Kitabı oku: «Nuevo Chile, acción colectiva y tejido social.»

El barrio popular como
escenario de reconstrucción
del tejido social^[*]

HERNANDO SÁENZ ACOSTA

EDWIN DIOMEDES JAIME RUÍZ

El barrio Nuevo Chile representa a muchos asentamientos de América Latina que han sido autoproducidos por sus habitantes. Son numerosos los estudios que, desde la sociología, la antropología, la ciencia política, el urbanismo, la planeación urbana se han enfocado en ellos describiendo sus orígenes, las trayectorias por medio de las cuales se construyeron y su posterior consolidación. En este capítulo, presentamos un rápido repaso de las tres lecturas principales que se hacen sobre el proceso de urbanización en América Latina y, particularmente, sobre los barrios autoproducidos, haciendo énfasis en un aspecto que consideramos importante en este libro, la reconstrucción del tejido social.

La primera interpretación de los barrios autoproducidos de América Latina corresponde a la llamada Teoría de la modernización y la marginalidad, que se apoyó en la lectura promovida por la Escuela de Sociología de Chicago en relación con el proceso de urbanización estadounidense. En el caso de EE. UU., se observó a comienzos del siglo XX un proceso significativo de migración hacia las ciudades y la generación de una cultura moderna caracterizada por la despersonalización u objetivación de las relaciones sociales. Los individuos dejaron de estar ligados íntimamente con los lugares donde residían para pasar a tener una mayor libertad de movimiento y mayores oportunidades para el desarrollo intelectual. Otro aspecto señalado consistía en el paso de un sistema de control social basado en costumbres y hábitos para dar paso a leyes objetivas, era el paso de un control ejercido por grupos y relaciones primarias (como la familia, por ejemplo) a otro en manos de grupos secundarios (vinculados a las esferas del mercado o del Estado) (Park, 1999; Simmel, 1988).

A partir de esta lectura, los teóricos de la Escuela de Chicago analizaron el conflicto cultural del migrante como un proceso de ruptura de esos vínculos con su lugar de origen y la necesidad de abandonar sus costumbres para alcanzar mayor libertad en función de la secularización de sus relaciones sociales. Se trataba del paso hacia una organización llamada civilización, basada principalmente en intereses racionales. La ciudad moderna es definida, entonces, como el lugar en donde sucede esa objetivación de las relaciones sociales y lo urbano es un modo de vida marcado por la prevalencia de relaciones interpersonales utilitarias, promovidas por una especialización del trabajo, la coexistencia de diferentes personalidades y, por ende, una mayor promoción del respeto por las diferencias, que es una condición básica para la secularización de la vida.

Wirth (1973) señalaba que la movilidad también generaba más inestabilidad y, por lo tanto, los individuos mudaban sus fidelidades entre uno y otro grupo de referencia. Eso significaba entonces que, si en un momento anterior la identidad estaba asociada a un lugar, en la ciudad moderna esas posibilidades se ampliaban, ya que podría darse también en términos de ingresos monetarios y de estatus social. Este escenario propio de la ciudad moderna se oponía así a un mundo rural tradicional.

La comprensión del proceso de urbanización latinoamericano que tuvo lugar en el siglo XX fue inicialmente abordada desde esta perspectiva, así como desde enfoques estructuralistas. Autores como Gino Germani (1969) promovieron una lectura que intentaba conservar aspectos de la propuesta original, pero al mismo tiempo trataba de definir las particularidades de una región como América Latina. La conclusión de estos estudios señaló, en primer lugar, la coexistencia de sectores arcaicos y modernos en las ciudades, que estaría asociada a un desfasaje ocurrido en el cambio social.

Entre las posibles explicaciones se contemplaban, por un lado, el papel de las élites y la burguesía (Germani, 1969), por el otro, el papel de Estado (Blanco, 2003) que se entendían como principales responsables por introducir las reformas que favorecieran la modernización en las ciudades. A partir de la promoción de un modelo de desarrollo económico basado en las exportaciones de materias primas se esperaba la creación de las condiciones para pasar a una segunda etapa marcada por la industrialización. Tendría lugar también la constitución de una clase media urbana, que gozaría de un mejoramiento significativo en sus condiciones de vida respecto de quienes vivían en las zonas rurales y un proceso de migración rural-urbana, que favorecería una oferta de mano de obra para la floreciente industria nacional.

