septiembre de 1975

En respuesta a la invitación efectuada por la JDE se envió el 14 de enero de 1975 a través de la Comisión de Enlace que era el instrumento creado para generar contactos y negociaciones con la JDE y después con la Plataforma de Convergencia Democrática e instancias unitarias de regiones y nacionalidades del Estado español (Euzkadi y Galicia), un comunicado señalando que el 25 de septiembre el SCPAC había recibido verbalmente la invitación cursada para trasladarla a la CPAC. Ésta tomó posición en diciembre de 1974, aceptando el interés del documento en el marco de sus cuatro puntos programáticos, adjuntándoles copia del comunicado de la XI reunión de la CPAC. De esta forma sería la Comisión de Enlace el organismo encargado por el SCPAC para hacer operativa y trasladar las decisiónes propuestas en la Comisión Permanente.

En el comunicado de la XI reunión de la CPAC celebrada el 16 de septiembre15 se intentó explicar como veía la Asamblea la evolución política y social en Cataluña y en España partiendo desde un repaso histórico al desarrollo de la propia Asamblea, la mención de que el 31 de julio de 1974 había aparecido la Junta Democrática de España y la importancia política del hecho de avanzar en un proceso de convergencia, de tal forma que se cursó invitación a la JDE para entablar negociaciones, teniendo claro que la Asamblea era la instancia unitaria democrática de la nacionalidad catalana. Dicho esto, se decidió estar interesados en la discusión, negociación y coordinación política con otras instancias democráticas y crear el organismo para este acuerdo. Finalmente la Asamblea, a través de su comisión, se comprometió a trabajar para ampliar su representatividad y su vinculación con el movimiento del pueblo catalán por conquistar las libertades políticas y nacionales.16

Crida a la Unitat. Secretariado de la Asamblea. Noviembre de 1975

A lo largo de la primavera de 1975, se realizaron diversas reuniones entre la Asamblea y la JDE, llegándose finalmente al compromiso por ambas partes de la renuncia a crear Juntas Democráticas en Cataluña, reconociendo la JDE de facto a la Asamblea como representante de la lucha unitaria democrática. En el documento conjunto titulado: “Proyecto de acuerdo para la articulación de relaciones entre la Asamblea de Cataluña y la Junta Democrática de España”, se acordó establecer entre ellas una relación política permanente, articular su acción política de masas tomando conjuntamente las decisiones políticas que afectasen a los objetivos comunes y trabajar en común para extender esta unidad a todas las fuerzas de la oposición a nivel del Estado español.17 Al poco tiempo de este comunicado, se anunció en Cataluña la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática (PCD) con narquistaión socialista, demócrata-cristiano y la socialdemócrata de Pallach.

El 1º de abril de 1975 se publicó el llamado “Manifiesto de la Reconciliación”18 como resultado de las tesis que avalaban la ruptura democrática con la legalidad vigente; documento por el cual estaba claro que el tránsito pacífico de la dictadura franquista a la democracia sería complejo y delicado, como algunas de sus frases hacen entrever:

“La democratización real del Estado autoritario –decía la JDE- sólo se consigue desde un poder político independiente que surja de la sociedad, y que asuma las funciones del Estado cuando tenga suficiente potencia para transformarlo en democrático (…) La evolución democrática del Estado por vía de reformas legales es, objetiva y subjetivamente, imposible (…) Para conservar y garantizar el carácter pacífico del proceso social hacia la democracia, que es lo que el pueblo español desea, es absolutamente imprescindible un acto de ruptura democrática de las leyes políticas de la dictadura, que abra simultáneamente a todas las clases y categorías sociales el proceso constituyente del Estado Democrático (…) La JDE, estimando que los poderes democráticos de la sociedad superan a los poderes reaccionarios, llama a todo el pueblo español, a todas las clases sociales, para que aceleren el momento y encuentren la forma de la ‘ruptura democrática’ del Régimen participando en las siguientes acciones de RECONCILIACIÓN NACIONAL”.19

Estaba claro que para conseguir estos objetivos había que apelar al patriotismo y honor de las Fuerzas Armadas,20 y por otro lado, invitar a través de la JDE a las formaciones políticas que no habían ingresado en ella que antepusieran a sus intereses de partido los superiores intereses de libertad del pueblo español, esperando por otra parte, que la jerarquía eclesiástica amplificara su justa posición conciliar en defensa de los derechos humanos con el ideal moral de superar la guerra civil. También se denunció la violencia de la extrema derecha decidida a provocar la reacción del Ejército y se llamó al pueblo español, especialmente a la juventud, para que aceptase este programa organizando juntas democráticas regionales, provinciales y municipales, apelando a la Asamblea, la Plataforma Unitaria Vasca y la Junta Democrática de Galicia a participar de esta convocatoria bajo el signo político de la restauración de los estatutos de autonomía dentro del Estado español, permaneciendo atenta a las indicaciones y convencida de que al pueblo español la libertad no le sería regalada, por lo que tendría que ser conquistada.21 Días después, la JDE presentó el 11 de abril de 1975 en París, Madrid, Barcelona, Valencia y otras capitales, el siguiente documento:

1.-Las juntas democráticas en sus respectivos ámbitos y bajo su total autonomía, convocarán y coordinarán todo tipo de acción política o social capaz de mover pacíficamente a las masas hacia objetivos concretos de interés para el conjunto de la población o para sectores determinados de la misma, que puedan ser compartidos por las clases sociales opuestas sin renunciar a sus respectivas motivaciones o acciones de clase.

2- La Asamblea, la plataforma unitaria Vasca y la Junta Democrática de Galicia, son invitadas a concurrir a esta convocatoria con las acciones democráticas peculiares de su identidad nacional, bajo el signo político de la restauración de los Estatutos de Autonomía, dentro del Estado Español.

3- Las juntas democráticas regionales son llamadas también a convocar acciones de identidad regional, bajo el signo político de la instauración democrática del poder regional dentro del Estado Español.

4- La Junta Democrática de España, en el momento que determinen las acciones parciales a que se refieren los puntos anteriores, convocará y coordinará en todo el territorio español una jornada de acción democrática, de abstención cívica de toda clase de actividad laboral y empresarial tanto en el sector privado como en el sector público bajo el signo político de la RECONCILIACIÓN NACIONAL.22