No obstante, el proceso de modernización fue parcial, ya que a pesar de que se dio un mejoramiento en las condiciones de vida de los migrantes que llegaban a la ciudad, no se comparaba con el nivel de las clases medias. Germani (1969) señalaba que ese mejoramiento parcial fue decisivo para neutralizar la movilización política de los nuevos habitantes urbanos. Otra conclusión observada fue la constatación de que la modernización social no iba necesariamente a la par de estructuras económicas atrasadas. Los sectores tradicionales conservaban aún su importancia y, al ser tan significativos, habían logrado subordinar esos valores modernos (Blanco, 2003).

La principal manifestación de esta coexistencia entre lo moderno y lo tradicional tuvo lugar en el campo de la vivienda. El surgimiento de numerosos barrios al margen total o parcial de las normas urbanísticas adquirió diferentes denominaciones dependiendo del país: callampas en Chile, villas en Argentina, las favelas en Brasil y las invasiones/urbanizaciones piratas en Colombia. Este tipo de procesos de ocupación del suelo fueron considerados como obstáculos para el progreso económico y suscitó un programa de investigación destinado a caracterizar ese tipo social de latinoamericano que recibiría el nombre de hombre marginal. Se trataba de la antítesis del hombre moderno descrito por la Escuela de Chicago y se fue generalizando en las investigaciones urbanas gracias a la influencia del Centro de Investigación y Acción Social Desarrollo Social para América Latina Desal, creado en Santiago de Chile (Blanco, 2003; Cortés, 2002).

Las características de este hombre marginal eran negativas en su mayoría, ya que se le consideraba incapaz de cambiar su propia condición por iniciativa propia o necesitaba de la presencia de agentes externos que pudieran ayudarlo para organizarse colectivamente. Era tarea del Estado la promoción de una inclusión frente a la exclusión generada por las dinámicas económicas, especialmente, por cuenta del modelo de desarrollo económico aplicado en ese periodo (sustitución de importaciones) (Mires, 1993).

Jaramillo (1993) en un análisis de las políticas públicas implementadas frente al surgimiento de estos barrios autoproducidos identifica, por un lado, las iniciativas de remoción de estos asentamientos y de una relocalización de las familias en proyectos habitacionales propios de una sociedad industrial; y por otro, políticas dirigidas al reconocimiento de estas formas de supervivencia instauradas por sectores de bajos ingresos y, por lo tanto, de las iniciativas desplegadas por esas poblaciones para mejorar su calidad de vida. El reconocimiento de esa urbanización popular fue visto como un mecanismo poderoso de promoción social y adaptación de los migrantes rurales a la ciudad.

Una segunda interpretación del proceso de urbanización latinoamericano y de la existencia de los barrios autoproducidos surge a partir de los aportes de la Teoría de la dependencia y la Escuela Francesa de Sociología Urbana, que tienen como principal referente teórico al marxismo. La coexistencia de lo moderno y tradicional es interpretada en función de las llamadas formas de producción y relaciones sociales capitalistas y precapitalistas. La ciudad moderna se identifica no solo como el lugar donde tienen lugar fenómenos urbanos, sino que, a su vez, es la matriz que los estructura y los territorializa contribuyendo para su expansión sobre el entorno que la rodea (CEO, 2002).

La ciudad como forma urbana es analizada como una red de relaciones de producción, las cuales son el fundamento de las relaciones sociales (Sáenz, 2016, p. 4). En esta ciudad moderna, que es capitalista, se producen y reproducen las condiciones generales de producción que incluyen la infraestructura física para el tránsito de mercancías generadas en el sector privado de producción capitalista y, por último, la infraestructura necesaria para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, que incluye, además de la vivienda, equipamientos colectivos de consumo y otros espacios como parques, zonas recreativas, etc. La inclusión de la dimensión cultural se refiere a los usos y costumbres que los habitantes desarrollan en la ciudad y sus espacios y que configuran su identidad (CEO, 2002).

La propuesta de la sociología urbana marxista trata de dar respuesta a los análisis descriptivos de la Escuela de Chicago generando una lectura del fenómeno urbano en las llamadas sociedades de capitalismo tardío (aquellas donde el desarrollo está basado en revoluciones tecnológicas) (Mandel, 1972; Valencia, 2005). El espacio es definido como fuerza productiva, siendo el carácter distintivo de este tipo de espacialidad el hecho de producir y reproducir un desarrollo geográfico desigual en donde confluyen procesos simultáneos de homogenización, fragmentación y jerarquización (Lefebvre, 1972, 1973; Valencia, 2005).

Un aporte significativo de la Escuela Francesa de Sociología Urbana es la interpretación de la ciudad como unidad territorial de la reproducción de la fuerza de trabajo. Autores como Manuel Castells (1974) destacan los medios de consumo colectivo como “medios de consumo objetivamente socializados que por motivos históricos específicos dependen esencialmente de la intervención del Estado para su producción, distribución y gestión” (p.7). De esta responsabilidad se deriva la importancia de la política urbana como centro de análisis del fenómeno urbano, en la medida en que frente a la existencia de movimientos sociales urbanos podría ser posible una modificación estructural del sistema urbano y, más allá de eso, una nueva relación entre sociedad civil y Estado (Castells, 1974; Valencia, 2005).

Topalov (1979) en un libro llamado La urbanización capitalista destaca otro aspecto importante para comprender la ciudad capitalista. Se trata del monopolio de la renta del suelo y el surgimiento de esquemas de segregación socioespacial por medio de los cuales se expulsa a los sectores populares y determinados grupos de ingresos medios de las localizaciones que son de interés prioritario para los tenedores de capital (Topalov, 1979; Valencia, 2005). Georgina Isunza (2006) afirma que tanto para Topalov como para Castells es importante:

[…] el papel del Estado en el espacio urbano con el objetivo de transferir los costos de reproducción de la fuerza de trabajo al conjunto de la sociedad. Esa transferencia sería una desvalorización del capital porque se tornaría improductivo toda vez que el consumo social sería visto como una inversión a fondo perdido. (p. 72)

Para la interpretación del caso latinoamericano fue importante encuadrar el proceso de urbanización en los procesos de acumulación dependiente, es decir, de la forma en que el capitalismo se había desarrollado en la región siendo su principal característica una proletarización parcial de la población y la generación de un excedente poblacional que, lejos de corresponder a seres inadaptados culturalmente, eran resultado del fracaso del Estado y el capital por garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Mientras algunos investigadores como Paul Singer (2002) y Emilio Pradilla (2009) apelaron al concepto marxista de Ejército Industrial de Reserva para describir a esa población excedente, otros trataron de avanzar hacia una lectura original destacando lo que se denominó heterogeneidad en la estructura ocupacional. José Nun (1999) usó la expresión de masa marginal para describir la población excluida del sistema capitalista mientras que Aníbal Quijano (1977) utilizó el concepto de polo marginal para referirse no sólo a los excluidos, sino también para llamar la atención sobre las actividades de subsistencia desarrolladas al interior del mismo sistema y atravesadas, generalmente, por situaciones de explotación. Este sector dotado de una dinámica propia podría interferir o no en el proceso de acumulación capitalista (Mires, 1993).

La proletarización peculiar se caracteriza por la existencia de un régimen muy bajo de salarios que lleva a las familias a buscar, mediante estrategias externas a la relación salarial, la reproducción de su fuerza de trabajo. Así, las actividades no capitalistas pueden apoyar el proceso capitalista sea por la: 1) producción de bienes y servicios como mercancías que entran en la canasta de consumo de la población asalariada; 2) sostenimiento del ejército de reserva de parte de la misma población asalariada; y 3) producción de bienes y servicios, como valores de uso o como mercancías para quienes realizan 1) y 2). En síntesis, los bajos salarios y la sobreexplotación llevan a la coexistencia de actividades capitalistas avanzadas y atrasadas, y limitan el desarrollo de la producción específicamente capitalista (Ayala & Rey, 1979; Jaramillo, 1993).

Jaramillo (2018) para recuperar este debate de larga duración propone la categoría de agente mercantil simple, que en el análisis marxista corresponde ‘‘a sujetos que producen por cuenta propia, que no contratan a otros y recurren al mercado para obtener de forma indirecta valores de uso a través del intercambio’’ (p. 186). Estas actividades no tienen como objetivo final la acumulación, es decir, que no se constituyen como un referente en sus acciones. El mercado representa para ellos un lugar de intermediación y no una finalidad en sí misma como sí sucede con un agente capitalista. Por último, esta heterogeneidad productiva implica que entre las actividades capitalistas y no capitalistas existan relaciones que pueden ir desde la complementariedad hasta la competencia (Ibáñez, 1997; Jaramillo, 2012).

La tercera y última interpretación de la urbanización latinoamericana surge a partir de los años ochenta del siglo XX y se hizo conocida por emplear la categoría informal e informalidad para describir las relaciones económicas y sus bases jurídicas, que tienen lugar en los mercados de trabajo y de vivienda en las ciudades latinoamericanas y en los barrios autoproducidos. La tesis principal es que la población que vive en estos asentamientos es pobre debido a la ausencia de títulos de propiedad que permitan la conversión de sus activos en capital. Se suele acusar al Estado de ser el principal responsable porque no ha puesto en marcha políticas de legalización de estos barrios y, por lo tanto, se estaría obstaculizando la generación automática de capital y crecimiento económico (De Soto, 2001).

Esta última lectura se inscribe en un trabajo intelectual que está volcado hacia la defensa de las políticas neoliberales y, en particular, de la intervención mínima del Estado. Se considera que los habitantes de estos barrios son pequeños emprendedores populares que ante la imposibilidad de formalizar sus activos tienen que desarrollar acuerdos informales. Según De Soto (2001) este mundo sub-capitalizado se rige por una combinación de reglas provenientes del sistema legal oficial, pero también por improvisaciones y costumbres traídas ad hoc desde sus lugares de origen o producidos en el mismo barrio. Existe entonces un contrato social apoyado por la comunidad como un todo y reforzado por autoridades escogidas por quienes la integran. La ausencia de formalización de los activos restringe los circuitos de comercio haciendo que los intercambios se realicen entre amigos de negocios (Sáenz, 2016).

Al referirse a las poblaciones rurales que migraron a las ciudades, autores como De Soto (2001) destacan el desarrollo de un orden propio que denomina como extra-legal y que tuvo como objetivo sustituir las leyes promulgadas por el Estado y, de esa forma, regular sus propias actividades económicas. La propuesta desde esta interpretación es evolucionista porque plantea la posibilidad de alcanzar la situación observada en EE. UU, en donde está difundida la propiedad formal. Según De Soto (2001), lejos de un proletariado legal oprimido lo que es característico de los países en vías de desarrollo es la presencia de pequeños empresarios extralegales oprimidos con un razonable monto de activos.

Caracterizar el tejido social
en un barrio autoproducido

Sáenz (2015) partió de las tres lecturas de la urbanización latinoamericana con el fin de hacer una caracterización de los barrios autoproducidos (o de origen informal) que nos permitiera comprender el tipo de relaciones sociales que se tejen en estos territorios y cómo afectan las dinámicas de mercados como el de la vivienda en arrendamiento. La primera hipótesis planteaba entender el barrio autoproducido como un espacio en donde el proceso de objetivación de las relaciones sociales no habría tenido lugar y, por lo tanto, se habría presentado lo que se considera la ruralización de las ciudades. El orden y control social continuarían basados en la costumbre, los hábitos traídos por los migrantes desde sus zonas de origen generalmente rurales.

Una segunda hipótesis construida a partir de la teoría marxista apuntaba, por el contrario, a entender el barrio autoproducido como resultado de las estrategias desplegadas por los migrantes para garantizar las condiciones básicas para la reproducción de la fuerza de trabajo por su propia cuenta. Dado el carácter de un régimen de bajos salarios y la exclusión del acceso a valores de uso territorializados como la vivienda, tendría lugar el desarrollo de formas de producción de espacio construido no capitalistas, que serían toleradas e incluso promovidas desde el mismo Estado. Las relaciones entre los mismos habitantes de estos barrios se explicarían no tanto por aspectos culturales, sino por compartir esa posición de sobrexplotación en un sistema capitalista y la necesidad de asociarse colectivamente para lograr mejoras en sus condiciones de vida. Se trataría, ante todo, de una solidaridad funcional ante situaciones en donde el mejoramiento no se logra obtener de forma individual.

La tercera hipótesis que recoge la lectura de la informalidad retoma la descripción de los asentamientos autoproducidos como escenario en donde se presenta una combinación de aspectos jurídicos creados por la misma comunidad para regular las actividades que tienen lugar allí, y de su relación de complementariedad o conflicto respecto del derecho oficial producido por el Estado. Un tipo específico de derecho es el urbanístico, que sirve de referente para identificar lo formal e informal en relación a los procesos económicos que se desarrollan en estos barrios. Esta lectura señalaría la posibilidad de establecer finalmente ese control social basado en leyes racionales, específicamente las de mercado, siempre y cuando el Estado promueva las tareas de legalización y regularización de los asentamientos. No obstante, el desarrollo de un pluralismo jurídico no reforzaría necesariamente la tendencia a la objetivación de las relaciones sociales, sino que podría abrir otros horizontes en la medida en que se alcanza un equilibrio en donde ciertas dinámicas de mercado vuelvan a ser incrustadas en lo social.

Revisando estas hipótesis podemos pensar de forma más compleja las relaciones sociales que se tejen entre los habitantes de los barrios autoproducidos en América Latina. La simbiosis de lo tradicional y lo moderno ha derivado en una identidad propia que no es posible generalizar dadas las particularidades culturales, socio-jurídicas, demográficas, económicas y territoriales de cada barrio y país de la región. Es allí cuando los estudios de caso muestran su importancia para entender cómo se generan esos procesos de acción colectiva por el mejoramiento barrial y de las dificultades y logros alcanzados en el tiempo.

Jaramillo (1980, 1999, 2012) y Cuervo & Jaramillo (2009), en un esfuerzo por identificar las formas de producción de espacio construido en ciudades como Bogotá, han propuesto diferenciar el acceso del suelo del acceso a la vivienda. En el primer caso existirían dos posibilidades: un acceso que desconoce los derechos de propiedad —es el caso de las invasiones de terrenos— y la adquisición a través de un mercado informal, en donde se establecen intercambios monetarios incluso bajo la legalidad, pero en donde lo que se está incumpliendo son los lineamientos de un derecho urbanístico, que sería el caso de las urbanizaciones piratas o los loteos irregulares. En cuanto al acceso a la vivienda se propone una tipología en donde existen formas no capitalistas como la autoconstrucción. En cuanto a la provisión de equipamientos colectivos y servicios públicos, estos se alcanzarán mediante redes de clientelismo o la movilización social. Frente a las deficiencias del Estado y del mercado tendrá lugar en estos barrios el uso de la interacción personal como recurso funcional, en contraste con la situación de los condominios residenciales o algunos barrios de clase media, donde lo que predomina es el anonimato y el individualismo tiene lugar en los asentamientos autoproducidos, situación que obstaculiza la construcción de redes de solidaridad y de vecindario, es decir, de un tejido social.

En este sentido, Alfonso Torres (2006) afirma que la acción colectiva ha asumido diferentes formas históricamente, entre las que se destacan la protesta, la movilización, el asociacionismo y las estrategias de resistencia. Por su parte, McAdam, McCarthy y Zald (1999) proponen que existen diferentes estructuras formales o informales que les permiten a las personas movilizarse o hacer parte de la acción colectiva. Lo que permite dimensionar todo un repertorio de formas de producción y reproducción de las acciones colectivas asociadas con el barrio autoproducido.

Asimismo, como menciona Valentín Martínez-Otero (2001), para comprender la acción colectiva es necesario tener en cuenta elementos culturales sobre los cuales se construyen las ideas y los conceptos que describen dicha situación. Abordar la acción colectiva desde diferentes perspectivas que se asocian con elementos estructurales y culturales, que buscan transformar la realidad de los territorios y las dinámicas de organización social, ha permitido generar otras dinámicas de gestión al margen de la acción estatal.

José Luís Coraggio, en un esfuerzo por desarrollar conceptualmente una propuesta de economía popular y, posteriormente, de una economía del trabajo, ha propuesto el concepto de racionalidad substantiva. El barrio autoproducido o popular sería el espacio en donde tendrían lugar procesos orientados especialmente a la reproducción de la vida humana, que actuarían como respuesta a la creciente exclusión y la desigualdad propia del sistema capitalista y del otro lado al pesimismo que parece apoderarse de quienes buscan alternativas de acción (Coraggio, 2005).

Situados así en un plano de acción hacia el futuro, consideramos importante la promoción de una economía solidaria o social. El reconocimiento de esas relaciones económicas basadas en redes de parentesco, de vecindario, de amistad, tendría el objetivo no tanto de la acumulación de capital o de la obtención de beneficios, sino de garantizar las condiciones para la reproducción biológica y social de las unidades familiares. La reciprocidad y la solidaridad se tornan así en valores positivos para la realización de los intercambios (Coraggio, 1998, 2005, 2009).

La reproducción ampliada de la vida se basa en las posibilidades de realización de lo que se llama el fondo de trabajo de las unidades domésticas. Este fondo de trabajo se entiende como el conjunto de capacidades de trabajo de los integrantes de cada unidad familiar (los jóvenes, adultos, mujeres, etc.), que se realiza a través de un trabajo de reproducción (trabajo doméstico de autoconsumo, trabajo doméstico de consumo solidario, trabajo con la finalidad de reproducción transgeneracional), o sea, a través del trabajo mercantil (trabajo doméstico mercantil, trabajo mercantil independiente y trabajo asalariado). La reproducción de este fondo de trabajo no deja de ser considerada atrasada comparada con la empresa capitalista, pero desde la óptica de la reproducción de la vida adquiere otro significado (Coraggio, 1998).